Estado de Derecho

El Imperio de la Ley: Common Law, Ilustración y Revolución Francesa

El concepto de Imperio de la Ley (Rule of Law) es fruto de una evolución histórica que culmina en la Revolución Francesa en el contexto continental, pero que tiene su propio desarrollo paralelo en la cultura jurídica anglosajona (Common Law).

Aunque ambos modelos evolucionan de forma distinta, la idea subyacente bajo este ideal consiste en que el ejercicio del poder, tanto desde un punto de vista clásico (legislar, aplicar las leyes, y juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) como desde una perspectiva regulativa de las relaciones entre los Órganos del Estado, la Administración, y la ciudadanía, debe basarse únicamente en las disposiciones establecidas en la Constitución y en la Ley.

De este modo, cualquier manifestación de los poderes público, ya sea en sus relaciones entre sí, en sus competencias, o en su relación con los particulares, debe tener como marco regulador un sistema jurídico establecido por el poder constituyente, en primer lugar, y las disposiciones legislativas de distinto rango, en segundo lugar.

Este modelo implica la anulación del poder absoluto del monarca, tal como sucedía en el Antiguo Régimen (“El Estado soy yo”, como autoproclamaba Luis XIV). A su vez, la restricción de las competencias legislativas, ejecutivas y judiciales a la ley conlleva que otros órganos del Estado, como la administración y el poder judicial, deban actuar en el marco del contenido y limitaciones estipuladas en la ley.

Como corolario de este modelo se puede extraer que:

  • El poder legislativo no es absoluto, ya que es un poder constituido, esto es, cuyas competencias se ven restringidas por la Constitución, marco jurídico final que solo puede ser modificado en virtud de los procedimientos de reforma contemplados en ella.
  • El poder ejecutivo, en el contexto de sus competencias administrativas y sancionadoras, debe adecuar su actuación a las disposiciones establecidas en la ley.
  • El poder judicial debe resolver los litigios en concordancia con el contenido y las limitaciones de la ley. En la Ilustración, esta idea quedó reflejada por Montesquieu al referirse al juez como “la boca muda que solo pronuncia las palabras de la ley”. Aunque deben establecerse matices a la definición estrictamente legalista que se da en el s. XVIII, esta es la idea general que se tiene de la judicatura desde las teorías ilustradas de la separación de poderes.
  • Los particulares o ciudadanía también están sujetos a esta limitación y no pueden recurrir a soluciones que contravengan las leyes imperativas en cualquier ámbito (civil, mercantil, penal…). La extensión a más espacios sociales como el trabajo es un desarrollo más tardío desde el punto de vista histórico.

La idea regulativa común en todos estos ejemplos siempre es la misma: la limitación del poder. En la tradición anglosajona, la Bill of Rights de 1689 tenía como objetivo restringir el poder del Rey a favor del Parlamento. En este documento se puede leer que el monarca no puede tener el poder de suspender o ejecutar leyes sin aprobación de esta institución:

“Que el pretendido poder de dispensar de las leyes o de su aplicación en virtud de la autoridad real, en la forma en que ha sido usurpado y ejercido en el pasado, es ilegal”.

En esta misma tradición jurídica, en el continente americano, la Declaración de Derechos Virginia de 1776 establece en su artículo V que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial.

En el contexto continental, la Constitución francesa de 1791 manifiesta esta idea en el Título III, De los poderes públicos, en el que ya se diferencian las diferentes funciones de una Asamblea Nacional legislativa, un Poder ejecutivo y un Poder judicial.

En España, la Constitución de 1812 establece un poder repartido entre las Cortes y el Rey en su artículo 15. 

Todas estas condiciones a la hora de establecer qué instituciones tienen el poder y cómo debe aplicarse no son suficientes para hablar de Estado de Derecho, ya que esta noción, más amplia, implica una serie de garantías materiales en la parte dogmática de las constituciones, es decir, la sección que establece los derechos fundamentales. Sin embargo, el Imperio de la Ley es condición necesaria para hablar de Estado de Derecho.

Condición necesaria, pero no suficiente porque, de lo contrario, cualquier Estado que se rija por normas sería un Estado de Derecho (a la práctica, cualquier forma de organización social tiene en mayor o menor medida un conjunto de normas escritas u orales). No obstante, cuando se habla de Estado de Derecho, el concepto tiene una carga semántica más fuerte. El sentido completo se entenderá mejor con el apoyo de las siguientes lecciones.

Desde un punto de vista histórico, el concepto de imperio de la ley se manifiesta de forma más perentoria en el principio de legalidad penal (Francia) o en los principios de justicia formal en el ámbito tributario (Inglaterra).
En el primer caso, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece lo siguiente:

Artículo 7
Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la Ley y en
la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias
deben ser castigados; con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la Ley
debe obedecer de inmediato, y es culpable si opone resistencia.

Artículo 8
La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y tan sólo se puede ser castigado
en virtud de una Ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

 
En el contexto anglosajón, la Bill of Rights de 1689 impone la obligación de que todas las leyes que impongan deberes tributarios sea aprobada por el Parlamento, restringiendo el poder regio, limitación que es una de las manifestaciones más recurrentes del triunfo del constitucionalismo europeo:

Artículo 4

“Que toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o para su uso, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del Parlamento, por un período de tiempo más largo o en forma distinta de la que ha sido autorizada es ilegal”.

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