De nuevo con el espíritu de la Constitución y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial

La proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la LOPJ está generando debate. La reforma introduce una nueva redacción del art. 572 para modificar el régimen de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Parte de la doctrina, y entre otros recientemente el expresidente del TC Ramón Rodríguez Arribas, considera que la propuesta legislativa puede ser tachada de inconstitucional o, en el mejor de los casos, contraria al principio de separación de poderes que debe regir todo Estado social y democrático de Derecho. Por su parte, la Asociación Europea de Jueces ya ha advertido que esta regulación favorece la politización del poder judicial.

El texto propuesto introduce la posibilidad de que los Vocales correspondientes al turno judicial sean elegidos por mayoría absoluta en segunda vuelta. De este modo, del total de veinte Vocales, doce podrían ser designados de acuerdo con unas mayorías insuficientes si valoramos que en este proceso debería concurrir una mayoría sustraída a los intereses del poder ejecutivo o de determinados grupos parlamentarios.

Echando la vista atrás, parece que el poder legislativo no aprende del pasado. La conocida STC 108/1986, de 29 de junio ya consideró que la elección de los miembros del turno judicial por las Cámaras, pese a ser constitucional,  implicaba una actuación contraria al espíritu del constituyente. Sin embargo, nuestros representantes, tanto de un espectro ideológico como de otro, parecen preocuparse solo por el valor de la Constitución cuando les sirve para respaldar sus tesis partidistas; pero no muestran el mismo entusiasmo cuando la Carta Magna opera como legítima arma jurídica para garantizar la racionalidad y limitación de los poderes públicos.

En la citada sentencia, el Alto Tribunal razonaba que, si bien la reforma pasaba el juicio de constitucionalidad (pues para que el juez constitucional no rebase su función de legislador negativo debe restringir la declaración de nulidad a supuestos de manifiesta contradicción con la Constitución), el legislador había optado por la menos conveniente de las soluciones posibles.

En este sentido, el Tribunal señalaba que, respecto a la elección de los Vocales prevista en el art. 122 de la Constitución, se trataba de “un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional” (FJ 13). Precisamente en este espacio intermedio de constitucionalidad traída por los pelos es donde los Grupos parlamentarios parecen sentirse cómodos cuando el oportunismo político les conviene.

Pues bien, la presente proposición de Ley Orgánica lleva a los extremos esta regulación contraria al espíritu de la Constitución . En este supuesto, además, cabe preguntarse si, a diferencia de la primera regulación de los años ochenta, puede haberse incurrido en inconstitucionalidad. Por contra, también cabe la posibilidad de que, siguiendo los argumentos de la citada sentencia, se arguya que la remisión al legislador orgánico permite esta posibilidad.

El monopolio de la elección de los Vocales por parte de las Cámaras era constitucionalmente salvable mediante el argumento de representación, en el órgano de gobierno los jueces, de las corrientes ideológicas presentes en la sociedad . No lo es, sin embargo, esta vez, si se exige mayoría absoluta que, como sabemos por la experiencia de cuatro décadas de democracia, no es garantía de pluralidad.

Aunque los proponentes justifican la reforma como una (necesaria) salida al bloqueo, esta situación no debería utilizarse para legislar ad hoc. En primer lugar, porque la medida generará más disensos futuros. Y en segundo lugar, porque la institución del órgano de gobierno de los jueces debería mantenerse al margen de los vaivenes de la lógica de partidos.

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De nuevo con el espíritu de la Constitución y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial

La proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la LOPJ está generando debate. La reforma introduce una nueva redacción del art. 572 para modificar el régimen de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Parte de la doctrina, y entre otros recientemente el expresidente del TC Ramón Rodríguez Arribas, considera que la propuesta legislativa puede ser tachada de inconstitucional o, en el mejor de los casos, contraria al principio de separación de poderes que debe regir todo Estado social y democrático de Derecho. Por su parte, la Asociación Europea de Jueces ya ha advertido que esta regulación favorece la politización del poder judicial.

El texto propuesto introduce la posibilidad de que los Vocales correspondientes al turno judicial sean elegidos por mayoría absoluta en segunda vuelta. De este modo, del total de veinte Vocales, doce podrían ser designados de acuerdo con unas mayorías insuficientes si valoramos que en este proceso debería concurrir una mayoría sustraída a los intereses del poder ejecutivo o de determinados grupos parlamentarios.

Echando la vista atrás, parece que el poder legislativo no aprende del pasado. La conocida STC 108/1986, de 29 de junio ya consideró que la elección de los miembros del turno judicial por las Cámaras, pese a ser constitucional,  implicaba una actuación contraria al espíritu del constituyente. Sin embargo, nuestros representantes, tanto de un espectro ideológico como de otro, parecen preocuparse solo por el valor de la Constitución cuando les sirve para respaldar sus tesis partidistas; pero no muestran el mismo entusiasmo cuando la Carta Magna opera como legítima arma jurídica para garantizar la racionalidad y limitación de los poderes públicos.

En la citada sentencia, el Alto Tribunal razonaba que, si bien la reforma pasaba el juicio de constitucionalidad (pues para que el juez constitucional no rebase su función de legislador negativo debe restringir la declaración de nulidad a supuestos de manifiesta contradicción con la Constitución), el legislador había optado por la menos conveniente de las soluciones posibles.

En este sentido, el Tribunal señalaba que, respecto a la elección de los Vocales prevista en el art. 122 de la Constitución, se trataba de “un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional” (FJ 13). Precisamente en este espacio intermedio de constitucionalidad traída por los pelos es donde los Grupos parlamentarios parecen sentirse cómodos cuando el oportunismo político les conviene.

Pues bien, la presente proposición de Ley Orgánica lleva a los extremos esta regulación contraria al espíritu de la Constitución . En este supuesto, además, cabe preguntarse si, a diferencia de la primera regulación de los años ochenta, puede haberse incurrido en inconstitucionalidad. Por contra, también cabe la posibilidad de que, siguiendo los argumentos de la citada sentencia, se arguya que la remisión al legislador orgánico permite esta posibilidad.

El monopolio de la elección de los Vocales por parte de las Cámaras era constitucionalmente salvable mediante el argumento de representación, en el órgano de gobierno los jueces, de las corrientes ideológicas presentes en la sociedad . No lo es, sin embargo, esta vez, si se exige mayoría absoluta que, como sabemos por la experiencia de cuatro décadas de democracia, no es garantía de pluralidad.

Aunque los proponentes justifican la reforma como una (necesaria) salida al bloqueo, esta situación no debería utilizarse para legislar ad hoc. En primer lugar, porque la medida generará más disensos futuros. Y en segundo lugar, porque la institución del órgano de gobierno de los jueces debería mantenerse al margen de los vaivenes de la lógica de partidos.

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