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Estado social, Estado democrático, Estado de Derecho

Hemos visto que no cualquier Estado es un Estado de derecho. Es necesario que se cumplan ciertos requisitos formales y materiales. A modo de resumen, podemos citar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se mostraba perentorio al respecto: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

En la primera sección de este curso, se ha visto que para hablar de Estado de Derecho es necesario que se den una serie de requisitos formales: separación de poderes, imperio de la ley y estricta sujeción de los poderes públicos  al principio de legalidad. Sin embargo, estas características, siendo de importancia fundamental, no son condición suficiente para hablar propiamente de un Estado de Derecho. Elías Díaz, al respecto, lo expresó de esta forma:

“Algunas veces, sacándolo totalmente de su contexto, se ha querido aprovechar interesadamente el prestigio de la fórmula ‘imperio de la ley’, sacralizando ésta en pro de la conservación inamovible y la defensa a toda costa de un orden y de una legalidad autoritaria, de una legalidad nada democrática, donde la ley se dicta sin suficiente participación popular, y donde se olvidan las otras exigencias del Estado de Derecho” (Elías Diaz, Estado de Derecho y sociedad democrática, Taurus, p.47).

En efecto, cualquier sociedad tiene, en mayor o menor medida, normas de convivencia. Con lo cual, la adecuación a este conjunto de normas no otorga el calificativo de Estado de Derecho. Para que así sea, como ya indicaba el citado art.16, es necesaria la garantía de los derechos fundamentales. Y, además, la ley debe ser expresión de la voluntad popular y no de un órgano ejecutivo que detente el poder de forma indefinida y sin mandato representativo.

Por otra parte, en el curso se ha visto que, además de las garantías democráticas y los derechos fundamentales, el constitucionalismo del s. XX introduce en su articulado los derechos de segunda generación, es decir, aquellos que tienen como bien jurídico a proteger el bienestar social y material de la ciudadanía. En contraposición a los modelos liberales del s. XIX, que limitaban el Estado a su mínima expresión de garantía formal de derechos fundamentales, en un Estado social y democrático de derecho deben garantizarse políticas públicas tendentes a la realización material de una vida digna.

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