La Constitución

Introducción: La Constitución como Norma Fundamental

El concepto de Imperio de la ley, estudiando en el curso Estado social y democrático de Derecho, es extensivo a los enunciados de la Constitución, pese a que su contenido no tenga rango de ley, sino que es superior jerárquicamente a ella.

En sus orígenes, esta expresión aludía a la preeminencia de la ley sobre cualquier otra disposición o acto. En este caso, y en el contexto del constitucionalismo programático, los preceptos constitucionales no tenían carácter normativo, con lo cual no existía como tal el concepto de control de constitucionalidad de la ley. No obstante, a medida que se conceptuaba el texto constitucional como norma fundamental, se hacía necesario introducir un mecanismo para asegurar la superioridad jerárquica de esta respecto a la ley.

De este modo, el jurista austríaco Hans Kelsen introduce el concepto de Tribunal de Garantías Constitucionales, planteando la necesidad de que sea un órgano técnico el que deba enjuiciar la inconstitucionalidad de la ley. La tesis según la cual debe excluirse al Parlamento de este proceso se apoya en la voluntad de realizar una evaluación estrictamente jurídica, y no un juicio de valoración político. Sin embargo, debido a la complejidad de los asuntos que debe enjuiciar, los tribunales de esta índole suelen ser acusados de entrar en valoraciones extrajurídicas.

En todo caso, tras la teorización del Tribunal de Garantías en la Constitución austríaca de 1920, otros países siguen el ejemplo estableciendo órganos similares. En el caso de España, la Constitución republicana de 1931 introduce el Tribunal de Garantías Constitucionales –precedente histórico del TC actual– en su título IX. En el artículo 121 se presentan las figuras del recurso de inconstitucionalidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se hace necesario reforzar la jurisdicción de estos tribunales para garantizar el concepto del imperio de la ley, pero esta vez hecho extensivo a los preceptos constitucionales, que son entendidos no como enunciados programáticos y orientativos para el legislador, sino como ley suprema que debe limitar las potestades de las diferentes instituciones del Estado.

Esta necesidad se hace acuciante después de episodios nefastos en la Europa de entreguerras, tales como la Ley habilitante de 1933, cuyo artículo 2 contemplaba que las disposiciones legislativas emanantes del Gobierno podían entrar en contradicción en la Constitución de Weimar, garantizando plenos poderes a Hitler.

Para evitar este tipo de fraudes, los tribunales de garantías constitucionales deben enjuiciar si las disposiciones con fuerza de ley entran en colisión con la Constitución. Es aquí cuando el articulado constitucional goza de fuerza activa y pasiva ante la ley, esto es, activa cuando opera con eficacia derogatoria, y pasiva cuando garantiza su validez frente a disposiciones de rango inferior como la ley.

A diferencia del modelo americano, en Europa la potestad de controlar directamente la validez de ley es exclusiva del Tribunal de Garantías. A ello se le conoce como sistema de jurisdicción constitucional concentrado. Por oposición, el sistema de jurisdicción constitucional difuso permite a cualquier juez entrar a valorar si el contenido de la ley entra en colisión con la Constitución, pudiendo este no aplicar la ley. Como veremos, en la Constitución de 1978 se opta por esta última concepción limitativa del poder judicial para garantizar la preeminencia de la ley y la seguridad jurídica, a la vez que se instaura un mecanismo para que el juez pueda elevar la cuestión al Tribunal Constitucional si considera que una norma puede ser contraria a la Constitución.

En síntesis, el constitucionalismo contemporáneo se opone al carácter programático de la constitución y, para garantizar la jerarquía superior de esta sobre la ley, introduce una serie de recursos que permiten a las instituciones del Estado poner en conocimiento del máximo intérprete constitucional la posible vulneración de la norma fundamental. Es de esta manera como los tribunales constitucionales también son conocidos como legisladores negativos, pues expulsan del ordenamiento aquellas disposiciones que entran en colisión con el articulado constitucional, garantizando así la fuerza activa de la Constitución frente a la ley.

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