Corte IDH. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 21 de junio de 2021. Serie C No. 428.

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

CASO MARTÍNEZ ESQUIVIA VS. COLOMBIA

 

SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 2021

 

(Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones)

 

                                                                                                                

En el caso Martínez Esquivia Vs. Colombia,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;

Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, Juez;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y                                                     

Ricardo Pérez Manrique, Juez,

 

  • presente, además,

 

Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta**,

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones emitida por este Tribunal el 6 de octubre de 2020, interpuesta el 15 de marzo de 2021 por la República de Colombia (en adelante también “el Estado” o “Colombia”).

I
SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. El 6 de octubre de 2020 la Corte Interamericana emitió la Sentencia en el presente caso, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión”) el 14 de diciembre del mismo año.

 

  1. El 15 de marzo de 2021 el Estado sometió una solicitud de anulación de la sentencia por “la violación al debido proceso y equidad procesal durante el trámite” y, de forma subsidiaria, solicitó una interpretación relacionada con el alcance de dos puntos resolutivos de la Sentencia. En primer lugar, solicitó que se interpretara el punto resolutivo 7 sobre la obligación del Estado de cubrir los aportes a la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia, precisando si el Estado está exceptuado de cubrir los aportes a la pensión correspondientes al período en el cual la víctima fue reintegrada a su cargo. Asimismo, solicitó que se interpretara el punto resolutivo 9 sobre la necesidad de adecuar la normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales nombrados en provisionalidad.

 

  1. El 24 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte, la Secretaría de la Corte transmitió la referida solicitud de interpretación a los representantes de la víctima (en adelante “los representantes”)[1] y a la Comisión, y les otorgó un plazo para que, a más tardar el 26 de abril de 2021, presentaran por escrito las observaciones que estimaran pertinentes. Los días 30 de marzo y 26 de abril de 2021, los representantes y la Comisión, respectivamente, remitieron sus observaciones.

 

II
Competencia

 

  1. El artículo 67 de la Convención Americana establece:

 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

       

  1. De conformidad con el artículo citado, la Corte Interamericana es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de las solicitudes de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, este Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte está integrada por los mismos Jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada[2].

 

III
Admisibilidad

 

  1. Corresponde a la Corte verificar si la solicitud presentada por el Estado cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento. Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

 

  1. En su escrito de 15 de marzo de 2021, el Estado presentó dos solicitudes: la anulación de la decisión por una alegada violación al debido proceso y equidad procesal durante el trámite del asunto y, de manera subsidiaria, una solicitud de interpretación sobre los puntos resolutivos séptimo y noveno de la Sentencia. De esta forma, esta Corte entrará a analizar la admisibilidad de cada una de estas dos solicitudes.

 

A.   Solicitud de anulación de la sentencia por alegada violación al debido proceso y equidad procesal durante el trámite

 

A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado alegó que, durante la tramitación del presente caso, se habrían cometido violaciones al debido proceso y a la equidad procesal en perjuicio del Estado. Indicó que la defensa de la señora Martínez Esquivia no presentó oportunamente su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, frente a lo cual, la Corte no impuso ninguna consecuencia jurídica, sino que enmendó el error de la defensa de la víctima. Contrastó lo anterior con la decisión de la Corte de desestimar las excepciones preliminares presentadas por el Estado por lo que, a su criterio, fue un tecnicismo. De esta forma, concluyó que “las cuestiones de carácter procesal son aplicadas con bastante rigor para el Estado, pero de manera laxa para la representación de las víctimas. El Estado considera que esta defensa a ultranza de los intereses de las víctimas constituye una ausencia de garantías del debido proceso y una falta de imparcialidad judicial […]”.

 

  1. Específicamente, el Estado se manifestó en desacuerdo con las valoraciones de la Corte sobre los recursos disponibles a nivel interno para que la señora Martínez Esquivia cuestionara su desvinculación. De esta forma, indicó que el Estado demostró que, durante toda la etapa de admisibilidad, se había opuesto a las pretensiones de la señora Martínez Esquivia, por lo que no se podía considerar que había renunciado a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. Asimismo, consideró que la Corte no valoró adecuadamente los alcances de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y de la acción de tutela. De la misma manera, consideró que la Corte ignoró la argumentación del Estado en relación con la acción de fuero sindical. Por todo lo anterior, el Estado “cuestión[ó] el contenido de la sentencia y las determinaciones que allí se tomaron” y solicitó la anulación de la misma.

 

  1. La Comisión estimó que la solicitud del Estado de anulación de la sentencia debe desestimarse por carecer de fundamento. Asimismo, consideró que los argumentos del Estado carecen de justificación. Alegó que la Corte tiene la facultad de incorporar prueba para mejor resolver y que “no puede endilgarle falta de imparcialidad a la […] Corte al no haber obtenido una decisión favorable a sus pretensiones”. Agregó que el Estado “no aportó ningún elemento que permita acreditar que se cometieron violaciones a la imparcialidad judicial en el marco del proceso […]”.

 

  1. Los representantes solicitaron que se rechace de plano la solicitud de anulación de la sentencia, por no estar amparada en ninguna disposición de la Convención Americana.

 

A.2. Consideraciones de la Corte

 

  1. En cuanto a la solicitud de anulación solicitada por el Estado basada en argumentos sobre una supuesta violación al debido proceso y a la equidad procesal, así como los alegatos en torno a los procedimientos internos, la Corte considera pertinente recordar que, de acuerdo con el artículo 67 de la Convención Americana, “el fallo de la Corte será definitivo e inapelable”, de manera que, una vez que este Tribunal dicta sentencia, ella produce los efectos de cosa juzgada internacional y debe ser prontamente cumplida por el Estado de buena fe y en forma íntegra[3]. Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”. Por consiguiente, todo recurso contra la sentencia resulta inadmisible.

 

  1. Aunado a lo anterior, la Corte estima pertinente advertir que el Estado ejerció su derecho de defensa y contradictorio durante todo el trámite del proceso y sus alegatos fueron analizados oportunamente. El Estado pretende ahora que este Tribunal reexamine cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron abordadas y resueltas en la Sentencia. De esta forma, el Estado busca que se revise elementos de prueba y alegatos sobre los cuales este Tribunal ya adoptó una decisión, lo cual resulta contrario al carácter definitivo e inapelable de las Sentencias de la Corte.

 

  1. En razón de lo anterior, este Tribunal considera que la solicitud del Estado es inadmisible en virtud de lo establecido en los artículos 67 de la Convención y 31.3 del Reglamento.

 

B.   Solicitud de interpretación sobre los puntos resolutivos 7 y 9 de la Sentencia

 

  1. La Corte advierte que el Estado presentó su solicitud subsidiaria de interpretación dentro del plazo de 90 días establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que la Sentencia fue notificada a las partes y a la Comisión el 14 de diciembre de 2020. Por ende, la solicitud, sobre estos extremos, resulta admisible en lo que se refiere al plazo de su presentación. En cuanto a los demás requisitos, la Corte realizará el análisis respectivo al examinar el contenido de la solicitud en el siguiente capítulo.

 

IV
Análisis de la procedencia de la solicitud de interpretación

 

  1. Este Tribunal analizará la solicitud de interpretación del Estado para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede o no aclarar el sentido o alcance de los puntos de la Sentencia solicitados.

 

  1. La Corte ha señalado que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[4].

 

  1. Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter consideraciones sobre cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión[5], así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas en la Sentencia[6]. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente[7].

 

  1. La Corte Interamericana examinará las cuestiones planteadas en el siguiente orden: (A) la solicitud de interpretación sobre la obligación del Estado de cubrir los aportes a la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia y (B) la solicitud de interpretación sobre la necesidad de adecuar la normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales nombrados en provisionalidad.

 

A.        Alcance de la obligación del Estado de cubrir los aportes a la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia

 

A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado solicitó una aclaración sobre la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia, consistente en que “el Estado cubrirá los aportes de la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia, en los términos del párrafo 155 del […] Fallo”. Al respecto, solicitó que la Corte “precise si el Estado está exceptuado de cubrir los aportes a la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia, durante el periodo comprendido entre el 2 de agosto y el 15 de octubre de 2015”, período durante el cual, según el Estado, la víctima fue reintegrada en su cargo.

 

  1. La Comisión consideró que, en los párrafos de la sentencia referentes al pago de los aportes a la pensión de la víctima, “no existe ambigüedad, falta de claridad o contradicción, pues la orden de la […] Corte es cubrir los aportes a la pensión de la víctima desde la fecha de su desvinculación, que se encuentra claramente establecida en autos, hasta el 16 de marzo de 2017”. De esta forma, solicitó que se desestime este punto de interpretación.

 

  1. Los representantes concurrieron con el Estado, al considerar que los aportes a la pensión de la víctima realizados durante el período en que fue reintegrada en su cargo deben ser pagados solamente una vez, siendo entonces necesario excluir esos 74 días del pago ordenado en la Sentencia. Aclararon que el período durante el cual la víctima fue restablecida provisionalmente en su cargo ocurrió entre el 2 de agosto y el 15 de octubre de 2005.

 

A.2. Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte considera pertinente aclarar el sentido de la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo séptimo, en relación con el párrafo 155 de la Sentencia, en el cual la Corte determinó lo siguiente:

 

  1. La situación de provisionalidad de la señora Martínez Esquivia se prolongó por más de doce años, lo que creó una expectativa en ella de permanecer en su cargo, por lo que la víctima, razonablemente, tenía la expectativa de mantenerse en su puesto y de continuar cotizando a su pensión. De esta forma, la Corte considera que el Estado debe cubrir los aportes a la pensión de la señora Martínez Esquivia, desde el momento de su desvinculación hasta el momento en que hubiese tenido el derecho de acogerse a la misma, a saber, el 16 de marzo de 2017, de acuerdo con lo expuesto por ella en su declaración presentada como prueba para mejor resolver. Esta medida deberá ser cumplida en el plazo máximo de un año a partir de la notificación de la presente sentencia.

 

  1. En efecto, tal como se desprende del párrafo 66 de la Sentencia, en aplicación de la resolución de 26 de julio de 2005 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, la señora Martínez Esquivia fue reintegrada a su puesto. Sin embargo, por medio de resolución de 7 de septiembre de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, revocó este fallo de tutela. De acuerdo con el Estado, la señora Martínez Esquivia estuvo reintegrada en su puesto entre el 2 de agosto de 2015 y el 15 de octubre de 2015, fechas que fueron corregidas por los representantes para precisar que el reintegro se dio entre el 2 de agosto de 2005 y el 15 de octubre de 2005.

 

  1. En consecuencia, la Corte considera pertinente aclarar que el Estado deberá cubrir los aportes a la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia, desde el momento de su desvinculación hasta el 16 de marzo de 2017, descontando los días que fueron pagados durante el período en que fue reintegrada en su puesto entre el 2 de agosto y el 15 de octubre de 2005.

 

B.        Acerca de la necesidad de adecuar la normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales nombrados en provisionalidad

 

B.1. Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado solicitó una interpretación del punto resolutivo noveno de la sentencia, por el cual se ordenó al Estado adecuar “su normativa con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales nombrados en provisionalidad”. Argumentó que, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política y el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, la provisionalidad es una forma de vinculación para un empleo de carrera administrativa, de manera transitoria. Agregó que el artículo 96 del Decreto 020 de 2014 establece de manera clara las causales de retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de carrera administrativa, las cuales son aplicables a las y los fiscales que se encuentran vinculados en provisionalidad. De esta forma, consideró que en el ordenamiento jurídico colombiano sí existen disposiciones específicas que regulen la desvinculación de las y los fiscales en provisionalidad y alegó que “no se explica por qué para la Corte IDH necesario que el Estado adecue su normativa”.

 

  1. La Comisión argumentó que el Estado ya había alegado que contaba con normativa suficiente y convencional que regulaba la labor de fiscales provisionales, por lo que estima que la solicitud del Estado tiene por objeto cuestionar el sentido del pronunciamiento de la Corte, por lo que debe ser desestimada.

 

  1. Los representantes solicitaron el rechazo de la solicitud del Estado considerando que la misma “no es una solicitud de interpretación, sino más bien una solicitud de revisión del punto resolutivo 9, pretendiendo eliminarlo por esta vía inidónea”. Agregaron que, si el Estado desea alegar y probar que su ordenamiento jurídico es compatible con lo decidido por la Corte, deberán hacerlo al momento de la supervisión de cumplimiento de Sentencia.

 

B.2. Consideraciones de la Corte

 

  1. Sobre las garantías de no repetición, la Corte dispuso en la sentencia que:

 

  1. La Corte nota que actualmente la organización y el régimen de empleo de la Fiscalía General de la Nación se encuentran regidos, además de por las disposiciones constitucionales generales sobre la naturaleza de la Fiscalía y del empleo público, por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley No. 270 de 1996), el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación (Ley No. 938 de 2004) y el Decreto Ley por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas (Decreto Ley No. 20 de 2014). Sobre los nombramientos en provisionalidad, el artículo 11 del Decreto Ley No. 20 de 2014 establece:

 

Art. 11. Clases de nombramiento. En la Fiscalía General de la Nación y en sus entidades adscritas la provisión de los cargos se efectuará mediante nombramiento:

  1. Ordinario: Para la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción.
  2. En período de prueba: Para la provisión de los cargos de carrera con la persona que se ubique en el primer lugar de la lista de elegibles, luego de superar el proceso de selección o concurso realizado conforme al procedimiento establecido en el presente decreto-ley.
  3. Provisional: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa.

Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección.

Al aspirante a ocupar un empleo de carrera a través de nombramiento provisional la Fiscalía General de la Nación podrá aplicar las pruebas que considere necesarias para valorar la adecuación del perfil del aspirante al cargo a desempeñar, para lo cual, de ser requerido, se apoyará en el Departamento Administrativo de la Función Pública.

  1. Encargo: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal o definitiva, el cual se regirá por lo dispuesto en las normas que desarrollan las situaciones administrativas para el personal de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.

 

  1. Sin embargo, la Corte nota que no existen disposiciones específicas que regulen la desvinculación de las y los fiscales en provisionalidad y que, al considerarse un empleo de nombramiento discrecional, únicamente se encuentran amparados por una estabilidad intermedia. La Corte toma nota, sin embargo, de la evolución de la línea jurisprudencial tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional (supra párrs. 137 y 138) en materia de motivación del acto administrativo de desvinculación.

 

  1. Teniendo en cuenta que el Tribunal declaró las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, ambas en relación con la garantía de estabilidad de las y los fiscales, la Corte considera que, como garantía de no repetición, el Estado debe, en un plazo razonable, adecuar la normativa interna con los estándares desarrollados en esta sentencia en relación con la estabilidad de las y los fiscales en provisionalidad, en lo que respecta a su nombramiento y desvinculación.

 

  1. La Corte reitera que considera improcedente utilizar una solicitud de interpretación para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión[8], así como para pretender que el Tribunal valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas por éste en la Sentencia[9]. El Estado pretende con su solicitud de interpretación que la Corte reconsidere su análisis de la normativa interna sobre la desvinculación de los y las fiscales nombrados en provisionalidad, lo que implicaría volver a valorar cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron establecidas en la Sentencia. De esta forma, la Corte considera que esta solicitud es improcedente, pues excede el alcance de la competencia de la Corte de interpretar sus fallos establecida en el artículo 67 de la Convención.

 

V
puntos resolutivos

 

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE

 

DECIDE,

 

Por unanimidad:

 

  1. Declarar inadmisible la solicitud del Estado tendiente a la anulación de la sentencia por alegadas violaciones al debido proceso y equidad procesal, en los términos del párrafo 14 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Declarar admisible la solicitud subsidiaria de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones en el caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, presentada por el Estado, en los términos del párrafo 15 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Aclarar, por medio de Interpretación, la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones en el caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, en lo que se refiere a la obligación del Estado de cubrir los aportes a la pensión de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia, en los términos de los párrafos 24 y 25 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Desestimar por improcedente la solicitud de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones en el caso Martínez Esquivia Vs. Colombia sobre el punto resolutivo noveno, presentada por el Estado, en los términos del párrafo 30 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia de Interpretación a la República de Colombia, a los representantes de la víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

 

 

 

 

Corte IDH. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 21 de junio de 2021. Sentencia adoptada en San José, Costa Rica por medio de sesión virtual.

 

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire       Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot                                                 Eugenio Raúl Zaffaroni

 

 

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

 

Romina I. Sijniensky

Secretaria Adjunta

 

 

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

 

 

Romina I. Sijniensky

 Secretaria Adjunta

*         El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, no participó en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.

**        El Secretario, Pablo Saavedra Alessandri, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta sentencia.

[1]        Los representantes de las víctimas son Ciro Colombara López y Branislav Marelic Rocov. En el escrito de alegatos finales se informó que Maité de Rue y Juliana Vengoechea Barrios del Open Society Justice Initiative, concurrían como parte del equipo de representantes.

[2]        Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 142 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

[3]                 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013, Considerandos 61 y 68, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de abril de 2021, Considerando 8.

[4]        Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párr. 16, y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 420, párr. 9.

[5]        Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 1999. Serie C No. 53, párr. 15, y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.

[6]        Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30 y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.

[7]        Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11 y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.

[8]        Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas, Supra, párr. 15 y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.

[9]        Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas, supra, párr. 30 y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 10.

 

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