El estado de alarma y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en tiempos de la pandemia de la COVID 19

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Dr. Alfredo Abadias Selma

En relación al artículo 116 de la Constitución española [1]:

«Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración».

La ley que regula estos estados que preceptúa la Constitución española para situaciones excepcionales es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio [2].

La adopción del Estado de alarma fue decretada el 14 de marzo de 2020 en relación al artículo 4º B de la Ley que acabamos de mencionar, con causa directa de una pandemia mundial decretada por la Organización Mundial de la salud el 11 de marzo, como es la COVID-19.

A tenor del artículo séptimo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio:

«A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad».

Vemos en este artículo que, por delegación del Gobierno de España, la autoridad competente para concretar el estado de alarma en cada comunidad autónoma puede ser el presidente de la misma, y ello ha producido que España se convierta en un verdadero Reino de taifas en el que existe un enorme desconcierto e informaciones contradictorias que cambian con no solamente con los días sino con las horas, en claro perjuicio de la seguridad jurídica que debe gozar la ciudadanía.

En el artículo tercero de esta ley se preceptúa de forma expresa lo siguiente:

«Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

Entrados ya en el año 2021 podemos comprobar que se ha vuelto a decretar el estado de alarma y que la aplicación del mismo, es muy dispar según las comunidades autónomas, y que incluso existen ciudades en las que se aplican limitaciones temporales muy restrictivas que si bien al menos en teoría, han de favorecer a la mejoría de la salud de la ciudadanía. Lo que sí está claro es que se está dañando de forma contundente al ya de por sí precario mercado laboral español y al tejido empresarial, que fundamentalmente está constituido de pequeñas y medianas empresas.

¿Se aplicará la indemnización de la que se habla en este artículo tercero?, pues ya son miles las empresas que han tenido que cesar en su actividad o acogerse a los ERTE, y existen miles y miles de trabajadores que pasan los meses y no perciben sus salarios.

En todos los países modernos se tiene en cuenta la responsabilidad patrimonial de la administración pública, y esta responsabilidad puede estar fuera de contrato alguno, por lo que es objetiva y directa. Esto significa que no surge de ningún contrato, sino del hecho de que el Gobierno hace algo (o no hace algo) y de que sus acciones nos han causado daño o perjuicio. Este tipo de responsabilidad ha de tener unas características básicas: consistir en un comportamiento antijurídico, o sea, que el ciudadano no tenga la obligación de soportar; que no provenga de una causa de fuerza mayor; que sea efectivo, es decir, real y tangible; que sea evaluable, es decir, cuantificable; y que sea también individualizable, es decir, referido a una persona (física o jurídica) concreta.

La Constitución española de 1978 consagra con carácter general la responsabilidad de los poderes públicos en su artículo 9 y regula específicamente la responsabilidad de la administración pública, ya sea de los jueces y tribunales de Justicia.

La primera de las responsabilidades está regulada en el artículo 106.2 de la Constitución española que indica:

«los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

En relación al artículo 149.1.18 de la Constitución española es competencia estatal la cuestión de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Actualmente esta responsabilidad de las administraciones está regulada en el capítulo cuarto del título preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y en cuanto a los aspectos procedimentales hemos de acudir a la ley 39/2015, de 1 de octubre. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No podemos olvidar que la ley prevé la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ya sea procedente del poder legislativo, judicial y también del Tribunal Constitucional.

En estos tiempos de pandemia, la sociedad española está sufriendo sobremanera, y algunas de las causas pueden proceder de un anormal funcionamiento de las administraciones públicas, hecho que puede conllevar miles de reclamaciones por cuestiones como por ejemplo, el fallecimiento de ancianos en las residencias de la tercera edad, la falta de equipos de protección para los sanitarios, la falta de personal en los centros hospitalarios, la falta de prevención cuando la administración ha autorizado reuniones multitudinarias ad exemplum de partidos políticos, compras de equipos de protección individual deficientes, etc.

Lo que parece estar muy claro es que si la situación continúa y los ciudadanos se deciden a reclamarla esta responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, es muy posible que las arcas públicas no puedan hacer frente económicamente a la ingente cantidad de indemnizaciones que debería de abonar.

Desde luego que no se trata de alentar masivamente a la población para que reclame contra las diferentes administraciones, pero hay realidades que no se pueden soslayar, como es que más del 70% de fallecidos en esta pandemia son personas de avanzada edad y que vivían en residencias en las que han terminado sus días en la más estricta soledad.

En estos tiempos para el olvido, han surgido una serie de ciudadanos que todavía se han convertido en más vulnerables de lo que lo eran antes de la pandemia, como son: las personas de avanzada edad, las madres que conviven con sus hijos educando solas, las mujeres que son víctimas de la violencia de género, las familias que sufren la violencia filio-parental en el más estricto confinamiento (teniendo que interrumpirse todas las terapias de sus hijos), los presos que han visto cómo se han cancelado todos sus permisos y visitas (con el sufrimiento que ello está suponiendo también para las familias), las personas ingresadas en centros de salud mental (que también han visto suprimidas todas las visitas y permisos de salida), los jóvenes a los que les ha sido prácticamente imposible encontrar trabajo a no ser que lo hicieran como mensajeros con salarios miserables y contratos laborales por cuenta ajena simulados (pues en realidad eran falsos autónomos, como ya se ha pronunciado la justicia), los trabajadores con contratos precarios que están viendo como pasan los meses y no cobran los ERTE porque el SEPE está literalmente colapsado [3], etc. Y los ciudadanos han de reaccionar y reclamar cuando se deba, pues rige el principio de nemo iudex sine actore [4], que nos indica que no podrá haber procedimiento si no hay una reclamación contra la administración.

Un estado social y democrático de derecho y llamado también de bienestar, como es el Estado español, no puede abandonar a sus ciudadanos en estos momentos tan decisivos y tan duros, ha de salvaguardar como mínimo los derechos fundamentales de todos los españoles que están contenidos entre los artículos 14 a 29 de la Constitución española en su Título I.  

Por el momento, la Unión Europea ya ha anunciado un paquete de ayudas económicas directas que supone diez veces el importe del Plan Marshall [5] que se implementó después de la Segunda Guerra mundial para rehacer al viejo continente. Esperemos que estas ayudas lleguen pronto y lleguen a la gente más necesitada, pues ya vamos hacia la tercera ola de esta pandemia con la incertidumbre de una serie de vacunas que no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo de inmunidad nos dispensa.

[1] Apartado 1: ver arts. 117 y 118 CE; LOPJ; Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; LO 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales; LPAC y LRJSP. Apartado 2: ver arts. 32 y ss. LRJSP. La actividad legislativa queda fuera de las previsiones del artículo 106.2 CE referentes al funcionamiento de los servicios públicos, concepto éste en que no cabe comprender la función del Legislador (SSTC 127/1987, de 16-7; 70/1988, de 19-4; 65/1990, de 5-4; 66/1990, de 5-4; y 67/1990, de 5-4).

 

[2] «BOE» núm. 134, de 05/06/1981.

 

[3] Vid. ad exemplum MATEOS MAGARIÑO, N.: «El SEPE sigue colapsado en el nuevo año: hasta dos meses de retraso en el cobro de los ERTE», en Ok Diario, 5 de enero de 2021. Disponible en este enlace, fecha de última consulta: 10 de enero de 2021.

 

[4] Este elemento configurador de la Justicia administrativa debe conectarse a su vez con los pronunciamientos que ha hecho el TC en cuanto a la necesidad de preservar la eficacia del mandato constitucional del artículo 106.1 CE, garantizando el control judicial de la actividad administrativa, con sujeción plena de ésta a la ley y al Derecho (artículo 103 CE), sin permitir zonas de inmunidad de jurisdicción (SSTC 294/1994, de 7-11; 177/2011, de 8-11; 20/2012, de 16-2; 203/2013, de 5-12).

 

[5] VID. SERBETO, E.: «Cumbre histórica: España contará con 140.000 millones, 72.700 en ayudas directas», en ABC, disponible en este enlace, Fecha de última consulta: 9 de enero de 2021. « España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo para los próximos seis años, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, según ha anunciado el presidente del Gobierno».

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