Función constitucional y atribuciones del Consejo General del Poder Judicial

El CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial. Límites en su actuación: independencia de Jueces y Magistrados e independencia del Poder Judicial

 

Dentro del Título VI de la Constitución, y sin que estrictamente forme parte del Poder Judicial, encontramos la configuración constitucional del órgano de gobierno del mismo (art. 122.2). Las funciones mínimas garantizadas ex constitutione son las enumeradas en este artículo: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Estas materias no son un numerus clausus, pues por ley orgánica se le pueden atribuir más dentro de los límites de la Constitución.

La regulación de este órgano constitucional se encuentra en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), en concreto en los Libros II Del Gobierno del Poder Judicial y VIII Del Consejo General del Poder Judicial.

La función constitucional del CGPJ consiste en reforzar la independencia de Jueces y Magistrados. Ello no equivale exactamente a garantizar la independencia del Poder Judicial, régimen estudiado en el curso sobre Poder Judicial, y cuya garantía depende de un mandato constitucional más amplio establecido en el Título VI. Como veremos más adelante, la independencia judicial es un concepto que resiste incluso a las competencias internas del Consejo General del Poder Judicial.

De este modo, este órgano de gobierno tiene como función garantizar la independencia de jueces y magistrados. Ello se concretiza en una serie de atribuciones establecidas en el art. 560 de la LOPJ relativas a diferentes materias.

Por lo que respecta a las competencias internas, algunas de las más significativas son: nombramiento del Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo (ambas figuras son ostentadas por el mismo titular); formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados; alta inspección de Tribunales; Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos; ejercer la potestad reglamentaria en diversos ámbitos internos, etc.

Cuando se habla de garantizar la independencia de Jueces y Magistrados en contraposición a independencia Judicial, la doctrina entiende que la misión de este órgano es que todas las competencias de autogobierno se sustraigan al poder ejecutivo y, por ende, a los criterios de oportunidad política.

Ello podría ser cuestionable desde el punto de vista del nombramiento de los Vocales, aspecto que se analizará en otra sección. En todo caso, para garantizar su independencia, el art. 581 LOPJ establece que los Vocales del CGPJ no están sujetos a mandato imperativo. Por su parte, el Tribunal Constitucional, entre las más recientes, la STC 191/2016, de 23 de junio, señaló en su FJ 5 que los Vocales del CGPJ no están ligados por mandato imperativo.

STC 191/2016, de 23 de junio

“Los vocales del Consejo no están ligados por mandato imperativo alguno ni pueden ser removidos de su cargo por decisión o a impulso de cualquier otro poder público (arts. 581 y 582.1 LOPJ), de tal manera que el Consejo, independiente sin duda del Gobierno, lo es también respecto de las Cortes Generales, sin que entre aquél y éstas medie “una vinculación de dependencia política” que el constituyente, como en su día advertimos, también quiso evitar (STC 238/2012, FJ 8, y jurisprudencia allí citada). Esta autonomía y separación funcionales del Consejo respecto de los demás poderes públicos es la única que se compadece con su condición de órgano no político; esto es, de institución que no ha sido llamada por la Constitución a ejercer sus funciones sobre la base de orientaciones ideológicas o de partido, del todo legítimas para el actuar de gobiernos o parlamentos, pero inconciliables con los cometidos y la función de garantía de la independencia judicial que corresponden al Consejo”
STS 394/2020, de 13 de mayo

“Debe estarse pues al criterio jurisprudencial reflejado en numerosas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre las que pueden citarse como más recientes las de 18 de julio y 18 de noviembre de 2017 y 13 de marzo y 18 de junio de 2018; de dichas resoluciones se desprende que, una vez adoptada por los Órganos jurisdiccionales una determinada decisión judicial -o incluso estando pendientes de adoptarla-, no puede el propio Consejo General intervenir en el que sea o haya de ser contenido de esa función jurisdiccional, en aplicación precisamente del mencionado art. 117.3 de la propia Norma fundamental, al afectar la queja formulada a una materia de interpretación del Ordenamiento jurídico y, como tal, de naturaleza procesal y de contenido jurisdiccional.”

 

Respecto a los límites de actuación del CGPJ, el art. 12 LOPJ establece que:

Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional”.

Ello implica que el órgano de gobierno del Poder Judicial no tiene como misión penetrar en la independencia judicial garantizada por el art. 117.3 CE. Ello se refuerza con el mandato a respetar la independencia de Jueces y Magistrados por parte de “todos” según indica el art. 13 LOPJ.

Como se analizará en la próxima sección sobre el régimen de los actos del CGPJ, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo contencioso-administrativo, puede controlar la legalidad de los actos CGPJ sin llegar necesariamente al Tribunal Constitucional. En ocasiones, la vía contenciosa sirve para garantizar la independencia del Poder Judicial frente a posibles intromisiones ilegítimas del CGPJ, como estableció la reciente STS 394/2020, de 13 de mayo.

Por otra parte, el CGPJ no solo tiene competencias de organización interna y reforzamiento de la independencia de jueces y magistrados, sino que también está investido de funciones ad extra que intervienen en procesos constitucionales no directamente vinculados a su función de gobierno del Poder Judicial.

Entre ellas, las que le otorga la Constitución son: uno, su derecho ser oído en el proceso de nombramiento del Fiscal General del Estado (art. 124.4 CE); y dos, la propuesta a la que se hace referencia en el art. 159 CE de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, como se vio en el curso monográfico sobre este órgano de Estado.

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