La Ley

Las Leyes Ordinarias

Ya hemos visto qué reservas materiales y procedimiento legislativo operan en el ámbito de las leyes orgánicas. Ahora queda por ver qué materias quedan sujetas al régimen del procedimiento legislativo ordinario.

La ley puede regular cualquier otro aspecto que no esté previsto constitucionalmente en el régimen de reserva orgánica. Además, también puede regular aspectos administrativos y tener fuerza activa y pasiva frente a las disposiciones reglamentarias establecidas por el Gobierno y la administración.

En el Capítulo II del Título III, la Constitución regula el procedimiento legislativo común. Su iniciativa arranca con una proposición de ley (Congreso) o proyecto de ley (Gobierno) o, por último, por iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) con algunas limitaciones.

En este último caso de la iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno, el art. 88 CE indica:

“Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos”.

Por su parte, la proposición de ley, de acuerdo con el artículo 89, está Regulada por los Reglamentos de las Cámaras. En el caso del Reglamento del Congreso de los Diputados, la iniciativa se atribuye en el artículo 126 a:

1º. Un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, 2º. Un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz.

Una vez aprobado el proyecto o proposición, el artículo 90 CE establece que el Presidente del Congreso lo debe remitir al Presidente del Senado. Para más información sobre cómo sigue el procedimiento legislativo, puede consultarse el curso monográfico sobre el Congreso y el Senado respectivamente.

Una vez entrada en vigor, la ley ordinaria tiene efectos derogatorios sobre cualquier ley por igualdad de rango y el principio lex posteriori derogat priori. Asimismo, la ley puede tener efectos derogatorios tanto en leyes orgánicas (en materias que esta haya regulado y no sean estrictamente de reserva orgánica), como en reglamentos por el principio de lex superior. En este último caso, la derogación tiene fuerza activa sobre el reglamento, no por razón de materia, sino por jerarquía normativa.

La jerarquía normativa y el principio de legalidad están garantizados en el el Título Preliminar de la Constitución:

Art. 9. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por lo tanto, hemos introducido un sistema de jerarquía normativa: 1) Constitución como norma fundamental; 2) Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias y 3) Reglamentos. Queda por ver las demás disposiciones con fuerza de ley y su posición en el sistema de fuentes y jerarquía, que veremos en las siguientes secciones.

 

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