La violencia filio-parental en los complejos tiempos de la COVID 19

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Dr. Alfredo Abadías Selma

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El artículo 39 de la Constitución española reza:

«1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad…».

Si ya per se las relaciones familiares suelen tener una complejidad intrínseca, cuando existe una obligación legal de encierro en los domicilios, las diferencias afloran y las disputas tienden a manifestarse de forma más constante y notoria. Así pues, los padres y madres que tenían hijos con conductas disruptivas consistentes en agredir a los mismos física y/o psicológicamente tuvieron que pasar todo el tiempo de confinamiento soportando situaciones límite, y máxime cuando las estrecheces del hábitat acuciaban juntamente a las limitaciones económicas que se iban acrecentando con un incremento de los datos del desempleo que el Gobierno de España intentaba frenar mediante los ERTE y ayudas a algunos colectivos de autónomos, a cambio de que no cesaran su actividad.

Durante los meses de más duro confinamiento hubo una serie de casos de violencia intrafamiliar ascendiente o violencia filio-parental, en adelante (VFP) que iban apareciendo en los diferentes medios de comunicación.

Al cesar la medida de confinamiento muchos padres y madres acudieron a especialistas de diversas disciplinas para pedir ayuda, y las denuncias por malos tratos en este ámbito ascendieron de forma considerable como demuestran algunos incipientes estudios.

Hacía muchas décadas que las familias españolas no se enfrentaban a una situación de tan grave vulnerabilidad que es preciso que tenga una visibilidad, que se investigue y que se aporten soluciones para que una situación así no se vuelva a repetir.

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (2020, pp. 938-939) se manifiesta literalmente lo siguiente:

«Resulta descorazonador comprobar como esta modalidad delictiva asciende año tras año. En el año 2019 incrementan hasta 5.055 los procedimientos incoados. En el año 2018 se contabilizaron 4.833 asuntos, frente a los 4.665 de 2017 y los 4.355 de 2016».

Es un problema delictivo enquistado en el tejido social desde que comienzan a dispararse sus cifras a partir del año 2005, aproximadamente. Quince años son muchos, pues dan lugar incluso a un cambio generacional. Inquieta –cuando menos– pararse a pensar que quienes en su pubertad maltrataron a sus padres, hoy ya son adultos que se aproximan o han alcanzado la treintena. ¿Qué modelo educativo van a trasladar a sus hijos? Porque, como se ha venido repitiendo en sucesivas memorias, desde la Jurisdicción de Menores y las entidades públicas de reforma se redoblan, cada anualidad, los esfuerzos para hacer frente a esta forma de maltrato, que trae su causa de un modelo de educación y aprendizaje muy deficientes. La explicación de que el problema no cese es que perviven en el tiempo los mismos patrones educativos fracasados y defectuosos. Ya se ha dicho que estos delitos, sorprendentemente, carecen de la repercusión mediática de otros fenómenos delictivos de menor gravedad objetiva. No obstante, en algunos casos se han producido homicidios consumados».

Estamos ante un tipo de menores que agrede a sus ascendientes, a sus padres, abuelos e incluso a sus hermanos imponiendo un estado de terror en el hogar que perturba la paz del mismo a la que todos los componentes tienen derecho. Esta realidad la recoge hace varios años la Fiscalía General del Estado en sus memorias. Nos encontramos ante los menores tiranos que describe Urra Portillo (2006), los que sufren y hacen sufrir el llamado Síndrome del emperador de Garrido Genovés (2011), los que generan amores encontrados y malentendidos entre familiares denominados de forma muy acertada por Pereira Tercero (2011) como la “Patología del amor” que se intrica entre el secreto y la vergüenza.  Todo ello se produce en un entorno sociocultural que Abadías Selma (2016)  denomina “Cultura Touch”, la cultura de la inmediatez, en la que todo, o “casi”, está al alcance de un clic de una pantalla táctil. Un menor lo puede tener todo de forma total y absolutamente inmediata pulsando esa pantalla, para lo bueno y para lo malo.

En la actualidad no existe un tipo penal per se para la VFP y ello no es cuestión pacífica. Entendemos que también se produce cierta inseguridad jurídica, amén de que en las estadísticas oficiales no aparecen datos homogéneos fundamentalmente por esta razón.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990 de 27 de junio, especifica que tratos degradantes son, a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución, nociones graduadas de una misma esencia que en todos sus tramos denotan la causación, sean cuales fueran sus fines, de padecimientos físicos o psíquicos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre o con esa propia intención de doblegar la voluntad humana del sujeto paciente. Esta misma sentencia en su fundamento jurídico octavo define este derecho afirmando que: se protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca de consentimiento de su titular.

Tal y como afirma (Cámara Villar, 2020) los derechos fundamentales tienen un origen inmediato, conteniendo derechos y obligaciones, y no son meros principios programáticos, así pues, no existen más excepciones a este principio de aplicación inmediata que las que pueda imponer la misma Constitución española. Todo y así, es cierto que cuando el derecho es de carácter legal puede suceder que el mandato constitucional no tenga todavía una regulación concreta y solamente se trate de un contenido básico que el poder legislativo tendrá que materializar y desarrollar.

Ad exemplum la STC: 254/1993, de 20 de julio, FJ 6º:

«Es cierto que, como señalamos en esa misma Sentencia, cuando se opera con una  “reserva de configuración legal” es posible que el mandato constitucional no tenga, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido, que ha de verse desarrollado y completado por el legislador. Pero de aquí no puede deducirse sin más (como hace el Abogado del Estado), que los derechos a obtener información ejercitados por el demandante de amparo no forman parte del contenido mínimo que consagra el art. 18 C.E. con eficacia directa, y que debe ser protegido por todos los poderes públicos y, en último término, por este Tribunal a través del recurso de amparo (art. 53 C.E.)».

Por otra parte, entendemos que también quedan afectados principios rectores de la política social y económica, como la protección de la familia, la infancia y la protección integral de los hijos ex art. 39 CE.  Tal y como afirma (Gómez Sánchez, 2020) el Capítulo Tercero de la Constitución española incorpora una serie de obligaciones del Estado respecto de sectores de población y de ámbitos que precisan de un apoyo y promoción, y en este caso sería la familia afectada por la VFP. No podemos olvidar que la familia es el núcleo fundamental primario de nuestra sociedad y elemento esencial para el progreso económico de un país. Si un hijo afecta a la estabilidad de la familia, ello tiene una repercusión social y económica por ejemplo, concretada en bajas laborales de los progenitores cuando se ven desbordados por este tipo de violencia que tiene una vocación de permanencia en el tiempo.

Ello no implica situar en el ámbito del art. 15 CE una suerte de derecho fundamental a la baja laboral o a la prórroga de la licencia por enfermedad, como sostiene el Abogado del Estado, sino admitir que una determinada actuación de la Administración en aplicación del régimen de bajas por lesión o enfermedad excepcionalmente podría comportar, en ciertas circunstancias, un riesgo o daño para la salud del trabajador. En efecto, tal actuación sólo podría reputarse que afecta al ámbito protegido por el art. 15 CE cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse, es decir, cuando se generara un peligro grave y cierto para la salud del afectado. En ese caso, la declaración de lesión de la integridad que se infiera de ese riesgo relevante sólo podrá ser efectuada en esta sede cuando resulte palmaria y manifiesta, pues la relevancia del peligro debe apreciarse con inmediación.

Es preciso que, si vuelve a haber periodos de estricto confinamiento, se proporcionen los recursos necesarios a las familias que padecen la VFP para que los tratamientos no se interrumpan en la medida de lo posible.

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