La justicia constitucional

El juez constitucional

En el curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa se ha tratado el concepto del control de la ley por parte del Tribunal Constitucional. En esta sección, se introducía la distinción entre los sistemas de control de constitucionalidad difuso (derecho americano) y concentrado (modelo europeo).

De acuerdo con el modelo continental que sigue el constituyente de 1978, y a diferencia del modelo americano, no corresponde al juez ordinario declarar la nulidad la ley cuando, a su criterio, esta contradice la Constitución. El juez  de la jurisdicción ordinaria solo puede seguir este camino en el supuesto de leyes preconstitucionales, tal como se vio en la sección La fuerza derogatoria de la Constitución del curso mencionado.

Por esta razón, el Título IX de la Constitución, que tenemos como objeto de estudio en este curso, incluye en el art. 163 un procedimiento en virtud del cual el juez que considere que una ley entra en colisión con la Constitución, debe proceder como sigue:

Art. 163. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Este procedimiento, que recibe el nombre de cuestión de constitucionalidad, será analizado en la tercera sección del presente curso. Baste ahora, para los fines de esta introducción, subrayar el hecho de que la función de juez constitucional, esto es, la del juzgador que está investido del poder de enjuiciar la adecuación de la ley a la Constitución, se predica de un órgano distinto a los contemplados en el Título VI del Poder Judicial.

Estamos hablando, naturalmente, del Tribunal Constitucional. El constituyente de 1978 decidió ubicar este órgano del Estado en un Título aparte respecto al que regula el Poder Judicial, estudiado en otro curso. El motivo de ello es que, stricto sensu, no se trata de un órgano judicial y, por consiguiente, no está regulado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sino en su propia Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC).

Una primera definición del Tribunal Constitucional podemos extraerla a contrario sensu de un precepto que, paradójicamente, se halla en el Título VI: el art. 123.1 sobre el Tribunal Supremo. Este precepto indica lo siguiente:

Artículo 123. 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

Por lo tanto, se deduce que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano intérprete en materia de garantías constitucionales. El artículo primero de la LOTC lo define del siguiente modo:

Artículo primero. Uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Dos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

Precisamente porque es el intérprete Supremo de la Constitución, independiente de otros órganos y sometido solo a la Constitución y a la propia LOTC, cabe afirmar que, como tal, no está sujeto a la ley en lo concerniente a sus funciones constitucionales, como sí lo está la jurisdicción ordinaria en virtud del artículo 117.1 CE. En este sentido, la STC 54/1982, 26 de julio señaló en su FJ 7 que, en correspondencia con este principio de sujeción única a la Constitución, “este [Tribunal] debe señalar que su competencia se circunscribe al examen de la constitucionalidad y no de la legalidad, y habiéndose alegado motivos de mera ilegalidad no procede entrar en el examen de los mismos, pues al efecto la vía procedente sería la judicial ordinaria”.

Corolario de ello es que la función del juez constitucional consiste en someter la ley a un juicio de adecuación a la Constitución. Pero para que esta función no se arroje la soberanía nacional, cuyos representantes son los Diputados y Senadores de las Cortes Generales (art. 66 CE), la jurisdicción constitucional tiene que emitir un juicio jurídico. Es decir, las razones que deben introducirse deben ser o bien con la Constitución en mano (interpretación literal) o bien con alguno de los métodos hermenéuticos aceptados en teoría del derecho y derecho constitucional comparado (la interpretación sistemática, por ejemplo). La propia jurisprudencia constitucional juega, también, un papel relevante.

Para realizar estas funciones, se encomienda al Tribunal Constitucional una serie de funciones que encontramos en el Título IX, art. 161 CE, y más concretamente en el artículo 2 LOTC:

a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución.

c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. d) bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local.

e) De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.

La consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley es, como vimos en el curso Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa, la nulidad o expulsión de la ley del ordenamiento jurídico (art. 39 LOTC). Una vía para llegar a ello es el recurso de inconstitucionalidad que pasamos a analizar en la próxima lección.

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