Los Reglamentos

El control de legalidad de los reglamentos por la jurisdicción contencioso-administrativa

El reglamento que contradice una disposición normativa con fuerza de ley es inaplicable por vulnerar el principio de jerarquía normativa garantizado en la Constitución en el artículo 9.3. En el artículo 106 CE se indica lo siguiente: 

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.

Los mecanismos para garantizar la preeminencia de la ley los encontramos tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En primer lugar, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece en su artículo 6 que los jueces:

no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.

Por lo tanto, aunque no existe un control difuso de la constitucionalidad de la ley posterior a la promulgación de la Constitución, sí existe un control de legalidad de los reglamentos.

Llegados a este punto, tenemos que recurrir a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuyo ámbito se regula en su primer artículo:

Artículo 1.

  1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
  2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración local. d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

Queda así cerrada la jerarquía normativa en la Constitución: a) preceptos constitucionales, disposiciones normativas con fuerza de ley, y reglamentos, siendo que la potestad de dictar normas sin rango de ley queda sujeta al control por la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

Artículos académicos para saber más

Jurisdicción constitucional y jurisdicción contencioso-administrativa en el control de los actos parlamentarios sin valor de ley

 

La ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1998

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