La justicia constitucional

El recurso de amparo

El art. 161.1 b) indica que el recurso de amparo opera sobre “los derechos y libertades referidos en el artículo 53. 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca”. Dicho artículo 53.2 CE, ubicado al final del Título I, indica que cualquier ciudadano

“podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.

Por lo tanto, el objeto de tutela del recurso de amparo comprende los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29: Sección 1ª, Cap. II, Título I), a los que hay que añadir el art. 14 y 30 CE que quedan fuera de esta sección.

En cuanto al poder público frente al cual se ejerce la pretensión de amparo, el art. 41. 2 LOTC señala que el recurso de amparo protege por violaciones de derechos y libertades “originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes” Por consiguiente, el recurso está pensado para vulneraciones de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos (la también llamada eficacia vertical de los derechos fundamentales). Respecto a la importancia de estos derechos en las relaciones entre particulares (la denominada eficacia horizontal), puede consultarse la sección correspondiente del curso Estado social y democrático de derecho.

Sin embargo, la doctrina ha observado acertadamente que, pese a que el recurso de amparo no opera directamente en las relaciones entre particulares, los derechos fundamentales quedarían protegidos en virtud del art. 42 LOTC, que contempla el recurso de amparo cuando la jurisdicción ordinaria haya ignorado el contenido esencial de dichos derechos en cualquier proceso. De este modo, una vulneración inter partes no reconocida en sede jurisdiccional, abriría el cauce de amparo, mediante esta vía, en un plazo de treinta días, cuando concurran estos requisitos:

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

Las violaciones de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos pueden darse bien por actos sin valor de ley (art. 42 LOTC), bien por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho (art. 43 LOTC). En este último caso, el plazo de interposición del recurso de amparo es de veinte días desde la resolución recaída en el previo proceso judicial (art.43.3 LOTC).

Pueden interponer el recurso la persona directamente afectada, el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo, o quienes hayan sido parte del proceso judicial previo en los casos de los arts. 43 y 44 LOTC.

El art. 49 LOTC señala que el recurso de amparo “se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado”. Debido al alto volumen de recursos de amparo, a este precepto se le añadió el requisito de acuerdo con el cual la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

Durante el proceso, como regla general el Tribunal Constitucional no suspende los actos impugnados, pero tiene la facultad de hacerlo de oficio o a instancia del recurrente, de forma cautelar, en virtud del art. 56 LOTC. Para ello, el Tribunal debe apreciar que, de lo contrario, el recurso puede perder su finalidad y, en todo caso, no se perjudiquen derechos constitucionales de terceros.

Si la demanda en amparo es admitida, puede tener como resultado su otorgamiento o denegación (art. 53 LOTC). En el primer caso, la sentencia se pronunciará sobre alguno o varios de estos efectos (art. 55 LOTC):

a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

A continuación pueden consultarse las estadísticas referentes a los recursos de amparo tramitados por el Tribunal Constitucional, tomando como referencia el Tribunal de origen:

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Motivos de inadmisión del recurso de amparo

Problemas del recurso de amparo

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