Características del Poder Judicial en el art. 117 CE

Sumisión al imperio de la ley y unidad de jurisdicción. La reserva estatal del art. 149.1.5 CE

Otro de los principios fundamentales del Poder Judicial es la sumisión al imperio de la ley. En este caso, la expresión debe entenderse en un sentido distinto respecto al que se le daba en el s. XIX cuando el constitucionalismo podía tener carácter programático y, por ende, solo la ley era fuente de obligaciones.

La sumisión al imperio de la ley, pues, ha de entenderse en los términos contemplados en el art. 9.1 CE estudiado en el curso Estado social y democrático de Derecho. En efecto, en virtud de este precepto los ciudadanos y poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el juez o magistrado, en calidad de tal – y no como particular – solo está sujeto a la ley y a la Constitución. Ello quiere decir que, en lo concerniente a su función jurisdiccional y “al resto del ordenamiento jurídico”, el Poder Judicial no está sujeto a las disposiciones que no tengan rango de ley (ver curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa). Por consiguiente, tal como establece el art. 106.1 CE, los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Corolario de ello es que el juez o magistrado solo debe atenerse a la Constitución y la ley para resolver el asunto en manos de su juzgado. Por consiguiente, la sumisión a la ley es exclusiva y excluyente, en el sentido que el juez no tiene la obligación de aplicar las disposiciones sin rango de ley, especialmente cuando su contenido conculca una norma con rango de ley.

Este es el sentido que el art. 117.1 CE otorga a este principio cuando utiliza el adverbio “únicamente”. La ley es definida, de esta manera, como límite de la independencia judicial (STC 159/1986, de 16 de diciembre). Este principio también opera como una garantía formal de protección de varios derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) o el principio de legalidad penal (art. 25 CE), como ha señalado la STC 150/1989, de 25 de septiembre.

 

 

STC/150/1989, de 25 de septiembre, FJ 5

“El principio de legalidad penal reconocido en el art. 25.1 de la Constitución es esencialmente una concreción de diversos aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador. En este sentido se vincula, ante todo, con el imperio de la ley como presupuesto de la actuación del Estado sobre los bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también en el derecho de los ciudadanos a la seguridad jurídica (SSTC 62/1982 y 133/1987), así como con la prohibición de la arbitrariedad y en el derecho a la objetividad e imparcialidad del juicio de los Tribunales, que garantizan el art. 24.2 y el art. 117.1 de la C.E., especialmente cuando éste declara que los Jueces y Magistrados están «sometidos únicamente al imperio de la ley.”

Nos queda por analizar el principio de unidad de jurisdicción. De acuerdo con ello, el poder judicial opera bajo la reserva estatal establecida en el art. 149.1.5 CE, el cual indica que la administración de justicia es competencia exclusiva del Estado. Cuando la Constitución utiliza el concepto Administración de Justicia, debemos entender, de acuerdo con la jurisprudencia de Tribunal Constitucional, la potestad jurisdiccional y no los medios materiales en apoyo a las tareas que desempeñan los jueces y magistrados (STC 56/1990, de 29 de marzo).

STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 6

“El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la «Administración de Justicia»; ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, «al servicio de la Administración de Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales. Ciertamente, deslindar los elementos básicos del autogobierno era una tarea difícil de realizar en el momento en que se aprobaron los Estatutos de Autonomía y eso explica que se dejara ese deslinde al legislador orgánico, sin perjuicio del hipotético control de constitucionalidad de este Tribunal. Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y «administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución

De este modo, el principio implica que la jurisdicción es competencia del Estado y, por ende, las entidades de derecho público como las CCAA o los municipios no pueden administrar justicia en el sentido propio del término. Es decir, la potestad jurisdiccional una competencia central y no cabe un modelo federal en administración de justicia. No obstante, la reserva estatal solo alcanza el núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, y no los medios auxiliares al servicio de ella. En resumen, la reserva estatal hace referencia a la estricta función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Artículos académicos para saber más

Del sometimiento al imperio de la ley, a la modernidad del arbitraje

La legitimidad judicial en la crisis del imperio de la ley

Buscador de artículos

Lectura recomendada de la lección