La cruenta realidad del acoso inmobiliario en España

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Dr. Alfredo Abadias Selma

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De todos es conocida la problemática social existente del fenómeno de la especulación urbanística y los cambios socioeconómicos que se han producido en determinadas zonas de algunas ciudades de España que se han convertido en barrios de alto standing con edificios antiguos en los que habitan en la mayoría de ocasiones, algunas personas de avanzada edad y con recursos económicos escasos. En este contexto, existen intereses económicos muy claros que buscan expulsar a las personas que pagan alquileres muy bajos para conseguir edificios enteros en aras de ser remodelados o bien derruidos para volverlos a poner en circulación en el mercado inmobiliario a precios estratosféricos.

Esta problemática proviene de la España de la postguerra en la que se intentó proteger a los inquilinos frente al pago de alquileres en una situación económica de gran precariedad y miseria, pero con el paso de los años la situación cambió, y los propietarios de los inmuebles que tenían arrendatarios con contratos de rentas muy bajas querían rentabilizar su patrimonio.

Surgen así acosadores que van a presionar a los moradores de viviendas con contratos antiguos, y lo harán con todo tipo de estrategias y sin ningún tipo de escrúpulo para que abandonen su hogar, donde en la mayoría de ocasiones, han vivido toda su vida. Se producen así fenómenos sociales como la Gentrificación, y el Panic peddling, Blockbusting (traducido literalmente como “revientacasas”)  o  Mobbing inmobiliario.

El relator de la ONU Miloon Kothari urgió ya en 2008 a España a adoptar medidas contra la especulación urbanística, pues de de lo contrario, advirtió, que sería imposible aplicar las leyes y compromisos adoptados por el Gobierno central y gobiernos autonómicos para promover el acceso a la vivienda.

Ante el creciente interés de expulsar a cualquier precio a las personas que abonan unos alquileres de renta antigua, y ante los continuos ataques a bienes jurídicos dignos de protección como son la integridad moral, el derecho a una vivienda digna, y en definitiva la libertad, el Derecho penal ha tenido que intervenir de forma creemos que todavía poco decidida, pero que al menos abre una esperanza para el más débil. Esta intervención del Derecho penal en este ámbito ha sido cuestionada en relación al principio de intervención mínima y a la necesidad de acudir a otros órdenes jurisdiccionales de forma previa.

En nuestra legislación penal no existe una definición concreta del acoso inmobiliario o Mobbing, sin embargo, en la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo una serie de conceptos que nos permiten realizar una aproximación a este fenómeno. No podemos olvidar que esta reforma del Código Penal en cuanto a la creación del tipo penal que debe abordar el acoso inmobiliario fue muy cuestionada por la doctrina en relación a si realmente era necesaria, e incluso siendo criticada la técnica legislativa empleada en la tipificación.

La regulación jurídica del Mobbing inmobiliario se encuentra en el Título VII. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. El artículo 173 del Código Penal cuando trata del acoso moral, indica que:

«El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima».

Y ya en el art. 173.1 CP in fine encontramos el acoso inmobiliario o Mobbing inmobiliario:

«Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo   disfrute de la vivienda».

En la práctica forense es complicado que una acción que se fundamente en el artículo 173 del Código Penal tenga el recorrido necesario para castigar el acoso inmobiliario, puesto que el término de “trato degradante” ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversas ocasiones, y para actos extremadamente graves que distan sobremanera de las conductas que constituyen el Mobbing inmobiliario.

Así pues, a tenor del artículo 173.1 del Código penal, la conducta típica y punible consistirá en perpetrar actos hostiles y/o humillantes que tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Ahora bien, de forma paradójica se indica que estos actos no han de llegar a constituir un trato degradante. Entendemos que el hecho de cometer actos hostiles o bien humillantes ya se pueden considerar como trato degradante (salvando distancias con la doctrina del TEDH), y por lo tanto estamos ante un articulado cuanto menos confuso sino contradictorio.

No podemos soslayar que en relación al fenómeno del Mobbing inmobiliario lo que más se invoca en los tribunales es la coacción  del artículo 172 del Código penal que preceptúa:

«También se impondrán en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda».

Si acudimos al delito de coacciones del artículo 172 del Código penal se utiliza un criterio teleológico en tanto en cuanto lo que se persigue ya no es humillar o degradar a la persona, sino impedir el legítimo disfrute de la vivienda como acción típica y punible. Aquí se conculca el libre y legítimo disfrute de la vivienda frente a la vis fisica, moral vel in rebus.

El segundo párrafo del artículo 172.1 del Código penal tiene prevista una agravación del castigo de las coacciones cuando éstas se ejerzan teniendo como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, y el derecho a una vivienda digna no lo es a día de hoy, aunque desde nuestro punto de vista entendemos que sí debería serlo.

En la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea ya se contiene en el artículo 1 que la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida, y en el art. 2 se protege el derecho a la vida, mientras que en el artículo 3 se da cobertura legal a la integridad física y psíquica de la persona. El artículo 4 de este importante instrumento jurídico recoge que nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. El artículo 7 protege de forma explícita que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Todas las violaciones de los artículos expuestos pueden concretarse en multitud de acciones que materializan el acoso inmobiliario, y nuestras administraciones no pueden ignorar que España al formar parte de organismos internacionales como la Unión Europea también está obligada a velar por todos estos derechos de los ciudadanos.

El tercer párrafo del artículo 172.1 del Código penal establece la misma agravación cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Y es aquí cuando el legislador pretendió combatir el llamado acoso inmobiliario o Mobbing inmobiliario que puede concretarse por ejemplo con el corte del suministro del agua para conseguir que quien está viviendo en la finca la abandone. Causar de forma deliberada unos ruidos desmesurados e insoportables pueden también constituir este delito de Mobbing inmobiliario.

A tenor del artículo 172 CP:

«1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código».

En realidad, lo que se está conculcando es la libertad de poder vivir de forma libre, pacíficamente, y decidir en relación al uso del inmueble que se utiliza como vivienda mediante unas coacciones, si bien claro está que no se puede disfrutar de una vivienda sin tener una libertad de obrar, una libertad de decidir tanto activa como omisiva de hacer o no hacer algo.

Según la interpretación del Tribunal Constitucional estamos ante un derecho que vincula a los poderes públicos a planificar las políticas de vivienda[1], sin olvidar el factor social, y es aquí donde entendemos que se debe exigir a las diferentes administraciones una actuación decidida contra el acoso inmobiliario. La Constitución también contiene disposiciones para proteger la “función social” del derecho a la propiedad privada (ex art. 33 CE). Además, el artículo 10 CE preceptúa que:

«Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las obligaciones que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España».

Y en relación a lo dicho, el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea afirma que la Unión Europea combatirá la exclusión social, y sin embargo, este conjunto de países no tiene competencias normativas que respalden realmente esta finalidad de justicia social, y el recurso a los verbos “combatir” y “fomentar” para lograr los propósitos indicados no permite concretar cuál es la verdadera meta de la Unión Europea en cuanto a este ámbito tan sensible se refiere.

En pleno siglo XXI, la España que está en la práctica totalidad de foros internacionales de decisión política, y que es parte de los tratados internacionales de mayor importancia, ha de proteger de forma decidida el derecho del ciudadano español para que disfrute en paz y armonía de una vivienda digna que sea posible mantener con un salario digno sin tener que soportar jornadas de trabajo interminables por sueldos miserables y abusos de posición dominante del empresariado. Acoso laboral y acoso inmobiliario, por lo tanto, convergen en una perversa y compleja situación que es inadmisible en el llamado estado social y democrático de derecho, en la España del denominado también Estado de bienestar.

Quizás sería necesario reflexionar de una vez sobre la naturaleza constitucional del derecho a gozar de una vivienda digna, pues es algo tan básico para el hombre como comer, beber o poder descansar. Poder disfrutar de una vivienda digna entendemos que se trata de un derecho fundamental que tendría que ser protegido mediante el recurso de amparo, pues está íntimamente ligado al derecho a la vida, al principio de igualdad, y a la integridad física y moral, a la dignidad, a la seguridad, e incluso al derecho de protección de la familia que se preceptúa en la Constitución española ex art. 39.

[1] El juego del artículo 149.1.1ª CE en relación con el artículo 47 CE, permite afirmar que este título competencial, de un lado, faculta al Estado para regular las condiciones no ya que establezcan, sino que garanticen la igualdad sustancial de los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, pero, de otro, esta función de garantía básica, en lo que atañe al derecho a disfrutar de una vivienda digna, es la que puede y debe desempeñar el Estado al instrumentar sus competencias sobre las bases y coordinación de la planificación económica del subsector vivienda y sobre las bases de ordenación del crédito (STC 141/2014, de 11-9). La política de vivienda junto a su dimensión estrictamente económica, debe tener un señalado acento social, en atención al principio rector que establece el artículo 47 CE, siendo así que uno y otro aspecto -el económico y el social- se revelan difícilmente separables. Sin embargo, el artículo 47 no constituye por sí mismo un título competencial autónomo en favor del Estado, sino un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos (artículo 53 CE) en el ejercicio de sus respectivas competencias (STC 152/1988, de 20-7).

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