Estado de Derecho

El derecho como marco regulativo de las relaciones entre particulares

La vinculación positiva tratada en la lección anterior conlleva el respeto y el deber de garantizar los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos. Así se deduce del artículo 53. 1 CE:

“Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos

Sin embargo, este precepto se refiere únicamente a los poderes públicos, con lo cual cabe preguntarse si el Estado de Derecho garantiza la eficacia de los derechos fundamentales en esfera de las relaciones entre ciudadanos. Si consultamos el artículo 41. 2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,del Tribunal Constitucional, relacionado con el recurso de amparo, no se menciona nada al respecto:

Art. 41.2 LOTC El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

Parte de la doctrina argumenta que este artículo abre una vía indirecta a reconocer la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, puesto que, en caso de no ser reconocido en sede jurisdiccional, cabría el recurso de amparo. No obstante, la doctrina no es pacífica en este sentido, ya que otros autores arguyen que esta interpretación fuerza la letra de la ley. 

Sin embargo, si la vinculación de los particulares es negativa, es decir, un deber de abstención, podría llegarse a la conclusión de que los derechos fundamentales, como máxima expresión del Estado de derecho, solo tienen una eficacia vertical, esto es, en el marco de las relaciones jurídico-públicas (ciudadano-Estado). No obstante, esta conclusión es debatible. La vinculación negativa implica que la esfera de los particulares, como observó la STC 108/1989, de 8 de junio, está limitada “por la prohibición de incurrir en discriminaciones contrarias al orden público constitucional” (FJ1).

Llegados a este punto, si queremos salvar los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, habría que volver a traer a colación el artículo 9.1 CE que, como se ha visto en las lecciones anteriores, se refiere tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos a la hora de determinar quiénes son los sujeto sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Si tomamos como referencia los derechos legales en contraposición con los constitucionales, es decir, aquellos que están determinados en virtud de un ulterior desarrollo legislativo y no únicamente en la Constitución, encontramos varios ejemplos de la manifestación del Estado de derecho en las relaciones jurídico-privadas. En este sentido, el artículo 1.255 del Código Civil establece los límites a la autonomía de la voluntad en los pactos al referirse a la ley y el orden público entendido como mínimas garantías constitucionales. En las relaciones jurídico-laborales, la ley también establece qué cláusulas y actos pueden ser nulos como, por ejemplo, un despido por razón de ideología.

De esta manera, los derechos fundamentales no constituyen únicamente recursos jurídico-procesales de protección contra actos y disposiciones de los poderes públicos, sino que son, además, garantías materiales que pueden ser exigibles en el marco de los pactos entre particulares. De todos modos, en este caso a veces sería necesario recurrir a derechos de configuración legal, y no a los derechos fundamentales con eficacia directa ex constitutione, con lo cual  si realmente los derechos fundamentales, en la medida en que estos se ostentan eficacia con independencia de ulterior desarrollo legal, operan en el ámbito inter privatos, es un debate que queda abierto.

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