La institución parlamentaria en el Estado democrático: las Cortes Generales como institución básica del sistema representativo

La inviolabilidad de las Cortes y la autonomía parlamentaria

Art. 66.3 CE: “Las Cortes Generales son inviolables”.

Cualquier persona que ataque la seguridad e independencia u ordene u obedezca una orden en tal sentido, será culpable de alta traición. En nuestro ordenamiento, tal concreción, se encuentra en el Código Penal, en el apartado relativo a los delitos contra las instituciones del Estado (Art.492 y siguientes CP) y en el de rebelión (Art.472.4º CP). 

La inviolabilidad garantiza la posición de las Cortes Generales como institución y le asegura una situación de tranquilidad institucional para el ejercicio de sus funciones, por lo que constituye una garantía institucional que el Tribunal Constitucional ha considerado como condición necesaria para asegurar la plena independencia de las cámaras.

La cobertura irradia toda la institución en sentido amplio, incluidos los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones y los edificios.

El principio de autonomía parlamentaria (Art.72 CE) es una manifestación y plasmación de la búsqueda por parte de las Cortes Generales de un espacio de no injerencia del resto de poderes, en especial, del ejecutivo. Por eso la autonomía parlamentaria ha sido calificada como una prerrogativa constitucional al servicio de su independencia frente a eventuales injerencias de otros poderes del Estado. 

En España, no obstante, no es adecuado hablar de soberanía parlamentaria, sino de una cierta autonomía. Todas las normas con valor de ley que aprueban las Cortes Generales (leyes, reglamentos parlamentarios y el estatuto del personal de las Cortes Generales) son impugnables ante el Tribunal Constitucional. También los actos parlamentarios (en especial los acordados por la mesa de cada cámara que dan trámite y ordenan el trabajo parlamentario) que afecten a derechos fundamentales pueden ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y la mayor parte de los actos materialmente administrativos acordados por las cámaras para su funcionamiento (contratación, personal parlamentario y gestión patrimonial) son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y existen, además, actos parlamentarios con vías específicas de impugnación (como la concesión o denegación de suplicatorios) y ciertos procedimiento (como el conflicto entre órganos constitucionales) que afectan a determinadas actuaciones parlamentarias. Por eso es mejor hablar de autonomía parlamentaria que de soberanía del Parlamento. La autonomía parlamentaria se concreta en la autonomía reglamentaria (aprobación del reglamento parlamentario), presupuestaria (aprobación de sus propios presupuestos), de gobierno interno (elección  órganos rectores) y administrativa (personal de servicio y apoyo administrativo propio).

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