Estado de Derecho

El Derecho como marco regulativo de los poderes públicos

En la lección anterior se ha introducido una distinción conceptual entre vinculación positiva y negativa a la hora de determinar el significado del artículo 9.1 CE. Esta diferencia consiste en una doble exigencia a los poderes públicos (vinculación positiva y negativa), mientras que a la ciudadanía solo se le exigiría esta última.

Pero, ¿qué quiere decir vinculación positiva y negativa? La primera noción hace referencia al principio de legalidad en las actuaciones y competencias de los poderes públicos. De esta manera, se garantiza que las instituciones del Estado no contravengan los límites contemplados constitucional, legal y reglamentariamente.

Ejemplo claro e ilustrativo de ello sería la nulidad de una Orden municipal u Orden Ministerial que contemplara penas de privación de libertad. Puesto que el Art. 25 CE priva a la Administración Civil de cualquier competencia en materia de sanciones que priven de libertad, cualquier disposición normativa que no cumpla con los requisitos constitucionales para ello (reserva de Ley Orgánica) no tendrían ningún efecto.

Otro ejemplo de ello sería el supuesto invasión de competencias. El Gobierno central no puede arrojarse poderes que estén reservados al Congreso de los Diputados o a una Comunidad Autónoma, y viceversa. De este modo, si al Gobierno, en virtud de la legislación delegada (Art. 82 CE), se le autoriza para dictar leyes en el marco de una ley de bases establecida por las Cortes Generales, el Gobierno no puede modificar la propia ley de bases (Art. 83 CE) para poder ampliar sus competencias legislativas.

De esta manera, los poderes públicos tienen una vinculación positiva a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el FJ4 de la STC 101/1983 de 18 de Noviembre de 1983 se define este concepto: tienen el deber de ajustar sus competencias, actos y disposiciones a las limitaciones previstas en él. 

Por lo tanto, la relación que mantienen los poderes públicos con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico implica, no solo el deber de no contravenir su contenido, sino deber más amplio de actuar en el marco de las limitaciones que este le impone. No es que la ciudadanía no esté sujeta a estas limitaciones, sino que no se le presumen las facultades que ostentan los titulares de los diferentes poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y, por lo tanto, no se requiere esta vinculación positiva como deber añadido.

Ahora bien, no debe confundirse esta vinculación positiva con el concepto de democracia militante. Como se ha visto en la lección anterior, este concepto hace referencia a aquel régimen político cuya Constitución obliga a adherirse a un programa político. En este sentido, la sentencia citada indica en su FJ4 que la vinculación positiva no debe entenderse en menoscabo del derecho fundamental a la libertad ideológica.

Nos queda por ver, ahora, cómo afecta la vinculación negativa a la ciudadanía. Es decir, cómo la Constitución y el ordenamiento jurídico también limita el ámbito de las actuaciones entre particulares. Aunque, como se verá, en este punto la doctrina científica y la jurisprudencia no es pacífica.

STC 101/1983 de 18 de Noviembre de 1983, FJ4

“La sujeción a la Constitución es una consecuencia obligada de su carácter de norma suprema, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudadanos y los poderes públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los supuestos en que la misma establece deberes positivos (arts. 30 y 31, entre otros), los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución”.

STC 101/1983 de 18 de Noviembre de 1983, FJ4

“La interpretación sistemática de la Constitución lleva a la conclusión de que las manifestaciones de la libertad ideológica de los titulares de los poderes públicos ha de armonizarse en su ejercicio con el necesario cumplimiento del deber positivo inherente al cargo público de respetar y actuar en su ejercicio con sujeción a la Constitución y, por ello, si se pretendiera modificarla, de acuerdo con los cauces establecidos por la misma”.

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