Los Reglamentos

La potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria hace referencia al resto de disposiciones normativas sin rango o fuerza de ley (decretos acordados por el Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales, circulares, disposiciones normativas de los órganos ejecutivos de las CCAA o Municipios, etc.).

La diferencia más importante es que, al no gozar del rango de ley, existe un control de legalidad por parte de la jurisdicción ordinaria, como se verá en la siguiente sección.

En conjunto, existen según la doctrina dos tipos de reglamentos: aquellos que desarrollan una ley previa (reglamentos ejecutivo o secundum legem) y reglamentos que operan con independencia de una ley previa (reglamentos independientes o praeter legem).

Una diferencia notable entre unos y otros es que, para los reglamentos ejecutivos, el Consejo de Estado debe ser odio, de acuerdo con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

La potestad reglamentaria se enuncia en el artículo 97 CE como una de las potestades del Gobierno. Pero como se ha visto, en este caso existe una clara jerarquía normativa respecto a las leyes: estas ostentan fuerza activa y pasiva para que cualquier disposición reglamentaria que entre en colisión con ellas sea declarada nula.

Desde un punto de vista procesal, cabe diferenciar cuando se trata de un reglamento o de un acto de delegación legislativa, pues en este último caso no se puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, ni siquiera a la de Tribunal Supremo, sino directamente al Tribunal Constitucional, ya que este es el único órgano legitimado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones con fuerza de ley.

Artículos académicos para saber más

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Función de dirección política y potestad reglamentaria del Presidente del Gobierno, de acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre

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