Función constitucional y atribuciones del Consejo General del Poder Judicial

Régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial

En el Título VI del Libro VII de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, encontramos el régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial. En él, los actos de los órganos colegiados del CGPJ reciben el nombre de acuerdos (art. 630) y “serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley Orgánica disponga otra cosa o cuando se trate del nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en cuyo caso se requerirá una mayoría de tres quintos de los miembros presentes”.

En caso de nombrarse Presidentes o Magistrados, los acuerdos adoptan el nombre de Reales Decretos, con la firma del Rey y el refrendo del Ministro de Justicia (art. 634.1). En el supuesto de nombramiento de jueces, adoptan el nombre de Órdenes (art.634.2).

Del mismo modo que en el caso del Tribunal Constitucional, debido al nombre par de sus integrantes, “Quien preside tendrá voto de calidad en caso de empate” (art. 630 in fine). Los Vocales también pueden formular votos particulares (art. 631). En todo caso, los acuerdos deben ser motivados (art. 632).

Todos sus acuerdos son directamente ejecutivos (art. 636), excepto los de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, que pueden ser recurridos en alzada ante la Comisión Permanente. Añade el art. 642 que en todo cuanto no se hallare previsto en la LOPJ y en los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, “se observarán, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que, en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de Estado”.

No obstante, “Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo” (art. 638.2). La defensa del CGPJ en sede jurisdiccional corresponde al Abogado del Estado (art. 641). Así también lo indica la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que, en su art. 1.3b, establece que la jurisdicción contencioso-administrativa conocerá las pretensiones contra “Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

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