Estado social

Los derechos sociales como última incorporación

Durante el s. XIX, el constitucionalismo estaba centrado en la garantía de los derechos reivindicados durante las revoluciones liberales. Este movimiento estuvo motivado por los intereses de las clases burguesas y, por lo tanto, pese a consolidar una conquista notable en la defensa de los derechos fundamentales y la abolición del régimen absolutista, no entraba a valorar la necesidad de vincular el bienestar social entre los fines últimos del Estado.

Para ilustrar este cambio, piénsese que en la teoría del Estado de John Locke (1632-1704): el concepto de propiedad privada era entendido como un derecho fundamental que justificaba y daba soporte a la tesis del pacto social. Esto influyó en el constitucionalismo del ciclo revolucionario. Sin ir más lejos, la Constitución francesa de 1791, en su preámbulo (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), expresaba en el artículo 2:

“La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”

Sin embargo, si tomamos como referencia las constituciones del s. XX, que incluyen la agenda social entre su articulado, vemos que la propiedad, siendo un derecho de primer orden, no constituye necesariamente un derecho fundamental. En la Constitución de 1978, la propiedad privada se inscribe en la sección II del Capítulo II del Título I. Y aunque este último tiene como nombre “De los derechos y deberes fundamentales”, como se verá en otro momento (consúltese el curso monográfico sobre el artículo 53 CE), esta sección no tiene el mismo carácter jurídico que los derechos fundamentales de la sección I.

En el contexto español, la II República constitucionalizó la subordinación de la riqueza al interés general (Artículo 44 de la Constitución de 1931), de forma similar a como hace hoy el texto de 1978 en el artículo 128 que abre el título VII de Economía y Hacienda. Sin embargo, este precepto debe leerse en conjunción a toda la Constitución. No se trata, pues, de fórmulas abolicionistas de la propiedad privada y la libertad de empresa – que siguen estando garantizadas como derechos en los arts. 33 y 38 CE – sino de implementar un Estado social y democrático de derecho.

En el ámbito internacional, durante el siglo XX son varias las constituciones que introducen derechos sociales en su articulado. En Europa, la Constitución de la República de Weimar de 1919, aunque en general debemos trasladarnos al constitucionalismo posterior a la II Guerra Mundial para encontrar más ejemplos. En Latinoamérica, se suele citar como ejemplo paradigmático la Constitución mexicana de 1917.

En conjunto, el constitucionalismo social introduce un conjunto de derechos que, en la tradición liberal, eran ignorados: derecho al trabajo, negociación y conflicto colectivos, huelga, sindicalismo… En España, la Constitución de 1876 no enumera un catálogo de derechos sociales. Debemos esperar, pues, a principios del s. XX cuando, por influencia de la lucha de los movimientos sociales, en primer lugar, y las teorías del estado de bienestar, en segundo lugar, el constitucionalismo contemporáneo incluya como derechos los intereses de las clases trabajadoras.

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