Corte IDH. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 425.

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO MOYA SOLÍS VS. PERÚ

SENTENCIA DE 3 DE JUNIO DE 2021 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

En el Caso Moya Solís Vs. Perú,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez;

 

 

presentes, además,

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

 

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “el Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

 

 

TABLA DE CONTENIDO

 

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA   3

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE   4

III COMPETENCIA   5

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES   5

  1. Solicitud de control de legalidad por parte de la Corte Interamericana en relación con la alegada falta de agotamiento de recursos internos 5

A.1 Alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de la presunta víctima  5

A.2 Consideraciones de la Corte  7

  1. Alegada falta de competencia de la Corte Interamericana para actuar como cuarta instancia 8

B.1. Alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de la presunta víctima  8

B.2 Consideraciones de la Corte  8

  1. Alegada indebida inclusión de los artículos 5 y 11 en el Escrito de Solicitudes y Argumentos 9

C.1. Alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de la presunta víctima  9

C.2 Consideraciones de la Corte  9

V PRUEBA   10

  1. Admisibilidad de la prueba documental 10
  2. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial 11

VI HECHOS   11

  1. Marco normativo nacional relevante 12
  2. Sobre la señora Moya Solís y su proceso de ratificación 13
  3. Recursos interpuestos por la señora Moya Solís 14

C.1 Recurso de Revisión  14

C.2 Primer recurso de amparo  15

C.3 Segundo fallo de amparo  16

VII FONDO    17

VII-1 GARANTÍAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD   17

  1. Alegatos de las partes y de la Comisión 17
  2. Consideraciones de la Corte 18

B.1 En relación con el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa  18

B.2 En relación con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas y el principio de legalidad  23

B.3. Conclusión  27

VII-2 PLAZO RAZONABLE Y PROTECCIÓN JUDICIAL   27

  1. Alegatos de las partes y de la Comisión 27
  2. Consideraciones de la Corte 27

VII-3 DERECHOS POLÍTICOS   30

  1. Alegatos de las partes y de la Comisión 30
  2. Consideraciones de la Corte 30

VIII REPARACIONES   31

  1. Parte Lesionada 31
  2. Medidas de Restitución 32
  3. Medidas de Satisfacción 32
  4. Otras medidas solicitadas 33
  5. Indemnizaciones compensatorias 33

E.1 Daño material 33

E.2 Daño inmaterial 34

  1. Costas y gastos 35
  2. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 35

IX PUNTOS RESOLUTIVOS   36

 

 

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

 

  1. El caso sometido a la Corte. – El 9 de enero de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión”) sometió a la Corte Interamericana el caso Moya Solís contra la República de Perú (en adelante “el Estado”, “Perú” o “el Estado peruano”). De acuerdo con la Comisión, el caso se relaciona con las presuntas violaciones de los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2 c), 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Norka Moya Solís. Las alegadas violaciones habrían ocurrido en el marco del proceso administrativo de ratificación, que terminó con la separación de la señora Moya Solís del cargo de Secretaria Judicial del Décimo Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales. La Comisión consideró que el proceso seguido contra la señora Moya Solís desconoció su derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a tener el tiempo y los medios adecuados para su defensa. También, que desconoció el derecho de la señora Moya Solís a contar con una decisión debidamente motivada y el principio de legalidad, este último, porque no había causales claramente delimitadas que permitieran entender las conductas que serían evaluadas. Asimismo, la Comisión consideró que se desconoció el derecho a la protección judicial y a un plazo razonable, porque los recursos interpuestos por la presunta víctima fueron rechazados sin que se hubiese hecho un análisis sustantivo de las violaciones al debido proceso, y porque el trámite de la acción de amparo tardó más de 10 años. Finalmente, la Comisión estimó que en este caso se violaron los derechos políticos de la presunta víctima, por haber sido separada de su posición en un proceso arbitrario, lo que afectó su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad.

 

  1. Trámite ante la Comisión. – El trámite seguido ante la Comisión fue el siguiente:

 

  1. Petición. – El 21 de marzo de 2000, la señora Norka Moya Solís presentó una petición ante la Comisión Interamericana.

 

  1. Informe de Admisibilidad. – El 12 de agosto de 2016, la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad del caso mediante Informe No. 37/16. El Informe de Admisibilidad fue notificado a las partes el 1 de septiembre de 2016.

 

  1. Informe de Fondo. – El 4 de mayo de 2019 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 63/19, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante “Informe de Fondo” o “Informe No. 63/19”).

 

  1. Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado mediante comunicación del 9 de julio de 2019 y se le otorgó un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado solicitó una prórroga que fue concedida por la Comisión. En su segundo informe de cumplimiento, el Estado solicitó a la Comisión la publicación del Informe de Fondo No. 63/19 y no presentó información sustantiva que revelara avances importantes en el cumplimiento de las recomendaciones. Por su parte, la presunta víctima solicitó a la Comisión que el caso fuera remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

  1. Sometimiento a la Corte. – El 9 de enero de 2020 la Comisión sometió ante la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y las alegadas violaciones de derechos humanos descritas en el Informe No. 63/19, por “la necesidad de obtención de justicia”[1]. Este Tribunal nota con preocupación que, entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte, han transcurrido veinte años.

 

  1. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2 c), 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la presunta víctima.

 

II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. Notificación al Estado y a la presunta víctima. – El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a la presunta víctima el 19 de febrero de 2020.

 

  1. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 22 de abril de 2020 la presunta víctima presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte. La señora Moya Solís solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1, 8.2.b), 8.2.c), 9 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitó además algunas medidas de reparación.

 

  1. Escrito de contestación. – El 10 de septiembre de 2020 el Estado[2] presentó su escrito de contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación” o “escrito de contestación”), en el cual interpuso tres excepciones preliminares y se opuso a las violaciones alegadas y a las solicitudes de medidas de reparación presentadas por la Comisión y la presunta víctima.

 

  1. Observaciones a las excepciones preliminares. – La presunta víctima presentó observaciones a las excepciones preliminares planteadas por el Estado el 7 de noviembre de 2020. La Comisión Interamericana, por su parte, remitió sus observaciones el 9 de noviembre de 2020.

 

  1. Procedimiento final escrito. – Mediante Resolución de 1 de febrero de 2021[3], la Presidenta de la Corte, en atención a la situación originada a causa de la pandemia por la propagación del Covid-19 y de conformidad con la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento, resolvió no convocar a audiencia pública en el presente caso y solicitar que una declaración testimonial y dos peritajes fueran remitidos por affidávit.

 

  1. Prueba e información para mejor resolver. – El 18 de marzo y el 22 de abril de 2021, por instrucciones de la Presidenta de la Corte, se solicitó al Estado el envío de información para mejor resolver[4]. El Estado presentó esta documentación el 24 de marzo, el 12 de abril y el 4 de mayo de 2021. La Comisión no presentó observaciones a la documentación aportada por el Estado. Por su parte, las observaciones de la presunta víctima fueron remitidas el 19 de abril, junto con sus alegatos finales escritos, y el 13 de mayo de 2021 (infra párr. 36).

 

  1. Alegatos y observaciones finales escritas. – El 19 de abril de 2020 la presunta víctima y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos y documentos anexos, y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas. Por instrucciones de la Presidenta de la Corte, se solicitó a las partes y a la Comisión Interamericana que remitieran las consideraciones que estimaran pertinentes sobre la documentación anexa remitida por el Estado y por la presunta víctima. El 26 de abril de 2021 la presunta víctima remitió sus observaciones. El 27 de abril de 2021 el Estado se pronunció y la Comisión Interamericana manifestó no tener observaciones que formular (infra párr. 35).

 

  1. Deliberación del presente caso. – La Corte deliberó la presente sentencia a través de una sesión virtual, durante los días 25 y 26 de mayo y 3 de junio de 2021[5].

 

III
COMPETENCIA

 

  1. La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, debido a que Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.

 

IV
EXCEPCIONES PRELIMINARES

 

  1. En el presente caso, Perú planteó tres excepciones preliminares. En este acápite la Corte analizará: A) la solicitud de control de legalidad por parte de la Corte Interamericana en relación con la alegada falta de agotamiento de recursos internos; B) la alegada falta de competencia de la Corte Interamericana para actuar como cuarta instancia; y C) la alegada indebida inclusión de los artículos 5 y 11 de la Convención en el escrito de solicitudes y argumentos.

 

A.   Solicitud de control de legalidad por parte de la Corte Interamericana en relación con la alegada falta de agotamiento de recursos internos

 

A.1 Alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de la presunta víctima

 

  1. El Estado solicitó a la Corte Interamericana que haga control de legalidad de las actuaciones de la Comisión referidas a la valoración y pronunciamiento sobre el requisito de agotamiento de los recursos internos, por haber lesionado el derecho de defensa del Estado. Esta solicitud se fundamentó en dos argumentos. Primero, que la causa no fue revisada por el Tribunal Constitucional, y segundo, que la presunta víctima no cuestionó el marco normativo que le fue aplicado y, pese a ello, la Comisión incorporó una violación relacionada con dicho marco normativo en el Informe de Fondo.

 

  1. En relación con el primer asunto, sostuvo que, pese a que la presunta víctima indicó que había agotado los recursos internos, la Ley No. 26435 de 1995, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, estableció la posibilidad de que este último conociera las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. De modo que, la decisión mediante la cual se habrían agotado los recursos internos, en realidad podía haber sido conocida en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional, y esto no ocurrió por inacción de la presunta víctima.

 

  1. En relación con el segundo asunto, el Estado sostuvo que, en el marco del proceso de amparo, la señora Moya Solís no indicó que se hubieran cometido afectaciones a sus derechos en virtud del marco normativo aplicado en el proceso de ratificación. También señaló que este asunto no fue expresamente invocado en la petición formulada ante la Comisión Interamericana y tampoco fue mencionado en el Informe de Admisibilidad. No obstante, el Informe de Fondo se refirió al marco legal del proceso de ratificación y señaló que “no establecía causales debidamente delimitadas […]”. Por lo anterior, alegó que no tuvo la oportunidad de formular alegatos en relación con este asunto ni de presentar la excepción preliminar correspondiente en la etapa procesal oportuna, con lo que se afectó su derecho a la defensa. Solicitó a la Corte que haga el debido control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana y acoja la excepción preliminar.

 

  1. La presunta víctima alegó que había agotado los recursos de la jurisdicción interna y que, de acuerdo con la Ley 23.369, el recurso disponible era el de revisión ante la Corte Suprema. En cuanto al argumento del Estado, en el sentido de que no había cuestionado el marco normativo que se le aplicó, señaló que las impugnaciones en la vía de apelación, queja, revisión o cualquier otro medio son contra el acto inmediato que vulnera el derecho.

 

  1. La Comisión indicó que la decisión de admisibilidad del presente caso fue adoptada conforme a la información disponible al momento de ese pronunciamiento y a la luz de los criterios históricamente aplicados en ejercicio de dicha función convencional. Por tanto, el contenido de su decisión, adoptada conforme a la Convención y al Reglamento de la Comisión, no debería ser objeto de un nuevo examen en etapas posteriores del procedimiento. Indicó, además, que el Estado no formuló un alegato de falta de agotamiento de recursos internos en el momento oportuno, por lo que su excepción preliminar es extemporánea. Al respecto, recordó que, de conformidad con jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana, la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada oportunamente, de lo contrario, el Estado pierde la posibilidad de presentar esa defensa ante el Tribunal. También destacó que no es necesario el agotamiento de recurso extraordinarios.

 

  1. En relación con la alegada violación del principio de legalidad, la Comisión sostuvo que la litis durante todo el trámite versó sobre el proceso administrativo sancionatorio de ratificación, que culminó con la destitución de la presunta víctima de su cargo y que ello evidentemente abarca el marco normativo aplicable. Por ello, estimó que no tiene justificación el argumento del Estado en el sentido de que ese asunto no formaba parte de la litis y por ello no pudo argumentar la falta de agotamiento de recursos internos sobre ese aspecto específico en el momento procesal oportuno. A juicio de la Comisión, la alegada violación del principio de legalidad deriva de la violación principal. Además, destacó que no es la práctica de los órganos del Sistema Interamericano exigir el agotamiento de los recursos internos de manera separada y autónoma frente a cada uno de los efectos derivados de una alegada violación. Solicitó desechar la excepción preliminar interpuesta por el Estado por su carácter extemporáneo y por su falta de fundamento legal sustantivo.

 

A.2 Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte recuerda que una objeción al ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada durante la etapa de admisibilidad del caso ante la Comisión[6]. Para ello, el Estado debe, en primer lugar, precisar claramente ante la Comisión, durante la etapa de admisibilidad del caso, los recursos que, en su criterio, aún no se habrían agotado. Por otra parte, los argumentos que dan contenido a la excepción preliminar interpuesta por el Estado ante la Comisión durante la etapa de admisibilidad deben corresponder con aquellos esgrimidos ante la Corte. Sin embargo, en este caso, los alegatos del Estado en el sentido de que no se habría interpuesto el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Constitucional, y que por tal razón no se habrían agotado los recursos internos, no fueron presentados en el momento procesal oportuno, esto es, durante la etapa de admisibilidad del caso. En efecto, la Corte nota que el Estado planteó por primera vez la falta de agotamiento de recursos internos en una comunicación enviada el 13 de octubre de 2017 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que anexó un oficio del 17 de agosto de 2017 suscrito por el Procurador Público del Poder Judicial, que señala que la presunta víctima no habría agotado todas las instancias que preveía la ley. Esta comunicación fue recibida luego de haberse emitido el Informe de Admisibilidad No. 37/16 de 12 de agosto de 2016 (supra párr. 2.b). Por esa razón, la Corte considera que la excepción preliminar planteada por el Estado es improcedente.

 

  1. Por otra parte, el Estado solicitó que se hiciera control de legalidad de la actuación de la Comisión Interamericana en relación con la falta de agotamiento de recursos internos, en lo referido al marco normativo aplicado. La Corte recuerda que, en los asuntos bajo su conocimiento, tiene la atribución de hacer control de legalidad de las actuaciones de la Comisión. Sin embargo, ello no supone necesariamente revisar de oficio el procedimiento que se llevó a cabo en esa instancia. Además, la Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del Sistema Interamericano, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional. El control señalado puede proceder, entonces, en aquellos casos en que alguna de las partes alegue que existe un error grave que vulnera su derecho de defensa, en cuyo caso debe demostrar efectivamente tal perjuicio. No resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión Interamericana[7].

 

  1. En este caso, el Estado señaló que, debido a que los alegatos referidos al marco normativo y a la violación del principio de legalidad no fueron presentados por la presunta víctima ni incluidos en el Informe de Admisibilidad, no tuvo la oportunidad de oponer la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos en relación con este asunto, en el momento procesal oportuno. Al respecto, la Corte encuentra que la litis de este caso ha estado relacionada desde su inicio con el proceso que dio lugar a la no ratificación de la presunta víctima en su cargo, y ello comprende, necesariamente, el marco normativo aplicado. Además, ese marco normativo fue identificado por la presunta víctima en su petición inicial[8]. De modo que, el Estado ha tenido conocimiento del objeto del litigio desde entonces y pudo haber presentado alegatos sobre este punto o una excepción preliminar en el momento procesal oportuno. Adicionalmente, es de destacar que, entre los requisitos para interponer una denuncia ante la Comisión, no se contempla que el peticionario deba identificar el marco normativo o hacer una referencia específica a los artículos de la Convención presuntamente violados.

 

  1. Por las anteriores razones, la Corte concluye que no es procedente la solicitud de control de legalidad, ni la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos.

 

B.   Alegada falta de competencia de la Corte Interamericana para actuar como cuarta instancia

 

B.1. Alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de la presunta víctima

 

  1. El Estado alegó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos no puede subrogar la labor de los tribunales internos de cada Estado, ni actuar como tribunal de alzada al reevaluar las decisiones jurisdiccionales adoptadas en el marco de un proceso respetuoso de los estándares internacionales. En ese sentido, consideró que la Corte no tiene competencia para conocer el presente caso, pues se origina en la disconformidad de la presunta víctima con las decisiones internas emanadas de un proceso judicial de amparo que fue respetuoso de sus derechos a las garantías procesales. El Estado destacó que formuló esta excepción preliminar en la etapa de admisibilidad ante la Comisión.

 

  1. La presunta víctima indicó que el Estado, en el primer escrito presentado ante la Comisión Interamericana, no hizo observaciones ni formuló excepciones preliminares. Sostuvo, además, que acudió al Sistema Interamericano por cuenta de un acto que violó derechos contenidos en la Convención Americana y no porque pretenda la revisión de una decisión que le fue desfavorable.

 

  1. La Comisión alegó que, en el presente caso, la presunta víctima argumentó una serie de violaciones al debido proceso, así como a otros derechos sustantivos, ocurridos en el marco del proceso administrativo sancionatorio de ratificación que culminó con su destitución del cargo de Secretaria Judicial. En esa medida la Comisión sostuvo que, conforme a los precedentes sobre la materia, la excepción preliminar interpuesta por el Estado es improcedente.

 

B.2 Consideraciones de la Corte

 

  1. Esta Corte ha señalado que la determinación sobre si las actuaciones de órganos judiciales constituyen una violación de las obligaciones internacionales del Estado, puede conducir a que deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos, para establecer su compatibilidad con la Convención Americana. Por lo anterior, al analizar la compatibilidad de los procesos internos con la Convención Americana, la Corte solo es competente para decidir sobre el contenido de resoluciones judiciales que la contravengan de forma manifiestamente arbitraria[9]. En consecuencia, este Tribunal no es una cuarta instancia de revisión judicial, en la medida de que examina la conformidad de las decisiones judiciales internas con la Convención Americana y no de acuerdo al derecho interno.

 

  1. En el caso concreto se advierte que la Comisión y la presunta víctima alegan la vulneración a distintos derechos consagrados en la Convención Americana, en el marco de las decisiones tomadas por las autoridades nacionales, tanto en sede administrativa como judicial. En consecuencia, con el fin de determinar si dichas violaciones efectivamente ocurrieron, se hace imprescindible analizar, por una parte, las resoluciones dictadas por las distintas autoridades administrativas y jurisdiccionales, y por la otra, su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado, lo que, a la postre, configura una cuestión de fondo que no puede dirimirse por vía de una excepción preliminar. En consecuencia, la Corte declara sin lugar la excepción preliminar presentada por el Estado.

 

C.    Alegada indebida inclusión de los artículos 5 y 11 de la Convención en el escrito de solicitudes y argumentos

 

C.1. Alegatos del Estado, observaciones de la Comisión y de la presunta víctima

 

  1. El Estado argumentó que, pese a que la Comisión en su Informe de Admisibilidad No. 37/16 de fecha 12 de agosto de 2016 declaró inadmisible la petición en relación a los artículos 5 (derecho a la integridad personal) y 11 (protección de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana, y a que en su Informe de Fondo no consideró dichos derechos, la señora Moya Solís realizó una serie de afirmaciones generales mediante las cuales pretende que se discutan afectaciones a los citados derechos. Por lo anterior, solicitó a la Corte que no valore lo alegado por la presunta víctima. También señaló que, en este caso no se habrían agotado los recursos internos en relación con los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, por lo que indicó que también presentaba la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos en relación con este asunto.

 

  1. La presunta víctima no se refirió a este asunto. La Comisión indicó que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de derechos distintos a los incluidos en el Informe de Fondo, siempre y cuando se enmarquen en los hechos contenidos en dicho documento, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de los derechos consagrados en la Convención. Destacó también que el alegato del Estado sobre la debida delimitación de los derechos alegados por la presunta víctima es una cuestión que corresponde al debate de fondo y no podría ser resuelta mediante una excepción preliminar.

 

C.2 Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte reitera que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre que se mantengan dentro del marco fáctico definido por la Comisión, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana. En esos casos, corresponde a la Corte decidir sobre la procedencia de alegatos relativos al marco fáctico, en resguardo del equilibrio procesal de las partes[10].

 

  1. Sin embargo, en este caso concreto la Corte encuentra que, si bien la presunta víctima mencionó los artículos 5 y 11 de la Convención e hizo referencia de manera general a su honestidad, integridad y proyecto de vida, no presentó alegatos específicos relacionados con la violación de los derechos contenidos en dichos artículos ni solicitó a la Corte que declare la violación de derechos diferentes a los indicados en el Informe de Fondo. Así, el petitorio contenido en el escrito de solicitudes y argumentos señala: “Solicito a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare la responsabilidad del Estado Peruano por los siguientes motivos: 5.1. Por haber violado mis derechos correspondientes a las garantías judiciales, establecidos en los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2.c); por haber violado el principio de legalidad establecido en el artículo 9, y por haber violado mi protección judicial establecida en el artículo 25.1; así como las relacionadas a los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]”. Por lo anterior, la Corte encuentra que los alegatos del Estado en relación con una indebida inclusión de los artículos 5 y 11 de la Convención en el escrito de solicitudes y argumentos, no son procedentes.

 

V
PRUEBA

 

A.   Admisibilidad de la prueba documental

 

  1. La Corte recibió diversos documentos, presentados como prueba por la Comisión, la presunta víctima y el Estado, adjuntos a sus escritos principales (supra párrs. 3, 6 y 7). Como en otros casos, este Tribunal admite aquellos documentos presentados oportunamente (artículo 57 del Reglamento)[11] por las partes y la Comisión, cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada, y cuya autenticidad no fue puesta en duda[12].

 

  1. La Corte también recibió documentos adjuntos a los alegatos finales escritos presentados por el Estado y por la presunta víctima[13] (supra párr. 11). El 26 y 27 de abril de 2021 la presunta víctima y el Estado, respectivamente, presentaron observaciones a estos documentos y la presunta víctima presentó un documento anexo[14]. El Estado alegó que los anexos a los alegatos finales escritos de la presunta víctima fueron remitidos de forma extemporánea y que, en este caso, no se configura ninguna de las excepciones previstas en el artículo 57.2 del Reglamento de la Corte, por esa razón, solicitó que se declaren inadmisibles. La presunta víctima presentó observaciones generales a los documentos ofrecidos por el Estado, y la Comisión Interamericana, por su parte, indicó no tener observaciones a los documentos aportados por las partes. La Corte constata que los documentos anexos a los alegatos finales escritos del Estado y la presunta víctima y el documento anexo a las observaciones de la presunta víctima no fueron ofrecidos en la oportunidad procesal oportuna y que, en este caso, no se configura ninguna de las excepciones definidas en el reglamento para la admisión extemporánea de la prueba. Por esa razón, dichos documentos no serán admitidos.

 

  1. El 18 de marzo y el 22 de abril de 2021 se solicitó al Estado el envío de documentación para mejor resolver. El Estado, mediante escritos radicados en la Secretaría de la Corte el 24 de marzo, el 12 de abril y el 4 de mayo siguientes, remitió la información solicitada, la cual fue puesta en conocimiento de la presunta víctima y de la Comisión Interamericana, quienes tuvieron oportunidad de presentar observaciones (supra párr. 10). Estos documentos se incorporaron al acervo probatorio.

 

B.   Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

 

  1. La Corte recibió una declaración testimonial, rendida ante fedatario público[15], por Jaime Gómez Valverde. Esta declaración es admitida en cuanto se ajusta al objeto definido por la Resolución que ordenó recibirla y al objeto del presente caso. En cuanto a las declaraciones periciales de Tania Zúñiga y Hernán Víctor Gullco, se advierte que no fueron rendidas ante fedatario público y que, en su lugar, cada uno de los peritos remitió un video certificando la elaboración del peritaje e indicando que no fue posible rendirlo mediante affidávit debido a dificultades derivadas de la pandemia por la propagación del COVID-19[16]. La Corte hace notar que la señora Zuñiga y el señor Gullco debían haber comunicado, antes de la realización y remisión de los respectivos peritajes, las dificultades relacionadas con su comparecencia ante un fedatario público, de suerte que la Corte pudiese resolver sobre el particular. Por esa razón considerará dichas declaraciones, únicamente en la medida en que concurran, junto a otros medios de prueba, a la confirmación en autos de un hecho o situación.

 

VI
HECHOS

 

  1. A continuación, se presentarán los hechos del presente caso en el siguiente orden: A) Marco normativo nacional relevante; B) Sobre la señora Moya Solís y su proceso de ratificación; y C) Recursos interpuestos por la señora Moya Solís.

 

A.   Marco normativo nacional relevante

 

  1. El marco jurídico nacional relevante para este caso, está compuesto por las Leyes N° 23344 de 1981 y N° 23369 de 1981 y por el Decreto Supremo N°003-82-JUS. El artículo 5 de la Ley N° 23344 establecía:

 

Artículo 5º. –  Los Secretarios de Juzgados serán ratificados cada tres años por la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente debiendo hacerse la primera ratificación dentro de los setenta días siguientes a la vigencia de la presente ley[17].

 

  1. Por su parte, la Ley N° 23369 señalaba:

 

Artículo 1º. – Concluida la ratificación de todos los Magistrados de la República, las Cortes Superiores de Justicia, procederán a ratificar a los Secretarios y Relatores de Corte, en el término de sesenta días de concluida la ratificación de los Magistrados.

 

Asimismo, el Tribunal Agrario y el Tribunal Privativo de Trabajo procederán a ratificar a sus Secretarios y Relatores y a los Secretarios de sus respectivos Juzgados dentro del término señalado.

 

Artículo 2º. – Los funcionarios que no fueran ratificados según el artículo precedente, podrán interponer recurso de revisión ante la Corte Suprema, dentro del décimo día de conocida la resolución, cuyo fallo tendrá carácter resolutorio y definitivo[18].

 

  1. El Decreto Supremo N°003-82-JUS establecía el procedimiento para llevar a cabo el proceso de ratificación de los secretarios judiciales:

 

Artículo 1º. – Dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente Reglamento, el Presidente de la respectiva Corte Superior -o quien lo estuviere reemplazando en el cargo- designará una Comisión integrada por no más de siete de los Vocales menos antiguos, en el caso de Lima; de cinco, en los casos de El Callao, Cusco y Arequipa, y de tres, en los de las restantes Cortes Superiores de la República; y, entre ellos, al que la presidirá, para los efectos a que se refieren los artículos siguientes.

 

Artículo 2º. – Los miembros de la referida Comisión se distribuirán la labor de manera que se constituyan en las oficinas de los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, en lo Penal, de Menores, Coactivos y de Paz Letrados del distrito judicial respectivo. Al constituirse, el Vocal Comisionado procederá a:

 

  1. Revisar los expedientes en trámite para el efecto de que, al emitir el informe correspondiente, dé la más clara idea de la actuación del Secretario que los tiene a su cargo;
  2. Precisar los casos de incumplimiento de las obligaciones legales en que hubiese incurrido el Secretario, extendiendo el acta correspondiente; y
  3. Obtener informe escrito del Secretario sobre los casos señalados en el inciso precedente y recibirle las pruebas de descargo a que hubiere lugar.

 

Artículo 3º. – El vocal a que se refiere el artículo precedente obtendrá de los jueces correspondientes informes escritos sobre la actuación y la conducta de cada uno de los Secretarios adscritos a su juzgado.

 

Podrá, asimismo, solicitar informes sobre dichos aspectos al Colegio de Abogados del Distrito Judicial o, en su caso, a la Asociación de Abogados de la provincia y a las instituciones y personas que creyere conveniente.

 

Los informes a que se refiere el presente artículo no podrán contener pronunciamientos sobre la ratificación o no ratificación del Secretario sobre quien versa el informe. En caso contrario no se tomará en cuenta la opinión expresada al respecto.

 

Artículo 4º. – Con el acta y los informes a que se refieren los artículos anteriores, el Vocal Comisionado formará un expediente por cada Secretario de Juzgado.

 

Terminada que sea la visita de la provincia, el Vocal Comisionado emitirá su informe escrito al Presidente de la Comisión de que forma parte. Reunida la Comisión, examinará los expedientes y el informe aludidos y se pronunciará sobre su mérito en informe escrito que, con los anexos necesarios, elevará al Presidente de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes a la designación de la Comisión.

 

Artículo 5º. – Recibido que sea el primer informe provincial de la Comisión, el Presidente de la Corte Superior citará a la Sala Plena para que, en sesión permanente y a medida que se vayan recibiendo los demás informes provinciales se pronuncie sobre la ratificación o no ratificación de los Secretarios de Distrito Judicial[19].

 

  1. Finalmente, el Decreto Ley No. 14605 de 25 de julio de 1963, que contenía la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para la fecha de los hechos, regulaba los requisitos, actuaciones, obligaciones, sanciones y demás asuntos relacionados con los secretarios de los juzgados[20].

 

B.   Sobre la señora Moya Solís y su proceso de ratificación

 

  1. La señora Norka Moya Solís tenía 27 años al momento de los hechos, era bachiller en administración de empresas, estudiante de derecho y ciencias políticas y secretaria judicial desde diciembre 1979[21]. Se desempeñaba como Secretaria Judicial del Décimo Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima.

 

  1. En 1982 inició el proceso de ratificación de la señora Moya Solís[22], que terminó con su no ratificación. Al respecto, el Acta de Sala Plena de 10 de septiembre de 1982, en la que se discutió la ratificación de la señora Moya Solís, señala:

 

Que en el Libro de Acuerdos de Sala Plena No. 2 del Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales, obra […] el Acta de Sala Plena de fecha 10 de septiembre de mil novecientos ochentidos (sic), cuyo tenor literal (parte pertinente) es el siguiente:

 

[…] se reunieron en […] Sala Plena, bajo la Presidencia del doctor Pedro Pablo Gutiérrez Ferreyra, los señores Vocales del Tribunal de Trabajo y Comunidades Laborales, doctores Luis Felipe Barrientos, Sara Collazos de Manchego, Juan Parra Solís, Gonzalo lturry Iturry, Victoria […] de Fuertes, Felipe […], Eduardo Gutiérrez Ballón, Jaime Beltrán Quirosa y Edmundo Villecorte Ramirez: actuando en esta oportunidad como secretario el último de los Vocales mencionados por ser el menos antiguo. Abrió la reunión el Presidente manifestando que […] la Sala Plena era dar cumplimiento a la Ley Nº 23369, sobre la ratificación de los […] secretarios del Tribunal de Trabajo y Comunidades Laborales de toda la […] pública, (PARTE PERTINENTE) Sra. Norka Moya de Rocha, tiene informe favorable en parte; se informó a la Sala que la referida secretaria tiene deudas económicas que alcanzan la suma de […] aproximadamente, y prueba de ellos sería la […] planteada por ante la Comisión de Ratificaciones por […] trabajadora del Fuero. Asimismo, se informó que la señora Moya, tenía negocio propio, el mismo que le absorvía [sic] tiempo. A continuación se procedió a la votación: obteniendo 5 balotas blancas contra 5 negras (NO RATIFICADA).

 

Es copia fiel del acta original al que me remito en caso necesario[23].

 

  1. Por su parte, la Resolución No. 0015-82-TT, de 13 de septiembre de 1982, señala que se encontraron deficiencias en la tramitación de expedientes a cargo de la señora Moya Solís; que el informe emitido por el Juez a cargo del Décimo Juzgado no fue favorable; que la señora Moya Solís había sido sancionada previamente; y que los cargos expuestos no fueron desvirtuados[24].

 

C.    Recursos interpuestos por la señora Moya Solís

 

C.1 Recurso de Revisión

 

  1. El 17 de septiembre de 1982 la señora Moya Solís interpuso recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, por no haber sido ratificada en su cargo. Argumentó que su desempeño laboral era bueno, que no tuvo la oportunidad de presentar pruebas o sustentar sus descargos dentro del proceso de ratificación y que nunca le entregaron el acta de la reunión en la que se evaluó su desempeño, pese a haberla solicitado y a estar regulada dicha obligación en el Decreto Supremo 003-82-JUS[25]. En su recurso, la señora Moya Solís señaló que para la fecha no había recibido “ninguna resolución de cese, ni comunicación alguna por escrito, dándo[le] a conocer la no ratificación”. Solo se le impidió seguir trabajando por no haber sido ratificada. Indicó también que el único documento que le había sido entregado, en relación con el proceso de ratificación, fue un memorado del 9 de agosto de 1982, firmado por la Secretaria de la Comisión de Ratificaciones[26].

 

  1. El 12 de octubre de 1983, la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso interpuesto contra el “acuerdo de Sala Plena del Tribunal de Trabajo y Comunidades Laborales que resuelve no ratificarla”, bajo el argumento de que la Comisión de Ratificaciones habría comprobado “serias deficiencias en el desempeño de sus funciones, constatándose que un acta no llevaba la firma del juez, pero sí de la Secretaria; haber autorizado una constancia de notificación cuando en el expediente no aparece fecha de notificación; no haber cumplido con pasar los oficios que estaban ordenados en autos; haber omitido anotar las fechas en que se realizaban las consignaciones, así como de las entregas y no anotar el número del certificado ni la cantidad; por lo tanto la recurrente no ha cumplido a cabalidad con el desempeño de sus funciones; asimismo, la recurrente no cumple con abonar las deudas contraídas, situación que daña la imagen del Tribunal”[27].

 

C.2 Primer recurso de amparo

 

  1. El 17 de febrero de 1984 la señora Moya Solís interpuso recurso de amparo contra la Resolución Suprema de 12 de octubre de 1983. Sostuvo que la decisión de la Corte Suprema se había basado en un informe negativo de sus funciones, del cual solo tuvo conocimiento cuando se le notificó la decisión del recurso de revisión. La señora Moya, controvirtió, además, las afirmaciones de acuerdo con las cuales habría tenido un mal desempeño en las funciones de su cargo[28].

 

  1. El 14 de junio de 1985 el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente el recurso de amparo. Estableció que la no ratificación de la peticionaria no configuraba violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o fundamental consagrado en la Constitución[29].

 

  1. El 1 de julio de 1985 la señora Moya Solís apeló la sentencia y solicitó que el superior del despacho se pronunciara sobre el fondo del caso[30]. El 2 de septiembre de 1985, la Tercera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del 14 de junio de 1985[31].

 

  1. El 19 de septiembre de 1985 la señora Moya Solís interpuso recurso de nulidad contra la decisión de la Tercera Sala Civil de Lima, argumentó que “se pretend[ía] declarar inamovible una Resolución Administrativa como si tuviera carácter de cosa juzgada”[32].

 

  1. El 17 de enero de 1986 el Ministerio Público indicó que el fallo de primera y segunda instancia habían sido expedidos sin tener a la vista el expediente de ratificaciones de la señora Moya Solís, por lo que no se podía establecer si el Tribunal del Trabajo incurrió o no en irregularidades. El Ministerio Público consideró procedente declarar nula la Resolución del 2 de septiembre de 1985 e insubsistente la del 14 de junio de 1985, y solicitó que se expidiese un nuevo fallo[33].

 

  1. El 4 de agosto de 1986 la Corte Suprema declaró nula la decisión del 2 de septiembre de 1985 e insubsistente la sentencia de 14 de junio de 1985. En la decisión se ordena que “el juez de la causa expida nuevo fallo teniendo a la vista el expediente de ratificaciones”[34].

 

C.3 Segundo fallo de amparo

 

  1. Luego de la decisión del recurso de nulidad, la presunta víctima pidió en varias oportunidades al Décimo Sexto Juzgado de lo Civil de Lima que solicitara su expediente de ratificaciones al Tribunal del Trabajo. Dicho juzgado elevó dos solicitudes en ese sentido, sin que conste en el expediente respuesta alguna[35].

 

  1. En junio de 1995 el 33° Juzgado de lo Civil de Lima también solicitó el expediente de ratificaciones[36]. En respuesta, el Delegado Administrativo de las Salas y Juzgados indicó que, luego de la búsqueda en archivos, no se había encontrado expediente alguno sobre lo solicitado[37].

 

  1. El 30 de diciembre de 1996 el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima expidió un nuevo fallo en relación con la acción de amparo. Concluyó que la señora Moya Solís había acudido a la acción de amparo para cuestionar la Resolución que declaraba infundado su recurso de revisión contra la no ratificación, no el Acuerdo de Sesión de Sala Plena del Tribunal de Trabajo en el que se acordó su no ratificación y que, al expedirse dicha Resolución, no se vulneró o violentó derecho constitucional alguno. Por lo anterior, declaró infundada la acción de amparo interpuesta por la señora Moya Solís[38].

 

  1. El 19 de mayo de 1997 la señora Moya Solís apeló el fallo de 30 de diciembre de 1996, argumentó que no había tenido conocimiento del Acuerdo en el que se decidió su no ratificación y que el expediente de ratificaciones no se había encontrado[39].

 

  1. El 20 de marzo de 1998 la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público confirmó la sentencia apelada. Indicó que la acción de amparo procede cuando “el hecho violatorio atenta un derecho constitucional, cierto e inminente, que sea posible de reponer al estado anterior a la amenaza de violación” y que la señora Moya Solís alegaba hechos que requerían etapa probatoria, que no procede en un proceso constitucional[40].

 

  1. El 8 de abril de 1998 la presunta víctima interpuso recurso de nulidad contra el pronunciamiento de 20 de marzo de 1998. Reiteró que no se había tenido en cuenta el expediente de ratificación para tomar la decisión del recurso de amparo y que el trámite dado a su caso evidenciaba errores procesales, entre ellos, que al no encontrar el expediente de ratificaciones no se ordenó rehacerlo; que al adoptarse la decisión de no ratificación se encontraban presentes diez vocales o magistrados y la decisión fue resultado de un empate, el cual debía ser dirimido por el Presidente de la Sala o en aplicación del principio de in dubio pro operario; y que al resolver la apelación, el Décimo Sexto Juzgado había señalado que la parte peticionaria debió haber cuestionado el Acuerdo de no Ratificación, pero este nunca le fue notificado, solo le fue informado verbalmente. Respecto al pronunciamiento del Décimo Sexto Juzgado y su acción probatoria, la señora Moya Solís indicó que nunca solicitó prueba alguna[41]. El 29 de octubre de 1998 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad en dicha sentencia[42]. Esta decisión le fue notificada a la señora Moya Solís el 23 de septiembre de 1999.

 

VII
FONDO

 

  1. De acuerdo con los alegatos de las partes y la Comisión, en el presente caso la Corte examinará 1) los derechos a las garantías judiciales y el principio de legalidad; 2) la garantía del plazo razonable y el derecho a la protección judicial; y 3) los derechos políticos.

 

VII-1
GARANTÍAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD[43]

 

A.   Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión argumentó que el procedimiento seguido contra la señora Moya Solís fue de carácter sancionatorio y que, por esa razón, le eran aplicables las garantías establecidas en los artículos 8.1, 8.2 y 9 de la Convención Americana. En relación con el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación, señaló que a la presunta víctima no le fueron notificados cargos o acusaciones, ni se le informó de denuncias o quejas que le permitieran presentar pruebas o descargos. Lo anterior, porque el marco normativo vigente no preveía la formulación de cargos o de una acusación que permitiera conocer los motivos que podrían fundamentar la decisión de no ratificación, lo cual imposibilitó su defensa. La Comisión también encontró que la decisión adoptada en el proceso de ratificación le fue notificada a la presunta víctima de manera verbal, lo que afectó su derecho a la defensa en las instancias de apelación. Alegó, además, que el proceso de ratificación no establecía causales debidamente delimitadas que permitieran a la presunta víctima entender las conductas que serían evaluadas, y que la decisión de no ratificación careció de una motivación adecuada que justificara las razones por las que la señora Moya Solís no fue ratificada.

 

  1. La presunta víctima alegó que el Estado violó su derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y el derecho a tener el tiempo y los medios adecuados de defensa, así como el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas y el principio de legalidad.

 

  1. El Estado alegó que la Comisión pretende equiparar el procedimiento de ratificación de secretarios judiciales con un procedimiento disciplinario. Sin embargo, no todos los procedimientos administrativos implican la formulación de acusaciones. En ese sentido, un procedimiento de ratificación es un procedimiento que evalúa el desempeño laboral, pero no se refiere a faltas o delitos, porque no se atribuyen a la persona cargos o acusaciones. Indicó que en los procesos de ratificación no corresponde notificar imputaciones o cargos, como si se tratara de un proceso penal o de un procedimiento administrativo disciplinario, sino que el proceso de evaluación y ratificación constituye una garantía de eficiencia y calidad del servicio público de administración de justicia. Reconoció que a todo procedimiento administrativo le resultan aplicables principios y garantías generales, entre ellos, el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual no implica necesariamente el derecho conocer previa y detalladamente la acusación formulada, y que el procedimiento de ratificación sí otorgaba los medios para que la presunta víctima pudiera conocer cuáles eran los elementos que se consideraban a efectos decidir sobre su ratificación o no ratificación.

 

  1. Señaló también que la presunta víctima tuvo conocimiento del inicio del proceso de ratificación y de las actuaciones relacionadas. Indicó que la señora Moya Solís tuvo la oportunidad de conocer oportunamente la decisión de no ratificación, pues de no ser así, no hubiese podido presentar el recurso correspondiente. Sobre la motivación, sostuvo que los estándares vigentes actualmente no existían para la fecha de los hechos. Además, señaló que la Resolución de no ratificar a la presunta víctima tuvo como fundamento las deficiencias que se detectaron en la tramitación de algunos expedientes. Finalmente, sobre el principio de legalidad, reiteró que durante el desarrollo del trámite del caso en la vía interna y ante la Comisión Interamericana, no se cuestionó el marco legal del proceso de ratificación, por lo que reiteró la solicitud hecha al presentar sus excepciones preliminares. También destacó que el grado de precisión de una norma depende de la materia evaluada y solicitó a la Corte tener en cuenta que, en este caso, la naturaleza del proceso no era disciplinaria. En todo caso, el Estado señaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía cuáles eran los deberes y obligaciones de los secretarios de juzgados.

 

B.   Consideraciones de la Corte

 

  1. A continuación, la Corte procederá a presentar sus consideraciones (1) en relación con el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa y (2) en relación con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas y el principio de legalidad.

 

B.1 En relación con el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa

 

  1. Esta Corte ha señalado de forma reiterada que, aunque el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales”[44] para que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectar sus derechos. De modo que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal[45].

 

  1. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las personas tienen derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. El incumplimiento de alguna de esas garantías implica la violación de dicha disposición convencional[46].

 

  1. Por su parte, el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal[47]. La Corte se ha pronunciado en su jurisprudencia sobre el alcance de este artículo y ha establecido que no se limita a procesos penales, sino que lo ha extendido, en lo pertinente, a procesos administrativos seguidos ante autoridades estatales y a procesos judiciales de carácter no penal en el ámbito constitucional, administrativo y laboral[48]. Asimismo, ha indicado que, tanto en estas como en otro tipo de materias, “el individuo tiene también derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal”[49]. Esto indica que las garantías del artículo 8.2 de la Convención no son exclusivas de los procesos penales, sino que pueden ser aplicadas a procesos de carácter sancionatorio. Lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mínimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según su naturaleza y alcance[50].

 

  1. Ahora bien, este caso se refiere a un proceso de ratificación de una funcionaria judicial. Ese proceso consistía en la evaluación del desempeño de la presunta víctima, con el objeto de establecer si era ratificada en su cargo o separada del mismo. El Estado alegó que los procesos de evaluación tienen diferencias con los procesos disciplinarios, pues los primeros buscan evaluar al funcionario cada cierto tiempo, mientras que los segundos buscan establecer si se cometió una infracción administrativa. No obstante, ambos procesos tienen como finalidad evaluar la conducta e idoneidad de un funcionario, sea periódicamente o como resultado de la presunta comisión de una falta. Además, cuando un proceso de evaluación concluye que la calificación del desempeño de un funcionario o funcionaria no fue satisfactoria y debe, por ello, ser separado de su cargo, se convierte en un proceso materialmente sancionatorio, pues la desvinculación de la persona evaluada es una sanción a su bajo desempeño.

 

  1. En ese sentido, a juicio de la Corte, a un proceso de evaluación o ratificación, en tanto involucra la posibilidad de destitución de los funcionarios evaluados en casos de incompetencia o bajo rendimiento, le son aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance pueda ser de diferente contenido o intensidad. En este caso, la Comisión y la presunta víctima alegaron la violación del artículo 8.2 literales b y c, esto es, del derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y del derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa, garantías que, a juicio de la Corte, son aplicables al caso concreto, aunque su alcance debe ser precisado en función de las características propias de los procesos de evaluación o ratificación.

 

  1. En relación con el primero de estos derechos, la Corte ha establecido que implica que se haga una descripción material de la conducta imputada que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa. De ahí que el acusado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan[51]. En el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, la Corte se refirió a esta garantía y señaló que, para satisfacerla “el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos”[52]. Ahora bien, la Corte encuentra que, tratándose de procesos de evaluación o ratificación de funcionarios públicos, el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada implica que las personas evaluadas tengan conocimiento, de forma precisa, de los criterios generales de evaluación utilizados por la autoridad competente para determinar su permanencia en el cargo. Lo anterior, para estar en capacidad de establecer si el incumplimiento identificado por la autoridad es de tal magnitud, que puede dar lugar a su no ratificación, lo que además es indispensable para el ejercicio del derecho a la defensa.

 

  1. Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, obliga al Estado a permitir el acceso de la persona al conocimiento del expediente llevado en su contra e implica que se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de la persona en el análisis de la prueba[53]. Además, los medios adecuados para presentar la defensa comprenden todos los materiales y pruebas utilizados, así como los documentos exculpatorios[54]. En relación con los procesos de evaluación de funcionarios públicos, la Corte encuentra que esta garantía implica que la persona evaluada tenga derecho a conocer las razones por las cuales las autoridades competentes consideran que hay incompetencia o incumplimiento, a ofrecer argumentos orientados a desvirtuar la postura de las autoridades antes de una decisión definitiva y, en general, a ofrecer pruebas sobre la idoneidad de su desempeño.

 

  1. Conforme a lo anterior, le corresponde a la Corte analizar el caso concreto para establecer si se garantizaron los derechos de la señora Moya Solís a (i) conocer en forma precisa los criterios generales de evaluación utilizados por la autoridad competente para determinar su permanencia en el cargo; (ii) conocer las razones por las cuáles las autoridades competentes consideraban que no era idónea para seguir ejerciendo sus funciones; (iii) exponer, antes de que se adoptara una decisión, los argumentos orientados a desvirtuar sus presuntos incumplimientos; y (iv) ofrecer pruebas.

 

  1. En este caso, la Corte encuentra que, de acuerdo con la normativa vigente al momento de los hechos, en el marco del proceso de evaluación de las y los secretarios judiciales, el Vocal Comisionado para la investigación debía (a) revisar los expedientes en trámite para emitir el informe sobre la actuación del secretario o secretaria; (b) precisar los casos de incumplimiento de las obligaciones legales en que hubiera incurrido el secretario o secretaria; y (c) obtener informe escrito del secretario o secretaria en los casos de incumplimiento y recibir las pruebas de descargo a que hubiere lugar[55]. En ese sentido, la normativa estaba orientada a asegurar que, en los casos en que el vocal encargado de la investigación encontrara algún incumplimiento por parte de un secretario o secretaria, esta situación fuera puesta en conocimiento de la persona evaluada y se le diera la oportunidad de rendir un informe escrito y de aportar pruebas de descargo. Lo anterior, supone que la persona evaluada debía, al menos, conocer su presunto incumplimiento y sus consecuencias y tener tiempo y los medios adecuados para defenderse.

 

  1. De acuerdo con las pruebas que constan en el expediente, el proceso seguido contra la señora Moya Solís inició con una entrevista personal que se llevó a cabo el 12 de agosto de 1982. Según consta en el acta aportada por el Estado, no hubo ninguna observación y se dejó consignado: “RESULTADO: Buena”[56]. Dos semanas después de la entrevista, el 26 de agosto de 1982, se llevó a cabo una visita de la Comisión de Vocales al despacho de la señora Moya Solís. En ella se revisaron los expedientes en trámite y se identificaron algunos casos de presuntos incumplimientos. El informe, suscrito por la Comisión de Ratificaciones, señala:

 

  1. En el expediente No. 1155-82 […] aparece un acta de poder que no lleva la firma del Juez, pero sí está autorizada por la secretaria; en el Exp. 1025-81 […] no aparece la fecha de notificación, sin embargo, la Secretaria ha autorizado dicha constancia de notificación, en el Exp. No. 3084-81 el comparendo se ha realizado con fecha de 25 de septiembre de 1981, donde en los puntos 3 y 4 del escrito de contestación se ha dispuesto se curse oficio a las Instituciones, sin que se haya cumplido hasta la fecha con dichos oficios quedando paralizado dicho expediente a razón de dicha omisión;

 

  1. Se revisó el Libro de Consignaciones encontrándose que existen tres anotaciones hasta la página ocho, pero no se ha anotado la fecha en la que se realiza la consignación, ni aquella en que se entrega, en muchos de ellos. Además en algunos no se anota número de certificado, ni cantidad, como es el caso del Exp. 3121-81 […]. Se revisó el libro de ingreso de demandas el que se encontró conforme. El libro de entregas al Juez para sentencia también se encontró conforme.

 

  1. El despacho se encuentra al día[57].

 

  1. Además, el Estado aportó un documento titulado “Resumen de los informes obtenidos para la ratificación de secretarios”, sin fecha, que indica:

 

         SECRETARIO:                                        NORKA MOYA SOLÍS DE ROCHA

            DOCUMENTACIÓN:                                 ESTUDIANTE DE DERECHO

VISITA, REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Y LIBROS:                                            REGULAR

            INFORME DEL JUEZ:                               FAVORABLE EN PARTE

            EXTREVISTA PERSONAL:                         BUENO

            INFORME DEL VOCAL VISITADOR

DE 1980 Y 1981:                                   CONFORME

INFORME DE LA VISITA JUDICIAL

REALIZADA POR LA OFICINA […]

DE CONTROL INTERNO 1981:                  CONFORME

INFORME DEL COLEGIO DE

ABOGADOS:                              NINGUNO

DENUNCIAS […]:                        NO TIENE

VARIOS:                                   SANCIÓN – TIENE AMONESTACIÓN

CONCLUSIÓN:                           FAVORABLE EN PARTE[58].

 

  1. La Corte nota que, en los documentos aportados por las partes, no consta que se hubiera informado a la señora Moya Solís sobre los criterios generales bajo los cuales se llevó a cabo el proceso de ratificación ni sobre las razones por las cuales podía ser cesada de su cargo. En esa medida, la presunta víctima no tuvo conocimiento de que los incumplimientos identificados por la autoridad competente eran graves y que, frente a ellos, podía ejercer su derecho a la defensa.

 

  1. Por otra parte, tampoco consta en el expediente que se le haya dado la oportunidad de presentar un informe escrito y de remitir pruebas de descargo, tal como preveía la normativa aplicable (supra párr. 41). Sobre este asunto, el Estado sostuvo que la entrevista personal era el mecanismo adecuado para que las personas evaluadas ejercieran su derecho a la defensa, y que esta oportunidad le fue garantizada a la señora Moya Solís. Sin embargo, la entrevista tuvo lugar el 12 de agosto de 1982, esto es, antes de la visita al juzgado del 26 de agosto de 1982, en la que se identificaron los presuntos casos de incumplimiento. En esa medida, no es razonable sostener que la señora Moya habría podido ejercer su derecho a la defensa en la entrevista, porque para entonces no le habían informado de ningún incumplimiento.

 

  1. El Estado también argumentó que, debido a que la señora Moya Solís suscribió el acta de visita al despacho de la comisión de vocales, “tuvo conocimiento de las observaciones que sería[n] materia de la decisión de no ratificarla [y] pudo presentar observaciones a lo señalado en la referida Acta si no se encontraba de acuerdo con lo afirmado sobre su evaluación” y que, “[e]n Resolución N° 0015-82-TT de fecha 13 de septiembre de 1982, a efectos de resolver, se dejó constancia que las consideraciones señaladas no fueron desvirtuadas por la presunta víctima”. Sin embargo, la Corte nota que no consta en el expediente que durante la visita de la Comisión de Vocales o con posterioridad a esa fecha, a la señora Moya Solís se le haya dado la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

 

  1. Conforme a lo anterior, si bien a la señora Moya Solís le informaron algunos casos de presuntos incumplimientos, durante la visita del 26 de agosto de 1982 no se le informó que estos podían dar lugar a su no ratificación. Esto ocurrió porque la señora Moya Solís no conocía los criterios de evaluación de las y los secretarios judiciales. Esta situación, a juicio de la Corte, configura una violación del derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, al que se refiere el artículo 8.2.b) de la Convención Americana. Sobre este asunto, la Corte nota también que los criterios de evaluación de las y los secretarios judiciales no estaban definidos en la ley, lo que será analizado a la luz del principio de legalidad (infra párr. 80).

 

  1. Por otra parte, a la señora Moya Solís no le informaron las razones por la cuales los incumplimientos identificados no la hacían idónea para seguir ejerciendo sus funciones, tampoco se le permitió exponer sus descargos sobre los casos de incumplimiento, ni se le dio tiempo para aportar pruebas que respaldaran su posición. Por esa razón, se violó su derecho a tener el tiempo y los medios adecuados de defensa, contenido en el artículo 8.2.c) de la Convención Americana.

 

  1. Finalmente, la Corte nota que la decisión de no ratificación le fue notificada a la señora Moya Solís mediante una comunicación remitida por el Presidente del Tribunal del Trabajo y Comunidades Laborales que, sin embargo, no indicaba los motivos que llevaron a la no ratificación, ni estuvo acompañada de copia de la Resolución de 13 de septiembre de 1982. Por lo anterior, aunque la señora Moya Solís no dejó de ejercer los recursos a su alcance, al no haber conocido la motivación de su no ratificación, no contó con los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa. Esta situación también constituye una violación al artículo 8.2.c) de la Convención.

 

B.2 En relación con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas y el principio de legalidad

 

  1. En este caso, la Comisión y la presunta víctima alegaron la violación del derecho a contar con decisiones debidamente motivadas (artículo 8.1) y del principio de legalidad (artículo 9). En relación con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, la Corte reitera que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[59] y que el deber de motivar las decisiones es una garantía que se desprende del artículo 8.1 de la Convención, vinculada a la correcta administración de justicia, pues protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y da credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática[60]. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas. De lo contrario serán decisiones arbitrarias[61].

 

  1. Así, la motivación demuestra a las partes que han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen ante instancias superiores[62]. Conforme a lo anterior, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad[63].

 

  1. Sobre este asunto constan en el expediente dos documentos, el primero, un certificado del Acta de Sala Plena de 10 de septiembre de 1982, fecha en la que se discutió el caso de la señora Moya Solís (supra párr. 44) y, el segundo, la Resolución No. 0015-82-TT de 13 de septiembre de 1982, en la que se resuelve no ratificar a la señora Moya Solís. Esta última indica que se encontraron deficiencias en la tramitación de los expedientes a su cargo; que el informe emitido por el Juez a cargo del Décimo Juzgado no fue favorable; que la señora Moya Solís había sido sancionada previamente; y que los cargos expuestos no fueron desvirtuados[64]. La señora Moya Solís argumentó durante el trámite de este asunto que el Acta de la Sala Plena no le fue notificada oportunamente y que nunca tuvo conocimiento de la Resolución de no ratificación. El Estado afirmó, por su parte, que la prueba de que la Resolución había sido notificada es que la presunta víctima formuló los recursos que estaban a su alcance[65]. Sin embargo, de la mera interposición de los recursos no se desprende que a la señora Moya Solís le haya sido notificada la Resolución No. 0015-82-TT. Además, al Estado le correspondía probar que notificó oportunamente el contenido de la Resolución, pese a ello, no aportó prueba en ese sentido. Por tal razón, la Corte encuentra que la señora Moya Solís no pudo conocer los motivos que llevaron a la decisión de no ratificación, consignados en el Acta y en la Resolución, lo que no solo impactó su derecho a la defensa (supra párr. 82), sino además violó el derecho a contar con decisiones motivadas al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención.

 

  1. Sin perjuicio de lo anterior, aun en el supuesto en que se hubieran puesto en conocimiento de la señora Moya Solís oportunamente el acta de la sesión en la que se resolvió su no ratificación y la resolución en la que se adopta tal determinación, estos documentos no dan cuenta de una adecuada motivación. Así, el Acta de la Sala Plena en la que se decidió la no ratificación, se refiere a las deudas y negocios de la señora Moya Solís, pero no expone por qué razón esto se relaciona con el incumplimiento de obligaciones a su cargo o con un eventual conflicto de interés. En todo caso, la Corte nota que tener deudas o negocios propios, siempre que estos no impliquen un conflicto de interés definido en la ley, no es una razón para separar a una persona de su cargo. Esta Corte también encuentra que la Resolución de 13 de septiembre de 1982, que adopta la decisión de no ratificación, incluye como fundamentos asuntos distintos a los discutidos en la reunión de Sala Plena en la que se decidió la no ratificación. Sin embargo, no consta en el expediente ninguna explicación de esta inconsistencia. Por otra parte, la decisión de no ratificación de la señora Moya Solís fue adoptada en la Sala Plena del Tribunal del Trabajo y Comunidades Laborales y fue resultado de una votación dividida que contó con cinco votos a favor y cinco en contra[66], sin que haya explicación de las razones por las cuales el empate se resolvió en favor de la no ratificación. Por todo lo expuesto, la Corte encuentra que la decisión de no ratificación no fue adecuadamente motivada y fue arbitraria.

 

  1. Por otra parte, la Corte nota que el acta de Sala Plena y la Resolución de no ratificación no dan cuenta de las causales con fundamento en las cuales se decidió la no ratificación. Esto ocurrió porque esas causales no estaban contenidas en ninguna norma, lo que debe ser analizado a la luz del principio de legalidad. Así, el artículo 9 de la Convención Americana establece que “[n]adie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable” y que no es posible “imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. Esta Corte ha interpretado que estos mandatos son aplicables no sólo al ámbito penal, sino que su alcance se extiende en materia sancionatoria administrativa[67].

 

  1. Sobre este asunto, es preciso tener en cuenta que esta Corte ya determinó que cuando un proceso de evaluación de funcionarios públicos establece la no ratificación en el cargo de una persona, el proceso es materialmente sancionatorio (supra párr. 69). Ahora bien, las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y pueden tener naturaleza similar a la de estas, pues pueden implicar el menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas. Por lo tanto, en un sistema democrático es necesario extremar las precauciones para que la interposición de ese tipo de sanciones se haga con estricto respeto a los derechos de las personas y luego de una cuidadosa verificación de la existencia de una conducta contraria a derecho. En ese sentido, es indispensable que la norma sancionatoria exista y resulte conocida o pueda serlo, antes de que ocurra la acción o la omisión que la contraviene y que se pretende sancionar[68].

 

  1. En este caso, el Estado argumentó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía cuáles eran los deberes y obligaciones de los secretarios de juzgados. En efecto, dicha norma contiene un catálogo de 35 obligaciones de esta categoría de funcionarios[69]. Sin embargo, no había una norma que indicara qué tipo de incumplimiento de esos deberes podía dar lugar a la no ratificación, así como el valor del informe del juez a cargo del juzgado, de la entrevista a la evaluada o de cualquier otro elemento que hiciera parte del proceso de ratificación. Esto significa que las acciones y omisiones que podían dar lugar a una decisión de no ratificación no estaban definidas en la ley ni en ninguna otra norma. Lo anterior tiene, además, un impacto en el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, en la medida en que en el marco de procesos de evaluación de funcionarios públicos el alcance de este derecho exige que la persona evaluada esté en capacidad de establecer si un incumplimiento es de tal magnitud que puede dar lugar a su no ratificación en el cargo (supra párr. 71), e implica una violación del principio de legalidad en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

 

  1. Complementariamente a lo expuesto, la Corte constata que, de lo dispuesto en el citado artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se colige que el Secretario de Juzgado es directo colaborador del Juez, ejerce funciones propias de un ministro de fe y que, en consecuencia, hace posible que aquél pueda disponer oportunamente de todos los antecedentes necesarios para adoptar resoluciones, para decretarlas y para que sean conocidas por las partes en la pertinente causa. Se trata de un relevante auxiliar de justicia, sin cuya colaboración, el ejercicio de judicatura se tornaría imposible o, al menos, muy dificultosa, lo cual justifica la aplicación a su respecto de lo previsto en los artículos 8.1 y 8.2. de la Convención.

 

B.3. Conclusión

 

  1. De acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, la Corte encuentra que el Estado es responsable por la violación de los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, a contar con el tiempo y los medios adecuados de defensa, a contar con decisiones debidamente motivadas, así como del principio de legalidad, contenidos en los artículos 8.1, 8.2 y 9 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno, contenidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo Tratado.


VII-2
PLAZO RAZONABLE Y PROTECCIÓN JUDICIAL[70]

 

A.   Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión señaló que el Estado debe proveer recursos judiciales efectivos a quienes aleguen ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, los cuales deben ser sustanciados conforme a las reglas del debido proceso; recordó los elementos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte para determinar la efectividad del plazo; y sostuvo que los Estados deben garantizar el cumplimiento de las decisiones en que se haya estimado procedente un recurso. Conforme a lo anterior, la Comisión consideró que luego de la decisión de no ratificación, la presunta víctima interpuso recursos que fueron rechazados sin un análisis sustantivo de las violaciones al debido proceso y, en especial, sin tener en cuenta el expediente de ratificaciones. También sostuvo que, luego de emitida la resolución de 4 de agosto de 1986, en la que la Corte Suprema ordenaba que al juez de la causa expedir un nuevo fallo, en el transcurso de diez años no se emitió una decisión. A juicio de la Comisión, el plazo de más de diez años resulta irrazonable y configura una violación al derecho a garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales de manera efectiva y sin demora.

 

  1. La presunta víctima alegó que el Estado es responsable de la violación del derecho al plazo razonable y a la protección judicial en relación con las obligaciones derivadas del artículo 1.1 de la Convención.

 

  1. El Estado alegó que la señora Moya Solís tuvo acceso a todos los recursos definidos en la ley y obtuvo resoluciones finales debidamente motivadas y justificadas en derecho. Consideró que el deber del Estado de satisfacer los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable. En todo caso, estimó que no se violó el derecho al plazo razonable, porque si bien la materia no era compleja, la postura de la señora Moya Solís cambió durante el trámite del recurso. Alegó también que, si bien la señora Moya Solís presentó escritos para impulsar su proceso, entre 1989 y 1995 no se evidencia que haya aportado escritos de impulso procesal. También destacó que la presunta víctima no presentó el recurso de agravio constitucional para que su causa fuera conocida en última y definitiva instancia el Tribunal Constitucional. En relación con la afectación generada por el tiempo transcurrido, señaló que la señora Moya Solís no presentaba ninguna circunstancia particular que la hiciera especialmente vulnerable.

 

B.   Consideraciones de la Corte

 

  1. Esta Corte recuerda que el numeral primero del artículo 25 de la Convención establece que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención […]”. Por su parte, el numeral segundo, literal c) del mismo artículo dispone que los Estados parte se comprometen a “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. Sobre este asunto, la Corte ha considerado que la ejecución de las sentencias debe ser completa, perfecta, integral y sin demora[71].

 

  1. En cuanto a la efectividad del recurso, la Corte ha establecido que no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Al respecto, aunque en este caso el recurso de amparo estaba previsto en la normatividad peruana y era formalmente admisible, no era un recurso efectivo. Primero, porque pese a que la señora Moya Solís alegó que no se le había notificado formalmente la decisión de no ratificación y que no se le habían garantizado sus derechos durante el trámite del proceso, los jueces de amparo declararon improcedente el recurso por encontrar que la decisión de no ratificación no configuraba una violación o amenaza de violación a un derecho constitucional, sin estudiar las violaciones alegadas. En esa medida, el recurso no fue efectivo.

 

  1. Por otra parte, cuando se declaró la nulidad del primer proceso de amparo, la Corte Suprema ordenó al juez de la causa expedir el nuevo fallo “teniendo a la vista el expediente de ratificaciones”[72]. Sin embargo, cuando el juzgado encontró que dicho expediente estaba extraviado, procedió a expedir una nueva sentencia, sin acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia. Lo que correspondía, tal como quedó consignado en el voto disidente que acompaña la decisión del 29 de octubre de 1998 de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, era proceder a la reconstrucción del expediente de ratificaciones[73].   

 

  1. Finalmente, este Tribunal ha señalado que el derechodeaccesoala justiciaimplicaquela solucióndela controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías La Corte también ha establecido que la evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse[74]. De esta manera, se han considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado, (iii) la conducta de las autoridades judiciales, y (iv) la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima[75]. En este caso se alega que la garantía del plazo razonable habría sido desconocida porque entre la decisión del 4 de agosto de 1986 de la Corte Suprema, que declaró nula la decisión del 2 de septiembre de 1985 e insubsistente la sentencia de amparo 14 de junio de 1985 y el nuevo fallo de amparo, trascurrieron más de 10 años. Por lo anterior, la Corte analizará los elementos del plazo razonable para determinar si dicha garantía fue incumplida en el trámite de la acción de amparo.

 

  1. En primer lugar, a efectos de analizar el plazo razonable de un procedimiento se debe considerar la duración global del proceso. En este caso, se analiza la duración del trámite del recurso de amparo interpuesto por la señora Moya Solís. Este recurso fue interpuesto el 17 de febrero de 1984 y tramitado por primera vez entre 1984 y 1986, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la decisión de segunda instancia y ordenó emitir un nuevo fallo. Luego de la decisión de la Corte Suprema, el trámite por segunda vez del recurso de amparo se extendió hasta septiembre de 1999, fecha en la que fue notificada la decisión de la Corte Suprema sobre la alegada nulidad de la segunda decisión de amparo. Es decir, el trámite global del recurso de amparo tardó más de 15 años, mientras que el trámite de la segunda acción de amparo tardó más de 13 años. A juicio de la Corte, una tardanza de esa magnitud en la resolución de un recurso orientado a la garantía de los derechos fundamentales es, a todas luces, desproporcionada.

 

  1. No obstante, la Corte procederá a analizar los elementos que han sido definidos en su jurisprudencia, en atención a los alegatos del Estado sobre este asunto. En primer lugar, en relación con la complejidad del asunto, el Estado reconoció que “la materia no era propiamente compleja”. Sin embargo, alegó que la demanda de amparo fue planteada para cuestionar aspectos relacionados con el recurso de revisión, pero que, a raíz del dictamen según el cual se requería tener a la vista el expediente de ratificaciones, la señora Moya Solís “modificó sus argumentos acogiéndose a dicha posición”. A juicio de la Corte, la exigencia de tener a la vista el expediente de ratificaciones no modificó el objeto del debate y, en todo caso, no añadió ninguna complejidad especial al asunto. Además, esto ocurrió en 1986, esto es, 13 años antes de la decisión definitiva. Por lo anterior, el asunto sometido a estudio no reportaba un grado de complejidad que ameritara el tiempo transcurrido para su resolución.

 

  1. En segundo término, en relación con la actividad procesal de la persona interesada, la Corte nota que la señora Moya Solís le dio impulso al proceso. En ese sentido, presentó escritos en abril de 1987, febrero de 1988, febrero de 1995 y agosto de 1996. Además, no consta en el expediente que hubiese llevado a cabo acciones que dificultaran el avance del proceso, por lo que no encuentra la Corte que la conducta de la señora Moya Solís hubiese contribuido de alguna forma a su tardanza.

 

  1. En tercer lugar, en lo que se refiere a la conducta de las autoridades judiciales, la Corte encuentra que estas se limitaron a pedir copia del expediente de ratificaciones que debían tener a la vista al momento de fallar, sin tomar ninguna determinación frente al hecho de que dicho expediente no fuera remitido. Al respecto, el Estado sostuvo que ello ocurrió porque la señora Moya Solís no desplegó ninguna actividad procesal entre 1989 y 1995. A juicio de la Corte, el trámite del recurso de amparo no dependía del impulso procesal que pudiera darle la presunta víctima, razón por la que ese argumento no es aceptado por este Tribunal. Por el contrario, la Corte encuentra que la conducta de las autoridades judiciales no siguió las pautas de la debida diligencia.

 

  1. Finalmente, en relación con la afectación generada en la persona involucrada en el proceso, la Corte encuentra que no constan en el expediente elementos suficientes que permitan establecer la afectación generada en la señora Moya Solís por cuenta de la tardanza en el trámite del recurso. En todo caso, habiendo analizado los elementos precedentes, la Corte considera que el trámite del recurso de amparo, cuya duración global excedió el plazo de 15 años, desconoció la garantía del plazo razonable.

 

  1. En conclusión, la Corte encuentra al Estado de Perú responsable por la violación del derecho a un plazo razonable y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25, en relación con el deber de respeto y garantía contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Norka Moya Solís.

 

VII-3
DERECHOS POLÍTICOS[76]

 

A.   Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión alegó que todos los ciudadanos deben tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país y que la Corte ha interpretado que cuando se afecta de manera arbitraria la permanencia de jueces en su cargo se vulnera tal derecho, haciendo extensiva dicha interpretación a la estabilidad laboral de los fiscales. De acuerdo con la Comisión, además, cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de funcionarios públicos en sus cargos, se vulnera tal derecho.

 

  1. La presunta víctima alegó que el Estado violó sus derechos políticos, consagrados en el artículo 23.1 c) en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

 

  1. El Estado alegó que la señora Norka Moya Solís no fue separada de su cargo en un proceso arbitrario, en cambio, accedió en condiciones de igualdad a un puesto de servidora pública. Señaló que el procedimiento de ratificación aplicado a los secretarios judiciales en la época de los hechos, no vulneraba los derechos de los evaluados.

 

B.   Consideraciones de la Corte

 

  1. El artículo 23.1 c) de la Convención establece el derecho a acceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Al respecto, esta Corte ha interpretado que el acceso en condiciones de igualdad es una garantía insuficiente si no está acompañada por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede[77], lo que indica que los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos y razonables, es decir, deben respetar las garantías del debido proceso aplicables[78].

 

  1. Esta Corte se ha pronunciado de manera reiterada sobre este derecho en relación con procesos de destitución de jueces, juezas[79] y fiscales[80] y ha considerado que se relaciona con la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo. De modo que el respeto y garantía de este derecho se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de jueces, juezas y fiscales son razonables y objetivos, y las personas no son objeto de discriminación en su ejercicio[81]. En todo caso, la Corte nota que las garantías contenidas en el artículo 23.1 c) de la Convención son aplicables, no solo a esas categorías de funcionarios, sino a todos aquellos que ejerzan funciones públicas, en atención al tenor literal del artículo 23.1.c). Por esa razón, cuando se afecta de forma arbitraria la permanencia de una persona en el ejercicio de ese tipo de funciones, se desconocen sus derechos políticos.

 

  1. Además, la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo de funcionarios del poder judicial, como era el caso de la señora Moya Solís, garantiza la libertad frente a toda injerencia o presión[82], lo que resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que quienes ejercían el cargo de Secretarios Judiciales en Perú, para la fecha de los hechos, eran los encargados de presentar al juez los recursos y escritos presentados por las partes; autorizar las diligencias procesales expedidas por el juez; notificar las resoluciones del juzgado, y conservar y custodiar los expedientes a su cargo[83], entre otras responsabilidades de relevancia para la correcta administración de justicia.

 

  1. Conforme a lo anterior, la Corte encuentra que, tal como se evidenció en los capítulos anteriores, la desvinculación de la señora Moya Solís desconoció las garantías del debido proceso, lo que afectó de forma arbitraria su permanencia en un cargo público y, en consecuencia, constituye una violación del artículo 23.1 c) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

 

VIII
REPARACIONES

 

  1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado[84]. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos[85]. Por tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho.

 

  1. En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en la presente Sentencia, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones de la Comisión y la víctima, así como las observaciones del Estado, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados[86].

 

A.   Parte Lesionada

 

  1. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en su texto. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a la señora Norka Moya Solís, quien en su carácter de víctima de las violaciones declaradas en el capítulo VII de esta Sentencia, será considerada beneficiaria de las reparaciones que la Corte ordene.

 

B.   Medidas de Restitución

 

  1. La Comisión solicitó que se reincorpore a la señora Norka Moya Solís, en caso de ser este su deseo, en un cargo similar al que desempeñaba en el Poder Judicial, con la remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a los que le correspondería el día de hoy si no hubiera sido destituida. Si por razones fundadas no es posible la reincorporación, la Comisión solicitó el pago de una indemnización alternativa.

 

  1. La víctima manifestó que no desea ser reincorporada al Poder Judicial y que opta por la alternativa de indemnización. También señaló que no ha renunciado a su jubilación, pues ingresó al poder judicial por concurso en el año 1973 y se encuentra bajo el régimen de la Ley 20530 “Cédula Viva”.

 

  1. El Estado informó a la Corte que durante la etapa de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones consultó a la víctima sobre su posición respecto a un eventual reintegro, a lo que la señora Moya Solís respondió que no era su deseo ser reincorporada al Poder Judicial.

 

  1. La Corte advierte que la señora Moya Solís no desea ser reincorporada al Poder Judicial, por esa razón no es procedente ordenar esta medida de restitución, sin perjuicio de lo que se resuelva en el apartado de indemnizaciones compensatorias (supra párr. 127).

 

C.    Medidas de Satisfacción

 

  1. La Comisión no se pronunció de manera específica sobre este asunto. La víctima solicitó que, como medida de satisfacción, se realice un acto público de desagravio y reconocimiento de la responsabilidad del Estado.

 

  1. El Estado señaló que los actos de reconocimiento de responsabilidad internacionales y las disculpas públicas no son medidas de satisfacción necesarias en sí mismas en todos los casos, porque la propia Sentencia de la Corte constituye una forma de reparación.

 

  1. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos[87], que el Estado publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado, lo siguiente: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en el sitio web oficial del Poder Judicial. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe, dispuesto en el punto resolutivo 10 de la presente Sentencia. La Corte considera que la emisión de la presente sentencia y la orden de publicación de su resumen en el Diario Oficial y de la sentencia en el sitio web del Poder Judicial, son medidas de satisfacción suficientes en este caso, por lo que no ordenará la realización de un acto de desagravio[88].

 

D.   Otras medidas solicitadas

 

  1. La Comisión solicitó disponer las medidas de no repetición necesarias para asegurar que los procesos de ratificación de funcionarios del Poder Judicial, en la ley y en la práctica: i) regulen debidamente las faltas cometidas que dan lugar a la no ratificación de un funcionario del Poder Judicial con base en criterios objetivos y de manera proporcional; ii) permitan que el funcionario sometido al proceso pueda defenderse frente a los cargos puntuales en su contra a la luz de criterios objetivos, así como contar con un recurso efectivo para enmendar posibles violaciones al debido proceso.

 

  1. El Estado indicó que a la fecha no se encuentra regulada en la normatividad peruana la figura de la ratificación de los secretarios judiciales. En ese sentido, informó que el artículo 154 de la Constitución Política del Perú se refiere al proceso de ratificación de jueces y fiscales por parte de la Junta Nacional de Justicia, y que estos son los únicos funcionarios respecto de los cuales se aplica actualmente esa figura. Indicó que, debido a que a la fecha no existen procesos de ratificación aplicables a personal jurisdiccional, no es posible que hechos como los de este caso se repitan. En relación con los funcionarios judiciales, señaló que actualmente está vigente la Directiva “Normas para la Evaluación de Desempeño de los trabajadores en el Poder Judicial”, que fue aprobada el 1 de septiembre de 2020. La Directiva no constituye un mecanismo para la separación del cargo, sino para mejorar la calificación y competencias de los trabajadores del Poder Judicial, para ello prevé la realización de una evaluación de desempeño anual, de carácter reservado, que busca mejorar el desempeño laboral del trabajador judicial evaluado, así como el desarrollo de sus potencialidades y, por ende, la mejora de la calidad del servicio. El Estado también informó que ha establecido un procedimiento administrativo disciplinario respetuoso de todas las garantías del debido proceso, de modo que, si un servidor judicial incurre en una falta tipificada en la norma, goza de todas las garantías para hacer valer sus derechos y ejercer su defensa de forma adecuada.

 

  1. En razón de lo expuesto y en especial, atendiendo a que de acuerdo con la información proporcionada por el Estado y no controvertida en autos, las normas con fundamento en las cuales se llevó a cabo el proceso de ratificación de la señora Moya Solís no se encuentran vigentes, la Corte no estima pertinente conceder las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana.

 

E.    Indemnizaciones compensatorias

 

E.1 Daño material

 

  1. La Comisión no se pronunció de manera específica sobre este asunto. La víctima solicitó el pago de S/. 4.425.578,30 (USD $1.265.000 aprox.) por concepto de remuneraciones dejadas de percibir y de S/. 4.185.941,94 (USD $1.195.000 aprox.) por concepto de daño emergente y lucro cesante. Adicionalmente, señaló que, por cuenta de su destitución, tuvo un perjuicio económico adicional, debido a que, por haber ingresado a trabajar en el año 1973, su jubilación estaba bajo el amparo del régimen establecido en la Ley 20530, una de cuyas ventajas era que podía jubilarse con el 100% del último salario y permitía que ese monto se pudiera incrementar en función de los incrementos que se hicieran para el cargo en el que se hubiera jubilado. En ese sentido solicitó que se procediera a tramitar de forma inmediata su jubilación, respetando su fecha de ingreso y el régimen que le corresponde.

 

  1. El Estado sostuvo que tuvo plena disposición de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana; sin embargo, manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento a la pretensión pecuniaria hecha por la señora Norka Moya Solís. Destacó que los montos alegados por la señora Moya Solís tienen como fundamento el ingreso a la carrera judicial y el ejercicio del cargo de magistrada. No obstante, aseguró que haber ocupado el cargo de secretaria judicial no aseguraba que pudiera ser nombrada como jueza. El Estado también indicó que, si la señora Moya Solís hubiese querido ingresar a la carrera judicial, lo habría podido hacer a través del correspondiente concurso público. En relación con la solicitud relacionada con la pensión de jubilación, indicó que la señora Moya Solís ingresó a trabajar a la administración pública el 3 de julio de 1973. Para ese momento, el régimen previsional del Decreto Ley N° 20530 era cerrado. Ese régimen fue abierto en 1985, mediante la Ley N° 24366, para los servidores que al 24 de febrero de 1974 contaran con siete (7) años o más de servicios y continuaran haciéndolo de manera ininterrumpida, requisito que no cumplía la señora Norka Moya Solís, quien para dicho momento contaba con menos de un (1) años de servicios. También indicó que, para ser acreedor de la pensión correspondiente a la totalidad del último salario, la persona debía haber prestado sus servicios por 25 años, lo que no ocurrió en este caso. Señaló también que, a la fecha, la señora Moya Solís tampoco cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación al amparo del Decreto Ley N° 19990, pues según lo informado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solo constan cinco (5) meses de aportes, y la normatividad exige que en el caso de las mujeres para acceder a una pensión se deban tener veinte (20) años de aportes y sesenta y cinco (65) años de edad.

 

  1. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso[89]. En este caso, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el cese en el cargo de la señora Moya Solís y que no fue posible ordenar su restitución en el cargo, la Corte resuelve fijar por concepto de daño material una compensación en equidad correspondiente a USD $50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

 

E.2 Daño inmaterial

 

  1. La Comisión no se pronunció de manera específica sobre este asunto. La víctima solicitó el pago de S/. 6.270.000 (USD $1.790.000 aprox.) por concepto de daño moral.

 

  1. El Estado sostuvo que el cálculo del monto por daño inmaterial partió del monto empleado para el cálculo del lucro cesante, lo que es incorrecto, en la medida en que el daño inmaterial es distinto al material y no podría emplearse el mismo sustento para su cuantificación. Por otra parte, sostuvo que, si bien la señora Moya Solís indicó que el daño a su proyecto de vida no se puede resarcir, señaló también que ha podido forjarse una carrera en el mundo del derecho, por lo que, a juicio del Estado, el supuesto daño no corresponde a la trayectoria profesional que la señora Moya Solís alega.

 

  1. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial, y ha establecido que este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas[90]. Por otra parte, debido a que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, solo puede ser objeto de compensación para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero que el Tribunal determine, en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad[91].

 

  1. Con fundamento en lo anterior y atendiendo a las circunstancias propias del caso, la Corte estima que la decisión de separar de su cargo a la señora Moya Solís le ocasionó perjuicios morales, por lo que fija en equidad la suma de USD $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial.

 

F.  Costas y gastos

 

  1. La Comisión no se pronunció de manera específica sobre este asunto. La víctima solicitó que se ordene al Estado resarcir los gastos y costas incurridas en el trámite del presente caso.

 

  1. El Estado sostuvo que, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Corte, sólo procede el pago de costas y gastos si existen recibos, pasajes o demás documentos que comprueben que el desembolso se realizó con ocasión del proceso. Además, que los gastos y costas deben estar directamente relacionados con el caso y el desarrollo del proceso en sí mismo, entendiéndose que quedan excluidos todos aquellos montos que se pretendan incluir y que no correspondan o no se vinculen estrictamente al caso en concreto.

 

  1. En el presente caso no consta en el expediente respaldo probatorio alguno con relación a las costas y gastos en los cuales incurrió la señora Moya Solís en la tramitación de este asunto ante el Sistema Interamericano. Además, la víctima no concretó su solicitud indicando un monto específico. No obstante, el Tribunal considera que tales trámites necesariamente implicaron erogaciones pecuniarias, por lo que determina que el Estado debe entregar en equidad a la señora Norka Moya Solís la cantidad de USD $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos. Cabe agregar que, en la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a la víctima o su representante los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal.

 

G.   Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

 

  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones ordenadas por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia, directamente a la señora Norka Moya Solís, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo.

 

  1. En caso de que la beneficiaria fallezca antes de que le sean entregadas las indemnizaciones respectivas, estas se efectuarán directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

 

  1. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de mercado publicado o calculado por una autoridad bancaria o financiera pertinente, en la fecha más cercana al día del pago.

 

  1. Si por causas atribuibles a la beneficiaria de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera peruana solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

 

  1. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización por daños materiales e inmateriales y como reintegro de costas y gastos, deberán ser entregadas a la persona indicada en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

 

  1. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República del Perú.

 

IX
PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE

 

DECIDE,

 

Por unanimidad:

 

  1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la solicitud de control de legalidad en relación con la alegada falta de agotamiento de recursos internos, de conformidad con los párrafos 21 a 24 de esta Sentencia.

 

  1. Desestimar la excepción preliminar de “cuarta instancia”, de conformidad con los párrafos 28 a 29 de esta Sentencia.

 

  1. Desestimar la excepción preliminar relacionada con la alegada indebida inclusión de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el escrito de solicitudes y argumentos, de conformidad con los párrafos 32 a 33 de esta Sentencia.

 

DECLARA,

 

Por unanimidad, que:

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1, 8.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo Tratado, en perjuicio de Norka Moya Solís, en los términos de los párrafos 66 a 91 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo Tratado, en perjuicio de Norka Moya Solís, en los términos de los párrafos 95 a 104 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho reconocido en el artículo 23.1.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo Tratado, en perjuicio de Norka Moya Solís, en los términos de los párrafos 108 a 111 de la presente Sentencia.

 

Y DISPONE:

 

Por unanimidad, que:

 

  1. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

 

  1. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 121 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 127 y 131 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias, y en el párrafo 134 por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 135 a 140 de esta Sentencia.

 

  1. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 121 de la presente Sentencia.

 

  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

 

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 3 de junio de 2021.

 

Corte IDH. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021.

 

Corte IDH. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Sentencia adoptada en San José de Costa Rica por medio de sesión virtual.

 

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto                                 Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

 

 

 

 

 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni                                                 Ricardo C. Pérez Manrique

                           

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

  Secretario

 

[1]           La Comisión designó como sus delegados al Comisionado Joel Hernández y al entonces Secretario Ejecutivo Paulo Abrão. Asimismo, delegó a la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Marisol Blanchard y a los abogados de la Secretaría Jorge Meza Flores y Christian González Chacón como asesora y asesores legales.

[2]           El Estado de Perú designó como su agente titular en este caso a Carlos Miguel Reaño Balarezo, Procurador Público Especializado Supranacional y, como agentes alternos, al Procurador Público Adjunto Especializado Supranacional Carlos Llaja Villena y a la abogada Silvana Lucía Gómez Salazar. El 3 de diciembre de 2020 el Estado informó el término de la designación de la abogada Gómez Salazar como agente alterna.

[3]           Cfr. Caso Moya Solís Vs. Perú. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de febrero de 2021. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/moya_solis_1_02_2021.pdf.

[4]           El 18 de marzo de 2021 se solicitó al Estado información relacionada con la denominación actual del cargo “secretario judicial grado V2”, los salarios devengados por quienes ocupaban dicho cargo y las políticas de ascensos o promociones en el cargo. El 22 de abril de 2021 se solicitó al Estado información sobre los cargos ocupados por la señora Moya Solís en el poder judicial con posterioridad a septiembre de 1982.

[5]         Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID -19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 142 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

[6]           Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C No. 412, párr. 21.

[7]           Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 32, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2020. Serie C No. 409, párr. 25.

[8]           La petición inicial de la presunta víctima señala: “DENUNCIO al Estado Peruano, por violación de la Convención enunciada y por haberse conculcado principales derechos de garantía constitucional peruana en agravio de la suscrita, por los fundamentos de hecho y de derecho que expongo: […] 2. – Mediante Leyes No 23344 de fecha 19 diciembre del año 1981 y 23369 de fecha 31 diciembre del año 1981, se legisló sobre los nombramientos de Secretarios de Juzgado y la ratificación de los magistrados de la Corte, secretarios y relatores de la Corte, respectivamente. Con el objeto de cumplirse dichos mandatos, mediante Decreto Supremo No 003-82 JUS, de fecha 13 de enero del año 1982, se nombró una Comisión de vocales para proceder con la ratificación de los Secretarios de Juzgados. Es así que después de la revisión de los expedientes a mi cargo y de la evaluación efectuada por la Comisión de Ratificación, el Presidente del Tribunal me comunicó con fecha 13 de septiembre del año 1982, no haber sido ratificada en el Cargo de Secretaria Judicial, impidiéndome la entrada a mi centro de labores sin fundamento […]”. Petición inicial presentada por la señora Norka Moya Solís ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de marzo de 2000 (expediente de prueba, folios 314 a 315).

[9]           Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222, y Caso Cordero Bernal Vs. Perú. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Serie C No. 421, párr. 18.

[10]          Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 22, y Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Serie C No. 356, párr. 133.

[11]          La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. No es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (fuerza mayor o impedimento grave) o si se trata de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.

[12]          Cfr. Artículo 57 del Reglamento; también Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Cordero Bernal Vs. Perú, supra, párr. 20.

[13]          El Estado remitió dos anexos a sus alegatos finales escritos: (i) Ficha de Evaluación. Personal no jerárquico – Moya Solís Norka, de 1 de julio de 1976; y (ii) Resolución Corrida No. 000495-2020-CE-PJ, de 29 de diciembre del 2020. La presunta víctima adjuntó cuatro documentos a sus alegatos finales escritos: (i) Recurso de Reconsideración y Resolución Administrativa N° 10-82-TRCCLL de 26 de julio de 1982; (ii) Decreto Supremo que incrementa la remuneración mínima vital. Decreto Supremo N° 005-201 6-TR; (iii) Tabla de evolución de la remuneración mínima vital, noviembre 1962 – febrero 2013; y (iv) Título de Secretaria de Juzgado, otorgado por la Corte Superior de Lima el 4 de enero de 1983.

[14]          La presunta víctima anexó un certificado de trabajo expedido por el Director de Personal del Poder Judicial el 24 de abril de 1981.

[15]          La declaración del señor Jaime Gómez Valverde fue rendida el 4 de marzo de 2021 en la Provincia de Lima, Perú, ante el notario Carlos Martín Luque Rázuri.

[16]          La perita Tania Zuñiga, en el video remitido a la Corte Interamericana, indicó: “por motivos de salud y orden sanitario, en el contexto de la pandemia COVID-19, por indicación médica respecto del distanciamiento social y aislamiento, la suscrita procede a la emisión del informe pericial solicitado con la excepción de la certificación por notario público. Declaro que el informe pericial que se remite desde mi cuenta de correo electrónico ha sido elaborado en su integridad por mi persona y las firmas que constan en cada una de las páginas del informe referido son propias y auténticas”. Por su parte, el perito Hernán Víctor Gullco sostuvo: “estoy haciendo este video para remplazar la acreditación de mi firma por fedatario al cual no puedo concurrir en razón de las medidas tomadas para combatir la pandemia del COVID-19. Soy autor del informe presentado en este caso Moya Solís Vs. Perú. Esto lo estoy haciendo desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina”.

[17]          Cfr. Ley N° 23344 de 18 de diciembre de 1981 (expediente de prueba, folio 7).

[18]          Cfr. Ley N° 23369 de 30 de diciembre de 1981 (expediente de prueba, folio 9).

[19]          Cfr. Decreto Supremo N° 003-82-JUS, de 12 de enero de 1982 (expediente de prueba, folio 11).

[20]          Cfr. Decreto Ley No. 14605 de 25 de julio de 1963. Ley Orgánica del Poder Judicial (expediente de prueba, folios 684 a 686).

[21]          La señora Moya Solís se desempeñó entre 1973 y 1979 como auxiliar del Tercer Juzgado Privativo del Trabajo de Lima. A partir de 1979 pasó a desempeñarse como Secretaria Judicial. Cfr. Resolución Ministerial Nro. 419 de 2 de julio de 1973, en la que se nombra a Norka Moya Solís por un periodo de prueba de 6 meses como auxiliar del Tercer Juzgado Privativo de Trabajo (expediente de prueba, folio 2); Resolución Ministerial Nro. 008-74-TR de 9 de enero de 1974, en la que se ratifica a Norka Moya Solís como auxiliar del Tercer Juzgado Privativo de Trabajo de Lima (expediente de prueba, folio 4); y Resolución Directorial No. 191-79-SA del 21 de diciembre de 1979 en la que se otorgó el cargo de Secretaria Judicial del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales a la señora Norka Moya Solís (expediente de prueba, folio 5).

[22]          Cfr. Consta en el expediente copia del acta de una entrevista realizada a la señora Moya Solís el 12 de agosto de 1982 y copia del acta de la visita del 26 de agosto de 1982 de la Comisión de Ratificaciones al Décimo Juzgado Privativo de Trabajo a fin de revisar los expedientes y el despacho de la señora Norka Moya Solís (expediente de prueba, folios 727 y 729).

[23]          Cfr. Certificado del Acuerdo de Sala Plena referido a la no ratificación de la señora Norka Moya Solís, expedido el 14 de marzo de 1988 (expediente de prueba, folio 13).

[24]          Cfr. Resolución N° 0015-82-TT de 13 de septiembre de 1982 (expediente de prueba, folio 756).

[25]          El recurso interpuesto por la señora Moya Solís señala: “4°. – Como quiera que el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Supremo 003-82-JUS, otorga al Secretario examinado la posibilidad como cuestión inmanente de su derecho, a la actuación de pruebas y a la sustentación de su descargo, si su actuación resultara impugnada. Solicité verbalmente la entrega de la copia del acta, para tener idea de mi evaluación como Secretario; lo que fue negado por la Comisión, no obstante estar legislado como obligación. // 5º. – No se me ha permitido informar por escrito sobre mi actividad en el Fuero […]. 7º. – La Comisión Evaluadora y los Señores Magistrados que han decidido sobre la cuestión que impugno y cuya revisión solicito, en ningún momento me han dado a conocer de mis ‘deméritos’, de mis ‘desvalores’, de mis ‘errores’, de mis ‘defectos’ […]. Motivando con este silencio la imposibilidad de actuación de mis pruebas de descargo a las posibles imputaciones que hubiera lugar”. Cfr. Recurso de revisión interpuesto por Norka Moya Solís ante la Corte Suprema de 21 de septiembre de 1982 (expediente de prueba, folios 16 a 17).

[26]          Cfr. Recurso de revisión interpuesto por Norka Moya Solís ante la Corte Suprema el 21 de septiembre de 1982 (expediente de prueba, folio 19).       

[27]          Cfr. Resolución N° 752-82 de la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de 12 de octubre de 1983 (expediente de prueba, folio 22).

[28]          Cfr. Acción de Amparo contra la Resolución de 12 de octubre de 1983, interpuesta por Norka Moya Solís el 17 de febrero de 1984 (expediente de prueba, folio 25).

[29]          Cfr. Sentencia del 14 de junio de 1985 (expediente de pruebas, folio 30).

[30]          Cfr. Recurso de apelación interpuesto por la señora Norka Moya Solís el 1 de julio de 1985 (expediente de prueba, folio 32).

[31]          Cfr. Sentencia de 2 de septiembre de 1985 (expediente de prueba, folio 34).

[32]          Cfr. Recurso de nulidad interpuesto ante la Tercera Sala Civil de Lima por Norka Moya Solís el 17 de septiembre de 1985 (expediente de prueba, folio 36).

[33]          Cfr. Dictamen remitido por el Ministerio Público al Presidente de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema el 17 de enero de 1986 (expediente de prueba, folios 39 a 40).

[34]          Cfr. Resolución de 4 de agosto de 1986 (expediente de prueba, folio 43).

[35]          Cfr. Oficio remitido por la Jueza del Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima al Presidente de la Corte Superior de Lima el 27 de noviembre de 1986 (expediente de prueba, folio 57) y Oficio No. 1195-84 remitido por el Juez del Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima al Presidente del Tribunal de Trabajo el 13 de marzo de 1987 (expediente de prueba, folio 46). Ver también: Oficios remitidos en diferentes fechas por la señora Moya Solís solicitando la remisión del expediente de ratificaciones al 16 Juzgado Civil de Lima (expediente de prueba, folios 47 a 49)

[36]          Cfr. Oficio remitido por la Jueza Especializada Civil del 33 Juzgado en lo Civil del Distrito Judicial de Lima al Presidente de la Corte Superior de Lima el 22 de junio de 1995 (expediente de prueba, folio 63).

[37]          Cfr. Oficio N°076-DA-SYJTL remitido por el Delegado Administrativo de las Salas y Juzgados Laborales de Lima al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima el 4 de marzo de 1996 (expediente de prueba, folio 65).

[38]          Cfr. Decisión del Décimo Sexto Juzgado Especializado de lo Civil en Lima de 30 de diciembre de 1996 (expediente de prueba, folios 68 y 69).

[39]          Cfr. Recurso de apelación presentado por la señora Norka Moya Solís ante el Décimo Sexto Juzgado especializado Civil de Lima el 19 de mayo de 1997 (expediente de prueba, folios 72 a 73).

[40]          Cfr. Decisión de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de 20 de marzo de 1998 (expediente de prueba, folio 78).

[41]          Cfr. Recurso de nulidad interpuesto por Norka Moya Solís el 8 de abril de 1998 (expediente de prueba, folios 80 a 85).

[42]          Cfr. Decisión del 29 de octubre de 1998 (expediente de prueba, folio 87). Este fallo cuenta con un voto disidente del juez Castillo La Rosa Sánchez, que señala: “Segundo. – que, la resolución de no ratificación de la Sala Plena del Fuero de Trabajo Y. Comunidades Laborales, se sustentó en lo actuado en dicho expediente laboral, en especial en el informe final del mismo, que hace referencia a un informe favorable en parte a la demandante y consta que la no ratificación fue acordado cuando se produjo empate de votos para la ratificación; Tercero. – que, el acuerdo de no ratificación debe estar precedido de entrevista del evaluado, poniéndose a su conocimiento los cargos que pesan sobre su función, a fin de que pueda ejercer el derecho de defensa; que la omisión o no de estos requisitos que debe emerger del expediente aludido de ratificaciones hacen enteramente indispensable tener a la vista el mismo para la expedición de las sentencias lo que no ha ocurrido, indicándose que el expediente no es hallado, por lo que en su caso debe procederse a su rehaciemiento (sic); MI VOTO es porque se declare NULA la sentencia de vista […] e INSUBSISTENTE la apelada […]”. Voto disidente del Juez Castillo La Rosa Sánchez (expediente de prueba, folios 90 a 91).  

[43]          Artículos 8 y 9 de la Convención Americana.

[44]          Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27.

[45]          Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 124 y Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr. 209.

[46]        Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 117, y Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párr. 72.

[47]        Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, supra, párr. 137, y Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala, supra, párr. 73.

[48]          Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, supra; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, y Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala, supra.

[49]        Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra, párr. 70.

[50]        Cfr. Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala, supra, párr. 75.

[51]          Cfr. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 67, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 113.

[52]        Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 28.

[53]          Cfr. Mutatis Mutandi, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 178 y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 380, párr. 153.

[54]          Cfr. Mutatis Mutandi, Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, supra, párr. 154.

[55]          Cfr. Decreto Supremo N° 003-82-JUS de 12 de enero de 1982 (expediente de prueba, folio 11).

[56]          Cfr. Acta de entrevista personal de 12 de agosto de 1982 (expediente de prueba, folio 727).

[57]          Cfr. Acta de la Comisión de Ratificaciones de 26 de agosto de 1982 (expediente de prueba, folios 729 a 730).

[58]          Cfr. Resumen de los informes obtenidos para la ratificación de los Secretarios (expediente de prueba, folio 732).

[59]          Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[60]          Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 77, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 89.

[61]          Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 152 y 153 y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 89.

[62]          Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr. 78 y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 89.

[63]          Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra, párr. 122 y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 89.

[64]          “Que, en la visita realizada por la Comisión de Ratificaciones de este Tribunal, a la Secretaria doña Norka Moya Solís de Rocha, comunicando deficiencias en la tramitación de los expedientes a su cargo, tales como los N° 1152-82, 1025-81, 3084-81, 3121-81, 1040-81, 3120-81 y 3117-81; Que el informe emitido por el Juez a cargo del Décimo Juzgado referente a dicha Secretaria, no ha sido favorable; Que, habiéndose impuesto sanción disciplinaria de apercibimiento por el tribunal, en la Resolución de la casusa N° 2568-81, interpuso su recurso de reconsideración, en escrito dirigido al Presidente de la Sala, presentándola por Mesa de Partes y con firma de letrado patrocinante, el que fue resuelto por la Presidencia, declarándola inadmisible, llamándose severamente la atención de la Secretaria Moya Solís de Rocha; Que, durante el ejercicio del cargo, la Secretaria mencionada ha sido amonestada; Que, los cargos expuestos en las consideraciones precedentes no han sido desvirtuados por la Secretaria; Con el Informe emitido por la Comisión de Ratificaciones, estando a lo acordado en sesión Extraordinaria de Sala Plena, de fecha 10 de setiembre de 1982, y de conformidad con los dispuesto por la Ley N° 23369, SE RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO: NO RATIFICAR en el cargo de Secretaria del Décimo Juzgado Privativo de Trabajo y Comunidades Laborales a doña NORKA MOYA SOLIS DE ROCHA”. Cfr. Resolución N° 0015-82-TT de 13 de septiembre de 1982 (expediente de prueba, folio 756).

[65]          Al respecto, el testigo Jaime Gómez Valverde, propuesto por el Estado afirmó que “los hechos evidencian que la señora Norka Moya sí habría sido notificada por escrito con el acto de no ratificación, porque tomando conocimiento de su no ratificación formuló el recurso de revisión previsto en el DS 003-82-JUS, ejercitando de esta manera su derecho de defensa y a la doble instancia” (Expediente de prueba, folio 1002).

[66]          Sobre este asunto, el testigo Jaime Gómez Valverde, propuesto por el Estado, indicó que “si en el Acta de la Sesión de fecha 10 de septiembre de 1982 (a la que se hace referencia en la Resolución emitida por el Tribunal de Trabajo) se efectuaron 10 votos, ello fue porque la Sala Plena del Tribunal de Trabajo y Comunidades Laborales estaba compuesta por 10 Vocales (3 vocales por Tres Tribunales de Trabajo, 1 Presidente del Fuero)” (expediente de prueba, folio 998).

[67]          Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, supra, párr. 106, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 129.

[68]          Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, supra, párr. 106, y Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala, supra, párr. 89

[69]          En relación con las obligaciones de los secretarios de juzgados, el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señalaba:

“ARTÍCULO 233º. – Son obligaciones de los Secretarios de Juzgado:

1.-Actuar únicamente en el Juzgado en el que están adscritos y tener su oficina en la sede del Juzgado;

2.-Entregar los procesos, en caso de impedimento o de recusación, al Secretario que debe reemplazarlo en el término de dos días contados a partir de la notificación respectiva;

3.-Mantener en secreto las opiniones que hubieran oído emitir al Juez acerca de los asuntos de su conocimiento;

4.-Anotar o sellar al margen de los escritos y recursos el día en que los reciban, firmando tal constancia cuando el sello no indique automáticamente la hora;

5.-Presentar al Juez dichos recursos y escritos dentro de las veinticuatro horas de su recepción;

6.-Autorizar las diligencias procesales y las resoluciones que expida el Juez;

7.-Actuar personalmente las diligencias a que están obligados bajo responsabilidad, salvo las indicadas en el art. 247º dando las comisiones a los Escribanos Diligencias;

8.-Notificar con arreglo a ley las resoluciones del Juzgado al día siguiente de su expedición, salvo cuando se trate de resoluciones extensas, caso en el cual la notificación de ellas se hará dentro de dos días;

9.-Realizar bajo cargo la primera notificación, la citación para la confesión y el juramento decisorio, sus requerimientos, y el pedido de autos para sentencia; así como las notificaciones que deban hacerse por intermedio de Procurador;

10.-Emitir las razones e informes que les ordenen sus superiores;

11.-Dar a las partes, cuando así lo soliciten, constancia de la recepción de los escritos y documentos;

12.-No admitir en los expedientes papel que no sea el sellado que corresponda;

13.-Cuidar de que con todo recurso se presente el número de copias simples que corresponda y de los recaudos, si los tuviere, y en caso que así no suceda dejar constancia de la omisión al pie del recurso al momento de recibirlo;

14.-Facilitar el conocimiento a cualquier persona que lo solicite, de los procesos que tengan archivados: y exhibir los que se encuentren en tramitación sólo cuando a su juicio medie interés legítimo del solicitante, consultando al Juez o Tribunal en caso de reclamación;

15.-Remitir los expedientes fenecidos, después de diez años, al archivo del Juzgado;

16.-No admitir en consignación dinero en efectivo o cheque, salvo autorización especial del Juez, que contendrá, al mismo tiempo la orden para que el Secretario formalice el empoce en la Caja de Depósitos y Consignaciones o entidad autorizada para ella, el primer día útil;

17.-Poner en cada expediente una carátula en que se exprese el nombre de las partes, el Juez que conoce del asunto, la naturaleza y objeto de éste, la fecha en que comienza y el número que le corresponde en el libro de ingresos de causas.

18.-Examinar los procesos cuando les sean devueltos, y si advierten que faltan hojas o tienen algún otro defecto, dar cuenta inmediatamente y por escrito al Juez;

19.-Anotar al margen de las declaraciones, el nombre de los declarantes y las fojas donde están absueltas las citas que resulten:

20.-Cuidar de los expedientes y los documentos que giren a su cargo, conservándolos y custodiándolos, siendo responsable por su pérdida o por mutilaciones y alteraciones que en ellos se hicieran:

21.-No poner en conocimiento de una de las partes los escritos presentados por la otra, antes de estar proveídos;

22.-Cuidar de que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de presentación de los escritos y documentos; y que las resoluciones se numeren en orden correlativo;

23.-Anotar al reverso de la carátula los incidentes derivados del cuaderno principal, a medida que aquellos se formen, numerándolos;

24.-Llevar los siguientes libros:

a)-De cargos de los expedientes entregados a la Corte Superior, al Ministerio Publico, a las oficinas administrativas, a procuradores y abogados, a otros Jueces, al Correo y al archivo del Juzgado;

b)-De tomas de razón en que se copien, cronológicamente, las sentencias y autos que ante ellos se expidan, con indicación de su numeración y de las causas a que se refieren;

c)-De inventarios, en que anoten los expedientes en que intervengan;

25.-Guardar los archivos que por orden judicial reciban de otros Secretarios;

26.-Entregar bajo recibo los expedientes a su cargo, al Secretario designado al efecto; y a los Procuradores o abogados de las partes únicamente cuando la ley lo autoriza, bajo responsabilidad;

27.- Expedir copias certificadas sólo por orden judicial;

28.-Mantener abierta su oficina cuando menos tres horas diarias en las mañanas y durante el despacho judicial, debiendo indicar el horario en un aviso fijado en la puerta de su oficina;

29.-Concurrir al local del Juzgado durante las horas en que les corresponda despachar, o en las que deban realizar diligencias;

30.-Intervenir en la entrega de las consignaciones; insertando el acta respectiva en el proceso, que firmará la persona que reciba la consignación;

31.-Dar a la Caja de Depósitos y Consignaciones y entidades que hagan entregas como comprobante de pago, copia certificada, total o parcial del acta respectiva;

32.-Fijar ante su oficina a la vista del público un ejemplar del Arancel Judicial;

33.-Conservar los expedientes debidamente registrados en casilleros o archivos, clasificándolos por orden alfabético siguiendo el primer apellido del demandante;

34.-Agregar un diez por ciento a las costas procesales que regulen, que· se descontará preferentemente de las primeras sumas que entregue el obligado, y remitirlo a la Asociación Mutualista Judicial, con el correspondiente oficio del Juzgado; debiendo proceder en igual forma con el diez por ciento de recargo sobre las costas personales y honorarios mandados pagar judicialmente, que deba remitirse al Colegio de Abogados del Distrito correspondiente; y

35.-Cumplir las demás obligaciones que les impone la ley”. Decreto Ley No. 14605 de 25 de julio de 1963. Ley Orgánica del Poder Judicial (expediente de prueba, folios 684 a 686).

[70]                   Artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. 

[71]          Cfr. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, párr. 105, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 243.

[72]          Cfr. Resolución de 4 de agosto de 1986 (expediente de prueba, folio 43).

[73]          Cfr. Voto disidente del Juez Castillo La Rosa Sánchez al fallo de 29 de octubre de 1998 (expediente de prueba, folios 90 a 91).  

[74]          Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C No. 417. párr. 122.

[75]          Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, pár. 78, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 223.

[76]                    Artículo 23 de la Convención Americana.  

[77]       Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 138, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 97.

[78]          Cfr. Comité de Derechos Humanos. Caso Soratha Bandaranayake c. Sri Lanka (Comunicación No. 1376/2005), UN Doc. CCPR/C/93/D/1376/2005, 4 de agosto de 2008, párr. 7.1.

[79]          Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 138, y Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2019. Serie C No. 373, párr. 93.

[80]          Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 115, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 97.

[81]          Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 138, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 98.

[82]       Cfr. Mutatis mutandis, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 72, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 98.

[83]          Cfr. Artículo 233. Decreto Ley No. 14605 de 25 de julio de 1963. Ley Orgánica del Poder Judicial (expediente de prueba, folios 684 a 686).

[84]       Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 24 y 25, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 126.

[85]        Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 126.

[86]        Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 y 26, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 220.

[87]          Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 79, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 133.

[88]          Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr. 250, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 154.

[89]        Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 143.

[90]          Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 151.

[91]        Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 84, y Caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de febrero de 2020. Serie C No. 399, párr. 108

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