Corte IDH. Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Serie C No. 414.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

CASO ROSADIO VILLAVICENCIO VS. PERÚ

 

SENTENCIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2020

 

 (Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

En el caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*:

 

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez;

 

presentes, además,

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

 

 

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve las solicitudes de interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por este Tribunal el 14 de octubre de 2019 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), presentadas el 25 de mayo de 2020, respectivamente, por la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) y por Jorge Enrique Rosadio Villavicencio (en adelante “la víctima” o “el señor Rosadio Villavicencio”)[1].

 

 

 

 

 

I

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE LA cORTE

 

  1. El 14 de octubre de 2019 la Corte emitió la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el presente caso, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 23 de diciembre del mismo año.
  2. El 25 de mayo de 2020 el Estado sometió una solicitud de interpretación respecto a la medida de restitución relacionada con la eliminación de la condición de sanción disciplinaria y de los antecedentes penales de la víctima.
  3. Asimismo, el 25 de mayo de 2020 la víctima sometió una solicitud de interpretación relacionada con una nueva argumentación basada en hechos y pruebas supervinientes.
  4. El 29 de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte, la Secretaría transmitió las referidas solicitudes de interpretación a las partes y a la Comisión, y les otorgó plazo hasta el 1 de julio para que presentaran las alegaciones escritas que estimaran pertinentes.
  5. El 1 de julio de 2020 la víctima y el Estado remitieron a la Corte sus alegatos. La Comisión no presentó alegaciones escritas a las solicitudes de interpretación.

 

II

COMPETENCIA

 

  1. El artículo 67 de la Convención establece que:

[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

  1. De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte está integrada por los mismos Jueces y Jueza que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada.

 

III

ADMISIBILIDAD

 

  1. Corresponde a la Corte verificar si las solicitudes presentadas por la víctima y por el Estado cumplen con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento. Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.
  2. La Corte nota que tanto el Estado como la víctima presentaron sus solicitudes de interpretación el 25 de mayo de 2020, dentro del plazo de noventa días establecido en el artículo 67 de la Convención. Lo anterior en atención a que las partes fueron notificadas de la Sentencia el 23 diciembre de 2019, por medio de correo electrónico, y el plazo para presentar la solicitud de interpretación vencía el 12 de junio de 2020, en virtud a lo resuelto en los Acuerdos de Corte 1/20 de 17 de marzo de 2020[2] y 2/20 de 16 de abril de 2020[3], mediante los cuales la Corte dispuso suspender el cómputo de todos los plazos debido a la emergencia en la salud causada por la pandemia por COVID-19. Por ende, las solicitudes resultan admisibles en lo que se refiere al plazo de su presentación. En cuanto a los demás requisitos, la Corte realizará el análisis respectivo en el próximo capítulo.

 

IV

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

 

  1. Este Tribunal analizará las solicitudes del Estado y de la víctima para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.
  2. La Corte ha señalado que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido o alcance de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[4].
  3. Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter consideraciones sobre cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión[5], así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas por ésta en su Sentencia[6]. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente[7].
  4. A continuación, la Corte examinará las cuestiones planteadas el Estado y la víctima, en el siguiente orden: A) Aclaración del punto resolutivo vigésimo de la Sentencia, y B) la exposición de las alegadas situaciones excepcionales, hechos nuevos y prueba superviniente presentada por la víctima.

 

  1. Aclaración del punto resolutivo vigésimo de la Sentencia

A.1.     Argumentos de las partes

  1. El Estado sostuvo que, de una lectura integral de la Sentencia y sus puntos resolutivos, no se desprende qué es lo que implica y cuáles son los alcances de la orden de dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias de condena emitidas contra el señor Jorge Rosadio Villavicencio en los procesos penal ordinario, penal militar y el procedimiento disciplinario, contenida en el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia.
  2. En virtud de lo anterior, indicó que dicho resolutivo únicamente puede interpretarse bajo el amparo de dos fundamentos:
    1. Que habiéndose advertido respecto de los procesos penal ordinario, penal militar y el procedimiento disciplinario vulneraciones a las garantías judiciales, estos deberían ser declarados nulos en sede interna, y por tanto correspondería el inicio de nuevas investigaciones respecto de los hechos materia de análisis, todo esto en atención a los estándares que la Corte Interamericana ha desarrollado en su sentencia, o

 

  1. Que habiendo quedado firmes las sentencias materia de análisis, éstas no han sido declaradas nulas, revocándose únicamente sus efectos. Esto es, la Corte Interamericana únicamente ha ordenado suprimir los antecedentes judiciales o disciplinarios, penales o militares que existan en contra de Jorge Rosadio Villavicencio.
  1. La víctima señaló que de una lectura integral de la Sentencia no se desprende, de forma alguna, que se haya dispuesto iniciar nuevas investigaciones o suprimir sólo los antecedentes de los distintos procesos seguidos en contra de la víctima. Asimismo, indicó que “tal como se puede apreciar en el mismo párrafo 224, subíndices 195 y 196, la […] Corte hace referencia a un total de 13 Sentencias en las que dispuso dejar sin efecto las sentencias de condena y suprimir los antecedentes, las cuales, conforme a la revisión y lectura de los Informes de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, existente en el Buscador de Jurisprudencia de la página web de la Corte IDH, se puede apreciar y verificar que, en ninguno de estos casos, se ordenaron el reinicio de nuevas investigaciones o se suprimieron sólo los antecedentes”. Por tal motivo, concluyó que el Estado pretende modificar el fallo y condicionar a la Corte con dos alternativas producto de su propia interpretación.
  2. Asimismo, sostuvo que, conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano, el Estado debe eliminar de oficio “[…] todos los alcances, causas y efectos o registros o antecedentes legales, tanto administrativos, policiales, judiciales y penales (ordinario y militar) […] dejando sin efectos la atribución de responsabilidad administrativa disciplinaria, penal ordinaria y penal militar, como también, en lo relativo a inhabilitaciones o pag[o] [de] indemnizaciones por conceptos de reparación civil a favor del Estado […]”. En este sentido añadió que, al momento de precisar al Estado el alcance de su sentencia, se debe tomar en cuenta lo contenido el párrafo 227 de la Sentencia con respecto a que “[…] la Corte estima razonable presumir que la víctima habría continuado en el ejército de no ser por los procesos a los que fue sometido […]”.
  3. Por último, el señor Rosadio Villavicencio realizó una serie de alegaciones relacionadas con: 1) la reincorporación de la víctima a la situación de servicio activo militar con los ascensos al grado inmediato superior de manera retroactiva; 2) la obligación de reparar integral y retroactivamente al afectado; 3) la supuesta manera fraudulenta en que se realizó el pase a la situación de retiro de la víctima, y 4) la solicitud de una reparación integral en sede interna. Siendo así, solicitó que se desestime la solicitud de interpretación de Sentencia en cuanto a su pretensión de reiniciar nuevas investigaciones o de suprimir solamente los antecedentes judiciales; que se declare fundada la solicitud del Estado con respecto a que se aclare y precise el alcance de la Sentencia, y que se exprese de manera “clara y precisa” que el Estado debe reparar integralmente a la víctima.

 

                   A.2. Consideraciones de la Corte

  1. En su Sentencia, la Corte estableció que:

 

  1. En primer lugar, en esta Sentencia, la Corte declaró que el Estado violó los derechos del señor Rosadio a ser comunicado previamente y de forma detallada de la acusación, y a ser notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra, en lo que concierne los procesos penal ordinario, penal militar y procedimiento disciplinario. Asimismo, en relación con el proceso disciplinario militar, el Estado también violó en su perjuicio el derecho a contar con un defensor, a ser oído, a contar con una debida motivación y el derecho a la defensa (supra párr. 161). Respecto del proceso penal ordinario, la Corte consideró que el Perú violó los derechos del señor Rosadio Villavicencio a un defensor idóneo (supra párr. 180). Finalmente, respecto del proceso penal militar, la Corte declaró que el Estado violó el principio de ne bis in idem, además de que no garantizó que el señor Rosadio fuera juzgado por un tribunal imparcial.

 

  1. Por lo tanto, dadas las características del presente caso, y tal como lo ha hecho esta Corte en ocasiones anteriores, dispone que el Estado debe adoptar, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto las sentencias de condena que fueron emitidas en los procesos penal ordinario, penal militar y el procedimiento disciplinario en todos sus extremos, así como para suprimir los antecedentes judiciales o disciplinarios, penales o militares, que existan en su contra a raíz de dichos procesos.

 

  1. La Corte advierte que, en este caso, al momento de emisión de la presente Sentencia, el señor Jorge Enrique Rosadio Villavicencio ya ha cumplido con la totalidad de sus condenas y se encuentra en libertad. La Corte tomará en cuenta este punto al momento de pronunciarse sobre el daño material e inmaterial.

 

  1. En segundo lugar, con respecto a la solicitud de restitución a la carrera militar, el representante no proporcionó al Tribunal elementos de prueba idóneos y suficientes para realizar tales determinaciones, por lo que esta Corte considera que no cuenta con los elementos de convicción necesarios para ordenar una medida de reparación de tal naturaleza.

 

  1. No obstante, lo anterior, la Corte estima razonable presumir que la víctima habría continuado en el Ejército de no ser por los procesos a los cuales fue sometido. Este punto será tomado en cuenta al momento de fijar las indemnizaciones por daño material e inmaterial infra.

 

 

  1. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte dispuso en el punto resolutivo vigésimo:

 

  1. El Estado adoptará en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto las sentencias de condena que fueron emitidas en los procesos penal ordinario, penal militar y el procedimiento disciplinario en todos sus extremos, así como para suprimir los antecedentes judiciales o disciplinarios, penales o militares, que existan en su contra a raíz de dichos procesos, en los términos de los párrafos 223 al 227 de esta Sentencia.

 

 

  1. En virtud de lo solicitado por el Estado, la Corte considera pertinente aclarar el sentido de las medidas de reparación ordenadas en el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia. El párrafo 224 de la Sentencia señala que el Estado debe adoptar las medidas de cualquier índole necesarias para “dejar sin efecto las sentencias de condena que fueron emitidas en los procesos penal ordinario, penal militar y el procedimiento disciplinario en todos sus extremos” y para “suprimir los antecedentes judiciales o disciplinarios, penales o militares, que existan […] a raíz de dichos procesos”. Se trata, por lo tanto, de dos medidas de reparación diferentes que no pueden ser confundidas en cuanto a su alcance y efectos.

 

  1. Ahora bien, la forma en cómo debe implementarse la medida de dejar sin efectos las sentencias emitidas en contra del señor Rosadio Villavicencio en los procesos penal ordinario, penal militar y en el procedimiento disciplinario, puede ser mediante la declaratoria de nulidad de dichos procesos en sede interna, como plantea el Estado en su solicitud de interpretación. No obstante, tal declaratoria de nulidad no puede tener como consecuencia la apertura de nuevos procesos en contra de la víctima, pues el Estado incurriría en una nueva vulneración de la garantía del ne bis in ídem del señor Rosadio Villavicencio, dado que como se consigna en el párrafo 225 de la Sentencia: “[l]a Corte advierte que, en este caso, al momento de emisión de la [la] Sentencia, el señor Jorge Enrique Rosadio Villavicencio ya ha cumplido con la totalidad de sus condenas y se encuentra en libertad”.

 

  1. Con fundamento en las consideraciones previas, la Corte aclara el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia en el sentido que dejar sin efectos las sentencias de condena emitidas en los procesos penal ordinario, penal militar y el procedimiento administrativo sancionatorio, significa que pierdan toda eficacia y se supriman todos sus efectos negativos, sin que el Estado pueda iniciar nuevos procesos contra la víctima por los hechos examinados en la Sentencia. Lo anterior independientemente de la figura de derecho interno a la cual recurra el Estado. Adicionalmente, tal como establece el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia, el Estado deberá adoptar medidas para suprimir los antecedentes judiciales o disciplinarios, penales o militares, que existan en contra del señor Rosadio Villavicencio a raíz de dichos procesos.

 

 

  1. Sobre las situaciones excepcionales, hechos nuevos y prueba superviniente presentada por la víctima.

 

          B.1. Argumentos de las partes

  1. La víctima presentó una solicitud de “revisión” de la Sentencia alegando “situaciones excepcionales” que representaron un hecho nuevo, requiriendo así la presentación de prueba superviniente. Indicó que en un “hecho sin precedentes”, el Estado entregó información del legajo personal de la víctima, información que, según indicó, le había sido negada durante más de 25 años al haberse clasificado como confidencial. De esta forma, sostuvo que ello que impidió utilizar dicha información como medio probatorio durante todo el proceso ante el Sistema Interamericano. En virtud de ello, solicitó su incorporación al proceso para que pueda ser valorada. Por último, solicitó que sea valorada su “nueva argumentación” y que sea emitida una nueva sentencia en cuanto a las medidas de restitución y reparaciones contempladas en su escrito de argumentos, solicitudes y pruebas.
  2. El Estado, en primer lugar, recordó que el momento procesal oportuno para presentar las pruebas que se considere pertinentes, es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En segundo lugar, observó que la víctima lo que realmente pretende es una modificación de la Sentencia “instrumentalizando la interpretación como un medio impugnatorio”, lo cual, según indicó, se evidencia en que presentan “solicitud de revisión de sentencia” que no se sustenta en una interpretación jurídica, sino en una pretensión destinada a cuestionar tanto el fondo como los puntos resolutivos. Por último, recordó que la solicitud de interpretación no puede abordar cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas y sobre las cuales el Tribunal adoptó una decisión. En virtud de lo anterior, el Estado solicitó que se declare improcedente la alegada solicitud de interpretación planteada por la víctima.

 

                        B.2. Consideraciones de la Corte

  1. En cuanto a las alegadas situaciones excepcionales, hechos nuevos y prueba superviniente que dan pie a la “solicitud de revisión” de la Sentencia de 14 de octubre de 2019, planteada por la víctima, la Corte considera pertinente recordar que la solicitud de interpretación tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[8], como tampoco por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente[9].
  2. En esa medida, la víctima no solicita la interpretación de la Sentencia, sino su revisión para lo cual pide a la Corte que valore nuevas pruebas y en virtud de ello emita una nueva sentencia que contenga medidas de reparación adicionales. Todas estas solicitudes son claramente improcedentes, pues exceden ampliamente el alcance de la competencia de la Corte de interpretar sus fallos establecida en el artículo 67 de la Convención.

V

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE

 

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 31.3 y 68 del Reglamento del Tribunal,

 

DECIDE:

 

Por unanimidad,

 

  1. Declarar admisible las solicitudes de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, presentada por el Estado y por la víctima, en los términos del párrafo 9 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

 

  1. Aclarar por medio de Interpretación, la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, emitida en el Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, en los términos de los párrafos 21 a 23 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

 

  1. Desestimar por improcedente la solicitud de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, presentada por la víctima en los términos de los párrafos 26 y 27 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia de Interpretación al Estado de Perú, a la víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Corte IDH. Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2020.

 

 

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire

Presidente en ejercicio

 

 

 

 

Eduardo Vio Grossi                                                  Humberto Antonio Sierra Porto

 

 

 

 

 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot                                         Eugenio Raúl Zaffaroni              

 

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire

Presidente en ejercicio

 

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

         Secretario

*             La Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta de la Corte, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal, no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia. Por tal motivo, de conformidad con los artículos 4.2 y 5 del Reglamento del Tribunal, el Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente de la Corte, asumió la Presidencia en ejercicio.

[1]         Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 137 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

[2]         Disponible aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_18_2020.pdf

[3]         Disponible aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_28_2020.pdf

[4]           Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párrs. 12 y 16, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Serie C No. 413, párr. 10.

[5]         Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 1999. Serie C No. 53, párr. 15, Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

[6]           Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

[7]         Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

[8]         Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párrs. 12 y 16, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.

[9]         Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

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