Misión y funciones del Ministerio Fiscal

Intervención en los procesos civiles, contencioso-administrativo y laboral

Aunque a menudo se vincula la institución del Ministerio Fiscal al ámbito penal, por influencia del derecho anglosajón, en el ordenamiento jurídico español, como se ha visto, la figura de este órgano es mucho más amplia. Las funciones de promoción de la justicia en defensa de la legalidad exigen que esta institución del Estado pueda intervenir en toda clase de procesos en los que hay en juego el interés público tutelado por la ley.

De este modo, la Fiscalía puede ser parte de forma preceptiva en varios procesos civiles, contencioso-administrativos o laborales.

En el ámbito civil, el art. 3 EOMF indica que este órgano puede “tomar parte en la defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley”.

Además, puede “intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación”.

Estos procesos están contemplados en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Entre ellos, se encuentran procedimientos de interés público notorio como pueden ser la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios (art. 15), los juicios ordinarios en los que se “pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación” (art. 249) o en los procesos de capacidad de las personas (art. 749), entre otros.

En los procesos contencioso-administrativos, el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) habilita al Ministerio Fiscal “para intervenir en los procesos que determine la Ley”. En este ámbito la función del Ministerio Público es menor, puesto que este no interviene como parte en los recursos contencioso-administrativos, sino únicamente en aquellos en los que se contempla una acción pública o se ven vulnerados los derechos fundamentales.

En este sentido, el Título V de la LJCA menciona al Ministerio Fiscal, que debe ser oído en lo referente a la admisibilidad de los en procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

En lo concerniente a los procesos laborales, la intervención de este órgano está contemplada en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. En este caso, el Ministerio Público tiene un margen de actuación más amplio que en materia contenciosa-administrativa, ya que se prevé su participación no solo en procedimientos de tutela de derechos fundamentales (art. 177) sino en los que veremos a continuación.

En relación a la intervención del Ministerio Público en los procesos contencioso-administrativos, la Circular 3/1998, de 23 de diciembre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la nueva Ley de lo Contencioso-Administrativo señala que:

 

“Al hablar de legitimación es menester recordar que el art. 124.1 CE asigna al Fiscal como misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad». No le encomienda por lo tanto la defensa directa de la legalidad, sino el ejercicio de las acciones que resulten procedentes en cada caso. El Ministerio Fiscal, pues, no es vigilante ni fiscalizador de la actividad de la Administración. No está prevista, con carácter general, su intervención en el procedimiento administrativo de suerte que la administración haya de recabar su dictamen o seguir las indicaciones que motu proprio pueda hacerle llegar”.

La citada ley amplió, como indica la exposición de motivos, el “ámbito del recurso de casación para la unificación de doctrina, facultando al Ministerio Fiscal para su planteamiento a instancia de asociaciones empresariales o sindicales y entidades públicas, ampliando, de esta forma, el ámbito de las materias que podrán ser objeto de una rápida unificación doctrinal en casación”. Además, el Ministerio Público interviene preceptivamente en procesos de importancia capital como son los de impugnación de convenios colectivos (arts. 163-164) o de estatutos de sindicatos (arts. 167 y 173).

Artículos académicos para saber más

La intervención del ministerio fiscal en defensa del interés público en procesos no penales. especial atención a su labor de promoción y defensa del interés social y los derechos de los ciudadanos

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