La justicia constitucional

La cuestión de inconstitucionalidad

La cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces o tribunales está regulada en el art. 163 CE y los arts. 35.37 LOTC. El supuesto que puede dar lugar a este recurso está definido en estos preceptos de la siguiente forma:

“Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley”.

Como se ha señalado en la primera sección de este curso, en España, y en general en la tradición constitucional europea, se sigue el sistema de control concentrado de constitucionalidad de la ley. Ello quiere decir que el juez no puede dejar de aplicar la ley que, de acuerdo con su criterio, vulnere la Constitución, excepto en el caso de leyes preconstitucionales, en los que puede no aplicarla, aunque sin que pueda declarar su nulidad erga omnes.

Para armonizar esta regla de acuerdo con la cual el juez ordinario no está investido de jurisdicción constitucional directa, por una parte, y, por otra parte, el principio de preeminencia de la Constitución, (consultar sección La Constitución como Norma Fundamental en el curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa), el constituyente de 1978 decidió introducir la cuestión de inconstitucionalidad.

La STC 17/1981, de 1 de junio, en su FJ 1, lo expresó de forma clara indicando que “La cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la ley y a la Constitución”.

De esta manera, se garantiza al mismo tiempo la jerarquía normativa garantizada en el art. 9.3 CE, el imperio de la ley, y la implementación del control constitucional concentrado de la ley por parte de un solo órgano.

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué ocurre cuando un juez o tribunal plantea la cuestión en el contexto de un asunto a resolver. En este sentido, el art. 35 LOTC, apartados dos, indica lo siguiente:

Dos. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. […].

En cuanto a los efectos del planteamiento, el apartado tres señala que: “originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión”.

Por lo tanto, el juez debe suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la nulidad o constitucionalidad de la ley o apartados concretos de la ley objeto de cuestión. Cabe mencionar que el TC puede rechazar la cuestión “cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada” (art. 37 LOTC).

En este supuesto, el TC también da traslado a los órganos legislativos para que puedan personarse y formular alegaciones en la causa (art. 37 LOTC).

Por último, debe recordarse que el Tribunal Constitucional se ha declarado competente, en virtud del art. 55.2 y 75 quinquies 6 LOTC, para que sus Salas o Secciones eleven al Pleno cuestiones de constitucionalidad en el contexto de recursos de amparo o conflictos en defensa de la autonomía local (estas reciben el nombre de autocuestiones).

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El auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad

La recepción española de la judicial Review americana: la cuestión de inconstitucionalidad

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