Los conflictos constitucionales

Los conflictos entre el Estado y las CCAA de estas entre sí, y los conflictos en defensa de la autonomía local

Este proceso está regulado en el Cap. II del Título IV LOTC, cuyo art. 60 indica que esta clase de conflictos entre el Estado y las CCAA “podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas”.

La LOTC distingue entre conflictos positivos y negativos. Los primeros hacen referencia al procedimiento por el cual el Gobierno o el órgano ejecutivo de la CCAA estima que el órgano respecto del cual se presenta el conflicto no ha respetado el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes (arts. 62 y 63 LOTC).

Iniciado el recurso, se establecen unos plazos de alegaciones para que intervengan ambas partes (arts. 63,64 y 65 LOTC). Una vez resuelto, la sentencia “declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma” (art. 66 LOTC).

Por lo que respecta a los conflictos negativos, el art. 68 LOTC lo define como el proceso en virtud del cual un órgano de la Administración del Estado declina su competencia “para resolver cualquier pretensión deducida ante el mismo por persona física o jurídica, por entender que la competencia corresponde a una Comunidad Autónoma”. En este caso, el proceso acaba, de acuerdo con el art. 72 LOTC, con:

a) La declaración de que el requerimiento es procedente, que conllevará el establecimiento de un plazo dentro del cual la Comunidad Autónoma deberá ejercitar la atribución requerida.

b) La declaración de que el requerimiento es improcedente.

En ambos casos, el objeto del recurso no puede ser un acto reglamentario, ya que en este supuesto debe acudirse a la vía contencioso-administrativa, en virtud del control de legalidad de los actos sin fuerza de ley por la jurisdicción ordinaria (art. 106 CE). Puede consultarse más al respecto en el curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa.

En otros términos, lo que protege este recurso de conflictos es el respeto de competencias en base al bloque de constitucionalidad, que, como se deduce de estos preceptos, corresponden al orden de competencias establecido “en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes” (art. 72 LOTC).

En lo referente a la protección de la autonomía local de los municipios, consagrada en el art. 140 CE, la LOTC prevé, en el cap. IV del Título IV, el planteamiento de conflictos de competencia cuando “las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada” (art. 75 bis LOTC).

La legitimación activa para poner en marcha este recurso, según establece el art. 75 ter LOTC, corresponde a:

a) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley.

b) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

c) Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial. La sentencia, según indica el art. 75 quinquies, “declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local”.

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