Misión y funciones del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal como acusador público en los procesos penales

Más conocida es la faceta del Ministerio Fiscal como acusador público. Sin embargo, a menudo se olvida que tan importante es esta acción procesal como la vertiente de defensa. Es decir, el Ministerio Público no actúa únicamente en aras de buscar la pretensión punitiva del Estado (ius puniendi), sino que su intervención opera bajo el principio general de defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, el ejercicio de la acción de la justicia en defensa de la legalidad puede conllevar la petición de una pena (función acusatoria), o, todo lo contrario, la petición de desestimación de la acusación particular o popular como otras partes intervinientes en el proceso penal.

De acuerdo con el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”. Ello implica que la función acusatoria es extensiva a cualquier ciudadano, con algunas limitaciones procesales. En el caso del Ministerio Fiscal el artículo 105 LeCrim indica que:

Artículo 105. 1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada.

A la función acusatoria que ejerce el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad se le denomina “acusación pública”, en oposición a la acusación popular (cualquier ciudadano o sujeto jurídico), particular (acusador y afectado coinciden) o privada (solo el afectado directo puede acusar).

Sin embargo, como ya se ha señalado, el Ministerio Público no tiene como único fin promover la acción punitiva del Estado. Esta función debe integrarse en la función de defensa de la legalidad y, por lo tanto, implica también oponerse a la pretensión punitiva de la acusación popular o particular cuando, a juicio del Ministerio Fiscal, no concurren los elementos suficientes para abrir una instrucción o un juicio oral.

Por esta razón, el art. 6 del EOMF indica que Fiscalía puede oponerse a las acciones “indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan”. En esta línea, la Instrucción 2/2008, de 11 de marzo, sobre las funciones del Fiscal en la fase de Instrucción, señaló que

“Una vez incoado en un Juzgado de Instrucción un procedimiento penal, cualquiera que éste sea, los Sres. Fiscales tienen la obligación […] de promover las diligencias y medidas cautelares procedentes, de interponer los correspondientes recursos contra las resoluciones que estime contrarias a Derecho…”, y continúa: “Nuestro ordenamiento, entroncando con el principio de imparcialidad y de legalidad, también otorga al Ministerio Fiscal la obligación de velar por el respeto de las garantías procesales del imputado (art. 773.1 LECrim). En esta función de patronus libertatis referida al propio sujeto pasivo de la acción penal los Sres. Fiscales están obligados a interponer los recursos que procedan ante eventuales infracciones por parte del Juez Instructor de las garantías que nuestra legislación procesal reconoce al imputado”.

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