Características del Poder Judicial en el art. 117 CE

Inamovilidad del Poder Judicial

El apartado 2 del art. 117 CE establece que los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Se configura así el denominado principio de inamovilidad del Poder Judicial, el cual prohíbe las injerencias externas, especialmente del poder legislativo y ejecutivo, que puedan perturbar indirectamente la resolución de los asuntos conocidos por los órganos investidos de potestad jurisdiccional.

En el Libro IV (Cap. I, Título II) de la LOPJ, en concreto en los arts. 378-388, encontramos el desarrollo legal de este principio constitucional. El art. 379 establece que la condición de Juez o Magistrados se perderá por determinadas causas.

Art. 379 LOPJ

a) Por renuncia a la Carrera Judicial. Se entenderán incursos en este supuesto los previstos en los 322 y 357-3.

b) Por pérdida de la nacionalidad española.

c) En virtud de sanción disciplinaria de separación de la Carrera Judicial.

d) Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Magistrado o Juez por la sanción prevista en el artículo 420.1,

e) Por haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad, salvo que proceda su jubilación.

f) Por jubilación.

Respecto al recurso al retraso de la jubilación, el Tribunal Constitucional ha indicado que la modificación de la edad de no perturba necesariamente la inamovilidad judicial (STC 108/1986, de 29 de Julio), si bien ha habido casos a nivel europeo en los que se ha recurrido a esta táctica de forma sistemática para vulnerar la inamovilidad de jueces y magistrados (véase el caso de Polonia, condenada en la sentencia del TJUE, asunto C -619/18, Comisión Europea c. Polonia).

Estos ejemplos vistos son algunos que afectan al principio de inamovilidad. Por motivos de extensión, no pueden analizarse todos. No obstante, con los casos expuestos el lector puede hacerse una idea previa de los supuestos que pueden dar lugar a sospecha de vulneración de este principio, a saber: principios de justicia formal (reserva de ley orgánica, seguridad jurídica y  determinación taxativa de las causas de suspensión), y principios de justicia material (suspensión por causas graves como pueden serlo una condena penal, que será objeto de estudio en la siguiente sección).

STC 108/1986, de 29 de Julio

“En cuanto a la primera de estas cuestiones, es decir, la supuesta vulneración del principio de inamovilidad judicial y, en concreto, del art. 117.2 de la Constitución, debe señalarse que no se advierte en qué puede consistir la violación del art. 117.2 citado que, en lo que aquí importa, establece que los Jueces y Magistrados no podrán ser jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Entre esas causas de jubilación se comprende la fijación de un límite de edad, y ésta ha sido establecida por la Ley, de forma que la garantía constitucional consagrada en el art. 117.2 ha sido cumplida, porque el precepto lo que evita es que la jubilación pueda ser regulada reglamentariamente o concedida según los casos individuales. La garantía de la inamovilidad viene dada no sólo en cuanto se establece una reserva de Ley Orgánica (art. 122.1), sino en cuanto esa Ley ha de regular las causas de jubilación y, en el caso que aquí interesa, la edad, con carácter abstracto y general”

Sentencia del TJUE, asunto C -619/18

  1. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado las circunstancias en las que la remoción de un juez vulnera su independencia e imparcialidad consagradas en el artículo 6 CEDH, apartado 1. El elemento objetivo de la imparcialidad protegida por este artículo requiere que se evalúe de manera objetiva si el órgano judicial en sí, entre otros aspectos en lo que atañe a su composición, ofrece garantías suficientes para descartar toda duda legítima en cuanto a su imparcialidad. Las apariencias tienen una cierta importancia, de modo que, «no solo debe hacerse justicia, sino que también debe parecer que se hace justicia». Está en juego la confianza que los tribunales deben inspirar en la ciudadanía de una sociedad democrática. (50) Esos principios constituyen una fuente de inspiración para los principios del Derecho de la Unión que resultan aplicables, como mínimo, cuando la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 258 TFUE, imputa una violación del Estado de Derecho, protegido en el artículo 2 TUE y que tiene su expresión específica en el artículo 19 TUE. (51)
  2. La inamovilidad del juez, junto con la fijeza de su mandato, también se encuentran reconocidas como garantías fundamentales de la independencia judicial en las directrices (52) adoptadas por diversos organismos europeos e internacionales de este ámbito. (53) En particular, los jueces deben ser inamovibles hasta que alcancen la edad de jubilación forzosa o termine el período para el que fueron nombrados, y solamente pueden ser suspendidos o removidos en casos particulares por razón de incapacidad o comportamiento incompatible con las obligaciones del cargo. La jubilación anticipada solo debe ser posible a instancias del juez o por razones médicas; cualquier modificación de la edad de jubilación forzosa debe tener efectos irretroactivos.

Artículos académicos para saber más

La imprecisión en las leyes, vulneradora de la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional no puede asumir la función de legislador positivo: Comentario a la sentencia 135/2018, de 13 de diciembre, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3377-2018

 

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