Los conflictos constitucionales

Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado

El art. 73 LOTC, dentro del Cap. III del Título I, contempla el siguiente supuesto:

En el caso en que alguno de los órganos constitucionales […] por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque.

El precepto se refiere al Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado o el Consejo General del Poder Judicial. También debe añadirse el Tribunal de Cuentas que, aunque no se mencione expresamente, se somete a la jurisdicción del Tribunal Constitucional en virtud de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Ello pone en marcha un procedimiento de conflicto entre órganos constitucionales del Estado. En este caso, el art. 74 LOTC señala que el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, dará traslado del mismo al órgano requerido y le fijará el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes.

El proceso finaliza con la sentencia contemplada en el art. 75.2 LOTC, de acuerdo con el cual “La sentencia del Tribunal determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos”.

Un ejemplo de ello puede encontrarse en la STC 234/2000, de 3 de octubre, presentada por el Abogado del Estado en representación del Gobierno, contra el Senado, en relación con el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara, de 29 de noviembre de 1995, de no admitir a trámite la declaración de urgencia del Gobierno relativa a la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

En este caso, El Tribunal Constitucional resolvió estimando las pretensiones del ejecutivo, confirmando que el Acuerdo de la Mesa “la atribución que el art. 90.3 CE confiere al Gobierno”.

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