Funciones y composición

Función política y función ejecutiva. Régimen de control.

El Título IV Del Gobierno y de la Administración establece las funciones y composición de estos poderes públicos. Este curso tiene como objeto de estudio al Gobierno, con lo cual excluimos otros aspectos de interés referentes a la Administración, que forma parte también del poder ejecutivo.

En primer lugar, el artículo 97  CE indica que el Gobierno ostenta la función de dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Junto a ello, se le atribuyen la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

La principal diferencia entre la función política, por una parte, y la función ejecutiva y reglamentaria, por otra, radica en su control.  Las funciones del Gobierno siempre están sujetas a fiscalización, pero aquellas que operan bajo los principios de discrecionalidad y oportunidad, y por ende no se manifiestan en reglamentos, no están sujetas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Que las funciones políticas no estén sujetas, de forma directa, a control judicial, no significa que operen de forma arbitraria. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, por ejemplo, establece en su art. 6 qué funciones quedan reservadas al Presidente del Gobierno o a los Ministros.

Respecto a la distinción entre función política, por una parte, y ejecutiva y reglamentaria, por otra parte, el Tribunal Constitucional lo ha sintetizado de esta forma:

“Mientras que estas dos últimas están sujetas al control de los Tribunales (art. 106.1 CE), el Gobierno responde solidariamente de la gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE). Existe, por tanto, un núcleo de la actividad política del Gobierno resultante del ejercicio de competencias constitucionales que se caracteriza por ser expresión del mayor grado de discrecionalidad y oportunidad, que es susceptible de fiscalización jurisdiccional en aquellos de sus elementos que estén definidos legislativamente y que no afecten al fondo de la decisión gubernamental. A salvo siempre la competencia del Tribunal Constitucional, el control de los actos de dirección política corresponde a las Cortes Generales.” (STC 83/2016, de 28 de abril).

Dicho de otro modo, como establece el art. 29 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno.

  1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
  2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales.
  3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
  4.  La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.

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