Interior “pasa” de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

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Hoy se ha conocido por la prensa que el Ministerio del Interior, “autoerigido” en intérprete constitucional no sabemos en virtud de qué previsión normativa, afirma que los pisos turísticos no son morada. Esta idea, a priori, es fácil de presentar ante la opinión pública por un doble motivo.

En primer lugar, el propio concepto de pisos turísticos tiene connotaciones negativas, debido a los conflictos sociales que plantean desde el punto de vista de la convivencia y el derecho a una vivienda digna. Y en segundo lugar, el caso específico que ha sido difundido estos días en los medios tampoco se presta a defensión, ya que los ahí reunidos estaban realizando conductas moralmente reprochables y antijurídicas (administrativas, no delitos) en tiempos de pandemia.

Ahora bien, esto no debería hacernos apartar la vista de lo que se nos dice por parte de Interior, pues la afirmación de que los pisos turísticos no son morada entra en contradicción palmaria con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto con su STC 10/2002, de 17 de enero. De acuerdo con esta doctrina, el concepto de domicilio se refiere al lugar “en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima, siendo objeto de protección de este derecho tanto el espacio físico en sí mismo considerado, como lo que en él hay de emanación de la persona y de su esfera privada” (FJ 5).

Y analizando el supuesto concreto de un hotel, que es objeto de la sentencia, el Tribunal concluyó que también es morada, en el sentido de espacio en el que debe protegerse el bien jurídico de la intimidad.

Se llega así a un concepto instrumental de domicilio, concluyendo que “el rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 CE reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea eventual. Ello significa, en primer término, que su destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo” (FJ 7).

Con esta definición es fácil concluir que el arrendamiento de un inmueble para una estancia temporal debe recaer bajo esta categoría.

Otro aspecto que parece desconocer la línea que defiende Interior está relacionada con la idea de flagrancia delictiva. De acuerdo con su versión, el delito cometido es la desobediencia grave ante el requerimiento de abrir la puerta. Si uno se para a pensar en este argumento, puede darse cuenta del disparate que plantea: el delito es flagrante porque la desobediencia se produce in situ, y además esta desobediencia es consecuencia del ejercicio de un derecho fundamental (negarse a abrir la puerta a las autoridades públicas sin resolución judicial). Es decir, los derechos fundamentales acabarían ahí donde la autoridad exige que renuncies a ellos y, al negarte, incurras en flagrancia delictiva por desobediencia. No merece más comentarios.

En este punto, además, de nuevo se desconoce la jurisprudencia al respecto, ya que la flagrancia requiere “evidencia del delito y urgencia en la intervención” (FJ 8, STC 341/1993, de 18 de noviembre). Pero se desconoce también la ley, pues esta doctrina viene recogida por la propia Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana que, en su art. 21, da un concepto normativo de “emergencia”, definiéndola como “aquella situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida por parte de la autoridad”.

En definitiva, que un grupo de ciudadanos o extranjeros que se creen inmortales (y hacen la inmortalidad extensiva a sus familiares) cometan infracciones administrativas y moralmente condenables, no debe echar por tierra la eficacia de la inviolabilidad del domicilio.

XAVI DORADO

  • Coordinador del sitio web Manual Derecho Constitucional.
  • Premio Extraordinario de Licenciatura en Filosofía (Universidad Autónoma de Barcelona, 2011).
  • Actualmente cursa el Grado en Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Es tutor del Máster en Fiscalidad en la UOC y coordinador del Grado en Derecho en ESERP Business & Law School.

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