Estado de Derecho

El Imperio de la Ley en la Constitución de 1978

El concepto estudiado en la lección anterior está reflejado en la Constitución de 1978 a lo largo de su articulado. Se hace referencia a él en el artículo 117 CE, en el Título VI Del Poder Judicial. Sin embargo, antes de avanzar hasta este punto, es conveniente retrotraernos al Título Preliminar.

La lectura del artículo 1.1 nos llevaría a concluir que el principio regulador del imperio de la ley está implícito si lo leemos en conjunción con la tesis de que no puede haber Estado de Derecho sin imperio de la ley:

Artículo 1.

  1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Sin embargo, es más adelante, y sin salirnos del Título Preliminar, donde encontramos una afirmación más aclaratoria al respecto. En concreto, debemos avanzar al artículo 9:

Artículo 9.

  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Este es sin duda uno de los artículos que debe leerse en paralelo a todo el articulado de constitucional. El precepto establece que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico (es decir, Leyes OrgánicasLeyes OrdinariasDecretos LeyesDecretos Legislativos, etc.) tienen un lugar preeminente que conlleva la sujeción por parte de todos: ciudadanos y poderes públicos.

En otros términos: los particulares, la administración y los Órganos del Estado deben adecuar su actuación, competencias y derechos subjetivos a la Constitución, en primer orden, y al resto del ordenamiento jurídico en orden de jerarquía normativa, en segundo lugar. Aunque, como veremos después y con más detenimiento en otra lección, la vinculación es distinta para unos y otros.

A esta vinculación se ha referido el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones. Ejemplo de ello es la STC 16/1982, 28 de abril de 1982, siendo ponente Don Francisco Tomás y Valiente. En su primer fundamento jurídico, la citada sentencia señala que la Constitución no es un catálogo de principios, sino una norma jurídica.

El lector podría sospechar que esta indicación es, al menos, imprecisa, pues podría alegar, como muchas veces se hace, que la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna sin que, por así haberse establecido, quede garantizado un tal derecho. Y aunque la observación es pertinente, debe tenerse en cuenta que lo que indica el artículo 9.1 CE no es que todo el articulado constitucional tenga el mismo efecto directo, como se verá al estudiar el artículo. 53 CE, sino que todos estamos sujetos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

¿Qué significa, pues, que todos estemos sujetos a ello? En primer lugar, que el contenido de la Constitución no es de carácter programático, esto es, no se limita a enunciar una serie de principios o valores generales, sino que constituye un conjunto preceptos vinculantes. En esta línea, la STC 4/1981 de 2 de febrero, siendo ponente Don Rafael Gómez-Ferrer Morant, reitera en su fundamento jurídico único que debe afirmarse el valor aplicativo de los derechos consagrados en la Constitución.

Llegados a este punto, debemos citar el artículo que abre el Título VI sobre el Poder Judicial. Aquí sí se hace referencia expresa al sometimiento expreso al imperio de la ley por parte de los titulares investidos del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En otras palabras, los jueces y magistrados deben resolver los litigios de toda índole de forma independiente y únicamente sujetos a la ley.

Aunque ello implica una sujeción exclusiva y excluyente a la ley, en ciertos órdenes como existe un margen de interpretación según establecen las fuentes del derecho, por ejemplo, en el artículo 1 del Código Civil y los criterios interpretativos complementarios enunciados en los artículos 3 y 4 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, en el orden penal sí existe una estricta sujeción a la ley que impide la integración en base a criterios hermenéuticos para completar las lagunas legales.

Pero no es solo el Poder Judicial el que está sujeto a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, el resto de poderes públicos (Gobierno y AdministraciónCongreso de los DiputadosSenadoTribunal Constitucional…) tienen una vinculación positiva – es decir, una obligación de actuar conforme a las competencias y límites establecidas constitucional y legalmente. No obstante, esto no debe confundirse con el concepto de democracia militante, es decir, aquel orden constitucional que establece unos valores políticos a los que los poderes públicos y ciudadanía deben adherirse subjetivamente.

Por su parte, los particulares o ciudadanos también estamos sujetos a la Constitución y al Ordenamiento jurídico, aunque en este caso, como se estudiará en otra lección, la vinculación recibe el nombre de negativa, porque hace referencia a un deber de abstención que no incluye el deber de actuar conforme a los límites y competencias establecidos en la Constitución.

En síntesis, el concepto de imperio de la ley (o Rule of Law en la tradición anglosajona) está presente en el texto constitucional de 1978 y es condición necesaria para poder hablar Estado de Derecho. En resumen:

Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (vinculación positiva);

Los ciudadanos estamos sujetos del mismo modo, pero en este caso la vinculación es negativa (deber de abstención);

El imperio de la ley como concepto del constitucionalismo contemporáneo requiere que se garantice la primacía de la Constitución, y que el contenido de esta no sea meramente programático, sino que enuncie genuinos preceptos con valor vinculante y regulativo de las relaciones entre los Órganos del Estado.

 STC 16/1982, 28 de abril de 1982

“1. Hay una afirmación en las alegaciones presentadas por La Nueva Mutua que, aunque no afecta directamente al fondo del recurso, este Tribunal no puede pasar por alto. Se dice allí, a propósito de la supuesta indefensión de que pueda haber sido víctima el señor R. M. en el trámite de ejecución y argumentando contra ella, que «los preceptos de la Constitución no son alegables ante los Tribunales porque la propia Constitución así lo ordena». Obviamente tal afirmación carece de todo fundamento y por ello su autor no cita en su apoyo ningún precepto constitucional que diga lo que él atribuye genérica y erróneamente a la Constitución. Conviene no olvidar nunca que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, están sujetos a ella (arts. 9.1 y 117.1 de la C. E.)”

STC 4/1981 de 2 de febrero

 “el hecho de que nuestra norma fundamental prevea, en su art. 53.2, un sistema especial de tutela de las libertades y derechos reconocidos -entre otros- en el art. 14 que se refiere al principio de igualdad, no es sino una confirmación de carácter específico del valor aplicativo -y no meramente programático- de los principios generales plasmados en la Constitución”.

Artículo 117. CE

  1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Como se estudiará con mayor detalle en el curso  Fuentes del Derecho y Jerarquía NormativaTribunal Constitucional, el carácter de la Constitución como norma suprema y como norma jurídica implica su preeminencia ante actos legislativos de menor rango que la contravengan. Por esta razón, contravenir la Constitución implica la inconstitucionalidad del acto o disposición normativa con fuerza de ley (artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Los efectos de ello son, como indica el artículo 39 de la citada Ley Orgánica: “la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia”.

Artículos académicos para saber más

Artículo 9.1 La sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico

Vinculación de la Constitución y control de las leyes

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