Características del Poder Judicial en el art. 117 CE

Responsabilidad del Poder Judicial

La doble cara del Poder Judicial como independiente pero sometido a responsabilidad son dos manifestaciones de un principio general de sumisión a la ley. Por ello el juez o magistrado es responsable en tres órdenes: civil, penal y disciplinario.

Esta responsabilidad queda establecida no solo ex constitutione por el art. 117 CE, sino que queda regulada en la LOPJ. El art. 16 de esta fuente legal establece que los jueces y responderán penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley.

La responsabilidad penal se encuentra regulada en los art. 405-409 LOPJ, mientras que la responsabilidad disciplinaria en los art. 414-427 LOPJ. La responsabilidad civil, por su parte, relacionada con el resarcimiento de los daños y perjuicios que causen cuando en el desempeño de las función jurisdiccional, solo puede instarse por la vía de la responsabilidad del Estado (arts. 121 CE y 296 LOPJ).

En lo concerniente a la responsabilidad penal, la figura más conocida es la prevaricación judicial, que constituye un delito especial tipificado en el art. 446 del Código Penal. En cuanto la responsabilidad disciplinaria, la LOPJ contempla un régimen de faltas muy graves, graves y leves, que pueden traer como consecuencia alguna de las sanciones previstas en el art. 420 LOPJ:

b) Multa de hasta 6.000 euros. c) Traslado forzoso a Juzgado o Tribunal con sede separada, al menos, en cien kilómetros de aquella en que estuviera destinado. d) Suspensión de hasta tres años. e) Separación.

Las faltas graves o muy graves son impuestas por la Comisión y el Pleno, respectivamente, del Consejo General del Poder Judicial.

Entre las faltas graves y muy graves, cabe destacar especialmente aquellos actos que perturben la independencia del poder judicial (arts. 417 y 418 LOPJ) y el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución.

Artículo 446 CP

El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.

3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, el art. 292 LOPJ establece el derecho a recibir una indemnización. Un caso paradigmático de ello es qué ocurre en caso de haber sufrido prisión provisional sin sentencia condenatoria. En este supuesto, el art. 294 LOPJ ha sido declarado inconstitucional ya que solo preveía la indemnización cuando la absolución se diera por inexistencia del hecho imputado, de manera que, cuando era por falta de pruebas de cargo determinantes para la imposición de la condena, no cabía recurrir al instituto de la indemnización.

Este precepto, como se ha señalado, ha sido declarado inconstitucional en la reciente STC 85/2019, de 19 de Junio, que viene a materializar varias condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber indemnizado en casos de absolución por falta de pruebas.

Art. 417 LOPJ (reproducción parcial) .Son faltas muy graves: 1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5.1 de esta ley, cuando así se apreciare en sentencia firme. 2. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio. 3. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional. 4. La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado

Art. 418 LOPJ (reproducción parcial) Son faltas graves 1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad. 2. Interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro juez o magistrado. 3. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición. 4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción.

Artículo 292. LOPJ

Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título.

STC 85/2019, de 19 de Junio, FJ 6

“…en el caso Tendam c. España de 13 de julio de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó la demanda planteada por un nacional alemán y residente en Canarias por la falta de indemnización por la prisión provisional y absolución posterior por falta de pruebas en dos procesos penales y por la pérdida o deterioro de los bienes embargados como consecuencia de los mismos. La jurisdicción ordinaria española, primero la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo, habían desestimado sus pretensiones indemnizatorias encauzadas por la vía de art. 294 LOPJ y el Tribunal Constitucional había inadmitido su recurso de amparo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que el ámbito de aplicación del art. 6.2 del Convenio no se limita a los procedimientos penales pendientes, sino que se extiende a los procesos judiciales consecutivos a la absolución definitiva del acusado en la medida en que las cuestiones planteadas en dichos procesos constituyen un corolario y un complemento de los procesos penales en cuestión en los que el demandante ostenta la calidad de “acusado” (§36). Junto a ello el Tribunal no admite diferencias entre las absoluciones por falta de pruebas y las absoluciones derivadas de la prueba de la inocencia (§37). Además, señala que en virtud del principio in dubio pro reo, que constituye una expresión concreta del principio de presunción de inocencia, no debe existir ninguna diferencia entre una absolución basada en la falta de pruebas y una absolución que derive de la constatación sin ningún género de dudas de la inocencia de una persona.

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