Estado social

Los derechos sociales en la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 ubica gran parte de los derechos sociales en el Capítulo III del Título I, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52 CE). 

Sin embargo, algunos derechos sociales de importancia histórica se encuentran en la Sección II (De los derechos y deberes fundamentales) del Capítulo II (Derechos y libertades): el derecho al trabajo (art. 35), negociación y conflicto colectivo (art. 37). E incluso, para ubicar algunos de los derechos sociales más importantes, debemos buscarlos en el Sección I (De los derechos fundamentales y libertades públicas), como lo son, entre otros, el derecho a la educación (art. 27) y el derecho a sindicación y huelga (art. 28).

Cabe destacar que la ubicación de un derecho en alguna de estas tres secciones, a) Cap. II sección I; b) Cap. II sección II; y c) Caps. III-IV, tiene importantes consecuencias. Ello es objeto de estudio en el curso monográfico del art. 53 sobre los diferentes regímenes de protección de los derechos fundamentales y sociales, al que nos remitimos.

Para los propósitos de esta lección, basta con conocer que los derechos relacionados con el concepto de Estado social se encuentran en el Título I sobre Derechos y deberes fundamentales. Que, siendo derechos de segunda generación, como los conoce la doctrina, según su contenido e importancia, están introducidos en secciones y capítulos distintos, con lo cual se introduce una diferenciación en cuanto a protección, regulación y desarrollo por ley orgánica o ley.

Para finalizar esta lección, es importante destacar el papel que juega el artículo 9.2 CE del Título Preliminar:

Artículo 9. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Si en lecciones anteriores habíamos visto la importancia del art. 9.1 CE al garantizar el Estado de Derecho, ahora encontramos un precepto constitucional que está vinculado al Estado social. El sentido de este artículo, como ha señalado la jurisprudencia, es garantizar la eficacia material de los derechos:

“la determinación de qué deba entenderse […] por desigualdad que entrañe discriminación, viene dada esencialmente por la propia Constitución, que obliga a dar relevancia a determinados puntos de vista entre los cuales descuella el principio del Estado social y democrático de derecho del art. 1.1, que informa una serie de disposiciones como el mandato del art. 9.2, que prescribe a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas» y «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud», y el conjunto de los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I, cuyo «reconocimiento, respeto y protección» informarán «la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», según dice el art. 53.3 de la Constitución, que impide considerar a tales principios como normas sin contenido y que obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes” (STC 19/1982, de 5 de Mayo, FJ 6).

Artículo 39. 1. Protección jurídica de la familia.

Artículo 40.   Protección jurídica de las condiciones de empleo.

Artículo 41. Establecimiento de la Seguridad Social.

Artículo 42. Derechos de los trabajadores españoles en el extranjero.

Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura.

Artículo 45. Derecho al medioambiente.

Artículo 46. Protección del patrimonio histórico.

Artículo 47. Derecho a una vivienda digna.

Artículo 48. Participación de la juventud en la vida pública.

Artículo 50. Garantía de sistema de pensiones.

Artículo 51. Derecho de consumidores y usuarios.

Artículo 52. Organizaciones profesionales.

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