Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 422.

 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

 

VICKY HERNÁNDEZ Y OTRAS VS. HONDURAS

 

 

SENTENCIA DE 26 DE MARZO DE 2021

 

(Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

En el Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez; presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

 

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

 

CASO VICKY HERNÁNDEZ Y OTRAS VS. HONDURAS

 

Tabla de Contenido

 

  1. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA……………………………….. 4
  2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE…………………………………………………………………………… 5
  1. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD…………………………………………………………….. 8
    1. Reconocimiento por parte del Estado, observaciones de las representantes y la Comisión…………………………………………………………………………………………. 8
    2. Consideraciones de la Corte……………………………………………………………… 8
    3. PRUEBA……………………………………………………………………………………………………………….. 10
    4. HECHOS……………………………………………………………………………………………………………… 11
      1. Contexto…………………………………………………………………………………… 11
      2. Sobre Vicky Hernández y su muerte…………………………………………………… 15
      3. Investigaciones por la muerte de Vicky Hernández…………………………………. 17

F.1 Daño material…………………………………………………………………………… 51

F.2. Daño inmaterial………………………………………………………………………… 51

  1. Costas y gastos…………………………………………………………………………… 52
  2. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados………………………………… 53
  1. PUNTOS RESOLUTIVOS……………………………………………………………………………………….. 54

 

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

 

  1. El caso sometido a la Corte. – El 30 de abril de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso “Vicky Hernández y familia” respecto de la República de Honduras (en adelante “el Estado”, “el Estado hondureño” u “Honduras”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, la controversia se relaciona con la muerte de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, mientras estaba vigente un toque de queda. Además, la Comisión indicó que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes; por una parte, en un contexto de violencia y discriminación contra personas LGBTI en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el contexto del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de La Comisión consideró, tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, que existían suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández y que, considerando las características del caso, lo sucedido a Vicky Hernández constituyó un supuesto de violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género. Finalmente, la Comisión sostuvo que el Estado hondureño no investigó adecuadamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable los hechos del caso, los cuales se encuentran en impunidad1.

 

  1. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:
    1. Petición. – El 23 de diciembre de 2012, la Comisión recibió una petición presentada por la Red Lésbica “CATTRACHAS” Organización Lésbica Feminista de Honduras y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres2 (en adelante “los peticionarios”) en contra de
    2. Informe de Admisibilidad. – El 6 de diciembre de 2016, la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 64/16.
    3. Informe de Fondo. – El 7 de diciembre de 2018 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 157/18, conforme al artículo 50 de la Convención (en adelante “Informe de Fondo” o “Informe No. 157/18”), en el cual llegó a una serie de conclusiones3 y formuló varias recomendaciones al
    4. Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 30 de enero de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las El Estado solicitó un plazo adicional para informar, el cual fue otorgado
 
  

 

1           Las familiares de Vicky Hernández que figuran como presuntas víctimas en el Informe de Fondo son su madre Rosa Argelia Hernández Martínez, su hermana Merelin Tatiana Rápalo Hernández, y su sobrina Argelia Johana Reyes Ríos.

2           Mediante escrito de 30 de marzo de 2015, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres renunció a la representación en el presente caso. Con posterioridad, el Robert F. Kennedy Human Rights se incorporó como co- peticionario.

3           Concluyó que Honduras era responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, derecho a la honra y dignidad, libertad de expresión, derecho a la igualdad y no discriminación, protección judicial, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 11, 13, 24 y 25.1 de la Convención en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de dicho instrumento. Adicionalmente, la Comisión solicitó que se declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

 

por la Comisión, sin embargo, el Estado no presentó su informe ni una nueva solicitud de prórroga.

  1. Sometimiento a la – El 30 de abril de 2019 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y supuestas violaciones de derechos humanos descritas en el Informe de Fondo “ante la necesidad de obtención de justicia y reparación”. Solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional de Honduras por la violación a los derechos indicados en las conclusiones del referido informe. Adicionalmente solicitó que se dispongan determinadas medidas de reparación (infra Capítulo VIII). Este Tribunal nota que, entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte, transcurrieron seis años y cuatro meses.

 

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. Notificación al Estado y a las representantes4. – El sometimiento del caso fue notificado a las representantes y al Estado el 29 de mayo de
  2. Escrito de solicitudes, argumentos y – El 25 de julio de 2019, las representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos” o “ESAP”), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte. Las representantes coincidieron con lo alegado por la Comisión, y adicionalmente solicitaron que se declare que el Estado violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre, del mismo modo solicitó que se ordenara al Estado adoptar diversas medidas de reparación, y el reintegro de costas y gastos.
  3. Escrito de contestación5. – El 23 de octubre de 2019, el Estado presentó su escrito de contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación” o “escrito de contestación”). En dicho escrito, el Estado se opuso a las violaciones alegadas y a las medidas de reparación solicitadas. Solicitó que se declaren infundadas las pretensiones de la Comisión y que se disponga que el Estado no es responsable por las violaciones señaladas en el Informe de
  4. Audiencia pública. – Mediante la Resolución de 1 de septiembre de 20206, la Presidenta de la Corte convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública que fue celebrada los días 11 y 12 de noviembre de 2020, durante el 138º Período Ordinario de Sesiones de la Corte, la cual tuvo lugar por medio de una plataforma de videoconferencia7. En el marco de dicha audiencia, el Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad (infra Capítulo IV).
  5. Amici Curiae. – El Tribunal recibió 18 escritos de amicus curiae presentados por: 1) Parlamentarios para la Acción Global8; 2) María Helena Luna Hernández9; 3) Servicio
 
  

4           Las organizaciones que representan a las presuntas víctimas son la Red Lésbica Catracha Organización Lésbica Feminista de Honduras y el Robert F. Kennedy Human Rights.

5           El Estado designó como Agentes a Lidia Estela Cardona Padilla y Jacobo Cálix.

6           Cfr. Caso Vicky Hernández y otros Vs. Honduras. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2020.

7           A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Joel Hernández García, Flávia Piovesan, Marisol Blanchard, Jorge Meza Flores; b) por las representantes: Indyra Mendoza Aguilar, Angelita Baeyens, Astrid Ramos, Nadia Mejía, Kacey Mordecai, y c) por el Estado de Honduras: Lidia Estela Cardona Padilla, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Nelson Gerardo Molina, Olbin Antonio Mejía Cambar, Manuel Edgardo Torres Rivera.

8           El escrito fue firmado por David Donat Cattin. El escrito describe la situación de las personas LGBTI en el mundo, y se refiere a la Jurisprudencia regional e internacional sobre identidad de género.

 

Internacional para los Derechos Humanos10; 4) José Benjamín González Mauricio11; 5) Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos12; 6) Human Rights Watch13; 7) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)14; 8) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras y Equipo Jurídico por los Derechos Humanos15; 9) Coalición LGBTTTI de América Latina y el Caribe16; 10) Fundación Pakta de Ecuador17; 11) Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara18; 12) Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –

 

 
  

9           El escrito se refiere a una propuesta de tipificación penal del Transfemicidio en el Código Penal de la República Honduras. Además, aborda el tema del Femicidio y Transfemicidio, y el contenido de la violencia.

10     El escrito fue firmado por Theresa McEvoy y se refiere a la condición y al trato de los defensores de los derechos humanos que defienden los derechos de las personas LGBTI en Honduras, así como a los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

11   El escrito se refiere a los crímenes de odio cometidos hacia la población de la diversidad sexual en América Latina y el Caribe. Describe un marco teórico sobre los crímenes de odio y aborda un marco comparativo bajo la apreciación en México.

12        El escrito fue firmado por Michelle Bachelet y se refiere a: a) la prevención, eliminación, investigación, sanción y reparación de la violencia en contra de las mujeres trans basada en su expresión o identidad de género lo cual hace parte del deber de debida diligencia para abordar la violencia basada en el género, y b) la protección, respeto y garantía de los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Lo anterior implica que el deber de debida diligencia para prevenir, eliminar, investigar, sancionar y reparar la violencia por la expresión o identidad de género incluye obligaciones específicas de atender la discriminación interseccional.

13 El escrito fue firmado por Aisling Reidy y se refiere: a) a la obligación de un Estado parte en la Convención Americana de llevar adelante investigaciones efectivas de los ataques fatales o letales en virtud de la protección del derecho a la vida conforme al artículo 4(1); b) a la necesidad de que la Corte armonice su jurisprudencia con la del Tribunal Europeo, aclarando que el hecho de no llevar a cabo una investigación efectiva puede dar lugar a una violación distinta conforme al artículo 4, independiente de las violaciones sustantivas del derecho a la vida o a un juicio con las debidas garantías o a protección judicial; c) la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva en virtud del derecho a la vida. Ello incluye la obligación de investigar y develar si un acto violento fue motivado por discriminación contra personas LGBTI, y d) al deber de investigar las motivaciones homofóbicas lo cual es particularmente importante en un país como Honduras donde las autoridades no llevan adelante investigaciones efectivas en circunstancias que ponen en riesgo la vida de las personas LGBTI.

14 El escrito fue firmado por Bertha Oliva de Nativi y se refiere al contexto del golpe de Estado de 2009 en Honduras, al estado de excepción, y a la situación de los derechos humanos.

15 El escrito fue firmado por Joaquín A. Mejía Rivera y Claudia Herrmannsdorfer y se refiere a: a) generalidades sobre las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras en virtud de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y b) la obligación de investigar “a la luz de la debida diligencia”.

16 El escrito fue firmado por Mirta Moragas Mereles, Fanny C. Gómez Lugo, Jackson Cochran, Natasha Mighell, Marcela Sánchez Buitrago, Juan Felipe Rivera Osorio, Alejandro Barreiro Jaramillo, y Daniela Díaz Villamil y se refiere a: a) la responsabilidad de Honduras por la violación del derecho a la vida de Vicky Hernández en virtud del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 3 y 7 de la Convención de Belém do Pará; b) la violación a la libertad de expresión de Vicky Hernández en virtud del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y c) las medidas de reparación.

17   El escrito fue firmado por Mateo Ruales, Gustavo Silva, Diego Corral, Christian Paula Aguirre, y Seyeden Sougand Hessamzadeh y se refiere: a) a la discriminación estructural por identidad de género y las Américas y en Honduras; b) al derrocamiento y al estado de excepción en Honduras; c) a las personas trans en su dimensión sociológica; d) al transfeminicidio en su dimensión jurídica; e) al transfeminicidio como una grave violación de los derechos humanos; f) al transfeminicidio como delito de lesa humanidad o contra la humanidad; g) a los estándares de la justicia transicional en Honduras aplicables a la población LGBTI, y h) a sugerencias de medidas de reparación integral.

18     El escrito fue firmado por Francisco J. Rivera Juaristi y se refiere a: a) la falta de protección por parte del Estado a Vicky Hernández como mujer transgénero y trabajadora sexual en violación de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, igualdad de protección y a una vida libre de violencia de género reconocidos en los artículos 4, 5, 13 y 24 de la Convención Americana y 7 de la Convención de Belém do Pará, y b) la falta al deber de investigar la muerte de Vicky Hernández por parte del Estado violando su derecho al acceso a la justicia reconocido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y 7 de la Convención de Belém do Pará.

 

Dejusticia19; 13) Colombia Diversa20; 14) Equis Justicia para las Mujeres, A. C., y Casa de las Muñecas Tiresias, A. C21; 15) ODRI, Oficina de Derechos Interseccionales22; 16) Abogados sin fronteras Canadá23; 17) RedTraSex24, y 18) Pedro DiPietro25.

  1. Medidas Provisionales. – Mediante Resolución de 12 de noviembre de 202026, la Corte requirió al Estado la adopción de todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de las familiares de Vicky Hernández, así como de los integrantes de la organización Red Lésbica “Cattrachas”27.
  2. Alegatos y observaciones finales – El 14 de diciembre de 2020, las partes y la Comisión presentaron sus escritos de alegatos finales escritos y de observaciones finales escritas, respectivamente.
  3. Prueba para mejor resolver. – El 29 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, se solicitó al Estado que presente prueba para mejor resolver la cual fue recibida el día 11 de febrero de 2021.
  4. Deliberación del presente – La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 24 de marzo de 202128.

 

 

 

19 El escrito fue firmado por Mauricio Albarracín Caballero, Mariluz Barragán González, Nina Chaparro González, Sindy Castro Herrera y Santiago Carvajal Casas y se refiere a: a) una presentación de Vicky Hernández como una mujer trans y activista LGBTI que fue asesinada producto de la violencia por prejuicio existente en Honduras; b) las obligaciones de los Estados respecto de la garantía de los derechos de las mujeres trans conforme a la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará; c) los impactos del asesinato de una activista LGBTI en su comunidad, y d) las organizaciones de derechos LGBTI a la que pertenecen las víctimas de crímenes por prejuicio que deben ser beneficiarias de la reparación adoptada por la Corte IDH.

20    El escrito fue firmado por Marcela Sánchez Buitrago, Juan Felipe Rivera Osorio, María Daniela Díaz Villamil, María Susana Peralta, Gustavo Adolfo Pérez, María Mercedes Gómez Acosta, y Alberto Sánchez Galeano y se refiere a: a) la violencia por prejuicio contra personas LGBTI, y b) al deber de debida diligencia reforzada y la sistematicidad de la violencia por prejuicio contra mujeres trans en el caso de Vicky Hernández.

21 El escrito fue firmado por Ana Hadzi Pecova, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, Amaranta Viridiana Valgañon Salazar, Gerardo Contreras Rubalcava, Luis Alberto Muñoz López, y Leslie Idalia Jiménez Urzua y se refiere: a) la violencia institucional contra la población LGBTI en los procesos de acceso a la justicia en la región: contexto histórico, social y jurídico; b) la violencia y discriminación institucional ejercida en contra de las mujeres trans en los procesos de acceso a la justicia en casos de crímenes por prejuicio cometidos en el contexto del golpe de Estado de Honduras, y c) al reconocimiento de las interseccionalidades y la perspectiva de género en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

22          El escrito fue firmado por Regina Pajares Carrillo y se refiere a los estándares internacionales sobre violencia por prejuicio en personas trans.

23 El escrito fue firmado por Pascal Paradis y se refiere: a) al contexto en el que se produce la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, y b) a los estándares en torno a los estados de emergencia.

24       El escrito fue firmado por Elena Reynaga, Regina Barahona y Fanny Cata Gómez Lugo y se refiere: a) al marco normativo de trabajo sexual en Honduras; b) a la violencia contra trabajadoras sexuales en Honduras, y c) a la falta de investigación y a la impunidad.

25 El escrito se refiere a las raíces socioculturales, históricas, y antropológicas de la violencia transfeminicida aplicada al caso de Vicky Hernández.

26 Cfr. Caso Vicky Hernández y otros Vs. Honduras. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de noviembre de 2020.

27       La solicitud de medidas provisionales había sido presentada durante el desarrollo de la audiencia pública del presente caso por parte de las representantes de las presuntas víctimas.

28    Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 140 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

 

III COMPETENCIA

 

  1. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo
    • de la Convención ya que Honduras es Estado Parte de la Convención desde el 8 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal el 9 de septiembre de

 

IV

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

 

A.     Reconocimiento por parte del Estado, observaciones de las representantes y la Comisión

 

  1. Durante la audiencia pública, el Estado indicó que “bajo el principio de buena fe reconoc[ía] los derechos establecidos en la Convención Americana y formaliza[ba] […] un allanamiento parcial por cuanto en su momento no se hizo la investigación en el año 2009 en el caso […], en consecuencia, no hará pronunciamiento contencioso de los mismos”. En sus alegatos finales, el Estado indicó que “de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de la Corte […], el Estado de Honduras actuando bajo el principio de la buena fe, ha presentado un allanamiento parcial específicamente a los alegatos referentes a la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención; reconociendo así, que en el momento que ocurrió el lamentable hecho, no se efectuó la debida investigación de parte de los entes encargados sobre los hechos ilícitos y lograr esclarecer la muerte de Vicky Hernández”.
  2. Por su parte, las representantes resaltaron la contradicción en la que incurriría el Estado al basar su rechazo categórico a la posible participación de agentes estatales en la muerte de Vicky en la investigación que al mismo tiempo reconoce que no se llevó a cabo de acuerdo a los estándares interamericanos. Agregaron que hay elementos suficientes para presumir que en el caso de Vicky Hernández se configuró una muerte ilícita a manos de agentes estatales y que la carga de la prueba al respecto debe invertirse y recaer en el Añadieron que, al aceptar su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la protección y garantías judiciales reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, el Estado de Honduras está admitiendo tácitamente que no investigó adecuadamente la posible participación de agentes estatales en el hecho de la muerte de Vicky Hernández. La Comisión mencionó durante la audiencia pública que “valora[ba] la manifestación de allanamiento parcial del Estado porque esto contribuye positivamente a la obtención de justicia para Vicky Hernández”, pero indicó que, sin perjuicio de ello, “el Estado no ha abordado otras violaciones de derechos humanos que han sido caracterizadas en el informe de fondo […] como […], la falta de debida diligencia incluyendo también las violaciones referidas a la Convención de Belém do Pará”.

 

B.     Consideraciones de la Corte

 

  1. De conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público internacional, incumbe a este Tribunal velar porque los actos de reconocimiento de responsabilidad resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema

 

interamericano29. A continuación, el Tribunal analizará la situación planteada en este caso en concreto.

 

  • En cuanto a los hechos

 

  1. A la luz del reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte concluye que ha cesado la controversia sobre los hechos relacionados con la investigación para esclarecer la muerte de Vicky Hernández.
  2. Por otra parte, subsiste la controversia respecto de los hechos que llevaron a la muerte de Vicky Hernández, así como aquellos que se refieren a la alegada discriminación basada en prejuicios contra personas LGBTI por parte de las autoridades hondureñas encargadas de conducir la investigación.

 

  • En cuanto a las pretensiones de derecho

 

  1. Este Tribunal considera que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones de derecho de la Comisión y de las representantes respecto a la vulneración a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo cuerpo normativo, específicamente en relación con la investigación sobre la muerte de Vicky Hernández, en perjuicio de sus familiares30.
  2. Por otra parte, este Tribunal constata que el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado no se refiere a la alegada vulneración al artículo 7 b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también “Convención de Belém do Pará”) en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández por las investigaciones relacionadas con su En consecuencia, la controversia sigue abierta con respecto a la alegada vulneración a dicha Convención en el marco de las investigaciones sobre su muerte.
  3. Del mismo modo, la Corte estima que se mantiene la controversia respecto de:
  4. la alegada vulneración a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación, y a una vida
  5. libre de violencia (Artículos 4.1, 5.1, 11, 13, 24 y 1.1 de la Convención Americana y 7 a) y b) de la Convención de Belém do Pará) en perjuicio de Vicky Hernández;
  6. la alegada vulneración al derecho a la identidad de género, a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la vida privada, a la libertad de expresión, y al nombre (Artículos 3, 11, 13, 18, 24 y 1.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1, 2 y 24 del mismo instrumento), en perjuicio de Vicky Hernández, y
  7. la alegada vulneración del derecho a la integridad personal (Artículo 1 de la Convención Americana) en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández.

 

 

 

 

29 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 17, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411, párr. 19.

30          Estas personas aparecen mencionadas en la nota al pie de página número 1.

 

  • En cuanto a las reparaciones

 

  1. Finalmente, con respecto a las reparaciones, corresponde a esta Corte entrar a analizar las reparaciones solicitadas por la Comisión y las representantes en tanto el Estado no las aceptó de forma

 

  • Valoración del reconocimiento de responsabilidad

 

  1. El reconocimiento efectuado por el Estado constituye una aceptación parcial de los hechos y un reconocimiento parcial de las violaciones alegadas. Este Tribunal estima que constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención, así como a las necesidades de reparación de las víctimas31. El reconocimiento efectuado por el Estado produce plenos efectos jurídicos de acuerdo a los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte ya mencionados y tiene un alto valor simbólico en aras de que no se repitan hechos similares. Adicionalmente, la Corte advierte que el reconocimiento de hechos y violaciones puntuales y específicos puede tener efectos y consecuencias en el análisis que haga este Tribunal sobre los demás hechos y violaciones alegados, en la medida en que todos forman parte de un mismo conjunto de circunstancias32.
  2. La Corte examinará la procedencia y alcance de las violaciones invocadas por la Comisión, y por las representantes en forma autónoma, sobre las que subsiste la Finalmente, el Tribunal se pronunciará sobre la controversia subsistente en torno a las reparaciones solicitadas por la Comisión y las representantes.

 

V PRUEBA

 

  1. El Tribunal admite los documentos presentados en la debida oportunidad procesal por las partes y la Comisión (artículo 57 del Reglamento), cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada, ni cuya autenticidad fue puesta en duda33. Asimismo, la Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas en audiencia pública y ante fedatario público34, en cuanto se ajusten al objeto definido por la Resolución que ordenó recibirlos y al objeto del presente caso35. Además, la Corte acepta la documentación presentada por las

 

 

 

 
  

31          Cfr. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 57, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, supra, párr. 20.

32    Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 27, y Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404, párr. 44.

33     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Cordero Bernal Vs. Perú. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Serie C No. 421, párr. 29.

34        Se recibieron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit) de dos (2) presuntas víctimas y un

(1) perito propuesto por las representantes.

35           Las mismas fueron presentadas por: Marlene Wayar, Claudia Dayanara Spellmant Sosa, Édgar Fernando Pérez Archila, Merelin Tatiana Rápalo Hernández y Rosa Argelia Hernández Martínez, propuestos por las representantes, y Carlos J. Zelada, propuesto por la Comisión. Los objetos de las declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución de la Presidenta de la Corte de 1 de septiembre de 2020.

 

representantes junto con sus alegatos finales escritos y los comprobantes relacionados con el litigio del caso ante esta Corte36.

  1. Por otra parte, las representantes remitieron un oficio de la Subdirección General de la Fiscalía del Ministerio Público sobre las investigaciones en curso de 28 de septiembre de 202037. Asimismo, el 23 de enero de 2021, enviaron información sobre hechos recientes que serían “ilustrativos del ambiente cada vez más hostil que est[aría] siendo promovido por distintas ramas del Estado de Honduras para el pleno goce de los derechos humanos de las personas LGBTI” y adjuntaron soportes documentales38. Esta Corte admite esta documentación porque la misma se refiere a hechos supervinientes.
  2. Por último, esta Corte admite la prueba solicitada de conformidad con el artículo 58 del Reglamento el 29 de enero de 202139. En esa oportunidad se solicitó al Estado que suministre información sobre todas las situaciones de violencia que culminaron con la muerte de una o más personas que se hayan producido entre los días 25 de junio y 1 de septiembre de 2009, en Honduras y en particular en la ciudad de San Pedro

 

VI HECHOS

 

  1. En este capítulo, la Corte establecerá los hechos que se tendrán por probados en el presente caso, con base en el reconocimiento de responsabilidad, el acervo probatorio que ha sido admitido y según el marco fáctico establecido del Informe de Fondo. Además, se incluirán los hechos expuestos por las partes que permitan explicar, aclarar o desestimar ese marco fáctico40. A continuación, se exponen los hechos de acuerdo al siguiente orden: a) Contexto; b) Sobre Vicky Hernández y su muerte, y c) Investigaciones por la muerte de Vicky Hernández.

 

A.     Contexto

 

  1. Los hechos del presente caso tuvieron lugar en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, en especial contra las mujeres trans, y en el marco del golpe de Estado de 28 de junio de 2009 en Honduras durante el cual se decretó un toque de

 

 

36 Estos documentos son: Comprobantes de Pago viaje a San Pedro Sula del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020; Comprobantes de Pago viaje a Tegucigalpa 10-12 de noviembre de 2020; Comprobantes de pago a la psicóloga; Comprobante de gastos de equipo tecnológico para la participación en la audiencia, y Comprobante de pago de gastos notariales para declaraciones juradas

37 Cfr. Oficio DGF N. 452-2020 de fecha 28 de septiembre de 2020 y el Oficio DGF N. 496-2020 de fecha 5 de octubre de 2020, Subdirección General de Fiscalía (expediente de prueba, folios 1601 a 1609).

38        Estos documentos son: a) propuesta de reforma constitucional sobre la prohibición del aborto, b) dictamen en relación al proyecto de decreto de reforma al artículo 67 de la Constitución de Honduras, c) solicitud de la organización Cattrachas a la Secretaría de derechos humanos, d) dictamen que la misma secretaría de derechos humanos envió al Congreso Nacional, y e) el decreto 192/2020 que recoge dicha enmienda y que está previsto para ratificación constitucional en la próxima legislatura. Cfr. Expediente de prueba (folios 1610 a 1629).

39        Los documentos remitidos por el Estado son: a) una tabla excel con los datos sobre homicidios ocurridos en San Pedro Sula entre 25 de junio de 2009 y 31 de agosto de 2009, b) el oficio OFICIO 013-2021-IUDPAS del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), y c) Oficio-262-2021 de la Secretaría de Seguridad. Cfr. Expediente de prueba (folios 1630 a 1651).

40   Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 153, y Caso Noguera y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2020, párr. 33.

 

  • El contexto de violencia contra personas LGBTI

 

  1. En la época en la cual tuvo lugar la muerte de Vicky Hernández, existía un contexto general de discriminación y violencia contra personas LGBTI en Honduras41. Sobre el particular, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas señaló que la persistencia de actos de violencia en contra de las personas LGBTI desde el golpe de Estado en Honduras podrían corresponder a crímenes motivados por prejuicios, primordialmente provenientes de agentes policiales y guardias privados de seguridad42. Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras describió que el golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes, acrecentando la vulnerabilidad de las víctimas43.
  2. En ese mismo sentido, el perito Carlos Zelada indicó ante esta Corte que en Honduras existe un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI que se remonta al menos al año 1994. Asimismo, se refirió a un contexto de violencia y de homicidios contra mujeres trans. Informó, en particular, que la mayoría de mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años de edad y son particularmente vulnerables a la violencia por parte de fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de hacer cumplir la Recordó que, de 2002 a 2018, varios informes de Naciones Unidas han dejado constancia de ese contexto de violencia contra las personas LGBTI en Honduras44. Expuso que este contexto presenta tres momentos o períodos que deben ser leídos como parte de un todo. Indicó que se podía distinguir un primer período que va de 1994 a mayo de 2009 que se caracterizó por el asesinato de al menos 11 hombres gays y de 9 personas trans. Informó que, en esa etapa, se pudo constatar que: (i) las mujeres trans trabajadoras sexuales eran víctimas frecuentes de episodios de violencia letal y no letal; (ii) las denuncias de estos episodios de violencia involucraban mayormente a agentes policiales, y (iii) existía una percepción de impunidad que desalentaba la interposición de denuncias, por lo que cabe asumir que existía un sub- registro y una falta de visibilidad de otros eventos violentos contra la población LGBTI
 
  

41 Cfr. Naciones Unidas, Asamblea General, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Honduras, A/HRC/16/10, 4 de enero de 2011; Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/17/28/Add.1, 27 de mayo de 2011, y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género A/HRC/19/41, 17 noviembre 2011, párr. 24.

42         Cfr. Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Addendum: Misión a Honduras, A/HRC/22/47/Add.1. 13 de diciembre de 2012, párr. 90.

43      Cfr. Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. A/HRC/13/66, Consejo de Derechos Humanos, 13º período de sesiones, 3 de marzo de 2010, Tema 4 de la agenda, Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo, párrafos 77 y 81.

44     Hizo referencia a los siguientes informes y documentos de Naciones Unidas: Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Misión a Honduras E/CN.4/2003/3/Add.2, 14 de junio de 2002, párr. 68; Informe provisional a la Asamblea General, A/57/138, 2 de julio de 2002, párr 38; Comisión de Derechos Humanos, Relatora sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, E/CN.4/2005/72/Add.1, 18 marzo 2005, párrs. 172 a 180; Relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, E/CN.4/2005/62/Add.1, 30 marzo 2005; párrs. 711 a 718; Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/17/28/Add.1, 27 de mayo de 2011; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género A/HRC/19/41, 17 noviembre 2011, párr. 24; Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Misión a Honduras A/HRC/22/47/Add.1, 13 diciembre 2012, párrs. 64, 90, 91 y 113; Relatora sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Misión a Honduras A/HRC/29/27/Add.1, 31 marzo 2015, párr. 17; Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Misión a Honduras A/HRC/35/23/Add.1, 11 abril 2017, párrs. 33, 34, 44-47, 117.d y 118.a, y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en Honduras A/HRC/37/3/Add.2, 20 marzo 2018, párr. 58.

 

hondureña en el mismo período. Por otra parte, el perito hizo referencia a una segunda etapa que se extiende de junio de 2009 a enero de 2010, y a una tercera que se extiende de febrero de 2010 a la actualidad45. La muerte de Vicky Hernández se produjo al inicio de la segunda etapa descripta por el perito.

  1. El perito explicó que la segunda etapa tiene como telón de fondo el escenario del golpe de Estado (28 de junio de 2009 – 27 de enero de 2010). Del mismo modo, en esa época se verificó además una exacerbación de los actos de violencia letal contra las personas LGBTI en Honduras que confirma -esta vez con un registro más sistematizado que durante la etapa anterior- el particular peligro que las mujeres trans trabajadoras sexuales venían afrontando desde los años anteriores. Detalló que, en esos años, tan sólo en siete meses, al menos 15 mujeres trans y 14 hombres gays murieron de manera violenta. Agregó que, de acuerdo con otra base de datos no estatal, “para finales de 2009, las cifras documentadas de este tipo de hechos duplicaron las de 2008, triplicaron las del 2007, y fueron exponencialmente superiores a las de años previos como el 2005 o 2006”. Añadió que los cuerpos de las 15 mujeres trans asesinadas en esta fase fueron encontrados en la vía pública, cada uno con signos notable violencia: ocho con disparos de arma de fuego, dos con golpes en la cabeza, una lapidación, un apuñalamiento, un atropellamiento, un calcinamiento y un descuartizamiento con castración y decapitación46.
  2. Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Honduras, recomendó que se llevara a cabo un “fortalecimiento de las unidades responsables y procesos para la investigación de los ataques contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”47.
  3. Por otra parte, en las decisiones de este Tribunal se han mencionado los contextos de violencia en la región que se producen contra las personas LGBTI. Así, en el caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú se recordó que, desde el año 2008, la Asamblea General de la OEA en distintas resoluciones ha expresado que las personas LGBTI eran sujetas a diversas formas de violencia y discriminación en la región, basadas en la percepción de su orientación sexual e identidad o expresión de género, y resolvió condenar los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos y todas las formas de discriminación, a causa o por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género48.
 
  

45         El perito sostuvo que el en esa tercera fase el Estado adoptó importantes medidas: (i) en el año 2011, creó la “Comisión Especial de Seguimiento de Delitos Especiales”, para investigar -entre otros- los delitos cometidos contra personas LGBT; (ii) en el año 2013, creó la “Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida”, y en su interior la “Unidad de Investigación de Muertes de Alto Impacto Social, Unidad de Diversidad Sexual”; (iii) también en el año 2013, creó la “Sección de Muertes de Personas pertenecientes a Grupos Vulnerables” como parte de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida; (iv) en el año 2016, modificó el Código Penal entonces vigente colocando la orientación sexual y la identidad de género como agravantes genéricas, reformó el delito de discriminación para incluir allí también las variables de orientación sexual e identidad de género, y creó el tipo penal de incitación a la discriminación, y (v) en el año 2019, al entrar en vigencia el nuevo Código Penal, mantuvo en su articulado la estructura que visibiliza las variables de orientación sexual e identidad de género. Indicó que, sin embargo, los actos de violencia letal contra las personas LGBTI en Honduras continuaron en aumento. Sostuvo que, para diciembre de 2019, se reportaba que en la década posterior al golpe de Estado habrían muerto violentamente al menos 296 personas LGBTI en el país. De dicho total, 157 casos habría sido de hombres gays, 104 mujeres trans y 35 mujeres lesbianas. Cfr. Declaración de Carlos Zelada durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020 y documento adjunto a su peritaje (expediente de prueba, folios 1554 bis y ss.).

46         Cfr. Declaración de Carlos Zelada durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020 y documento adjunto a su peritaje (expediente de prueba, folios 1554 bis y ss.).

47         Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, A/HRC/37/3/Add.2, 20 de marzo de 2018, párr. 58.

48       Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 46, e Identidad de género, e igualdad y no

 

  1. Del mismo modo, en concordancia con lo anterior, corresponde en este punto recordar que Claudia Spellmant Sosa hizo referencia, en su testimonio durante la audiencia pública del presente caso, al contexto “de detenciones arbitrarias e ilegales, [a] los tratos inhumanos, crueles y degradantes por parte de la policía, [a] las violaciones sexuales, [a] las extorsiones, [a] los golpes […], por parte de la policía y también [a] los asesinatos” que sufrían las mujeres trans trabajadoras sexuales en San Pedro Sula y en Honduras durante esos años. La testigo agregó que, cuando las mujeres trans trabajadoras sexuales eran arrestadas, se las llevaban en la patrulla, y que a veces los policías “sacaban sus pistolas para atemorizarlas”, las “golpeaban con los toletes”, les “arrancaban las pelucas”, les “desgarraban los vestuarios”. Además, relató que los agentes de policía les decían que eran “una mala imagen para la ciudad” y que ellas eran hombres y que no tenían motivo para vestirse de Indicó que ello era y sigue siendo una realidad constante en Honduras. Por otra parte, la testigo narró que había presenciado un homicidio de una mujer trans por parte de la policía en el marco de un arresto. Asimismo, mencionó un caso en el que otra mujer trans fue asesinada frente a dos de sus compañeras y que el caso fue judicializado y habría terminado con la condena del perpetrador, aunque también informó que una de esas compañeras había sido asesinada y que la otra había tenido que exilarse luego de haber denunciado al policía autor del hecho49.

 

  • El golpe de Estado de 28 de junio de 2009

 

  1. Sumado al contexto de discriminación y de violencia contra personas LGBTI que fueron descriptos, los hechos del caso se enmarcan en un segundo contexto relacionado con la situación política en Honduras, caracterizada por la ocurrencia de un golpe de Estado que agudizó las situaciones de violencia y, en general, las violaciones a los derechos humanos. De ese modo, el 28 de junio de 2009, precisamente el día en que Vicky Hernández encontró la muerte, el Presidente constitucional de Honduras fue derrocado mediante un golpe de
  2. Sobre esos acontecimientos, esta Corte expresó en el caso López Lone y otros Vs. Honduras, que el 28 de junio el Congreso Nacional sesionó y dio lectura a una “supuesta carta de renuncia del Presidente Zelaya. Subsiguientemente, ordenó, mediante Decreto Legislativo 141-09, “[n]ombrar constitucionalmente al [entonces Presidente del Congreso el] ciudadano Roberto Micheletti Bain […] en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período actual”. Tras asumir el poder, el señor Micheletti decretó un estado de excepción y toque de queda50.

 

 
  

discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 35. Asimismo, OEA, Resoluciones de la Asamblea General: AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18), Derechos humanos y prevención de discriminación y violencia contra personas LGBTI, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2018; AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 21 de junio de 2017; AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 14 de junio de 2016; AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 5 de junio de 2014; AG/RES. 2807 (XLIII-O/13); AG/RES. 2600 (XL-O/10), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 8 de junio de 2010; AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 4 de junio de 2009, y AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 3 de junio de 2008.

49          Cfr. Testimonio de Claudia Spellmant Sosa durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020.

50          Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr 50.

 

  1. Los días siguientes se realizaron diversas manifestaciones públicas, las cuales fueron “violentamente reprimidas”51. Asimismo, se detuvo a miles de personas, en su mayor parte durante las protestas contra el golpe52. Sobre ese punto, el Informe de la Comisión de la Verdad dejó constancia que las manifestaciones fueron reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza letal y no letal, y que se produjeron detenciones arbitrarias o ilegales en contra de personas que participaban en manifestaciones políticas de apoyo al Presidente Zelaya. La Comisión de la Verdad reportó que durante los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes murieron 9 personas53. De acuerdo a la información remitida por el Estado que había sido solicitada por la Corte como prueba para mejor resolver, el día 29 de junio de 2009, fecha en la que apareció el cuerpo sin vida de Vicky Hernández, fueron cometidos cuatro homicidios. Del mismo modo, en el período que va del 25 de junio al 1 de septiembre de 2009, 217 personas fueron víctimas de homicidios54.
  2. Según afirmó la Alta Comisionada de Naciones Unidas en el año 2010 en su Informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado, “en el marco de las disposiciones de excepción se adoptaron varias medidas que limitaban los derechos fundamentales, como toques de queda, la represión de las manifestaciones y el cierre de medios de difusión. Esas disposiciones se aplicaron de manera arbitraria y discriminatoria, […] y sirvieron para encubrir o justificar el uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, abusos sexuales y persecuciones políticas. Sobre la base de esas medidas, se violaron algunas libertades fundamentales, como la de expresión, circulación y reunión, así como los principios de proporcionalidad y legalidad”55.

 

B.      Sobre Vicky Hernández y su muerte

 

  1. Vicky Hernández nació el 21 de septiembre de 1983 en San Pedro Sula, Honduras. Estudió hasta sexto año de la educación primaria antes de verse obligada a dejar sus estudios para empezar a trabajar y apoyar económicamente a su madre y contribuir con los gastos educativos de su sobrina56. Vicky Hernández era una mujer trans y como tal, formaba parte de un colectivo particularmente discriminado, reducido a vivir en la marginalidad social por culpa de los prejuicios existentes y la falta del reconocimiento legal de su identidad de género. Además, era trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa”, el cual defiende los derechos humanos de las personas trans en Honduras. Esa organización es también especializada en VIH/SIDA. Según informaron las representantes sin que fuera controvertido por el Estado, la militancia de Vicky dentro del Colectivo Unidad Color Rosa, era destacada. Al respecto, Claudia Spellmant, directora del Colectivo en esa época, relató que Vicky participaba en muchas de las actividades de la organización, incluyendo las marchas y los talleres de capacitación57.

 

 
  

51     Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra, párr. 51.

52  Cfr. Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el Golpe de Estado de 28 de junio de 2009, A/HRC/13/66, 3 de marzo de 2010, párr. 32.

53          Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra, nota al pie de página 66.

54 Cfr. Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), OFICIO 013-2021-IUDPAS (expediente de prueba, folio 1644 a 1650).

55       Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, A/HRC/13/66, 3 de marzo de 2010, párr. 19.

56          Cfr. Informe socio-económico, Catrachas, 2 de marzo de 2017 (expediente de prueba, folios 4 a 13).

57          Cfr. Testimonio de Claudia Spellmant Sosa durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020.

 

  1. Al momento de los hechos, Vicky era portadora de VIH y vivía con su madre, la señora Rosa Argelia Hernández Martínez; su prima Tatiana Rápalo Hernández y su sobrina Argelia Johanna Reyes Ríos en San Pedro Sula. Su madre expresó que, dos meses antes de su homicidio, fue víctima de agresión por un guarda de seguridad que le dio un machetazo en la cabeza y que, al acudir a la policía, los agentes le dijeron que por ellos se podía morir, razón por la cual posteriormente fue llevada al hospital por un amigo. Vicky Hernández denunció ese hecho, pero el mismo no fue investigado por las autoridades58.
  2. La noche del 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda en el contexto del golpe de Estado (supra párr. 37), el cual regía entre las 9:00 pm y las 6:00 am. La señora Rosa Argelia declaró que el último día que vio a Vicky fue el 27 de junio de 200959. El 28 de junio Vicky fue a la casa de una amiga. El 29 de junio de 2009 a las 7:30 am, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (en adelante, “DNIC”) recibieron comunicación sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la 3 calle 7 y 8, avenida Colonia Ruiz en San Pedro El levantamiento de cadáver se realizó a las 9:15 am60.
  3. En relación con las circunstancias de la muerte de Vicky Hernández, su madre y la testigo Claudia Spellmant y la madre de Vicky Hernández relataron que unas compañeras de Vicky les habían contado que ella se encontraba con dos compañeras, que salieron a la calle, y que cuando iban caminando por la zona roja donde ejercían su trabajo sexual, las tres mujeres fueron descubiertas por una patrulla de policía que habría intentado arrestarlas. Ellas huyeron por diferentes lugares para que la patrulla de la policía no las alcanzara, por lo que perdieron contacto con Vicky y no supieron lo que le ocurrió hasta que ella apareció muerta al otro día61.
  4. Finalmente, la madre de Vicky Hernández declaró que se había enterado el 29 de junio que su hija había fallecido por medio de una mujer trans llamada Alicia, la cual fue asesinada tiempo después.
  5. En el acta de levantamiento se indica que el cuerpo de Vicky Hernández presentaba una herida irregular en su ojo izquierdo, una herida irregular en la región frontal izquierda y equimosis en su región palpebral. Se concluyó como causa aparente de la muerte una laceración cerebral por perforación de arma de fuego, con un intervalo post mortem de 8 a 10 horas desde el hallazgo del cadáver. Su identidad fue registrada como desconocido de sexo masculino; en el acta se indica también el hallazgo de un preservativo aparentemente usado y, a 7 metros de distancia, una ojiva de color gris62.
  6. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, en el expediente investigativo del caso se encuentra la transcripción del dictamen de autopsia, el que determina como causa de muerte laceración cerebral y describe las lesiones encontradas producidas por proyectil

 

 

 

 
  

58          Cfr. Declaración por affidavit de Rosa Argelia Hernández Martínez (expediente de prueba, folio 1518).

59        Cfr. Expediente investigativo 1057-09 entregado el 20 de noviembre de 2013. Reporte de declaración de Rosa Argelia Hernández Martínez, 3 de mayo de 2011 (expediente de prueba, folios 14 a 18) y Declaración por affidavit de Rosa Argelia Hernández Martínez (expediente de prueba, folio 1518).

60 Cfr. Dirección Nacional de Investigación Criminal. Preliminar de Levantamiento del 29 de junio de 2009 (expediente de prueba, folios 20 al 23)

61        Cfr. Testimonio de Claudia Spellmant Sosa durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020, y Declaraciones juradas rendidas ante fedatario público (affidavit) por Rosa Argelia Hernández y Tatiana Rápalo el 1 de octubre de 2020 (expediente de prueba, folios 1521 y 1526).

62          Cfr. Dirección Nacional de Investigación Criminal. Acta de Levantamiento de Cadáver Número 1095-09 de 29 de junio de 2009 (expediente de prueba, folios 25 a 27).

 

de arma de fuego, con el orificio de entrada y de salida63. El dictamen de autopsia no se encuentra en el expediente de prueba ante esta Corte.

  1. El acta de defunción de Vicky no se consignó en el Registro Civil Nacional sino hasta el año 201364.

 

C.      Investigaciones por la muerte de Vicky Hernández

 

  1. La investigación del caso fue registrada en el Ministerio Público como causa contra desconocidos por el delito de homicidio en perjuicio de Vicky Hernández65. Como se ha señalado supra, el día 29 de junio de 2009 se realizó la diligencia preliminar de levantamiento y el acta de levantamiento de cadáver. De acuerdo con lo señalado por los representantes sin que fuera controvertido por el Estado, las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia de Vicky Hernández con el pretexto de suponer que era VIH positiva66.
  2. El 16 de marzo de 2011 la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía solicitó a la DNIC el dictamen de autopsia de varios casos de homicidio contra personas trans, incluido el caso de Vicky Hernández67.
  3. El 30 de marzo de 2011 el Fiscal de Instrucción de la Unidad de Delitos contra la Vida solicitó a la DNIC la realización de varias diligencias investigativas en el caso, como individualizar a los sospechosos, solicitar el dictamen de autopsia, tomar las declaraciones de los testigos del hecho criminal y de los ofendidos parientes de las víctimas, establecer el móvil de la muerte68.
  4. El 3 de mayo de 2011 se tomó la declaración de Rosa Argelia Hernández, madre de la víctima. Según la declaración, el 29 de junio de 2009, se enteró de lo ocurrido por la llamada de una amiga de Vicky Hernández, una mujer trans de nombre Alicia, quien le indico que el cuerpo se encontraba en la morgue69.
  5. De acuerdo a un informe de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, al 23 de julio de 2013, se habían realizado las siguientes diligencias:

“1. Acta preliminar de Levantamiento 1138-09. 2. Constancia de defunción del registro nacional de las personas. 3. Fotocopia de la tarjeta de identidad a nombre de la víctima. 4. Acta de inspección ocular número 1095-09. 5. Copia de solicitud de autopsia A1334-09 enviada el 16 de marzo de 2011. 6. Declaración de la señora Rosa Argelia Hernández Martínez, madre del occiso. 7. Constancia de antecedentes policiales a nombre de [la víctima]. 8. Solicitud de inspecciones oculares de álbum fotográfico y de la escena. 9. Solicitud de movimientos migratorios de [la víctima]”70.

 
  

63          Cfr. Fiscalía General de la República. Oficio FGR No. 667-2015 de 14 de octubre de 2015 (expediente de prueba, folios 29 a 32).

64          Cfr. Informe de misión, 14-18 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folios 36 a 39).

65          La investigación fue abierta con su nombre asignado al nacer.

66          Cfr. Escrito de solicitudes argumentos y pruebas (expediente de fondo, folio 110).

67          Cfr. Oficio de la Unidad de Delitos contra la Vida, 16 de marzo de 2011. Expediente lnvestigativo 1057-09 (expediente de prueba, folios 83 y 84).

68          Cfr. Oficio de la Fiscal la de Instrucción – Unidad Delitos contra la Vida, 30 de marzo de 2011. Expediente lnvestigativo 1057-09 (expediente de prueba, folios 80 a 82).

69          Cfr. Declaración de Rosa Argelia Hernández Martínez ante Dirección Nacional de Investigación Criminal de 3 de mayo de 2011 (expediente de prueba, folios 15 y 16).

70          Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Informe de 23 de julio de 2013 (expediente de prueba, folios 91 a 92).

 

  1. En el mismo informe se señala que la autopsia de Vicky Hernández fue realizada por una persona que a la fecha no laboraba más para medicina forense, “por lo cual est[aba] pendiente su ubicación para la toma de declaración respectiva”71.
  2. El 17 de octubre de 2013 la abogada de las familiares de Vicky Hernández solicitó formalmente la copia fotostática del expediente72. Asimismo, en la misma fecha, presentó una solicitud a la Dirección Regional de Medicina Forense para corroborar la identidad de la médica que elaboró el dictamen de autopsia, y requirió la integración de dicho dictamen en el expediente de investigación73.
  3. El 18 de octubre de 2013 el coordinador regional de Medicina Forense respondió a la solicitud que el dictamen de autopsia referido fuera enviado a la Fiscalía el día 13 de julio de 201374. El 28 de octubre de 2013 la Fiscalía reiteró la solicitud al Director Regional de Medicina Forense para que remita de manera urgente dictamen y álbum fotográfico de la autopsia de Vicky Hernández75.
  4. El mismo 28 de octubre de 2013, la Fiscalía de Delitos contra la Vida rechazó mediante auto motivado la solicitud de la abogada de las familiares de Vicky Hernández para obtener una copia fotostática del expediente. Dicha decisión se sustentó en que se podría poner en riesgo la investigación, además de que no era la vía adecuada para presentar una solicitud de esta naturaleza76. El 30 de octubre de 2013, la abogada de las familiares de Vicky Hernández solicitó copias del expediente ante el Fiscal Especial de Delitos contra la Vida como superior jerárquico77.
  5. El 4 de noviembre de 2013 la Fiscalía de Delitos contra la Vida presentó un informe en que da cuenta de las nuevas diligencias realizadas en el marco de la investigación, entre ellas: copia de requerimiento de investigación, acta de diligencia de las llamadas realizadas a contactos del caso, solicitud de dictamen de autopsia por segunda vez78. El mismo día, de acuerdo con el acta de diligencia, la Fiscalía intentó comunicaciones telefónicas con amigos y personas cercanas de la occisa en el marco de la investigación, no obstante, se indicó que los números sonaron desconectados79.

 

 

 

 

 
  

71          Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Informe de 23 de julio de 2013 (expediente de prueba, folios 63 a 64)

72          Cfr. Solicitud de la abogada Rita Isabel Romero Renderos de 17 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folio 103).

73          Cfr. Solicitud de la abogada Rita Isabel Romero Renderos de 17 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folio 105).

74          Cfr. Coordinador Regional de Medicina Forense. Comunicación de 18 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folio 107).

75          Cfr. Fiscal de Unidad de Muerte de Impacto Social. Oficio FEDCV-322-13-UEMIS de 28 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folio 109).

76          Cfr. Fiscalía de Delitos contra la Vida. Auto motivado de 28 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folios 111 a 112).

77          Cfr. Solicitud de la abogada Rita Isabel Romero Renderos, de 30 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folio 114).

78          Cfr. Fiscalía de Delitos contra la Vida. Informe de 4 de noviembre de 2013 (expediente de prueba, folio 118).

79          Cfr. Fiscalía de Delitos contra la Vida. Acta de diligencia de 4 de noviembre de 2013 (expediente de prueba, folio 120).

 

  1. El 20 de noviembre de 2013, el Ministerio Público resolvió admitir la solicitud de la abogada de las familiares de Vicky Hernández y reconoció el derecho de la madre de Vicky Hernández de obtener copia del expediente investigativo80.
  2. El 12 de marzo de 2015 la abogada de las familiares de Vicky Hernández presentó comunicación a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en el que señaló: “[q]ue el relacionado expediente se encuentra en el mismo estado en que se encontrara en el mes de octubre” y que no se habían integrado al expediente documentos importantes como: i) el dictamen de autopsia; ii) la nota de fecha 18 de octubre de 2013 enviada por Medicina Forense a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, informando que dicha autopsia se envió a la Fiscalía de Homicidios el 13 de julio de 2013, y iii) las solicitudes de incorporación al expediente de fechas 17 y 30 de octubre de 201381. En un oficio de la Subdirección General de la Fiscalía del Ministerio Público sobre las investigaciones de 28 de septiembre de 2020 se hizo mención a la diligencia que consistió en un auto de requerimiento de investigación de 22 de octubre de 2019 y que se encontraría “pendiente de remisión de diligencias investigativas asignad[as a la Dirección Policial de Investigaciones]”82, aunque no se proporcionaron detalles sobre la naturaleza de las mismas. Se carece de información actualizada sobre el estado de la investigación.

 

VII FONDO

 

  1. En el presente caso, la Corte debe analizar los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación a diversos derechos convencionales en relación con la muerte de Vicky Hernández. De acuerdo con lo alegado, dicha muerte ocurrió mientras se encontraba vigente un toque de queda y, además, en un contexto de violencia contra personas LGBTI. A continuación, la Corte analizará los alegatos sobre el fondo de conformidad con el siguiente orden: a) consideraciones generales sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación; b) derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada, a la libertad de expresión, al nombre, a la igualdad y no discriminación, a la protección judicial y a una vida libre de violencia, y c) derecho a la integridad personal de las familiares de Vicky Hernández.

 

VII.1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO A LA IGUALDAD83 Y A LA NO DISCRIMINACIÓN84

 

A.     Alegatos de las partes y la Comisión

 

  1. La Comisión señaló que lo sucedido a Vicky Hernández constituyó un supuesto de violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género. Indicó que esa violencia está basada en el deseo del perpetrador fundamentado en el prejuicio, y busca
 
  

80          Cfr. Jefatura de Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Auto de 20 de noviembre de 2013 (expediente de prueba, folios 124 a 125).

81          Cfr. Comunicación de 12 de marzo de 2015 (expediente de prueba, folios 127 a 128).

82          Oficio DGF N. 452-2020 de fecha 28 de septiembre de 2020 y el Oficio DGF N. 496-2020 de fecha 5 de octubre de 2020, Subdirección General de Fiscalía (expediente de prueba, folios 1601 a 1609).

83          Artículo 24 de la Convención.

84          Artículo 1.1 de la Convención.

 

“castigar” las identidades, expresiones, o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias a un sistema binario. Añadió que esa violencia por prejuicio se materializó a través del homicidio de Vicky Hernández y las circunstancias que la rodearon. A su vez, la Comisión se refirió a los prejuicios existentes en los órganos y las autoridades encargadas de la investigación por la muerte de Vicky Hernández.

  1. Las representantes señalaron que por ejercer su derecho a expresar su identidad de género, Vicky Hernández fue privada arbitrariamente de su vida. Agregaron que las acciones de las autoridades hondureñas en el manejo del caso del transfemicidio de Vicky Hernández demuestra claramente prejuicio y sesgos claros en contra de las personas trans en general, y en contra de Vicky Hernández específicamente. Indicaron que las autoridades confiaron en dicho prejuicio para abandonar y descuidar la investigación, usar intencionalmente el nombre masculino que no refleja su identidad de género y no aplicar la debida diligencia requerida por sus propias leyes. Arguyeron que el hecho de aplicar una distinción entre Vicky y otra persona en la misma situación, basándose únicamente en su identidad de género, también significó una vulneración al artículo 1.1 de la Convención Americana que prohíbe la discriminación basada en la expresión o en la identidad de género. Asimismo, indicaron que también se violó el derecho a la igualdad ante la ley contenido en el artículo 24 de la Convención Americana. Por otra parte, arguyeron que, en el caso de Vicky Hernández, el hecho de que no tuviera la oportunidad de reflejar su identidad de género y nombre elegido en su documento de identidad, y que de manera más amplia se le discriminara y excluyera socialmente por expresar dicha identidad de género al punto de costarle la vida, demuestra la interrelación entre los distintos derechos que se ven comprometidos por las acciones y omisiones del
  2. El Estado alegó que Vicky Hernández desarrolló plenamente su personalidad e identidad de género trans, habiendo ejercido sin discriminación ni limitaciones su derecho de personalidad y expresión de género, y que no existen elementos indicativos de un hecho ejecutado debido al prejuicio contra las mujeres trans.

 

B.      Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha señalado que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto85. En este sentido, ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es, per se, incompatible con la misma86. El incumplimiento por el Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, mediante cualquier trato diferente que pueda resultar discriminatorio, es decir, que no persiga finalidades legítimas, sea innecesario y/o desproporcionado, le genera responsabilidad Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación

 

 
  

85        Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 103, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 125.

86      Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 81.

 

de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación87.

  1. Por otra parte, mientras que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”88. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación89. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana, en relación con las categorías protegidas por el artículo 1 del mismo instrumento90.
  2. Por ello es que, en virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están obligados, además, a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias91. En este sentido, la discriminación efectuada en razón de una de las categorías señaladas a título ilustrativo en el artículo 1.1 de la Convención, amerita una particular o peculiar consideración, habida cuenta que el respectivo hecho ilícito que su ejercicio significa, tiene lugar en razón de lo que la presunta víctima específicamente representa o parece ser y que es lo que la distingue de las demás personas92.
  3. La Corte Interamericana ha reconocido que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales93. Del mismo modo, el Tribunal ya ha establecido que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona94 son categorías protegidas por la Convención95. En consecuencia, el Estado no

 

 
  

87          Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 85, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 184.

88          Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra, párrs. 53 y 54, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 93.

89 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 186, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 94.

90 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 209, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 192.

91       Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 104, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 186.

92          Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 89.

93     Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrs. 92 y 267, y Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 33.

94       Este Tribunal ha explicado que la expresión de género se entiende como la manifestación externa del género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género auto-percibida. Opinión Consultiva OC-24/17, párr. 32, letra g).

 

puede actuar de forma discriminatoria en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género96.

  1. Las formas de discriminación en contra de las personas LGBTI se manifiestan en numerosos aspectos en el ámbito público y privado. A juicio de la Corte, una de las formas más extremas de discriminación en contra de las personas LGBTI es la que se materializa en situaciones de violencia97. En la Opinión Consultiva OC-24/17 este Tribunal destacó que:

[L]os mecanismos de protección de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, han dejado constancia de los actos violentos basados en prejuicios cometidos en todas las regiones en contra de las personas LGBTI. El ACNUDH ha observado que este tipo de violencia “puede ser física (asesinatos, palizas, secuestros, agresiones sexuales) o psicológica (amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad, incluido el internamiento psiquiátrico forzado)”.

  1. La violencia contra las personas LGBTI es basada en prejuicios, percepciones generalmente negativas hacia aquellas personas o situaciones que resultan ajenas o En el caso de las personas LGBTI se refiere a prejuicios basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de violencia puede ser impulsada por “el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”98. En este sentido, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, ha señalado que:

La causa fundamental de los actos de violencia y discriminación [por orientación sexual o identidad de género] es la intención de castigar sobre la base de nociones preconcebidas de lo que debería ser la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, partiendo de un planteamiento binario de lo que constituye un hombre y una mujer o lo masculino y lo femenino, o de estereotipos de la sexualidad de género99.

  1. Del mismo modo, esta Corte ha señalado que la violencia contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico, la víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. Sobre este punto, la Corte ha indicado que la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se auto- identifica o no con una determinada categoría100. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede dar lugar a crímenes de odio101.
 
  

95         Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, supra, párr. 78, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 90.

96 Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 90. Véase asimismo, Mutatis mutandis, Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párrs. 100 y 101.

97       Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 36, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 91.

98          Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 92.

99       Informe presentado por el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, UN Doc. A/HRC/38/43, 11 de mayo de 2018, párr. 48.

100 Cfr. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 158, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 93.

101   Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 93, y Opinión Consultiva OC-24/17, párr. 79. Al respecto la Corte ha destacado que “los discursos discriminatorios y las consiguientes actitudes que responden a ellos, con base en los estereotipos de heteronormatividad y cisnormatividad con distintos grados de radicalización, acaban generando la homofobia, lesbofobia y transfobia que impulsan los crímenes de odio”. Opinión Consultiva OC- 24/17, supra, párr. 47.

 

  1. En el presente caso, los alegatos relativos a la discriminación constituyen un tema transversal a las demás violaciones alegadas y, en razón de ello, la Corte los tomará en cuenta a lo largo de toda la

 

VII.2

DERECHOS AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA102, A LA VIDA103, A LA INTEGRIDAD PERSONAL104, A LA LIBERTAD PERSONAL105, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES106, A LA VIDA PRIVADA107, A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN108, AL NOMBRE109, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN110, A LA PROTECCIÓN JUDICIAL111, Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA112

 

A.     Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión consideró que, por la naturaleza y forma en que la violencia fue ejercida en contra de Vicky Hernández, y teniendo en cuenta el indicio adicional que se desprende de las consideraciones del contexto en el que ocurrieron los hechos, es posible caracterizar lo sucedido a Vicky Hernández como un asesinato por prejuicio sobre identidad y expresión de género como mujer trans y, por lo tanto, un transfemicidio113. Por otra parte, consideró que el contexto de violencia contra personas LGBTI en Honduras con una alta incidencia de participación de agentes de seguridad en dicha violencia, el incremento de la misma a raíz del golpe de Estado, el ambiente general de militarización que se generó tras dicho golpe con el consecuente control de las fuerzas de seguridad del Estado y el hecho de que el asesinato de Vicky Hernández tuvo lugar justamente en el marco de un toque de queda en el cual existía para las horas exactas de su muerte un control y resguardo de las calles por parte de agentes de seguridad del Estado, constituyen fuertes indicios de involucramiento estatal directo en los
  2. A su vez, la Comisión arguyó que la falta de una investigación diligente impidió que el Estado presentara una explicación satisfactoria y convincente que desvirtuara las
 
  

102         Artículo 3 de la Convención Americana.

103         Artículo 4 de la Convención Americana.

104         Artículo 5 de la Convención Americana.

105         Artículo 7 de la Convención Americana.

106         Artículo 8 de la Convención Americana.

107         Artículo 11 de la Convención Americana.

108         Artículo 13 de la Convención Americana.

109         Artículo 18 de la Convención Americana.

110         Artículo 24 de la Convención Americana.

111         Artículo 25 de la Convención Americana.

112         Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

113 Consideró que ciertos elementos analizados en conjunto son indicativos de que el crimen fue cometido por prejuicio. Indicó que el acta de levantamiento del cadáver se reportó el hallazgo, al lado del cuerpo, de un preservativo aparentemente usado, por lo que entiende que este hecho podría ser indicativo de violencia sexual. Agregó que fue asesinada por arma de fuego y que su cuerpo fue hallado en la vía pública. Sostuvo que estos son elementos concordantes con el modus operandi de la mayoría de los crímenes por prejuicio en contra de las mujeres trans, en varias ocasiones en situaciones vinculadas con el trabajo sexual. Además, recordó que los hechos se enmarcan en un contexto de violencia y discriminación en contra de las personas LGBTI en el Estado hondureño. Dentro de dicho contexto, para la fecha de la muerte de Vicky Hernández, recordó que se empezó a registrar un incremento alarmante de muertes asociadas a la identidad y expresión de género de las víctimas, así como un patrón recurrente de violencia policial.

 

alegaciones sobre la responsabilidad de sus agentes en los hechos del presente caso. Por lo tanto, concluyó que el Estado incumplió su deber de respeto del derecho a la vida y a la integridad personal de Vicky Hernández. Agregó que no se cuenta con información sobre medidas preventivas puntuales en el marco del toque de queda decretado con ocasión del golpe de Estado, aun cuando tenía conocimiento del contexto de desprotección en el que se encontraban las personas LGBTI conforme a las determinaciones de contexto.

  1. Aunado a lo anterior, la Comisión destacó que, dos meses antes del asesinato de Vicky Hernández, ella acudió a una estación de policía a denunciar que había sido víctima de una agresión por parte de un guardia de seguridad. De los anteriores elementos, la Comisión consideró que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en una clara situación de indefensión y desprotección frente a las amenazas de violencia en su contra como mujer trans y trabajadora sexual en el contexto ya analizado, lo que resulta también en un incumplimiento del deber de garantía.
  2. Atendiendo a esas consideraciones, concluyó que el Estado hondureño es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, autonomía de dignidad, libertad de expresión, igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 11, 13 y 24 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones tanto de respeto como de garantía establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Vicky Hernández.
  3. En cuanto a las investigaciones, la Comisión sostuvo que el Estado no diseñó ni implementó líneas lógicas de investigación derivadas de los elementos de prueba y contexto que rodearon los hechos del Por otra parte, la Comisión indicó que el proceso investigativo interno ha sido deficiente y la actividad probatoria ha sido mínima, separada en el tiempo de manera injustificable y descoordinada. Además, la calificación del hecho como un crimen pasional, implicó la justificación de la violencia contra una mujer trans. En relación con el plazo razonable, la Comisión observó que, después de 9 años de los hechos, las autoridades no han identificado a los responsables ni han presentado avances significativos en relación con la determinación de las circunstancias en que ocurrió el asesinato de Vicky Hernández. Por lo tanto, la Comisión concluyó que en el presente caso se habían vulnerado los derechos a las garantías judiciales, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial contemplados en los artículos 8.1, 24 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández.
  4. Las representantes agregaron a lo anterior que la muerte de Vicky Hernández fue una ejecución extrajudicial. En concreto, alegaron que, dada la naturaleza de las ejecuciones extrajudiciales, y que los hechos del presente caso tuvieron lugar en el marco de un contexto más generalizado de violaciones cometidas por agentes estatales, no debe recaer en particulares la carga de la prueba dirigida a demostrar que la muerte correspondió efectivamente a una ejecución extrajudicial si hay fuertes indicios que así lo Sostuvieron que, en esos casos, corresponde al Estado demostrar que no fue así. Indicaron que el modus operandi del crimen por prejuicio demuestra que el asesinato de Vicky Hernández ocurrió “como parte de un patrón de violaciones de derechos humanos contra mujeres trans en Honduras, y de una limpieza social tolerada por el Estado”. Añadieron que los hechos también ocurrieron dentro de un contexto de interseccionalidad de vulnerabilidades y discriminaciones que afectan a las mujeres trans, y que el Estado era responsable por no crear las condiciones adecuadas para prevenir la violación de derecho a la vida. Por otra parte, alegaron que en el presente caso el Estado había vulnerado el derecho al desarrollo y expresión de la identidad de género propio reconocido bajo los

 

artículos 3, 7, 11.2, 13 y 18 de la Convención, en relación a los artículos 1.1, 2 y 24 del referido instrumento en perjuicio de Vicky Hernández.

  1. En cuanto a las investigaciones, las representantes coincidieron con lo indicado por la Comisión y recordaron que los hechos tuvieron lugar en un contexto de falta de debida diligencia y efectividad en la investigación de los hechos, particularmente sobre el posible involucramiento de agentes del Arguyeron que esa investigación deficiente ha permitido que los hechos continúen en la impunidad, y que ello se inscribía como parte del contexto más generalizado de impunidad. Además, se refirieron a obligaciones específicas en la investigación de casos de violencia contra las mujeres -incluidas las mujeres trans- que no fueron aplicadas en el presente caso. Por otra parte, indicaron que hubo una discriminación por aplicación de estereotipos e investigación sin enfoque de género y expresión de género. Además, afirmaron que, en el presente caso, las autoridades se negaron a dar a la familia de Vicky Hernández una oportunidad para ser oída. Por último, sostuvieron que un obstáculo importante a la hora de investigar, es la vigencia del decreto de amnistía No 2-2010 mediante el cual se concede una amnistía de carácter general para aquellos que hubiesen incurrido en una serie de delitos entre 1 de enero del 2008 al 27 de enero de 2010.
  2. El Estado alegó que, en el contexto del golpe de Estado de 2009, adoptó un decreto mediante el cual procedió en junio de 2009 a restringir las garantías constitucionales, y que dicha restricción obedecía a la grave situación que se había originado del suceso político referido, al darse ya diversas manifestaciones de protesta social de carácter violento, siendo en ese momento apremiante y necesario proceder de manera proporcional como un mecanismo de protección de los derechos a la vida, integridad personal y propiedad privada. Agregó que la finalidad de esas medidas era prevenir y salvaguardar al ser humano, evitando los riesgos que para muchas personas se podían ocasionar en razón de las manifestaciones que se mantenían como protesta política, consecuentemente, en el contexto político social, dicha restricción fue emitida en apego a lo previsto en el marco
  3. Además, indicó que en ese contexto no existe evidencia, ni tampoco se puede inferir, que los responsables de la muerte de Vicky Hernández hubiesen sido miembros de las fuerzas del orden público por el solo hecho de que los efectivos estarían en constantes patrullajes para evitar que “ocurriesen desordenes y tragedias que lamentar”. Agregó que materialmente, el decreto no garantizaba ni podía garantizar presencia efectiva de las fuerzas del orden público en todas las calles o avenidas de las ciudades del país, pues en principio el efecto de prevención parte, como efectivamente sucedió, del entendido que la conminación de la medida emitida lograría una menor presencia de personas en las calles a la hora en que estaban vigentes las restricciones constitucionales y así se evitarían disturbios o actos violentos que se ocasionan con la aglomeración de
  4. A su vez, el Estado arguyó que resultaba improcedente pretender responsabilizarlo por no prevenir la muerte de Vicky Hernández, ya que en el caso sub judice, no existe evidencia que las autoridades etatales hubiesen tenido conocimiento de algún riesgo en contra de la vida de Vicky Hernández, pues no existían denuncias que así lo pusieran de Con respecto a la obligación positiva de prevenir que tiene el Estado, alegó que suponer la responsabilidad del mismo por omitir dicha obligación, implica imponer a las autoridades una carga imposible y desproporcionada, considerando “la impredecibilidad de la conducta humana”.
  5. Por último, consideró que, de acuerdo al marco fáctico del caso, no se podía fundamentar una violación al derecho a la libertad personal, en virtud de no existir elementos que pongan en evidencia de forma alguna que se limitara las libertades ambulatorias de la presunta víctima. Respecto al derecho al nombre, el Estado reconoció que la normativa legal interna no permite un cambio de nombre, aunque señaló que las peticionarias no acreditaron diligencias o solicitudes presentadas por la presunta víctima

 

ante el Registro Nacional de las Personas, ni explicaron de qué manera dicho derecho afectó de forma directa a la presunta víctima, ni como este derecho se vincula con el objeto de la pretensión.

  1. Finalmente, el Estado reconoció de forma genérica su falta al deber de investigar y la vulneración a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana por los motivos previamente señalados (supra párr. 14).

 

B.      Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte procederá a examinar la cuestión acerca de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 3, 4, 5, 11, 13 y 24 de la Convención Americana y 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Vicky Hernández.

 

  • Sobre la alegada violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Vicky Hernández

 

  1. Este Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)114 conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción115.
  2. En lo que concierne el derecho a la integridad personal, esta Corte recuerda que la Convención reconoce expresamente en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, prevé que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes116. La Corte ha establecido que la infracción a la integridad personal es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta117.
  3. En relación con la muerte de Vicky Hernández, esta Corte constata, en primer lugar, que la misma tuvo lugar mientras estaba vigente un toque de queda que había sido declarado ese mismo día luego de que tuviera lugar el golpe de Estado el 28 de junio de 2009 (supra párr. 36). Ese toque de queda, que se produjo el día del golpe de Estado, regía entre las 9 pm y las 6 am, horas durante la cual, en principio, las personas debían permanecer en sus casas y solamente las patrullas de policía y fuerzas militares estaban presentes en las calles. En consecuencia, al momento de la muerte de Vicky Hernández, el Estado ejercía un control absoluto de los espacios públicos y de los movimientos de personas en los

 

 
  

114 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 144, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415. párr. 85.

115       Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 153 y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 85.

116        Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 126, y Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406, párr. 141.

117         Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57, y Caso Petro Urrego Vs. Colombia, supra, párr. 141.

 

  1. Sobre los toques de queda y las suspensiones de garantías en términos generales, corresponde recordar que este Tribunal ha establecido que éstas constituyen situaciones excepcionales y que durante su vigencia resulta lícito para el Estado aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a las autoridades a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada118.
  2. En segundo lugar, como ha sido indicado en el capítulo de hechos, en ese momento existía en Honduras un contexto de violencia, detenciones arbitrarias, homicidios y discriminación contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual. Además, en muchos casos esa violencia era ejercida por integrantes de la fuerza pública (supra párr. 31). Sobre ese punto, Claudia Spellmant Sosa hizo referencia en su testimonio durante la audiencia pública del presente caso (supra párr. 35), al contexto de detenciones arbitrarias, a los malos tratos, a las violaciones sexuales, a las extorsiones, y también a los asesinatos por parte de la Policía que sufrían las mujeres trans trabajadoras sexuales en San Pedro Sula y en Honduras durante esos años. En este sentido, la testigo narró que había presenciado el homicidio de una mujer trans por parte de la policía en el marco de un arresto e hizo referencia al homicidio de una mujer trans por parte de un policía que fue judicializado y condenado por ese hecho, aunque también mencionó que una de las personas que lo denunciaron habría sido asesinada y la otra habría tenido que exilarse (supra párr. 35).
  3. Por otra parte, la testigo Claudia Spellmant Sosa indicó en su testimonio que Vicky Hernández y ella misma, “en muchas ocasiones”, fueron víctimas de ataques violentos por parte de la Policía en el marco de arrestos. Narró, en particular, que la Policía no las “requería” de “una manera voluntaria, sino que [las] bajaban y era a base de golpes”, y que “habí[a] redadas periódicas en las zonas de trabajo sexual en San Pedro Sula”. Informó que Vicky Hernández “llegaba a la organización [(Colectivo Unidad Color Rosa)] a decir que fue arrestada y fue golpeada”119.
  4. En relación con las circunstancias de la muerte de Vicky, la testigo Claudia Spellmant Sosa relató que, a través de una conversación con dos compañeras que se encontraban en el velatorio de Vicky, pudo saber que los hechos habrían ocurrido de este modo: Vicky Hernández y dos compañeras salieron a la calle para trabajar durante el toque de queda la noche del 28 de junio de 2009. Cuando iban caminando por la zona roja donde ejercían el trabajo sexual, las tres mujeres fueron descubiertas por una patrulla de policía que habría intentado Narró que ellas huyeron por diferentes lugares para que no las alcanzara la patrulla de la policía, por lo que perdieron contacto con Vicky y no supieron lo que le ocurrió hasta que ella apareció muerta al otro día (supra párr. 43)120.

 

 
  

118 Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 24, y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 137.

119         Testimonio de Claudia Spellmant Sosa durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020.

120       Cfr. Testimonio de Claudia Spellmant Sosa durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020.

 

  1. Esta versión coincide con el relato de las conversaciones que habría tenido Rosa Argelia Hernández, madre de Vicky Hernández, con las compañeras de su En efecto, ella declaró ante la Corte que las compañeras de su hija le habían relatado que los policías las estaban siguiendo y ellas salieron corriendo y que no sabían dónde había quedado Vicky (supra párr.43)121.
  2. Por otra parte, como fue indicado en el capítulo sobre reconocimiento de responsabilidad (supra Capítulo IV), en este caso las autoridades hondureñas no cumplieron con su obligación de llevar a cabo una investigación diligente y adecuada sobre la muerte de Vicky Hernández. Esta falta al deber de investigar es consistente con un contexto de impunidad general por los hechos de violencia contra las personas LGBTI y contra las mujeres trans trabajadoras sexuales en Honduras. Del mismo modo, en ese apartado, se pudo verificar que ese contexto de homicidios a integrantes de la comunidad LGBTI iba acompañado por altos índices de impunidad y de investigaciones que no desembocaban en la determinación y procesamiento de los responsables y que por ende seguían en la impunidad (supra párr. 31).
  3. Sobre ese punto, resulta relevante recordar que el perito Carlos Zelada indicó, con relación a la época en la cual se produjeron los hechos del caso, que se verificaba una exacerbación de los actos de violencia letal contra las personas LGBTI en Honduras que confirma el particular peligro que las mujeres trans trabajadoras sexuales venían Además, precisó que, para finales de 2009, las cifras documentadas de este tipo de hechos duplicaron las de 2008, triplicaron las del 2007, y fueron “exponencialmente superiores” a las de años previos como el 2005 o 2006 (supra párr. 32).
  4. Asimismo, es ilustrativo reiterar que los actos de violencia que habían sido reportados por Vicky Hernández o por el Colectivo Unidad Color Rosa no fueron objeto de investigaciones por parte de la Policía. Por ejemplo, en relación con la denuncia luego de que Vicky Hernández fuera agredida por un guardia de seguridad, no consta que la misma hubiese sido investigada (supra párr. 41). En cuanto a lo anterior, la testigo Claudia Spellmant Sosa indicó que el Colectivo Unidad Color Rosa tenía como uno de sus objetivos la interposición y seguimiento de las denuncias porque la Policía no quería tomar las denuncias por considerar que el trabajo sexual era ilícito, por lo que esas denuncias nunca procedían122.
  5. En cuanto a lo anterior, esta Corte ha sostenido reiteradamente que el Estado tiene el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”123. Lo anterior incluye, entre otras medidas, “establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares”124.
  6. Asimismo, este Tribunal resaltó que investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad
 
  

121         Cfr. Declaraciones juradas rendidas ante fedatario público (affidavit) por Rosa Argelia Hernández y Tatiana Rápalo el 1 de octubre de 2020 (expediente de prueba, folios 1521 y 1526).

122         Testimonio de Claudia Spellmant Sosa durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020.

123         Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 174, y Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2019. Serie C No. 374, párr. 102.

124         Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 87.

 

internacional del Estado y que esa obligación se desprende de la garantía del artículo 1.1 de la Convención y si se llegare a comprobar cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables, esto implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida125. En ese mismo sentido, la Corte indicó que la ausencia de mecanismos efectivos de investigación de violaciones del derecho a la vida y la debilidad de los sistemas de justicia para afrontar dichas violaciones pueden propiciar, en los Estados, un clima de impunidad respecto de las mismas, y, en ciertos contextos y circunstancias, pueden llegar a configurar situaciones generalizadas o graves esquemas de impunidad, estimulando y perpetuando, así, la repetición de las violaciones126.

  1. A lo expresado se suma la obligación reforzada que tienen los Estados de investigar las afectaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos como lo son los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres trans, más aún cuando esas vulneraciones a sus derechos se producen en el marco de un toque de queda en el cual la fuerza pública es la única autorizada a circular por las calles127.
  2. Este Tribunal recuerda que el análisis de la responsabilidad de un Estado por actos de agentes estatales o de particulares debe determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso128. A su vez, en lo que se refiere a la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones dentro de los cuales pueden encontrarse los contextos de vulneraciones a los derechos humanos similares a los que se presentan en el caso, éstos pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos129.
  3. En el presente caso, el Tribunal constata que, si bien no es posible determinar con toda certeza que en los hechos del caso estuviesen implicados agentes de la policía, existen varios indicios de la participación de agentes estatales en esos hechos que se suman a un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales, que apuntan a una responsabilidad del Estado por una violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández. Según se ha visto en el desarrollo de este capítulo, estos indicios son los siguientes: a) Vicky Hernández fue asesinada cuando existía un toque de queda con una fuerte presencia militar y policial que tenían un control y una presencia exclusiva en las calles (supra párr. 37); b) existe un contexto general de violencia contra las personas LGBTI en Honduras, y en particular contra las mujeres trans que también son trabajadoras sexuales (supra párr. 31); c) en el marco de ese contexto se ha asociado a la Policía con hechos de violencia en contra de las personas LGBTI y contra mujeres trans que son trabajadoras sexuales (supra párr. 31); d) según se indicó en el capítulo de hechos, para la fecha de la muerte de Vicky y el golpe de Estado, se empezó a registrar un incremento alarmante de muertes asociadas a la identidad y expresión de género de las víctimas (supra párr. 32); e) Vicky Hernández habría sido agredida en
 
  

125      Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 97, y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352, párr. 164.

126         Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 179 y Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 164.

127 Cfr. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 142, y Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 361, párr. 54.

128 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 113, y Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2019. Serie C No. 392, párr. 68.

129     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 130, y Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuel, párr. 68.

 

múltiples oportunidades por policías mientras se encontraba trabajando (supra párr. 90); f) existen testimonios indirectos indicando que la noche previa al descubrimiento del cuerpo sin vida de Vicky Hernández, una patrulla de la policía habría intentado arrestarla junto con otras dos compañeras que la perdieron de vista mientras se daban a la fuga (supra párr. 43); g) existe un contexto de impunidad frente a los hechos de violencia contra las mujeres trans (supra párr. 31), y h) las investigaciones por los hechos del caso han sido inadecuadas para determinar lo ocurrido así como las responsabilidades correspondientes (supra capítulo IV).

  1. En suma, y de conformidad con lo expuesto, esta Corte concluye que existen indicios suficientes como para afirmar que el Estado hondureño es responsable por una violación al derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1, 8 y 25 del mismo instrumento, en perjuicio de Vicky Hernández.
  2. Por otra parte, en lo que respecta el derecho a la integridad personal de Vicky Hernández, esta Corte constata que no fueron presentados alegatos autónomos por parte de la Comisión o de las representantes que se refieren a este derecho. Sin perjuicio de ello, consta que el cuerpo de Vicky Hernández mostraba unas heridas irregulares en su ojo izquierdo y la región frontal izquierda y una equimosis en su región palpebral. Asimismo, se encontraron indicios que podrían permitir concluir que pudo haber sido víctimas de violencia sexual en los momentos previos a su muerte130. Esta Corte entiende que, por las circunstancias en las que acaecieron los hechos que culminaron con la muerte de Vicky Hernández, ésta debe haber experimentado dolor y angustia en los momentos previos a su homicidio que permiten razonablemente inferir que impactaron su integridad física y moral en los términos del artículo 1 de la Convención Americana.

 

  • Sobre las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández

 

  1. De conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1). El derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables131. El Tribunal ha indicado también que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, pero exige que el órgano que investiga procure el resultado que se persigue; es decir debe llevar a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias, por los medios legales disponibles, para lograr la determinación de la verdad132.
  2. En el presente caso, la Comisión y las representantes alegaron que el Estado habría
 
  

130       Como fuera mencionado en hechos, se encontró un preservativo aparentemente usado al lado del cuerpo de Vicky el cual podría ser una evidencia de una posible relación sexual antes o después de su muerte (supra párr. 45).

131    Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 217.

132   Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 83, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 120.

 

violado los artículos 8.1 y 25 de la Convención, refiriéndose esencialmente a: a) la falta de debida diligencia en las investigaciones; b) la inobservancia del principio del plazo razonable en las investigaciones sobre la muerte de Vicky Hernández; c) la falta de seguimiento de las líneas lógicas de investigación; d) la falta de participación de las familiares de Vicky Hernández en las investigaciones; e) la existencia de obstáculos normativos para llevar a cabo las investigaciones; f) las obligaciones específicas en la investigación de casos de violencia contra las mujeres -incluidas las mujeres trans- que no fueron aplicadas en el presente caso, y g) la discriminación por aplicación de estereotipos y por llevar a cabo una investigación sin enfoque de género.

  1. Como fuera considerado en esta Sentencia, la Corte recuerda que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en cuanto a la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández (supra Capítulo IV.A). En ese sentido, este Tribunal entiende que ha cesado la controversia con respecto a las alegadas violaciones a los artículos 8 y 25. Sin mengua de lo señalado, tomando en cuenta la naturaleza del caso, la Corte estima necesario referirse a algunos puntos relacionados con la obligación de
  2. En lo que respecta a las líneas lógicas de investigación, la Corte recuerda que, en aras de garantizar la efectividad de la investigación de violaciones a los derechos humanos, se debe evitar omisiones probatorias y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación133. El Tribunal ha especificado los principios rectores que resulta preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento del hecho Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados134, lo cual implica garantizar la correcta cadena de custodia.
  3. Adicionalmente, este Tribunal ha indicado que cuando se investigan actos violentos, como los homicidios, las autoridades estatales tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen posibles motivos Esta obligación implica que, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable de acuerdo con las circunstancias, en aras de recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación135. La falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios, puede constituir en sí misma una forma de discriminación, contraria a la prohibición establecida en el artículo 1.1 de la Convención136.
  4. En el presente caso, la Corte constata que la única línea de investigación adoptada por Honduras fue la tendiente a individualizar a la persona relacionada con el supuesto

 

133 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 88 y 105, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 194.

134        Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,

párr. 128, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 194.

135     Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 196. Véase en sentido similar, Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 208.

136      Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 196. Véase en sentido similar, Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 223.

 

hecho de amenaza que sufrió Vicky Hernández, y cuya única prueba se desprende de una declaración tomada a la madre de la víctima dos años después de ocurridos los hechos (supra párr. 41). Asimismo, las autoridades no tuvieron en cuenta en el marco de la investigación, los elementos que indicaban que el hecho podría estar vinculado con la identidad de género de la víctima, con la circunstancia de que ella era una mujer trans trabajadora sexual. Tampoco se tuvo en cuenta su actividad en defensa de las mujeres trans ni la posible participación de agentes estatales. Asimismo, las autoridades no tuvieron en consideración los indicios que apuntaban a una posible agresión o violencia sexual que podría haber sufrido Vicky Hernández (supra párr. 45), ni el contexto de discriminación y violencia contra personas LGBTI o el contexto de violencia policial en contra de personas LGBTI particularmente mujeres trans trabajadoras sexuales.

  1. En cuanto a los alegatos sobre la discriminación por aplicación de estereotipos e investigación sin enfoque de género, los mismos serán analizados en el acápite
  2. Por último, en lo que respecta a los alegados obstáculos normativos que surgirían de la adopción del decreto de amnistía No 2-2010, esta Corte constata que el referido decreto no fue aplicado a los hechos del caso, motivo por el cual no emitirá un pronunciamiento al

 

  • Sobre las alegadas violaciones a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la vida privada, a la libertad de expresión, al nombre y a la igualdad y no discriminación en perjuicio de Vicky Hernández

 

  1. En cuanto a los alegatos relacionados con los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad, a la vida privada, a la libertad de expresión, al nombre, a la igualdad y no discriminación, y en términos más generales del derecho a la identidad de género, este Tribunal constata que los mismos se refieren a vulneraciones que se habrían producido en tres momentos diferentes: a) como consecuencia del homicidio de Vicky Hernández; b) en el marco de las investigaciones relacionadas con ese homicidio, y c) en el marco jurídico general del Estado de Honduras que no reconocía la identidad de género de Vicky Hernández.
  2. En cuanto a lo anterior, corresponde en primer término señalar que existen elementos para inferir razonablemente que la violencia ejercida contra Vicky Hernández, que culminó con su muerte, muy probablemente fue ejercida por motivos de género y/o en razón de su expresión de género o de su identidad de género. Además, se cuenta con pruebas que permiten presumir que Vicky Hernández pudo ser víctima de violencia sexual. Algunos elementos concretos que apuntan a esas conclusiones son los siguientes: a) el contexto de discriminación y de violencia contra personas LGBTI en Honduras, en particular durante la época en la que ocurrió la muerte de Vicky Hernández; b) la existencia de un preservativo aparentemente usado al lado del cuerpo de Vicky; c) la exposición del cuerpo sin vida de Vicky Hernández en plena calle, vestida con su atuendo como una trabajadora sexual; d) la condición de defensora de las personas LGBTI y sus derechos, y e) la naturaleza de las heridas en su rostro (mostraba unas heridas irregulares en su ojo izquierdo y la región frontal izquierda y un equimosis en su región palpebral) (supra párr. 45).
  3. Adicionalmente a lo anterior, el Estado aceptó que las autoridades no habían conducido las investigaciones de forma adecuada, por lo cual reconoció su responsabilidad por una vulneración a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana (supra Capítulo IV.A). Además, en el marco de esas investigaciones, las autoridades hondureñas: a) no desplegaron una línea de investigación relacionada con las labores de activista de Vicky Hernández dentro del colectivo trans Colectivo Unidad Color Rosa; b) no han abordado los

 

hechos como un posible crimen por prejuicio por motivos de identidad de género a pesar de la existencia de un contexto en ese sentido; c) dejaron una indicación en el expediente sobre la calificación del asesinato como un posible crimen pasional; d) no han realizado los estudios correspondientes para determinar si Vicky Hernández fue víctima de violencia sexual, y e) registraron el sexo/género de Vicky Hernández como masculino, y en términos generales se la identificó como un hombre (supra párr. 48).

  1. Sobre lo anterior, la Corte recuerda que ha reconocido que los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos”, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. La Corte considera que lo mismo puede ocurrir en casos de estereotipos por la expresión de género e identidad de género137.
  2. En lo que concierne el derecho a la identidad de género, esta Corte ha indicado que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género, se encuentra protegido por la Convención Americana a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18)138.
  3. Sobre la relación entre los derechos a la libertad en un sentido amplio, la expresión de género, el derecho a la identidad de género, y el derecho a la vida privada, esta Corte ha indicado en otros casos que el reconocimiento de la afirmación de la identidad sexual y de género se encuentra protegido por la Convención Americana en sus artículos 7 y 11.2. Es así como la identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. En ese sentido, el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura y malos tratos139.
  4. Por otra parte, el Tribunal ha considerado que el derecho a la identidad, y en particular la manifestación de la identidad, también se encuentra protegido por el artículo 13 que reconoce el derecho a la libertad de expresión. Desde esta óptica, interferir arbitrariamente en la expresión de los distintos atributos de la identidad puede implicar una vulneración a ese derecho. Es por ello que, para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad, respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, y la facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones140. Del mismo modo, este Tribunal ha entendido que existe una relación estrecha entre, por un lado, el reconocimiento de la personalidad jurídica y, por otro, los atributos jurídicos inherentes a la persona humana que la distinguen, identifican y

 

 
  

137       Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 199. Asimismo, véase Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, párr. 173, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 326.

138         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 115.

139         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 101.

140         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párrs. 91, 96 y 101.

 

singularizan141.

  1. Por otra parte, en virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están obligados, además, a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias142.
  2. Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, así como de diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales (supra párr. 67). Además, según se señaló, a través de esas conductas se ven menoscabados no solamente los derechos a la vida e integridad personal, sino que también se vulnera el derecho a la identidad de género y/o a la expresión de género de las personas, así como todos los derechos que se encuentran conectados con los mismos143.
  3. En relación con lo anterior, para esta Corte, el respeto y la garantía del derecho a la vida, a la integridad personal y a la identidad de género de las personas trans se encuentran estrechamente relacionados. En el presente caso, el Tribunal notó que existen fuertes indicios que apuntan al hecho que la muerte y los hechos de violencia en contra de Vicky Hernández se produjeron por motivos de género y/o en razón de su expresión de género o de su identidad de género. De ese modo, en las circunstancias particulares de este caso, necesariamente la determinación de la responsabilidad del Estado por una alegada violación al derecho a la identidad de género, debe derivarse, entre otras consideraciones, de una responsabilidad del Estado por una violación al derecho a la vida de Vicky Hernández puesto que su muerte se produjo precisamente en razón de la forma en que ella expresaba su identidad de género.
  4. A lo anterior se suma el hecho que, durante la etapa de la investigación del homicidio de Vicky Hernández, las autoridades hondureñas emplearon de manera sistemática estereotipos y prejuicios de género (supra párr. 113). En efecto, se ha mencionado supra que, en el marco de las diligencias de investigación, se hizo caso omiso de su identidad de género auto-percibida, y no se siguieron las lógicas de investigación de acuerdo a las cuales se podría haber analizado su muerte como una posible manifestación de violencia de género y discriminación debido a su identidad trans
  5. Adicionalmente, el hecho de que Vicky Hernández no tuviera la oportunidad de reflejar su identidad de género y su nombre elegido en su documento de identidad, de conformidad con su género auto-percibido, tuvo probablemente un impacto significativo en el marco de las investigaciones que, como fuera señalado, se caracterizaron por hacer caso omiso y obviar líneas de investigación relacionadas con su identidad de género (supra párr. 113). Además, esa falta de reconocimiento de su identidad de género auto-percibida, pudo, de forma más amplia, fomentar una forma de discriminación y de exclusión social por expresar dicha identidad.
  6. Sobre ese punto ya se indicó que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención y que, por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la De acuerdo

141         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párrs. 91, 96, 101 y 104.

142         Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 104, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 89.

143         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párrs. 113 y 114.

 

con ello, esta Corte señaló supra que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género (supra párr. 67).

  1. De conformidad con lo anterior, el Tribunal indicó que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad sean acordes o correspondan a la definición que tienen de sí mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18). Lo anterior significa que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona, la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. En esa línea, lo expresado implica necesariamente, que las personas que se identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconocidas como tal. Además, el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad, sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad, más aún cuando ello involucra una exposición continua al cuestionamiento social sobre esa misma identidad afectando así el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos por el derecho interno y el derecho internacional144.
  2. Por todas las consideraciones anteriores y dada la íntima relación que se presenta en este caso, entre, por una parte, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y por la otra, el derecho identidad de género y a la expresión de género, la Corte encuentra que el Estado es también responsable por la violación al deber de garantizar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad personal, el derecho a la vida privada, a la libertad de expresión, y al nombre contenidos en los artículos 3, 7, 11, 13 y 18 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 24, 8 y 25 del mismo instrumento, en perjuicio de Vicky Hernández.

 

  • Sobre la alegada violación a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)

 

  1. La Comisión y las representantes alegaron que en este caso se había vulnerado las obligaciones contenidas en los artículos a y 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por los hechos relacionados con el homicidio de Vicky Hernández, así como por no haber actuado con la debida diligencia en las investigaciones sobre su muerte.
  2. La Corte recuerda que la Convención de Belém do Pará es un instrumento que fue adoptado ante la necesidad de proteger de forma reforzada el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y eliminar todas las situaciones de violencia que puedan afectarlas tanto en el ámbito público como en el privado. A su vez, como lo indica el preámbulo de dicha Convención, la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana. Ante ello, los “Estados Partes conden[aron] todas las formas de violencia contra la mujer y conv[inieron] adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.
  3. La Convención de Belém do Pará, en su artículo 1, hace referencia a la violencia
 
  

144         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 115.

 

contra la mujer basada en su género. Esta violencia se erige sobre un sistema de dominación patriarcal fuertemente arraigado en estereotipos de género, y constituye una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”145. La violencia en contra de las personas fundamentada en la identidad o expresión de género, y específicamente en contra de las mujeres trans, también se encuentra basada en el género, en cuanto construcción social de las identidades, funciones y atributos asignados socialmente a la mujer y al hombre146. Su manifestación responde, no obstante, a un patrón específico de violencia y discriminación por lo que debe abordarse teniendo en cuenta sus particularidades para brindar una respuesta adecuada y efectiva. De esta forma, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado que la violencia transfóbica “constituye una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género” y, además, que la “violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans suele ser especialmente despiadada en comparación con otros delitos motivados por prejuicios”147.

  1. Asimismo, el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará insta a los Estados para que, a la hora de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomen en cuenta “la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada”. Esta lista de factores no es numerus clausus, como lo indica la utilización de la expresión “entre otras”. De esta forma, es dable considerar que la identidad de género en determinadas circunstancias como la presente, que se trata de una mujer trans, constituye un factor que puede contribuir de forma interseccional a la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia basada en su género. En efecto, la Corte ha determinado que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana y que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas148. Además, esta Corte ha sostenido que la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”, por lo que “el reconocimiento de la identidad de género se encuentra ligada necesariamente con la idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como parte de una construcción identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad”149.
  2. De la misma manera, la Comisión Interamericana en su Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, observó que:

la orientación sexual y la identidad de género no están expresamente incluidas en la Convención de Belém do Pará. No obstante, la considera que la Convención de Belém do Pará es un “instrumento vivo”. En consecuencia, la [Comisión] considera que cuando el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará se refiere a la obligación del Estado de tener especialmente en

 

145 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 303; Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 397 y Caso Guzmán Albarracín y otras VS. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405, párr. 113.

146         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 32.

147 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, 17 de noviembre de 2011, UN doc A/HRC/19/41.

148         Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, supra, párr. 91 y Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 68.

149         Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 94.

 

cuenta la situación de la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón de varios factores “entre otros”, éstos necesariamente incluyen la orientación sexual y la identidad de género150.

  1. En congruencia con la anterior, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) indicó en su Recomendación General 28 de 2010 que “si bien en la Convención [CEDAW] solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo
  2. a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género”151. En su Recomendación 35 de 2017 sobre la violencia por razón de género, el CEDAW consideró que la expresión “violencia de género contra la mujer” es “un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia”. Asimismo, en esta Recomendación se analizaron los diferentes factores que pueden incidir en la discriminación contra la mujer, indicando entre ellos “la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual”152.
  3. Del mismo modo, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (“MESECVI”) incluye en su Guía Práctica para la aplicación del sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención la necesidad de incluir las tasas de violencia y crímenes de odio en niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, lesbianas y/o con personas con identidad de género diversas153.
  4. De conformidad con lo anterior y atendiendo a una interpretación evolutiva154, la Corte estima que el ámbito de aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans, como sucede en este
  5. Por otra parte, la Corte recuerda que, al aplicar este Tratado, desarrolló la noción de debida diligencia reforzada155. Esto implica aplicar una perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de casos de violencia cometida contra las mujeres, incluyendo la violencia contra las mujeres trans, así como evitar la impunidad crónica que envía un mensaje de tolerancia y permite la repetición de los hechos. El fin del tratado es lograr la erradicación a futuro de este fenómeno que tiene raigambre estructural en nuestras
  6. En los acápites anteriores, este Tribunal analizó los hechos de violencia y el asesinato de Vicky Hernández y concluyó que el Estado era responsable por una vulneración a los derechos a la vida y a la integridad personal en su perjuicio (supra Capítulo 2.B.B1). A su vez, consideró que existían elementos suficientes como para concluir que esos hechos se produjeron en razón de su identidad de género de mujer trans (supra párr. 112). Además, la Corte hizo hincapié en las obligaciones reforzadas del Estado al investigar estos hechos y las falencias que se presentaron ante la falta de consideración de las particularidades que
 
  

150        Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 12 de noviembre de 2015. Doc OAS/Ser.L/V/II.re.2 Doc 36, párr. 52.

151        Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general num. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 16 de diciembre de 2010, CEDAW/C/GC728, párr. 5.

152   Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general num. 35 sobre violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general num.19, 26 de julio 2017, CEDAW/C/GC/35, párrs. 9 y 12.

153        Cfr. MESECVI. Guía práctica para la aplicación del sistema de indicadores de progreso para la medición de la Convención de Belém do Pará. Febrero 2015. Ficha técnica 5.7, página 32 de la guía.

154        El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 114.

155         Cfr. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, supra, párrs. 131, 136 y 141.

 

conlleva una investigación de un crimen vinculado con la identidad de género de la víctima. En este caso, además, es muy relevante el hecho de que Vicky Hernández era una mujer trans trabajadora sexual, que vivía con VIH, y desarrollaba una actividad en defensa de los derechos de las mujeres trans. Estas características pusieron a Vicky Hernández en una posición de particular vulnerabilidad en donde confluyeron en forma interseccional múltiples factores de discriminación.

  1. Por esos motivos, interpretando el artículo 7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en conjunto con sus artículos 1 y 9, este Tribunal encuentra que el Estado es también responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7.a de ese instrumento en perjuicio de Vicky Hernández, en los términos de lo desarrollado supra respecto del alcance de la responsabilidad estatal por la violación del derecho a la vida (supra párrs. 101 y 102), y en el artículo 7.b del mismo instrumento, en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández, por no haber investigado adecuadamente con la debida diligencia estricta requerida y libre de estereotipos de género, los hechos que llevaron a su muerte.

 

VII.3

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL156 DE LAS FAMILIARES DE VICKY HERNÁNDEZ

 

A.     Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión alegó que tanto la pérdida de su ser querido, como la gravedad de los hechos ocurridos, sumado a la ausencia de un esclarecimiento y a la respuesta judicial adecuada y oportuna, generan efectos que van más allá de la víctima directa, extendiéndose a sus familiares. En consecuencia, consideró que el Estado violó el derecho a la integridad psíquica y moral establecido en el artículo 1 de la Convención, en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández.
  2. Las representantes agregaron a lo señalado por la Comisión que, en este caso, la familia de Vicky Hernández ha sufrido profundamente por la muerte de su ser querido, así como por la impunidad en la que permanecen esos hechos. Añadieron que, la muerte de Vicky Hernández agravó la situación económica ya difícil de la familia. Por último, también mencionaron que la integridad personal de la familia ha sido impactada por la falta de respeto por parte de las autoridades hacia las familiares en todo lo relacionado al caso de
  3. El Estado alegó que era “evidente, que no puede existir una afectación directa del hecho en el cual perdió la vida Vicky Hernández con sus familiares, no es consecuente lo alegado en torno a la integridad personal de las familiares”. Por tanto, indicó que no resulta procedente que se haga reconocimiento alguno en relación con las alegadas afectaciones de las familiares de Vicky Hernández.

 

B.      Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte nota que la Comisión y las representantes alegaron que el Estado era responsable por una afectación al derecho a la integridad de las familiares de Vicky Hernández por: a) la pérdida de su ser querido; b) la ausencia de un esclarecimiento y respuesta judicial adecuada y oportuna, y la falta de reconocimiento por parte del Estado de sus derechos como víctimas bajo la ley hondureña, y c) el impacto que tuvo la muerte de

156         Artículo 25 de la Convención Americana.

 

Vicky Hernández en la situación económica de sus familiares.

  1. Las representantes sustentaron esas afectaciones con las declaraciones de las familiares de Vicky Hernández157 y mediante un informe socio-económico elaborado por la organización Cattrachas el 2 de marzo de 2017158. Rosa Argelia Hernández Martínez, la madre de Vicky Hernández, declaró en particular que el asesinato de su hija la había afectado bastante, y que siente “una tristeza profunda” puesto “que una madre no está preparada para perder” a su hija, y “peor cuando una sabe que l[a] mataron de esa forma por ser trans”. Indicó que a veces tiene “sentimientos de desesperanza” como de querer morirse. Manifestó que le ha pasado de ponerse a “llorar de la nada”. También señaló que a veces no puede dormir pensando en su hija que mataron y en la forma en que se produjo su muerte159. En el mismo sentido, Merelin Tatiana Rápalo Hernández, hermana de Vicky Hernández, declaró que su muerte la afectó mucho y que al pensar en ella y todo lo que pasó, su muerte, como sufrió en toda su vida por no tener apoyo le “quita el sueño”. Agregó que han pasado años de su muerte y aun es difícil para ella recuperarse160.
  2. Del mismo modo, Rosa Argelia Hernández Martínez narró la forma en que su hija Vicky fue agredida, maltratada y discriminada por ser una mujer trans dedicada al trabajo Es así como narró a) la forma en que fue herida en la cabeza y en el brazo con un machetazo inferido por un guardia de seguridad que le dijo “me caen mal los culeros, ni deberían de existir”; b) como fue maltratada por la policía cuando fue a poner la denuncia, en esa oportunidad los policías le habrían dicho “por nosotros te podés morir culero, desgraciado, gay para nosotros ustedes no existen ni valen ni un centavo”; c) la forma en que su hija Vicky le contaba como “el resto de las personas se aprovechaban” de ella, la “trataban feo”, y se creían capaces de “hacer lo que quisieran” contra ella, y d) la forma en que su hija le contó que fue víctima de una violación161. Por su parte, Merelin Tatiana Rápalo Hernández contó que Vicky le había transmitido lo “difícil que le era vivir la discriminación y los malos tratos a diario”. Relató incluso que cuando acompañaba a Vicky a la calle para hacer algún mandado, “miraba como gente la quedaba viendo mal, la insultaban y en los peores casos le tiraban cosas”, y como en muchas ocasiones hasta ella fue agredida cuando les lanzaban cosas162. Estos testimonios dan cuenta de los sufrimientos que experimentaban las familiares de Vicky que tenían que asistir a la discriminación constante y sistemática contra su ser querido.
  3. Por otra parte, en el capítulo de reconocimiento de responsabilidad y en el capítulo sobre garantías judiciales y protección judicial (supra Capítulo VII.2.B.B2), la Corte llegó a la conclusión que el Estado era responsable por una violación a esos derechos en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández. A su vez, el Tribunal también determinó que el Estado era responsable por una violación al derecho a la vida de Vicky Hernández (supra Capítulo 1). En consecuencia, vistas las distintas declaraciones de las familiares de Vicky Hernández y tomando en cuenta lo anterior, esta Corte encuentra que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández163, por el sufrimiento

157 Cfr. Declaraciones por affidavit las familiares de Vicky Hernández, a saber: Merelin Tatiana Rápalo Hernández, hermana de Vicky Hernández y Rosa Argelia Hernández Martínez, madre de Vicky Hernández (expediente de prueba, folios 1515 a 1528).

158         Cfr. Informe socio-económico, Cattrachas, 2 de marzo de 2017 (expediente de prueba, folios 5 a 13).

159        Cfr. Declaración por affidavit de Rosa Argelia Hernández Martínez (expediente de prueba, folio 1520).

160        Cfr. Declaración por affidavit de Merelin Tatiana Rápalo Hernández (expediente de prueba, folio 1526).

161        Cfr. Declaración por affidavit de Rosa Argelia Hernández Martínez (expediente de prueba, folio 1518).

162        Cfr. Declaración por affidavit de Merelin Tatiana Rápalo Hernández (expediente de prueba, folio 1526).

163         Estas personas aparecen mencionadas en la nota al pie de página número 1.

 

que les causó su muerte, la situación permanente de discriminación de la cual ella era objeto, y la situación de impunidad en la cual se encuentra ese homicidio. En lo que respecta el impacto que pudo tener la muerte de Vicky Hernández en la situación económica de sus familiares, las mismas serán analizadas en el capítulo de reparaciones en la parte correspondiente al daño material (infra Capítulo VIII).

 

VIII REPARACIONES164

 

  1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado165.
  2. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron166. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados167.
  3. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho168.
  4. En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en la presente Sentencia, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y las representantes de las víctimas, así como las observaciones del Estado a las mismas, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados169.

 

 

164         Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana.

165         Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 24 y 25, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 126.

166      Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 24, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C No. 417, párr. 135.

167       Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 226, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 135.

168        Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 135.

169     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 y 26, y Caso Almeida Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Serie C No. 416, párr. 57.

 

A.     Parte Lesionada

 

  1. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Vicky Hernández, su madre Rosa Argelia Hernández Martínez, su hermana Merelin Tatiana Rápalo Hernández, y su sobrina Argelia Johana Reyes Ríos, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en el Capítulo VII serán consideradas beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordene.

 

B.      Obligación de investigar

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente
  2. Las representantes coincidieron con la Comisión y solicitaron que se ordenara al Estado de Honduras investigar los hechos a través de los órganos de justicia competentes, y que para ello el Estado deberá poner al alcance de las autoridades encargadas de la investigación todos los medios necesarios para realizarla. Agregaron que la investigación deberá tener el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, así como imponer las sanciones correspondientes. Indicaron, asimismo, que resulta crucial que se incluya dentro de las líneas principales de investigación la participación directa de agentes estatales en la ejecución de Vicky, la comisión de un crimen por prejuicio y la posible presencia de violencia Por último, requirieron que se ordenara al Estado determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes y servidores públicos responsables de las negligencias y errores cometidos en la investigación del caso.
  3. El Estado reiteró que rechazaba que el hecho acaecido pueda ser calificado como una ejecución extrajudicial o un crimen de odio, al no haberse acreditado la participación de agentes del Estado, por lo que se opuso a que en las líneas principales de investigación se establezca la participación directa de agentes
  4. A la luz de las conclusiones de la presente Sentencia y del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado sobre la falta al deber de investigar, la Corte dispone que el Estado, en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia contra personas trans, deberá promover y continuar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables del homicidio de Vicky Hernández, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante para sus familiares170. Dicha investigación deberá seguir líneas de investigación específicas respecto a la identidad de género de la víctima y la posibilidad de que su homicidio estuviese relacionado con dicha identidad y/o su trabajo como defensora de los derechos de las personas LGBTI y trabajadora sexual, así como respecto de la posibilidad de que se hayan cometido actos de violencia sexual en su Además, deberá conducirse de forma objetiva, sin partir de una concepción preconcebida en cuanto a la ausencia de participación de agentes estatales. Dicha investigación deberá desarrollarse, asimismo, de conformidad con los protocolos especiales

170       Cfr. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 278, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, párr. 338.

 

de investigación que el Estado deberá adoptar, según lo establecido infra (párr. 176). Del mismo modo, el Estado deberá determinar las responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales de los agentes y servidores públicos responsables de las negligencias y errores cometidos en la investigación del caso de conformidad con el derecho aplicable.

  1. Con respecto a lo anterior, esta Corte considera necesario recordar que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa171. Esto significa que el Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas, por lo que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es él quien debe de resolver el asunto a nivel interno y, de ser el caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales172. Solo si un caso concreto no es solucionado en la etapa interna o nacional, la Convención prevé un nivel internacional en el que los órganos principales son la Comisión y la Corte173. Entonces, por la propia naturaleza del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuando la Corte emite una Sentencia, ya ha transcurrido, en general, un prolongado lapso de tiempo sin que las víctimas sean reparadas. En este sentido, cuando este Tribunal ordena que se investiguen penalmente los hechos del caso, con el objeto de que éstos no queden en impunidad y que las víctimas puedan obtener la justicia que hasta entonces les ha sido denegada, corresponde al Estado adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para que dicha reparación no se torne ilusoria. No puede éste tratar dicha investigación penal como cualquier otra, sino que debe darle una atención prioritaria y adoptar medidas especiales para garantizar que la causa tenga el mayor impulso posible, en tanto con ello se busca la reparación de las víctimas del caso174.

 

C.      Medidas de satisfacción y rehabilitación

 

  • Medidas de satisfacción

 

  • Publicación de la sentencia

 

  1. Las representantes solicitaron que se ordenara, como medida de satisfacción, la publicación de la Sentencia en el Diario Oficial y en “los diarios de mayor circulación nacional” el resumen de la sentencia que dicte sobre el presente caso. Además, requirieron que se disponga la publicación del texto íntegro de la Sentencia, al menos por un año, en un sitio web oficial del Estado “que sea adecuado”. El Estado indicó que, en caso de proceder esta medida, se publique de acuerdo a lo que ha establecido en otros casos estableciendo “los plazos y el extremo de dicha publicación” a efectos de garantizar el cumplimiento de dicha
  2. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos175, que el Estado publique, en el

171 Cfr. Caso Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286, párr. 137, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C No. 412, párr. 167.

172   Cfr. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, párr. 66, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 167.

173     Cfr. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C. No 330, párr. 92, y Caso Petro Urrego Vs. Colombia, supra, párr. 102.

174 Cfr. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2011, Considerando 44, y Caso Torres Millacura Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de julio de 2020, Considerando 45.

175   Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 79, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra, párr. 226.

 

plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, en un tamaño de letra legible y adecuado, y c) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial del Estado. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 20 de la presente Sentencia.

 

  • Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

 

  1. Las representantes solicitaron que la Corte ordenara la realización de un acto público de reconocimiento y aceptación de responsabilidad por los hechos del presente caso. Requirieron que participen a ese acto, altos representantes del gobierno nacional de Honduras, y que la realización y demás particularidades de dicha ceremonia pública sean consultados previa y debidamente con los miembros de la familia de Vicky Hernández, cuyos gastos de asistencia al acto deben ser cubiertos por el Estado. El Estado indicó que, en caso que dicha medida sea otorgada, se establezca los extremos, plazo en que los debe de ser ejecutada, las instituciones públicas que deban estar representadas ya sea por el titular o a quien este designe respetando que los mismos tengan “poder de decisión”.
  2. Esta Corte valora positivamente el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado durante la audiencia pública ante la Corte, lo cual podría representar una satisfacción parcial para las víctimas frente a las violaciones declaradas en la presente Sentencia. Sin embargo, estima necesaria ordenar, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado y de las víctimas declaradas en esta Sentencia, si así lo desean, y de sus representantes176.
  3. El Estado, las víctimas, y/o sus representantes, deberán acordar la modalidad de cumplimento del acto público, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización177. En caso de que las familiares de Vicky Hernández presten su consentimiento, dicho acto deberá llevarse a cabo en la sede “Colectivo Unidad Color Rosa”, siempre y cuando ese colectivo también esté de acuerdo. Además, deberá garantizarse que las víctimas que tengan la posibilidad de asistir lo hagan, para lo cual el Estado deberá sufragar los gastos correspondientes a su transporte. De igual manera, como lo ha hecho en otros casos178, la Corte ordena al Estado difundir dicho acto a través de los medios de comunicación de la manera más amplia posible, incluyendo la difusión por radio, televisión y redes Las autoridades estatales que deberán estar presentes o participar en dicho acto deberán ser altos funcionarios estatales, incluidas las máximas autoridades de la Policía. Para cumplir con esta obligación de realizar el acto de

176 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 81, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, supra, párr. 347.

177         Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 353, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, supra, párr. 348.

178         Véase, por ejemplo, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párr. 445, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, supra, párr. 348.

 

reconocimiento de responsabilidad internacional, el Estado cuenta con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.

 

  • Beca educativa a favor de Argelia Johana Reyes Ríos

 

  1. Las representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado de Honduras garantizar una beca de estudios a favor de Argelia Johana Reyes Ríos, a través de un estipendio mensual que cubra enteramente los gastos relacionados con sus estudios en el instituto de educación secundaria y en la universidad que ella, junto a su abuela, decidan, hasta que culmine su carrera “profesionalizante a nivel superior”. Indicaron que la beca deberá estar sujeta a la condición resolutoria de no abandonar los estudios y deberá ser administrada por su abuela, Rosa Argelia Hernández Martínez, hasta que Argelia Johana Reyes Ríos cumpla su mayoría de edad; momento en que deberá ser administrada por ella
  2. El Estado indicó que, en caso de ser otorgada esta medida, se fije un monto y el período que la misma cubrirá, y que se autorice al Estado de Honduras la constitución de un fideicomiso a través de una institución bancaria nacional para la administración y disposición de los fondos, cuyas montos sean otorgados de manera mensual a fin que pueda servirle para estudiar en una escuela secundaria y, en su caso, continuar sus estudios universitarios en el sistema nacional, estableciendo la cláusula resolutoria de no abandonar sus estudios y a su rendimiento
  3. La Corte nota que, de acuerdo a las declaraciones por affidavit de Rosa Argelia Hernández Martínez y de Merelin Tatiana Rápalo Hernández, Vicky Hernández era un sustento económico importante para su familia, siendo que ella participaba en los gastos de comida de la casa, luz, agua y alquiler, y después de su muerte la situación económica se ha agravado sustantivamente179. Tomando en cuenta lo anterior, así como el hecho que en el presente caso se ha concluido que el Estado era responsable de la muerte de Vicky Hernández (supra 2.B.B1), el Tribunal estima necesario ordenar al Estado que otorgue la beca de estudio solicitada en favor de Argelia Johana Reyes Ríos a través de un estipendio mensual que cubra enteramente los gastos relacionados con sus estudios en una institución pública de educación secundaria y de educación técnica o universitaria en Honduras.
  4. Además, esa beca no deberá estar condicionada a la obtención de calificaciones que la hagan acreedora de una beca de excelencia ni tampoco depender de su desempeño académico, y deberá otorgársele, en cambio, en atención a su calidad de víctima por las violaciones declaradas en la presente Sentencia. Dicha beca se otorgará desde el momento en que la beneficiaria la solicite al Estado hasta la conclusión de sus estudios superiores técnicos o universitarios y deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de dichos estudios, incluyendo el material académico o educativo, así como los gastos de manutención. La víctima o sus representantes legales cuentan con un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir dicha beca, y de 24 meses desde que culmine sus estudios secundarios para informar sobre su voluntad de recibir dicha beca, así como sobre la carrera que decidió realizar a nivel técnico o

 

  • Audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras

 

  1. Dada las circunstancias del presente caso, el cual constituye una expresión del

179         Cfr. Declaraciones de Rosa Argelia Hernández Martínez y de Merelin Tatiana Rápalo Hernández (expediente de prueba, folios 1520 y 1525).

 

contexto de violencia contra las mujeres trans en Honduras, la Corte dispone como lo ha hecho en otros casos180, la realización de un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras. Ese documental deberá hacer referencia a los hechos del presente caso y su contenido, además deberá contar con la plena participación de las víctimas en todas las etapas de producción. El Estado deberá hacerse cargo de todos los gastos que generen la producción y distribución de dicho video. La Corte considera que este video deberá ser distribuido lo más ampliamente posible entre las víctimas, sus representantes, centros de capacitación a las fuerzas policiales y militares, escuelas y universidades del país para su promoción y proyección posterior con el objetivo final de informar a la sociedad hondureña sobre estos hechos y sobre la situación que viven las mujeres trans en Honduras. Dicho video deberá ser transmitido, al menos una vez, en un canal de difusión nacional y en el horario de mayor audiencia televisiva, y debe ser colocado en la página web de la Policía Nacional de Honduras. Para la realización de ese audiovisual documental y su difusión, el Estado cuenta con el plazo de un año, contando a partir de la notificación de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado deberá presentar un informe a la Corte sobre los avances en el cumplimiento de esta medida de reparación en el plazo de seis meses desde la notificación de la presente Sentencia. El Estado deberá designar un interlocutor para coordinar con las víctimas o sus representantes para cumplir con esta medida en el plazo de cuatro meses desde la notificación de la presente Sentencia.

 

  • Creación de la beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans

 

  1. Tomando en cuenta el contexto de discriminación contra las mujeres trans en Honduras que también constituye un obstáculo para el acceso al sistema educativo, la Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos181, que el Estado deberá crear un programa de becas educativas a favor de mujeres trans para la conclusión de estudios secundarios o técnicos con el nombre de Vicky Hernández.  Este programa deberá cubrir los gastos, incluyendo la manutención, para la realización de los estudios de una persona en una institución pública de Honduras y deberá renovarse anualmente de forma permanente. La coordinación de esta beca estará a cargo de un colectivo y organización de ayuda y apoyo a las mujeres trans que será designada por las víctimas o sus Esa organización o colectivo será quien determine las condiciones para postular a dicha beca a través de un concurso de méritos, mediante un procedimiento que la organización establezca, respetando criterios objetivos. Para cumplir con esta medida, el Estado cuenta con el plazo de dos años, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. A su vez, las víctimas o sus representantes deberán designar la organización encargada de coordinar la beca Vicky Hernández, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado deberá designar un interlocutor para coordinar con las víctimas o sus representantes para cumplir con esta medida en el plazo de cuatro meses desde la notificación de la presente Sentencia.
    • Medidas de rehabilitación
  2. La Comisión solicitó que se dispusieran las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las familiares de Vicky Hernández, de ser su voluntad y de manera concertada. Las representantes solicitaron que se brinde asistencia médica y psicosocial a las familiares de Vicky Hernández, la cual debería ser provista por cuanto tiempo sea necesario e incluir el costo de los medicamentos que hagan parte del Solicitaron, asimismo, que el centro médico que les brinde dicha atención física

180       Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párrs. 228 a 230, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 365.

181         Véase, por ejemplo, Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, párrs. 233.

 

y psicosocial debería ser elegido de mutuo acuerdo con las beneficiarias y tomar en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada una. El Estado solicitó que, en caso de ser ordenada esa medida, se disponga que sea brindada en el centro asistencial estatal más cercano y que posea la especialidad requerida para atenderlas.

  1. La Corte ha constatado las afectaciones a la integridad personal sufridas por las familiares de la Vicky Hernández como consecuencia de los hechos del presente caso (supra párrs. 140 a 143). Por tanto, la Corte considera que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos o psiquiátricos sufridos por las familiares de la víctima que atienda a sus especificidades y antecedentes182. En consecuencia, esta Corte ordena al Estado pagar una suma de dinero para que las familiares de Vicky Hernández puedan sufragar los gastos de los tratamientos psicológicos que sean El monto de la misma será definido en el acápite correspondiente al daño inmaterial (supra párr. 192).

 

D.     Garantías de no repetición

 

  • Formación, sensibilización y capacitación para cuerpos de seguridad

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado diseñar programas de formación, sensibilización y capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia por prejuicio contra personas Las representantes solicitaron que se ordenara una capacitación y sensibilización de agentes encargados del orden público sobre la población LGBTI y los riesgos que enfrentan, desde enfoques diferenciados basados en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, o características sexuales o aquellas relacionadas con el hecho de ser intersex, para que no se repitan ejecuciones extrajudiciales en contra de personas LGBTI. Indicaron que dichos programas debían incluir también sensibilización sobre el trabajo sexual, estatus VIH positivo, y la labor de defensa de derechos humanos de la población LGBTI. El Estado indicó que, en caso de ser otorgadas esa medida reparación, se deberá determinar su alcance y duración.
  2. En lo que se refiere a los programas de formación, sensibilización y capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia por prejuicio contra personas LGBTI, esta Corte estima pertinente ordenar al Estado crear e implementar, en el plazo de dos años, un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado para: a) sensibilizar a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en cuanto al respeto de la orientación sexual y expresión de género en sus intervenciones a civiles; b) capacitarlos sobre los estándares en materia de debida diligencia en la conducción de investigaciones relacionados con hechos de violencia contra personas LGBTI; c) insistir sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de orientación sexual y expresión de género y el impacto negativo que su utilización tiene sobre las personas LGBTI, e d) instruir sobre los derechos de las personas que desarrollan actividades vinculadas con el trabajo sexual, con la labor de defensa de derechos humanos de la población LGBTI, y con las personas que viven con VIH, así como sobre la forma de desempeñar sus funciones en relación con esas mismas personas. Este plan de capacitación debe ser incorporado en el curso de formación regular de los cuerpos de Policía.
  3. Del mismo modo, los colectivos y organizaciones que se dedican a la protección de los derechos de las personas trans deberán participar en la planeación y ejecución de esos cursos de formación y capacitación.

 

182         Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 42 y 45, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 156.

 

  • Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género

 

  1. La Comisión solicitó que se adoptaran medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans tomando en cuenta los estándares interamericanos en la Las representantes solicitaron que se ordenara la adopción de reformas que permitan el cambio de nombre y de género de las personas trans con “base a la identidad de género auto percibida, incluyendo la Creación de una Ley de Identidad de Género y la reforma al artículo 38 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas que contiene las prohibiciones del cambio de nombre y cambio de sexo, de conformidad con la interpretación de la Convención Americana realizada por la Corte en su Opinión Consultiva 24/17”.
  2. El Estado sostuvo que no se acreditó que la víctima se haya visto perjudicada por la denegatoria del Registro Nacional de las Personas. Agregó que no se ha logrado determinar el nexo causal con los hechos controvertidos, por lo que, solicitó que dicha medida no sea
  3. La Corte nota que en el Capítulo VII.2 y VII.3 de la presente Sentencia, determinó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la identidad de género de Vicky Hernández, entre otros, por no haber investigado los hechos del caso tomando en cuenta su identidad de género auto-percibida y por haber conducido la misma de forma discriminatoria con base en prejuicios basados en la identidad y/o expresión de género. Además, según se indicó, varios de los obstáculos que se presentaron en esas investigaciones nacen en parte de la inexistencia de un mecanismo o un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permite a las personas adecuar los datos de sus documentos de identidad a su género auto-percibido. En consecuencia, esta Corte estima necesario ordenar al Estado que, en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, adopte un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Este procedimiento deberá permitir a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos, de tal forma que éstos sean conformes a su identidad de género auto-percibida.
  4. La adopción de ese procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género deberá ser conforme a lo dispuesto en la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. En particular, el mismo deberá garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite: a) enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) confidencial, siendo además que los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) expedito, y en la medida de lo posible, debe tender a la gratuidad; e) no debe exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales, y f) sin que se requiera necesariamente que sea regulado por una ley183. Por último, el Estado deberá presentar un informe cada seis meses desde la notificación de la presente Sentencia, indicando de forma detallada los pasos que han sido adoptados para cumplir con esta medida. De considerarlo conveniente, el Estado podrá acudir a organizaciones como el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), de la OEA, a fin de que tal entidad brinde asesoramiento o asistencia que pudiere resultar de utilidad en el cumplimiento de la medida

183         Cfr. Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párrs. 160 y 161.

 

  • Adopción de protocolos especiales de investigación

 

  1. Las representantes solicitaron que se ordenara al Estado la adopción de protocolos especiales de investigación con enfoque diferenciado LGBTI. Agregaron que era importante que el Estado garantice que todas las denuncias sobre crímenes por prejuicio basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida de la víctima, sean investigadas rápida y minuciosamente y que, en aquellos casos en que se encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos formales contra las personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente. Esos protocolos de actuación deberán hacer referencia a la existencia de prejuicios y definir la homofobia, la lesbofobia, la misoginia, la bifobia y la transfobia como móviles posibles en la comisión del delito contra personas con orientaciones sexuales, identidad de género y expresiones de género no normativas, o características relacionadas con el hecho de ser intersex. Además, agregaron que dichos protocolos deben ser implementados como parte de la política criminal del Estado en todas las etapas de la investigación, incluyendo los protocolos de medicina forense y la defensa pública.
  2. El Estado indicó que el ente investigador cuenta con protocolos de investigación, de igual forma, en virtud de que Vicky Hernández era defensora de derechos humanos, y de conformidad a las resoluciones de los casos Pacheco León y Escaleras Mejía contra Honduras, donde se ordenó al Estado la creación de un protocolo de investigación para defensores, el cual se está trabajando en forma conjunta entre las representantes y el En consecuencia, solicitó que dicha medida no sea ordenada.
  3. La Corte advierte que es preciso contar con normas específicas que contemplen los criterios establecidos en la presente Sentencia y en otros instrumentos internacionales en la materia a la hora de llevar a cabo investigaciones por hechos de violencia contra personas por prejuicio basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida de la víctima. En consecuencia, la Corte considera conveniente ordenar al Estado adoptar, en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de El protocolo debe tener carácter vinculante de acuerdo con la normativa interna. Este protocolo deberá estar dirigido a todos los funcionarios públicos que intervengan en la investigación y tramitación de procesos penales en casos de personas LGBTI víctimas de violencia, así como al personal de salud público y privado que participe en dichas investigaciones. Dicho protocolo deberá incluir la obligación de que los agentes estatales se abstengan de hacer uso de presunciones y estereotipos discriminatorios al momento de recibir, procesar e investigar las denuncias. En la elaboración del protocolo, el Estado deberá tener en cuenta los criterios desarrollados en esta Sentencia y en la jurisprudencia de la Corte. El mismo deberá ser conforme con los estándares desarrollados en los párrafos 106 a 109 de la presente Sentencia.

 

  • Diagnóstico, recopilación de datos y elaboración de estadísticas

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole para efectuar un diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas LGBTI en Honduras y disponer una política integral de prevención y erradicación efectiva del mismo, atendiendo a sus causas estructurales. Las representantes solicitaron que se ordenara al Estado la recopilación de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra las personas LGBTI. Agregaron que la gravedad de las violaciones de derechos humanos y su carácter sistemático justifican la necesidad de documentación y sistematización por parte del Estado. Indicaron, asimismo, que el Estado debe reconocer la identidad de género como categoría para la elaboración de informes demográficos, epidemiológicos, sociales y políticos. En esa línea, es necesario que la policía,

 

el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario reconozcan la categoría transgénero para la recopilación de estadísticas sobre violencia. Señalaron que, sin esa premisa, es prácticamente imposible que el sistema pueda identificar patrones de crímenes por prejuicio cometidos a causa de la transfobia, o violaciones de derechos humanos en contra de defensoras trans, y adoptar medidas al respecto. Por último, subrayaron que esto es particularmente necesario en vista de que, hasta la fecha, son las organizaciones de la sociedad civil nacional las que han tenido que llenar este vacío de información.

  1. El Estado alegó que actualmente se está trabajando con el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de Honduras (SIMOREH), donde se instauró la mesa de población LGBTI, conformada por instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil, desde la cual se les da seguimiento a las recomendaciones internacionales formuladas al Estado por los órganos de tratado y se impulsa su implementación. Además, como miembro de la OEA, recordó que rinde informes a los órganos del sistema que luego son publicados. Concluyó que dicha medida sería repetitiva de lo que ya se está trabajando en forma conjunta con la Comisión y la Corte
  2. La Corte toma nota de lo indicado por el Estado en lo referente al Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de No obstante, el Tribunal entiende que es necesario recolectar información integral sobre la violencia que sufren las personas LGBTI para dimensionar la magnitud real de este fenómeno y, en virtud de ello, diseñar las estrategias para prevenir y erradicar nuevos actos de violencia y discriminación. Por tanto, como lo ha hecho en otros casos184, la Corte ordena al Estado que diseñe inmediatamente e implemente en un plazo de un año, a través del organismo estatal correspondiente, un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, con el fin de evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI, desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación migratoria o económica. Además, se deberá especificar la cantidad de casos que fueron efectivamente judicializados, identificando el número de acusaciones, condenas y absoluciones. Esta información deberá ser difundida anualmente por el Estado a través del informe correspondiente, garantizando su acceso a toda la población en general, y deberá garantizar la reserva de identidad de las víctimas. A tal efecto, el Estado deberá presentar a la Corte un informe anual durante tres años a partir de la implementación del sistema de recopilación de datos, en el que indique las acciones que se han realizado para tal fin.

 

E.      Otras medidas solicitadas

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado: i) adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia contra personas LGBTI con base en los estándares descritos en el presente informe de fondo, y ii) establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas por parte de cuerpos de seguridad del Estado frente a supuestos de violencia por prejuicio contra personas
  2. Las representantes agregaron, a lo solicitado por la Comisión, que se ordenara al Estado: a) la implementación de un plan nacional de inclusión educativa, laboral y campañas; b) “una capacitación a agentes judiciales y fiscales sobre la calificación de delitos ya tipificados”185; c) la elaboración y publicación de un informe especial sobre factores

184         Cfr. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 252.

185     Indicaron que frente a una falta de respuesta de las violaciones de derechos humanos sufridas por las personas LGBTI por parte de agentes judiciales y fiscales, era necesaria que se ordenara al Estado capacitar a agentes judiciales y fiscales sobre la calificación de delitos tipificados por motivos de orientación sexual, identidad de género, y expresión de género, en especial aquellos que inciten públicamente a la discriminación, de manera que

 

contributivos a la impunidad del caso; d) un sistema de rendición de cuentas periódica y el establecimiento de un observatorio independiente sobre violencia contra personas LGBTI; e) el establecimiento de un centro de atención integral para mujeres trans en San Pedro Sula;

  1. f) reformas que deroguen las normas que actualmente prohíben el matrimonio igualitario y el reconocimiento a las uniones de hecho de personas del mismo sexo, de conformidad con la interpretación de la Convención Americana expuesta en la Opinión Consultiva 24/17; g) reformas que garanticen el derecho de visita íntima entre personas del mismo sexo en los centros penitenciarios del país en los mismos términos requeridos a parejas cis-normadas de conformidad con la interpretación de la Convención Americana expuesta en la Opinión Consultiva 24/17; h) reformas del nuevo Código Penal para que incluya de manera expresa como agravante, la comisión del delito por prejuicio en razón de la identidad de género, orientación sexual, expresión de género o características sexuales; y se reforme los otros tipos penales de discriminación con ocasión del ejercicio de derechos en contra de las personas LGBTI; i) la reforma de la Ley de Policía y Convivencia Social, para que se deroguen los artículos que autorizan la detención transitoria para proteger la moral pública y que en realidad ha dejado a personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad frente a la discriminación de agentes policiales; j) la tipificación del delito de transfemicidio como una nueva configuración penal que refleje dentro de sus elementos subjetivos, el tipo especialísimo de violencia género motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas y el hecho de ser mujeres trans, y k) la adopción de medidas legislativas y de otra índole con el propósito de suspender en forma definitiva y en todas las instancias, los efectos del Decreto Legislativo de Amnistía No. 2- 2010 y retrotraer todos los procesos judiciales de violaciones a derechos humanos en que haya sido aplicado dicho Decreto Legislativo a su estado anterior186.
  2. El Estado indicó que, en caso de ser otorgadas ciertas medidas, estás deberían ser ordenadas de forma precisa. Por otra parte, consideró improcedentes medidas tales como la elaboración de un informe especial sobre factores contributivos a la impunidad del caso puesto que ya se ordenaría la publicación de la Solicitó, además, que se rechazaran medidas de reformas legislativas y administrativas por carecer de nexo causal con los hechos del caso, tales como las modificaciones a los registros civiles, las reformas sobre matrimonio igualitario, y las visitas íntimas a personas del mismo sexo en cárceles. En cuanto al decreto de amnistía, indicó que el mismo carecía de nexos causales con las alegadas violaciones del caso.
  3. Respecto de las solicitudes de reformas normativas sobre el matrimonio igualitario y el derecho de visita íntima entre personas del mismo sexo en los centros penitenciarios del país, la Corte considera que las mismas no guardan un nexo causal con las violaciones determinadas en el presente caso, por lo que no considera necesario En cuanto al resto de las medidas solicitadas por la Comisión y las representantes, la Corte considera que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por las víctimas. Por tanto, no estima necesario ordenar medidas adicionales, sin perjuicio de que el Estado decida adoptarlas y otorgarlas a nivel interno.

 

 

 

sean procesados y sentenciados los responsables, incluidos los dirigentes políticos o religiosos; y que sean efectivamente ejecutadas las penas impuestas.

186         Indicaron que el Decreto Legislativo No. 2-2010 publicado el 2 de febrero del 2010 ha permitido que muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado en Honduras permanezcan en la impunidad, en pleno desconocimiento de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana y otros instrumentos de los que es parte el Estado hondureño.

 

F.      Indemnizaciones compensatorias

 

F.1 Daño material

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe en el aspecto Las representantes solicitaron a la Corte que fijara en equidad el monto que el Estado deberá pagar por el concepto de daño emergente dada “la dificultad para aportar el monto exacto de los gastos en los que ha incurrido la familia de Vicky Hernández” por ese concepto. Sobre el lucro cesante indicaron que, al momento de su muerte, Vicky Hernández sostenía sus gastos y los de su familia mediante el trabajo sexual. En particular, con sus ingresos Vicky cubría los gastos de alquiler de la vivienda familiar, los servicios de agua y luz, así como la fórmula, pañales, medicamentos y en general todos los gastos concernientes a su sobrina Argelia, quien entonces era tan solo una bebé. Tomando en cuenta lo anterior solicitaron que se fijara en equidad el monto que el Estado deba pagar por concepto de lucro cesante.
  2. El Estado solicitó que se tome en consideración que de los hechos del caso no se ha podido acreditar que existe ejecución extrajudicial ni la privación de la libertad de Vicky Hernández por parte de agentes estatales, por lo que requirió que el monto correspondiente al daño material sea establecido por la Corte de conformidad a los hechos del caso y a su
  3. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso187.
  4. En virtud de las circunstancias de este caso, la Corte considera razonable ordenar al Estado el pago de una indemnización por concepto de daño material por lucro cesante y gasto emergente en favor de las familiares de Vicky Hernández. Teniendo en cuenta que la información proporcionada por las representantes no permite establecer con certeza el monto del daño material causado por los hechos examinados en este caso, este Tribunal fija en equidad las cantidades de USD $20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Rosa Argelia Hernández Martínez, y de USD $10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Tatiana Rápalo Hernández.

 

F.2. Daño inmaterial

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el aspecto inmaterial.
  2. Las representantes solicitaron que se ordenara al Estado de Honduras, el pago compensatorio con fines de reparación integral, de las siguientes sumas: a) USD $200.000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Vicky Hernández, a ser entregada a sus derechohabientes en los términos previstos por el régimen legal de sucesiones vigente en Honduras, b) USD $75.000 (setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Rosa Argelia Hernández Martínez, madre de Vicky Hernández,
  3. c) USD $50.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Tatiana Rápalo Hernández, hermana de Vicky Hernández, y d) USD $50.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América ) a favor de Argelia Johana Reyes Ríos (sobrina, menor de edad).

 

187         Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 143.

 

  1. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial, y ha establecido que este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia188.
  2. En atención a las circunstancias del presente caso, la entidad, carácter y gravedad de las violaciones cometidas, los sufrimientos ocasionados a la víctima y sus familiares, y el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos, la Corte considera adecuado ordenar el pago de indemnizaciones por concepto de daño inmaterial. En consecuencia, el Tribunal dispone, en equidad, que el Estado debe otorgar en equidad, por daño inmaterial, una indemnización de USD $100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Vicky Hernández, la cual deberá ser entregada a sus derechohabientes en los términos previstos por el régimen legal de sucesiones vigente en Del mismo modo, el Estado deberá pagar, en concepto de daño inmaterial, la suma de USD $50.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Rosa Argelia Hernández Martínez, madre de Vicky Hernández; USD$ 30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Tatiana Rápalo Hernández, hermana de Vicky Hernández, y USD

$20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Argelia Johana Reyes Ríos, sobrina de Vicky Hernández.

  1. En cuanto a la indemnización ordenada a favor de Argelia Johana Reyes Ríos, el Estado deberá depositarla en una institución financiera hondureña solvente en dólares estadounidenses o en moneda nacional. La inversión se hará dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria, mientras la beneficiaria sea menor de edad. Dicha suma podrá ser retirada por aquella cuando alcance la mayoría de edad, en su caso, o antes si así conviene al interés superior de la niña, establecido por determinación de una autoridad judicial Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años contados a partir de la mayoría de edad de la niña, la suma será devuelta al Estado con los intereses devengados.
  2. Del mismo modo, esta Corte dispone que el Estado deberá pagar la suma de USD

$18.000 (dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América) para que las familiares de Vicky Hernández puedan sufragar los gastos de los tratamientos psicológicos que sean necesarios (supra párr. 166). Esa suma de dinero deberá ser pagada por el Estado sin condición alguna ni rendir cuentas.

 

G.     Costas y gastos

 

  1. Las representantes solicitaron el reintegro de: a) los gastos incurridos por a Red Lésbica “Cattrachas”189, y b) los gastos incurridos por el Robert Kennedy Human Rights190.

188   Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 151.

189     Indicaron que la Red Lésbica “Cattrachas” ha actuado como representante de las víctimas desde el inicio del trámite del caso ante la Comisión Interamericana desde el 23 de diciembre de 2012. A partir de ese momento, ha llevado el litigio del caso en el procedimiento internacional, incurriendo en gastos que incluyen desplazamientos desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, pagos de alojamiento, gastos relacionados con comunicaciones, papelería y envío de documentos. Mencionaron también que han incurrido en gastos correspondientes al trabajo de investigación, recopilación y presentación de pruebas, preparación de escritos y análisis legal, lo que ha implicado viajes a Washington D.C. desde Tegucigalpa en 2 ocasiones. Especificaron que el monto total de las erogaciones ascendió a USD $47,814.57.

190 Especificaron que la organización Robert F. Kennedy Human Rights se unió a la representación legal de las víctimas en el presente caso a partir del 22 de septiembre del 2015. Agregaron que, en dicha calidad, el equipo legal de la organización, y en  particular tres de sus abogadas, han  contribuido de manera sustancial  a  la

 

  1. La Corte recuerda que, conforme a su jurisprudencia, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable191.
  2. Este Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”192. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos193.
  3. Tomando en cuenta los montos solicitados por cada una de las organizaciones y los comprobantes de gastos presentados, la Corte dispone fijar en equidad el pago de: USD

$30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de Red Lésbica “Cattrachas”, y USD $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de Robert F. Kennedy Human Rights. Dichas cantidades deberán ser entregadas directamente a dichas organizaciones. En la etapa de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal194.

 

H.     Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

 

  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas u organizaciones indicadas en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.

elaboración de escritos legales relacionados con el trámite del caso desde la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana, incluyendo la elaboración de las observaciones sobre el fondo y la preparación del presente escrito. En consideración al trabajo jurídico realizado desde su vinculación al caso, solicitaron a la Corte fijar en equidad el monto que el Estado deberá pagar por este concepto y que dicha cantidad sea reintegrada directamente al Robert

  1. Kennedy Human Rights.

191       Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párrs. 82, y 244, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 157.

192         Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, supra, párr. 79, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 193.

193 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 277, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 193.

194    Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 29, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 158.

 

  1. En caso de que las beneficiarias hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la cantidad respectiva, esta se entregará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno
  2. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de mercado publicado o calculado por una autoridad bancaria o financiera pertinente, en la fecha más cercana al día del
  3. Si por causas atribuibles a las beneficiarias de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera hondureña solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses
  4. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización por daños materiales e inmateriales, y como reintegro de costas y gastos, deberán ser entregadas a las personas y organizaciones indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas
  5. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en

 

IX

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE DECIDE,

Por unanimidad:

 

  1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 16 a 24 de la presente

 

DECLARA,

 

Por unanimidad, que:

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8 y 25 del mismo instrumento, así como por la violación del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Vicky Hernández, en los términos de los párrafos 85 a 102 de la presente Sentencia.

 

Por unanimidad, que:

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 1 y 25 de la Convención Americana

 

sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Rosa Argelia Hernández Martínez, Merelin Tatiana Rápalo Hernández, y Argelia Johana Reyes Ríos, en los términos de los párrafos 103 a 110 de la presente Sentencia.

 

Por unanimidad, que:

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la vida privada, a la libertad de expresión, y al nombre, contenidos en los artículos 3, 7, 11, 13 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8, 24 y 25 del mismo instrumento, en perjuicio de Vicky Hernández, en los términos de los párrafos 111 a 125 de la presente

 

Por unanimidad, que:

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Rosa Argelia Hernández Martínez, Merelin Tatiana Rápalo Hernández, y Argelia Johana Reyes Ríos, en los términos de los párrafos 140 a 143 de la presente

 

Por cinco votos contra dos, que:

 

  1. El Estado es responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de Vicky Hernández, y en el artículo 7.b del mismo instrumento, en perjuicio de Rosa Argelia Hernández Martínez, Merelin Tatiana Rápalo Hernández, y Argelia Johana Reyes Ríos, en los términos de los párrafos 126 a 136 de la presente Sentencia.

 

Disienten la Jueza Elizabeth Odio Benito y el Juez Eduardo Vio Grossi.

 

Y DISPONE:

 

Por unanimidad, que:

 

  1. Esta Sentencia es per se una forma de reparación.

 

  1. El Estado promoverá y continuará las investigaciones amplias, sistémicas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables del homicidio de Vicky Hernández, en los términos de los párrafos 152 y 153 de la presente

 

  1. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 155 de esta Sentencia, en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la

 

  1. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en los términos de los párrafos 157 y 158 de esta

 

  1. El Estado otorgará a Argelia Johana Reyes Ríos una beca a través de un estipendio mensual que cubra enteramente los gastos relacionados con sus estudios en una institución

 

pública de educación secundaria y de educación técnica o universitaria en Honduras, de conformidad con lo establecido en los párrafos 161 y 162 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado realizará un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras, en los términos del párrafo 163 de la presente

 

  1. El Estado creará la beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans, en los términos del párrafo 164 de la presente

 

  1. El Estado creará e implementará un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, en los términos de los párrafos 168 y 169 de la presente

 

  1. El Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos, en los términos de los párrafos 172 y 173 de la presente

 

  1. El Estado adoptará un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, en los términos del párrafo 176 de la presente

 

  1. El Estado diseñará e implementará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, con el fin de evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI, en los términos del párrafo 179 de la presente

 

  1. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 187, 191, y 197 de la presente Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 191, 192 y 198 a 203 de la

 

  1. El Estado pagará las sumas destinadas para brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las víctimas que así lo requieran, en los términos del párrafo 193 de la presente

 

  1. El Estado rendirá al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 163, 164, y 173 de la presente

 

  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la

 

El Juez L. Patricio Pazmiño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente. La Jueza Elizabeth Odio Benito dio a conocer a la Corte su voto individual parcialmente disidente. El Juez Eduardo Vio Grossi dio a conocer a la Corte su voto individual parcialmente disidente.

 

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 26 de marzo de 2021.

 

Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Sentencia adoptada en San José, Costa Rica por medio de sesión virtual.

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito Presidenta

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto                                     Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

 

 

 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni                                                          Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

Elizabeth Odio Benito Presidenta

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA JUEZA ELIZABETH ODIO BENITO

 

CASO VICKY HERNÁNDEZ Y OTROS VS. HONDURAS

 

SENTENCIA DE 26 DE MARZO DE 2021

(Fondo, Reparaciones y Costas)

 

I.            INTRODUCCIÓN

 

  1. Al manifestar mi respeto por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”), expongo simultáneamente las razones por las cuales me aparté de su decisión mayoritaria al resolver que el Estado de Honduras es responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 7.a y 7.b de la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Convención de Belém do Pará) (punto resolutivo 6 de la sentencia a la que me refiero a continuación).

 

  1. La sentencia recaída en el caso Vicky Hernández y otros Vs. Honduras1(en adelante “la sentencia”) es, sin duda, una sentencia importante, no solo por la temática que aborda (y, en particular, la necesaria visibilidad en el ámbito internacional del atroz contexto de violencia contra las personas de la comunidad LGTBI en Honduras2), sino, sobre todo, por el reconocimiento internacional de las intolerables violaciones a los derechos humanos protegidos en el Pacto de San José que sufrieron la señora Vicky Hernández y sus familiares, las señoras Rosa Argelia Hernández Martínez, Merelin Tatiana Rápalo Hernández y Argelia Johana Reyes Ríos, así como por el importante conjunto de reparaciones que se determinan en la

 

  1. Si bien coincido con parte sustancial de lo determinado en la sentencia que nos ocupa, mi disenso se centra en la conclusión adoptada por mayoría por mis compañeros jueces sobre la existencia de ciertas violaciones a la Convención de Belém do Pará, arriba citada, y su aplicación al caso de Vicky Hernandez. Y también discrepo con lo determinado respecto de la obligación del Estado de, por un lado, promulgar una ley de “identidad de género” en la que se permita el cambio de sexo registral sin que conste que hubo un cambio y, por el otro, se le exige al Estado que lleve estadísticas sobre la violencia ejercida contra personas trans. Sería imposible para el Estado cumplir con ambas obligaciones simultáneamente.

 

  1. Contrario a lo determinado en la sentencia sobre la aplicación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará al presente caso, expondré a continuación por qué, en mi opinión, dicho instrumento regional no aplica a los hechos del presente caso. Para ello comenzaré este voto parcialmente disidente con (i) la necesaria distinción entre sexo (biológico), y género (construcción social jerárquica); y la grave confusión que ha introducido en la discusión académica y política la errónea equiparación de “identidad de género” con sexo; (ii) de seguido, abordaré las dinámicas de la violencia histórica y permanente contra la mujer por ser mujer (la que originó la Convención de Belém do Pará) y la violencia que sufren otros grupos (travestis, intersexuales y personas trans,

1           Cfr. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021.

2           Ver, sobre todo, párrafos 30 a 35 de la sentencia.

 

por ejemplo) protegidos por el Pacto de San José; continuaré con (iii) el desarrollo e importancia histórica y práctica de la Convención de Belém do Pará y su no aplicación al presente caso; y (iv) concluiré con unas reflexiones finales.

 

  1. Para los efectos ulteriores de este voto disidente, resulta fundamental asentar desde el inicio que, en mi opinión, la llamada “identidad de género” es una expresión difusa que hoy busca erróneamente sustituir “sexo” por esa “identidad”. Y a partir de esa sustitución, borrar al sexo femenino con todas sus propiedades biológicas y mezclarlo todo en un sola categoría subjetiva y auto

 

  1. En la Opinión Consultiva No. 24 de noviembre del 2017 de esta Corte (de la que formé parte) se reconoció irrevocablemente el derecho fundamental de cada ser humano de vivir libremente conforme a su orientación sexual, conforme a sus propias convicciones, así como el derecho a la protección de la vida privada sin El cuestionamiento que manifiesto a través del presente voto en nada afecta al reconocimiento de los derechos a la igualdad y no discriminación de todas las personas. En este voto trataré, exclusivamente, del derecho de las mujeres y de otros grupos (mujeres trans, grupos LGTBI, queer) a vivir una vida libre de violencia.

 

  1. Vale también mencionar que, cuando la OC-24 citada se emitió y publicó hace ya casi 4 años, muchos de los derechos ahí incluidos no habían sufrido el sorprendente y para mi inesperado despliegue social y político que hoy nos aturde y Yo, en lo personal, me separo de esos efectos que no pude prever, como explico infra.

 

II.            SEXO, GÉNERO E IDENTIDAD DE GÉNERO

 

  1. Debemos, en primer lugar, realizar imprescindibles aclaraciones fundamentales sobre conceptos básicos de los cuales partimos en esta exposición: sexo, género e identidad de género. Sexo y género son categorías que nunca fueron intercambiables porque no son sinónimos ni nunca lo fueron. Con el desarrollo de la psicología y las ciencias sociales, en especial de toda la teoría feminista de mitad del siglo XX, comienza a marcarse nítidamente que el sexo es biológico; apoyado por la ciencia, lo definen las diferencias anatómicas, genéticas y fisiológicas de hombres y mujeres, jamás una construcción social, ni menos una cuestión subjetiva ni un sentimiento. Por su parte, el género es una construcción social. Hace referencia a las pautas de comportamiento usualmente atribuidas a hombres y mujeres. Lo integran prejuicios, estereotipos, jerarquías, diferencias de poder entre hombres y mujeres. Lo fundamenta la tradición patriarcal y religiosa de más de 20 siglos. Por ello mismo es flexible y bien podría modificarse si algún día culturalmente se eliminaran prejuicios y estereotipos, jerarquías y

 

  1. La Opinión Consultiva 24/17 ya citada explica adecuadamente estas diferencias entre sexo y género. Cito: “Sexo: las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer,

… sus características fisiológicas, … la suma de las características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer”3. El género se definió como “las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de

3           Cfr. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 32.

 

la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas”4. El género se aplica como herramienta de análisis y denuncia del derecho y de las ciencias de la estructura del sistema patriarcal que sitúa a la mujer en una situación de subordinación frente al hombre. Subordinación es discriminación, desigualdad en el goce y disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales. Desde una perspectiva de género, la teoría feminista explica esas discriminaciones y desigualdades que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, las cuales están estrechamente vinculadas con su función reproductiva y su responsabilidad de cuidadoras del entero grupo familiar.

 

  1. En este desarrollo hemos de ocuparnos ahora de la categoría “identidad de género”. En la Opinión Consultiva 24, esta para entonces novedosa expresión se define como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”5.

 

  1. Para entonces, y hablo en mi nombre, pensé en que en la OC-24 reconoceríamos los derechos humanos fundamentales de las personas trans, mujeres y hombres, travestis, los grupos intersex y colectivos similares a vivir una vida plena, en libertad, sin prejuicios ni Protegidos y reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y las legislaciones nacionales.

 

  1. Pero lo ocurrido de un tiempo a esta parte, y a ello se inclina la sentencia de la Corte en el caso de Vicky Hernandez, es radicalmente diferente. Sin fundamento científico alguno, se pretende que “identidad de género”, un sentimiento que incluso puede cambiar de un día al otro, sustituya y borre el sexo con el cual se nació. Ya no se hablará más de mujeres y hombres con sus características propias, sino de “personas”. En neutro, en Parece que “género” -construcción cultural- también desaparece. Todo se vuelca a que solo exista la “identidad de género”, vivencia individual y personal de cada uno de nosotros y nosotras. Con el agravante de que el género nunca fue considerado una identidad.

 

  1. Las décadas de arduas luchas contra las discriminaciones y desigualdades, no solo de las mujeres contra el patriarcado, también de todos quienes han desafiado racismos, prejuicios, patrones culturales, desaparecen. Yo admito no entender estos nuevos planteamientos que, bajo la fachada de luchas de grupos históricamente marginados, que son absolutamente ciertas, se pretenda borrar lo que también es irrefutable: el

 

  1. Conviene recordar aquí que el feminismo es una teoría política y un movimiento social que ha tenido y tiene como objetivo la erradicación de la desigualdad entre hombres y mujeres en todas las estructuras sociales (políticas, económicas, de salud, de educación, de lenguaje). Una discriminación histórica que tiene en la violencia de todo tipo que sufren las mujeres, su manifestación más humillante y grotesca. En tanto que teoría social y política, su objetivo común y fundamental es la lucha por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, esto es, la erradicación del sexismo en todas sus

 

4           Ídem.

5           Ídem.

 

formas. Ese sexismo histórico y persistente que, incluso hoy la Real Academia Española de la Lengua incluye en su sagrado diccionario, al recoger la expresión “sexo débil”6.

 

  1. Para concluir esta parte del análisis, reitero mi posición de que el sujeto central del feminismo (y, en este caso, de la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer) es la mujer y la específica opresión que esta sufre, su origen e impacto. Si confundimos la lucha feminista y sustituimos al sujeto del feminismo, si el sujeto del feminismo deja de ser la mujer biológica para ser una extraña y confusa variable de identidades subjetivas, debemos plantearnos y poner sobre la mesa el más que previsible impacto negativo que tendría sobre décadas de lucha y teoría feminista. Y no solo desaparecería el feminismo sino también la teoría de los derechos humanos, que también está basada no en sentimientos ni autopercepciones, sino en categorías objetivas y científicas. Así, cabría preguntarse: si el sexo, categoría material y científica, desaparece absorbido por la “identidad de género”, percepción subjetiva individual, ¿en qué se basaría la violencia de género? ¿Y a qué queda reducido el sexo femenino? ¿Cómo se documentarían las violaciones sexuales y demás crímenes de violencia sexual contra las mujeres? ¿Cómo se documentarían las violencias sufridas por personas trans si el cambio de sexo es algo confidencial que no puede documentarse? ¿Y las diferencias salariales? ¿Y las discriminaciones en el acceso a la educación en todos sus niveles, formales e informales? Las preguntas son muchísimas más. Pero estas pocas bastan para evidenciar el caos y el retroceso al que nos estamos enfrentando.

 

III.            DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA HISTÓRICA CONTRA LA MUJER. SUS DIFERENCIAS CON LA VIOLENCIA QUE GRUPOS SOCIALES VULNERABLES SUFREN DERIVADA DE ESAS PERCEPCIONES QUE HOY LLAMAN “IDENTIDAD DE GÉNERO”

 

  1. La toma de conciencia mundial que el feminismo aportó a la ciencia social del siglo XX acerca de la discriminación jerárquica y la violencia contra las mujeres, esencia del patriarcado, fundamentó las luchas que alrededor del mundo libraron y siguen librando las mujeres contra toda manifestación del sexismo, el machismo y la

 

  1. También es oportuno reconocer que, en nuestras sociedades, que siguen siendo dominadas por estructuras patriarcales donde imperan patrones de violencia masculina, los grupos o personas trans, LGTBI, queer también sufren marginación y violencia, individual o colectiva. Su desafío a la “normalidad” las hace victimas de toda suerte de atropellos a su dignidad e integridad física, psicológica y Se les persigue, humilla, segrega, tortura y asesina.

 

  1. Al examinar con atención el fenómeno mundial de la violencia sexual que sufren las mujeres en todos los conflictos armados desde la más remota prehistoria y la violencia doméstica igualmente antigua, surge con claridad que las mujeres son violadas y humilladas en todas las manifestaciones de esos crímenes internacionales y nacionales por ser mujeres. Es su sexo femenino el origen de esa violencia. Es obvio que también se suman factores étnicos, de orientación sexual, religiosos, políticos, Pero todas las víctimas tienen en común ser mujeres. Los roles del género son también elementos importantes de esa criminalidad, pero no son los esenciales debido a la subordinación de la mujer.

 

 

 

6           A día de hoy y de forma, a mi juicio, completamente anacrónica, la Real Academia de la Lengua Española define al “conjunto de mujeres” como el “sexo débil”.

 

  1. En la violencia y discriminación que sufren las personas trans y los grupos que desafían los parámetros y paradigmas de la heterosexualidad, el origen de la violencia trasciende el sexo con el que nacieron. Las discriminaciones, humillaciones y violencias que deben enfrentar se originan en su desafío a la existencia de dos únicos sexos y una única orientación sexual aceptable, es decir, la

 

  1. Distintos órganos regionales e internacionales de protección de derechos humanos se han pronunciado desde hace varios años sobre los incuestionables derechos de las personas trans. En este orden de ideas, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado desde el año 2008 nueve resoluciones cuyo objetivo es la protección de las personas contra la discriminación basada en su orientación sexual y la “identidad de género”.

 

  1. A partir del 2013 también se refieren esas resoluciones a los tratos discriminatorios basados en la “expresión de género”, lo cual, en mi opinión, solo añade confusión en la protección de unos derechos desde antaño protegidos eficazmente en nuestra región por el Pacto de San José. De este análisis se desprende sin dificultad que el tratamiento individualizado y diferenciado de la violencia que sufren grupos específicos por su autodeterminada “identidad de género”, torna imperativo el tratamiento diferenciado de la violencia que sufre la mujer por ser mujer, lo cual no ocurre en la sentencia que aquí nos ocupa al aplicar y declarar violados ciertos artículos de la Convención de Belém do Pará. Poner en una sola categoría a las mujeres biológicas con grupos cuyas discriminaciones y violencia tienen diferentes orígenes, lo que provoca es un totum revolutum que termina por no brindar adecuada protección a nadie. Cada zapato requiere su propia horma y no son

 

IV.            DEL ORIGEN Y FIN DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ

 

  1. Sentadas las anteriores puntualizaciones, es necesario centrarnos en la aplicabilidad de la Convención de Belém do Pará al presente caso, eje central de mi voto parcialmente

 

  1. La categorización de los derechos de las mujeres como derechos humanos ha estado marcada por una larga y ardua lucha de avances y logros. Si bien el nacimiento de los Derechos Humanos en el ámbito internacional y como catálogo de obligaciones de los Estados frente a sus ciudadanas y ciudadanos surge a mediados del siglo XX (esto es, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial), no es sino hasta los años 90 cuando los derechos de las mujeres y la específica problemática ligada a su situación de discriminación entran en la agenda de los Estados y son visibles en el tablero La Comisión Interamericana de Mujeres (en adelante, CIM) había detectado un vacío en la Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cuanto a que no contemplaba específicamente el tema de la violencia contra las mujeres. Ante ello, acordó diseñar una estrategia integral para enfrentar esta lacra social, y es por esa razón que, en julio de 1990, en su Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas, adoptó la “Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, cuyo preámbulo señala lo siguiente:

 

“Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos

 

sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

 

  1. En 1991, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/RES. 1128 (XXI- 0/91) “Protección de la Mujer contra la Violencia”, mediante la cual se resolvió apoyar la iniciativa de la CIM de elaborar un anteproyecto de convención interamericana para la erradicación de la violencia contra la

 

  1. Como paréntesis en el plano regional no podemos olvidar que en esa misma época, en la trascendental Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos del año 1993, se produce un reconocimiento expreso internacional sobre el carácter de derechos humanos que tienen los derechos de las mujeres, adoptándose así la “Declaración y Programa de Acción de Viena”, en virtud del cual se hizo un llamado a los Estados y a la propia ONU a que “Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben incluir la cuestión de la condición de la mujer y los derechos humanos de la mujer”.

 

  1. En seguimiento de lo anterior, en el año 1994 se convocó a una Asamblea Extraordinaria en Belém do Pará, Brasil, con miras a considerar el proyecto de convención para la erradicación de la violencia contra la mujer. El texto fue aprobado por votación de 19 países a favor y dos abstenciones y se consideró por aclamación remitirlo a la Asamblea General de la OEA. Durante la Asamblea, 8 países firmaron la Convención de Belém do Pará, lo cual dió inicio al proceso de ratificación y entrada en Actualmente, la Convención cuenta con la ratificación de 32 de los 34 Estados miembros de la OEA, señal del amplio consenso que existe en la región contra la violencia machista.

 

  1. La Convención de Belém do Pará fue el resultado de un férreo movimiento feminista, consciente de las jerarquías de poder derivadas del sexo y el género, cuya mayor manifestación discriminatoria era la violencia que se ejercía contra la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, por su sexo y género. Además, la Convención fue, sin duda, un hito en esta lucha contra la violencia En primer lugar, por la definición tan amplia que realiza sobre el concepto de violencia contra la mujer. En segundo lugar, porque es por fin a través de este instrumento regional que se saca la violencia ejercida contra la mujer del ámbito doméstico y convierte el asunto en una cuestión de res pública. Lo anterior demuestra el convencimiento de los Estados a la hora de ratificar este tratado para combatir una violencia muy específica que surge, tal y como he razonado previamente, de unas dinámicas concretas y definidas, con razones históricas y estructurales basadas en el sexo y el género.

 

  1. Y es que, durante años, los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres en ámbitos diferentes a sus relaciones con el Estado no fueron reconocidos como derechos humanos, toda vez que todo aquello que ocurriese en el espacio privado era, en el mejor de los casos, considerado competencia de otras ramas del Derecho (como el Derecho de Familia, por ejemplo) y, en el peor, como cuestión ajena al Así, la Convención de Belém do Pará pone bajo la lupa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la realidad que enfrentan las mujeres y niñas a diario en la región y exige a los Estados adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar esta lacra social.

 

  1. Realizadas las anteriores consideraciones, procederé a argumentar mi desacuerdo con mis compañeros jueces respecto de la aplicación de este tratado regional al supuesto de hecho de la presente Este disenso parcial tiene sus

 

fundamentos en una razón teleológica –y, a su vez, pragmática–, así como en dos razones de índole más técnica.

 

  1. En lo que respecta al primer fundamento, debo centrarme en los hechos principales del caso. Así, la sentencia objeto de análisis crítico versa, i.a., sobre los execrables actos de violencia a los que fue sometida la señora Vicky Hernández, una mujer trans, en el contexto del golpe de Estado acaecido en Honduras en el año 2009, que tuvieron como resultado su trágica Ahora bien, tal y como he razonado a lo largo del presente voto, esta violencia difiere de plano de la violencia que reciben a diario las mujeres por el hecho de ser mujeres.

 

  1. La propia Convención de Belém do Pará lo deja claro en su preámbulo, en el que se resalta la preocupación “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Igualmente, la violencia que sufre la mujer, tal y como así lo señala el artículo 1 de dicha Convención, es una violencia basada en su “género”, es decir, en el género de una persona de sexo femenino. Es claro, por tanto, que la Convención de Belém do Pará está específicamente orientada a atacar la violencia que históricamente se ha producido y se produce contra la mujer debido a su sexo y género.

 

  1. Pero, además: es la propia sentencia la que reconoce en sus hechos el origen diferente de la violencia específica que sufrió la señora Hernández, íntimamente relacionada con su identidad de género. Así, en el párrafo 100 de la sentencia se destacan varios indicios de participación estatal que tienen conexión directa y exclusiva con la condición de la señora Hernández por su pertenencia al colectivo LGTBI, tales como que (i) existía al momento de los hechos un “contexto general de violencia contra las personas LGTBI en Honduras, y en particular contra las mujeres trans que también son trabajadoras sexuales”; que (ii) “en el marco de ese contexto se ha asociado a la Policía con hechos de violencia en contra de las personas LGTBI y contra mujeres trans que son trabajadoras sexuales”; que (iii) para la fecha de la muerte de la señora Hernández “se empezó a registrar un incremento alarmante de muertes asociadas a la identidad y expresión de género de las víctimas”. Además, la propia sentencia relata hechos de violencia que sufrió la señora Hernández que estuvieron relacionados con su “identidad de género”, como lo fue la amenaza de muerte que recibió por parte de un particular tras asaltarla, quien la calificó de “travesti”. Adicionalmente, la muerte de la señora Hernández fue tratada por las autoridades nacionales como un específico caso de homicidio contra personas

 

  1. La violencia que la propia sentencia destaca por probada no se debió, por tanto, al hecho de ser mujer (como así ha sucedido en otros casos ante la Corte como son, por ejemplo, el caso del Penal Miguel Castro Castro Perú, el caso González y otras

-“Campo Algodonero” Vs. México o uno de los más relativamente recientes, el caso López Soto y otros Vs. Venezuela), sino a su “identidad de género”, por esta dinámica violenta que busca castigar las identidades, expresiones o cuerpos que difieren de las normas y roles patriarcales. Esta dinámica de violencia tiene claramente, tal y como así lo expresé en los acápites anteriores, un diferente origen y posee características muy diferenciadas de la violencia de género que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres.

 

  1. Entender las causas de la violencia contra colectivos en situación de vulnerabilidad (en este caso, mujeres y personas trans) es esencial para poder atacar la raíz del Mezclar o incluso fusionar estas diferentes realidades lo único que

 

produce es una confusión –y, por tanto, una obstaculización– que no beneficia a ninguno de los dos colectivos. Es por ello que la sentencia, al equiparar el “género” con la “identidad de género”, comete el error de ignorar los elementos diferenciadores de estos tipos de violencia y distorsiona por completo el análisis de las causas y consecuencias de dichas violencias. En suma, es opinión de quien suscribe el presente voto que la sentencia objeto de este análisis crítico debería haberse centrado en la violencia que recibió la señora Hernández por ser percibida por sus agresores como una persona trans, y no por ser mujer.

 

  1. A mayor abundamiento, existen dos razones técnicas en virtud de las cuales considero que la Convención de Belém do Pará no debía ser aplicable al presente caso. Así, la sentencia articula la aplicación de la Convención de Belém do Pará al supuesto de hechos haciendo referencia al artículo 9 de dicho tratado, el cual señala lo siguiente:

 

“Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

 

  1. Como se puede observar, el artículo posee una naturaleza accesoria. Por tanto, es lógico razonar que dicho artículo solo entra en juego si, en un primer lugar, se determina que las medidas que contiene el referido artículo son aplicables o no a la señora Hernández. A mi juicio, desde un punto de vista hermenéutico, la sentencia adolece de la correspondiente y necesaria fundamentación sobre la premisa -esto es, si la víctima del presente caso entraba dentro de la protección de la Convención de Belém do Pará-, sin la cual no es aplicable la conclusión o consecuencia, esto es, el posterior y necesario análisis de interseccionalidad que debe ser aplicado a cada caso

 

  1. Como segunda observación técnica, me resulta problemática la secuencia lógica- jurídica que se ha seguido Pará incluir la categoría “identidad de género” como categoría protegida por la Convención de Belém do Pará. Así, la sentencia señala en su párrafo 129 lo siguiente:

 

“El artículo 9 de la Convención de Belém do Pará insta a los Estados para que, a la hora de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomen en cuenta “la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada”. Esta lista de factores no es numerus clausus, como lo indica la utilización de la expresión “entre otras”. De esta forma, es dable considerar que la identidad de género en determinadas circunstancias como la presente, que se trata de una mujer trans, constituye un factor que puede contribuir de forma interseccional a la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia basada en su género. En efecto, la Corte ha determinado que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana

 

y que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas. Además, esta Corte ha sostenido que la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”, por lo que “el reconocimiento de la identidad de género se encuentra ligada necesariamente con la idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como parte de una construcción identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad”.

 

  1. Tal y como se puede observar, tras indicar que las categorías protegidas en el artículo 9 no constituyen un numerus clausus, una mayoría conformada por mis compañeros jueces concluye, sin el deseable ejercicio interpretativo (más allá de la referencia a un criterio “evolutivo”), que la categoría trans debe incluirse en el ámbito de protección de dicho artículo y, por tanto, también es cubierta por el paraguas de la Convención de Belém do Pará en su totalidad. Así, si bien las categorías señaladas en dicho artículo 9 no constituyen una lista taxativa de ejes de opresión, lo cierto es que no se está incluyendo una categoría adicional, lo cual es perfectamente aceptable, sino que lo que hizo la sentencia es incluir a una persona que no está contemplada en el artículo 1 de la Convención cuando estipula que “violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, …”, es decir, cualquier acción o conducta contra una persona de sexo y género femenino.

 

V.            REFLEXIONES FINALES

 

  1. Entender la diferencia entre los conceptos de “sexo”, “género” e “identidad de género” es providencial para poder atacar los problemas estructurales e históricos que dan lugar a la violencia dirigida contra diferentes colectivos en situación de Con este voto disidente quiero dejar claro que no existe duda alguna de la violencia social, institucional y sistemática que sufren las mujeres trans y el colectivo LGTBI en general. Ahora bien, la legítima voluntad de luchar contra esta violencia no puede desvirtuar, invisibilizar o entorpecer la lucha contra otro tipo de violencias, como es la violencia que se dirige contra la mujer por su sexo y género, esto es, por el hecho de ser mujer.

 

  1. Tal y como he razonado en el presente voto, la violencia contra la mujer deriva de la jerarquía social establecida conforme a los roles de género asignados con base al sexo biológico, mientras que la violencia que fue dirigida contra la señora Hernández (y así además dan fe los hechos probados del caso) se debió a su disconformidad y acto de resistencia contra las imposiciones sociales y culturales del Lo anterior también viene refrendado por lo afirmado por la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual ha señalado (y así lo recoge también la propia sentencia) que la violencia transfóbica “constituye una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”.

 

  1. A través del presente voto no puedo dejar de insistir en la necesidad de que cada violencia sea tratada de conformidad con sus causas y consecuencias específicas. Lo anterior hace indispensable que, desde los poderes públicos en general, y desde esta Corte en particular, se aborden por separado la violencia de género contra las mujeres

 

por un lado y, por otro, la violencia que deriva de la “identidad de género” que surge cuando esta no se ajusta o desafía los mandatos del heteropatriarcado. Y es que, en ausencia de tal distinción, existe el riesgo de que la violencia contra la mujer se torne invisible o se diluya ante otras violencias y violaciones y no sea adecuadamente analizada dentro de las políticas como un fenómeno estructural vinculado al sistema de dominación y estereotipos de género frente a las mujeres. Sensu contrario, el análisis de la violencia dirigida contra las personas trans dentro de una perspectiva que únicamente analiza la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, en tanto que no va al origen de la violencia específica que sufre este colectivo, es a todas luces contraproducente e ineficaz.

 

  1. En suma, la aplicación de la Convención de Belém do Pará en el presente caso, aun siendo un ejercicio bien intencionado de inclusividad por parte de mis compañeros jueces, supone un erróneo acercamiento a las diferentes dinámicas de violencia y no solo no beneficia a ninguno de los dos colectivos, sino que, además, obstaculiza la lucha contra la raíz de dichas

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito Jueza

 

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ L. PATRICIO PAZMIÑO FREIRE

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

 

VICKY HERNÁNDEZ Y OTRAS VS. HONDURAS

SENTENCIA DE 26 DE MARZO 2021

 

(Fondo, Reparaciones y Costas)

 

  1. Mediante el presente voto, más que una opinión disonante o disidente, ya que estoy de acuerdo con la mayoría de la Corte, me gustaría presentar mis consideraciones, reflexiones y argumentos sobre el porqué considero especialmente relevante lo desarrollado en la Sentencia del caso Vicky Hernández Vs. Honduras para el avance en la progresividad de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Sin perjuicio de que medularmente estoy a favor de lo dictado en el fallo, sí me gustaría dejar constancia de que disiento parcialmente en el camino argumentativo para llegar a considerar que los derechos de las mujeres trans se encuentran amparados por la Convención de Belém do Pará, tal como abordaré más adelante y esto por una razón de peso: las mujeres trans son mujeres. Lo relevante para su identificación, tal como ya ha señalado la Corte en su jurisprudencia constante, es su autopercepción como

 

  1. Este caso integra un tejido de decisiones que han buscado proteger los derechos de las personas LGBTI desde una visión progresista y comprensiva de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, conforme el desarrollo más actualizado del derecho, así como de las ciencias sociales, la sicología y las ciencias médicas. A su vez, estas decisiones han hecho frente directa a una realidad dura: la exclusión, la marginación y la violencia que enfrentan diariamente personas cuya identidad de género u orientación sexual es diversa. Al fin de cuentas qué es el derecho sino una respuesta a la realidad. Cuál es nuestro rol como jueces sino podemos amparar los derechos humanos de quienes han sido sistémica y estructuralmente excluidos.

 

  1. En una línea jurisprudencial que encontró su mayor desarrollo en la OC-24 ‘‘Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo’’ la Corte ha ido abordando estos conceptos de manera vanguardista sobre una problemática invisibilizada y marginalizada por nuestros ordenamientos jurídicos. En su peritaje para este caso, la Dra. Marlene Wayar enfatizó que las mujeres trans han ‘‘enfrentado […] a través de la historia [una] marginalización por parte de los Estados que ha sido configurad[a] y sustentad[a] por la conformación de una ciudadanía heterosexual y binaria (hombre-mujer) que, a su vez reproduce la violencia y discriminación hacia las personas que no se encuentran dentro de ese orden social establecido desde la época de la colonia’’1(énfasis propio).

 

  1. Este nexo de continuidad entre sistemas jurídicos excluyentes, donde los excluidos y las excluidas no cuentan si quiera con ‘‘el derecho a tener derechos’’ en las palabras de Hannah Arendt2, deben ser de vital preocupación por parte del régimen Mayor

1           Declaración pericial de Marlene Wayar durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020.

2           Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Nueva York, Harcourt, 1968, pp. 290

 

preocupación aún debe tener si estas estructuras forman parte del legado colonial que sustentó y justificó la explotación de nuestros pueblos desde la organización jurídica y política. Desde su concepción los derechos humanos, esos derechos humanos universales, indivisibles e interdependendientes, deben tener vigencia para todos los individuos sin discriminación alguna. Hacer de la vista gorda a cuestiones estructurales, incluso en los más complejos ordenamientos jurídicos, jamás puede ser la labor de un juez o jueza internacional, constitucional o de cualquier instancia. En el cajón más oscuro de la historia de la humanidad descansan hoy decisiones de cortes, como la Suprema de los Estados Unidos, que con su aberrante (seguramente existen peores y más fuertes palabras para describirla) doctrina de ‘‘separados pero iguales’’ o separate but equal que sustentó años de segregación racial y cuyos efectos latentes seguimos viendo hoy3.

 

  1. Por ello, la Corte Interamericana ya ha reconocido que el Sistema Interamericano ‘‘constituye una herramienta emancipadora y una apuesta inclusiva y superadora para el empoderamiento de los grupos histórica o tradicionalmente desaventajados, lo cual redunda en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática’’4. Es desde esta visión del derecho en que me aproximo hoy como un juez interamericano a reivindicar, por supuesto en la medida de mis facultades y posibilidades, así como reconociendo los privilegios propios de mis experiencias como un hombre cisgénero y heterosexual, los derechos de este colectivo que ve diariamente sus derechos humanos

 

  1. Este caso se trata del primero en que la Corte Interamericana aborda directamente la problemática de la violencia contra las personas trans. Resulta especialmente paradigmático por dos En primer lugar, porque la violencia estructural y sistémica contra personas de identidad de género diversa ha sido ampliamente documentada y reconocida por los órganos internacionales5. En esta línea el hecho que sea el primer caso, muestra la deficiencia de nuestras instituciones en cuanto a la celeridad del Sistema Interamericana y la carencia respuesta adecuada, rápida y efectiva. Una severa autocrítica al Sistema es necesaria y, personalmente, lamento profundamente que hayan tenido que pasar tantos años para que finalmente conozcamos de esta temática y para que la señora Vicky Hernández, sus familiares y allegados encontraran justicia.

 

  1. En segundo lugar, este caso es especialmente paradigmático porque se inserta en el contexto de nuestra región. Latinoamérica es una tierra donde la diversidad en todos los ámbitos debería ser una llave para los espacios democráticos y no una barrera de exclusión. En esta línea tanto la Wayar en su peritaje como la antropóloga e investigadora Maya-

 

3           La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió en 1896 el fallo en el caso Plessy V. Fergusson en el cual consideró que era constitucional la segregación racial en espacios públicos ‘‘en cuanto eran iguales en calidad’’. Esta aberrante doctrina sólo fue revertida en 1954 con el caso Brown V. Board of Education, en que se declaró que las leyes estatales que establecían escuelas separadas para estudiantes afroamericanos y blancos negaban la igualdad de oportunidades educativas. Únicamente a partir de ahí, la segregación racial pasó a ser considerada una violación a la cláusula de protección igualitaria a la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

4           La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos). Opinión Consultiva OC- 26/20 de 9 de noviembre de 2020. Serie A No. 26, párr. 54

5           Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015, párrs. 20-38; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41, 17 de noviembre de 2011, párrs. 20-37. La CIDH ha señalado que: “la mayoría de mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años de edad y son particularmente vulnerables a la violencia por parte de fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de hacer cumplir la ley”.

 

Kaqchikel han trazado la línea o el nexo6 entre el patriarcado y el colonialismo. Para ambas es inconcebible hablar del patriarcado sin tener en cuenta al colonialismo y sus efectos. Por supuesto, de ninguna manera buscamos invisibilizar o relativizar una lucha por la otra. No se trata de una oposición entre el feminismo y el movimiento indígena, o del feminismo contra el movimiento LGBTI. Dentro de cada uno de estos hay diferentes visiones, corrientes y miradas del mundo que han sido construidas desde las experiencias de los individuos en la complejidad del mundo. No se puede hablar de un solo feminismo, como tampoco de un solo movimiento LGBTI o de un solo movimiento indígena. Sus reivindicaciones dependerán de las particularidades de cada uno y lo que resultaría reduccionista es tratar de encajarlos en una visión bipolar de la realidad. En el acompañamiento que propiamente debe dar el derecho a estas reivindicaciones es que adquiere relevancia la necesidad de compatibilizar estas visiones sin enfrentarlas, sino entendiéndolas en su complejidad, con sus matices y múltiples niveles. Tal como he señalado en otras ocasiones hace ya varios años se viene desarrollando en nuestra región, ‘‘luego de la fase nefasta de la época dictatorial, a partir de los años ochenta un constitucionalismo que busca no sólo reconocer los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y tribales o de los colectivos de diversidad sexual, sino su plena participación en los asuntos públicos’’7. Por tanto, es desde esta óptica que quien suscribe este voto ha valorado cómo impartir justicia en este caso en particular, con una perspectiva incluyente y progresiva de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna.

 

  1. Este preámbulo sirve de base para introducir a la discusión que se planteó a la Corte sobre si, desde una visión ontológica, fenomenológica o finalista, se debía incluir a las mujeres trans bajo el ámbito de protección del derecho internacional que se le otorga a las mujeres cisgénero con base en los instrumentos internacionales específicos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana desarrollada en materia de violencia y discriminación contra la mujer. Por supuesto, toda aproximación a esta materia requiere no sólo tener en consideración los elementos antes referidos sino en tener siempre en la mira al principio pro persona, así como al de la progresividad de los En reiteradas ocasiones he manifestado públicamente que ‘‘es mi convicción personal de vida judicial y formación académica, que los derechos humanos se concretan, garantizan y materializan en el ámbito de realidades concretas, en contextos sociales, políticos, jurídicos, económicos y culturales específicos’’8, por lo tanto, como jueces y juezas es preciso profundizar en el alcance de los tratados internacionales. Al igual que la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y, en general, todos los tratados de derechos humanos ‘‘son instrumentos vivos que deben acompañar las condiciones de vida actuales’’9.

 

  1. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, conocida como Convención de Belém do Pará es un instrumento jurídico sin precedentes, cuyo fin es proteger de manera reforzada el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarla en ámbitos tanto públicos como

 

  1. Este tratado interamericano se encuentra teleológicamente dirigido a la protección de las mujeres en un contexto donde la violencia se encuentra sustentada en un sistema

6           Cumes, Aura Estela; Mujeres Indígenas, Patriarcado y Colonialismo: un desafío a la segregación comprensiva de las formas de dominio, Anuario Hojas de Warmi. 2012, nº 17

7           Voto a favor y parcialmente disidente del Juez L. Patricio Pazmiño Freire a la Opinión Consultiva OC-26/20 sobre la Denuncia de la de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, de 9 de noviembre de 2020, párr. 5

8           Voto disidente del Juez L. Patricio Pazmiño a la Resolución de 29 de mayo de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 4.

9           Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 83

 

patriarcal cuyo telón de fondo es la “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”10. Según lo desarrollado por la Corte Interamericana a lo largo de su jurisprudencia, la perspectiva de género y el análisis de los estereotipos de género, como su respuesta analítica crítica, construyen herramientas primordiales para dotar de efectividad real a este tratado, así como a la Convención Americana. Por tanto, si bien consideramos acertado que la opinión de la mayoría haya determinado que es posible que existe responsabilidad internacional de los Estados por el incumplimiento a la Convención de Belém do Pará en casos de violencia contra una mujer trans, considero personalmente que en la decisión mayoritaria existió un salto argumentativo.

 

  1. Para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de la señora Vicky Hernández bajo la Convención de Belém do Pará, la decisión de la mayoría abordó el hecho de que las mujeres trans puedan ser objeto de violencia de género, entendida esta como la ejercida con base en la ‘‘construcción social de las identidades, funciones y atributos asignados socialmente a la mujer y al hombre’’11. Si bien esta aseveración es plenamente correcta, así como lo es el análisis que hacemos en la Sentencia sobre las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres trans, estos corresponden a un segundo nivel argumentativo. En primera cuenta había que dejar claro, que, conforme la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, las mujeres trans se encuentran bajo la protección de la Convención de Belém do Pará debido a que son Por tanto, el primer paso debió ser seguir la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-24, en la que se señala lo siguiente:

 

[…] la identidad de género [es] la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Lo anterior, conlleva también a la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, como lo son la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En esa línea, para esta Corte, el reconocimiento de la identidad de género se encuentra ligada necesariamente con la idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como parte de una construcción identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad12.

 

La Corte consideró además que:

 

el sexo, así como las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente que se atribuye a las diferencias biológicas en torno al sexo asignado al nacer, lejos de constituirse en componentes objetivos e inmutables del estado civil que individualiza a la persona, por ser un hecho de la naturaleza física o biológica, terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien lo detenta y descansan en una construcción de la identidad de género auto-percibida relacionada con el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada. Por ende, quien decide asumirla, es titular de intereses jurídicamente protegidos, que bajo ningún punto de vista pueden ser objeto de restricciones por el simple hecho de que el conglomerado social no comparte específicos y singulares estilos de vida , a raíz de miedos, estereotipos, prejuicios sociales y morales carentes de fundamentos

10          Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 303; Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 397 y Caso Guzmán Albarracín y otras VS. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405, párr. 113.

11          Cfr. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC- 24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 32.

12          Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 94

 

razonables. Es así que, ante los factores que definen la identidad sexual y de género de una persona, se presenta en la realidad una prelación del factor subjetivo sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo). En ese sentido, partiendo de la compleja naturaleza humana que lleva a cada persona a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad13.

 

  1. A través de dicha Opinión Consultiva 24, uno de los más importantes aportes de este Tribunal al derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a la progresividad de los derechos de las minorías sexuales, la Corte rompió con el concepto de cisnormatividad. Es decir, la concepción de que ‘‘todas las personas son cisgénero, y que aquellas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó el sexo femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres”14.

 

  1. En contraste, tal como ha señalado el perito Carlos Zelada ‘‘ ‘‘[c]uando hablamos de mujeres trans y travestis, hablamos entonces de mujeres cuya expresión e identidad de género no suele encajar en las nociones tradicionales y, sobre todo, estáticas de la femineidad’’15. El derecho internacional de los derechos humanos no puede desconocer estos avances, alejándose de su fin último que es la protección de la persona, más aún, ahora sí, reconociendo la gravísima situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres trans en nuestra región. Por supuesto, como cualquier análisis de vulnerabilidad e interseccionalidad dependerá del contexto y las particularidades del caso en concreto tal como se hace en la Sentencia, sin desconocer, por supuesto, que la Corte ya ha dejado grabado en piedra que la identidad de género, expresión de género y la orientación sexual son categorías protegidas por la Convención Americana.

 

  1. Debo dejar constancia también, a través del presente voto, que, entre las vulnerabilidades que destaca la Sentencia, reside una sistémica y sistemática exclusión de las mujeres trans del goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. La testigo Claudia Spellmant Sosa con un valeroso testimonio relató de manera articulada y sumamente ilustrativa no sólo la violencia policial que sufren las mujeres trans en el ejercicio de la prostitución, sino la total exclusión desde muy temprana edad de sus comunidades, sistemas de resguardo social, hogares y escuelas. Son abundantes los informes y estudios de órganos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que han documentado que la pobreza y el desempleo son prácticamente la regla16. Siendo el trabajo formal casi inexistente entre las mujeres cerca del 90% se dedica al trabajo sexual en serias condiciones de vulnerabilidad, con cifras de la Comisión Interamericana 17. Por ello, destaco las medidas de reparación

13          Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 95

14          Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párr. 32

15          Declaración pericial de Carlos Zelada durante la audiencia pública del presente caso de 11 de noviembre de 2020 y documento adjunto a su peritaje (expediente de prueba, folio 1574 bis).

16          Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/HRC/41/45, 14 de mayo de 2019

17          CIDH. Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II rev.2 Doc. 36, 12 de noviembre de 2015, párr. 280

 

ordenadas en este caso, particularmente la relativa el reconocimiento pleno de la identidad de género ordenadas en este Sentencia siguiendo los estándares de la OC-24. Sin embargo, creo que hubiéramos podido ir un poco más allá en buscar romper con la cadena de exclusión económica y social que viven cientos de personas en Honduras por el solo hecho de tener una identidad de género diversa. Experiencias como las medidas de reparación que tocan las políticas públicas desde la justicia transformadora en el plano económico y social en el seno de la Corte no son pocas y esta hubiera sido una buena oportunidad para replicarlas18. Los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales, después de todo, nos pertenecen a todas las personas sin discriminación.

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Juez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18          Por ejemplo, las medidas de reparación correspondientes a garantías de no repetición ordenadas en la Sentencia del Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400.

 

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CASO VICKY HERNÁNDEZ y OTRAS VS. HONDURAS

SENTENCIA DE 26 DE MARZO 2021

(Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

I.                  INTRODUCCIÓN.

 

  1. Se emite el presente voto parcialmente disidente con relación a la Sentencia indicada en el título1, a los efectos de señalar las razones por las que se discrepa de su Punto Resolutivo N° 62, por el que declara que el Estado de Honduras3, es responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 a. y b. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer4.

 

  1. La disidencia concierne, pues, al ámbito de aplicación de la recién mencionada Convención, esto es, a la afirmación de la Sentencia en orden a que aquella incluye en el concepto “mujer” que emplea, a las “mujeres trans”. En este texto se sustenta la posición de que dicho instrumento convencional, más allá de lo que se pretenda o quiera o sea deseable que disponga, se limita a considerar, como beneficiara de lo que prescribe, a la “mujer”, entendida en su dimensión biológica, no abarcando, específica y consecuentemente, de su ámbito, a las “mujeres trans”.

 

  1. ARTÍCULO a. y b.

 

  1. La señalada disposición establece que:

 

“Los prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; … “Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

  1. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
  2. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; … “.

 

 

1 En adelante, la Sentencia.

 

2El Estado es responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7.a de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de Vicky Hernández, y en el artículo 7.b del mismo instrumento, en perjuicio de Rosa Argelia Hernández Martínez, Merelin Tatiana Rápalo Hernández, y Argelia Johana Reyes Ríos, en los términos de los párrafos 126 a 136 de la presente Sentencia.”

 

3 En adelante el Estado.

 

4 En adelante, Convención de Belem do Pará.

 

  1. Evidentemente, dicho tratado y, por ende, también la transcrita norma convencional, deben interpretarse a la luz del artículo 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados5, el que dispone que:

 

“Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.

 

a.      Buena fe.

 

  1. De conformidad a esa norma fundamental concerniente a los tratados, como lo es la Convención de Belem do Pará, resulta evidente, de acuerdo al método de interpretación sustentado en la buena fe, que los Estados Partes convinieron en el transcrito artículo 7.a para efectivamente aplicarlo o dotarlo de un efecto útil, esto es, para realmente respetar, a su respecto, la regla del pacta sunt servanda6y para que, por tanto, adoptaran las políticas que señala, se abstuvieran de los actos que menciona y velaran que todos sus órganos procedieran de igual manera y todo ello para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la “mujer”.

 

b.     Tenor literal o textual.

 

  1. Pues bien, la referencia que el artículo que se interpreta hace a la “mujer”, conduce a emplear, en lo atingente al significado de esa expresión, el método textual o literal de interpretación de las normas convencionales, el que incide en el análisis del texto del tratado correspondiente, en el vocabulario que emplea y en el sentido ordinario de sus términos. Así, y teniendo presente que la Convención de Belem de Pará no otorga al citado término un “sentido especial”7, se debe recurrir a su “sentido corriente”, lo que implica que, por “mujer” se debe entender “Persona del sexo femenino”. Cabe agregar que “femenino” significa “Perteneciente o relativo a mujer”, “Propio de la mujer o que posee características atribuibles a ella” o “Dicho de un ser: Dotado de órganos para ser fecundados”.

 

  1. Así las cosas, no cabe duda alguna que la norma convencional que se interpreta, se refiere exclusivamente a la “mujer” en consideración a su sexo, es decir, el femenino, omitiendo toda alusión a la “mujer trans”. Lo prescrito en el artículo 1 de la Convención de Belem do Pará confirma lo señalado, al prescribir que:

 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

 

 

5 En adelante, la Convención de Viena.

 

6 Art. de la Convención de Viena: “26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”

 

7 Art.31.4 de la Convención de Viena: “Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.”

 

  1. Y lo mismo se puede señalar en cuanto a lo prescrito en el artículo 3 de la citada Convención, que dispone que:

 

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”

 

  1. Ahora bien, también es cierto que el transcrito artículo 1, utiliza los términos “mujer” y “género”, debiendo este último ser entendido, en su “sentido corriente”, como “Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes” o “Clase o tipo al que pertenecen personas o cosas” o “Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico8.

 

  1. Empero, es igualmente procedente recordar sobre este particular, que la Corte había señalado, en una Opinión Consultiva, que “los siguientes conceptos (entre otros), “tomados de diferentes fuentes orgánicas internacionales, al parecer son los más corrientes en el plano internacional”, esto es, los considera en los sentidos especiales que, respecto a cada uno de ellos, indica:

 

  1. “Sexo: (e)n un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al En ese sentido, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la existencia de otras categorías que no encajan dentro del binario mujer/hombre”9.

 

  1. Género: “(s)e refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas10;

 

  1. Identidad de Género:“(l)a identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”11, y

 

8 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.

 

9 Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A, párr.32.a).

 

10 Idem, párr. 32.e).

 

11 Idem, párr.32.f).

 

  1. Tránsgenero o persona trans; (c)uando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer”12.

 

  1. Así las cosas y considerando la diferencia conceptual entre, por una parte, el término “sexo” y por la otra, las expresiones “género”, “identidad de género” y “transgénero o persona trans”, es imperativo concluir que el sujeto protegido por la Convención de Belem do Pará, es la “mujer” y que lo es en su condición de tal, vale decir, de acuerdo a su género o “a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente (a su respecto) … y al significado social y cultural que se (le) atribuye a (sus) diferencias biológicas” con el hombre. Obviamente, si en la citada Convención se hubiese querido contemplar específicamente a la “mujer trans” entre las personas que protege en tanto “mujer”, habría empleado la expresión “identidad de género” o derechamente la de “mujer trans”. Pero, no lo

 

  1. Por otra parte, igualmente es del caso llamar la atención a que el único otro artículo, además del reproducido artículo 1, de la Convención de Belem do Pará que menciona el concepto “género”, es en el artículo b., y lo hace en los términos que siguen:

 

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: … modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y … otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;”

 

  1. Como puede constatarse, lo que dispone tal norma es que los Estados deben adoptar programas tendientes a modificar la conducta de hombres y mujeres en el sentido que señala. Dicha disposición consagra, entonces, una obligación de los Estados tendiente a evitar conductas discriminatorias de hombres y mujeres, lo que no dice relación, por ende, con que las “mujeres trans” quedan amparadas por la Convención de Belem do Pará.
  2. De modo que, de acuerdo a la interpretación que brota del método literal o textual de interpretación de tratados, la persona que la Convención de Belem do Pará protege de la violencia es únicamente la “mujer”, concepto éste determinado por el sexo de la persona, sin referencia, por lo tanto, a su identidad de género.

c.             Contexto.

 

  1. En lo que concierne al método del contexto o Método Subjetivo de interpretación de los tratados, con su utilización se pretende desentrañar la voluntad de la Estados Partes del respectivo tratado a través de la debida concordancia o complementariedad de sus diversas disposiciones, analizando para ello, además, los trabajos preparatorios de éste y la conducta ulterior que aquellos

 

 

12 Idem, párr.32.h).

 

han tenido sobre el mismo. Dicho método está previsto en el artículo 31.1 de la Convención de Viena en los términos que siguen:

“Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

  1. todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; y
  2. todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;

 

  1. Teniendo presente dicha norma, se puede advertir que, de los 25 artículos de la Convención de Belem do Pará, sólo 2 aluden al género. Como ya se expresó, uno, es el artículo 1 y el otro es el artículo 8.b. y los dos permiten interpretar que aquella dice relación exclusivamente con la ilicitud de la violencia que se ejerza en contra de la “mujer”, sin referencia alguna a la identidad de género.

 

  1. Por otra parte, de esos 25 artículos, 12 son relativos a cuestiones procedimentales propias de los tratados, 1 es concerniente a la interpretación de la Convención de Belem do Pará y ninguno de ellos menciona a la “mujer” ni menos aún a la identidad de género. Los 12 restantes sí aluden a la “mujer” y, como se afirmó, únicamente dos de ellos contienen el término género.

 

  1. A su vez, en lo atingente al Preámbulo de dicha Convención, cabe subrayar que, de sus 6 párrafos, 5 nombran a la “mujer”, 1 menciona a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ninguno hace mención al género ni a las “mujeres trans”.

 

  1. Asimismo, se debe dejar constancia de que no se suscribió, en su momento, ningún acuerdo ni se emitió ningún instrumento de los previstos en el transcrito artículo 31.2 de la Convención de

 

  1. A lo expuesto, habría que añadir lo establecido en el artículo 3 del citado cuerpo normativo, en cuanto a que:

 

“Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

  1. todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
  2. toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; y
  3. toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las ”

 

  1. Y sobre este particular, habría que afirmar que no existe acuerdo ni práctica de los Estados Partes de la Convención de Belem do Pará que permita una interpretación en cuanto a que ella se refiere al género o que incluye a las “mujeres trans”. En otras palabras, no se dispone en autos de elementos que permitan configurar, de conformidad al artículo 3 recién transcrito y a contrario

 

de lo que la Sentencia ha indicado, una “interpretación evolutiva13 que permita afirmar que la Convención de Belem do Pará incluye a las “mujeres trans”.

 

  1. En efecto, la Recomendación General No. 28 de 2010, citada en la Sentencia14en apoyo de su decisión, fue adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), es decir, por un órgano subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas, compuesto por funcionarios y, en consecuencia, sin facultad alguna de crear una norma de Derecho Internacional ni suministrar una interpretación vinculante al respecto. No sólo tal pronunciamiento no reviste los caracteres propios de una fuente autónoma de Derecho Internacional, como lo son el tratado, la costumbre, los principios generales de derecho o los actos jurídicos unilaterales, sino que tampoco tiene los relativos a una fuente auxiliar de Derecho Internacional, como son la jurisprudencia, la doctrina o las resoluciones declarativas de derecho15. Y esto último dado que esas resoluciones, adicionalmente de ser recomendaciones no vinculantes, no se refieren ni se vinculan a la Convención de Belem do Pará.

 

  1. Lo afirmado precedentemente es también procedente en cuanto a la Guía Práctica para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, adoptada por el Mecanismo de Seguimiento de esta última (MESECVI), también citada en la Sentencia16, ya que, no obstante referirse exclusivamente a esa Convención, está compuesto por expertas independientes.

 

  1. En síntesis, es improcedente considerar a las citadas resoluciones como de alguna manera vinculantes, ya que ellas que son más bien expresión de aspiraciones políticas, que pueden ser muy legítimas, más no interpretativas de normas jurídicas

 

  1. Una consideración un tanto diferente merece la alusión que la Sentencia hace de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos17. Es cierto que a este órgano interamericano también le corresponde, como a la Corte, conocer de los casos referentes al cumplimiento de las obligaciones convencionales18, pero ello lo hace en consideración a su “función

13 Párr.133.

 

14 Párr.131.

 

15 Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

  1. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
  2. la costumbre internacional prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
  3. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
  4. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
  5. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.”

 

16 Párr.132.

 

17 Párr.130.

 

18    Art.   33: “Son   competentes   para   conocer   de   los   asuntos   relacionados   con   el   cumplimiento   de   los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:

  1. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y

 

principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos19 por parte de los Estados Partes de la Convención, pudiendo incluso, en vista de ello, alentar el cambio del derecho vigente. Es decir, al aplicar la Convención, lo cual implica, por cierto, su interpretación, la Comisión no lo hace porque considere que sus resoluciones son vinculantes, téngase en cuenta que ellas son meras recomendaciones, sino para poder cumplir con su función. Lo que decida al respecto la Comisión no puede ser considerado, en consecuencia y en toda circunstancia, como expresión de normas internacionales vigentes ni menos aún, como obligatorio para la Corte.

 

  1. Por todo lo anterior, es irrefutable que, según se infiere de la aplicación del método subjetivo de interpretación de tratados, la Convención de Belem do Pará no contempla su aplicabilidad a las “mujeres trans”.

 

  1. Objeto y fin.

 

  1. En lo pertinente al método funcional o teleológico, que pretende determinar el objeto y fin para el que fue suscrito el tratado, basta leer el Párrafo N° 6 del Preámbulo de la Convención de Belem do Pará para conocer el de ella. Su tenor es el que sigue:

 

“CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas .,..”.

 

  1. Dicho objeto y fin se plasma, asimismo, en los artículos 1, 3 y 7.a, de la mencionada convención, transcritos

 

  1. De suerte, entonces, que la aplicación a la Convención de Belem do Pará del método función o teleológico de interpretación de tratados, también conduce a concluir que ella dice relación exclusivamente con la “mujer” en general, sin incluir en forma especial a la “mujer trans”.

 

 

 

 

  1. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la ”

 

19 Art. 41: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

  1. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
  2. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
  3. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
  4. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
  5. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
  6. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
  7. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.”

 

  1. El empleo de los cuatro métodos de interpretación de tratados, proporcionan, por ende, un resultado coincidente o concordante entre sí, tal como está previsto en el artículo 31.1 de la Convención de

 

III.           CONCLUSIÓN.

 

  1. De todo lo expuesto precedentemente y particularmente, por lo consagrado en los transcritos artículos 1 y 3 de la Convención de Belem do Pará, lo que ésta proscribe es la “acción o conducta” contra la “mujer”, que le cause “muerte, daño o sufrimiento” y que se lleve a cabo en razón de su género, es decir, en mérito a su “identidad, funciones y atributos construidos socialmente (en lo tocante a ella) … y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas” con el hombre, condición ésta que, lógicamente, no puede, entonces, corresponder a la de “mujer trans”.

 

  1. Finalmente, se deja expresa constancia de que, con lo afirmado en este escrito, no se está negando la protección que las personas trans deben recibir por parte del Estado frente al ejercicio de la violencia en su contra, basada en su identidad de género. Esa obligación está, por de pronto, incluida en las normas generales contempladas, en particular, en los artículos 120y 5.121 de la Convención. Más, ella puede incluso ser consolidada o ampliada. La propia Convención lo prevé, al contemplar la suscripción de protocolos u otros instrumentos que pueden tener tal propósito22. En cuanto a la Convención de Belem do Pará, ella contempla la posibilidad de su enmienda23

 

  1. Sin duda alguna, en la eventualidad de que se resolviera impulsar la reforma o ampliación de la citada protección a través de la suscripción de nuevos instrumentos internacionales, si bien ello podría ser una vía tal vez lenta y dificultosa, evidentemente sería una demostración, por una parte,

20 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

  1. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

 

21Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”

 

22 Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

Art. 76:1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

  1. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.”

Art. 77: “1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.

  1. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo”.

 

23 Art.19: “Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.”

 

de la confianza depositada en el Derecho Internacional y, en especial, del Derecho Interamericano de los Derechos Humanos, como uno de los efectivos instrumentos reguladores de la sociedad interamericana y por la otra parte, del respeto por las respectivas funciones normativa y judicial o jurisdiccional interamericanas, asignadas, la primera, a los propios Estados Partes de la Convención24 y la segunda, a la Corte25.

 

 

 

 

 

Eduardo Vio Grossi

Juez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Idem.

 

25 Art.62.3: ”La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”

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