La Constitución

El control de constitucionalidad de la ley por el Tribunal Constitucional

En la Constitución de 1978 encontramos esta institución del Estado en el Título IX, bajo el nombre de Tribunal Constitucional. Aunque stricto sensu no pertenece al poder judicial, el artículo 161 CE indica que este órgano tiene jurisdicción en todo el territorio español para conocer, entre otros:

Art. 161 a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley.

Además, puesto que en el ordenamiento español opera un sistema de jurisdicción constitucional concentrado, los jueces no están investidos de potestad jurisdiccional para enjuiciar directamente la constitucionalidad de las leyes, por lo que se introduce un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica a la par que la preeminencia de la Constitución. Esto se conoce como cuestión de constitucionalidad:

Art. 163. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Pronto de haberse aprobado la Constitución, se hizo necesario detallar con rango de ley orgánica las potestades y el funcionamiento interno del Tribunal. De este modo, la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional complementa el título IX.

Para los propósitos de esta sección, se comentará únicamente el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, nos referimos al curso monográfico sobre el Tribunal Constitucional para profundizar más en sus competencias (Tratados Internacionales, recursos de amparo, conflictos entre órganos del Estado…).

La LOTC enumera en su art. 10. 1 el conjunto de asuntos que puede conocer el Pleno del Tribunal (doce Magistrados). Entre ellos, figura el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, y las cuestiones de constitucionalidad remitidas por la jurisdicción ordinaria, aunque en este caso también pueden ser tratadas por las Salas (seis Magistrados).

De esta manera, la preeminencia jerárquica de la Constitución se garantiza sobre cualquier otra disposición, puesto que, como señala el art. 27 LOTC, “Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados”. Todo ello abarca:

a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.

b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número seis del artículo ochenta y dos de la Constitución.

c) Los Tratados Internacionales.

d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formula en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa.

f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

La legitimación activa para poner en marcha este procedimiento está regulada por la propia Constitución, cuyo artículo 162 indica que están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

En este último caso, el art. 32 LOTC in fine limita la acción a aquellas disposiciones que tengan por objeto regular ámbitos de la propia autonomía.

Se introduce así un mecanismo de control entre diferentes instituciones del Estado. Tanto el Gobierno como los representantes de las Cámaras, a nivel central y autonómico, pueden presentar el recurso al TC cuando consideren que se ha vulnerado la norma fundamental.

Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, que pueden ser derivados de los recursos planteados por los referidos órganos, o por cuestiones elevadas por la jurisdicción ordinaria (art. 29 LOTC), son los de nulidad:

Art. 39. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.

Para finalizar esta sección, cabe mencionar que estos efectos no son retroactivos. La nulidad es desde su declaración de inconstitucionalidad (efectos ex nunc) y no desde siempre (ex tunc), y en caso de sentencias con valor de cosa juzgada no cabría reabrir el proceso. Se exceptúa, sin embargo, aquellos procesos penales o contencioso-administrativos cuyas sanciones puedan verse reducidas como consecuencia de la nulidad de la norma impugnada ante el Tribunal Constitucional (art. 40 LOTC).

Artículos académicos para saber más

Los procesos de inconstitucionalidad (I) el recurso de inconstitucionalidad.

Algunas reflexiones acerca de la cuestión de inconstitucionalidad

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