Funciones y composición

Potestad reglamentaria, iniciativa y delegación legislativa

En cuanto a la función ejecutiva, como se ha señalado en el curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa, la función reglamentaria sí está sujeta al control jurisdiccional como indica el art. 106 CE:

Artículo 106. 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

El régimen jurídico de control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa se encuentran en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 128 indica lo siguiente:

Artículo 128. Potestad reglamentaria.

  1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
  2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
  3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

En este sentido, el art. 58 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá: Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Además de la potestad reglamentaria, sabemos por el Título III que el Gobierno tiene la potestad de dictar normas con rango de ley. En este caso, el control es llevado a cabo por el Tribunal Constitucional (art. 161.1 a CE), excepto en aquellos casos en que el Gobierno haya sobrepasado los límites de la delegación (actos ultra vires), en cuyo caso la jurisdicción contencioso-administrativa está habilitada para no aplicar dichas disposiciones (art. 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Otras de las funciones que merecen comentario aparte son la iniciativa legislativa y, de nuevo, la potestad para dictar normas con rango de ley que veremos más adelante.

Respecto a la iniciativa, el art. 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que

“El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales”.

Por lo tanto, las propuestas del Gobierno aspirantes a ley reciben el nombre de proyectos de ley, en contraposición a las proposiciones de ley, iniciadas por los grupos parlamentarios.

Corresponde al Consejo de Ministro la aprobación de los proyectos de ley para su remisión al Congreso de los Diputados (art. 5.1 a de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno), incluyendo el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El proceso que siguen los proyectos de ley puede consultarse en la sección sobre el procedimiento legislativo común, dentro de los cursos Congreso de los Diputados Senado.

En lo referente a las disposiciones con rango de ley, de acuerdo con el precepto citado, corresponde también al Consejo de Ministros la aprobación los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. Nos remitimos de nuevo al curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa para profundizar más en este aspecto.

Artículos académicos para saber más

Consideraciones sobre la iniciativa legislativa del Gobierno

La potestad reglamentaria del Gobierno

Buscador de artículos

Lectura recomendada de la lección