Características del Poder Judicial en el art. 117 CE

Independencia e imparcialidad del Poder Judicial

En la opinión pública la independencia del Poder Judicial como una de sus notas característica es más conocida. Sin embargo, para la determinación exacta del sentido de este principio requiere un análisis detallado de la LOPJ y la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El adjetivo en cuestión aparece en el apartado primero del art. 117 CE vinculado a los Jueces y Magistrados que, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, son independientes. También encontramos este mandato en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen el derecho a ser enjuiciado por un Tribunal independiente.

En el ordenamiento español, la LOPJ establece varios preceptos que reiteran o desarrollan este principio. El art. 13 en concreto indica que todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados, con lo cual se establece una obligación erga omnes que es extensiva, por lo tanto, a cualquier ente privado o público, externo (cualquier poder del Estado) o interno (diferentes órganos integrantes del Poder Judicial).

Respecto a la independencia de poderes externos, el art. 14 LOPJ establece un mecanismo de defensa para garantizarla. En este sentido, cualquier Juez o Magistrado que se haya visto sometido a presiones en aras de perturbar su independencia, puede recurrir al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio Fiscal para que pongan en marcha las acciones pertinentes en defensa de este principio.

La independencia también opera en el ámbito interno, de manera que un órgano superior, o el órgano de gobierno del Poder Judicial, no pueden perturbar el proceso decisorio del juez o magistrado en cualquier asunto conocido en su juzgado. Por ello, el art. 12.2 LOPJ establece que los Tribunales no pueden corregir la interpretación de la ley hecha por los órganos inferiores (por ejemplo, un Tribunal Superior de Justicia o una Audiencia Provincial respecto de los juzgados de primera instancia). No obstante, esta prohibición de corrección es aplicable solo en el momento de enjuiciamiento, pero, una vez se dicta sentencia, estas deben ser objeto de recurso previsto en las leyes.

Por estas razones, la doctrina se refiere al Poder Judicial como un poder policéntrico y descentralizado. En otros términos, la potestad jurisdiccional está repartida en todos los órganos investidos del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y, con independencia de los eventuales recursos que prevea la ley para garantizar el derecho a doble instancia, los órganos inferiores no deben obedecer ninguna instrucción jerárquica como sí ocurre, por ejemplo, con los órganos del Ministerio Fiscal.

Junto a la independencia cabe también mencionar el principio de imparcialidad, el cual establece que debe tratarse de un poder desinteresado y ajeno a la causa que conoce. Este principio también está vinculado a la sumisión al imperio de la ley que veremos más adelante. De acuerdo con la LOPJ, la imparcialidad requiere ciertas incompatibilidades contempladas en el art. 389 y ss. De este modo, el Juez o Magistrado no podrá ejercer cargos o empleos que, por su naturaleza, puedan comprometer su carácter de poder desinteresado ideológica, política e institucionalmente.

 

 

Artículo 389 LOPJ

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:

1.º Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial. 2.º Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos. 3.º Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras. 4.º Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.  […]

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