El Tribunal Constitucional

Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional

El Título IX de la Constitución abre con el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (Magistrados según la calificación que reciben en la LOTC) en el art. 159:

“El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.

La elección de los Magistrados es un asunto de relevancia constitucional evidente, considerando la función de juez constitucional con que quedan investidos para declarar la nulidad de las leyes que vulneren la Constitución. Como se ha visto en la primera sección de este curso, así como en en el curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa, la misión de este órgano está directamente vinculada con los conceptos de Estado social y democrático de Derecho.

En este sentido, el derecho constitucional comparado suele acudir a fórmulas semejantes a las que estableció el constituyente de 1978. El nombramiento por parte del Rey es un acto formal que no interviene en la elección de los miembros. De los 12 miembros, cuatro los propone el Senado y cuatro el Congreso de los Diputados, por idénticas mayorías de 3/5, lo que implica una mayoría agravada que difícilmente puede arrogarse una sola representación política. El resto, los propone el Gobierno (dos) y el Consejo General del Poder Judicial (dos), completando los doce miembros del Pleno.

En cuanto a los requisitos para acceder al cargo, el segundo apartado del art. 159 CE establece que “deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”. De este precepto, puede observarse que el concepto difuso de “reconocida competencia” queda sujeto a la interpretación de los proponentes, si bien el resto de requisitos son de carácter objetivo y no presentan muchas dudas.

Los apartados cuatro y quinto del art 159 CE fijan el régimen de incompatibilidades. De este modo, los miembros del Tribunal Constitucional no podrán desempeñar funciones “con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil”.

Por lo demás, el apartado quinto remite al régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que podemos consultar en el Título II del Libro IV de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este sentido, los Magistrados también gozan de independencia e inamovilidad en el ejercicio de su mandato (art. 159.5 CE).

Continúa este artículo, si nos retrotraemos al apartado tercero, indicando que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

Cabe mencionar que, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, la elección de todos los miembros está establecida en la Constitución por lo que, si quisiera cambiarse, debería recurrirse al procedimiento de reforma ordinaria (ver sección correspondiente en el curso Teoría, estructura y reforma de la Constitución). Por este motivo, no cabría regular, por Ley Orgánica, parte o la totalidad del procedimiento de elección.

La crítica referente al riesgo de politización de los miembros radica en la vinculación a un partido o ideología, ya que en la propuesta es eminentemente política. Sin embargo, la mayoría exigible hace que intervengan ambas Cámaras en una proporción que es suficiente representativa y, por lo tanto, le confiere legitimidad democrática. No obstante, la legitimidad genuina de este órgano debe ser fruto del ejercicio hermenéutico de sus fallos sin recurrir a enunciados o argumentos extrajurídicos. En resumen, se trata de resolver problemas políticos por los cauces de la argumentación jurídica. Claro está que, al no ser una ciencia formal, la sospecha de que el sentido de un fallo o un voto particular puede estar vinculado a una afinidad política siempre va a estar presente. En todo caso, la crítica debe dirigirse siempre a la forma de la argumentación de los fundamentos jurídicos.

En este sentido, los Magistrados no deben ni pueden renunciar a tener su propia ideología, pero el régimen de incompatibilidades durante su mandato hace inconstitucional y contraproducente que estuvieran vinculados a funciones directivas en el ámbito de la política. Por ello, en ocasión de incidentes de recusación, el propio órgano se ha pronunciado al respecto. En el Auto 226/1988, de 16 de febrero, se indicó que:

“La Ley Orgánica de este Tribunal, de aplicación prioritaria respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos -situación esta aún más vigorosa que la que se alega- y sólo les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir.”

Artículos académicos para saber más

Sobre la independencia judicial (Notas al hilo del libro de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, La independencia judicial y el gobierno de los jueces. Un debate constitucional)

Independencia e inamovilidad de los miembros del Tribunal Constitucional

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