Estado democrático

La democracia en la Constitución de 1978. Artículo 6 CE.

En esta lección se van a analizar los preceptos constitucionales y la legislación relacionada que regulan los pilares básicos de la democracia en la Constitución.

Naturalmente, como en el resto de temas tratados anteriormente, el carácter introductorio del curso solo puede bosquejar los conceptos básicos para que el estudiante pueda ampliar la materia en los artículos y bibliografía recomendada. Tampoco es viable agotar esta materia en un ámbito en el que se cruzan distintos derechos fundamentales y varias disciplinas académicas como la ciencia política. Baste, para los fines de la presente lección, comentar el artículo 6 CE junto a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Por su parte, en la siguiente lección se estudiará el artículo 23 CE relativo al sufragio activo y pasivo.

Pues bien, en el Título Preliminar, el artículo 6 CE indica lo siguiente:

Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

En primer lugar, cabe comentar que el pluralismo político al que se hace referencia al principio es uno de los valores fundamentales que informan toda la legislación, de acuerdo con el artículo 1 CE. El pluralismo político, de acuerdo con la jurisprudencia, es un requisito del funcionamiento el Estado de derecho (STC 20, 1990, de 15 de Febrero).

Puesto que se trata de un valor fundamental, el análisis en profundidad de este concepto nos llevaría a comentar varios derechos fundamentales, como la libertad ideológica, la libertad de expresión, o la libertad de asociación. No obstante, puesto que estos son objeto de otros cursos, nos limitaremos aquí y en la siguiente lección, como se ha indicado, a tomar como referencia el artículo 23 CE relativo al sufragio activo y pasivo. 

Pues bien, la citada sentencia, en su FJ 5, indica lo siguiente respecto al pluralismo político:

“como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico [que] propugna la Constitución, exige la máxima amplitud en el ejercicio de aquélla y, naturalmente, no sólo en lo coincidente con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulte contrapuesto a los valores y bienes que en ellos se consagran, excluida siempre la violencia para imponer los propios criterios, pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los términos que impone una democracia avanzada”.

La exclusión de imponer el propio ideario político por la fuerza es, obviamente, conditio sine qua non de cualquier Estado democrático, en oposición a los regímenes dictatoriales, cuyos Gobiernos imponen una determinada ideología por la vía de la fuerza, la intimidación o el terror.

Por este motivo, el precepto estudiando indica que los partidos políticos “son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley [y] Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Por lo tanto, se impone la obligación, ex constitutione, de que los partidos políticos tengan una estructura interna y funcionamiento democráticos.

Por otra parte, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en el Capítulo III, prevé la disolución de partidos políticos cuando concurran una serie de circunstancias. Claro está, las condiciones que deben darse para ello deben ser las mínimas indispensables para garantizar la democracia, pues de otro modo entraríamos en lo que la doctrina conoce como democracia militante, es decir, el régimen constitucional que impone una determinada ideología política.

En síntesis, lo que se prohíbe es la asociación política que, en sus medios, utiliza la violencia para imponer una determinada ideología. Sin embargo, como en la Constitución no existen cláusulas intangibles, es decir, aquellas que no susceptibles de reforma, no se está imponiendo un determinado ideario político, sino que, quien quiera defender uno (incluyéndose un régimen constitucional distinto), debe hacerlo por los cauces de reforma constitucionalmente previstos.

Los supuestos habilitantes para la disolución de los partidos políticos por la autoridad judicial competente, en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, son:
Art. 2.
  1. a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.
  2. b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica.
  3. c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9.
Así pues, la única limitación a la asociación política es aquella que busca destruir la democracia mediante las conductas, reiteradas y graves, descritas en el artículo 9, que son:
  1. a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
  2. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.
  3. c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

Artículos y jurisprudencia para saber más

La inconstitucionalidad de los partidos: a propósito de la Ley 6/2002 de Partidos Políticos

Sentencia 48/2003, de 12 de marzo de 2003 del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Partidos Políticos

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