Corte IDH. Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C No. 441

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO MANUELA* Y OTROS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

En el caso Manuela y otros Vs. El Salvador,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez, presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

 

 

 

 

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

 

 

 

 

 
  

 

* De conformidad con lo indicado por la Comisión en su Informe No. 153/18, “las organizaciones peticionarias solicitaron mantener la confidencialidad del nombre de la presunta víctima, requiriendo que se le identifique con el nombre de Manuela. Adicionalmente, requirieron la reserva de identidad de sus familiares y la información médica de la presunta víctima”. En el trámite ante la Corte, los representantes reiteraron dicha solicitud. En este sentido, la Corte se referirá a las presuntas víctimas como Manuela, la madre, el padre, el hijo mayor y el hijo menor de Manuela.

 

TABLA DE CONTENIDO

 

  1. Alegada presentación extemporánea de la petición 11
  2. Alegada falta de valoración de la Comisión de avances en el cumplimiento del Informe de Fondo 13
  1. Alegatos de las partes y de la Comisión 14
  2. Consideraciones de la Corte 14
  1. Admisibilidad de la prueba documental 15
  2. Admisibilidad de las declaraciones ofrecidas 16
  1. Marco Normativo 16
  2. Contexto fáctico 18
  3. Manuela y su núcleo familiar 21
  4. El embarazo de Manuela 21
  5. La atención médica de la emergencia obstétrica 22
  6. El proceso penal seguido en contra de Manuela 23
  7. La detención de la presunta víctima y posteriores diligencias de investigación 24
  8. El juicio de Manuela 27
  9. Sentencia condenatoria 28
  10. Situación de salud de la presunta víctima mientras estuvo privada de libertad 29
  11. Recursos judiciales posteriores 30
  1. Alegatos de las partes y de la Comisión 31
  2. Consideraciones de la Corte 32
  3. Alegatos de las partes y de la Comisión 36
  4. Consideraciones de la Corte 38
  5. Alegatos de las partes y de la Comisión 52
  6. Consideraciones de la Corte 54
  7. Alegatos de las partes y de la Comisión 76
  8. Consideraciones de la Corte 76
  1. Parte Lesionada 79
  2. Medidas de satisfacción 79
  3. Medida de rehabilitación 81
  4. Garantías de no repetición 81
  5. Indemnizaciones compensatorias 86
  6. Otras medidas solicitadas 88
  7. Costas y gastos 89
  8. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 90

 

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

 

  1. El caso sometido a la Corte. – El 29 de julio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Manuela y familia respecto de la República de El Salvador (en adelante “el Estado” o “El Salvador”). La Comisión señaló que el caso se relaciona con la “una serie de violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la [presunta] víctima del caso, en el marco del contexto conocido en El Salvador sobre criminalización del aborto”, así como con la violación al secreto profesional, el tratamiento médico recibido antes y después de su privación de la libertad, y la muerte de la presunta víctima bajo custodia La Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, y a la salud, en perjuicio de la señora Manuela. Asimismo, la Comisión concluyó que El Salvador violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la familia de Manuela “como consecuencia de la total falta de indagación y esclarecimiento de la muerte bajo custodia”.
  2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:
    1. Petición. – El 21 de marzo de 2012 el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico presentaron la petición inicial en representación de las presuntas víctimas.
    2. Informe de – El 18 de marzo de 2017 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 29/17, en el que concluyó que la petición era admisible.
    3. Informe de Fondo. – El 7 de diciembre de 2018 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 153/18, en el cual llegó a una serie de conclusiones1 y formuló varias recomendaciones al Estado.
    4. Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 29 de enero de 2019, con un plazo de dos meses para que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras otorgarle una prórroga, la Comisión señaló que “El Salvador no presentó el informe de cumplimiento dentro del plazo otorgado por la Comisión ni se cuenta con información sobre avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo […] [ni] remitió una solicitud de prórroga”.
  3. Sometimiento a la Corte. – El 29 de julio de 2019 la Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo, debido a “la necesidad de obtención de justicia y reparación”2. Este Tribunal nota que, entre

 

 

 
  

1 La Comisión concluyó que el Estado es responsable violación de los derechos a la vida, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud establecidos en los artículos 4.1, 7.1, 7.2. 7.3, 8.1, 8.2, 8.2 c), 8.2 e), 8.2 h), 11.2, 11.3, 24, 25.1, 26 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

2 La Comisión designó como sus delegados a la Comisionada Margarette May Macaulay y al entonces Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Christian González Chacón, abogado de la Secretaría Ejecutiva actuó como Asesor Legal.

 

la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte, han transcurrido más de 7 años.

  1. Solicitudes de la Comisión. – Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en su Informe de Fondo y se ordenara al Estado, como medidas de reparación, las recomendaciones incluidas en dicho Informe, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo IX de la presente

 

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. Notificación al Estado y a los representantes. – El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas el 2 de septiembre de
  2. Escrito de solicitudes, argumentos y – El 6 de noviembre de 2019 la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y el Centro de Derechos Reproductivos (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte. Los representantes coincidieron con lo alegado por la Comisión, ahondaron en el contexto de penalización de las emergencias obstétricas en El Salvador y alegaron que el Estado también había violado los artículos 5, 7.4, 7.5, 8.2.b, 13, 17 y 19 de la Convención. Además, calificaron lo ocurrido a Manuela como tortura por lo que alegaron que El Salvador también habría violado los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, solicitaron que se ordenara al Estado adoptar diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos.
  3. Escrito de contestación. – El 18 de febrero de 2020 el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento del caso por parte de la Comisión, así como sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito, el Estado presentó tres excepciones preliminares, se opuso a las violaciones alegadas y a las solicitudes de medidas de reparación de la Comisión y los
  4. Audiencia Pública. – El 2 de diciembre de 2020 la Presidenta de la Corte emitió una Resolución mediante la cual convocó a las partes y a la Comisión a la celebración de una audiencia pública sobre las excepciones preliminares, y eventuales fondo, reparaciones y costas3. Asimismo, mediante dicha Resolución, se convocó a declarar en la audiencia pública a una presunta víctima4y a un perito propuestos por los representantes, así como a una perita propuesta por la Comisión, y se ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) de tres presuntas víctimas, seis testigos y cinco peritos, las cuales fueron presentadas el 5 y 8 de marzo de 2021. Además, en dicha Resolución la Presidencia solicitó al Estado presentar determinada prueba documental, la cual fue remitida por El Salvador el 4 de febrero de Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la audiencia pública se llevó a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte, los días 10 y 11 de marzo de 2021, durante

 

 

 

3 Cfr. Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2020. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/manuela_y_otros_02_12_2020.pdf

4       En su Resolución, la Presidenta ordenó la comparecencia de la madre de Manuela en la audiencia pública. El 18 de febrero de 2021, los representantes solicitaron la modificación de la modalidad de dicha declaración en razón de su condición de salud. En razón de lo anterior, y dado que el Estado ya había solicitado que dicha declaración fuera rendida por escrito, la Presidencia accedió al pedido de los representantes y ordenó que la madre de Manuela prestara su declaración ante fedatario público, acompañada de un video.

 

el 140 Período Ordinario de Sesiones5. En el curso de dicha audiencia, los Jueces de la Corte solicitaron cierta información y explicaciones a las partes y a la Comisión.

  1. Amici Curiae. – El Tribunal recibió 58 escritos de amicus curiae6presentados por: 1) el European Centre for Law and Justice (ECLJ)7; 2) las señoras María Lina Carrera, Gloria Orrego Hoyos y Natalia Saralegui Ferrante8; 3) la Fundación Nueva Democracia9; 4) la Asociación Civil Pasos por la Vida10; 5) Abogados por la Vida y otras organizaciones11; 6) la Asociación Salud y Familia12; 7) Crece Por Mi País y otras organizaciones, en conjunto con diputados y

 

 
  

5 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Margarette May Macaulay, Comisionada; Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta; Jorge Meza Flores y Christian González, Asesores; b) por los representantes de las presuntas víctimas: Morena Herrera, y Sara García, abogadas del Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, y Catalina Martínez, Carmen Martínez, y Edward Pérez, abogadas y abogado del Centro de Derechos Reproductivos, y c) por el Estado de El Salvador: Ana Elizabeth Cubias Medina, Directora de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y Agente del Estado; Luis Elmer Hernández Hernández, Colaborador Jurídico del Ministerio de Salud de El Salvador; Lorena Mercedes González Zura, Coordinadora Nacional de la Defensoría Pública Penal de la Procuraduría General de la República de El Salvador; Carlos Javier Hernández Pérez, Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador, y Alfredo Adolfo Romero Díaz, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

6 El Estado señaló que “en los amicus curiae hay continuas menciones respecto de los supuestos efectos de la legislación penal de aborto, por lo que se reitera la solicitud a ese Tribunal de que todo análisis de la legislación penal sobre aborto en El Salvador sea excluido del presente caso”. Además, el Estado observó que “tampoco deben admitirse los argumentos en torno a una supuesta violación al derecho a la privacidad de Manuela”, ni los argumentos relativos a un contexto de discriminación estructural contra las mujeres, al secreto profesional médico, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica, a la tortura, y en general a las “referencias imprecisas” sobre lo ocurrido a Manuela. Al respecto, la Corte recuerda que, de acuerdo con el Reglamento, la expresión amicus curiae “significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”. Puesto que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la corrección o no de tales escritos o sobre solicitudes o peticiones contenidas en los mismos, las observaciones del Estado no afectan la admisibilidad de los amici curiae, sin perjuicio de la eventual relevancia de tales observaciones al valorar la información aportada en los mismos. Cfr. Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 15, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423, nota al pie 5.

7 El escrito fue firmado por Grégor Puppinck y Pablo Nuevo López. El escrito realiza consideraciones respecto a respeto a la vida privada en relación con la información sobre la salud.

8     El escrito fue firmado por María Lina Carrera, Gloria Orrego Hoyos y Natalia Saralegui Ferrante. El escrito realiza consideraciones respecto a la criminalización de mujeres por eventos obstétricos en diversos países de la región.

9 El escrito fue firmado por María Camila Ospina Navarro y Juan Pablo Rodríguez Martínez. El escrito realiza consideraciones respecto a las razones por las cuales la Corte no debería pronunciarse sobre el aborto en el presente caso.

10 El escrito fue firmado por María Teresa Angulo Guillermo y Ángel Alfonso Jasso García. El escrito realiza consideraciones respecto a cómo la prohibición del aborto en El Salvador favorece la protección a la vida, es constitucional, imperativa y convencional.

11 El escrito fue firmado por Michelle Cretella, Teresa Collett, Stefano Gennarini, Aude Mirkovic por Claude de Martel, Nicola Speranza, Sharon Slater, Bob Lalonde, Lord Leomer B. Pomperada, Brian S. Brown, Karolina Pawlowska, Wendy Wixom, Brian Scarnecchia, Catherine Glenn Foster, Thomas Jacobson, Sonnie Ekwowusi, Jean- Marie Le Méné, Julia Regina de Cardenal, Michelle Zacapa, Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, Marjorie Dannenfelser, Charles E. Donovan, Sara I. Larín Hemandez, Ligia Briz, Mario Correa Bascuñán, Gonzalo lbáñez Santa María, Alfonso Aguilar, Mario Alberto Romo Gutierrez, Eduardo Verástegui, y Ligia De Jesus Castaldi. El escrito realiza consideraciones respecto a por qué la prohibición del homicidio agravado del recién nacido en El Salvador es obligatoria bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

12     El escrito fue firmado por Elvira Méndez Méndez. El escrito realiza consideraciones respecto a los deberes éticos de los médicos hacia los pacientes, la atención a las mujeres en situaciones de emergencia obstétrica en El Salvador, y el ejercicio de la profesión médica bajo “coacción institucional” en El Salvador.

 

diputadas de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica13; 8) la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI)14; 9) la señora Corina Giacomello15; 10) el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI16; 11) los señores Álvaro Paul y Felipe Soza17; 12) el Centro de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Pritzker en Northwestern y la Fundación Clooney para la Justicia18; 13) la Asociación Española de Abogados Cristianos19; 14) National Advocates for Pregnant Women20; 15) la Comisión Internacional de Juristas21; 16) el señor Herman Duarte22; 17) el grupo de investigación “Doctrina Penal Feminista” (DPF) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires23; 18) la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir24; 19) la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos XUMEK25; 20) el Centro

 

 
  

13    El escrito fue firmado por Mónica Araya Esquivel, Marcela Piedra, Gerardo Bogantes, Jórge Gómez, Ileana Flores, Víctor Quirós, Gerardo Soto, Florita Rodríguez, Carlos Esquivel, Shirley Díaz, Mariano Murillo, Carmen Chan, Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas, Marulin Azofeifa, Melvin Núñez, Nidia Céspedes. El escrito realiza consideraciones respecto a cómo “la parte peticionaria ha fabricado casos como el presente con el fin de generar un movimiento de desinformación [en] la población y presionar al Estado se El Salvador para que modifique su legislación que protege la vida desde la concepción”.

14     El escrito fue firmado por Miguel Jorge Haslop y Lucas Ezequiel Bilyk. El escrito realiza consideraciones respecto a la obligación legal de denuncia y el secreto profesional.

15 El escrito fue firmado por Corina Giacomello. El escrito realiza consideraciones respecto a la problemática que enfrentan niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarcelados, así como sobre la incorporación del interés superior de la niñez y la garantía del derecho al ejercicio de la maternidad a las mujeres que así lo deseen.

16   El escrito fue firmado por Susana Chávez Alvarado, Luciana Brito, Gladys Via Huerta, Ma. Eugenia Romero, Maria Isabel Cordero, Teresa Lanza, Rebeca Ramos Duarte, María Mercedes González, Ana Labandera, Julia Carmen Espinoza Bernal, Javiera Canales Aguilera, y Sandra Castañeda Martínez. El escrito realiza consideraciones respecto a la alegada incompatibilidad de la criminalización del aborto con las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos.

17      El escrito fue firmado por Álvaro Paúl y Felipe Soza. El escrito realiza consideraciones respecto a la fórmula de la cuarta instancia y su aplicación al presente caso.

18 El escrito fue firmado por Thomas F. Geraghty, Juliet Sorensen, Alexandra Tarzikhan, Meredith Heim, Stephen Townley, y Susan Wnukowska-Mtonga. El escrito realiza consideraciones respecto a procesos penales similares al de Manuela, llevados a cabo en contra de dos mujeres salvadoreñas.

19      El escrito fue firmado por Polonia Castellano Flórez. El escrito realiza consideraciones aclarando que el presente caso se trata de un caso de un homicidio y no de un aborto, así como sobre la denuncia realizada por el personal médico y el proceso seguido en contra de Manuela.

20 El escrito fue firmado por Paola Bergallo, Andrea Carlise, Rebecca J. Cook, Joanne Csete, Laurel E. Fletcher, Caitlin Gerdts, Betsy Hartmann, Anne Hendrixson, Deena R. Hurwitz, Jocelyn Getgen Kestenbaum, Bert Lockwood, Marta Machado, Benjamin Mason Meier, Michelle Oberman, Francisca Pou-Giménez, Cesare P.R. Romano, Mindy Jane Roseman, Cynthia Soohoo, Jocelyn Virterna, y Alicia Ely Yamin. El escrito realiza consideraciones respecto a las consecuencias de la prohibición penal del aborto.

21 El escrito fue firmado por Livio Zilli. El escrito realiza consideraciones respecto al derecho a la vida privada en relación con la información sobre la propia salud.

22    El escrito fue firmado por Herman Duarte. El escrito realiza consideraciones respecto a las políticas que han sido implementadas para regular los nacimientos en El Salvador.

23       El escrito fue firmado por Maria Luisa Piqué y Julieta Di Corleto. El escrito realiza consideraciones respecto a la aplicación de la figura de la flagrancia ante un evento obstétrico.

24     El escrito fue firmado por Maria José Fontelas Rosado Nunes, Tania Carola Nava Burgoa, Lourdes Rocío Cabañas Giménez, María Teresa Bosio, Martha Flores, Lola Guerra, Paula Sánchez Mejorada, Lisette Genao Duran, Sandra Mazo Cardona, Griselda Mata, y Gladys Vía Huerta. El escrito realiza consideraciones respecto a la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, específicamente sus derechos a la vida digna, a estar libre de discriminación, a la salud, a la libertad y al debido proceso.

25 El escrito fue firmado por María de los Ángeles Vásquez, Sofía B. Langelotti, María Ailén Ferraris Michel y Lucas Lecour. El escrito realiza consideraciones respecto a la tortura y los malos tratos, así como la aplicación de la perspectiva de género en el juzgamiento de casos similares.

 

de Bioética, Persona y Familia26; 21) la Asociación Civil Centro De Vida y otras organizaciones27; 22) la señora Ana María Idárraga y otros28; 23) la Fundación Mujeres por Mujeres29; 24) el señor Philip Alston y la señora Leah Motzkin30; 25) la Fundación Sí a la Vida y otras organizaciones31; 26) Women’s Link Worldwide32; 27) la señora Kendall Ariana López Peña33; 28) Anis – Instituto de Bioética Cravinas, y Prática em Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos – Clínica Jurídica da Universidade de Brasília34; 29) la Federación Internacional para Planificación Familiar y otras organizaciones35; 30) Asociación Sueca para la Educación en la Sexualidad36; 31) congresistas del Congreso de la República de Colombia37;

 
  

26 El escrito fue firmado por María Inés Franck y Jorge Nicolás Lafferriere. El escrito realiza consideraciones respecto a la delimitación del presente caso, el aborto y la inviolabilidad del derecho a la vida.

27 El escrito fue firmado por Dorcas Elienai Antezana, Guadalupe Valdez Santos, Edwin Heredia Rojas, Ángelo Ramirez Palma, Juan Velásquez Salazar, Hadhara Brunstein, Olivia López de la Cruz, Tania López, Amalia Villarreal, Jane Caldcleugh, Luis Losada Pescador, José de Jesús Magaña, María Amalia Caballero, Segio Burga Álvarez, Carlota Julia López, Margarita Gnecco, Isis del R. Pérez, Tamoa Vivas, Norma Ivette Laviada, Gustavo Volpe, Ligia Barrascout, Jose Manuel Menegazzo, Carlos Flores, Gabriela Soberanis, Gabriela Urcuyo de Tefel, Maria Alejandra, Muchart, Carlos Emmanuel Fernández Ruiz, Carlos Uriel Amado, Santiago Guevara, Selina Maria Palmieri, Juan Ayala, Aida Lorenzo, Joaquín López, Julio Mendoza, Ligia de Dávila, Geny del Socorro Cáceres, Marcia Lara, Lorea Iturrioz, Enna Rodríguez, María Eugenia Rivera, Pilar Sánchez García, Norma Laviada, Luis Alberto Montañéz, Carim Ambulo, Maria Alejandra Acevedo, Rosario Collado, Valeria Gutiérrez, Acacia Treviño, Maite Muñoz, Patricia Cortés, Harim Nabi, Enrique Hermoso, Clara Vega, Gilberto Rocha, Luis A. Pimentel, Willíngton Zambrano, David Olivera, Debbie Moya, Luis Alfredo Gil Sánchez, María José Brum, Gerardo Grosso, Hugo Orlando Márquez, Ana Laura Benavides, Karol Méndez, José Carlos Gil Sánchez, Orlando Quintero Martínez, Blanca Esther Montero Ferrón, Maria Viviana Zaiek, Edir Hernández Moguel, Laida Álvarez, Jose Pimentel, Angélica E. Romero, Myllene Palacio de Burke, Silka Cecilia Sánchez de González, Andrea Pérez, Jose Luis Lara, Rose Santiago, Lisbeth Hernández, Carlos Herrera, Miguel Parra, Mirtha Cocinero, Miguel Ortigoza, Dannia Rios, Julieth Gómez Bernal, María Luisa Torres de Gill, Gabriela Urcuyo de Tefel, Leandro Flocco, Ana Carolina Rojas, Ricardo Pupo Nogueira Simoes, Arturo Arroyo Roa, Sonia María Crespo, Marco Antonio Díaz López, Elia Gómez, Silvia Pino, Ligia Briz, María Díaz, Ma. José Molina, María García, María Díaz, y María del Socorro Vergara. El escrito realiza consideraciones respecto del alcance de las presuntas garantías judiciales vulneradas y su relación con los derechos de las presuntas víctimas.

28        El escrito fue firmado por Juana Inés Acosta López, Ana María Indárraga, Michelle Infante, y Cristóbal Soto. El escrito realiza consideraciones respecto a la necesidad de reforzar los estándares internacionales relacionados con la protección de la mujer embarazada, así como sobre los diferentes niveles de análisis requeridos en el presente caso en relación con la tipificación, juzgamiento y sanción de ciertas conductas.

29 El escrito fue firmado por Soledad Deza. El escrito realiza consideraciones respecto al secreto profesional y la alegada vulneración a los derechos a la intimidad, confidencialidad, salud y vida.

30 El escrito fue firmado por Philip Alston y Leah Motzkin. El escrito realiza consideraciones respecto a alegada naturaleza discriminatoria de la prohibición del aborto en razón del sexo y la situación económica.

31   El escrito fue firmado por Julia Regina de Cardenal, Mario Rojas, Mercedes Pérez, Edith Martínez Guzmán, Gladys Buitrago de Amaya, y Judy Vásquez. El escrito realiza consideraciones respecto al alegado fraude procesal que se está dando por parte de los representantes en el presente caso.

32    El escrito fue firmado por Marcia Aguiluz y Valeria Pedraza. El escrito realiza consideraciones respecto al impacto que la criminalización del aborto tiene en el presente caso y sobre el secreto profesional.

33 El escrito fue firmado por Kendall Ariana López Peña. El escrito realiza consideraciones respecto a la alegada instrumentación de la gobernanza global en presente caso.

34 El escrito fue firmado por Gabriela Rondon, Amanda Nunes y Luciana Alves Rosário El escrito realiza consideraciones respecto a la penalización del aborto.

35 El escrito fue firmado por Giselle Carino, Lita Martínez Alvarado, y Consuelo Bowen. El escrito realiza consideraciones respecto a la relación entre las actuaciones de los servicios de salud y de justicia en el presente caso.

36 El escrito fue firmado por Ingela Holmertz y Wilson De los Reyes Aragón. El escrito realiza consideraciones respecto a la alegada violación al derecho a la salud en el caso de Manuela.

37 El escrito fue firmado por Milla Patricia Romero Soto, María del Rosario Guerra, Esperanza Andrade Serrano, Paola Holguín, John Milton Rodríguez, Carlos Felipe Mejía, Santiago Valencia, Jonatan Tamayo Pérez, German Alcides Blanco Álvarez, Edgar Enrique Palacio Mizrahi, Erwin Arias Betancour, Edwin Ballesteros, Margarita María Restrepo, Juan Espinal, Álvaro Hernán Prada, y José Jaime Uscátegui. El escrito realiza consideraciones respecto a la alegada campaña de desinformación de las peticionarias y la crueldad del infanticidio.

 

32) Amnistía Internacional38; 33) la Iniciativa Colectiva 1600s39; 34) Latinx Bioethics40; 35) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)41; 36) el señor Ricardo Bach de Chazal42; 37) Max Silva Abbott43; 38) Baker & McKenzie SAS y otros44; 39) el Centro de Apoyo y Protección de los derechos humanos SURKUNA45; 40) el Observatorio de Derechos Humanos y la Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid46; 41) la señora Alda Facio Montejo47; 42) la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Red DESC48; 43) la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina49; 44) la Fundación para el Debido Proceso – DPLF50; 45) la Línea de Investigación en Género, Derecho y Sociedad y el Grupo de Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia51; 46) Abogados sin fronteras Canadá52; 47) la Comisión

 

 
  

38      El escrito fue firmado por Erika Guevara Rosas, y Juan E. Méndez. El escrito realiza consideraciones respecto al principio iura novit curiae y sobre la alegada obligación de despenalizar el aborto.

39 El escrito fue firmado por Tania Sordo Ruz. El escrito realiza consideraciones respecto a los estereotipos de género.

40      El escrito fue firmado por Joanne C. Suarez, Natalia Acevedo Guerrero, Donna Castelblanco, y Katrina Muñoz. El escrito realiza consideraciones respecto a los principios bioéticos y la prestación de servicios de salud reproductiva.

41 El escrito fue firmado por Paula Litvachky, Lucía de la Vega, Vanina Escales, Macarena Fernández Hofmann, Andrés López Cabello, Diego Morales, y Erika Schmidhuber Peña. El escrito realiza consideraciones respecto a la discriminación, la garantía de confidencialidad de la atención médica y el impacto desproporcionado en mujeres y su familia por su privación de la libertad.

42     El escrito fue firmado por Ricardo Bach de Chazal. El escrito realiza consideraciones respecto a la protección del derecho a la vida en el sistema interamericano y en El Salvador, así como a la ilegitimidad de los reclamos de los representantes y de la Comisión en el presente caso.

43     El escrito fue firmado por Max Silva Abbott. El escrito realiza consideraciones respecto a la calidad de persona de todo ser humano y el derecho a la vida.

44 El escrito fue firmado por Carlos Tiffer Sotomayor y Jorge Valencia Arango. El escrito realiza consideraciones respecto a la figura de la flagrancia.

45 El escrito fue firmado por Ana Cristina Vega. El escrito realiza consideraciones respecto a los estándares internacionales de derechos humanos en relación a la vigencia del derecho al secreto profesional de las y los profesionales de salud en materia de persecución penal.

46 El escrito fue firmado por Teresa del Campo Rodríguez, Carlos Fadrique Aceves, Belén García Gómez, Yaiza Rodríguez Sánchez, Enrique Serrano Sánchez-Cendal, Alejandro de Pablo Serrano, Patricia Tapia Ballesteros, Enrique Martínez Pérez, Ángeles Solanes Corella, y Javier García Medina. El escrito realiza consideraciones respecto a la necesidad de que la Corte esclarezca el alcance del secreto profesional médico, la confidencialidad y privacidad en la asistencia sanitaria y sus implicaciones respecto del derecho a la vida privada y a la salud sexual y reproductiva.

47 El escrito fue firmado por Alda Facio Montejo. El escrito realiza consideraciones respecto a la protección de la información médica confidencial a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, así como el impacto de las leyes que penalizan el acceso a servicios de salud reproductiva en la revelación del secreto profesional médico.

48 El escrito fue firmado por Anya Victoria Delgado, Ishita Dutta, Mandivavarira Mudarikwa, Nasreen Solomons, Valentine Sébile y Fernando Ribeiro Delgado. El escrito realiza consideraciones respecto a la criminalización de las emergencias obstétricas en El Salvador y sobre la discriminación interseccional que alegadamente enfrentó Manuela y otras mujeres en situaciones similares.

49   El escrito fue firmado por Helena Sola Martín Melissa Zamora Vieyra. El escrito realiza consideraciones respecto al derecho a la integridad personal y, en particular, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desde una perspectiva de género.

50 El escrito fue firmado por Katya Salazar Luzula y Leonor Arteaga Rubio. El escrito realiza consideraciones respecto a las garantías judiciales, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

51 El escrito fue firmado por María Daniela Díaz Villamil, Jessika Mariana Barragán, Nicole Sofía Méndez, Laura Marcela Angarita Pedraza, Natalia Beltrán Orjuela, y Stephanie López Posso. El escrito realiza consideraciones respecto a la prohibición absoluta del aborto, así como las diferentes manifestaciones de estereotipos de género, especialmente en el ámbito de la prestación de servicios de salud, y del proceso penal en el presente caso.

52      El escrito fue firmado por Lucas Valderas. El escrito realiza consideraciones respecto a los múltiples factores de vulnerabilidad que confluyeron en forma interseccional en la vida de Manuela y como éstos derivaron en una

 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México53; 48) el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI)54; 49) la señora Mileidy Alvarado Arias, diputada de la República de Costa Rica55; 50) International Academy of Family Lawyers56; 51) la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara57; 52) Synergía – Iniciativas Para Los Derechos Humanos, y otras organizaciones58; 53) la Iniciativa Americana por la Justicia (IAJ) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)59; 54) el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)60; 55) la Comunidad de Derechos Humanos y otras organizaciones61; 56) la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia62; 57) la señora Shirley Díaz Mejías, diputada de la República de Costa Rica63, y 58) el Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales Protección de Derechos Humanos SELIDH de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia en asocio con el Colectivo Feminista Bolívar en Falda64.

 

 
  

forma específica de discriminación y desigualdad que resultó en la alegada denegación de garantías y protección judiciales.

53     El escrito fue firmado por Zamir Andrés Fajardo Morales. El escrito realiza consideraciones respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica.

54 El escrito fue firmado por María Paula Balam Aguilar y Andrea Guadalupe Tejero Gamboa. El escrito realiza consideraciones respecto a las obligaciones de los Estados en materia de atención en salud reproductiva para las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

55  El escrito fue firmado por Mileidy Alvarado Arias. El escrito realiza consideraciones respecto a “los fundamentos de carácter jurídico que restan validez a la demanda planteada” por los representantes, así como del “falaz manejo que la parte peticionante hizo de la información asociada al expediente judicial que motivó la presente demanda en contra de El Salvador”.

56      El escrito fue firmado por Edwin Freedman. El escrito realiza consideraciones respecto al derecho al aborto y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la legislación sobre el tema en distintas jurisdicciones.

57 El escrito fue firmado por Francisco J. Rivera Juaristi y Britton Schwartz. El escrito realiza consideraciones respecto al derecho de las mujeres, particularmente las mujeres de bajos ingresos, a recibir una atención adecuada de salud reproductiva y materna sin discriminación y su derecho a la privacidad en la relación médico-paciente.

58 El escrito fue firmado por Mirta Moragas Mereles, Lucía Berro Pizzarossa, Fernando D’elio, Alba Onofrio, Oriana López Uribe, Marisa Viana, Lola Guerra, Ishita Dutta, Umyra Ahmad y Paula Sánchez Mejorada. El escrito realiza consideraciones respecto al rol de los estereotipos de género como discriminación en el presente caso.

59 El escrito fue firmado por Federico Ariel Vaschetto y Gabriela Oporto Patroni. El escrito realiza consideraciones respecto a los derechos sexuales y reproductivos, la inviolabilidad del secreto profesional, los efectos negativos de la existencia de estereotipos de género y la calidad de la prestación de salud en emergencias obstétricas.

60    El escrito fue firmado por Natalia Gherardi. El escrito realiza consideraciones respecto a la importancia de juzgar con perspectiva de género y erradicar los estereotipos de género.

61 El escrito fue firmado por Mónica Bayá Camargo, Tania Nava Burgo, Jhonny López Gallardo, Mónica Novillo, Patricia Brañez, Teresa Alarcón, Lupe Pérez, y Rossy Michael Yucra Crespo. El escrito realiza consideraciones respecto al derecho a la vida digna, el derecho a la integridad, a salud, los derechos sexuales y reproductivos, las garantías judiciales, protección judicial y libertad personal de las mujeres.

62 El escrito fue firmado por Carlos Fuchtner. El escrito realiza consideraciones respecto a la atención médica en casos de aborto.

63 El escrito fue firmado por Shirley Díaz Mejías. El escrito realiza consideraciones respecto a “la teoría del caso expuesta por El Salvador, con énfasis en su posición respecto de los derechos y tutela a favor de los niños por nacer”.

64 El escrito fue firmado por Valentina Ortiz Aguirre, Alejandro Gómez Restrepo, Mónica López Cárdenas, Doris Astrid Portilla, Lisseth Juliana Betancur Vásquez, Lizbeth Grisales Castro, Juan Pablo León Osorio, Andrea Camila Solarte, Alejandra Zapata López, Jorge Andrés Pinzón Cabezas, Manuel Darío Cardona Quiceno, Mariajosé Mejía García, Sara Arango Restrepo, Adrián Zarate Condori, Nathalia Rodríguez Cabrera, y Sara Méndez Niebles. El escrito realiza consideraciones respecto a la necesidad de revisar el caso bajo el lente de la discriminación estructural e interseccional y bajo una mirada eminentemente feminista observando los derechos sexuales y reproductivos limitados y vulnerados en el caso y avanzando hacia la emancipación de la mujer ante el control de su cuerpo y su fertilidad.

 

  1. Alegados hechos – El 8 de abril, 13 de mayo y 23 de diciembre de 2020 los representantes remitieron información sobre alegados hechos supervinientes65.
  2. Alegatos y observaciones finales escritas. – El 12 de abril de 2021 el Estado, los representantes y la Comisión, remitieron, respectivamente, sus alegatos finales y observaciones finales escritas, junto con sus
  3. Observaciones a los anexos a los alegatos finales – El 14 de marzo de 2021 los representantes presentaron sus observaciones a los anexos remitidos por el Estado junto con sus alegatos finales escritos.
  4. Prueba e información para mejor resolver. – El 12 de marzo y el 14 de septiembre de 2021 la Presidenta de la Corte solicitó al Estado y a los representantes presentar documentación para mejor resolver. Dicha información fue remitida el 12 de abril y 27 de septiembre de 2021,
  5. Deliberación del presente – La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia a través de una sesión virtual el 12 de octubre de 202166.

 

III COMPETENCIA

 

  1. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 3 de la Convención, en razón de que El Salvador es Estado Parte de dicho instrumento desde el 23 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995. Además, el Estado depositó su instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará” el 26 de enero de 1996.

 

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES

 

  1. El Estado interpuso tres excepciones preliminares67. Una de ellas es relativa al marco fáctico del presente caso. Al no relacionarse con la competencia de la Corte ni con requisitos de admisibilidad del caso, no constituye una excepción preliminar68. Por tanto, será analizada como una Consideración Previa (infra párrs. 27 a 30). Las excepciones restantes serán analizadas en el presente orden: a) la alegada presentación extemporánea de la petición, y
  2. la alegada falta de valoración de la Comisión de avances en el cumplimiento del Informe de

 

A.          Alegada presentación extemporánea de la petición

 

 
  

65 El 8 de abril de 2020, los representantes remitieron “una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas”. El 13 de mayo de 2020 los representantes informaron sobre “actos de desprestigio, estigmatización y divulgación de la identidad de algunas de las víctimas del presente caso, así como de la información médica contenida en la historia clínica de Manuela”. El 23 de diciembre de 2020 los representantes aportaron elementos adicionales relacionados con el contexto del caso.

66    Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 145 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

67 La Corte advierte que en sus alegatos finales escritos el Estado alegó la aplicación de la fórmula de la cuarta instancia. Sin embargo, dicha solicitud es extemporánea.

68 Cfr. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, párr. 19.

 

A.1      Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado manifestó que “la sentencia condenatoria quedó firme el 26 de agosto de 2008 y surtió plenamente sus efectos hasta su muerte el 30 de abril de 2010; sin embargo, la presentación de la petición ante la Comisión […] fue realizada el 21 de marzo de 2012, casi cuatro años después de que la sentencia condenatoria quedara firme y casi dos años después de la muerte de Manuela”. El Estado resaltó que la Comisión consideró que en el presente caso la petición fue presentada en un plazo razonable, pero “no expresó una fundamentación ni un razonamiento sobre su decisión”.
  2. Los representantes alegaron que es incompatible alegar la falta de agotamiento de recursos internos ante la Comisión, y posteriormente alegar el incumplimiento del plazo de seis meses para presentar una petición, por cuanto va en detrimento del principio de estoppel. Aunado a ello, en el caso de Manuela “se presentó la petición dentro del plazo de 6 meses contemplado en el artículo 46.1.b de la [Convención], a partir de la notificación de la resolución que desestimó el recurso de revisión de sentencia condenatoria en el 2012. Adicionalmente, exigir que Manuela presentara la petición en un tiempo menor de 6 meses a partir de la sentencia penal firme, iría en contra de los intereses de la justicia, y constituiría una carga desproporcionada en detrimento de la [presunta] víctima”.
  3. La Comisión señaló que la excepción es extemporánea pues debió ser presentada en las primeras etapas del procedimiento de admisibilidad ante la Comisión. Además, la Comisión resaltó que, al aplicar el artículo 46.2 b) de la Convención Americana y determinar que la petición fue presentada en un plazo razonable, tomó en cuenta que: “1) la petición fue presentada el 21 de marzo de 2012; 2) en cuanto a los hechos consta que estos tuvieron lugar el 27 de febrero de 2008 y que la víctima fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado el 11 de agosto de 2008; 3) no existía un recurso ordinario acorde al artículo 8.2 h) que permitiera impugnar el fallo condenatorio. Además, la víctima tampoco pudo hacer uso del recurso extraordinario de casación disponible, porque su defensor no interpuso tal recurso y omitió indicarle a esta o a su familia que existía esta vía, aunque limitada, para impugnar el fallo condenatorio, y 4) la [presunta] víctima falleció el 30 de abril de 2010 tras padecer linfoma de Hodgkin en un contexto en que se alegaron una serie de faltas al derecho a la salud de la víctima mientras se encontraba privada de libertad y existía una total falta de esclarecimiento de su muerte bajo custodia del Estado”.

 

A.2      Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha señalado que las condiciones de admisibilidad de las peticiones (artículos 44 a 46 de la Convención Americana) configuran una garantía que asegura a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento69, teniendo un carácter preclusivo en los casos en que la Comisión realiza el tratamiento de la admisibilidad y el fondo por separado70. En este sentido, una excepción relativa a la alegada falta de cumplimiento del plazo de presentación de la petición debe ser presentada de forma clara durante la etapa de admisibilidad del caso71.
  2. En este caso, los alegatos del Estado respecto a la extemporaneidad de la petición no fueron presentados en el momento procesal oportuno, esto es, durante la etapa de admisibilidad del En efecto, la Corte nota que el Estado planteó por primera vez la
 
  

69      Cfr. Caso Grande Vs. Argentina. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 231, párr. 56, y Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 124.

70       Cfr. Caso Grande Vs. Argentina, supra, párr. 56, y Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 124.

71       Mutatis mutandis, Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 124.

 

alegada presentación extemporánea de la petición en una comunicación enviada el 26 de junio de 2017 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos72. Esta comunicación fue remitida luego de haberse emitido el Informe de Admisibilidad No. 29/17 de 18 de marzo de 2017. Por esa razón, la Corte considera que la excepción preliminar planteada por el Estado es improcedente.

 

B.          Alegada falta de valoración de la Comisión de avances en el cumplimiento del Informe de Fondo

 

B.1      Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado alegó que la Comisión no habría cumplido con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corte ya que se omite señalar que el Estado remitió un informe el 3 de abril de 2019, el cual “contenía información sobre acciones específicas realizadas para el impulso de las recomendaciones realizadas en el Informe de Fondo”. Por tanto, señaló que “la Comisión no habría cumplido con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Corte IDH, que establece los requisitos para la presentación de un caso”. Los representantes señalaron que “el eventual incumplimiento del artículo 35.c del Reglamento de la Corte, per se, no configura un obstáculo a la admisibilidad del caso” y que, de todas formas, “El Salvador no presentó argumento de fondo alguno sobre cómo el supuesto incumplimiento a dicha norma pudiere haber afectado su defensa”. La Comisión señaló que “la decisión de someter un caso a la Honorable Corte forma parte del ámbito de autonomía de la [Comisión] por mandato del artículo 51 de la Convención Americana y se realiza en estricto cumplimiento del artículo 35 del Reglamento de la Corte”. La Comisión, además, señaló que: i) en abril de 2019 el Estado presentó un Informe sobre cumplimiento de recomendaciones del Informe de Fondo y el 24 de abril de 2019 la Comisión le concedió una prórroga por un lapso de tres meses para avanzar en el cumplimiento del Informe de Fondo, pero a la fecha de vencimiento de dicho plazo no presentó otro informe ni una nueva solicitud de prórroga, y ii) si bien la Comisión valoró el informe que el Estado remitió en abril de 2019, el mismo “no acreditaba avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo”.

 

B.2      Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte observa que, al someter el presente caso, la Comisión señaló que no “se cuenta con información sobre avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo”. La Presidencia de la Corte consideró que, al someter el caso, la Comisión cumplió con los requerimientos estipulados en el artículo 35 del Reglamento del Tribunal y, consecuentemente, requirió a la Secretaría que notificara el sometimiento del caso. En el mismo sentido, la Corte considera que, al señalar en la carta de sometimiento que no “se cuenta con información sobre avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo”, la Comisión cumplió con lo requerido por el artículo 35.1.c del En virtud de las consideraciones anteriores, esta Corte desestima la presente excepción preliminar73.

 

 

 

 

72   El Estado argumentó que la sentencia condenatoria de Manuela quedó en firme en agosto de 2008 y surtió efecto hasta el 30 de abril de 2010 “sin embargo, la presentación de la petición ante [la] Comisión fue realizada el 21 de marzo de 2012, casi cuatro años después de que la sentencia condenatoria quedara firme y casi dos años después de la muerte de Manuela”. Informe del Estado de 26 de junio de 2017 (expediente de prueba, folio 611).

73    Cfr. Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2020. Serie C No. 409, párr. 26.

 

V CONSIDERACIÓN PREVIA

 

A.          Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado señaló que “[l]os hechos examinados por la Comisión y sobre los cuales determinó la presunta responsabilidad del Estado de El Salvador, se circunscriben al proceso penal en contra de Manuela y a su condena por el delito de homicidio agravado, a su atención en salud y al posterior fallecimiento bajo custodia del Estado”. Además, resaltó que la Comisión consideró que no profundizaría en el contexto relativo a la criminación del aborto ya que Manuela fue condenada por homicidio Alegó que, a pesar de lo anterior, los representantes incluyeron dentro del contextos hechos relativos a la “criminalización de las emergencias obstétricas en El Salvador”. El Estado indicó que estos hechos no forman parte del marco fáctico del caso74.
  2. Los representantes alegaron que la información de contexto que el Estado pretende que quede por fuera del marco fáctico corresponde a hechos que permiten explicar y aclarar los mencionados en el sometimiento del caso y en el Informe de Fondo presentados por la Comisión. Destacaron que “la propia Comisión, en su nota de remisión, indicó que el presente caso debe analizarse `en el marco del contexto conocido en El Salvador sobre criminalización del aborto´”. Además, indicaron que, en el Informe de Fondo, la Comisión: 1) “destacó que la severidad de las leyes penales en El Salvador genera que `las mujeres sean procesadas por el delito de aborto o por el delito de homicidio, en procesos en los que se violan diversas garantías y se abusa de la prisión preventiva´”, y 2) “hizo referencia a una serie de pronunciamientos sobre la forma en que no se garantizan los derechos de las mujeres cuando acuden a buscar atención médica”. Por tanto, consideraron que “la totalidad de los hechos narrados en el ESAP se circunscriben dentro del marco fáctico sometido por la Comisión a esta honorable Corte, y deben ser tomados en cuenta por la Corte en el análisis del caso”.
  3. La Comisión argumentó que dicha información “guarda relación con la sección de contexto referenciada en el Informe de Fondo, así como con los hechos de dicha decisión, y contribuye a aclararlos o explicarlos. Además de lo anterior, la Comisión estima que […] los contextos referidos pueden ser útiles para que la Honorable Corte: 1) pueda caracterizar adecuadamente los hechos y valorar la responsabilidad internacional del Estado; 2) comprender y valorar la prueba y 3) determinar las medidas de reparación”.

 

B.          Consideraciones de la Corte

 

  1. Esta Corte ha establecido que el marco fáctico del proceso ante la misma se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a consideración de la Corte, por lo que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en dicho escrito, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante (también llamados “hechos complementarios”). La excepción a este principio son los hechos que se califican como supervinientes, que podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes de la emisión de la sentencia75. En definitiva, corresponde a la Corte decidir

 

 

 

 
  

74       La Corte advierte que en sus alegatos finales escritos el Estado solicitó la exclusión de otros hechos. Sin embargo, dicha solicitud es extemporánea.

75       Cfr. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, párr. 32, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 39.

 

en cada caso acerca de la procedencia de alegatos relativos al marco fáctico en resguardo del equilibrio procesal de las partes76.

  1. En el presente caso se encuentra en controversia la inclusión de diversos hechos contextuales por parte de los En particular, el Estado solicitó que se descartaran los hechos que los representantes señalaron en relación con el apartado de la “criminalización de las emergencias obstétricas en El Salvador”, “dentro del cual se desarrolla por una parte, las emergencias obstétricas, su concepto y abordaje; la prohibición absoluta del aborto en El Salvador y la criminalización de facto de las emergencias obstétricas; las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto y de la supuesta criminalización de las emergencias obstétricas sobre el ejercicio de la profesión médica; y las barreras en el acceso a la justicia de las mujeres criminalizadas por sufrir emergencias obstétricas”.
  2. Este Tribunal advierte que, en la sección de contexto del Informe de Fondo, la Comisión indicó que “[d]ado que en el presente caso Manuela fue condenada por el delito de homicidio”, la Comisión no profundizó sobre el contexto de criminalización del aborto en El Salvador. Sin embargo, la Comisión destacó “[l]a severidad de ciertas leyes penales en El Salvador lo cual genera que en ciertos casos las mujeres sean procesadas por el delito de aborto o por el delito de homicidio, en procesos en los que se violan diversas garantías del debido proceso y que se abusa de la prisión preventiva”. Además, la Comisión incluyó los pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la penalización del aborto y sus efectos en El Salvador. Estos mencionan “los casos de mujeres que han acudido al sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido denunciadas por sospecha de haber cometido aborto”, y “el encarcelamiento de mujeres justo después de haber ido al hospital en búsqueda de atención médica, debido a que el personal de salud los denuncia por temor a ser ellos mismos penalizados”. Además, la Comisión hizo mención a que “ha expresado su preocupación por posibles violaciones al debido proceso en casos de mujeres que son procesadas y sentenciadas por delitos relacionados con a bortos, incluyendo homicidio agravado”.
  3. En consecuencia, la Corte advierte que el Informe de Fondo de la Comisión incluye como contexto del presente caso la penalización del aborto en El Salvador y el alegado efecto que esto ha traído en casos de emergencias obstétricas y de infanticidios. En la medida que los hechos incluidos por los representantes sean pertinentes para explicar y aclarar dicho contexto y su relación con el presente caso, serán tomados en cuenta por la

 

VI PRUEBA

 

A.          Admisibilidad de la prueba documental

 

  1. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, los representantes y el Estado, así como también aquellos solicitados por la Corte o su Presidencia como prueba para mejor resolver, los cuales, como en otros casos, admite en el entendido que fueron presentados en la debida oportunidad procesal (artículo 57 del Reglamento)77y su admisibilidad no fue controvertida ni
 
  

76 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 58, y Caso Valenzuela Ávila Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de octubre de 2019. Serie C No. 386, párr. 40.

77 La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda, y no es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (a saber, fuerza mayor, impedimento grave) o salvo si se tratara de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.

 

B.          Admisibilidad de las declaraciones ofrecidas

 

  1. Este Tribunal estima pertinente admitir las declaraciones rendidas ante fedatario público78y en audiencia pública79, en la medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlas y al objeto del presente
  2. El Estado solicitó a la Corte excluir de su análisis el “escrito remitido por el doctor Ortiz el 9 de abril de 2021, al haber sido remitido de manera extemporánea”. En este sentido, el Estado argumentó que esta extemporaneidad afectó “de forma desproporcionada el derecho de defensa del Estado al no otorgársele un plazo adecuado para controvertir la prueba”.
  3. Al respecto, la Corte recuerda que en la Resolución de la Presidenta requirió a las personas convocadas para rendir peritajes durante la audiencia que, de considerarlo conveniente, aportaran una versión escrita de su peritaje, a más tardar el 4 de marzo de 202180. El 9 de abril de 2021 el perito Guillermo Antonio Ortiz Avendaño remitió una versión escrita de su La Corte nota que el señor Ortiz no justificó la presentación extemporánea de la versión escrita de su peritaje, y los representantes tampoco presentaron razones para ello. En consecuencia, el Tribunal considera que la versión escrita del peritaje de Guillermo Ortiz fue presentada de forma extemporánea, por lo cual es inadmisible y solo se considerará la declaración del señor Ortiz rendida en la audiencia pública.

 

VII HECHOS

 

A.          Marco Normativo

 

  1. En 1998, en El Salvador, entró en vigencia un nuevo Código Penal en el cual se suprimieron las causales de aborto no punible81y se eliminó la calificación como homicidio
 
  

78 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por la madre de Manuela de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3789 a 3794); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el padre de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3796 a 3801); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el hijo mayor de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3803 a 3805); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el hijo menor de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3806 a 3807); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por María Teresa Rivera de 23 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3809 a 3811); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por María Marina Pérez de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3813 a 3815); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Johana Iris Rosa Gutiérrez de 22 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3817 a 3819); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Ena Vinda Munguía de 22 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3820 a 3822); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Alba Lorena Rodríguez de 24 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folios 3823 a 3825); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Teodora del Carmen Vásquez de 3 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3827 a 3829); peritaje rendido ante fedatario público (afidávit) por José Mario Nájera Ochoa de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3830 a 3857); peritaje rendido ante fedatario público (afidávit) por Verónica Undurraga de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3859 a 3891); peritaje rendido por David Ernesto Morales Cruz de 4 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3893 a 3986); peritaje rendido por Alba Evelyn Cortez de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3988 a 4008), y peritaje rendido por Oscar A. Cabrera de 6 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 4015 a 4050).

79    Cfr. Declaraciones de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño y Laura Clérico, rendidas en audiencia pública celebrada en el presente caso, y versión escrita del peritaje de Laura Clérico de 10 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 4050 a 4111).

80 Cfr. Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2020, Resolutivo 1.

81   El artículo 169 del Código Penal de 1973 establecía que “No es punible 1) El aborto culposo propio que se hubiere ocasionado la mujer o la tentativa de ésta para causar su aborto; 2°) El aborto realizado por facultativo con el propósito de salvar la vida de la madre, si para ello no hubiere otro medio y se realizare con el consentimiento de la mujer y previo dictamen médico. Si la mujer fuere menor, incapaz o estuviere imposibilitada de dar el

 

atenuado para los casos en los que una “madre matare a su hijo durante el nacimiento o dentro de las setenta y dos horas subsiguientes”82.

  1. En este sentido, el Código Penal de 1998 establece:

Artículo 128- Homicidio simple. El que matare a otro será sancionado con prisión de quince a veinte años.

Artículo 129. Homicidio agravado. Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes:

1) En ascendiente o descendiente […]

La pena será de treinta a cincuenta años de prisión […]

Artículo 133. – Aborto consentido y propio. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años

Artículo 134.- El que provocare un aborto, sin consentimiento de la mujer, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. En la misma pena incurrirá el que practicare el aborto de la mujer, habiendo logrado su consentimiento mediante violencia o engaño.

Artículo 135.- Aborto agravado. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo período.

Artículo 136.- Inducción o ayuda al aborto. Quien indujere a una mujer o le facilite los medios económicos o de otro tipo para que se practique un aborto, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Si la persona que ayuda o induce al aborto es el progenitor, la sanción se aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior.

Artículo 137.- Aborto culposo. El que culposamente provocare un aborto, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada, y la tentativa de ésta para causar su aborto no serán punibles83.

  1. Posteriormente, en el año 1999, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en la que se estableció el reconocimiento como persona humana “a todo ser humano desde el instante de la concepción”84.

 

 
  

consentimiento, será necesario el de su cónyuge, el de su representante legal o el de un pariente cercano; 3°) El realizado por facultativo, cuando se presumiere que el embarazo es consecuencia de un delito de violación o de estupro y se ejecutare con consentimiento de la mujer; y 4°) El practicado por facultativo con el consentimiento de la mujer cuando el propósito sea evitar una deformidad previsible grave en el producto de la concepción”. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Código Penal, Decreto Legislativo No. 270 de 13 de febrero de 1973, artículo 169. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/1973_decreto270codigopenal_el_salvador.pdf

82       El artículo 155 del Código Penal de 1973 establecía que “la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o dentro de las setenta y dos horas subsiguientes, en un estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable será sancionada con prisión de uno a cuatro años”. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Código Penal, Decreto Legislativo No. 270 de 13 de febrero de 1973, artículo 155. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/1973_decreto270codigopenal_el_salvador.pdf

83     Código Penal de El Salvador. Decreto Legislativo No. 1030 de 26 de abril de 1997, artículos 128, 129, 133, 135, 136, y 137. Disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/C0AB56F8- AF37-4F25-AD90-08AE401C0BA7.pdf

84       Constitución Política de la República de El Salvador, Decreto Legislativo No. 38 de 1983, reformada el 16 de febrero             de                   1999              mediante        Decreto         número             1451.         Disponible         en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B93EEAF8-C2CE-47FD-804E- 74489D7AAF1B.pdf

 

  1. Respecto al secreto profesional, el Código de Salud establece:

Artículo 37.- El secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. El interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de la familia y la respetabilidad del profesional exigen el secreto por lo cual deben mantener confidencialmente cuanto vean, oigan o descubran en el ejercicio de su profesión.

Artículo 38.- El secreto profesional se recibe bajo dos formas: a) El secreto explicito formal, textualmente confiado por el paciente al profesional; y, b) El secreto implícito que resulta de las relaciones del paciente con el profesional. El secreto profesional es inviolable; salvo el caso de que, mantenerlo, vulnere las leyes vigentes o se tenga que revelar en un peritaje o para notificar enfermedades infecto contagiosas ante las autoridades de salud85.

  1. Adicionalmente, el artículo 187 del Código Penal consagra el delito de revelación de secreto profesional en los siguientes términos: “el que revelare un secreto del que se ha impuesto en razón de su profesión u oficio, será sancionado con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de profesión u oficio de uno a dos años”86. En el mismo sentido, el Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos, establecía que:

No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica, los abogados, notarios, médicos, farmacéuticos y obstetras, según los términos del secreto profesional y los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. Si el testigo invoca erróneamente ese deber con respecto a un hecho de los comprendidos en este artículo, se procederá a interrogarlo87.

  1. No obstante, por otra parte, la legislación también establecía la obligación de denuncia de “los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan profesiones relacionadas con la salud, que conozcan […] [sobre delitos de acción pública] al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté bajo el amparo del secreto profesional”88. Asimismo, el Código Penal establecía una multa para el “funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de veinticuatro horas al funcionario […] Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas, dentro de las ocho horas siguientes al mismo, en casos en que racionalmente debieran considerarse como provenientes de un delito”89.

 

B.          Contexto fáctico

 

  1. En el presente caso, la Comisión incluyó en su Informe de Fondo información relativa a la penalización del aborto en El Salvador y el alegado efecto que esto ha traído en casos de emergencias obstétricas y de Si bien en este caso no se aplicó la normativa
 
  

85       Código de Salud de El Salvador. Decreto Legislativo No. 955 de 1988, artículo 37 y 38. Disponible en: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/ley/codigo_de_salud.pdf

86       Código Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 1030 de 1997, artículo 187. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf

87       Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 187. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

88       Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 232.2. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

89       Código Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 1030 de 1997, artículo 312. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf

 

penal relativa al aborto, este Tribunal advierte que esta información se relaciona con la alegada criminalización de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas en El Salvador90. Por tanto, y tomando en cuenta los alegatos de las partes y la Comisión, dicha relación será desarrollada en el presente acápite, y será tomada en cuenta por la Corte al analizar el caso concreto.

  1. En este sentido, este Tribunal advierte que, en el marco del sistema universal de protección de los derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante también “Comité CEDAW”) han señalado que, desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se ha criminalizado a mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas91.
  2. En muchos casos las mujeres son condenadas por homicidio agravado y no por aborto92, por lo que la pena es de entre 30 y 50 años de prisión. Sobre este punto, el Comité CEDAW ha manifestado su preocupación por “las desproporcionadas sanciones penales que se imponen […] a las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo”93.
  3. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha resaltado que en ciertos casos no se ha cumplido con el debido proceso94. Al respecto, el perito David Ernesto Morales Cruz señaló que típicamente las investigaciones se orientan a buscar la condena de las mujeres, sin examinar, por ejemplo, la posibilidad de que la muerte se debiera a una emergencia obstétrica. Además, indicó que en estos casos es habitual que la defensa pública no presente pruebas y tenga escaso contacto con las imputadas95.

 

 

 
  

90     A los efectos de la presente Sentencia, es de utilidad considerar la definición de emergencia obstétrica realizada por el perito Guillermo Ortiz, quien señaló que “las emergencias obstétricas son aquellas situaciones que presenta la mujer o el feto, que requiere[n] una atención inmediata, de lo contrario, ella o el feto, pueden tener un daño irreparable a su salud e incluso la muerte. Esto puede suceder en cualquier momento del embarazo, ya sea al principio, a mediados o a finales de la gestación”. Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

91 Cfr. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de El Salvador. CCPR/C/SLV/CO/7 de 9 de mayo de 2018, párr. 15; Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador, E/C.12/SLV/CO/3-5 de 19 de junio de 2014, párr. 22, y Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Observaciones finales respecto a los informes periódicos octavo y noveno combinados de El Salvador, CEDAW/C/SLV/CO/8-9 de 9 de marzo de 2017, párr. 38. Véase también, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo: Misión de seguimiento a El Salvador, A/HRC/17/26/Add.2 de14 de febrero de 2011, párr. 68, y Declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al final de su misión en El Salvador, de 17 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22412&LangID=S

92 Cfr. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de El Salvador. CCPR/C/SLV/CO/7 de9 de mayo de 2018, párr. 15; Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo: Misión de seguimiento a El Salvador, A/HRC/17/26/Add.2. de 14 de febrero de 2011, párr. 68, y Declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al final de su misión en El Salvador, de 17 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22412&LangID=S

93 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales respecto a los informes periódicos octavo y noveno combinados de El Salvador, CEDAW/C/SLV/CO/8-9, de 9 de marzo de 2017, párr. 38 (a).

94     Cfr. Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador, E/C.12/SLV/CO/3-5, 19 de junio de 2014, párr. 22.

95    Cfr. Peritaje rendido por David Ernesto Morales Cruz de 4 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3940, 3941 y 3942). Véase también, Viterna J. y Santos J. Análisis independiente de la Discriminación Sistemática de Género en el Proceso Judicial de El Salvador contra las 17 Mujeres Acusadas del Homicidio Agravado de sus Recién

 

  1. Es frecuente además que, en casos que posteriormente son judicializados por aborto o por homicidio agravado, la denuncia sea presentada por el personal médico o administrativo de la institución de salud donde estaba siendo atendida la mujer96. En algunos casos, el personal sanitario ha denunciado ante las autoridades por temor a ser acusados ellos mismos97. En este sentido, un estudio publicado en el American Journal of Public Health demostró que, entre 1998 y 2003, el 80% de los ginecólogos obstetras en El Salvador creían que la denuncia en casos de emergencias obstétricas era obligatoria en todos los casos98.
  2. Por último, la Corte advierte que la mayoría de las mujeres procesadas por estos hechos tienen escasos o nulos ingresos económicos99, provienen de zonas rurales o urbanas marginales100y tienen baja escolaridad101. Además, muchas fueron detenidas y esposadas mientras se encontraban recibiendo tratamiento médico102.

 

 

 

 

 
  

Nacidos            de            17            de            noviembre            de            2014,                      Disponible  en: https://scholar.harvard.edu/files/viterna/files/viterna_guardado_2014_white_paper_spanish.pdf

96 Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/7 de 9 de mayo de 2018, párr. 15; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Opinión núm. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Roge/ García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador) A/HRC/WGAD/2019/68 de 4 de marzo de 2020, párr. 101, y Feusier, O. Pasado y presente del delito de aborto en El Salvador. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA): Departamento de Investigaciones                                   Jurídicas,               2012.               pág.              57.                                   Disponible              en: http://www.uca.edu.sv/deptos/ccjj/media/archivo/95bbb4_pasadoypresentedeldelitodeabortoenelsalvador.pdf

97 Cfr. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Observaciones finales respecto a los informes periódicos octavo y noveno combinados de El Salvador, CEDAW/C/SLV/CO/8-9, párr. 38.

98     Cfr. McNaughton, H., Mitchell, E., Hernandez, E., Padilla, K., & Blandon, M. Patient Privacy and Conflicting Legal and Ethical Obligations in El Salvador: Reporting of Unlawful Abortions. American Journal of Public Health: Health Policy and Ethics. Vol 96, No. 11. 2006. Disponible en: https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2005.071720

99 Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Opinión núm. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Roge/ García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador) A/HRC/WGAD/2019/68, de 4 de marzo de 2020, párrs. 100 y 101; Declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al final de su misión en El Salvador de 17 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22412&LangID=S; peritaje rendido por David Ernesto Morales Cruz de 4 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3940). Véase también, declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por María Teresa Rivera de 23 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3809); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por María Marina Pérez de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3813); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Johana Iris Rosa Gutiérrez de 22 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3817), y declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Teodora del Carmen Vásquez de 3 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3827).

100 Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión núm. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Roge/ García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador) A/HRC/WGAD/2019/68 de 4 de marzo de 2020, párrs. 100 y 101, y peritaje rendido por David Ernesto Morales Cruz de 4 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3940). Véase también, declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por María Teresa Rivera de 23 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3809), y declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Teodora del Carmen Vásquez de 3 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3827).

101   Cfr. Peritaje rendido por David Ernesto Morales Cruz de 4 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3940). Véase también, Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por María Marina Pérez de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3813); declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Alva Lorena Rodríguez de 24 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3823), y declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Teodora del Carmen Vásquez de 3 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3827).

102 Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión núm. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Roge/ García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador), A/HRC/WGAD/2019/68 de 4 de marzo de 2020, párr. 101.

 

C.          Manuela y su núcleo familiar

 

  1. Manuela nació el 5 de agosto de 1977103. A los 20 años se casó y tuvo dos Al poco tiempo de tener su segundo hijo, su esposo partió a los Estados Unidos y no volvieron a saber de él. Manuela vivía con su madre, su padre, su hermana y sus dos hijos en el Departamento de Morazán, Municipio de Cacaopera, caserío de Las Mezas, El Salvador104. Manuela y sus padres no sabían ni leer ni escribir105.
  2. El 24 de agosto de 2006 Manuela acudió a la Unidad de Salud de Cacaopera ya que tenía dolor de cabeza, náuseas, dolor en la boca del estómago y cansancio106. Le fue diagnosticada gastritis aguda107. El 14 de mayo de 2007 Manuela acudió nuevamente por dolor de cabeza y se registró que tenía un “aparecimiento de masa a nivel retro auricular dolorosa” y se le diagnosticó adentitis cervical y le recetaron analgésicos108. En ese tiempo, Manuela desarrolló varias masas en el cuello, las cuales eran visibles y le causaban dolor, por lo que acudió a consulta en junio y agosto de 2007, y en esta fecha se diagnosticó adenitis D/C linfopatía y se le refirió al Hospital Nacional San Francisco Gotera109. No consta en el expediente información que permita determinar si la presunta víctima acudió a dicho Hospital o si recibió tratamiento en el

 

D.          El embarazo de Manuela

 

  1. En febrero de 2008, Manuela estaba embarazada, sin que se tenga información sobre cuántas semanas de gestación tenía en ese momento110.

 

 

 

 

 

 
  

103    Cfr. Hospital Nacional de San Francisco Gotera. Historia clínica perinatal de 27 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 3160).

104   Cfr. Hoja de emergencia de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 3164); Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por la madre de Manuela de 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2281), y Acta de entrevista a la hermana de Manuela del 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 1803 y 1804).

105 Cfr. Peritaje psicológico de Manuela realizado por el Instituto de Medicina Legal de 25 de abril de 2008 (expediente de prueba, folio 103); Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288), y Entrevista de la madre de Manuela realizada por los representantes el 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, minuto 2:11).

106      Cfr. Ficha de identificación del expediente clínico de 24 de agosto de 2006 (expediente de prueba, folios 1812 a 1814 y 5176), y Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 186).

107 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 186).

108 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 186), e Historia Clínica de Manuela de marzo a junio de 2007 (expediente de prueba, folios 5179 a 5181).

109 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folios 186 y 187); Historia Clínica de Manuela de 6 de junio de 2007 (expediente de prueba, folios 5180 a 5181); Declaración jurada de la madre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2281), y Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288).

110     Cfr. Acta de entrevista realizada a la madre de Manuela el 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 1822 y 1823).

 

  1. El 26 de febrero de 2008, Manuela se encontraba lavando ropa en el río junto con su hijo mayor, cuando sufrió una fuerte caída en la que se lastimó la región pélvica111, lo que le generó un dolor lumbopélvico que fue aumentando en intensidad y duración, y derivó en un sangramiento transvaginal112.
  2. De acuerdo con la madre de Manuela, el 27 de febrero de 2008 su hija estaba acostada en su cuarto porque se sentía enferma. Aproximadamente al medio día fue a ver a su hija, por lo que ella fue a su cuarto donde la encontró pálida, sangrando por la vagina, sudada, e El padre de Manuela llevó a su hija al hospital de San Francisco Gotera113.

 

E.          La atención médica de la emergencia obstétrica

 

  1. El 27 de febrero de 2008, a las 3:25 p.m., Manuela ingresó de emergencia al Hospital Nacional de San Francisco Gotera, donde fue atendida a las 4:00 m.114. En los registros del hospital consta que el diagnóstico preoperatorio fue de “parto extrahospitalario, retención de placenta y desgarro perineal”115.
  2. En la hoja de emergencia del día del ingreso de Manuela al hospital de San Francisco Gotera, se registra que la consulta se dio por aborto116. En dicho documento se indica que se transcribe una cita textual de Manuela, señalando: “no sé si cayó en el suelo o si se reventó el cordón, o si mi mamá se lo cortó. Dice mi hermana que mi mamá cortó el cordón y enterró al niño, según me dijo mi hermana el niño nació muerto”. Además, se registró que la paciente fue poco colaborativa con el interrogatorio y que se le informó que se iba a notificar a la fiscalía117.
  3. A las 7:00 m. del 27 de febrero de 2008, a Manuela se le extrajo la “placenta completa calcificada”, se le realizó un legrado y se suturó su “desgarro perineal”118.
  4. En el informe que el Hospital envió a la Fiscalía, el personal médico observó, entre otras cosas, que el útero de Manuela presentó “elevación de la presión arterial” y que había perdido cerca de “300 [centímetros cúbicos]” de sangre por lo que se recomendó una transfusión sanguínea119. El mismo concluyó que:

Se trat[ó] de una paciente con parto extrahospitalario con producto aparentemente de pretermino, aunque placenta presentaba signos de madurez, además, presentó elevación

 

 
  

111 Cfr. Hoja de emergencia del 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 16); Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288), y Declaración jurada de la madre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2281).

112      Cfr. Hoja de emergencia del 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 16).

113 Declaración jurada de la madre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2281); Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288), y Acta de entrevista realizada a la madre de Manuela el 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 1822). En sentido similar, Acta de entrevista a la hermana de Manuela del 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 1803 y 1804).

114      Cfr. Acta de entrevista a la médica tratante de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 24).

115 Hoja de evolución transanestésica del Hospital Nacional San Francisco Gotera de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 2), y hoja de ingreso y egreso (expediente de prueba, folio 17).

116      Cfr. Hoja de emergencia del 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 16).

117      Cfr. Hoja de emergencia del 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 16).

118 Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 58).

119 Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 58).

 

de la presión arterial y pérdida de sangre importante por lo que fue catalogada por preeclampsia grave post-parto más anemia secundaria a perdida sanguínea120.

  1. En el informe no se hace mención a los bultos que Manuela tenía en el

F.           El proceso penal seguido en contra de Manuela

  1. El 27 de febrero de 2008 la médica que atendió a la presunta víctima presentó una denuncia en contra de Manuela ante la Unidad de Recepción de Denuncia, Fiscalía Sub- Regional de Morazán, lo cual dio inicio al proceso penal que se describe a continuación121.
  2. El 28 de febrero de 2008 la policía interrogó a la médica respecto de su denuncia. En dicha declaración expresó las razones por las que alertó a la Fiscalía sobre la situación de Manuela:

La paciente no dio datos de concordancia con el cuadro clínico, ya que la paciente fue atendida por aborto, y al examinarla […] se observó la salida del cordón u[mb]ilical más o menos cuarenta centímetros de largo, con corte[s] limpio y desgarre perianal (…) observó la placenta de la paciente calcificada, que corresponde a los nueve meses122.

  1. Asimismo, la investigadora a cargo entrevistó a Manuela123. Ese mismo día, a las 9:00 m., también se realizó reconocimiento genital a la presunta víctima por un médico forense, el cual hizo constar lo siguiente:

El cordón umbilical […] con un corte limpio, no reventado. Por todo lo anterior la paciente ha verificado un parto extrahospitalario, si no de término muy cerca de ser de término y con signos de [preeclampsia] (enfermedad hipertensiva del embarazo)124.

  1. En la misma fecha, el Juzgado de Paz de Cacaopera autorizó el registro con prevención de allanamiento de la vivienda donde residía Manuela y su familia125. A las 11:30 a.m. se realizó la inspección ocular de la casa. En el acta que hace constar dicha diligencia se indica que se encontró al interior de una fosa séptica un cuerpo de un recién nacido126, el cual fue examinado por el médico forense, quien indicó que se trataba de:

[U]n recién nacido de término, sin cordón al parecer reventado sin ningún defecto genético aparente […] del sexo masculino, cubierto con heces y miasis (gusanos) y tiene veinticuatro horas de fallecido, aproximadamente, la causa de la muerte a determinarse en autopsia forense, por lo que el cuerpo fue trasladado a medicina legal de la ciudad de San Miguel127.

 

 

 

 
  

120 Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 59).

121      Nota dirigida a la fiscalía de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 22).

122      Acta de entrevista de la médica tratante de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 24 y 25).

123      Acta de entrevista de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 51 y 52). Véase también.

Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288).

124    Acta de Reconocimiento Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 37).

125  Cfr. Solicitud de orden de registro con prevención de allanamiento de fecha 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 27), y Resolución del Juzgado de Paz de Cacaopera de fecha 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 29).

126      Los representantes alegaron que no se cuenta con suficiente evidencia para concluir que feto nació vivo. No le corresponde a la Corte determinar dicha posibilidad. Para facilitar la lectura de la Sentencia, este Tribunal utilizará el término recién nacido, sin que lo anterior implique una determinación sobre si el feto nació vivo o no.

127      Acta de inspección ocular de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 33).

 

  1. A las 5:00 m., el Instituto de Medicina Legal realizó una autopsia al cadáver en la que hizo constar que el recién nacido tenía entre 30 y 32 horas de fallecido aproximadamente128.
  2. También consta en el expediente una denuncia del padre de Manuela, en la que indicó que “siente vergüenza porque el esposo de [su hija] está […] en Estados Unidos, pero […] su hija le comentó que salió embarazada de otro hombre” y que “lo siente por su hija pero eso nunca lo [h]ubiera hecho des[hacerse] del niño”129. Dicha denuncia tiene impresa una huella dactilar, ya que el padre de la presunta víctima no sabe leer ni
  3. Posteriormente, el padre señaló que los policías lo “presionaron y obligaron a firmar un papel” y lo “amenazaron para que pusiera su huella”130. No consta en el expediente ninguna denuncia o indagación respecto de la autenticidad de la denuncia del

G.          La detención de la presunta víctima y posteriores diligencias de investigación

  1. La presunta víctima fue detenida el 28 de febrero de 2008 mientras se encontraba recibiendo asistencia médica en la Sala de Maternidad del Hospital Nacional de San Francisco En el acta de aprehensión se indica que Manuela fue detenida en flagrancia “por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido, hecho ocurrido el día veintisiete de los corrientes a las doce con treinta horas en el servicio de fosa de su vivienda”131. En dicha acta se indica que Manuela se negó a firmarla132. De acuerdo a lo declarado por su padre, Manuela fue esposada a la camilla donde se encontraba133.
  2. El mismo día se designó un defensor público a la presunta víctima. El acta policial de asignación de defensor dispone que “en caso de que el detenido no pueda firmar dejará impresas sus huellas”. Sin embargo, dicho documento carece de la firma e impresión de huellas de Manuela134.
  3. El 29 de febrero de 2008 el jefe de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía de Morazán solicitó al director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera una copia de la ficha clínica de Manuela, y le indicó que “dentro de las investigaciones realizadas hasta el momento se ha logrado determinar […] que efectivamente […] ha cometido delito, y quien como consecuencia a la fecha se encuentra detenida”135.

 

 
  

128 La autopsia además señala que “[s]e observó arrancamiento del cordón umbilical a nivel de su base, y se extrajo heces de la nariz y boca. El cadáver se encontraba en estado de putrefacción acelerado por las materias fecales, el calor de la fosa y la humedad. Internamente se encontró heces que obstruían la vía aérea superior, la docimasia óptica mostró total expansión de ambos pulmones en la cavidad torácica, la docimasia hidrostática fue positiva para aire. Lo que demuestra que el niño nació vivo y respiró. Siendo la causa de su muerte asfixia mecánica por obstrucción de la vía aérea superior con heces y hemorragia severa del ombligo”. Autopsia de fecha 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 39).

129      Acta de denuncia del padre de Manuela de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 44 y 45).

130 Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3797). Véase también, entrevista de la madre de Manuela realizada por los representantes el 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, carpeta de material audiovisual, minuto 6:05 a 6:22), y peritaje de afectación psicológica a familiares de Manuela de 17 de julio de 2012 (expediente de prueba, folio 1559).

131      Cfr. Acta de aprehensión de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 47).

132      Cfr. Acta de aprehensión de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 47).

133 Cfr. Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288), y declaración jurada del padre de Manuela rendida el 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3797).

134      Cfr. Acta policial de asignación de defensor de 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 49).

135 Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía de Morazán. Solicitud de colaboración de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 55).

 

  1. Con posterioridad, el director del referido Hospital envió una transcripción de la historia clínica de Manuela del día en que fue atendida de emergencia, en la que consta además una sección de antecedentes personales relativos a su vida sexual y reproductiva136.
  2. El 29 de febrero de 2008 la Fiscalía General de la República presentó un requerimiento solicitando la instrucción formal con detención provisional contra Manuela, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de recién nacido137. Indicó que la detención era necesaria “para garantizar que el presente caso no quede en la impunidad, y que no se frustre la secuela normal del proceso, ya que con los elementos de convicción existentes se presumen también que dicha imputada puede evadir la acción de la justicia mediante fuga y debe recordarse también de que el [del Código Procesal Penal], es bien claro de que este tipo de delito no debe darse otra medida diferente a la detención provisional”138.
  3. El 2 de marzo de 2008, a las 11:30 a.m., el Juzgado de Paz de Cacaopera decretó la detención de Manuela “por el término legal de inquirir” y convocó a la Audiencia Inicial para el día siguiente a las 11:00 m.139. Esa misma tarde, se le notificó a Manuela del requerimiento140.
  4. El 3 de marzo de 2008 se realizó la primera audiencia del proceso penal ante el Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacopera, departamento de Morazán. La presunta víctima no se encontraba presente por “no haber sido trasladada [al] Juzgado por Agentes de la Sección de Traslado de Reos de la Zona Oriental de San Miguel, por falta de personal”141. En la audiencia, la Fiscalía ratificó su requerimiento de que se ordenara instrucción formal con detención provisional de la presunta víctima. El defensor de Manuela indicó no estar de acuerdo con dicha solicitud, ya que Manuela no sabía el tiempo que tenía de embarazo, y “todavía no se [contaba] con el resultado de la autopsia practicada al recién nacido, y no se [sabía] si nació vivo o muerto, ya que [Manuela] aleg[ó] que ella sintió necesidad de defecar y fue al servicio y quizás ahí fue que tuvo al niño, o sea que puede entrar en la posibilidad que fue un aborto y no un homicidio”142. El abogado indicó que “se puede establecer que se dio la existencia del delito […] pero existe duda en cuanto a la participación delincuencial”, por lo que solicitó que se ordenara la instrucción formal sin detención provisional143.
  5. El Juzgado consideró que existían “elementos de juicio suficientes para poder ordenar la instrucción formal con detención provisional, ya que […] se ha[bía] establecido la existencia

 

 

 

136      Cfr. Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 57 a 59).

137      Cfr. Fiscalía General de la República. Requerimiento de instrucción formal con detención provisional de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 67).

138      Cfr. Fiscalía General de la República. Requerimiento de instrucción formal con detención provisional de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 66).

139      Cfr. Resolución del Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán de 2 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 69).

140      Cfr. Acta Previa a la Declaración de Imputado Detenido de 2 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 1835).

141      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 72).

142      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 74).

143      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 75).

 

del delito, así como la probable participación en el mismo de la imputada”144. El Juzgado indicó que:

[…] es procedente la detención provisional en contra de [Manuela] con el propósito de asegurar la investigación de la verdad real de los hechos, […] sumado a ello se presume que la imputada en referencia procurará evadir la pena a imponer por el delito cometido, quien puede obstaculizar los actos concretos de la investigación suprimiendo ocultando e incluso amenazando a los testigos; además el mencionado delito cometido por la imputada antes relacionada en perjuicio de su menor hijo recién nacido, ha causado la alarma social dentro de la comunidad del Caserío Las Mesas […], las cuales reprochan esa conducta inadecuada ejecutada por [la presunta víctima]145.

  1. El Juzgado además señaló que de “las pruebas recabadas hasta la fecha se tiene la certeza que el niño muerto recién nacido era hijo de la imputada […] por lo que se establece la intencionalidad de dicha imputada en ocultar y destruir el producto de la concepción, ya que pudo ocultar el embarazo muy bien, sin que sus familiares se dieran cuenta”146. Además, se indicó que la detención continuaría en la sala de maternidad donde se encontraba recibiendo asistencia médica147.
  2. El 6 de marzo de 2008 el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera dictó el auto formal de instrucción formal contra Manuela por el delito de homicidio agravado, convocó a audiencia preliminar, y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva148. El mismo día, Manuela fue dada de alta, y llevada a las bartolinas de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Morazán donde permaneció recluida hasta su traslado al Centro Penal de la Ciudad de San Miguel149.
  3. El 11 de abril de 2008 se expidió acta de defunción del recién nacido en la cual se hizo constar que falleció por “asfixia por obturación de vías respiratorias” el 28 de febrero de 2018 a las 14:00 horas en el Cantón Estancia Caserío Las Mesas y que “vivió por dos días”150.
  4. El 25 de abril de 2008 el Instituto de Medicina Legal realizó un peritaje psicológico sobre el estado de salud mental de Manuela a solicitud de la Fiscalía, el cual concluyó que la presunta víctima no evidenciaba síntomas “de trastorno mental u otra incapacidad física o psíquica que le impid[iera] comprender entre el carácter lícito de sus actos”151.
  5. El 5 de junio de 2008 se realizó una audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva de la presunta víctima ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, en la que Manuela fue representada por otra defensora en

 

144      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 75).

145      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 81).

146      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 82).

147      Cfr. Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Acta de audiencia inicial de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 83).

148      Cfr. Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. Auto de 6 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 1868).

149      Cfr. Policía Nacional Civil, Delegación de Morazán. Oficio Dirigido al Juez Segundo de Primera instancia de 7 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 1870).

150      Alcaldía Municipal de Cacaopera. Boleto de defunción de 11 de abril de 2008 (expediente de prueba, folio 1000).

151      Cfr. Instituto de Medicina Legal. Protocolo de peritaje psicológico de Manuela realizado por el de 25 de abril de 2008 (expediente de prueba, folio 105).

 

sustitución del defensor asignado152. En esta oportunidad, el juzgado consideró que subsistían las circunstancias que originaron la adopción de la medida cautelar, y por lo tanto, resolvió que continuara la prisión preventiva153.

 

H.          El juicio de Manuela

 

  1. El 7 de julio de 2008 a las 9:00 a.m. se realizó la audiencia preliminar154. Treinta minutos antes del inicio, el defensor de Manuela solicitó ser sustituido, ya que tenía otra audiencia en otro tribunal155.
  2. En dicha audiencia, el Juzgado Segundo de San Francisco Gotera decretó auto de apertura a juicio y ratificó la prisión preventiva de la presunta víctima, indicando que:

por la gravedad de la pena que enfrentaría al ser declarada culpable en el juicio, podría motivarle al otorgarle la libertad, darse a la fuga u obstaculizar actos de prueba.- A juicio del suscrito en este caso, la privación de libertad es la única medida cautelar capaz, necesaria y suficiente para garantizar la presencia [de la indiciada] en el Juicio y sus resultados, y así lograr los fines del proceso penal156.

  1. El Juzgado señaló que se pudo “determinar que la imputada en mención se deshizo de su menor hijo lanzándolo a la fosa séptica”157, por lo que es posible “arribar a la probabilidad positiva de que la imputada es autora del delito de Homicidio Agravado en su hijo recién nacido […]”158.
  2. El 31 de julio de 2008 se incorporó al expediente un peritaje psiquiátrico realizado a la presunta víctima, en el que relata los hechos de la siguiente manera:

[E]n mi embarazo me caí y el niño se me vino, yo lo esperaba para [a]bril, y lo malo que hice fue que me fui al baño y cayó en la fosa, de allí me levantaron grave, me llevaron al hospital y de allí no me acuerdo ya, no me acuerdo cómo hicieron allí mi familia. A finales de febrero fue pasó eso, como el veintisiete, dicen que yo he sido culpable pero Dios sabe que no es así159.

  1. El 31 de julio de 2008 se realizó la vista pública del proceso instruido contra Manuela160. Durante dicha diligencia el médico que realizó la autopsia del recién nacido ratificó su informe

 

152 Cfr. Aceptación de representación legal por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 5 de junio de 2008 (expediente de prueba, folio 107), y Acta de audiencia de revisión de medida cautelar de 5 de junio de 2008 (expediente de prueba, folio 109).

153     Cfr. Acta de audiencia de revisión de medida cautelar de 5 de junio de 2008 (expediente de prueba, folio 110).

154    Cfr. Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Acta de audiencia de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 132).

155   Cfr. Solicitud remitida por el defensor de Manuela al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera de 7 de julio de 2008 solicitando la sustitución del Defensor Público de Manuela (expediente de prueba, folio 1939) y Oficio emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera de las 08:30 del 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 1940).

156    Cfr. Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Resolución de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folios 140 y 141).

157    Cfr. Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Resolución de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 137).

158    Cfr. Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Resolución de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folios 137 y 138).

159      Instituto de Medicina Legal, peritaje psiquiátrico de 23 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 143).

160     Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Sentencia de 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 148).

 

y amplió el mismo indicando que según las pruebas de docimasia óptica y docimasia hidrostática “el niño pudo haber vivido aproximadamente de diez a quince minutos ya que era un niño de término”161. Además, señaló que “no se puede hablar de aborto porque médicamente el aborto es todo parto que no es mayor de veinte semanas, es decir de cinco meses hacia abajo se considera aborto y este caso es un embarazo de término de nueve meses completos”162.

  1. A pesar de haberse ofrecido el testimonio de la madre de Manuela, en la vista pública no declaró, ya que en dicha oportunidad el defensor de Manuela solicitó prescindir del mismo, a pedido de Manuela163. El defensor solicitó su absolución considerando que, pese a que “se había demostrado la existencia del delito”, no había claridad sobre las circunstancias del mismo164.

 

I.           Sentencia condenatoria

 

  1. El 11 de agosto de 2008 el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera condenó a la presunta víctima a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado165. El Tribunal consideró que: 1) el recién nacido vivió de diez a quince minutos y murió por asfixia mecánica por obstrucción de la vía aérea superior, por las “heces en las que fue arrojado”; 2) el recién nacido “tuvo vida independiente y existencia legal”; 3) “ha existido en el hecho la relación causal justamente por la inmediata sucesión temporal que existió entre la acción de desprenderse del recién nacido para privarlo de su vida y el resultado obtenido como fue la muerte misma”; 4) el ahora fallecido era hijo de Manuela, y 5) “la imputada al dar varias versiones inconsistentes e inverosímiles a la luz de la lógica y la medicina, ha creado en la mente del juzgador las posibles motivaciones que aquella tuvo para tratar de ocultar el hecho que había cometido, primero, sabía de su embarazo y que este era producto de una infidelidad, pues era casada; por lo que teniendo capacidad de elección entre tenerlo, cuidarlo, alimentarlo y vivir por él como naturalmente lo haría cualquier madre biológica, optó por un comportamiento contrario a la naturaleza misma y a las exigencias del ordenamiento jurídico al que estamos sometidos, y así esperó dar a luz al bebé para luego deshacerse de él arrojándolo ella misma a la fosa séptica”. El Tribunal, además, señaló que:

Por otra parte al retomar las diferentes versiones que rindió la imputada a las diferentes personas que la entrevistaron, como por ejemplo, “que ella haya ignorado todo y que de los dolores o por la disentería se le haya venido el niño y que se hubiese desmayado, o en el peor de los casos, que en tal situación de inconciencia fue otra persona la que le hubiere arrojado al niño a la fosa séptica”; las mismas resultan inconcebibles y no caben como probables dentro de las reglas del correcto entendimiento humano, pues el instinto maternal, es el de protección a su hijo, y toda complicación en el parto por lo general lleva a la búsqueda de ayuda médica inmediata y al menos auxiliarse de los parientes más

161     Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Sentencia de 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 150).

162     Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Sentencia de 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folios 150 y 151).

163  Cfr. Acta de audiencia preliminar del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 133); Acta de vista pública del Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán de 31 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 5371); Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folios 146 a 168), y Declaración jurada de la madre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2283).

164      Cfr. Acta de vista pública del Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán de 31 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 5371).

165 Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 168).

 

cercanos para recibir atención, no para privar de la vida a un recién nacido, pero en el presente caso la imputada en su afán de querer desprenderse del producto del embarazo, luego del parto, pues era producto de una infidelidad, y ante la irresponsabilidad paterna advertida de parte del padre biológico, es que con todo conocimiento al verlo vivo, buscó de forma consciente el medio y el lugar idóneo para hacerlo desaparecer, quitándole así a su hijo, […] esa oportunidad de vivir […] y en este caso resulta más reprochable que tal conducta provenga de una madre hacia su propio hijo166.

  1. En la determinación de la pena, el Tribunal señaló que “no existe motivo legal alguno, que justifique a una madre darle muerte a un hijo y menos a un recién nacido, que se encuentra indefenso, quedando evidenciado en el proceso que el único motivo que tenía la imputada era evitar la crítica pública o el rechazo de su esposo por la infidelidad cometida”167, y que “[r]esulta evidente que la procesada es de bajísimo nivel cultural, desarrollada en el campo, dentro de un lugar con patrones tradicionales, sin embargo tal situación no justifica semejante conducta criminal de la imputada, pero si se toman en cuenta dichos factores para la imposición de la pena mínima que establece el delito acreditado”168.
  2. La sentencia quedó en firme el 26 de agosto de 2008, ya que no se presentó ningún recurso en su contra169.

 

J.           Situación de salud de la presunta víctima mientras estuvo privada de libertad

 

  1. Durante la mayor parte del tiempo que Manuela pasó en prisión estuvo recluida en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel170.
  2. El 6 de febrero de 2009 Manuela fue referida al Hospital Nacional Rosales. En dicho establecimiento de salud, se documentó que Manuela tenía “historia de un año de aparecimiento de masa en hemicuello izquierdo y que en los últimos tres meses ha perdido aproximadamente 30 libras de peso, padecido de fiebre alta e ictericia”171. El 12 de febrero,

 

 

 

 

 

 

 

166 Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folios 160, 164 y 165).

167 Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 166).

168 Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 167).

169      Cfr. Notificación de la sentencia condenatoria en firme al Director del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel de 26 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 170).

170    De acuerdo con la información que obra en el expediente, Manuela estuvo en este centro penitenciario desde el 28 de febrero de 2008 hasta su traslado el 10 de septiembre de 2009 al Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango. Cfr. Comparación de fechas de atenciones médicas del libro de novedades con el Expediente Clínico del Hospital Rosales (expediente de prueba, folio 3786); Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán. Resolución de 2 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 69); oficio del Juez de Sentencia de San Francisco Gotera, de Departamento Morazán dirigido al Director del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas San Miguel de 26 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 170), y oficio del Director del Centro Penal de San Miguel de 9 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folio 3313).

171 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 190).

 

le diagnosticaron linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular172. Le recetaron tratamiento de quimioterapia, el cual fue brindado en los meses siguientes173.

  1. El 10 de septiembre de 2009 Manuela fue trasladada al Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango para facilitar su tratamiento174. El 10 de enero de 2010 la presunta víctima fue ingresada al Pabellón de Reos del Hospital Nacional Rosales, donde falleció el 30 de abril de 2010175.

 

K.          Recursos judiciales posteriores

 

  1. En el año 2011, los representantes: (i) solicitaron que se investigara que Manuela nunca aceptó su representación del defensor público que le fue asignado176; (ii) solicitaron el expediente de Manuela en el Hospital en que falleció, el cual les fue negado177; (iii) presentaron un recurso de queja en contra del Centro de Readaptación de Mujeres de la Ciudad de Ilopango por la falta de traslado de Manuela a las sesiones de quimioterapia en los meses de abril y noviembre de 2009178, el cual fue declarado inadmisible179, y (iv) presentaron un recurso de revisión contra la sentencia condenatoria de Manuela180.
  2. El 22 de enero de 2012 el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera declaró inadmisible el recurso de revisión, señalando que la prueba utilizada por el tribunal de sentencia ha “generado en nuestras mentes de forma racional y legítima el convencimiento del delito acusado, y la vinculación directa de la procesada en la comisión del mismo”181.

 

VIII FONDO

 

  1. En el presente caso no existe controversia sobre que Manuela estaba embarazada, dio a luz y sufrió de preeclampsia, una complicación del embarazo, la cual, al constituir un riesgo grave para la salud, debe ser caracterizada como una emergencia obstétrica.

 

172 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 191).

173    Véase, por ejemplo, Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 191); Hospital Nacional Rosales. Hoja de Protocolo de Quimioterapia número 283009 (expediente de prueba, folios 2553 y 2554).

174    Cfr. Oficio del Director del Centro Penal de San Miguel de 9 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folio 3313), y declaración jurada de María Marina Pérez Martínez rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2295).

175 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 191).

176 Cfr. Solicitud de investigación presentada ante la Fiscalía General de República el 27 de octubre de 2011 (expediente de prueba, folios 2143 y 2144); Solicitud de investigación presentada ante la Procuraduría General de República el 27 de octubre de 2011 (expediente de prueba, folios 2145 y 2146).

177 Cfr. Solicitud presentada ante el Hospital Nacional de Rosales el 17 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, folio 2140), y Oficio del Hospital Nacional de Rosales de 17 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, folio 2141).

178     Cfr. Queja Judicial en contra del Centro de Readaptación para Mujeres de la Ciudad de Ilopango (expediente de prueba, folio 196).

179     El Juzgado señaló que la acción para ventilar la queja judicial prescribe a los 15 días hábiles, desde la fecha en que hubiera ocurrido el hecho. Cfr. Resolución de 11 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, folio 200).

180      Cfr. Recurso de revisión presentado el 20 de diciembre de 2011 (expediente de prueba, folio 2148).

181 Cfr. Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera. Sentencia de 22 de enero de 2012 (expediente de prueba, folios 2154 2156).

 

  1. Lo que está en discusión es la alegada responsabilidad estatal por la detención, juzgamiento y condena de la presunta víctima por homicidio agravado tras una emergencia obstétrica sufrida por esta, al igual que el tratamiento médico recibido por la presunta víctima, y la alegada violación del secreto profesional por parte del personal médico que la atendió. Tomando en cuenta que el presente caso no se refiere a la ocurrencia de un aborto voluntario, el contexto establecido supra solo será tomado en cuenta en la medida que se relacione con el objeto de la
  2. De acuerdo a los alegatos de las partes y la Comisión, en el presente caso la Corte analizará: (1) los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia, en relación con las obligaciones de respeto y de adoptar disposiciones de derecho interno; (2) los derechos a las garantías judiciales, integridad personal y a la igualdad ante la ley, en relación con el deber de respetar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno; (3) los derechos a la vida, integridad personal, salud, vida privada, y a la igualdad ante laley, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno y (4) el derecho a la integridad personal de los familiares, en relación con las obligaciones de

 

VIII-1

DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL182 Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA183 EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO184 Y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO185

 

A.          Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión alegó que la detención inicial de la presunta víctima fue ilegal, pues no se encuadró dentro de la figura de la detención en flagrancia. Además, consideró que la detención preventiva de Manuela “desde su inicio fue arbitraria y desconoció el principio de presunción de inocencia” ya que las resoluciones judiciales que la impusieron presumieron que, dada la gravedad del delito, la presunta víctima podría obstaculizar el proceso. Destacó que “el Código Procesal Penal de El Salvador establecía expresamente en su artículo 294 que no procedía la sustitución de la detención provisional por otra medida cautelar en el delito de homicidio agravado”. Asimismo, resaltó que la presunta víctima no contó con un recurso judicial efectivo para impugnar la “falta de convencionalidad” de la prisión
  2. Los representantes alegaron que “la detención de Manuela fue ilegal y arbitraria por cuanto: (a) fue detenida en aplicación de un supuesto de flagrancia que es contrario al objeto y fin del tratado; (b) no se le informó sobre las razones de su detención y cargo(s) formulado(s) en su contra; (c) se dictó prisión preventiva en su contra con base en una presunción de culpabilidad tasada legalmente; (d) su proceso penal fue llevado a cabo en contravención a las garantías judiciales y a la protección judicial, y (e) las normas aplicadas eran contrarias al principio de legalidad penal”. Resaltaron que la prisión preventiva dictada en contra de la presunta víctima fue con base en una presunción de culpabilidad tasada legalmente, y alegaron además que la presunta víctima no contó con un recurso para impugnar la imposición de la prisión preventiva.
  3. El Estado señaló que la detención inicial fue acorde al Código Procesal Penal. Sobre la arbitrariedad de la prisión preventiva, El Salvador argumentó que los jueces intervinientes en

182      Artículo 7 de la Convención.

183      Artículo 8.2 de la Convención.

184      Artículo 1.1 de la Convención.

185      Artículo 2 de la Convención.

 

la causa “tuvieron por establecidos en primer lugar la existencia del delito de homicidio y[,] en segundo lugar, contaron con elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la ‘probabilidad positiva de la participación de la imputada’ en el mismo, sin que hasta ese momento se hubiese desvirtuado la presunción de inocencia a su favor”.

 

B.          Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha sostenido que el contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado186. Este artículo tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (artículo 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (artículo 6) y a no ser detenido por deudas (artículo 7.7). Cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma187.
  2. En el presente caso se han alegado una serie de violaciones a la libertad personal. La Corte solo cuenta con elementos suficientes para analizar los alegatos relativos a la prisión preventiva de la presunta víctima.
  3. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional188. Para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii) la medida restrictiva de la libertad cumpla con los cuatro elementos del “test de proporcionalidad”, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana)189, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional190, y iii) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas191.

 

 

186   Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 84, y Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2020. Serie C No. 410, párr. 76.

187 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 54, y Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina, supra, párr. 76.

188     Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2021. Serie C No. 430, párr. 83.

189   Cfr. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 89, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 87.

190 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 87.

191    Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 128, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 87.

 

  1. En lo que refiere al primer elemento del test de proporcionalidad, esto es, la finalidad de la medida restrictiva de la libertad, el Tribunal ha indicado que una medida de esta naturaleza solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia192. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto193. La exigencia de dichos fines, encuentra fundamento en los artículos 3, 7.5 y 8.2 de la Convención.
  2. Adicionalmente, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será La decisión judicial debe fundamentar y acreditar – de manera clara y motivada- la existencia de indicios suficientes que prueben la conducta delictiva de la persona194. Ello resguarda la presunción de inocencia195. Además, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva196.
  3. Al momento de los hechos, el Código Procesal Penal de El Salvador disponía que:

Artículo 292.- Para decretar la detención provisional del imputado, deberán concurrir los requisitos siguientes: 1) Que se haya comprobado la existencia de un hecho tipificado como delito; y que existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe; y, 2) Que el delito tenga señalado pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años, o bien que, aún cuando la pena sea inferior, considere el juez necesaria la detención provisional, atendidas las circunstancias del hecho, la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia con la que se cometan hechos análogos, o si el imputado se hallare gozando de otra medida cautelar.

[…]

Artículo 294.- No obstante, lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y aunque el delito tuviere señalada pena superior a la indicada en el número dos del artículo 292 de este Código, cuando el imputado no esté sometido a otras medidas cautelares y se pueda creer razonablemente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia, y, además, el delito no haya producido alarma, podrá sustituirse la detención provisional por otra medida cautelar.

No procederá la sustitución por otra medida cautelar, en los delitos siguientes: homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, desordenes públicos agravados, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, delitos contemplados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y los delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos197.

192     Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 88.

193 Cfr. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 357, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 88.

194 Cfr. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 143, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 91.

195   Cfr. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 144, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 91.

196 Cfr. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 91.

197 Cfr. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículos 292 y 294. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf La Corte advierte que el Código Procesal Penal

 

  1. La Corte advierte que, de acuerdo a la legislación, era suficiente para dictar la detención provisional que el juzgador identifique que “existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe” de un delito, y que la pena de prisión aplicable a dicho delito sea mayor a tres años o que, incluso siendo inferior, considere el juez necesaria la detención provisional, entre otras razones, por “la alarma social que su comisión haya producido”. En efecto, no era exigible al juzgador analizar ni justificar si se cumplían o no los fines procesales de la detención durante el proceso, su idoneidad, necesidad y proporcionalidad de acuerdo a las obligaciones derivadas de la Convención Americana (supra párr. 100). Por el contrario, la legislación presumía que la detención preventiva era necesaria, y solo era posible no ordenarla cuando: “se pueda creer razonablemente que [el imputado] no tratará de sustraerse a la acción de la justicia, y, además, el delito no haya producido alarma social”.
  2. Además, el artículo 294 del Código Procesal Penal de El Salvador vedaba la sustitución de la prisión preventiva cuando el proceso se seguía por algunos delitos, incluyendo el homicidio simple y el homicidio agravado. Esta determinación de privación preventiva de la libertad en forma automática a partir del tipo de delito perseguido penalmente, resulta contraria a las pautas referidas (supra párrs. 99 a 101), que mandan a acreditar, en cada caso concreto, que la detención sea estrictamente necesaria y tenga como fin asegurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia198.
  3. En aplicación de dicha legislación, el 3 de marzo de 2008 se ordenó la detención provisional de Manuela al considerar que “se ha establecido la existencia del delito, así como la probable participación en el mismo de la imputada” y tomando en cuenta la naturaleza del hecho La decisión además indica que:

[S]e presume que la imputada en referencia procurará evadir la pena a imponer por el delito cometido, quien puede obstaculizar los actos concretos de la investigación suprimiendo ocultando e incluso amenazando a los testigos; además el mencionado delito cometido por la imputada antes relacionada en perjuicio de su menor hijo recién nacido, ha causado la alarma social dentro de la comunidad del Caserío Las Mesas […], las cuales reprochan esa conducta inadecuada ejecutada por [la presunta víctima]199.

 

se reformó en 2009. Sin embargo, el texto de estos artículos permaneció igual, salvo en lo relacionado con la referencia que hacía el artículo 292 antes vigente a la alarma social. Actualmente el artículo 329 del Código establece que: “Para decretar la detención provisional del imputado, deberán concurrir los requisitos siguientes: 1) Que existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia de un delito y la probabilidad de participación del imputado; 2) Que el delito tenga señalado pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años, o bien que, aún cuando la pena sea inferior, el juez considere necesaria la detención provisional, atendidas las circunstancias del hecho, o si el imputado se hallare gozando de otra medida cautelar”. El artículo 331 dispone que “No obstante, lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y aunque el delito tuviere señalada pena superior a tres años, cuando el imputado no esté sometido a otras medidas cautelares y se pueda creer razonablemente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia, podrá decretarse una medida cautelar alterna. No procederá aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional, en los delitos siguientes: homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, desórdenes públicos, delitos contemplados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 733 de 2009, artículos 329 y 331. Disponible                                                                                                                                   en

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072931433_archivo_documento_leg islativo.pdf

198 Cfr. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 149, y Caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de febrero de 2020. Serie C No. 399, párr. 78.

199   Cfr. Acta de primera audiencia del proceso penal contra Manuela de 3 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folios 75 y 81).

 

  1. Si bien la decisión menciona la posibilidad de que Manuela obstaculice el proceso, estos señalamientos no se encuentran fundamentados en circunstancias objetivas y ciertas respecto de su caso La Corte recuerda que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto200. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que se fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención201. Asimismo, la mención a la alarma social que habría causado la ocurrencia del presunto delito, es contraria a la lógica cautelar ya que no se refiere a las condiciones particulares de la persona imputada, sino a valoraciones subjetivas y de índole político, las cuales no deberían ser parte de la fundamentación de una orden de prisión preventiva. En este sentido, al no haberse motivado la decisión de la prisión preventiva en circunstancias objetivas que acreditaran el peligro procesal en el presente caso, esta fue contraria a la Convención Americana.
  2. Este Tribunal advierte, además, que la detención provisional de Manuela fue revisada el 5 de junio de 2008202. Sin embargo, la propia legislación en casos de homicidio agravado impedía la sustitución de la medida. Además, al examinar la pertinencia de la medida, el Juzgado simplemente consideró que subsistían las circunstancias que originaron la adopción de la medida cautelar, por lo que remitió su motivación a la que se encuentra en la decisión de 3 de marzo de 2008203. Al respecto, la Corte recuerda que la prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. Al examinar la pertinencia del mantenimiento de la misma, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad204, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia205. En seguimiento de lo anterior, la falta de análisis sobre la necesidad de mantener la prisión preventiva constituyó una violación de la Convención
  3. Por otro lado, el artículo 2 de la Convención señala el deber que tiene los Estados Parte en la Convención de adecuar su legislación interna a las obligaciones derivadas de la Convención. En este sentido, la Corte ha señalado que:

[s]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención206.

 

200 Cfr. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 357, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 88.

201 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra, párr. 198, y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 159.

202     Cfr. Acta de audiencia de revisión de medida cautelar de 5 de junio de 2008 (expediente de prueba, folio 110).

203     Cfr. Acta de audiencia de revisión de medida cautelar de 5 de junio de 2008 (expediente de prueba, folio 110).

204      Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra, párr. 107, y Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 163.

205      Cfr. Caso Bayarri Vs. Argentina, supra, párr. 74, y Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 163.

206    Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 113, y Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 387, párr. 63.

 

  1. En el presente caso, la regulación de la prisión preventiva aplicada no exigía que el juez examinara si se cumplían o no con los fines procesales de la detención, su idoneidad, necesidad ni Por el contrario, la legislación establecía la detención obligatoria para cierto tipo de delitos y permitía al juez tomar en cuenta factores externos a la persona imputada, como la alarma social que la comisión del delito haya generado o la frecuencia con la que se cometen hechos análogos. Estas consideraciones residen en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, lo cual, este Tribunal ha considerado, no son fundamentaciones válidas para las prisiones preventivas207.
  2. La Corte concluye, entonces, que la orden de prisión preventiva dictada contra Manuela y la continuación de la misma tras su revisión, fue arbitraria, en contravención a los artículos

7.1 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos

1.1 y 2, dado que se dictó sin una motivación que diera cuenta de su necesidad y se sustentó en unas normas que, al establecer la procedencia de la prisión preventiva en términos automáticos, conforme lo señalado (supra párr. 104), resultó contraria a la Convención.

  1. Adicionalmente, la Corte ha señalado que una orden de prisión preventiva arbitraria, puede generar una violación a la presunción de inocencia (supra párr. 101). El principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Este Tribunal ha establecido que para que se respete la presunción de inocencia, al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención (supra párr. 101).
  2. Teniendo en cuenta que la orden de prisión preventiva en contra de la presunta víctima fue arbitraria porque no contenía fundamento jurídico razonado y objetivo sobre su procedencia, así como su duración de más de cinco meses sin que su pertinencia haya sido debidamente revisada por las autoridades judiciales, la Corte declara que El Salvador violó el derecho a la presunción de inocencia de Manuela consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 de la misma.

 

VIII-2

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES208, INTEGRIDAD PERSONAL209 Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY210, EN RELACIÓN CON EL DEBER DE RESPETAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN211 Y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO212

 

A.          Alegatos de las partes y de la Comisión

  1. En primer lugar, la Comisión alegó que “las manifiestas omisiones de la defensa, implicaron que Manuela no tuviera acceso a los recursos judiciales disponibles para impugnar las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar desde las primeras diligencias y hasta la sentencia condenatoria”. Concretamente, la Comisión hizo notar las siguientes alegadas deficiencias: i) la presunta víctima no contó con abogado defensor durante las diligencias preliminares realizadas el 28 y 29 de febrero de 2008; ii) no consta que la presunta víctima

207      Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra, párr. 103, y Caso Villarroel Merino y otros vs. Ecuador, supra, párr. 83.

208      Artículo 8 de la Convención.

209      Artículo 5 de la Convención.

210      Artículo 24 de la Convención.

211      Artículo 1.1 de la Convención.

212      Artículo 2 de la Convención.

 

haya sido notificada de la designación de su abogado defensor el 28 de febrero de 2008; iii) la prueba presentada por la defensa es escasa, limitándose a ofrecer el testimonio de la madre de Manuela, y iv) la defensa técnica omitió cuestionar ciertas inconsistencias en el expediente. Además, la defensa de Manuela no impugnó la sentencia condenatoria mediante el recurso de casación, ni le informó a ella o a su familia sobre la posibilidad de hacerlo, lo que tuvo como consecuencia que la presunta víctima no pudiera acceder a los recursos judiciales disponibles. En segundo lugar, la Comisión estimó que el Estado incurrió en una violación del derecho a recurrir el fallo, ya que el recurso de casación “no permitía un control amplio de cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas” por lo que no contaba con las “características mínimas exigidas por el artículo 8.2 h) de la Convención”.

  1. Por otra parte, la Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación del deber de motivación, la presunción de inocencia y el principio de igualdad y no discriminación por la aplicación de estereotipos de género durante la investigación y en el proceso penal. Estos estereotipos fueron manifestados: i) por la investigadora inicial del caso, y por la jueza que decretó la instrucción formal del procedimiento para presumir la culpabilidad de la presunta víctima, y ii) en la sentencia condenatoria para acreditar el móvil de la presunta víctima. Además, la Comisión resaltó que “Manuela era una mujer joven analfabeta en situación de pobreza” y que “los estereotipos aplicados en el proceso penal no pueden ser disociados de la condición de pobreza y edad reproductiva que tenía Manuela ya que su convergencia produjo en la práctica una situación de mayor vulnerabilidad de ser víctima de una discriminación particular”.
  2. Los representantes alegaron que el proceso penal fue llevado a cabo en contravención a las garantías judiciales y a la protección judicial ya que i) no se brindaron condiciones mínimas para un hallazgo técnico respecto a la responsabilidad penal de Manuela; ii) Manuela rindió una declaración antes que se le notificaran los cargos que se le imputaban; iii) hubo una ausencia de una defensa de oficio idónea, en violación a violación los derechos al tiempo adecuado para preparar una defensa, a comunicarse libre y privadamente con un defensor, y a contar con un defensor público; iv) no estuvo disponible un recurso efectivo para recurrir el fallo de primera instancia, y v) Manuela nunca fue escuchada en su juicio, no tuvo la oportunidad de hacer pronunciamientos y relatar su versión de los hechos ante los jueces que conocieron de su caso dado que fue impedida por el o la defensora de turno que tuvo para las
  3. Resaltaron además que las pruebas forenses usadas para condenar a Manuela no tomaron en cuenta: i) la preeclampsia grave de Manuela al momento del parto, la cual puede ocasionar la muerte del feto; ii) que “la autopsia del feto no arrojó datos de obstrucción completa de las vías respiratorias inferiores como para indicar asfixia”; iii) que para determinar si el feto nació vivo se utilizó el examen de docimasia hidrostática, el cual al momento de los hechos, ya se consideraba que no servía para confirmar si el feto había respirado; iv) “la posibilidad de que hubiera ocurrido un parto precipitado o parto pretérmino, que frecuentemente ocasiona la muerte del feto como consecuencia de la tumultuosa cantidad de contracciones sin periodos de relajamiento, lo que impide el flujo uterino de sangre, y por tanto la oxigenación fetal”, y v) la posibilidad de que el feto se hubiera caído accidentalmente en la letrina ocasionándole la muerte. Además, destacaron la posibilidad de que el parto prematuro hubiese sido consecuencia del linfoma de Hodgkin, lo cual es una complicación Por otra parte, argumentaron que todo el trato que recibió Manuela por parte del Estado tuvo un impacto discriminatorio, pues: i) en la audiencia en la que Manuela fue condenada el médico forense que realizó la autopsia del feto respondió el interrogatorio con base en el estereotipo de “los sacrificios sobrehumanos de la maternidad” según el cual “Manuela tendría que haberse sobrepuesto a su desmayo, su estado de preeclampsia, etc., para intentar por todos los medios salvar a un feto”, y ii) los estereotipos fundamentaron la apertura a juicio, la determinación de la imputabilidad penal y la sentencia condenatoria.

 

  1. El Estado alegó que: i) no realizó ningún interrogatorio a Manuela sin que ella fuera notificada previamente de los cargos imputados “siendo que solo se avocó a verificar la situación informada por personal médico”; ii) en el acta levantada por la Jueza de Paz de Villa Cacaopera “se le notificó [a la presunta víctima] el motivo de la detención y se le explicó a Manuela en forma clara y precisa los hechos por los cuales se le estaba procesando”; iii) a la presunta víctima se le designó un defensor público el 28 de febrero de 2008; iv) la defensa técnica de Manuela fue “razonable” y “no se contó con la presencia de Manuela en la audiencia inicial por no haberse hecho efectivo su traslado al juzgado por la Sección de Traslado de Reos de la Zona Oriental de San Miguel, por falta de personal”; v) en la etapa de instrucción “todas actividades probatorias desarrolladas, fueron asistidas por medio de la presencia de la defensa pública”; vi) durante la audiencia especial de revisión de medidas, la defensa solicitó “la revisión de la medida extrema de detención provisional y su sustitución por cualquier otra medida”; vii) la abstención de Manuela para declarar en juicio se explica porque “esto formó parte de la estrategia del defensor a favor de Manuela”, y viii) al momento en que se desarrolló el proceso penal “no existía un recurso que permitiera la revisión integral del fallo condenatorio penal” pero “la afirmación de que el defensor no comunicó a Manuela que existían recursos, no es una circunstancia acreditada en el proceso penal”. Además, señaló que las decisiones judiciales fueron debidamente motivadas. Finalmente, recalcó que, “al pronunciar la sentencia de mérito en el presente caso, se valoró de forma exhaustiva y completa la prueba aportada en juicio, sin llenar vacíos fácticos a través de estereotipos, ya que se acreditaron circunstancias que llevaron al Tribunal a determinar con certeza positiva la existencia del delito y la participación delincuencial”.

 

B.          Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos213. El derecho a la defensa, aún más en procesos penales, es un componente central del debido proceso, y debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena214.
  2. En el presente caso se han alegado una serie de violaciones a las garantías judiciales. La Corte solo cuenta con elementos suficientes para analizar (1) el derecho a la defensa; (2) la utilización de estereotipos de género y las garantías judiciales, y (3) la pena impuesta a

 

B.1      El derecho a la defensa

 

  1. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo215. El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, el derecho a la defensa material a través de los propios

213 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 71, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 88.

214 Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 29, y Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 426, párr. 100.

215 Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, supra, párr. 29, y Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Serie C No. 385, párr. 151.

 

actos de la persona inculpada, siendo su exponente central la posibilidad de participar de forma activa en las audiencias y diligencias y de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas216. La Convención Americana rodea de garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo, a través del derecho a que se le concedan al inculpado el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa (artículo 8.2.c) y el no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 8.2.g) o las condiciones bajo las cuales una confesión pudiera ser válida (artículo 8.3), como de la defensa técnica, en los términos que se desarrollarán a continuación217.

  1. Por otro lado, la Convención regula garantías para la defensa técnica, como el derecho a ser asistido por un defensor (artículo 2.d y e). Este último derecho se ve vulnerado cuando no se asegura que la defensa técnica pueda participar asistiendo a la persona imputada en actos centrales del proceso, como, por ejemplo, en caso de recibirse la declaración del imputado sin la asistencia de su abogado defensor218.
  2. Si bien la norma contempla diferentes alternativas para el diseño de los mecanismos que garanticen el derecho, cuando la persona que requiera asistencia jurídica no tenga recursos esta deberá necesariamente ser provista por el Estado en forma gratuita219. Sin embargo, la Corte ha considerado que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales de la persona acusada y evite así que sus derechos se vean lesionados220y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de toda persona inculpada de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas221. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía
  3. En El Salvador, el mandato constitucional de asegurar a “[t]oda persona a quien se impute un delito, […] todas las garantías necesarias para su defensa”222se hace efectivo a través de la asistencia técnica que brinda la Unidad de Defensoría Pública223. La Unidad de

216      Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, supra, párr. 61, y Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador, supra, párr. 100.

217 Cfr. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 153.

218 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrs. 193, 194 y 196, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 191.

219 Cfr. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 25, y Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 155.

220 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 155, y Caso Girón y otro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Serie C No. 390, párr. 101.

221 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra, párr. 159, y Caso Girón y otro Vs. Guatemala, supra, párr. 101.

222      Artículo 12 de la Constitución de la República de El Salvador.

223    Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 160. De este modo, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de El Salvador dispone que: “[l]a Unidad de Defensoría Pública, tiene por función ejercer la defensa técnica de la libertad individual a personas adultas y menores, a quienes se les atribuye

 

Defensoría Pública se inserta dentro de la Procuraduría General de la República y puede ser asimilada a un órgano del Estado, por lo que su conducta debe ser considerada como un acto del Estado en el sentido que le otorga los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, redactados por la Comisión de Derecho Internacional224.

  1. La Corte nota que los defensores públicos ejercieron la defensa de Manuela durante el proceso penal, en el cual se emitió una sentencia condenatoria en su contra. Si bien la defensa pública corresponde a una función estatal o servicio público, en todo caso el defensor público debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado, por esa razón la Corte estima que el Estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor225.
  2. En atención a lo anterior, la Corte ha considerado que, para analizar si ha ocurrido una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendrá que evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. Una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa226.
  3. En el presente caso, al evaluar de manera integral las actuaciones de la defensa pública, la Corte verifica, en primer lugar, que la defensa pública solicitó ser sustituida treinta minutos antes de la audiencia preliminar, por tener otra audiencia en otro tribunal227. El Código Procesal Penal de El Salvador vigente en la época en que ocurrieron los hechos establecía que en la audiencia preliminar se producía la prueba ofrecida por las partes y se les daba tiempo a estas para fundamentar sus pretensiones228. Tras la audiencia preliminar, el juez podía ordenar, entre otras cosas, la apertura a juicio, el sobreseimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad229. Este Tribunal advierte que, en la audiencia preliminar del presente caso, la defensa técnica solo presentó alegatos respecto a un error de forma de unas declaraciones ofrecidas por la fiscalía. La defensa, a diferencia de la fiscalía, no hizo mención en sus alegatos a la supuesta responsabilidad penal de Manuela, ni, por ejemplo, solicitó el sobreseimiento del caso230. Por tanto, la defensa técnica de Manuela durante la audiencia preliminar fue

el cometimiento de una infracción penal”. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de El Salvador, Decreto Legislativo No. 775 de 3 de diciembre de 2008, artículo 33.

224 Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 160. Véase también, Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, A/RES/56/83, 28 de enero de 2002.

225 Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 164, y Caso Girón y otro Vs. Guatemala, supra, párr. 100.

226      Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, párrs. 163, 164 y 166.

227 Cfr. Solicitud remitida por Mario Sergio Crespín Cartagena al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera de 7 de julio de 2008 solicitando la sustitución del Defensor Público de Manuela (expediente de prueba, folio 1939); Oficio emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera aceptando la sustitución de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 1940), y Acta de audiencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 132).

228 Cfr. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 319. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

229 Cfr. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 320. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

230     Acta de audiencia preliminar del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folios 133 y 134).

 

insuficiente, lo cual pudo haber sido causado por la sustitución del defensor de Manuela tan solo 30 minutos antes del inicio de dicha audiencia, y la consecuente falta de comunicación entre la defensa y su defendida en un plazo tan corto de tiempo.

  1. En segundo lugar, este Tribunal resalta que la defensa técnica solo ofreció como prueba el testimonio de la madre de Manuela, y este posteriormente fue desistido231. La defensa no ofreció pruebas que pudieran demostrar que lo ocurrido al recién nacido pudiera haber sido un accidente, como, por ejemplo, solicitar que se examinara la condición de salud de Manuela, el efecto de la preeclampsia o de los bultos que Manuela tenía visiblemente en el cuello. Además, la defensa tampoco solicitó la realización de otras pruebas para confirmar que el recién nacido hubiese nacido Sobre este punto se advierte que, ante la Corte Interamericana, se presentó el peritaje del doctor José Mario Naje quien señaló que la prueba realizada al recién nacido en la autopsia no es concluyente respecto a si nació vivo o no, ya que no se descartó si la putrefacción causó que el tejido pulmonar flotase232.
  2. La Corte recuerda que la defensa técnica debe evitar que los derechos de la representada se vean lesionados, y, por tanto, debe respaldar sus alegatos ofreciendo prueba de descargo233. Las consecuencias negativas de la mínima actividad probatoria desplegada por la defensa en el presente caso, se vieron además incrementadas por la decisión de no ofrecer al Juzgado la declaración de Manuela. En efecto, si bien puede ser una estrategia de litigio válida evitar que la persona acusada declare, en este caso, donde la defensa no ofreció prueba de descargo, renunciar a la declaración de Manuela y a la declaración de la madre ofrecida inicialmente, implicaba dar por ciertos los hechos tal como los planteaba la fiscalía, y, por ende, que Manuela se enfrentase a una condena de al menos 30 años. Por tanto, la falta del ofrecimiento de prueba y la renuncia de la declaración de Manuela impidieron que el Juzgado valorara la versión de los hechos que ella podía presentar, y demuestra que la defensa no defendió debidamente sus
  3. Por último, la Corte advierte que la defensa pública no presentó ningún recurso contra la condena (supra párr. 85). En este sentido, se advierte que se encontraba disponible el recurso de casación y el recurso de revisión, donde se hubiese podido argumentar algunas de las inconsistencias señaladas en la presente
  4. La Corte considera que lo anterior muestra que la defensa pública actuó en detrimento de los derechos e intereses de Manuela, dejándola en estado de indefensión, constituyendo una vulneración del derecho irrenunciable a ser asistida por un defensor. Adicionalmente, en el presente caso, también se afectó el derecho de defensa material de Manuela ya que se le impidió defender sus intereses. En razón de lo expuesto, la Corte concluye que el Estado es responsable por la vulneración de los artículos 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1 de la misma, en perjuicio de Manuela.

 

B.2      La utilización de estereotipos de género y las garantías judiciales

 

  1. El artículo 8.1 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar

231      Acta de audiencia preliminar del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán de 7 de julio de 2008 (expediente de prueba, folio 133).

232      Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público (afidávit) por José Mario Nájera Ochoa de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3850).

233      Cfr. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, párrs. 157, 166, 168 y 169.

 

respecto de la ausencia de imparcialidad234. En este sentido, esta garantía implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia y que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario, consistente, por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes. Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva involucra la determinación de si la autoridad judicial cuestionada brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona235.

  1. El artículo 8.2 de la Convención dispone que “[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. En el ámbito penal, la Corte Interamericana ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales236. La presunción de inocencia implica que la persona acusada no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa237y cualquier duda debe ser usada en beneficio de la persona acusada. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en la persona acusada238. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que la persona acusada ha cometido el delito que se le imputa239.
  2. Por otra parte, este Tribunal ha señalado que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La Corte ha señalado que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales240. En efecto, si bien la utilización de cualquier clase de estereotipos es común, estos se vuelven nocivos cuando suponen un obstáculo para que las personas puedan desarrollar sus competencias personales, o cuando se traducen en una violación o violaciones de los derechos

234 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 56, y Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2021. Serie C No. 429, párr. 118.

235   Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr. 56, y Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, supra, párr. 119.

236 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, supra, párr. 77, y Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 387.

237 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 154, y Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 192.

238     Cfr. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331, párr. 123. En igual sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Comité de Derechos Humanos. Observación general N° 32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. I)), párr. 30.

239      Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra, párr. 184, y Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 109.

240 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405, párr. 188.

 

humanos241. La Corte resalta además que la utilización de estereotipos por parte de las autoridades judiciales en sus providencias puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad242.

  1. Este Tribunal advierte que la utilización de estereotipos de género en procesos penales puede evidenciar una violación del derecho a la presunción de inocencia, del deber de motivar las decisiones y el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. Tomando en cuenta lo anterior, se procederá a analizar: a) las investigaciones realizadas, y b) la motivación de la sentencia

 

  • Las investigaciones realizadas

 

  1. La Corte ha señalado que el proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, debe constituir un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias del delito243. En consecuencia, en virtud del principio de presunción de inocencia, los órganos investigadores deben investigar no solo la comisión del delito, sino también la posibilidad de que este no haya ocurrido. Esta misma obligación se encontraba reconocida en la legislación salvadoreña al momento de los hechos244.
  2. En el presente caso, el principio de presunción de inocencia implicaba que las autoridades internas debían investigar todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que la muerte del recién nacido no haya sido causada por Manuela, lo cual podría haber sido examinado investigándose sobre el estado de salud de Manuela, y si esto hubiera podido afectar al momento del
  3. Al respecto, la Corte advierte que Manuela fue diagnosticada con preeclampsia grave, la cual puede causar un parto precipitado y aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad perinatal, desprendimiento placentario, asfixia y muerte fetales intrauterinas245. Además, Manuela sufrió de hemorragia post parto, ocasionada por la retención de placenta y los

 

 

 

241 Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Documento de antecedentes sobre el papel del Poder Judicial en el abordaje de los estereotipos nocivos de género en casos relativos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pág. 2. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryRoleCounterStereotypes_SP.pdf

242   Cfr. CEDAW, Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párrs. 26 a 28, y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Documento de antecedentes sobre el papel del Poder Judicial en el abordaje de los estereotipos nocivos de género en casos relativos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pág. 5. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryRoleCounterStereotypes_SP.pdf

243      Caso Zegarra Marín Vs. Perú, supra, párr. 142.

244    Artículo 238.- Tan pronto como la Fiscalía General de la República tenga conocimiento de un hecho punible, sea por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, procurará en lo posible que no se produzcan consecuencias ulteriores e iniciará la investigación, salvo los casos de excepción autorizados por este Código o por la ley. El fiscal extenderá la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino, también, a las que sirven para descargo del imputado procurando recoger con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para los definitivos e irreproducibles o necesita una autorización judicial, la requerirá enseguida al Juez de Paz competente; en caso de urgencia, al más próximo. También realizará las investigaciones que soliciten el imputado o su defensor para aclarar el hecho y su situación. Cfr. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 238. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

245 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público (afidávit) por José Mario Nájera Ochoa de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3847).

 

desgarros en el canal de parto246. Producto de esta hemorragia postparto, Manuela posiblemente se encontraba en un estado que le imposibilitaba al momento del parto “atenderse a ella misma o poder atender a alguien más”247. Asimismo, Manuela tenía unos bultos visibles en el cuello, los cuales posteriormente fueron diagnosticados como linfoma de Hodgkin, y pudieron haber contribuido al aparecimiento de anemia, lo que puede causar parto prematuro248.

  1. Estas particularidades del estado de salud de Manuela, y cómo este podría haber afectado el parto, no fueron tomadas en cuenta debidamente en ningún momento en la investigación. Sobre este punto, solo se cuestionó al médico que realizó la autopsia del recién nacido si era posible que la expulsión del niño se pudo haber ocasionado de forma accidental, este indició que:

Si existe una posibilidad, pero […] normalmente el niño queda colgando del cordón umbilical y bien se podría haber sacado al niño con el mismo cordón y a que la placenta se desprende alrededor de diez minutos después [de] la expulsión del niño, pero si hubiese sido el caso en el cual la placenta se hubiese desprendido de una sola vez, se hubiese encontrado la placenta y el cordón umbilical junto al niño, además en el presente caso se trataba de un embarazo de término con un trabajo de parto normal en el cual el niño no sale de una vez, sino que primero sale la cabeza luego hay que hacer un giro al niño para que puedan salir los hombros y esperar para que salgan las caderas, por lo que difícilmente el niño pudo salir a la velocidad que expresa la madre, que el caso se podría dar si se tratara de una mujer que hubiese tenido diez hijos y el recién nacido fuese un niño con poco peso, en ese supuesto si se puede hablar de un accidente, pero en el presente caso no249.

  1. La Corte advierte que dicho médico no examinó a Manuela, sino solo al recién nacido, y no tomó en cuenta el estado de salud de Manuela al momento de responder la pregunta
  2. Por tanto, no se desvirtuó la posibilidad de que la muerte del recién nacido haya ocurrido por la emergencia obstétrica sufrida por Manuela u otra circunstancia que no fuera atribuible a esta. Por el contario, la conclusión de la autopsia de que el recién nacido nació vivo bastó para que las autoridades asumiesen que había ocurrido un delito. En este sentido, se incumplió con la obligación de seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que la muerte del recién nacido no haya sido causada por
  3. Por otra parte, la Corte ha reconocido que los prejuicios personales y los estereotipos de género pueden afectar la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o

 

 

 

 

246 Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso, y Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 59).

247 Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

248 Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público (afidávit) por José Mario Nájera Ochoa de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folios 3846 y 3847); Análisis médico forense realizado por el doctor José Mario Nájera Ochoa (expediente de prueba, folio 2165), y Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 181).

249 Cfr. Declaración del doctor que realizó la autopsia, transcrita en la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 150).

 

no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima250.

  1. En el presente caso, la investigadora a cargo del caso señaló en el acta donde resumen los hechos que:

[N]o omito manifestar que como investigadora y mujer, opino que lo que hizo la señora [Manuela] no lo [h]ubiera hecho, si es que no quería a su hijo, le [h]ubiera dado la oportunidad de vivir, hay personas que ni pueden tener hijos y los desean con todo su corazón, el bebé encontrado muerto y lleno de gusanos, era un varoncito, bien formado, piel moreno claro […] y físicamente bien bonito, que cualquier mujer o madre le [h]ubiera crecido con amor […]251.

  1. Estas consideraciones fueron transcritas en el requerimiento solicitando la instrucción formal con detención provisional contra Manuela252.
  2. La Corte advierte, en primer lugar, que estas consideraciones parten del supuesto de que Manuela era responsable del delito que se le acusaba, ya que exteriorizaban un claro prejuicio sobre la culpabilidad de Manuela, lo que a su vez genera dudas sobre la objetividad de la investigación. Adicionalmente, constituyeron un juicio de valoración personal por parte de la investigadora, basándose en ideas preconcebidas sobre el rol de las mujeres y la Se trata de nociones basadas en estereotipos que condicionan el valor de una mujer a ser madre y, por tanto, asumen que las mujeres que deciden no ser madres tienen menos valía que otras, o son personas indeseables. En este sentido, además, se impone a las mujeres la responsabilidad de, sin importar las circunstancias, priorizar el bienestar de sus hijos, incluso sobre su bienestar propio.
  3. Al respecto, este Tribunal resalta que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos253. Además, el Tribunal reitera que la utilización de estereotipos por parte de autoridades estatales es particularmente alarmante254, y por ende, se deben tomar medidas inmediatas para
  4. En razón de todo lo anterior, la Corte considera que desde las primeras etapas de la investigación se presumió la culpabilidad de Manuela, se eludió determinar la verdad de lo ocurrido y tomar en cuenta los elementos probatorios que podían desvirtuar la tesis de culpabilidad de la presunta víctima. Este actuar, además, se vio impulsado por los prejuicios de los investigadores en contra de las mujeres que no cumplen el rol de madres abnegadas que deben siempre lograr la protección de sus hijos. En efecto, los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias fácticas255. La Corte advierte además que las falencias de la investigación en este caso, concuerdan con

250       Cfr. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 236, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 422, párr. 114.

251      Acta de entrevista de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folios 52 y 53).

252 Cfr. Requerimiento de instrucción formal con detención provisional de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 65).

253 Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 302, y Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 148.

254 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 401, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 235.

255    Cfr. Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, párr. 184.

 

el contexto ya determinado por la Corte (supra párr. 44), en el cual es frecuente que no se investigue la posibilidad de que la madre no sea responsable de haber causado la muerte que se le imputa.

 

  • La motivación de la sentencia condenatoria

 

  1. En este punto, cabe recordar que esta Corte no constituye una cuarta instancia que pueda realizar una valoración de la prueba referente a la posible culpabilidad o no de la presunta víctima en el presente caso256. El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad de Manuela, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada por un tribunal
  2. El deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso257. La Corte ha precisado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión258y conlleva una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a adoptar una decisión. La relevancia de esta garantía se encuentra ligada a la correcta administración de justicia y a evitar que se emitan decisiones Asimismo, la motivación otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática y demuestra a las partes que éstas han sido oídas259.
  3. En el ámbito penal, como garantía de la persona inculpada, la motivación se dirige también a asegurar el principio de presunción de inocencia, ya que permite a quien se ve sometido al poder penal del Estado comprender las razones por las que fue posible obtener convicción sobre la imputación y la responsabilidad penal, así como la apreciación de las pruebas para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia, y solo así poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria260. Lo anterior, permitiría desvirtuar la presunción de inocencia y determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, así como posibilitar el ejercicio de la defensa a través de la facultad de recurrir el fallo condenatorio261.
  4. Así, la motivación demuestra a las partes que han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen ante instancias Conforme a lo anterior, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad262.

 

 

256    Mutatis mutandis, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222, y Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 425, párr. 28.

257   Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra párr. 78, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C No. 412, párr. 106.

258 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra, párr. 107, y Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párr. 83.

259   Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr. 78, y Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párrs. 83 y 84.

260      Cfr. Caso Zegarra Marín Vs. Perú, supra, párr. 147, y Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 269.

261      Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, supra, párr. 270.

262 Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 122, y Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párr. 84.

 

  1. Adicionalmente, este Tribunal resalta que la utilización de estereotipos de género para fundamentar una decisión judicial puede demostrar que la decisión fue basada en creencias preconcebidas en lugar de hechos. Por tanto, la estereotipación puede mostrar falta de motivación, violaciones a la presunción de inocencia y comprometer la imparcialidad de los jueces263.
  2. En el presente caso, en la motivación de la sentencia no se estableció con evidencia fáctica el nexo de causalidad entre el actuar de Manuela y la muerte del recién nacido, más allá de hacer alusión a la supuesta denuncia realizada por el padre de Manuela264. Esta falta fue saldada con estereotipos e ideas preconcebidas, y no con elementos de prueba que demostrasen fehacientemente la culpabilidad de la presunta víctima. En ese sentido, el tribunal indicó que:

Al retomar las diferentes versiones que rindió la imputada a las diferentes personas que la entrevistaron, como, por ejemplo, que ella haya ignorado todo y que de los dolores o por la disentería se le haya venido el niño y que se hubiese desmayado, o en el peor de los casos, que en tal situación de inconciencia fue otra persona la que le hubiere al niño a la fosa séptica”, las mismas resultan inconcebibles y no caben como probables dentro de las reglas del correcto entendimiento humano, pues el instinto maternal, es el de protección a su hijo, y toda complicación en el parto por lo general lleva a la búsqueda de ayuda médica inmediata y al menos auxiliarse de los parientes más cercanos para recibir atención, no para privar de la vida a un recién nacido, pero en el presente caso la imputada en su afán de querer desprenderse del producto del embarazo, luego del parto, pues era producto de una infidelidad, y ante la irresponsabilidad paterna advertida de parte del padre biológico, es que con todo conocimiento al verlo vivo, buscó de forma consciente el medio y el lugar idóneo para hacerlo desaparecer, quitándole así a su hijo, […] esa oportunidad de vivir […] y en este caso resulta más reprochable que tal conducta provenga de una madre hacia su propio hijo265.

  1. La Corte advierte que el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera en su sentencia descartó la posibilidad de que la muerte haya sido accidental al asumir que el instinto maternal que ha debido de tener Manuela implicaba que protegería a su hijo y que buscaría ayuda de El tribunal realizó dicha afirmación sin contar con elementos de prueba que examinasen de manera exhaustiva el estado de salud de Manuela (supra párrs. 137 a 139), y así poder determinar fehacientemente que lo ocurrido no haya sido, por ejemplo, consecuencia de la emergencia obstétrica sufrida por Manuela. Además, el tribunal, basándose en el estereotipo de que las mujeres deben responder al instinto maternal y sacrificarse por sus hijos en todo momento, asumió que, sin importar su estado de salud, al no buscar ayuda para proteger a su hijo, el actuar de Manuela demostraba que intencionalmente quería quitarle la vida al recién nacido. En este sentido, el tribunal presumió

 

 

 

 

 

263   Cfr. CEDAW, Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr. 26.

264      Al respecto, la Corte advierte que el Código Procesal Penal establece una prohibición de denunciar de padres e hijos. “Artículo 231.- No podrá denunciar el descendiente contra su ascendiente, éste contra aquél, el marido contra la mujer o viceversa, hermanos contra hermanos, adoptante contra el adoptado o viceversa y el compañero de vida contra su conviviente. Esta prohibición no comprenderá la denuncia por delito cometido contra el denunciante o contra personas que legalmente represente o cuyo parentesco con él sea igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado”. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 231. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

265 Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folios 160, 164 y 165).

 

que Manuela ha debido poner por encima de su vida, la posible vida de su hijo, incluso si se encontraba inconsciente, y presumió su mala fe al haber actuado en otro sentido266.

  1. Adicionalmente, el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera asumió que Manuela debía sentirse avergonzada de su embarazo, por lo que supuestamente lo escondió de su familia, y presumió que esta fue la razón por la cual habría decidido causar la muerte del recién nacido. Esta presunción no se basó en elementos de prueba, sino en el estereotipo de que una mujer que tiene relaciones sexuales por fuera del matrimonio es una mujer inmoral y sin ética.
  2. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, esta Corte advierte que la motivación del tribunal demuestra que los estereotipos de género se utilizaron para complementar la evidencia insuficiente con la que contaba. En efecto, la sentencia que condenó a Manuela incurre en todos los prejuicios propios de un sistema patriarcal y resta todo valor a las motivaciones y circunstancias del hecho. Recrimina a Manuela como si ésta hubiese violado deberes considerados propios de su género y, en forma indirecta, le reprocha su conducta sexual. Minimiza y desprecia la posible motivación de ocultar su supuesta falta para eludir la sanción de un medio tradicionalmente creado en valores androcéntricos. Por ende, constituyó una violación del derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, así como a la obligación de motivar las decisiones
  3. Por otra parte, las partes alegaron que dicha decisión fue además discriminatoria. El artículo 1 de la Convención dispone que los Estados Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. A su vez, el artículo 24 estipula que “[t]odas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. La Corte ha señalado que este artículo tiene una dimensión formal, que establece la igualdad ante la ley, y una dimensión material o sustancial, que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados en razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1.1 de la Convención Americana267.
  4. Respecto a la primera dimensión, este Tribunal ha señalado que el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación268. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma, respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe269, pues protege el derecho a la “igual protección de la ley”270, de modo que veda

266 Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión núm. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Roge/ García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador), A/HRC/WGAD/2019/68 de 4 de marzo de 2020, párr. 110.

267      Cfr. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 199, y

Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 167.

268      Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 186, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 217.

269      Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra, párr. 186, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 217.

270      Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización.

Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 54, y Caso Norín Catrimán y otros

 

también la discriminación derivada de una desigualdad proveniente de la ley interna o de su aplicación271.

  1. La Corte ha determinado que puede haber una aplicación discriminatoria de la ley penal si el juez o tribunal condena a una persona basándose en un razonamiento fundado en estereotipos negativos para determinar alguno de los elementos de la responsabilidad penal272.
  2. En el presente caso, ya se determinó que el tribunal penal condenó a Manuela utilizando estereotipos de género para fundamentar su decisión. La aplicación de dichos estereotipos solo fue posible en razón de que Manuela era mujer, cuyo impacto, como será analizado infra fue exacerbado por ser una mujer de escasos recursos económicos, analfabeta y que vivía en una zona rural. Por tanto, la Corte considera que la distinción en la aplicación de la ley penal es arbitraria, y, por ende, discriminatoria273.
  3. Con base en lo expuesto, la Corte considera que el Estado es internacionalmente responsable por la violación del artículo 8.1 de la Convención que establece el deber de motivar las decisiones y el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, el artículo 8.2 de la Convención Americana que reconoce la presunción de inocencia, y el artículo 24 que establece la igualdad ante la ley, en relación con el deber de respetar los derechos sin discriminación, establecido en el artículo 1 de la misma, en perjuicio de Manuela.

 

B.3  La pena impuesta a Manuela

 

  1. En el presente caso, no cabe duda que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia (supra párr. 91). La Corte resalta que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal. Sin embargo, la Corte advierte que Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Si bien no ha sido alegada la violación de la Convención por la pena impuesta a la presunta víctima, la Corte tiene competencia para analizar la posible violación de los artículos 2 y 5.6 de la Convención con base en el principio iura novit curia, ya que las partes han tenido la oportunidad de expresar sus respectivas posiciones en relación con los hechos que las sustentan274.
  2. En casos previos, este Tribunal ha sostenido que, de una interpretación evolutiva de la prohibición de tratos y penas crueles inhumanas y degradantes, prevista en el artículo 2 de la Convención, se desprende una exigencia de proporcionalidad de la pena. En este sentido ha señalado que “[l]a preocupación inicial en esta materia, centrada en la prohibición de la tortura como forma de persecución y castigo, así como la de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ha ido extendiéndose a otros campos, entre ellos, los de las sanciones

 

(Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 199.

271     Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr. 209, y Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, supra, párr. 199.

272     Mutatis mutandis, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, supra, párr. 223.

273 Mutatis mutandis, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión núm. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Roge/ García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador) A/HRC/WGAD/2019/68 de fecha 4 de marzo de 2020, párr. 110.

274   Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 163, y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, supra, párr. 200.

 

estatales frente a la comisión de delitos”275. Por lo tanto, las penas consideradas radicalmente desproporcionadas, resultan contrarias a este precepto convencional. Asimismo, la Convención Americana establece en su artículo 5.6 que “[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Por lo tanto, la medida que deba dictarse como consecuencia de la comisión de un delito debe tener como finalidad la reintegración de la persona condenada a la sociedad. En consecuencia, la proporcionalidad de la pena guarda estrecha relación con la finalidad de la misma, de forma tal que la penas claramente desproporcionadas resultan contrarias a la readaptación social de los condenados y por ello violatorias del artículo 5 de la Convención276.

  1. Existe en este momento consenso doctrinario y jurisprudencial en que la pena debe guardar proporcionalidad con el grado de reproche personalizado (o culpabilidad) que se le puede formular a la persona infractora en razón del espacio de determinación que tuvo en las circunstancias concretas del Esta regla no solo es compatible, sino que se adecua a la Convención y se impone por ella, pues se deduce de la idea misma de dignidad de la persona humana, concebida como un ente capaz de autodeterminación y dotado de conciencia moral277.
  2. En el presente caso, a Manuela le fue impuesta una pena de treinta años de prisión que era la mínima pena prevista para el delito de homicidio agravado. En efecto, tras la modificación del Código Penal en 1998, la legislación de El Salvador no prevé expresamente ninguna atenuación aplicable a los casos de homicidios cometidos por una madre a su hijo durante el nacimiento o inmediatamente después, y, en estos casos, se aplica el tipo penal de homicidio agravado, el cual establece una pena de treinta a cincuenta años de prisión.
  3. Si bien no corresponde a este Tribunal sustituir a las autoridades nacionales en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno278, en casos excepcionales, como el presente, la Corte debe pronunciarse sobre la proporcionalidad de las penas pues como se ha señalado una pena evidentemente desproporcionada resulta contraria a los artículos 2 y 5.6 de la Convención279.
  4. Sobe el particular cabe señalar, en primer lugar, que la aplicación de la pena prevista para tipo penal de homicidio agravado, resulta claramente desproporcional en el presente caso, porque no se toma en cuenta el estado particular de las mujeres durante el estado puerperal o perinatal280, sin perjuicio de que este caso, por defecto de investigación, no es descartable que se hubiese tratado de un supuesto de ausencia de toda responsabilidad

275      Cfr. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 174.

276      Cfr. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, supra, párr. 165.

277      Esta proporcionalidad de la pena con la culpabilidad está recogida en la propia ley salvadoreña, pues el artículo 63 de su código penal establece: “La pena no podrá exceder el desvalor que corresponda al hecho realizado por el autor y será proporcional a su culpabilidad”. Código Penal de El Salvador. Decreto Legislativo No. 1030 de 26 de abril de                                         1997,         artículo       63.                          Disponible                   en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/C0AB56F8-AF37-4F25-AD90- 08AE401C0BA7.pdf

278 Cfr. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 108, y Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 144.

279 Véase, por ejemplo, Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 150, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, supra, párr. 166.

280     En idéntico sentido se pronuncia prácticamente toda la literatura médico legal contemporánea. Cfr. C. Simonin, Medicina Legal Judicial, Barcelona, 1973, p. 273; un repaso de la nutrida bibliografía médica actual en Mariano N. Castex, Estado puerperal e infanticidio, Implicancias médico-legales y psiquiátrico-forenses, Buenos Aires, 2008. En sentido similar, véase también, Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 231. Castex propone denominar período

 

  1. A esta circunstancia se suma que la experiencia criminológica en cuanto al infanticidio señala, en primer término, que suelen producirse en partos sin asistencia, solitarios y muchas veces en baños281, lo que hace que la fragilidad psíquica de la mujer sea más aguda, respecto de lo cual la doctrina especializada ha hecho notar con razón que “en la joven madre que pare clandestinamente, sin socorro, se agrava la desesperación”282.
  2. Además de la abismal desproporción con la culpabilidad resultante solo del estado en que la mujer se halla en el período perinatal, no se puede pasar por alto que en la generalidad de los casos –y también en el de Manuela- se suman para disminuir su culpabilidad que se trata de mujeres jóvenes con dificultades de comunicación o que sufren situaciones de aislamiento cultural (en las ciudades es frecuente en el servicio doméstico urbano de procedencia campesina). A esto se añade analfabetismo o muy escasa Provienen de grupos de crianza que son propios de enclaves sociales con cultura retrógrada mucho más marcadamente patriarcal que el resto de la sociedad. Por todas estas condiciones negativas, se trata de mujeres que no están en condiciones de sumarse o de lograr la protección de los movimientos que habitualmente luchan por los derechos e igualdad de la mujer; son verdaderas mujeres sin voz, altamente vulnerables e impulsadas a este delito por enclaves retrógrados de cultura fuertemente patriarcal.
  3. Si bien en el caso de Manuela dichos factores son tomados en cuenta por el juzgado penal al momento de decidir la pena aplicable a Manuela, es paradójico que, después de poner de manifiesto estos valores misóginos, la sentencia concluye que median atenuantes y, en función de ello, resuelva imponer nada menos que treinta años de prisión, lo que en el caso es claro que se trata de una pena que por su clara disposición resulta
  4. Con base en lo anterior, de conformidad con los artículos 5.2 y 5.6 de la Convención Americana, el Tribunal considera que la condena a 30 años de prisión por un homicidio cometido por la madre en el período perinatal, es desproporcionada al grado de reproche personalizado (o culpabilidad) de esta. Por tanto, la pena actualmente prevista para el infanticidio resulta cruel y, por ende, contraria a la Convención.
  5. Este Tribunal advierte que el Código Penal de 1973 de El Salvador preveía una escala penal atenuada para el delito de infanticidio283. La Corte nota que la conducta que en la anterior legislación salvadoreña llegó a penarse con un máximo de hasta cuatro años, ahora puede serlo hasta cincuenta años; el mínimo que anteriormente era de un año se elevó a treinta años. Esta nueva dosimetría penal resulta a todas luces desproporcionada. Este Tribunal considera que una pena proporcional para este tipo de delito tendría que ser análoga o menor a la establecida en la anterior legislación salvadoreña, por la vía legal concreta que el Estado determine.
  6. Por todo lo anterior, la Corte estima que el Estado violó en perjuicio de Manuela, el derecho reconocido en el artículo 5.2 y 5.6 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 de la misma.

 

perinatal el que se inicia en toda madre, a partir del momento en que el feto se torna viable y concluye con la reaparición del menstruo. Mariano N. Castex, Estado puerperal e infanticidio, Implicancias médico-legales y psiquiátrico-forenses, Buenos Aires, 2008, p. 73.

281    Esto se registra desde antiguo, así por ej. Ambrosio Tardieu, Estudio médico-legal sobre el infanticidio, trad. de Prudencio Sereñana y Partagás, Bercelona, 1883, pp. 253 y ss.

282      Cfr. C. Simonin, Medicina Legal Judicial, Barcelona, 1973, p. 273,

283   La Corte advierte que el derecho comparado no es uniforme respecto a la definición de infanticidio. En el Código Penal de El Salvador de 1973 se tipificaba el infanticidio como un homicidio atenuado cometido por la madre a su hijo “durante su nacimiento o dentro de las setenta y dos horas subsiguientes”. Este Tribunal resalta, que el concepto de infanticidio referido en la presente Sentencia nunca deberá ser entendido como que incluye el homicidio de niños, niñas o adolescentes, en circunstancias distintas a las referencias en el presente caso.

 

B.4  Conclusión

 

  1. En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte concluye que la investigación y procedimiento al que fue sometida la presunta víctima no cumplió con el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, la presunción de inocencia, el deber de motivar, la obligación de no aplicar la legislación de forma discriminatoria, el derecho a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes y la obligación de garantizar que la finalidad de pena privativa de la libertad sea la reforma y la readaptación social de las personas condenadas. Por consiguiente, el Estado violó los artículos 8.1, 8.2, 8.2.d, 8.2.e, 24, 2 y 5.6 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de Manuela.

 

VIII-3

DERECHOS A LA VIDA284, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA SALUD285, A LA VIDA PRIVADA286 IGUALDAD ANTE LA LEY287 EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN288 Y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO289

 

A.          Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión presentó alegatos respecto de: i) el secreto profesional médico y sus implicancias respecto del derecho a la vida privada y a la salud sexual y reproductiva, y ii) la atención en salud y muerte de Manuela bajo custodia. Sobre el primer punto, la Comisión alegó que “la vulneración al secreto profesional constituyó una restricción arbitraria al derecho a la vida privada de Manuela” e “implicó que Manuela no recibiera un tratamiento de salud en condiciones de igualdad y aceptabilidad”. La Comisión enfatizó que: i) la médica que atendió a Manuela la denunció penalmente y brindó detalles de su historia médica cuando declaró ante la policía, y ii) el director del Hospital San Francisco Gotera remitió un informe de la historia clínica de Manuela a la Fiscalía, donde incluyó información relativa a la vida sexual y reproductiva de la presunta víctima. Al respecto, la Comisión señaló que la regulación inadecuada del secreto médico en emergencias obstétricas, puede generar que los médicos denuncien automáticamente a pacientes por temor a ser sancionados. En cuanto al segundo punto, la Comisión señaló que “no consta que el Estado haya realizado [un] diagnóstico integral a la presunta víctima desde el momento en que fue privada de libertad”, ni que haya brindado un tratamiento periódico y sistemático a la presunta víctima previo a su diagnóstico de linfoma de Hodgkin en Para la Comisión, estas omisiones generan la responsabilidad del Estado por violar el derecho a la vida de Manuela. Adicionalmente, consideró “que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección Judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de la familia de Manuela, como consecuencia de la total falta de indagación y esclarecimiento de la muerte bajo custodia y su relación con las omisiones establecidas en esta sección”.
  2. Por su parte, los representantes coincidieron sustancialmente con lo alegado por la Comisión respecto a la vulneración del secreto profesional. Además, argumentaron que el Estado no brindó servicios de salud accesibles, aceptables y de calidad a Manuela: i) antes de

284      Artículo 4 de la Convención.

285      Artículo 26 de la Convención.

286      Artículo 11 de la Convención.

287      Artículo 24 de la Convención.

288      Artículo 1.1 de la Convención.

289      Artículo 2 de la Convención.

 

la emergencia obstétrica, ii) cuando recibió atención en salud obstétrica de emergencia en el Hospital Nacional San Francisco de Gotera, y iii) mientras estuvo en situación de privación de su libertad en diferentes centros de reclusión. Alegaron que antes de la emergencia obstétrica el Estado habría incurrido en las siguientes omisiones: (1) no identificar ni diagnosticar tempranamente los “evidentes síntomas del Linfoma de Hodgkin que la [presunta] víctima padecía”, y (2) no brindar información completa y detallada a Manuela sobre su estado de salud, lo cual constituía una violación del artículo 13 de la Convención. Indicaron que cuando la presunta víctima recibió atención en salud obstétrica de emergencia en el Hospital Nacional San Francisco Gotera, el Estado no brindó servicios de salud obstétrica de emergencia accesibles, aceptables y de calidad a Manuela ya que: i) el Hospital no se encontraba dentro del alcance geográfico ni económico de Manuela; ii) los médicos priorizaron un interrogatorio sobre su deber de brindarle atención en el grave estado de salud en el que se encontraba;

(iii) el personal médico “no tenía la capacidad ni el entrenamiento adecuado para identificar cuál era la causa de las múltiples complicaciones que había sufrido y, en consecuencia, llegó a la conclusión de que ésta había cometido un delito sin fundamento técnico alguno y sin investigar clínicamente cuáles eran los hechos inmediatamente anteriores a la emergencia o sus antecedentes médicos”, y iv) “cuando efectivamente la atendieron, lo hicieron de forma equivocada, pues pusieron en peligro su vida y su salud”. Además, alegaron que el Estado incurrió en una falta de diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado durante la privación de la libertad de Manuela constituyó una violación al derecho a la vida de Manuela, “por cuanto éste, a través de sus agentes, tuvo conocimiento del riesgo de su muerte y no adoptó ninguna medida efectiva para prevenir que se concretara”. Señalaron además que la muerte de Manuela no fue investigada por parte del Estado, en violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de sus familiares.

  1. Por otra parte, indicaron que Manuela fue sometida a violencia y discriminación basada en su género, pues: i) Manuela fue denunciada por la médica que la recibió en el Hospital Nacional San Francisco Gotera, quien violó su deber de secreto profesional y concluyó que Manuela había cometido un delito “con base en que ésta estaba embarazada como producto de una ‘infidelidad’, lo que la habría llevado a abortar por vergüenza”, y ii) cuando estuvo privada de la libertad, a Manuela no le fue prestado el cuidado de salud que requería, y los “guardias del Centro penitenciario de San Miguel argumentaron que su situación no era grave, y respondía a un castigo por su conducta criminal y promiscua”. De acuerdo con los representantes, esta discriminación fue interseccional. Adicionalmente, los representantes alegaron que el Estado sometió a Manuela a tortura cuando fue esposada durante su emergencia obstétrica en el Hospital San Francisco Gotera y cuando se encontraba padeciendo la fase terminal de su enfermedad en el Hospital Nacional
  2. El Estado señaló que “el abordaje a las mujeres que enfrentan problemas obstétricos se realiza basándose principalmente en las orientaciones dictadas por lineamientos técnicos […] que no contemplan la denuncia de mujeres con complicaciones obstétricas por parte del personal médico ya que las complicaciones obstétricas no constituyen un delito”. Además, argumentó que “si una mujer llega a un hospital con signos de haber tenido un parto extrahospitalario y no puede dar razón sobre el paradero del niño o niña, es perfectamente plausible que el médico indague por su paradero y de no obtener respuesta informe a las autoridades, para evitar consecuencias más gravosas en la vida y la salud del menor”.
  3. Por otra parte, señaló que “Manuela recibió atención médica en distintos niveles de atención del Sistema Público de Salud”. Al ingresar al Hospital Nacional de San Francisco Gotera “la paciente fue estabilizada según el protocolo hospitalario existente para la atención de partos de esta naturaleza y posteriormente permaneció ingresada siete días más hasta que se le dio el alta conforme a su recuperación y evolución médica”. Además, indicó que Manuela también recibió atención en el Hospital Nacional Rosales donde se le diagnosticó con síndrome de Hodgkin en 2009 y recibió 9 ciclos de quimioterapia, comprendidos del 14 de febrero de 2009 al 29 de abril de De igual manera, “el 9 de septiembre de 2009, el

 

Consejo Criminológico Regional Oriental determinó la procedencia del traslado de Manuela del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel hacia el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango, a efecto de facilitar la asistencia médica requerida por su salud”. Además, señaló que las circunstancias de la muerte de Manuela “fueron acreditadas por el médico tratante, sin que existiera tampoco una denuncia por parte de la familia de Manuela, para la revisión de la actuación médica en su caso o para la determinación de responsabilidad penal por las circunstancias de su muerte”.

  1. Respecto a los alegatos de tortura, el Estado argumentó que “las alegadas esposas, grilletes y ataduras a la cama de hospital se derivan de una sola declaración ante notaría pública por parte del padre de Manuela, quien además asegura que cuando llegaba a ver a su hija los guardias le quitaban las esposas, motivo que hace inconsistente su testimonio, sin que existan otro medio de prueba con el cual pueda sustentarse la declaración inculpatoria para el Estado”. En cuanto al uso de esposas cuando Manuela recibía quimioterapia durante su privación de libertad, El Salvador señaló que los argumentos de los representantes son especulativos, y que se fundamentan sobre testimonios que no se puede suponer sean “fiables para determinar alguna responsabilidad del Estado”.

 

B.          Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha afirmado reiteradamente que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos290. En virtud de ello, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio291.
  2. Por otro lado, el derecho a la integridad personal es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo bajo cualquier circunstancia292. Además, el artículo 5 también protege de forma particular a las personas privadas de libertad al establecer, entre otros, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
  3. Asimismo, la Corte recuerda que, tomando en cuenta que de los artículos i, 34.l293 y 45.h294 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “Carta de la OEA”) se deriva la inclusión en dicha Carta del derecho a la salud, este Tribunal en diferentes precedentes ha reconocido el derecho a la salud como un derecho protegido a través del

290 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, supra, párr. 144, y Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, párr. 166.

291 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, supra, párr. 144, y Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 166.

292 Artículos 5 y 27 de la Convención Americana. Véase, además, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, supra, párr. 157, y Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 55.

293      El artículo 34.i) y l) de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: […] i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica, […] l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna”.

294 El artículo 45.h de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: […] h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social”.

 

artículo 26 de la Convención295. Respecto a la consolidación de dicho derecho existe además un amplio consenso regional, ya que se encuentra reconocido explícitamente en diversas constituciones y leyes internas de los Estados de la región296. En este sentido, se resalta que el derecho a la salud está reconocido a nivel constitucional en El Salvador297.

  1. La Corte además ha señalado que los derechos a la vida y a la integridad se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana298, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración de los artículos 5.1299y 4 de la Convención300.
  2. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral301. En este sentido, el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social302.
  3. La obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la

295 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349., párr. 106 y 110, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Serie C No. 432, párr. 80.

296 Entre los que se encuentran: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Véase las normas constitucionales de Argentina (art. 10); Barbados (art. 17.2.A); Bolivia (art. 35); Brasil (art. 196); Chile (art. 19) Colombia (art. 49); Costa Rica (art. 46); Ecuador (art. 32); El Salvador (art. 65); Guatemala (arts. 93 y 94); Haití (art. 19); México (art. 4); Nicaragua (art. 59); Panamá (art. 109); Paraguay (art. 68); Perú (art. 70); República Dominicana (art. 61); Suriname (art. 36); Uruguay (art. 44), y Venezuela (art. 83). Cfr. Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Resolución No. 13505 – 2006, de 12 de septiembre de 2006, Considerando III; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-177 de 1998; Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tesis de jurisprudencia 8/2019 (10ª.). Derecho a la Protección de la Salud. Dimensión individual y social; Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 0012-09-SIS-CC, 8 de octubre de 2009.

297      El artículo 65 de la Constitución de El Salvador establece que “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación”. Disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/EA1C26BE-E75B-4709-98AB- 8BC6CA287232.pdf

298      Cfr. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 171.

299      Véase, por ejemplo, Caso Tibi Vs. Ecuador, supra, y Caso Hernández Vs. Argentina, supra.

300      Véase, por ejemplo, Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 171, y Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párrs. 170, 200 y 225.

301      Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 118, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 100.

302 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 118, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 100. Ver, inter alia, Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Off. Rec. Wld Hlth Org.; Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Las reformas adoptadas por la 26ª, la 29ª, la 39ª y la 51ª Asambleas Mundiales de la Salud (resoluciones WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 y WHA51.23), que entraron en vigor el 3 de febrero de 1977, el 20 de enero de 1984, el 11 de julio de 1994 y el 15 de septiembre de 2005, respectivamente, se han incorporado sucesivamente a su texto. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, párr. 12.

 

población303. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en cada Estado. El cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, y deberá realizarse de conformidad con los recursos disponibles de manera progresiva y de la legislación nacional aplicable304.

  1. Tal y como lo ha reiterado en su jurisprudencia reciente, la Corte considera que la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección del derecho a la salud incluyen aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen un carácter progresivo305. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su efectividad306.
  2. En el presente caso, corresponde a la Corte analizar la conducta estatal respecto del cumplimiento de sus obligaciones de garantía respecto de los derechos a la vida, integridad personal y salud, en perjuicio de Todas las obligaciones que se analizarán corresponden a obligaciones de exigibilidad inmediata.
  3. La Corte observa que, en la época de los hechos, existía regulación sobre el derecho a la salud que garantizaba este derecho a toda persona sin distinción307.
  4. Tomando en cuenta los hechos del caso, y los alegatos de las partes y de la Comisión, el Tribunal analizará: 1) la atención médica recibida por Manuela antes de la emergencia obstétrica; 2) la atención médica recibida por Manuela durante la emergencia obstétrica; 3) la violación del secreto profesional y a la protección de datos personales; 4) la atención médica recibida por Manuela durante su detención; 5) la violación al derecho a la vida y la alegada falta de investigación, y 6) los alcances de la discriminación ocurrida en el presente

 

303 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 118, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 101.

304    Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 39, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 100.

305 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 104, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 106.

306 Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párr. 190, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 106.

307      El artículo 65 de la Constitución de El Salvador dispone lo siguiente: “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación”. Constitución Política de la    República       de      El      Salvador,       Decreto       Legislativo  No.             38            de                1983.  Disponible    en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/EA1C26BE-E75B-4709-98AB- 8BC6CA287232.pdf

 

B.1      La atención médica recibida por Manuela antes de la emergencia obstétrica

 

  1. Los representantes alegaron que diferentes falencias a la atención médica recibida por Manuela antes de la emergencia obstétrica, incluyendo que el Estado no diagnosticó tempranamente los “evidentes síntomas del Linfoma de Hodgkin que la [presunta] víctima padecía”.
  2. Al respecto, la Corte recuerda que el derecho a la salud requiere que los servicios prestados sean aceptables, es decir “concebidos para mejorar el estado de salud de las personas que se trate”, así como “apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad”308. Sin embargo, lo anterior no implica que estos deban ser infalibles309. Tomando en cuenta lo anterior, en el presente caso, la Corte no cuenta con elementos suficientes para evaluar la atención médica recibida por Manuela antes de la emergencia obstétrica, ni para examinar la alegada violación del derecho al acceso a la información.

 

B.2      La atención médica recibida por Manuela durante la emergencia obstétrica

 

  1. El derecho a la salud sexual y reproductiva es parte del derecho a la salud310. El derecho a la salud sexual y reproductiva se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación311. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la

 

 

 

308 Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 151. Véase también, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, párr. 12.

309 Así, por ejemplo, TEDH ha señalado que cuando los Estados han tomado medidas adecuadas para asegurar altos estándares profesionales en el personal de salud, asuntos como un error de juicio por parte de un médico o la coordinación negligente entre los profesionales de la salud en el tratamiento de una determinada enfermedad pueden no ser suficientes por sí mismo para establecer la responsabilidad internacional de un Estado. TEDH [Cuarta Sección]. Caso Byrzykowski Vs. Polonia, No 11562/05, de 27 de septiembre de 2006, párr. 104.

310 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 22: El derecho a la salud sexual y reproductiva, 2 de mayo de 2016, U.N. Doc. E/C.12/GC/22, párr. 1. Véase también, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, párr. 148, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 157. La Corte ha adoptado el concepto de salud reproductiva formulado por el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrado en El Cairo en 1994, como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. En consecuencia, “la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, ONU A/CONF.171/13/Rev.1, 1994, párr. 7.2. Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, párr. 148. De igual forma, la Corte ha considerado que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la salud sexual y reproductiva implica que “las personas puedan disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura y responsable, así como la capacidad para reproducirse y la libertad de decidir si se reproducen, cuando y con qué frecuencia”. Organización Panamericana de la Salud, Salud en las Américas 2007, Volumen I – Regional, Washington D.C, 2007, pág. 151.

311       Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 157. Véase también, ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 22, El derecho a la salud sexual y reproductiva, 2 de mayo de 2016, párr. 5.

 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos312.

  1. La Corte ha señalado que, debido a su capacidad biológica de embarazo y parto, la salud sexual y reproductiva tiene implicancias particulares para las mujeres313. En este sentido, la obligación de brindar atención médica sin discriminación implica que la misma tome en cuenta que las necesidades en materia de salud de las mujeres son distintas de las de los hombres, y se presten servicios apropiados para las mujeres314.
  2. Adicionalmente, la obligación de brindar atención médica sin discriminación implica que la presunta comisión de un delito por parte de un paciente bajo ningún supuesto puede condicionar la atención médica que dicho paciente necesita. Por tanto, los Estados deben brindar la atención médica necesaria y sin discriminación para las mujeres que lo requiera315.
  3. En el presente caso, de la historia clínica de Manuela, se desprenden diversas falencias que demuestran que la atención brindada no fue aceptable y de En primera lugar, de acuerdo a los registros del hospital, Manuela ingresó a las 3:25 p.m. con retención de placenta, desgarro perineal y signos de preeclampsia grave post-parto316. Sobre esto el perito Guillermo Ortiz, señaló que “al tener una mujer post parto [con preeclampsia grave], urge administrar un medicamento para evitar complicaciones como convulsiones, […] extraer la placenta inmediatamente y suturar los desgarros”, para evitar que siga perdiendo sangre317. De acuerdo con el expediente, a las 5:30 p.m. del 27 de febrero de 2008, luego de tomar los datos de Manuela y realizarle un examen físico, la médica tratante le informó que mandaría una nota a la fiscalía318. Dicha nota fue recibida a las 5:33 p.m. del mismo día319. A las 7:00 p.m., a Manuela se le extrajo la “placenta completa calcificada”, se le realizó un legrado y se suturó su “desgarro perineal”320. Este Tribunal advierte que el Estado no ha presentado argumentos para justificar dicho retraso. Por el contrario, la Corte resalta que durante ese período de tiempo la médica a cargo dio prioridad a presentar la denuncia a la fiscalía sobre el presunto aborto321.

312    Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 157. Véase también, Artículo 16(e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

313      Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, 157.

314   ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, párr. 12, y ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 22, El derecho a la salud sexual y reproductiva, 2 de mayo de 2016, U.N. Doc. E/C.12/GC/22, párr. 25.

315 Véase en el mismo sentido, ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, párr. 12; Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Conclusiones y recomendaciones respecto de Chile, 14 de junio de 2004, U.N. Doc. CAT/C/CR/32/5, párr. 7) m, e Informe de la Relatoría Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, U.N. Doc. A/66/254, 3 de agosto de 2011, párr. 30.

316 Cfr. Hoja de emergencia de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 16); Hoja de evolución transanestesica del Hospital Nacional “San Francisco Gotera (expediente de prueba, folio 2); hoja de ingreso y egreso (expediente de prueba, folio 17), y Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 58).

317 Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

318      Cfr. Acta de entrevista a la médica tratante (expediente de prueba, folio 16).

319      Nota dirigida a la fiscalía de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 22).

320 Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 58).

321      Nota dirigida a la fiscalía de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 22).

 

  1. En segundo lugar, este Tribunal recuerda que, desde el 2007, Manuela tenía bultos visibles en el cuello322. No obstante, el examen general realizado a la presunta víctima a las 6:40 p.m. del 27 de febrero señala que tiene el cuello simétrico323. De hecho, en los siete días que Manuela estuvo hospitalizada, en ningún momento la historia clínica muestra que el personal tratante haya registrado ni examinado los bultos que Manuela tenía en el cuello. Sobre este punto, el perito Guillermo Ortiz, indicó que una vez atendida la emergencia, se ha debido haber realizado un examen físico completo. Al respecto, señaló que al “hacer una investigación más profunda, acuciosa, se hubiera llegado al diagnóstico de un tumor en el cuello”, y esto pudo haber cambiado el rumbo de la atención de Manuela324.
  2. En tercer lugar, la Corte advierte que, de acuerdo al padre de Manuela, su hija estuvo esposada en el Hospital de San Francisco Gotera325. Esta afirmación, coincide con la práctica de esposar a las mujeres sospechosas de aborto, que la Corte dio por probado en los hechos contextuales del caso (supra párr. 46). En casos como el presente, donde no existe prueba directa de la actuación de los agentes estatales, la Corte ha resaltado que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos326. La Corte considera que la declaración del padre de Manuela, valorada a la luz del contexto en el cual ocurrieron los hechos del caso, hacen posible presumir que Manuela fue esposada a la camilla de su hospital, al menos el 28 de febrero de 2008.
  3. Las esposas u otros dispositivos análogos son frecuentemente utilizados como instrumentos de coerción física de las personas detenidas y privadas de la libertad. Este Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana327. La Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (en adelante “Reglas sobre Tratamiento de Reclusos”)328a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano, lo cual se relaciona con la garantía de su derecho a la salud, como normas básicas respecto de su alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio físico, entre otros329.

 

322 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folios 186 y 187); Declaración jurada de la madre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2281), y Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288).

323 Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 58).

324 Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

325 Declaración jurada del padre de Manuela rendida el 3 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, folio 2288).

326 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 130 y 131, y Caso Valenzuela Ávila Vs. Guatemala, supra, párr. 163.

327     Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 158.

328      Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXVII) de 13 de mayo de 1977.

329 Cfr. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 99, y Caso Hernández Vs. Argentina, supra, párr. 87.

 

Dichas reglas señalan que los instrumentos de coerción no pueden imponerse como castigo, y podrán ser utilizados sólo en los siguientes casos:

  1. Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior330.
  1. Además, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) establecen que “[n]o se utilizarán instrumentos de coerción física en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior”331. En el mismo sentido, se han pronunciado varios relatores especiales de Naciones Unidas332. Asimismo, el Tribunal Europeo ha señalado que la utilización de esposa en personas enfermas o débiles es desproporcional y causa una humillación injustificable, y si estas son utilizadas para una mujer que se encuentra en labor de parto o inmediatamente después de dar a luz constituye un trato inhumano y degradante333.
  2. En el que momento en el que fue detenida, Manuela había recientemente dado a luz, y estaba siendo tratada por preeclampsia grave. Por tanto, resulta irrazonable asumir que existía un riesgo real de fuga que no hubiese podido ser mitigado con otros medios menos No se alegó ante la Corte que Manuela se hubiese comportado en algún momento de forma agresiva con el personal médico, con la policía, que fuese un peligro contra sí misma, ni que hubiese tomado alguna medida para fugarse. Por lo tanto, la Corte considera que estos

330      Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXVII) de 13 de mayo de 1977, párr. 33. En el año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). En estas reglas se establece de forma similar que los medios de “coerción física solo podrán ser utilizados cuando la ley los autorice y en los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra la evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en el momento en que el recluso comparezca ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por orden del director del establecimiento penitenciario, si han fracasado los demás métodos de control, a fin de impedir que el recluso se lesione a sí mismo o lesione a terceros, o que produzca daños materiales, en cuyos casos el director deberá alertar inmediatamente al médico u otros profesionales de la salud competentes e informar a la autoridad administrativa superior”. Cfr. ONU. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Resolución A/RES/70/175, aprobada el 17 de diciembre de 2015 por la Asamblea General, regla 47.2

331   Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Resolución A/RES/65/229 aprobada el 16 de marzo de 2011 por la Asamblea General, regla 24. En el mismo sentido, véase, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Resolución A/RES/70/175, aprobada el 17 de diciembre de 2015 por la Asamblea General, regla 48.2.

332 El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles ha señalado que “[e]l uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas durante el parto e inmediatamente después de él está absolutamente prohibido e ilustra la incapacidad del sistema penitenciario para adaptar los protocolos a las situaciones que afectan exclusivamente a las mujeres”. Asimismo, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica ha señalado que esta práctica puede constituir violencia contra la mujer y otras violaciones de los derechos humanos. Cfr. Informe presentado por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/31/57 de 5 de enero de 2016, párr. 21, e Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, A/74/137 de 11 de julio de 2019, párr. 22.

333 Cfr. TEDH [Quinta Sección]. Caso Korneykova and Korneykov v. Ucrania, No. 56660/12 de 24 de marzo de 2016, párrs. 111 y 115.

 

actos constituyeron una violación del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el artículo 5.2 de la Convención Americana.

  1. En virtud de lo anterior, este Tribunal concluye que el Estado incumplió con el deber de brindar a la presunta víctima una atención médica aceptable y de calidad, y, por ende, constituyó una violación a la integridad personal y del derecho a la salud, establecidos en los artículos 5 y 26 de la Convención Americana.

 

B.3      La violación del secreto médico y la protección de datos personales

 

  1. La finalidad última de la prestación de servicios de salud es la mejoría de la condición de salud física o mental del paciente334. En efecto, la Declaración de Ginebra de la Asociación Mundial de Medicina establece que los miembros de la profesión médica deben “velar ante todo por la salud y el bienestar de [sus] pacientes”335. En el mismo sentido, el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, señala que el médico debe “considerar lo mejor para el paciente cuando le preste atención médica” y que le debe a este toda su lealtad336.
  2. Para que el personal médico pueda brindar el tratamiento médico adecuado, es necesario que el paciente sienta la confianza de compartir con el personal médico toda la información necesaria337. Por esto es fundamental que la información que los pacientes compartan con el personal médico no sea difundida de forma ilegítima338. En este sentido, el derecho a la salud implica que, para que la atención de salud sea aceptable debe “estar concebida para respetar la confidencialidad”339.
  3. Asimismo, el artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás340, y

 

 

 

 

334 Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 139, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 151.

335 Cfr. Declaración de Ginebra, Adoptada por la 2ª Asamblea General de la Asociación Mundial de Medicina, Septiembre 1948 y enmendada por la 22ª Asamblea Médica Mundial Sydney, Australia, Agosto 1968 y la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre 1983 y la 46ª Asamblea General de la AMM Estocolmo, Suecia, Septiembre 1994 y revisada en su redacción por la 170ª Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, Francia, Mayo 2005 y por la 173ª Sesión del Consejo, Divonne-les-Bains, Francia, Mayo 2006 y enmendada por la 68ª Asamblea General de la AMM, Chicago, Estados Unidos, Octubre 2017.

336   Cfr. Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, Adoptado por la 3ª Asamblea General de la AMM, Londres, Inglaterra, octubre 1949 y enmendado por la 22ª Asamblea Médica Mundial, Sídney, Australia, agosto 1968 la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre 1983 y la 57a Asamblea General de la AMM, Pilanesberg, Sudáfrica, octubre 2006

337 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Oscar A. Cabrera de 6 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 4017).

338 TEDH, Caso L.H. Vs. Latvia, No. 52019/07. Sentencia de 29 de abril de 2017, párr. 56, y Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Oscar A. Cabrera de 6 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 4017).

339      Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, párr. 12. Véase también, CEDAW, Recomendación General No. 24: La Mujer y la Salud, 2 de febrero de 1999, párr. 22.

340      Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 119, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 152.

 

es una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad341. Además, se relaciona con: i) la autonomía reproductiva, y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva342.

  1. Aunque los datos personales de salud no se encuentren expresamente previstos en el artículo 11 de la Convención, se trata de información que describe los aspectos más sensibles o delicados sobre una persona, por lo que debe entenderse como protegida por el derecho a la vida privada343. Aquellos datos relativos a la vida sexual deben considerarse, además, como personales y altamente sensibles344.
  2. En virtud del derecho a la vida privada y del derecho a la salud, las personas tienen derecho a que la atención médica sea confidencial y a la protección de los datos de salud. Dicha protección trae como consecuencia que la información que el médico obtiene en ejercicio de su profesión no debe ser difundida y se encuentra privilegiada por el secreto profesional345. Esto incluye tanto la información compartida por el paciente mientras es atendido, como la evidencia física que el personal médico pueda observar al brindar atención médica. En este sentido, los médicos tienen un derecho y un deber de guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en su condición de médicos346. Esta obligación de mantener el secreto profesional ha sido reconocida en diversos instrumentos relativos a la ética de la atención médica, incluyendo el juramento hipocrático347, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos348, la Declaración de Ginebra adoptada por la Asociación Mundial de Medicina en 1948349, el Código Internacional de Ética Médica350, y la Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente351.
  3. No obstante, la confidencialidad de la atención médica y la protección de los datos de salud, no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática352. En el mismo

 

341 Cfr., Mutatis mutandis, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 97, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 152.

342      Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, supra, párr. 146.

343 TEDH, Caso L.H. Vs. Latvia, No. 52019/07. Sentencia de 29 de abril de 2017, párr. 56; TEDH, Caso Y.Y. Vs. Rusia, No. 40388/06. Sentencia de 23 de febrero de 2016, párr. 38, y TEDH, Caso Radu Vs. La República de Moldova. No. 50073/07. Sentencia de 15 de abril de 2014, párr. 27.

344      TEDH, Caso Mockuté Vs. Lituania, No. 66490/09. Sentencia de 27 de febrero de 2018, párr. 95.

345     Caso De La Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 97, y Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319, párr. 237.

346       Caso De La Cruz Flores Vs. Perú, supra, párr. 101, y Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú, supra, párr. 237.

347    Cfr. Peritaje rendido ante fedatario público (afidávit) por Oscar A. Cabrera de 6 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 4017).

348 Cfr. Conferencia General de la UNESCO, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 19 de octubre de 2005, Artículo 9.

349      Cfr. Declaración de Ginebra, supra.

350      Cfr. Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, supra.

351 Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente, Adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial, Lisboa, Portugal, septiembre/octubre 1981 y enmendada por la 47ª Asamblea General Bali, Indonesia, septiembre 1995 y revisada su redacción en la 171ª Sesión del Consejo, Santiago, Chile, octubre 2005 y reafirmada por la 200ª Sesión del Consejo de la AMM, Oslo, Noruega, abril 2015, principio 8.

352 Mutatis mutandis, Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 56, y Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 116.

 

sentido, la obligación del personal médico de mantener el secreto profesional tiene excepciones353.

  1. En el presente caso, la información compartida por Manuela con el personal sanitario era privada. Manuela no autorizó su divulgación, sin embargo, la misma fue divulgada en al menos tres ocasiones: (1) cuando la médica tratante denunció a Manuela; (2) cuando la médica declaró el 28 de febrero de 2008, y (3) cuando el Director del Hospital Nacional San Francisco Gotera remitió un informe de la historia clínica de Manuela a la Fiscalía.
  2. Las divulgaciones de dichas informaciones con las autoridades judiciales constituyeron injerencias en su derecho a la vida privada y a la salud. Por tanto, la Corte debe examinar si cada una de estas resultaron arbitrarias o abusivas o si fueron compatibles con la Convención.

 

  • La denuncia de la médica tratante

 

  1. El 27 de febrero de 2008, la médica que atendió a la presunta víctima denunció a Manuela por posible En su denuncia, la médica formuló las siguientes consideraciones:

A efecto de dar cumplimiento al Art. 312 Pn., por este medio hago de su conocimiento, que el día 27 a las 5 horas 25 minutos, se le brindó atención médica en este Centro Hospitalario a [Manuel]a sexo F de 25 años de edad (…) quien presenta los siguientes hallazgos: parto inmaduro, más retención de placenta. No tiene producto. Al parecer producto del cometimiento de un delito. Lo anterior para que se tomen las medidas de Ley pertinentes354.

 

Legalidad de la restricción

 

  1. El primer paso para evaluar si la afectación de un derecho establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida cuestionada cumple con el requisito de Ello significa que las condiciones y circunstancias generales conforme a las cuales se autoriza una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por ley355. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material356.
  2. Además, la ley debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia357. En este sentido, la regulación debe carecer de ambigüedad de tal forma que no genere dudas en los encargados de aplicar la restricción, y no permita que actúen de manera arbitraria y discrecional, realizando interpretaciones extensivas de la misma358. De forma similar, el Tribunal Europeo ha señalado que la regulación de una restricción debe ser previsible y

353 Véase, por ejemplo, Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, supra, y Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos del paciente, supra, principio 8.

354      Nota dirigida a la fiscalía de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 22).

355 El artículo 30 de la Convención Americana establece que “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

356 Cfr. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A. No. 6, párrs. 27 y 32, y La figura de la reelección presidencial indefinida en Sistemas Presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana). Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021. Serie A No. 28, párr. 115.

357      Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra, párr. 131.

358 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 108, y Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, supra, párr. 125.

 

accesible, lo cual implica que debe estar formulada con la precisión suficiente que permita al individuo, de ser necesario con la asistencia apropiada, regular su conducta359.

  1. El Código de Salud de El Salvador establece como una de las excepciones a la inviolabilidad del secreto profesional que “mantenerlo, vulnere las leyes vigentes”360. Por otra parte, la legislación penal establecía el deber de los médicos de mantener el secreto profesional, y, por ende, abstenerse de declarar, y por otro parte, establecía una obligación de denunciar la ocurrencia de un hecho punible. Si bien uno de los artículos del Código Procesal Penal, establecía como excepción al deber de denuncia que personal médico hubiese tenido conocimiento del mismo “bajo el amparo del secreto profesional”361, el Código Penal tipificaba en el artículo 312 la falta de denuncia por parte de funcionarios públicos, sin que se estableciese excepción alguna362. En este sentido, el Tribunal resalta que la legislación no es lo suficientemente clara sobre si existe o no un deber de denuncia por parte del personal médico que conoce de un posible hecho punible por medio de la información amparada por el secreto profesional, ni tampoco establece regulaciones específicas al secreto profesional relacionada con emergencias obstétricas.
  2. Al respecto, el perito Oscar Cabrera señaló que “[l]a carencia de marcos regulatorios que establezcan con claridad la excepcionalidad de las restricciones al secreto médico, así como los casos muy acotados en los cuales dichas restricciones son aceptables, deriva a en otorgar absoluta discrecionalidad al personal médico para determinar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones”363. En efecto, la Corte recuerda que, de acuerdo a un estudio realizado en El Salvador, el 80% de los ginecólogos obstetras encuestados creían que la denuncia en casos de emergencias obstétricas era obligatoria en todos los casos (supra párr. 45). Esta falta de claridad, ha posiblemente traído como consecuencia, además, que sea frecuente en El Salvador que la denuncia de sospecha de aborto sea presentada por el personal médico o administrativo de la institución de salud donde estaba siendo atendida la mujer (supra párr. 45).
  3. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte considera que la legislación no establecía con claridad si existía o no un deber de denuncia que obligara al personal médico a develar la información confidencial de Manuela. La Corte advierte además que esta falta de claridad en la normativa ha causado que el personal médico entienda que tienen la obligación de denunciar este tipo de situaciones pues de lo contrario podrían ser sancionados. Además, puede también traer como consecuencia, como sucedió en el presente caso (supra párr. 195), que el personal médico priorice la denuncia antes de brindar la atención médica de emergencia a la mujer que así lo necesite. En este sentido, la Corte resalta que, en relación con emergencias obstétricas, la legislación debe señalar de forma clara que, el deber de preservar el secreto profesional médico es una excepción a la obligación general de denuncia en cabeza de cualquier persona establecida en el artículo 229 del Código Procesal Penal364, así como a

359    TEDH, Caso S. y Marper Vs. Reino Unido [Gran Sala], No. 30562/04 y 30566/04. Sentencia de 4 de diciembre de 208, párr. 95, y Caso Avilkina y otros Vs. Rusia, No. 1585/09. Sentencia de 6 de junio de 2013, párr. 35.

360 Código de Salud de El Salvador. Decreto Legislativo No. 955 de 1988, artículo 37 y 38. Disponible en: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/ley/codigo_de_salud.pdf

361 Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 232.2 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

362 Código Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No 1030 de 1997, artículo 312. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf

363    Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Oscar A. Cabrera de 6 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 4029).

364   El artículo 229 del Código Procesal Penal establece que “La persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, la policía o el Juez de Paz inmediato. Si el conocimiento se originare en noticias o informes, la denuncia será potestativa. Si se trata de un delito que depende de instancia particular, no se puede proceder sin ella, salvo

 

la obligación de denuncia que se le impone a los funcionarios públicos y al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante365.

  1. Por ende, la divulgación de los datos de salud sexual y reproductiva de Manuela basada en una legislación vaga y contradictoria, no cumplió con el requisito de legalidad, y, por tanto, constituye una violación del artículo 2 de la Convención, en relación con los artículos 11 y 26 de la Convención. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte considera necesario en el presente caso analizar la finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la restricción.

 

Finalidad e idoneidad de la restricción

 

  1. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención De acuerdo a lo señalado por el Estado, la finalidad de la restricción es evitar consecuencias más gravosas para la vida y salud del menor de edad, así como cumplir con la obligación internacional de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los delitos cometidos en contra de niñas y niños.
  2. Respecto a la primera finalidad señalada por el Estado, la Corte advierte que, de acuerdo a la información que tenía la médica al momento de realizar la denuncia, Manuela señaló que el niño se encontraba muerto366. Asimismo, el actuar de la fiscalía en el caso evidencia que la denuncia se trató como una denuncia de un delito que ya había ocurrido, y no como una situación en la cual se encontraba en peligro la vida de un recién nacido367. Por tanto, este Tribunal considera que, en el presente caso, la finalidad de la restricción no era la protección de la vida de un niño o niña, sino cumplir con la obligación internacional de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los delitos cometidos en contra de niñas y niños, la cual es acorde a la Convención. Asimismo, la Corte advierte que la denuncia realizada en el presente caso es una medida idónea para lograr dicha

 

Necesidad de la restricción

 

  1. Para evaluar la necesidad de la medida es necesario examinar las alternativas existentes para alcanzar el fin legítimo perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquéllas368. En este sentido, la Corte advierte que la denuncia o información de la posible comisión del delito realizada por otra persona, que no ha adquirido dicho conocimiento mediante la atención médica de la mujer, puede ser igualmente idónea. En estos casos no se estaría

los actos urgentes de investigación”. Código Procesal Penal de El Salvador, Decreto Legislativo No. 776 de 1996, artículo 187. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

365 El artículo 312 del Código Penal establece que: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de veinticuatro horas al funcionario competente, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas, dentro de las ocho horas siguientes al mismo, en casos en que racionalmente debieran considerarse como provenientes de un delito”. Código Penal de El Salvador, Decreto Legislativo           No.           1030           de           1997,           artículo           312.                         Disponible  en: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf

366      Cfr. Hoja de emergencia del 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 16).

367 En este sentido, se resalta que tras la denuncia la investigadora del caso quería ir la casa de Manuela, sin embargo, los policías le indicaron que “era un lugar muy lejos”, por lo que fueron a la mañana siguiente. Cfr. Declaración de la investigadora del caso transcripta en la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán el 11 de agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 158).

368      Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra, párr. 206, y Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021,

supra, párr. 121.

 

afectando el derecho a la protección de los datos de salud de la persona que recibió atención médica. Sin embargo, en el presente caso es incierto si se hubiera podido investigar el presunto homicidio si el personal médico no hubiese divulgado la información de Manuela, por lo que la medida podría ser una medida necesaria y se debe analizar la proporcionalidad de la restricción.

 

Proporcionalidad de la restricción

 

  1. En ese punto, se debe examinar si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación369. Al respecto, este Tribunal ha señalado que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho en juego370. En efecto, incluso si una restricción está establecida en la ley, es idónea y necesaria, se deberá determinar si la misma es estrictamente
  2. En el presente caso, Manuela acudió al hospital tras sufrir una emergencia obstétrica, compartió con su médica la información que ella consideró pertinente y permitió que esta la La información obtenida por la médica al atender a Manuela fue posteriormente utilizada en el proceso penal llevado en su contra. Por tanto, Manuela fue obligada a decidir entre no recibir atención médica o que dicha atención fuese utilizada en su contra en el proceso penal.
  3. La Corte advierte que el irrespeto de la confidencialidad médica puede inhibir que las personas busquen atención médica cuando lo necesiten, poniendo en peligro su salud y la de su comunidad, en caso de enfermedades contagiosas371. Específicamente, respecto de casos de mujeres que necesiten atención médica tras un parto o sufrir una emergencia obstétrica, el Comité CEDAW ha señalado que:

La falta de respeto del carácter confidencial de la información […] puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa razón, la mujer estará menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades de los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos, y en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física372.

  1. De forma similar, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que el establecimiento de la obligación de denuncia al personal de salud, puede inhibir a las mujeres de obtener el tratamiento médico requerido, poniendo en peligro su vida373.

 

369    Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra, párr. 93, y Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021, supra, párr. 122.

370 Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46, y Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021, supra, párr. 122.

371    Cfr. TEDH, Caso Y.Y. Vs. Rusia, No. 40388/06. Sentencia de 23 de febrero de 2016, párr. 38; Caso Mockuté Vs. Lituania, No. 66490/09. Sentencia de 27 de febrero de 2018, párr. 93, y Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Oscar A. Cabrera de 6 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 4019).

372 CEDAW, Recomendación General No. 24: La Mujer y la Salud, 2 de febrero de 1999, párr. 12.d. Véase también, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, U.N. Doc. A/HRC/22/53, 1 de febrero de 2013, párr. 46.

373 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Chile, CCPR/C/79/Add.104, 30 de marzo de 1999, párr. 15; Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Venezuela, CCPR/CO/71/VEN, 17 de agosto de 2001, párr. 19, y Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/7, 9 de mayo de 2018, párr. 16.

 

  1. En este sentido, la Corte considera que, en casos como el presente, relacionados con emergencias obstétricas, la divulgación de información médica puede restringir el acceso a una atención médica adecuada de mujeres que necesiten asistencia médica, pero eviten ir a un hospital por miedo a ser criminalizadas, lo que pone en riesgo sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la En efecto, en estos casos colidan en apariencia dos normas: el deber de guardar el secreto profesional y el de denunciar. Tratándose de casos de urgencias obstétricas, en que está en juego la vida de la mujer, debe privilegiarse el deber de guardar el secreto profesional. Por tanto, las afectaciones causadas por la denuncia realizada por la médica tratante en el presente caso fueron desproporcionadas frente a las ventajas que se obtuvieron mediante la misma. En consecuencia, la realización de la denuncia por la médica tratante constituyó una violación a los derechos a la vida privada y a la salud de Manuela, establecidos en los artículos 11 y 26 de la Convención Americana.

 

  • La declaración de la médica y la divulgación de la historia clínica

 

  1. El 28 de febrero de 2008 la policía interrogó a la médica tratante respecto de su La médica reveló información sobre el cuerpo de Manuela, el cual examinó durante la atención médica374. Además, el 29 de febrero de 2008 el Hospital de San Francisco Gotera compartió con la fiscalía una transcripción de la historia médica de Manuela, tras una solicitud de colaboración por parte de la fiscalía375.
  2. Cabe señalar que la declaración de la médica tratante y la historia médica fueron elementos probatorios recaudados durante las investigaciones iniciales realizadas por la policía. De acuerdo al artículo 187 del Código Procesal Penal, la médica tenía la obligación de abstenerse de declarar sobre la información que le constara por haberle brindado atención médica a Manuela y abstenerse de compartir información confidencial. Asimismo, la Corte considera que los datos personales contenidos en la historia clínica son datos sensibles, los cuales solo podían ser divulgados bajo autorización de autoridad competente376.
  3. Como regla general, la información médica debe resguardarse de forma confidencial, con excepción de cuando i) el paciente da su consentimiento para divulgarla, o ii) la legislación interna habilita a determinadas autoridades para accederla. La legislación, además, debe contener los supuestos específicos en los cuales puede difundirse la historia clínica, salvaguardas claras sobre el resguardo de dicha información y la forma en que la información puede ser difundida, exigiendo que la misma se realice solo mediante orden fundamentaba por una autoridad competente y, tras la cual, se divulgue solo lo necesario para el caso
  4. En el presente caso, la declaración realizada por la médica tratante fue contraria a la legislación interna que establecía el deber de secreto profesional, además la legislación relativa a la confidencialidad médica analizada supra no establecía criterios claros sobre en qué circunstancias las autoridades médicas podían compartir el expediente clínico de una

374      Acta de entrevista de la médica a cargo (expediente de prueba, folios 24 y 25).

375 Solicitud de colaboración de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 55), y Oficio emitido por el Director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera de 29 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 57).

376    En este sentido el Comité Jurídico Interamericano ha señalado que los datos personales no deberían divulgarse, ponerse a disposición de terceros, ni emplearse para otras finalidades que no sean aquellas para las cuales se recopilaron, excepto con el consentimiento de la persona en cuestión o bajo autoridad de la ley. Específicamente, el Comité Jurídico Interamericano ha señalado que “la divulgación de datos personales a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a otras agencias gubernamentales, cuando sea realizada de conformidad con la legislación nacional, no contravendría este principio”. Comité Jurídico Interamericano. Principios Actualizados Sobre La Privacidad y la Protección de Datos Personales, con anotaciones, aprobados mediante Resolución CJI/RES. 266 (XCVIII/21) 98o Período Ordinario De Sesiones OEA/Ser. Q, del 5 – 9 de abril de 2021, principio 5.

 

persona. En este sentido, la Corte considera que, en casos como el presente, relacionados con emergencias obstétricas, la divulgación de información médica puede restringir el acceso a una atención médica adecuada de mujeres que necesiten asistencia médica, pero eviten ir a un hospital por miedo a ser criminalizadas, lo que pone en riesgo su derecho a la salud, a la integridad personal y a la vida. Por ende, la declaración realizada por la médica y la divulgación de la historia clínica configuraron una violación a los derechos a la vida privada y a la salud de Manuela, establecidos en los artículos 11 y 26 de la Convención Americana.

B.3.d Conclusión

  1. En virtud de lo anterior, el incumplimiento de la obligación de mantener el secreto profesional y la divulgación de la información médica de Manuela constituyó una violación a sus derechos a la vida privada y a la salud, en relación con la obligación de respetar y garantizar y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

 

B.4      La atención médica recibida por Manuela durante su detención

 

  1. Con base en el principio de no discriminación, el derecho a la salud de las personas privadas de libertad también implica la provisión de revisión médica regular377y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión378.
  2. Para analizar la atención recibida por Manuela durante su detención, y en atención a los alegatos de las partes y las observaciones de la Comisión, el análisis se centrará en determinar lo siguiente: a) la realización de un examen médico integral, y b) el tratamiento médico recibido por Manuela. Respecto a la alegada utilización de esposas cuando Manuela se encontraba detenida en el Hospital Nacional de Rosales, la Corte advierte que no cuenta con elementos de prueba suficientes que permitan acreditar dicho

 

  • La realización de un examen médico integral

 

  1. Con base en el derecho a la integridad personal, la Corte ha interpretado que los Estados deben realizar un examen médico integral de las personas privadas de libertad tan pronto como sea En este mismo sentido, las Reglas sobre Tratamiento de Reclusos señalan, inter alia, que “[e]l médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, [y] tomar en su caso las medidas necesarias”379.

 

377 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador, supra, párr. 156 y 157, y Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 90.

378 Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 171, y Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 90.

379   Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, supra, Regla 24. También es pertinente recordar que el principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988) establece que: “[s]e ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. Los Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana (Principio IX.3) indican que “[t]oda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, practicado por personal de salud idóneo inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental, y la existencia de cualquier herida, daño corporal o mental; asegurar la identificación

 

  1. La Corte constata que inicialmente Manuela fue detenida cuando se encontraba Posteriormente, el 6 de marzo de 2008 fue llevada a las bartolinas de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Morazán donde permaneció retenida hasta su traslado al Centro Penal de la Ciudad de San Miguel380. No consta en el expediente que se haya realizado ningún examen médico al llegar a la Delegación de la Policía ni al Centro Penal de la Ciudad de San Miguel, esto a pesar que Manuela había estado hospitalizada por una emergencia obstétrica y tenía bultos visibles en el cuello que no habían sido examinados en el hospital donde se estuvo internada (supra párr. 196).
  2. Además, la Corte recuerda que se deben realizar exámenes médicos a las personas privadas de libertad tan frecuente como sea necesario. Las autoridades deben asegurar que, cuando lo requiera la naturaleza de una condición médica, la supervisión sea periódica y sistemática dirigida a la curación de enfermedades del detenido o a prevenir su agravamiento, en lugar de tratarlos de forma meramente sintomática381.
  3. En el caso de Manuela, tomando en cuenta los bultos que tenía en el cuello, y que entre noviembre de 2008 y febrero de 2009 perdió más de 13 kilogramos de peso y padeció de fiebre alta e ictericia382, era razonable que se considerara necesario realizarle un examen médico. Sin embargo, no consta en el expediente que se haya realizado algún examen médico a Manuela entre su detención en marzo de 2008 y febrero de 2009. La Corte considera que el Estado estaba obligado a garantizar que la presunta víctima fuera examinada por un médico para verificar cuál era su estado de salud tras la emergencia obstétrica, así como las causas los bultos en su cuello, y brindar un tratamiento médico en caso de ser

 

  • El tratamiento médico recibido por Manuela

 

  1. Este Tribunal ha señalado que los servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto de quienes no están privados de libertad. La salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo prácticas adecuadas, para velar por el acceso igualitario a la atención de la salud respecto de personas privadas de libertad, así como por la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de tales servicios383. En este sentido, la accesibilidad del derecho a la salud para las personas privadas de libertad, implica que estas sean conducidas a centros de salud especializados cuando sean
  2. En el presente caso, Manuela fue diagnosticada el 12 de febrero de 2009 con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular384. La Corte ha señalado que las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado

y tratamiento de cualquier problema significativo de salud; o para verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y tratamiento”.

380      Cfr. Policía Nacional Civil, Delegación de Morazán. Oficio Dirigido al Juez Segundo de Primera instancia de 7 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 1870); Oficio de 7 de marzo de 2008 (expediente de prueba, folio 1871); oficio del Director del Centro Penal de San Miguel de 9 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folio 3313), y hoja de traslado de interna de 10 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, folio 3314).

381      Cfr. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 189.

382 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 190).

383      Cfr. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 177.

384 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 191).

 

adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y enfermería). En cualquier caso, y más aún si la persona está evidentemente enferma, los Estados tienen la obligación de asegurar que se mantenga un registro o expediente sobre el estado de salud y tratamiento de toda persona que ingresa en un centro de privación de libertad, ya sea en el propio lugar o en los hospitales o centros de atención donde vaya a recibir el tratamiento385.

  1. En este caso, tras el diagnóstico de linfoma de Hodgkin se le recetó a Manuela un tratamiento de quimioterapia. De acuerdo al expediente clínico, el tratamiento recibido por Manuela fue irregular. En particular, se observa que: i) no fue llevada a la cita para recibir quimioterapia pautada para el 2 de abril de 2009 sino hasta el 22 de abril, y en ese tiempo aumentó su tumoración386; ii) en enero de 2010 se desfasó un mes el tratamiento387, y iii) tras recibir quimioterapia el 6 de noviembre de 2009 y el 14 de enero de 2010 no fue llevada a los controles subsecuentes388.
  2. En razón de la posición especial de garante que el Estado ejerce sobre la persona en situación de detención, y el consecuente control de los medios de prueba sobre su condición física, condiciones de detención y eventual atención médica, es el Estado quien tiene la carga probatoria de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos389. La falta de entrega de los elementos de prueba que permitan esclarecer el tipo de atención recibida por una persona son particularmente graves en casos que involucren alegatos relacionados con la violación al derecho a la salud. En su condición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido390. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que la falta de concurrencia de la presunta víctima a las citas programadas en el hospital fuesen imputables a Manuela, por lo que se debe presumir que las mismas fueron responsabilidad del
  3. La Corte resalta que los servicios médicos de las personas privadas de libertad deben estar organizados y coordinados con la administración general del servicio de atención en salud general, lo cual implica establecer procedimientos adecuados y expeditos para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, así como para su traslado cuando su estado de salud requiera cuidados especiales en establecimientos penitenciarios especializados o en hospitales civiles. Para hacer efectivos estos deberes, son necesarios protocolos de atención en salud y mecanismos ágiles y efectivos de traslado de prisioneros, particularmente en situaciones de emergencia o enfermedades graves391. En el presente caso, Manuela no pudo

385      Cfr. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 184.

386    Cfr. Historia Clínica de Manuela en el Hospital Nacional Rosales. Registro de 22 de abril de 2009 (expediente de prueba, folio 2640).

387    Cfr. Historia Clínica de Manuela en el Hospital Nacional Rosales. Registro de 6 de enero de 2010 (expediente de prueba, folio 2743).

388    Cfr. Historia Clínica de Manuela en el Hospital Nacional Rosales. Registro de 6 de enero de 2010 (expediente de prueba, folio 2743), e Historia Clínica de Manuela en el Hospital Nacional Rosales. Registro de 18 de febrero de 2010 (expediente de prueba, folio 2735)

389     Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 138, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 118.

390    Cfr. Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina, supra, párr. 138, y Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 173.

391 Artículo 22 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Ver también artículos 25 y 26. Más recientemente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos revisadas, también conocidas como “Reglas de Mandela”, como manifestación del consenso global sobre ciertos estándares mínimos acerca de la atención médica de las personas privadas de libertad, han establecido que todo establecimiento penitenciario debe contar con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar

 

asistir a una sus citas de quimioterapia en 2009, en 2010 se desfasó el tratamiento un mes y, en al menos dos ocasiones, no fue llevada al hospital para las citas médicas de seguimiento (supra párr. 238). Estas faltas demuestran que el Estado no implementó las medidas necesarias para asegurar que Manuela fuera trasladada y recibiera la atención médica que requería en el hospital.

  1. Adicionalmente, la Corte recuerda que el artículo 5.2 de la Convención establece que nadie debe ser sometido a penas crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser En el presente caso, la detención de Manuela impidió que recibiera la atención médica adecuada, por lo que su pena privativa de libertad se convirtió además en una pena inhumana, contraria a la Convención.
  2. Por tanto, el Estado incumplió con el deber de brindar a la presunta víctima una atención médica accesible, lo que constituyó una violación de los derechos a la salud y a la integridad personal, establecidos en los artículos 26 y 5 de la Convención

 

B.5  La violación al derecho a la vida y la alegada falta de investigación

 

  1. El Tribunal ha señalado que, para efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado en casos de muerte en el contexto médico, es preciso acreditar los siguientes elementos: a) cuando por actos u omisiones se niegue a un paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica o tratamientos médicos esenciales, a pesar de ser previsible el riesgo que implica dicha denegación para la vida del paciente; o bien, b) se acredite una negligencia médica grave392, y c) la existencia de un nexo causal, entre el acto acreditado y el daño sufrido por el paciente393. Cuando la atribución de responsabilidad proviene de una omisión, se requiere verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese interrumpido el proceso causal que desembocó en el resultado dañoso. Dichas verificaciones deberán tomar en consideración la posible situación de especial vulnerabilidad de la persona afectada394, como por ejemplo su situación de detención, y frente a ello las medidas adoptadas para garantizar su situación395.

 

 

 

 

la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación (regla 25); la necesidad de mantener registros médicos individuales apropiados (regla 26); que los establecimientos penitenciarios faciliten a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes; que los prisioneros que requieren de tratamiento especializado o de cirugía sean trasladados a instituciones privadas o a hospitales civiles; y que cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, cuente con el personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a los reclusos que les sean remitidos (regla 27). Esta modificación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015. Disponible en:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175&referer=http://www.unodc.org/unodc/ en/j ustice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside&Lang=S

392      Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, párrs. 120-122, 146 y 150, y Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 156.

393      Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 148, y Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 156.

394      Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 227, y Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 156.

395      Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 125, y Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 156.

 

  1. En el presente caso, la Corte advierte que Manuela falleció el 30 de abril de 2010. La causa de su defunción fue un paro cardio-respiratorio y el diagnóstico de la misma fue linfoma de Hodgkin396. De acuerdo a lo señalado por el perito Guillermo Ortiz:

El linfoma Hodgkin es uno de los cánceres que tienen mejor resolución cuando son detectados a tiempo. O sea, pueden curarse hasta en un 95% si son detectados a tiempo. Desafortunadamente, en el caso de [Manuela] fue detectado tardíamente y el tratamiento fue casi muy tardío, y por lo tanto, no fue efectivo397.

  1. El Tribunal verificó distintas omisiones en la atención médica brindada a la presunta víctima. Específicamente, el Estado incumplió su obligación de: (i) realizar un examen general de salud cuando Manuela se encontraba hospitalizada; (ii) realizar un examen de salud al momento de ser detenida, y (iii) tomar las medidas necesarias para que Manuela pudiese recibir su tratamiento médico mientras se encontraba privada de libertad. De no haber ocurrido estas omisiones se hubiera reducido las probabilidades de que Manuela muriese a causa del linfoma de Hopkin. En ese sentido, la Corte considera acreditada la existencia de un nexo causal en este caso, por lo que demuestra el incumplimiento del deber de garantizar el derecho a la vida de Manuela.
  2. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación al deber de garantía del derecho a la vida contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 del mismo instrumento.
  3. Por otra parte, la Corte ha establecido que cuando una persona muere mientras se encontraba bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva398. No obstante, en casos como el presente, donde no hay indicios de violencia en la muerte de la presunta víctima (ni fue alegado como tal), la muerte ocurrió en un hospital y es razonablemente probable que la muerte se haya dado por causas naturales o accidentales, una investigación no judicial, como la realizada por las autoridades donde Manuela estaba detenida, puede ser suficiente399. El registro de defunción de Manuela hace constar que la “enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente” fue linfoma de Hodgkin, tipo esclerosis nodular400. Por tanto, la Corte considera que no ha sido demostrado que el Estado sea responsable por el alegado incumplimiento de garantizar el acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 1 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Manuela.

 

B.6      Los alcances de la discriminación ocurrida en el presente caso

 

  1. La Corte recuerda que, como condición transversal de la accesibilidad a los servicios de salud, el Estado está obligado a garantizar un trato igualitario a todas las personas401. De esta forma, de conformidad con el artículo 1 de la Convención Americana, no son permitidos

396 Cfr. Asesoría Médica en caso de Manuela. Revisión de manejo clínico y hospitalario en la Unidad de Salud de Cacaopera y el Hospital Nacional “San Francisco” (expediente de prueba, folio 191).

397 Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

398 Cfr. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, supra, párr. 87, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 253.

399 Cfr. Comité Internacional de la Cruz Roja, Guías para la Investigación de Muertes en Custodia de octubre de 2013, artículo 1.2 (c). Disponible en: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf

400      Acta de defunción de Manuela de 30 de abril de 2010 (expediente de prueba, folios 3780 y 3783).

401 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 122, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 166.

 

tratos discriminatorios por motivos del sexo. En la actual etapa de evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens y permea todo el ordenamiento jurídico402.

  1. Por otra parte, la Corte ha señalado que el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 24 convencional tiene dos dimensiones (supra párr. 156). La segunda dimensión es material o sustancial y ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados en razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1 de la Convención Americana. Lo anterior quiere decir que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, esto es, corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material. Para ello, los Estados deben enfrentar activamente situaciones de exclusión y marginación403.
  2. La obligación de garantizar la igualdad material es concordante con los artículos 3 y 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los cuales establecen que:

Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

 

Artículo 4

  1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y
  2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará
  3. El principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos404. En este sentido, si una norma o práctica aparentemente neutra, tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas debe ser considerado como discriminación indirecta405.

 

402 Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 103, y Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, párr. 182.

403      Cfr. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil, supra, párr. 199, y

Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 167.

404     Cfr. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 141, y Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, supra, párr. 286.

405    Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, supra, párr. 286. Véase también, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 25 referente a medidas especiales de carácter temporal (2004), párr. 1 (“puede haber discriminación indirecta contra la mujer cuando las

 

  1. La Corte ha reconocido que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género negativos y perjudiciales406. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que las mujeres son vistas como el ente reproductivo por excelencia407. No obstante, las mujeres tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los servicios de salud reproductiva y en la atención obstétrica sin ser objeto de discriminación o violencia408.
  2. Además, esta Corte considera que en Manuela confluían distintas desventajas estructurales que impactaron su victimización. En particular, la Corte subraya que Manuela era una mujer con escasos recursos económicos, analfabeta y que vivía en una zona rural. De verificarse la discriminación alegada en este caso, estos factores de vulnerabilidad o fuentes de discriminación habrían confluido en forma interseccional, incrementando las desventajas comparativas de la presunta víctima y causando una forma específica de discriminación por cuenta de la confluencia de todos estos factores409. Asimismo, la Corte resalta que dichos factores de discriminación son concordantes con el perfil de la mayoría de las mujeres juzgadas en El Salvador por aborto u homicidio agravado, quienes tienen escasos o nulos ingresos económicos, provienen de zonas rurales o urbanas marginales y tienen baja escolaridad (supra párr. 46).
  3. Este Tribunal considera que la ambigüedad de la legislación relativa al secreto profesional de los médicos y la obligación de denuncia existente en El Salvador afecta de forma desproporcionada a las mujeres por tener la capacidad biológica del embarazo. Tal como se mencionó, existe en los médicos ginecólogos una creencia de que deben denunciar los casos de posibles abortos, como sucedió en el presente caso, donde Manuela fue denunciada por posible De acuerdo al perito Guillermo Ortiz, esto no sucede con otro tipo de delitos410. Además, la Corte advierte que, de acuerdo a los registros, este tipo de denuncias no son interpuestas por personal de clínicas privadas, sino solo por personal de hospitales públicos411. Esto evidencia que la ambigüedad legislativa no afecta a las mujeres que tienen suficientes recursos económicos para ser atendidas en un hospital privado.
  4. En el presente caso, el personal médico priorizó la realización de la denuncia por un supuesto delito sobre el diagnóstico y tratamiento médico. Además, dicha denuncia, unida con la declaración de la médica tratante y la posterior remisión de la historia clínica de Manuela, fue utilizada en un proceso penal en su contra, en violación de sus derechos a la vida privada y a la Todo ese actuar estuvo influenciado por la idea de que el

 

leyes, las políticas y los programas se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del género pero que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer”).

406      Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 143.

407      Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 143.

408 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. U.N. Doc. A/74/137, 11 de julio de 2019, párr. 76.

409 Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, párr. 191.

410 Cfr. Declaración de Guillermo Antonio Ortiz Avendaño rendida en audiencia pública celebrada en el presente caso.

411   Cfr. Peritaje rendido por David Ernesto Morales Cruz de 4 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3944), y Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de El Salvador,

U.N. Doc. CCPR/C/SLV/CO/7 de 9 de mayo de 2018, párr. 15.

 

juzgamiento de un presunto delito debe prevalecer sobre los derechos de la mujer, lo cual resultó discriminatorio.

  1. En suma, la Corte concluye que, en el presente caso, no se garantizó el derecho a la salud sin discriminación, así como el derecho a la igualdad, previstos en los artículos 24 y 26, en relación con el artículo 1 de la Convención.
  2. Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” establece que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, y que este derecho incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación412. Además, señala que los Estados deben “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”413. En este sentido, la Corte recuerda que la protección a los derechos humanos, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar414. Para hacer efectiva esta protección, la Corte ha considerado que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre415. La Corte considera que este deber estatal adquiere especial relevancia cuando se encuentran implicadas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres416.
  3. La Convención de Belém do Pará ha establecido parámetros para identificar cuándo un acto constituye violencia y define en su artículo 1° que “debe entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”417. Asimismo, la Corte ha afirmado que la violencia basada en el género, “abarca actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”418.
  4. En seguimiento de lo anterior, la Corte advierte que, dada la ambigüedad de la legislación sobre el secreto profesional y el deber de denuncia, si Manuela acudía a los servicios médicos para atender la emergencia obstétrica que ponía en riesgo su salud, podía ser denunciada, como efectivamente sucedió. Someter a Manuela a esta situación, que terminó por afectar rotundamente su vida, además de discriminatoria, constituyó un acto de violencia contra la mujer. Por consiguiente, la Corte concluye que el Estado incumplió su obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de

 

412 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra, párr. 394, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 250, ambas citando la Convención de Belém do Pará, preámbulo y artículo 6.

413      Convención de Belém do Pará, artículo 7.a).

414      Cfr. Opinión Consultiva OC-6/86, supra, párr. 21, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 250.

415   Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 250.

416      Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 250.

417      Convención de Belém do Pará, artículo 1.

418     Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 303, y Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 251, ambas citando ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 19, La violencia contra la mujer, 1992, párr. 6.

 

conformidad con esta obligación, en contravención con el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará.

 

B.7  Conclusión

 

  1. Con base en todo lo expuesto, El Salvador es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5, 11, 24 y 26, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de la Asimismo, el Estado es responsable por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará.

 

VIII-4

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES419 420 EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO421

 

A.          Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. Los representantes alegaron que “el Estado salvadoreño es internacionalmente responsable por la vulneración del derecho a la integridad personal de los familiares de Manuela”. Al respecto, señalaron que: i) el padre de Manuela sufrió graves afectaciones en su salud psíquica en razón de la angustia de no saber qué sucedería con su hija, así como por el trato de las autoridades, las dificultades económicas para poder visitar a Manuela, y el darse cuenta que había firmado una denuncia en contra de su hija; ii) la madre de Manuela sufrió serios impactos en su integridad física y psicológica como consecuencia del allanamiento en su casa y las amenazas por parte de las autoridades, la injusticia que sufrió su hija, y la impotencia de saber que estaba muriendo sin siquiera poder verla, y las vejaciones que sufría por parte del personal penitenciario cuando la visitaba en prisión; iii) los hijos de Manuela se vieron gravemente afectados “por haber perdido a su única referencia parental” así como por el estigma imperante en su comunidad por ser hijos de quién “mató a su hijo”. Señalaron que todo ello demuestra que los miembros de su núcleo familiar “sufrieron los efectos adversos y una profunda angustia por la privación arbitraria de libertad de Manuela”. Por otro lado, los representantes alegaron que hubo una interferencia ilícita en la vida privada y familiar de Manuela, y que, además, su familia no contaba con recursos económicos para poder costear los gastos de transporte y traslado. Por estas razones solicitaron también declarar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 2, 17.1 y 19 de la Convención. Ni la Comisión ni el Estado presentaron alegatos respecto de la alegada violación al derecho a la integridad personal de los familiares de Manuela.

 

B.          Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha afirmado, en reiteradas oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas422. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de “familiares directos” de víctimas y de otras personas con vínculos estrechos con tales víctimas, con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa

419      Artículo 5 de la Convención.

420      Artículo 8.2 de la Convención.

421      Artículo 1.1 de la Convención.

422      Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, punto resolutivo cuarto, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 217.

 

de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos423, tomando en cuenta, entre otros, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar424.

  1. La madre de Manuela declaró que “a ella todavía le hace falta su hija, se acuerda de ella todos los días […] [desde lo ocurrido les tiene miedo y resentimiento a las autoridades] [porque] fueron a su casa a ultrajarla a ella y a su familia […] [y] a separar a su hija de sus niños. Eso nunca debió pasar. Sufre de los nervios y toma pastillas para no enfermarse”425. Por su parte, el padre de Manuela, declaró que llegó “a estar muy preocupado, no se hallaba, perdió la tranquilidad y se le dificultaba conciliar el sueño pensando en el estado de su hija y la gran impotencia de saber que estaba enferma, sola, lejos de sus hijos y con tanto dolor. Sabía que tenía que ser fuerte por su familia y sus nietos, pero el corazón no le daba, fingía que estaba bien, pero en el fondo estaba roto […]”426. Agregó que “lamenta mucho que nunca aprendió a leer porque de haber sabido nunca hubiese firmado esa nota que la policía le dio”427.
  2. Los hijos de Manuela también se vieron afectados por lo ocurrido a su madre. De acuerdo con la mamá de Manuela, “[d]espués de la muerte de [Manuela], los niños quedaron tristes, se afligían y la extrañaban Ellos lloraban, se enojaban y le costaba mucho consolarlos. Esperaban a su mamá”428. El hijo mayor de Manuela declaró que, cuando fue a visitar a su madre en la cárcel de San Miguel, “quería hablar más con su mamá, tener el placer de contarle más pero no pudo, porque había un policía que estaba presente durante la visita y le daba miedo. Esta situación no le permitió expresarle a su madre que la extrañaba, lo cual fue muy difícil para él […] Aún revive ese momento con mucho dolor pues es el último recuerdo que tiene de ella”429. Además, indicó que para él “fue duro crecer sin su madre […] le hacía falta su amor […] [a]unque tiene pocos recuerdos de ella, la extraña y quisiera tenerla en su vida para platicar con ella y recibir sus consejos”430. Por su parte, el hijo menor de Manuela declaró que “[f]ue doloroso y complicado para él crecer sin su madre. Su vida fue distinta a la de otros niños por su ausencia y porque no tuvo su guía […] Siente rabia y frustración cada vez que piensa en todas las humillaciones que vivió su madre”431.
  3. Adicionalmente, la Corte nota que un peritaje de afectación psicológica presentado por los representantes ante la Comisión concluyó que los familiares de Manuela padecen una “afectación psicológica con síntomas y características que corresponden a estrés

 

423      Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 217.

424      Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 163, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 217.

425      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por la madre de Manuela de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3793).

426      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el padre de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3799).

427      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el padre de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3800).

428      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por la madre de Manuela de 5 de marzo de 2021 (expediente de prueba, folio 3793).

429      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el hijo mayor de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3803).

430      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el hijo mayor de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3803).

431      Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el hijo menor de Manuela de 26 de febrero de 2021 (expediente de prueba, folio 3807).

 

postraumático que afecta su rendimiento diario, resultado de la privación de libertad y estigma que permanece aún después de la muerte de su hija”432.

  1. La prueba que obra en el expediente permite constatar que el núcleo familiar de Manuela ha experimentado un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral, debido a la detención, juzgamiento, encarcelamiento y muerte de Manuela, el cual persiste hasta la fecha. En consecuencia, el Tribunal concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la madre, el padre, el hijo mayor y el hijo menor de Manuela.
  2. Respecto a las alegadas violaciones a los artículos 11.2, 17.1 y 19 de la Convención, la Corte advierte que los hechos relacionados con dichos alegatos son esencialmente los mismos a los ya analizados en el presente acápite. Por ello, este Tribunal estima que no es necesario pronunciarse sobre las alegadas violaciones a los derechos a la vida privada, a la vida familiar, a la protección a la familia y a los derechos del niño433.

 

IX REPARACIONES

 

  1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado434. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños Por tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho435. Asimismo, la Corte estima que, en este caso, las reparaciones deberán incluir un análisis que contemple no solo el derecho de las víctimas a obtener una reparación, sino que, además, incorpore una perspectiva de género tanto en su formulación como en su implementación436.
  2. En consecuencia, y de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en la presente Sentencia, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes de las víctimas, así como las observaciones del Estado a las mismas, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados437.

432 Peritaje de afectación psicológica de los familiares de Manuela, realizado por Rosa Margarita O’Farrill Dominguez, Psicóloga clínica y consultora en derechos humanos el 17 de julio de 2012 (expediente de prueba, folios 1558, 1559, 1560, 1562, y 1564).

433     Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 138, y Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2019. Serie C No. 373, párr. 92.

434     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 24 y 25, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021. Serie C No. 434, párr. 95.

435 Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador, supra, párr. 163.

436      Mutatis mutandis, Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, supra, párr. 215.

437    Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 y 26, y Caso Almeida Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Serie C No. 416, párr. 57.

 

A.          Parte Lesionada

 

  1. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 1 de la Convención, a quienes hayan sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Manuela, su madre, su padre, y sus dos hijos, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en el Capítulo VIII, serán consideradas beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordene.

 

B.          Medidas de satisfacción

 

B.1      Publicación de la Sentencia

 

  1. Los representantes solicitaron ordenar al Estado publicar el resumen oficial de la Sentencia “en los Diarios Oficiales, un diario de amplia circulación nacional, y en la página web de la Procuraduría General de la República, la Unidad de Defensoría Pública de la Procuraduría General, el Ministerio de Educación, la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Centros Penales, y el Ministerio de Salud Pública”. Asimismo, solicitaron que el Estado traduzca el contenido de la sentencia “a un formato de lectura fácil que permita que sea comprendida por los familiares de Manuela y por las demás personas que no tienen acceso a educación formal”.
  2. El Estado manifestó su disposición de publicar el resumen oficial de la Sentencia “en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional; así como en las páginas web institucionales de las instituciones nacionales directamente vinculadas a los hechos del caso, por el marco de competencias interno”.
  3. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos438, que el Estado publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, con un tamaño de letra legible y adecuado, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible, por un período de al menos un año, en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, la Unidad de Defensoría Pública de la Procuraduría General, el Ministerio de Educación, la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Dirección General de Centros Penales, y el Ministerio de Salud Pública, de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio
  4. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en la parte resolutiva de la

 

B.2      Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

 

  1. Los representantes solicitaron que el Estado “lleve a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso”. El Estado no se pronunció sobre esta
  2. La Corte estima necesario ordenar, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, que, en un plazo de un año, el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones

438      Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 79, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 117.

 

de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado y de los familiares de Manuela o sus representantes439. De igual manera, como lo ha hecho en otros casos440, la Corte ordena al Estado difundir dicho acto a través de los medios de comunicación de la manera más amplia posible, incluyendo la difusión en la radio, televisión y redes sociales, en particular aquellas pertenecientes al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

  1. El Estado y las víctimas, y/o sus representantes, deberán acordar la modalidad de cumplimento del acto público, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización441.

 

B.3      Becas de estudio para los hijos de Manuela

 

  1. Los representantes solicitaron ordenar becas de estudio a favor de los dos hijos de Respecto del hijo mayor de Manuela, solicitaron una “beca educativa y económica integral para que pueda culminar la educación primaria y secundaria, y que, se le brinde y garantice un tutor de estudios como apoyo para dicho trayecto” así como una “beca educativa y económica integral para que pueda cursar una carrera técnica de mecánica en la institución de su elección, y se le garantice el transporte desde su domicilio hasta dicha institución”. En favor del hijo menor de Manuela, los representantes solicitaron una “beca educativa y económica integral para que pueda cursar una carrera universitaria y post grado de su escogencia en el área de Ingeniería de Sistemas y Computación, que cubra su matrícula, mensualidades, útiles de estudio, traslados para visitar a su familia en Cacaopera, asistencia a congresos, cursos adicionales en caso de haberlos, en el Centro Universitario de su elección, conforme a sus intereses personales, y por el tiempo que dure la carrera”. El Estado no se pronunció sobre esta solicitud.
  2. La Corte constató que lo ocurrido a Manuela ocasionó cambios significativos en el proyecto de vida de sus hijos, teniendo impacto en su desarrollo personal y profesional. En atención a lo anterior, este Tribunal considera oportuno ordenar que el Estado otorgue una beca en instituciones de educación primaria, secundaria, técnica y superior, de carácter pública o privada en El Salvador, a favor de los dos hijos de Manuela, concertada entre éstos y el Estado, para culminar la educación primaria y secundaria, y realizar estudios superiores técnicos o universitarios, ya sean de pregrado y/o posgrado, o bien para capacitarse en un oficio442. Además, esta beca no deberá estar condicionada a la obtención de calificaciones que les haga acreedores de una beca de excelencia ni tampoco depender de su desempeño académico, y deberá otorgárseles, en cambio, en atención a su calidad de víctimas por las violaciones declaradas en la presente Sentencia. Dicha beca se otorgará desde el momento en que los beneficiarios la soliciten al Estado hasta la conclusión de sus estudios superiores técnicos o universitarios y deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de dichos estudios, incluyendo el material académico o educativo y los gastos de manutención. Las víctimas o sus representantes legales cuentan con un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir dichas Asimismo, cuentan con un plazo de 24 meses desde la finalización de

439      Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, supra, párr. 81, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, supra, párr. 232.

440      Cfr., por ejemplo, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párr. 445, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, supra, párr. 233

441      Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra, párr. 353, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, supra, párr. 233.

442      Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110. párr. 237 y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 311.

 

sus estudios secundarios para informar sobre su voluntad de recibir la beca para sus estudios técnicos o universitarios, así como sobre la carrera que decidieron realizar en dicho nivel.

 

C.          Medida de rehabilitación

 

  1. Los representantes solicitaron ordenar al Estado brindar tratamiento médico y psicológico de la mejor calidad, completamente gratuito, y vitalicio para la madre y el padre de Manuela, en el centro médico de su elección.
  2. El Estado manifestó su voluntad de brindar “la provisión de atención en salud y atención psicológica para las víctimas que determine [la] Corte, a partir de una evaluación inicial, integral, para determinar sus necesidades individuales y que sea brindada a través del Sistema Público de Salud, con una atención primaria en los centros de salud más cercanos a su lugar de residencia”.
  3. La Corte ha constatado las graves afectaciones a la integridad física que los hechos del presente caso tuvieron sobre los padres de Manuela (supra párr. 263). En consecuencia, la Corte considera oportuno que el Estado brinde gratuitamente, a través de instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran los padres de Manuela, incluida la provisión gratuita de medicamentos, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario. Asimismo, los tratamientos deberán prestarse, en la medida de lo posible, en los centros elegidos por los beneficiarios. De no contar con centros de atención cercanos se deberán sufragar los gastos relativos al transporte y alimentación. Para tal efecto, las víctimas disponen de un plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para requerir al Estado dicho tratamiento443.

 

D.              Garantías de no repetición

 

  1. La Corte ordenará entre las medidas de no repetición reformas normativas que deberán ser ejecutadas por el Estado. El cumplimiento de las medidas que aquí se ordenan, no podrá ser obstaculizado mediante la utilización de la figura de reserva de ley de forma que enerve los derechos de las Por lo tanto, la obligación de ajuste normativo podrá hacerse de manera directa por la rama ejecutiva del Estado444.

 

D.1     Regulación del secreto profesional médico y sus excepciones, y adaptación de los protocolos y guías médicas de atención de las emergencias obstétricas

 

  1. La Comisión solicitó ordenar al Estado que garantice “la certeza legal del secreto profesional médico mediante una regulación adecuada que sea el resultado de una debida ponderación de los derechos e intereses en juego, y crear un protocolo para su protección por personal médico en casas relacionados con emergencias obstétricas o abortos que cumpla con los estándares internacionales y que contemple detalladamente los supuestos de excepción”.

 

 

 

443 Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra, párr. 253, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 114.

444 Mutatis mutandis, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de febrero de 2016, párr. 135.

 

  1. Los representantes replicaron la solicitud de la Comisión, agregando que el protocolo debe detallar “el procedimiento para [la revelación del secreto médico] y la indicación detallada de las autoridades competentes que pueden solicitarlo y autorizarlo”.
  2. El Estado no se pronunció sobre estas solicitudes, pero presentó junto con sus alegatos finales escritos varias guías clínicas y lineamientos del Ministerio de Salud relativas a la atención obstétrica445.
  3. La Corte recuerda que en el presente caso, tras sufrir una emergencia obstétrica, Manuela fue denunciada por su médica por el posible “cometimiento de un delito”446. Con base en esta denuncia Manuela fue investigada por “el ilícito del aborto”447. La legislación salvadoreña regula con ambigüedad el secreto profesional médico, lo que en la práctica ha implicado que el personal de salud, para evitar ser sancionado, denuncie a mujeres sospechosas de haber cometido el delito de aborto (supra párrs. 213 a 216). Asimismo, tampoco se encuentra regulada de manera suficiente la confidencialidad de la historia clínica y la excepcionalidad de su divulgación (supra párr. 228). En consecuencia, este Tribunal considera pertinente que el Estado adopte, en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, una regulación clara sobre los alcances del secreto profesional médico, la protección de la historia clínica y sus excepciones, de conformidad con los estándares desarrollados en la presente Sentencia (supra párrs. 211 a 228). Dicha regulación debe establecer expresamente que: i) el personal médico y sanitario no tiene una obligación de denunciar a mujeres que hayan recibido atención médica por posibles abortos;
  4. en estos casos, el personal de salud debe mantener el secreto profesional médico, frente a cuestionamientos de las autoridades; iii) la falta de denuncia por parte del personal de salud en estos casos no conlleva represalias administrativas, penales o de otra índole, y iv) los supuestos en los cuales se puede difundir la historia clínica, las salvaguardas claras sobre el resguardo de dicha información y la forma en que esta puede ser difundida, exigiendo que la misma se realice solo mediante orden fundamentaba por una autoridad competente y, tras la cual, se divulgue solo lo necesario para el caso concreto. En tanto dicha regulación no se encuentre vigente, la Corte considera oportuno ordenar al Estado, como lo ha hecho en otros casos448, que se abstenga de aplicar la legislación actual respecto de la obligación del personal de salud de denunciar posibles casos de
  5. Por otra parte, la Corte nota que las guías y lineamientos técnicos aportados por el Estado carecen de orientaciones claras sobre el secreto profesional médico. En consecuencia, y la luz del contexto en el cual ocurrieron los hechos, la Corte considera necesario que el Estado adopte, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un protocolo para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas. El protocolo deberá estar dirigido a todo el personal de salud público y privado de El Salvador, estableciendo criterios claros para asegurar que, en

445 Cfr. Ministerio de Salud de El Salvador. Guías Clínicas de Ginecología y Obstetricia de febrero de 2012 (expediente de prueba, folios 5561 a 5812); Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos Técnicos de procedimientos y técnicas quirúrgicas en obstetricia de 2020 (expediente de prueba, folios 5813 a 5914); Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos técnicos para la aplicación del código naranja en la RIIS de diciembre de 2017 (expediente de prueba, folios 5915 a 5943); Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos técnicos para la aplicación del código amarillo en la RIIS de junio de 2016 (expediente de prueba, folios 5949 a 5972), y Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos técnicos para la aplicación del código rojo en la RIIS de julio de 2015 (expediente de prueba, folios 5973 a 6006).

446      Denuncia de la médica tratante de 27 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 22).

447 Solicitud de orden de registro con prevención de allanamiento de fecha 28 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 27).

448 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, supra, párr. 212, y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 130 (c).

 

la atención de estas mujeres: i) se asegure la confidencialidad de la información a la que el personal médico tenga acceso en razón de su profesión; ii) el acceso a servicios de salud no esté condicionado por su presunta comisión de un delito o por la cooperación de las pacientes en un proceso penal, y iii) el personal de salud se abstenga de interrogar a las pacientes con la finalidad de obtener confesiones o denunciarlas. En la elaboración del protocolo, el Estado deberá tener en cuenta los criterios desarrollados en esta Sentencia y en la jurisprudencia de la Corte. El mismo deberá ser conforme con los estándares desarrollados en los párrafos 211 a 228 de la presente Sentencia.

 

D.2      Adecuación de la regulación de la imposición de la prisión preventiva

 

  1. La Comisión solicitó que la Corte ordene a El Salvador “asegurar que en la legislación y la practica el uso de la detención preventiva se ajuste a los estándares descritos [en el Informe de Fondo]”. Los representantes replicaron la solicitud de la Comisión. El Estado se refirió a su regulación interna señalando los supuestos en los que procede la imposición de la prisión preventiva, e informó sobre los avances alcanzados en otras medidas cautelares no privativas de libertad, como el monitoreo electrónico.
  2. En el presente caso, la Corte acreditó que la imposición de la prisión preventiva en el proceso penal llevado en contra de Manuela tuvo como fundamento una regulación que resultaba contraria a la Convención Americana (supra párrs. 103 a 112). En este sentido, la Corte nota que el Código Procesal Penal salvadoreño vigente regula de la misma forma la imposición de prisión preventiva449. Por tanto, la Corte considera que el Estado debe realizar, en el plazo de dos años, una reforma a su legislación procesal penal a efectos de compatibilizarla con los estándares relativos a la prisión preventiva desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, de conformidad con lo establecido en los párrafos 99 a 112 de la presente

 

D.3      Capacitación y sensibilización de funcionarios públicos

 

  1. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado “realizar la debida capacitación a defensores públicos, fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales destinada a eliminar el uso de estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres tomando en cuenta su impacto negativo en las investigaciones penales y en la valoración probatoria y sobre responsabilidad penal en decisiones judiciales” y “revisar y adecuar las practicas institucionales discriminatorias dentro del ámbito penal y sanitaria”. Asimismo, solicitó fortalecer “la plena eficacia de la defensa publica, en particular en los casos que implican la posible imposición de penas severas, incluyendo mecanismos disciplinarios de rendición de cuentas frente a acciones u omisiones que constituyan negligencias manifiestas”.
  2. Los representantes solicitaron que “se dispongan capacitaciones destinada[s] a eliminar el uso de estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres tomando en cuenta su impacto negativo en las investigaciones penales y en la valoración probatoria y sobre responsabilidad penal en decisiones judiciales”, así como “programas de educación y formación permanentes dirigidos a todos los profesionales que trabajen en instituciones de salud, policía y poder judicial sobre el tratamiento adecuado a emergencias obstétricas, el secreto profesional, embarazo, género, derechos humanos y prevención de actos de tortura”. Solicitaron que estas capacitaciones sean brindadas “i) en las carreras universitarias de Medicina, Enfermería, Derecho, Psicología, y Trabajo Social; ii) al personal de salud del territorio iii) a los médicos legistas; y iv) a los operadores de justicia, incluyendo Defensores Públicos, a través de la Escuela Judicial correspondiente”. Del mismo modo, requirieron

449      Cfr. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Código Procesal Penal, Decreto Ley No. 733, artículos 329 y 331.

 

ordenar al Estado “fortalecer la plena eficacia de la defensa pública, en particular en los casos que implican la posible imposición de penas severas, incluyendo mecanismos disciplinarios de rendición de cuentas frente a acciones u omisiones que constituyan negligencias manifiestas”.

  1. El Estado manifestó su intención de avanzar “medidas relacionadas con la formación y capacitación permanente a funcionarios y empleados públicos”. Asimismo, informó que “ha desarrollado una permanente formación para la eliminación de estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres, dirigidos en particular a fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los servidores públicos, incluyendo a defensores públicos, fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales, así como de órganos auxiliares de la administración de justicia”. Así, por ejemplo, el Estado se encuentra trabajando “en la ejecución de capacitaciones técnicas especializadas para el ejercicio de la defensa técnica en los casos de interrupción de la gestación del no nacido”, está desarrollando “un programa de capacitación especializado en materia de derechos humanos, dirigido de manera especial a jueces y colaboradores judiciales”, y la Fiscalía General de la Republica, instruyó la inclusión o fortalecimiento de componentes, en el programa de capacitación dirigido a Fiscales Auxiliares referidos a “la eliminación de estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres y su impacto negativo en las investigaciones penales y en la valoración probatoria”. En el ámbito sanitario “el abordaje a las mujeres que enfrentan problemas obstétricos se realiza basándose principalmente en las orientaciones dictadas en lo lineamientos y guías” de salud. También señaló que, para fortalecer las capacidades técnicas de los defensores públicos, la Procuraduría General de la República “ha impartido capacitaciones que contribuyen a mejorar el rol de la defensa frente a casos complejos y a la observancia del mandato de interposición de recursos pertinentes en cada una de las etapas procesales”.
  2. La Corte reconoce los importantes avances que el Estado ha implementado en la formación de sus funcionarios públicos en materia de derechos humanos, el uso de estereotipos en contra de mujeres que son procesadas penalmente y la atención médica de las emergencias obstétricas. Sin perjuicio de ello, en el presente caso el Tribunal considera necesario que el Estado adopte, en el plazo de un año, un plan de capacitación y sensibilización dirigido tanto a funcionarios judiciales, como al personal de salud del Hospital Nacional En cuanto a los primeros, el Estado deberá adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los funcionarios judiciales que intervengan en procesos penales llevados en contra de mujeres acusadas de aborto o infanticidio, incluyendo los defensores públicos, sobre los estándares desarrollados por la Corte en el presente caso relativos al carácter discriminatorio del uso de presunciones y estereotipos de género en la investigación, el juzgamiento penal de las mujeres acusadas por estos delitos, la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, en su calidad de partes y testigos, y el efecto de las normas inflexibles (estereotipos) que suelen elaborar los jueces y fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres450. Además, deberá explicar las restricciones del uso de esposas u otros dispositivos análogos en mujeres que estén por dar a luz, durante el parto o en el período inmediatamente posterior, o que han sufrido emergencias obstétricas, de conformidad con los estándares desarrollados en los párrafos 198 a 200 de la presente Sentencia.
  3. Respecto del personal de salud, la Corte considera pertinente ordenar al Estado que diseñe e implemente, en el mismo plazo, un curso de capacitación sobre el secreto profesional médico, dirigido al personal sanitario y médico del Hospital Nacional Rosales, de conformidad con los estándares desarrollados en la presente Sentencia relativos a los alcances del secreto profesional médico, sus excepciones y los estereotipos de género, así como con el protocolo

 

 

 

450      Cfr. CEDAW, Recomendación General No. 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, CEDAW/C/GC/33, de 3 de agosto de 2015, párr. 29.c.

 

para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas ordenado por esta Corte (supra párr. 287).

 

D.4      Adecuación de la dosimetría penal del infanticidio

 

  1. En el presente caso, la Corte acreditó que la imposición de la pena de 30 de años de prisión a Manuela tuvo como fundamento una regulación que no toma en cuenta el estado particular de las mujeres en el período perinatal, lo cual es contrario a la Convención Por tanto, la Corte considera que el Estado debe realizar, en el plazo de dos años, una reforma a su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares relativos a la proporcionalidad de las penas en este tipo de casos, de conformidad con lo establecido en los párrafos 161 a 172 de la presente Sentencia. Mientras se realiza esta modificación, la Corte recuerda que las autoridades estatales y en particular los jueces tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad en sus decisiones.

 

D.5      Programa de educación sexual y reproductiva

 

  1. La Comisión solicitó ordenar al Estado “establecer mecanismos efectivos y accesibles para informar a las mujeres a nivel local, en particular aquellas en situación de pobreza y ruralidad, sobre sus derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”. Asimismo, los representantes solicitaron realizar campañas informativas sobre salud sexual y Al respecto, el Estado indicó que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ha emprendido acciones para “fortalecer el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos a nivel local, a través de los Comités Municipales de Prevención de Violencia, ventanillas móviles, campañas de sensibilización, Consejos Consultivos y de Contraloría Social. Asimismo, sobre la elaboración de Planes Municipales de Igualdad y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, y la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en niñas y adolescentes”.
  2. Este Tribunal valora de manera positiva los esfuerzos llevados a cabo por el Estado de realizar capacitaciones en este sentido. Sin embargo, la Corte considera pertinente ordenar que, en un plazo de dos años, el Estado diseñe e implemente dentro de los programas escolares contenido específico sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatorio, que esté basado en pruebas, que sea científicamente riguroso y que sea adecuada en función de la edad451, y teniendo en cuenta las capacidades evolutivas de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del primer año después de la notificación de la presente Sentencia, el Estado deberá informar sobre sus avances realizados en el diseño e implementación de la presente

 

D.6      Atención para casos de emergencias obstétricas

 

  1. La Comisión recomendó “revisar y adecuar las practicas institucionales discriminatorias dentro del ámbito […] sanitario”. Los representantes solicitaron “que adopte protocolos de salud que aseguren una atención de salud integral (incluyendo la salud sexual y reproductiva) a las niñas, jóvenes y mujeres en El Salvador, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humano”.

 

 

 

 

451 En el mismo sentido, se ha pronunciado el Comité DESC, Observación General No 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párrs. 9 y 49.

 

  1. Este Tribunal advierte que el Estado tiene diversas guías y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud relativas a la atención obstétrica452. No obstante, resulta necesario ordenar que el Estado tome de forma inmediata las medidas necesarias para asegurar la atención médica integral de las mujeres que sufran emergencias obstétricas. La Corte supervisará el cumplimiento de esta medida durante el plazo de tres años.

 

E.               Indemnizaciones compensatorias

 

  1. La Comisión señaló que el Estado debe “adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción del daño Tomando en cuenta el fallecimiento de Manuela, estas medidas deberán ser implementadas en favor de su núcleo familiar”.

 

E.1  Daño Material

 

  1. Los representantes solicitaron a la Corte fijar una indemnización por concepto de daño emergente de USD $200.000 a ser distribuido entre los familiares de Manuela, argumentando que el Tribunal debería tomar en cuenta: i) los altos gastos para sus familiares de transporte, alimentación y estadías para poder visitarla en el hospital y posteriormente en centros penitenciarios; ii) los gastos relativos a la inhumación de Manuela; iii) que los miembros de la familia se han movilizado para obtener justicia, y establecer la verdad de lo ocurrido, lo que implica que han tenido que dejar sus ocupaciones diarias. Señalaron que, ya que han transcurrido más de 9 años de ocurridos los hechos, los familiares carecen de comprobantes de dichos gastos, por lo que solicitaron fijar dicho monto en equidad. Asimismo, solicitaron por concepto de lucro cesante “el pago de USD$ 92,060.00 a favor de los familiares de Manuela, como consecuencia del lucro cesante correspondiente a la vida que hubiese tenido Manuela de no morir por causas atribuibles al Estado”. Para el cálculo de dicho monto señalaron que “la expectativa de vida era de 71 años al 2010” y el salario mínimo era de “USD $224.81”.
  2. El Estado solicitó respecto del daño emergente que 1) “se verifiquen los costos que puedan estar ya reflejados por este concepto en los detalles correspondientes a costas y gastos”, y 2) que “se valore un monto razonable para la indemnización” pues “no hay coherencia entre la capacidad económica que habría tenido la familia de Manuela y los costos incurridos”. Respecto del lucro cesante, el Estado señaló que “Manuela realizaba una tarea de agricultura de subsistencia y consumo, así como una actividad económica informal que no garantizaba un ingreso permanente”. En este sentido, el Estado argumentó que las medidas de reparación no deben ser “apreciablemente desproporcionadas a la extensión de los daños o al carácter del acto u omisión que le imputan” por lo que “cuando las medidas encajen en esa desproporción no deberán tener otro resultado que determinarlas improcedentes, sin que ello afecte en modo alguno el deber mismo de reparar el daño que se ha causado”.
  3. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los

 

 

 

452 Cfr. Ministerio de Salud de El Salvador. Guías Clínicas de Ginecología y Obstetricia de febrero de 2012 (expediente de prueba, folios 5561 a 5812); Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos Técnicos de procedimientos y técnicas quirúrgicas en obstetricia de 2020 (expediente de prueba, folios 5813 a 5914); Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos técnicos para la aplicación del código naranja en la RIIS de diciembre de 2017 (expediente de prueba, folios 5915 a 5943); Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos técnicos para la aplicación del código amarillo en la RIIS de junio de 2016 (expediente de prueba, folios 5949 a 5972), y Ministerio de Salud de El Salvador. Lineamientos técnicos para la aplicación del código rojo en la RIIS de julio de 2015 (expediente de prueba, folios 5973 a 6006).

 

hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso453.

  1. La Corte advierte que, pese a que no fueron aportados comprobantes de gastos, es de presumir que los familiares de Manuela incurrieron en diversos gastos con motivo de su privación de libertad, hospitalización y en las acciones emprendidas para la búsqueda de Por tanto, la Corte estima razonable fijar la cantidad de USD $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), como indemnización por concepto de daño emergente, la cual deberá ser entregada en partes iguales a los padres de Manuela, correspondiéndole a cada uno el pago de USD $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).
  2. Además, al haberse determinado que la condena y muerte posterior de Manuela constituyeron violaciones a la Convención Americana, es posible aplicar los criterios de compensación por la pérdida de ingresos de Manuela, lo cual comprende los ingresos que habría percibido durante su vida probable. Por tanto, la Corte estima razonable fijar la cantidad de USD $60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América), como indemnización por concepto de daño material, la cual deberá ser entregada a los hijos de Manuela, correspondiéndole: USD $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) al hijo mayor de Manuela, y USD $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) al hijo menor de

 

E.2  Daño Inmaterial

 

  1. Los representantes solicitaron el pago, por concepto de daño inmaterial, de “USD 000,00, que deberá ser distribuida en partes iguales” entre la madre, el padre, y los dos hijos de Manuela. Adicionalmente, solicitaron el pago de USD 30.000,00 para cada una de las víctimas. El Estado no se pronunció respecto de este rubro.
  2. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial, y ha establecido que este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia454.
  3. En consideración de las circunstancias del presente caso, las violaciones cometidas, los sufrimientos ocasionados y experimentados en diferentes grados, el tiempo transcurrido, la denegación de la justicia, así como el cambio en las condiciones de vida de algunos familiares, las comprobadas afectaciones a la integridad personal de los familiares de la víctima y las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, el Tribunal pasa a fijar las indemnizaciones por daño inmaterial a favor de las víctimas.
  4. En primer término, la Corte considera que las circunstancias que rodearon la internación, persecución penal y falta de tratamiento médico de Manuela, que conllevó a su muerte, fueron de una naturaleza tal que le causaron profundo temor y A la luz de este criterio, la Corte considera que Manuela debe ser compensada por concepto de daño inmaterial y estima razonable el pago de USD $100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América). Tomando en cuenta la afectación que los hechos de este caso han tenido en la vida de los familiares de Manuela, y especialmente en sus hijos, este monto deberá ser dividido de la siguiente manera: USD $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de

453      Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 130.

454      Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, supra, párr. 84, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 132.

 

América) al hijo mayor de Manuela; USD $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) al hijo menor de Manuela; USD $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a la madre de Manuela, y USD $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) al padre de Manuela.

  1. En segundo término, la Corte estima que las vidas de los familiares de Manuela se vieron afectadas como consecuencia de lo ocurrido a la víctima y han experimentado grandes sufrimientos que repercutieron en sus proyectos de vida. Por lo anterior, la Corte estima razonable fijar por concepto de daño inmaterial la cantidad de USD $40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de los familiares de Manuela. Dicha indemnización deberá ser otorgada de la siguiente manera: i) el pago de UDS $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la madre de Manuela; ii) el pago de USD $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del padre de Manuela, y iii) el pago de USD $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada hijo de

 

F.               Otras medidas solicitadas

 

  1. La Comisión solicitó que la Corte ordenara a El Salvador: i) investigar las responsabilidades administrativas, disciplinarias o de otra índole, derivadas de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo; ii) garantizar que la figura de flagrancia se aplique de conformidad con los estándares descritos en el Informe de Fondo, y
  • “asegurar que en la regulación y en la práctica las personas condenadas penalmente cuenten con un recurso ante autoridad jerárquica que permita una revisión integral del fallo condenatorio”.
  1. Los representantes solicitaron que: i) se le brinde al hijo mayor de Manuela “atención especializada y terapia para superar las consecuencias de la meningitis que sufrió, y de la cual no recibió atención médica por falta de recursos” y “proporcionarle acceso a un programa de emprendimiento o se le otorgue una suma específica de dinero para el establecimiento de un negocio o capital semilla para impulsar un proyecto productivo”; ii) se le brinde al hijo menor de Manuela “un computador portátil para poder aplicar los conocimientos adquiridos en el área técnica de su interés”, “una plaza definitiva de trabajo en una de las instituciones de Gobierno conforme a su perfil profesional de ingeniería de sistemas y técnico de computación” o bien “acceso a un programa de emprendimiento o se le otorgue una suma específica de dinero para el establecimiento de un negocio o capital semilla para impulsar un proyecto productivo”; iii) garantizar a los padres de Manuela acceso a la seguridad social a los padres de Manuela, con efecto retroactivo desde 2008, y particularmente, que tengan cubiertas sus pensiones por jubilación y servicios mortuorios; iv) garantizarles a las víctimas vivienda digna; v) se le otorgue a los padres de Manuela un terreno apto para la agricultura en las cercanías de su actual vivienda; vi) renombrar una sala dentro de la unidad de maternidad u oncología del Hospital Nacional de Rosales, con el nombre de “Manuela”; vii) instalar “un monumento u homenaje público y fijo en memoria de las víctimas de criminalización por emergencias obstétricas”; viii) regular adecuadamente la figura de la flagrancia de conformidad con los estándares del Sistema Interamericano; ix) adoptar las medidas necesarias para generar un informe cuantitativo y cualitativo sobre la magnitud de la criminalización de emergencias obstétricas en El Salvador, así como identificar las medidas a corto, mediano y largo plazo para eliminar la existencia de estos casos, reparar adecuadamente a las víctimas de los mismos, y garantizar que no se habrán nuevos procesos;
  2. x) revisar las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas, y xi) regular “adecuadamente el recurso de apelación, de forma tal que se apegue a los estándares interamericanos, y que se garantice que las personas que sean condenadas en segunda instancia mediante una sentencia revocatoria u una decisión absolutoria, tengan acceso a una revisión integral de dicho fallo condenatorio”.

 

  1. El Estado informó que se encuentra investigando “la actuación de la defensa pública, a fin de determinar en sede fiscal las responsabilidades administrativas, disciplinarias o de otra índole y los mecanismos a seguir según corresponda”. El Salvador no se refirió al resto de solicitudes planteadas por la Comisión y los
  2. La Corte estima que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por las víctimas, por lo que no considera necesario ordenar dichas

 

G.              Costas y gastos

 

  1. Los representantes solicitaron el reintegro por concepto de costas y gastos correspondientes a alimentación, transporte y alojamiento del que hicieron uso en diversas jornadas de asistencia a las presuntas víctimas y la construcción de alegatos, con anterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, por USD $11.087.01 a favor de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y USD $54,638.67 a favor del Centro de Derechos Reproductivos. Del monto solicitado a favor del Centro de Derechos Reproductivos, los representantes señalaron que “[e]xisten otros gastos no documentados cuyo valor se solicita sea calculado en equidad por el monto sugerido” de USD $29.241,24. Con sus alegatos finales escritos, solicitaron el pago adicional de USD $4.180,71 a favor de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y USD $6,182.07 a favor del Centro de Derechos Reproductivos. En total, solicitaron el pago de por USD $15.267.72 a favor de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador y USD $60.820.74 a favor del Centro de Derechos
  2. El Estado resaltó que los recibos aportados por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador corresponden a “gastos que han sido cargados a proyectos de cooperación, cuyos fondos son no reembolsables”. Respecto del Centro de Derechos Reproductivos, el Estado señaló que “los gastos reportados corresponden solamente al rubro de boletos y viajes sin demostrar que los mismos fueron realizados específicamente en ocasión del caso”. Por lo tanto, solicitó a la Corte determinar los gastos que se encuentran claramente relacionados “como incurridos exclusivamente con propósito del presente caso y que se encuentren suficientemente acreditados”.
  3. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia455, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable456.
  4. Este Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior,

455      Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 138.

456      Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra, párr. 82, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 138.

 

conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”457. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos458.

  1. Tomando en cuenta el monto solicitado por los representantes y los comprobantes de gastos presentados, la Corte dispone fijar en equidad el pago de: un monto total de USD

$14.500,00 (catorce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local de El Salvador y un monto total de USD $33.000,00 (treinta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor del Centro de Derechos Reproductivos. Dichas cantidades deberán ser entregadas directamente a dichas organizaciones. En la etapa de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal459.

 

H.          Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

 

  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material, inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas y organizaciones indicadas en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.
  2. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la cantidad respectiva, esta se entregará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno
  3. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América.
  4. Si por causas atribuibles a los beneficiarios no fuese posible el pago de la cantidad determinada dentro del plazo indicado, el Estado consignará dicho monto a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera salvadoreña solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica Si no se reclama el monto correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
  5. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como medidas de reparación del daño y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas de forma íntegra, sin reducciones derivadas de eventuales cargas
  6. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en El

 

457    Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra, párr. 79, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 139.

458 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra, párr. 277, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 139.

459   Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 29, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Serie C No. 431, párr. 214.

 

X

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto, LA CORTE DECIDE,

Por unanimidad:

  1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada presentación extemporánea de la petición, de conformidad con los párrafos 20 a 21 de esta
  2. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada falta de valoración de la Comisión de avances en el cumplimiento del Informe de Fondo, de conformidad con el párrafo 23 de esta

DECLARA,

Por unanimidad, que:

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 7.1, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Manuela, en los términos de los párrafos 97 a 112 de la presente Sentencia

Por unanimidad, que:

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la defensa, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, la presunción de inocencia, el deber de motivar, la obligación de no aplicar la legislación de forma discriminatoria, el derecho a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes y la obligación de garantizar que la finalidad de pena privativa de la libertad sea la reforma y la readaptación social de las personas condenadas, de conformidad con los artículos 8.1, 8.2, 8.2.d, 8.2.e, 24, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidas en los artículos 1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Manuela, en los términos de los párrafos 118 a 173 de la presente Sentencia.

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a la salud, de conformidad con los artículos 4, 5, 11, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7.a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, en perjuicio de Manuela, en los términos de los párrafos 180 a 260 de la presente

Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi. Por unanimidad, que:

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el

 

artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la madre, el padre, el hijo mayor y el hijo menor de Manuela, en los términos de los párrafos 262 a 266 de la presente Sentencia.

Y DISPONE:

Por unanimidad, que:

  1. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Por unanimidad, que:
  2. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 273 de la presente

Por unanimidad, que:

  1. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos indicados en los párrafos 276 a 277 de esta

Por unanimidad, que:

  1. El Estado otorgará becas de estudio al hijo mayor y al hijo menor de Manuela, en los términos indicados en el párrafo 279 de esta

Por unanimidad, que:

  1. El Estado brindará gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los padres de Manuela, de conformidad con lo establecido en el párrafo 282 de esta

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

  1. El Estado regulará la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, en los términos del párrafo 286 de esta

Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi. Por unanimidad, que:

  1. El Estado desarrollará un protocolo de actuación para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 287 de esta

Por unanimidad, que:

  1. El Estado adecuará su regulación relativa a la prisión preventiva, los términos del párrafo 289 de esta

Por seis votos a favor y uno en contra, que:

  1. El Estado diseñará e implementará un curso de capacitación y sensibilización a funcionarios judiciales, así como al personal de salud del Hospital Nacional Rosales, de conformidad con lo establecido en los párrafos 293 y 294 de esta

Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi. Por unanimidad, que:

  1. El Estado adecuará su regulación relativa a la dosimetría de la pena del infanticidio, en los términos del párrafo 295 de esta

Por unanimidad, que:

  1. El Estado diseñará e implementará un programa de educación sexual y reproductiva, en los términos del párrafo 297 de esta

 

Por unanimidad, que:

  1. El Estado tomará las medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas, en los términos del párrafo 299 de esta

Por unanimidad, que:

  1. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 304, 305, 309, 310 y 319 de la presente Sentencia por concepto de indemnización por daño material, daño inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 320 a 325 del presente

Por unanimidad, que:

  1. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 274 de la presente

Por unanimidad, que:

  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la

Los jueces Humberto Sierra Porto, Eugenio Raúl Zaffaroni, y Ricardo Pérez Manrique dieron a conocer sus votos individuales concurrentes. El Juez Eduardo Vio Grossi dio a conocer su voto parcialmente disidente.

Redactada en español en San José, Costa Rica a través de una sesión virtual, el 2 de noviembre de 2021.

 

Corte IDH. Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Sentencia adoptada en San José, Costa Rica por medio de sesión virtual.

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito Presidenta

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto                                       Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

 

 

 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni                                                             Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

Elizabeth Odio Benito Presidenta

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

 

 

 

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CASO MANUELA Y OTROS Vs. EL SALVADOR, SENTENCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021,

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

  1. Se presenta este voto parcialmente disidente respecto de la Sentencia del epígrafe1, por discrepar con tres de sus Puntos Resolutivos, como se señala

 

  1. Obviamente y como siempre ha acontecido con los demás votos individuales expedidos por el suscrito, el presente se emite, por una parte, con pleno respeto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2y de sus integrantes y por la otra, de conformidad tanto a la normativa que regula las decisiones de aquella3 como a la que lo hace en cuanto a tales pronunciamientos individuales4, todo ello a los efectos de colaborar en la más amplia comprensión de lo

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En adelante, la Sentencia.

2 En adelante, la Corte.

3 Artículo 16 del Reglamento de la Corte: 1. “La Presidencia someterá los asuntos a votación punto por punto. El voto de cada Juez será afirmativo o negativo, sin que puedan admitirse abstenciones.

  1. Los votos se emitirán en el orden inverso al sistema de precedencia establecido en el artículo 13 del
  2. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los Jueces presentes en el momento de la votación.
  3. En caso de empate decidirá el voto de la ”

Art.32.1.a) del Reglamento de la Corte: ”La Corte hará público: sus sentencias, resoluciones, opiniones y otras decisiones, incluyendo los votos concurrentes o disidentes, cuando cumplan los requisitos señalados en el artículo 65.2 del presente Reglamento;”

4 Art. 66.2 de la Convención: “Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.”

Art. 24.3 del Estatuto de la Corte: “Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán en sesiones públicas y se notificarán por escrito a las partes. Además, se publicarán conjuntamente con los votos y opiniones separados de los jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la Corte considere conveniente.”

Art.65.2 del Reglamento de la Corte: “Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por la Presidencia, de modo que puedan ser conocidos por los Jueces antes de la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo tratado en las sentencias.”

 

  1. DERECHO A LA

 

  1. Se extiende el presente voto individual respecto de la Sentencia, en razón de no compartir la referencia que realiza, en su Punto Resolutivo N° 55, al artículo 266de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7, por lo que, consecuentemente, hace justiciable ante la Corte la vulneración de los derechos que dicha disposición

 

  1. De conformidad al fundamento de los otros votos individuales que el suscrito ha emitido sobre la materia8, los que, por este acto e instrumento se ratifican y acorde a lo indicado en el anterior voto individual sobre el artículo 269, no se concuerda con lo dispuesto en el citado Punto Resolutivo N° 5, dado que, entre otros motivos y en síntesis,la Convención únicamente regula los derechos por ella “reconocidos10

 

 

5 “El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a la salud, de conformidad con los artículos 4, 5, 11, 24 y 26 de la Convención .sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 40 7.a) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Manuela, en los términos de los párrafos 180 a 260 de la presente Sentencia.”

6Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”

En adelante, artículo 26.

7 En adelante, la Convención.

8 Parcialmente Disidente, Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros Vs. Guatemala, de 6 de octubre de 2021;Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros Vs. Guatemala, de 6 de octubre de 2021; Concurrente, Caso de los Buzos Miskitos (Lemonth Morris y Otros) Vs. Honduras, de 41 de agosto de 2021;Parcialmente disidente, Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, de 26 de marzo de 2021; Disidente, Caso Casa Nina VS. Perú, de 24 de Noviembre de 2020; Parcialmente Disidente, Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus Familiares VS. Brasil, de 15 de Julio de 2020; Disidente, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, de 6 de febrero de 2020; Parcialmente Disidente, Caso Hernández Vs. Argentina, del 22 de noviembre de 2019; Parcialmente Disidente, Caso Muelle Flores Vs. Perú, de 06 de marzo de 2019; Parcialmente Disidente, Caso San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela, de 8 de febrero de 2018; Parcialmente Disidente, Caso Lagos del Campo Vs. Perú, de

31 de agosto de 2017, e Individual, Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y Otros Vs. Perú, de 23 de noviembre de 2017.

9 Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros Vs. Guatemala, de 6 de octubre de 2021.

10 Art.1.1: ”Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Art.22.4: “Derecho de Circulación y de Residencia. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.”

Art.25.1:” Protección Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Art..29.a):” Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;”

 

establecidos11, “garantizados12, “consagrados13 o “protegidos14, lo que no acontece respecto de los derechos referidos en el artículo 26 como “derivados” de la Carta de la Organización de los Estados Americanos15; que es la propia Convención la que se refiere a tales derechos en forma separada de los derechos civiles y políticos, dándoles a aquellos un tratamiento diferente al dispuesto para estos últimos; que el artículo 26 se titula ”Desarrollo Progresivo”, por lo que la obligación que, consecuentemente, establece es de adoptar providencias para hacer efectivos los referidos derechos y no que ellos sean, desde ya, justiciables ante la Corte; que dichos derechos son abordados por la Carta de la OEA en tanto tales sino como “metas básicas16 y “principios y mecanismos17, vale decir, como parte de políticas públicas que se deben adoptar para hacer efectivos los referidos derechos; que incluso la historia fidedigna del artículo 26 avala la interpretación expuesta y finalmente, que ésta es acorde a la naturaleza “coadyuvante o complementaria” de la protección convencional interamericana18 En otros términos, la interpretación de dicha disposición proporcionada por la Sentencia, no corresponde a lo previsto en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados19.

 

 

Art.30: “Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”.

Art.31: “Reconocimiento de Otros Derechos. Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.”

Art.48.1.f): “La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: … se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.”

11 Art. 45.1: “Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.

12 Art 47.b: “La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: … no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;”

13 Supra Nota 10, art.48.1 f).

14 Art.4.1: “Derecho a la Vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”

Art. 63.1: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

15 En adelante, la OEA.

 

 

16 Art. 34.

17 Art. 45.f.

18 Párr.3° del Preámbulo de la Convención.

19 Art,31.1. “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”

 

  1. Finalmente, es menester añadir que el infrascrito lamenta de veras que, al votar en contra del mencionado Resolutivo N° 5 por la razón ya indicada, lo ha tenido que hacer también en cuanto a las otras disposiciones de la Convención incluidas en él. Ello ocurre dado que no se procedió de igual forma que en otro caso20, en donde la referencia al artículo 26 se hizo en un resolutivo distinto al que cita a las otras disposiciones convencionales aplicables y así fue posible discrepar en cuanto a aquél y concordar con la referencia a estas últimas.

 

  1. EL
  2. Se extiende el presente voto individual por no compartir lo dispuesto en el Punto Resolutivo N° 5 de la Sentencia21en razón, además de lo indicado precedentemente22, de que, al condenar al Estado, lo hace en relación también al aborto al referirse a la práctica de esposar a mujeres, a las reglas adoptadas en la Organización de las Naciones Unidas sobre la misma materia y a la denuncia de posibles delitos23.

 

  1. Este voto parcialmente disidente lo es igualmente en cuanto al Punto Resolutivo N° 12 de la Sentencia24, dado que se fundamenta, por una parte, en que, en la práctica, la ambigüedad de la normativa sobre secreto profesional ha tenido como consecuencia que “el personal de salud, para evitar ser sancionado, denuncie a mujeres sospechosas haber cometido el delito de aborto”25; por otra parte, en que la regulación que ordena adoptar, debe contemplar que no existe obligación de denunciar a mujeres que hayan recibido atención médica por aborto y, por último, en que el Estado se debe abstener “de aplicar la legislación actual respecto de la obligación del personal de salud de denunciar posibles casos de aborto”26.

 

  1. Finalmente, el presente voto también da cuenta de la diferencia con lo dispuesto en el Resolutivo N° 15 de la Sentencia27, ya que en el párrafo al que se remite, contempla que los cursos de capacitación lo deben ser para los funcionarios judiciales que intervienen en procesos judiciales concernientes al aborto28.

20 Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, supra,

Nota 8.

21 Supra, Nota 5.

22 Supra, Parte I.

23 Párrs. 202, 219, 259. 260.

En adelante, se entenderá que “párrs.” se refiere a párrafos de la Sentencia.

24 “El Estado regulará la obligación del secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, en los términos del párrafo 291 de esta Sentencia.

25 Párr. 219.

 

 

26 Párr.290.

27“El Estado diseñará e implementará un curso de capacitación y sensibilización a 15 funcionarios judiciales, como al personal de salud del Hospital Nacional de Rosales, de 16 conformidad con lo establecido en los párrafos 293 y 294 de esta Sentencia.”

28 Párr. 293.

 

  1. A lo expuesto, habría que añadir que, por de pronto, la Sentencia contiene una contradicción insoluble al declarar, por una parte, que “(e)n el presente caso se discute la alegada responsabilidad estatal por la detención, juzgamiento y condena de la presunta víctima por homicidio agravado tras una emergencia obstétrica sufrida por esta29y por otra parte, “que el Informe de Fondo de la Comisión incluye como contexto del presente caso la penalización del aborto en El Salvador y el alegado efecto que esto ha traído en casos de emergencias obstétricas y de infanticidios”, por lo que “(e)n la medida que los hechos incluidos por los representantes sean pertinentes para explicar y aclarar dicho contexto y su relación con el presente caso, serán tomados en cuenta por la Corte”30.

 

  1. La última perspectiva indicada es reiterada en la Sentencia al señalar que “la Comisión incluyó en su Informe de Fondo información relativa ‘la penalización del aborto’ en El Salvador y el alegado efecto que esto ha traído en casos de emergencias obstétricas y de infanticidios”31y de que“(s)i bien en este caso no se aplicó la normativa penal relativa al aborto, … esta información se relaciona con la alegada criminalización de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas”, por lo que “dicha relación … será tomada en cuenta por la Corte al analizar el caso concreto”32.

 

  1. De esa forma, entonces, la Sentencia introduce el tema del aborto, de manera reiterada y sin tener necesidad de ello, en el caso de autos referido a un homicidio Por ello se discrepa.

 

  1. Además, es menester agregar que la Sentencia no tuvo presente el principio, “pivote” en el Derecho Interamericano de Derechos Humanos, concerniente a la naturaleza coadyuvante o complementaria de la protección interamericana respecto de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos33, lo cual implica que el Estado correspondiente incurre en responsabilidad internacional si el último acto que realiza respecto del caso de que se trate, viola una vigente obligación internacional, salvo que se

 

 

 

 

 

 

29 Párr. 92.

30 Párr.30 de la Sentencia.

31 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominó a ese hecho como “criminalización del aborto”. Párr. N° 1 de la Sentencia. Ésta igualmente reproduce ese término en su párr.29.

32 Párr. 41.

 

 

33 Párr. 3 del Preámbulo de la Convención: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;”

 

esté frente a un hecho continuo34 o a un compuesto35 o a una omisión36. Los actos anteriores al hecho instantáneo37, por el contrario, si son diferentes, no deben ser considerados, puesto que, de lo contrario, el Estado no podría haber enmendado su actuar y, en tal eventualidad, la protección internacional sería sustitutiva de la nacional, transformándose incluso en cuarta instancia. Lo que aconteció con la Sentencia al juzgar los primeros actos en la investigación realizados bajo la línea de investigación de un posible aborto38, fue precisamente eso. El asunto en autos era, en cambio, determinar la eventual ilicitud del homicidio agravado en cuestión y en ninguna eventualidad, la de un aborto.

 

  1. También se debe afirmar que la competencia de la Corte se ejerce, en el marco del Derecho Internacional39, sobre la base del carácter objetivo de la responsabilidad internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito, esto es, que el Estado incurre en ella si un hecho le es internacionalmente atribuible y si constituye la violación de una de sus obligaciones internacionales40. Y a este respecto es indiscutible que, tal como se señaló en un voto individual del suscrito41, no existe norma jurídica interamericana ni internacional alguna, sea convencional, costumbre internacional o principio general de derecho, que reconozca al aborto como un derecho. Solo existen resoluciones de órganos internacionales, la mayoría de éstos conformado por funcionarios internacionales y no por representantes de Estados, decisiones que, además de no ser vinculantes, no son interpretativas del Derecho Internacional vigente sino más bien reflejan aspiraciones en orden a que éste cambie en el sentido que

 

 

 

 

34Art,14.2, Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (AG/56/83): “La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que tiene carácter continuo se extiende durante todo el período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional.”

35 Art.15.1, Idem: “La violación por el Estado de una obligación internacional mediante una serie de acciones u omisiones, definida en su conjunto como ilícita, tiene lugar cuando se produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito.”

36 Art.14.3, Idem: “La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se extiende durante todo el período en el cual ese acontecimiento continúa y se mantiene su falta de conformidad con esa obligación”.

37 Art.14.1, Idem: La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que no tenga carácter continuo tiene lugar en el momento en que se produce el hecho, aunque sus efectos perduren.”

38 Supra, Nota 32.

39 Art.62.3: “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial”.

40 Art.2 de Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, anexo a (AG/56/83)”

 

 

 

41 Voto Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.

 

  1. A lo recién expuesto, habría que acotar que, si bien es efectivo que la Comisión señala que los artículos atingentes al aborto forman parte de los hechos de la causa42, no es efectivo que ellos formen parte del contexto del caso. Lo que integra éste es lo expresado por la Comisión pero no que ello sea efectivo, máxime cuando tales disposiciones son evocadas respecto de un contexto que no se condice con el objeto de la causa, referido al homicidio calificado y su pena aplicado a la víctima y no al aborto. Este mismo comentario es también válido respecto de las alusiones que la Sentencia hace en lo pertinente a resoluciones de organismos internacionales respecto al aborto43.

 

  1. Igualmente es procedente recordar que la Corte no ha expresado directamente que el aborto sería un derecho. Únicamente ha afirmado que “el embrión no puede ser entendido como persona”, que la “concepción tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero” y que “la protección del derecho a la vida … es gradual e incremental según su desarrollo”44, todo lo cual podría, obviamente, ser utilizado como uno de los argumentos para promover el reconocimiento del aborto como un De allí la disidencia del suscrito expresada en su voto disidente correspondiente45.

 

  1. Por último, es preciso resaltar la circunstancia de que ninguno de los intervinientes en esta causa, es decir, víctimas, Estado y Comisión, incluyó en sus respectivos petitorios ante la Corte un pronunciamiento sobre el aborto. En tal sentido, se podría afirmar que la Sentencia incurrió en

 

  1. De lo expuesto se puede concluir que las alusiones respecto del aborto que la Sentencia formula, resultan improcedentes e innecesarias e incluso, debilitan la argumentación que proporciona sobre la ilicitud del proceder estatal respecto de la víctima del

 

 

 

Eduardo Vio Grossi Juez

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

 

 

 

 

42 Supra, Nota 32.

43 Párrs.42 y 43.

44Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012., párr. 264

45 Supra, Nota N° 41.

 

VOTO CONCURRENTE DEL

JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

 

CASO MANUELA Y OTROS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

  1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”), el presente voto tiene por objeto explicar mi disconformidad parcial frente al punto resolutivo 5 en el que se declaró la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador (en adelante “el Estado” o “El Salvador”) por la violación conjunta de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a la salud en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio de El voto complementa la posición ya expresada en mis votos parcialmente disidentes a los casos Lagos del Campo Vs. Perú1, Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú2, San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela3, Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala4, Muelle Flores Vs. Perú5, Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú6, Hernández Vs. Argentina7, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka

 

1 Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

2 Cfr. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

3    Cfr. Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

4 Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

5        Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

6 Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

7      Cfr. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

 

Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina8, Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador9; así como en mis votos concurrentes en los casos Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador10, Poblete Vilches y otros Vs. Chile11, Casa Nina vs. Perú12 y Vera Rojas y otros vs. Chile13 en relación con la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “CADH)”.

 

  1. He sido consistente al sostener que la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante “DESCA”) a través del artículo 26 de la Convención Americana adolece de múltiples inconsistencias lógicas y jurídicas. Entre otras, esta posición jurisprudencial, desconoce el tenor literal de la Convención Americana14; ignora las reglas de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados15; modifica la naturaleza de la obligación de progresividad16; ignora la voluntad de los Estados plasmada en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador17y mina la legitimidad del Tribunal en el ámbito regional18. Todo lo anterior me impide votar favorablemente a la declaración de responsabilidad de un Estado fundada en la violación directa y autónoma de los DESCA a través del artículo 26

 

  1. En este sentido, he señalado19las dificultades que genera la práctica acogida por el Tribunal de agrupar en un solo punto resolutivo todas o un grupo importante de las

8    Cfr. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

9     Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

10 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

11 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

12       Cfr. Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419. Voto concurrente y parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

13    Cfr. Caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021. Serie C No. Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

14 Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

15       Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

16 Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

17 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

18 Cfr. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.

19 Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

 

violaciones a las obligaciones convencionales, reduciendo la capacidad de los jueces de expresar sus discrepancias en relación con la justiciabilidad de los DESCA. Este razonamiento es el que motiva mi opinión separada pues, aunque coincido con que se haya declarado la violación de los artículos 4, 5, 11 y 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, así como de las obligaciones bajo el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará, al ser evidente el desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía que tenía el Estado respecto de los derechos de Manuela, y en consecuencia expresé mi voto a favor del punto resolutivo 5, debo manifestar mi posición en contra de la justiciabilidad del derecho a la salud a través del artículo 26 de la Convención Americana.

 

  1. Todo lo anterior por cuanto considero fundamental manifestar que, aunque esta posición se reitera de manera recurrente en la jurisprudencia interamericana y por esa vía ha adquirido una suerte de fuerza jurídica, su fundamentación adolece aún de las contradicciones que he expresado desde el caso Lagos del Campo Perú.

 

 

 

 

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto

Juez

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 6; Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 17; Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 7, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 6.

 

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ EUGENIO RAÚL ZAFFARONI CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CASO MANUELA Y OTROS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

  1. Estimo conveniente señalar -como obiter dicta- dos aspectos que tocan a la presente

 

  1. Ante todo, observo que la argumentación que lleva al resolutivo encuentra y roza una palmaria contradicción de la legislación salvadoreña en cuanto a la obligación general de denuncia de delitos de acción pública.

 

  1. Si bien en definitiva esa incoherencia carece de consecuencias prácticas -o al menos éstas no se ponen de manifiesto-, es conveniente puntualizarla en razón del sano entendimiento de esa legislación a la luz del derecho internacional, para la eventualidad de que en algún momento y circunstancia se pretenda derivar de ella cualquier efecto sancionatorio.

 

  1. El artículo 241 de la Constitución de la República de El Salvador dispone que: Los funcionarios públicos, civiles o militares que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados, deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento, y si no lo hicieren oportunamente; serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales

 

  1. Coherentemente, al artículo 312 del Código Penal prevé las sanciones a la violación de esta norma: El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de veinticuatro horas al funcionario competente, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas, dentro de las ocho horas siguientes al mismo, en casos en que racionalmente debieran considerarse como provenientes de un

 

  1. En consonancia con lo anterior, el artículo 232 del Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos disponía que: Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: 1) Los funcionarios que los conozcan en el ejercicio de sus También deberán denunciar los delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados y si no lo hicieren oportunamente, incurrirán en responsabilidad penal; 2) Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan profesiones relacionadas con la salud, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté bajo el amparo del secreto profesional; y, 3) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delito cometido en perjuicio de ésta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozca el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que se trate

 

de delitos que no afecten gravemente los bienes. En todos estos casos, la denuncia no es obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal propia, del cónyuge o de ascendientes, descendientes, hermanos o del compañero de vida o conviviente.

 

  1. Todas estas disposiciones, aunque no se ajusten perfectamente entre sí, son perfectamente armonizables conforme a sanas reglas de interpretación.

 

  1. No obstante, el Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos sorprende con un artículo que rompe esa armonía, que es el 229: La persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, la policía o el Juez de Paz inmediato. Si el conocimiento se originare en noticias o informes, la denuncia será potestativa. Si se trata de un delito que depende de instancia particular, no se puede proceder sin ella, salvo los actos urgentes de investigación. Esta disposición se mantiene en forma análoga en el art. 261 del código procesal

 

  1. Este artículo pretende imponer a cualquier habitante la obligación de denunciar, más allá de lo dispuesto por la propia Constitución del Se trata de una disposición incompatible con el modelo de un Estado republicano y democrático al servicio del ciudadano y no a la inversa: el Estado y el derecho son para el ser humano y no el ser humano para el Estado y el derecho.

 

  1. El ciudadano o habitante tiene un deber de respeto al derecho, pero no es un agente de policía ni un auxiliar de la justicia del Estado. Diferente, por supuesto, es el caso del funcionario, que asume una responsabilidad particular al comprometerse en el ejercicio del poder o de la administración del Estado, por lo que se halla en cierta posición de

 

  1. La pretensión de imponer los deberes propios de los agentes de su justicia penal o de los funcionarios del Estado a todo habitante importa considerar que éstos tienen una obligación de total fidelidad al Estado, lo que no es propio de un concepto intrascendente del derecho, sino que cae en una concepción organicista o antropomórfica del Estado, en que los ciudadanos son reducidos a la condición de células, entes o subsistemas a su servicio.

 

  1. Esta exigencia de total fidelidad era la famosa Treue del derecho nazi, cuya violación –infidelidad o Untreue– era considerada como la esencia última de todo delito, por importar la violación por omisión a los supuestos mandatos éticos que emanaban de la comunidad del pueblo (Volksgemeinschaft), en la que se disolvía la individualidad de todos los seres humanos de la misma raza.

 

  1. Podríamos seguir recorriendo totalitarismos y hallar análogas exigencias de extrema fidelidad total al Estado de la dictadura del proletariado estalinista o al fascista corporativo como síntesis de las generaciones pasadas, presentes y Pero esta exigencia de fidelidad total no puede tener lugar en el marco de un Estado de derecho republicano y democrático, donde sus habitantes son personas a las que el Estado debe garantizar los medios para su propia realización (para que cada quien pueda llegar a ser lo que adelante conforme a su elección existencial) y, bajo ningún concepto, mediatizarlas para la supuesta realización de ningún ente trascendente o suprapersonal como la Volksgemeinschaft, la dictadura del proletariado, el estado corporativo, la seguridad nacional o cualquier otro constructo ideológico análogo.

 

  1. De cualquier modo, es menester destacar que, si bien lo preceptuado por el artículo 229 del Código Procesal Penal de El Salvador es contrario a la dignidad de la persona preceptuada en la Convención Americana, no resulta necesario denunciarlo como tal, porque presenta la curiosísima particularidad de no ser una verdadera norma jurídica, dado que carecía de sanción, porque ésta no está contemplada en el artículo 312 del Código Penal, disposición esta última que se mantiene en el marco de lo señalado por la Constitución.

 

  1. Esa disposición no parece ser otra cosa que una expresión de deseos, porque todo precepto sin sanción es una suerte de campana sin badajo o de guitarra sin cuerdas, pero de todas formas constituye una cuña de extraña madera en un ordenamiento jurídico republicano y democrático, lo que es menester poner de relieve, previniendo cualquier consecuencia práctica de su indeseable presencia en la

 

  1. En otro orden -y también obiter dictum- considero necesario especificar que, como norma general limitativa de todo deber de denuncia de cualquier delito, debe respetarse la regla básica conforme a la cual –y en ningún caso- puede llevarse ese deber hasta el extremo de colocar a una persona en la disyuntiva de ser penada o dejarse

 

  1. La jerarquía de los Derechos Humanos coloca necesariamente a la vida en posición superior a las exigencias de eficacia de cualquier administración de justicia y, en el supuesto de conflicto, sin duda debe primar el derecho a la vida por sobre el interés del Estado en penar a los infractores a su

 

  1. Obsérvese que el artículo 312 del Código Penal no violaba esta regla, puesto que establece el deber de denuncia del médico cuando las lesiones racionalmente debieran considerarse como provenientes de un delito. Provienen de un delito las lesiones sufridas, o sea, las que alguien infirió al paciente, o sea que en principio se trata únicamente de las lesiones de una víctima, disposición que cobra especial relevancia en los casos de violencia doméstica o de víctimas incapaces. No provienen de un delito las lesiones que alguien sufre como consecuencia de una acción defensiva de la policía por ejemplo, porque la acción policial en legítima defensa no es un delito.

 

  1. Tampoco viola la señalada regla básica el artículo 232 del Código Procesal, porque excepciona del deber de denunciar los casos en que lo impida el secreto profesional, lo que comprende el supuesto en que la denuncia coloca a la persona en esa

 

  1. Cualquier notitia criminis que diese lugar a un proceso, por denuncia efectuada en violación al deber de secreto profesional, configuraría una causal de nulidad, conforme al principio de que nunca la acción penal puede ser puesta en marcha –o una pretensión punitiva llevarse a cabo- mediante un hecho antijurídico.

 

  1. Este último principio, conforme al cual no se puede procurar la eficacia del derecho a partir de su propia violación, abarca a todo el derecho procesal penal, pues también obedecen al mismo otras muchas consecuencias traducidas en nulidades, como las emergentes conforme a la teoría del fruit of poisonous tree de la Suprema Corte de Estados Unidos y del rechazo de la peregrina tesis del male captus bene detentus o, un tanto más lejanamente, en el caso del agente provocador y del más que problemático agente encubierto.

 

  1. Considero que estas consideraciones obiter dicta precisan el alcance de lo establecido en la presente sentencia, razón por la que las

 

 

Así lo voto.

 

 

 

 

 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni Juez

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

 

VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL JUEZ RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO MANUELA* Y OTROS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

  1. INTRODUCCIÓN

 

  1. La Sentencia considera responsable al Estado de El Salvador por la violación de los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la Convención) en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Manuela. También considera responsable al Estado por la violación del derecho a la defensa, el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, la presunción de inocencia, el deber de motivar, la obligación de no aplicar la legislación de forma discriminatoria, y el derecho a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes y la obligación de garantizar que la finalidad de pena privativa de la libertad sea la reforma y la readaptación social de las personas condenadas, de conformidad con los artículos 8.1, 8.2, 8.2.d, 8.2.e,24, 5.2 y 5.6 de la Convención, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, considera al Estado responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a la salud, de conformidad con los artículos 4, 5, 11, 24 y 26 de la Convención en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Manuela. Por último, considera al Estado responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la madre, el padre, el hijo mayor y el hijo menor de Manuela.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

 

  1. Por medio del presente voto, concurro con la Sentencia para profundizar en la manera en que considero que la Corte IDH debería abordar los casos que involucren violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con base en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos como fundamento de su En segundo lugar, profundizo en la interseccionalidad de vulnerabilidades y la discriminación estructural de la que fue víctima Manuela. Por último, analizo la importancia de juzgar con perspectiva de género en un caso como el de Manuela.
  2. LA CUESTIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DE MANUELA COMO DERECHO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIABLE PER
  3. Como he argumentado en votos anteriores y reiterando los fundamentos allí planteado1, a partir de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación entre los derechos humanos, sostengo la competencia de la Corte para conocer sobre violaciones individuales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo anterior bajo la convicción de que los Derechos Humanos son interdependientes e indivisibles, de manera tal que los derechos civiles y políticos se encuentran entrelazados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, resultan inescindibles, como surge en el presente
  4. Es así, que he afirmado que la interdependencia e indivisibilidad permite ver al ser humano de manera integral como titular pleno de derechos y esto influye en la justiciabilidad de sus derechos. Similar visión se afirma en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador: “Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.

 

 

1              Cfr. Entre otros, voto concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del caso Asociación Nacional De Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional De Administración Tributaria (Ancejub-Sunat) Vs. Perú; a la sentencia de 22 de noviembre de 2019 del caso Hernández Vs. Argentina, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina y a la sentencia de 15 de Julio de 2020 del caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus Familiares Vs. Brasil.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

 

  1. Dentro de esta visión, el artículo 26 de la Convención funciona como un artículo marco, en el entendido que hace alusión de forma general a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya lectura y determinación nos remite a la Carta de la El Protocolo de San Salvador individualiza y da contenido a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se menciona en dicho Protocolo que resulta de gran importancia que estos (derechos) sean reafirmados, desarrollados perfeccionados y protegidos (ver Preámbulo). Finalmente, existe un conjunto de instrumentos del corpus juris interamericano que también hacen referencia a los DESCA.
  2. Es así que considero que la presente sentencia demuestra la coexistencia de varios derechos de las víctimas que resultan indivisibles y justiciables ante esta Corte per se como se explica en los párrafos 180 y siguientes de la En consecuencia, el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador no constituye impedimento alguno en el presente caso para que la Corte ingrese a considerar su violación conjunta.
  3. En el presente caso, tal como se expresa en los Puntos Resolutivos Nº 3, 4 y 5 se declaran violados el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a la salud, de conformidad con los artículos 4, 5, 7.1, 7.3, 8.2, 8.1, 8.2, 8.2.d, 8.2.e, 11 y 24 de la Convención, en relación con las obligaciones de garantía y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en los artículos 1.1. y 2 de la misma Convención. Por lo que entiendo que a partir de la concepción que he sostenido respecto de la interpretación y aplicación de la Convención Americana, el derecho a la salud es justiciable en función de la coexistencia de la violación a varios derechos convencionales, sin necesidad de recurrir a justificaciones a partir de la invocación autónoma del 26 convencional.

 

  • LA INTERSECCIONALIDAD Y LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL DE LA QUE FUE VÍCTIMA MANUELA LA COLOCÓ EN UNA SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD
  1. El párrafo 253 de la Sentencia plantea que “en Manuela confluían distintas desventajas estructurales que impactaron su victimización. En particular, la Corte subraya que Manuela era una mujer con escasos recursos económicos, analfabeta y que vivía en una zona De verificarse la discriminación alegada en este caso, estos factores de

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

vulnerabilidad o fuentes de discriminación habrían confluido en forma interseccional, incrementando las desventajas comparativas de la presunta víctima y causando una forma específica de discriminación por cuenta de la confluencia de todos estos factores”. Sumado a lo anterior, en el mismo párrafo la Corte considera que “dichos factores de discriminación son concordantes con el perfil de la mayoría de las mujeres juzgadas en El Salvador por aborto o homicidio agravado, quienes tienen escasos o nulos ingresos económicos provienen de zonas rurales o urbanas marginales y tienen baja escolaridad“. Es por eso, que en el presente apartado profundizaré en la importancia de tener en cuenta la interseccionalidad de vulnerabilidades y la discriminación estructural que perjudicaron a Manuela.

  1. Tal como lo planteé anteriormente, en mi voto concurrente a la Sentencia del Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus Familiares Vs. Brasil2, entiendo la interseccionalidad como la confluencia respecto de una misma persona o grupo de personas de la violación de diferentes derechos lo que las hace víctimas de discriminación La confluencia de múltiples discriminaciones a mi entender potencia el efecto devastador a la dignidad humana de las personas que las sufren y provoca violación de derechos más intensa y diversa que cuando las mismas se configuran respecto de un solo derecho.
  2. La primera en abordar el concepto de interseccionalidad fue Kimberle Crenshaw al plantear que las mujeres afrodescendientes sufren una doble discriminación debido al racismo y al género. Por lo que, en comparación a una mujer blanca o a un hombre afrodescendiente, su situación puede ser similar o diferente y de mayor vulnerabilidad3. También desarrolló la importancia de su significado a la hora de crear y evaluar políticas para evitar un tratamiento centrado en la aceptación del factor de discriminación predominante que invisibiliza la intersección de factores de discriminación4.
  3. El concepto de interseccionalidad permite a la Corte, como elemento hermenéutico, la determinación de personas o grupos que sufren

 

2 Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, Voto concurrente del Juez Ricardo C. Pérez Manrique

3 Cfr. Kimberle Crenshaw, «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics», University of Chicago Legal Forum 1, n.o 8, 1989, pág. 149. Disponible en:

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf.

4        Cfr. Kimberle Crenshaw, supra, pág 152.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

discriminación y analizar las causas de tal situación. Como se realiza en la presente Sentencia la apreciación del fenómeno, la adecuada intelección de su gravedad y el análisis de las causas y efectos respecto de las personas, ayuda a la Corte a resolver el fondo de los casos sometidos a su consideración. A la vez suministra la perspectiva necesaria para dictar reparaciones consistentes, entre otras en el dictado de medidas de no repetición adecuadas mediante la imposición a los Estados de líneas de acción orientadas a superar la discriminación y la violación de derechos.

  1. La Corte IDH utilizó por primera vez el concepto de “interseccionalidad” en el análisis de la discriminación sufrida por una niña en el acceso a educación en el caso Gonzales Lluy y Otros Ecuador5. Se afirma que en el caso “confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna”6.
  2. Por su parte la Comisión, en un análisis sobre la pobreza7, plantea el impacto diferenciado de la pobreza como factor de vulnerabilidad que se agrava y aumenta cuando se suma a las vulnerabilidades de determinados grupos poblacionales como en las
  3. A nivel del sistema universal de protección de derechos humanos, sumado a lo mencionado por la Sentencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Informe de 2017 al Consejo de Derechos Humanos, ha planteado los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia en el contexto del

 

5        Cfr. Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 1 de setiembre de 2015. Serie C No. 298.

6        Cfr. Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador, supra, párr. 290.

7        Cfr. CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.164, 7 de septiembre de 2017.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia haciendo énfasis en las mujeres y las niñas8. Asimismo, plantea la necesidad de ofrecer una protección específica y adaptada a las mujeres y las niñas, haciendo un especial énfasis en la afectación de derechos por la exclusión socioeconómica y la pobreza.

  1. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (en adelante, “CEDAW” por sus siglas en inglés) ha señalado que “la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y otras mujeres”9. Es así que estos factores interseccionales “dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la justicia10.
  2. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relaciona características asumidas como definitorias de un grupo en situación de vulnerabilidad con la violación de derechos sufrida, por ejemplo la determinación del contenido esencial de un derecho difiere cuando se trata de gitanos11, o personas privadas de libertad12, o menores no acompañados13. En esta línea, también este tribunal ha utilizado el concepto de “vulnerabilidad específica” al considerar que “los Órganos Jurisdiccionales internos, no tuvieron en cuenta la vulnerabilidad específica de la demandante, inherente a su condición de mujer africana ejerciendo la prostitución”14. En ese caso, a partir del concepto de “vulnerabilidad específica” de la demandante que era una mujer africana que ofrecía servicios sexuales en la calle, se puede analizar la intersección de factores como su raza, género y situación socio

 

 

8         Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia en el contexto del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia sobre el pleno disfrute por las mujeres y las niñas de todos los derechos humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 21 de abril de 2017, UN Doc. A/HRC/35/10.

9              CEDAW. Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr. 8.

10            CEDAW. Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr.8.

11       Cfr. TEDH, Caso Buckley Vs. Reino Unido, No. 20348/92, sentencia de 29 de septiembre de 1996.

12 Cfr. TEDH, Caso Salman Vs. Turquía, No. 21986/93, sentencia de 27 de junio de 2000 y Caso Algür Vs. Turquía, No. 32574/96, sentencia de 22 de octubre de 2002.

13     Cfr. TEDH, Caso Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga Vs. Bélgica, No. 13178/03, sentencia de 12 de octubre de 2006.

14       TEDH, Caso B.S. Vs. España, No. 47159/08, sentencia de 24 de julio de 2012, párr. 62.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

  1. Se ha planteado la interseccionalidad como una herramienta útil para la interpretación de los derechos humanos como interdependientes, interrelacionados e indivisibles, porque permite el estudio de diferentes factores de opresión y vulneración15. En el caso es viable el análisis de los diferentes factores de vulnerabilidad que tienen un perfil propio, pero al mismo tiempo interactúan de manera interseccional con los demás. Esta Corte ha reconocido, en este mismo sentido que “ciertos grupos de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida con base a más de un factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones de sus derechos humanos16.
  2. La Comisión ha planteado en diferentes oportunidades que la interseccionalidad afecta especialmente a las mujeres en la región en lo que refiere a sus derechos económicos sociales y culturales17. En esta línea en el “Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas” ha planteado que “[l]as mujeres se ven afectadas en mayor medida por la pobreza y se encuentran en particular desventaja en el ejercicio tanto de sus derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales”18. En su estudio temático sobre “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, la Comisión reconoció el carácter inmediato de la obligación de no discriminar y de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, e identificó a las mujeres como una población históricamente discriminada y excluida en el ejercicio de estos Hacia mediados de 2014, vivían en América Latina 612 millones de personas, de las cuales las mujeres representaban más de la mitad de la población: 310 millones eran mujeres y 302 millones, hombres. Para dicho año se proyectaba que “el 28,0% de la población regional vivía en situación de pobreza por ingresos y el 12,0% en situaciones de indigencia”19.

 

15    Cfr. Andrea Catalina Zota-Bernal, «Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos», Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 2015. Disponible en: https://e- revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534.

16            Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr. 247 y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 288.

17 Cfr. CIDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, OEA/Ser.L/V/II.132, 19 de julio de 2008, párr. 56 y ss.

18       Cfr. CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, supra, párr. 304.

19       Cfr. CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, supra, párr. 103.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

  1. En relación con lo anterior, también en este caso la consideración del contexto de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador es clave para el análisis, particularmente cuando se trata de situaciones en los que media un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres20. Porque la discriminación interseccional que sufrió Manuela por razón de la pobreza y género, constituyó una vulneración en cascada de Este patrón de discriminación estructural e interseccional requiere especial atención para prevenir y evitar en el futuro la desprotección y violación de derechos de las mujeres que ya son víctimas por la afectación desproporcionada que les genera por tener la capacidad biológica del embarazo (párrafo 254 de la Sentencia).
  2. Todas estas vulnerabilidades actuaban conjuntamente, potenciando por su interseccionalidad la especial situación de indefensión ante la renuncia del Estado a cumplir con su función de respeto y básicamente de garantía de los derechos humanos de estas personas. En este sentido, en el párrafo 253 de la Sentencia se describen los patrones de discriminación estructural e interseccional.
  3. La incidencia de patrones de conducta en relación a determinadas situaciones de vulnerabilidad ya fue considerado en el caso González y Otras (“Campo Algodonero”) México21, donde se comprobó la existencia de un patrón sistemático de violencia y discriminación contra mujeres de la Ciudad de Juárez. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe del caso María Da Penha22.
  4. La experiencia de las mujeres, por lo general, no se funde en un solo eje de subordinación, sino que existe una interacción de diversos factores y sistemas de subordinación que hacen que la experiencia particular no sea equivalente a la que se experimentaría sobre la base de uno sólo de los
  5. La existencia de patrones de discriminación interseccional en contra de mujeres pobres en diferentes zonas de la región23es un problema que

20            Amicus Curiae presentado por Amnistía Internacional y Juan E. Méndez en el caso de Manuela y familia v. El Salvador.

21      Cfr. Caso Gonzales y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 132.

22       Cfr. CIDH, Informe N° 54/01. Caso 12.051. Maria Da Penha Maia Fernandes. Brasil. 16 de abril de 2001.

23 Cfr. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Patrones de Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe. Informe presentado a la Relatora de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo., 2014.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

requiere especial protección estatal. En el presente caso Manuela integra un grupo en especial situación de vulnerabilidad; la privación de derechos y la interseccionalidad acentúa los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado (art.1.1 de la Convención) y determina que conforme el artículo

2 de la misma el Estado adopte “… las medidas legislativas o de otro carácter…” necesarias para superar las múltiples violaciones de derechos.

III. Importancia de la perspectiva de género en relación con el acceso a la justicia en casos como el de Manuela.

 

  1. La obligación positiva del Estado, ante la verificación de un patrón de discriminación interseccional y estructural como el descrito, consiste en el desarrollo de líneas de acción mediante el desarrollo de políticas sistemáticas que actúen sobre los orígenes y causas de su Es así que es necesario mencionar que el Estado está especialmente obligado a garantizar el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en aquellos casos, como el presente, en lo que en un contexto de discriminación estructural contra la mujer confluyen en forma interseccional varios factores de discriminación24.
  2. En esta línea, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha señalado que “la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y otras mujeres”25. Es así que factores interseccionales “dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la justicia26.
  3. En este contexto resulta imprescindible la garantía del derecho a una defensa técnica con perspectiva de género y sensible a las cuestiones de género, competente, eficaz y brindada desde el primer interrogatorio y en las diligencias posteriores. Es un deber específico del Estado en este caso, en el que se da una especial situación de vulnerabilidad causada por la interseccionalidad de varios factores de discriminación como son la condición de mujer rural, la pobreza y el analfabetismo, que agravan la

 

24            Amicus Curiae Fundación para el Debido Proceso, pág. 3.

25            CEDAW. Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr.8.

26            CEDAW. Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr.8.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

 

discriminación estructural de la mujer y dificultan seriamente su acceso a la justicia27.

  1. La confluencia de todos estos elementos configuran una forma específica de discriminación, 28en la que los distintos factores se entrelazan y se refuerzan mutuamente,29 que agrava la discriminación estructural de la mujer y crea una especial situación de vulnerabilidad, como la de Esta Corte ha considerado, al respecto, que, cuando las víctimas pertenecen a un grupo en especial situación de vulnerabilidad, se acentúan los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado30.
  2. Es así, que considero fundamental profundizar en la medida de no repetición vinculada a la interseccionalidad de vulneraciones acreditadas para el tratamiento del patrón estructural de discriminación en relación a Ese deber por parte del Estado implica que las autoridades encargadas de la investigación, como son la policía y las fiscalías, deben actuar con una debida diligencia reforzada que incorpore la perspectiva de género desde las primeras diligencias y elimine todo prejuicio y estereotipo de género, con el fin de garantizar eficazmente la presunción de inocencia de la mujer que está siendo investigada. En estos casos la defensa técnica, a la que la Corte se ha referido ampliamente en su jurisprudencia, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado desde el inicio, asegurando que esa defensa incorpore la perspectiva de género y se preste con una debida diligencia reforzada31.
  3. Aprovecho también este voto para hacer una sucinta mención a la importancia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuya principal finalidad es “no dejar a nadie atrás”. La Agenda 2030 responde al “enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” cuyo contenido es reconocer que el desarrollo es un derecho de

 

27            Amicus Curiae Fundación para el Debido Proceso, pág. 15

28            Cfr. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 191, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 290.

29            Cfr. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Mujeres privadas de libertad. A/HRC/41/33, 15 de mayo de 2019, párr. 15.

30            Cfr. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 198.

31            Amicus Curiae Fundación para el Debido Proceso, pág. 15.

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

las personas exigible frente a sus gobiernos y que las políticas de desarrollo deben fundarse en los derechos humanos. Los Derechos Humanos constituyen un elemento esencial en el diseño de las políticas y estrategias de desarrollo.

  1. Se afirma en el punto 35 de la Declaración que precede a los objetivos: “El desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo La nueva Agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles y en instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas […]” (resaltados del autor).
  2. Esta relación entre derechos humanos y desarrollo sostenible, se hace efectiva en los ODS 2030 como la hoja de ruta resultante del consenso internacional para que las personas superen situaciones de vulneración de sus derechos como las probadas en la sentencia. El Objetivo 16 es la expresión que recoge esa relación promoviendo el estado de derecho a nivel nacional y global (1.3), creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (16.6), garantía de acceso a la información y protección de libertades fundamentales (16.10), promoción y aplicación de leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible (16.b).
  3. La situación del presente caso se vincula especialmente con los objetivos número 1 “poner fin a la pobreza en todas sus formas”, 5 “igualdad de género”, 8 “trabajo decente y crecimiento económico”, 10 “reducción de las desigualdades” y 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”.
  4. Las violaciones de derechos acreditadas en este caso, exigen que el Estado actúe con máxima diligencia en sus deberes de garantizar y respetar los derechos humanos violados (art. 1.1. de la Convención) y que adopte las medidas que resultan de esta sentencia, requiriendo la cooperación internacional adecuada para el cumplimiento de las mismas (art. 2 de la Americana).

 

III. CONCLUSIÓN

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

  1. Manuela, una mujer joven, pobre, que vive con sus padres y dos hijos, queda embarazada y sufre de preeclampsia, condiciones en las cuales se produce el Debido a su estado de salud, es llevada por su padre a un centro hospitalario en el que se prioriza la denuncia penal frente a la necesidad inmediata de atender su estado de salud. Al punto que no se detecta la enfermedad que finalmente derivó en su muerte.

 

  1. Es esposada a una cama, se inicia un proceso penal en que resulta condenada a 30 años de prisión, sin contar con la garantía de su presunción de inocencia, sin derecho efectivo de defensa, ni de un juez imparcial pues la sentencia de condena está cargada de estereotipos nocivos de género que potencian sus múltiples vulnerabilidades. Manuela es discriminada a partir del momento que requiere atención médica, no obtiene de parte del Estado ni salud ni justicia.
  2. La solicitud de atención médica derivó en la inmediata activación del sistema penal, respuesta absolutamente desproporcionada del Estado violatoria del artículo 5.2 de la Convención Americana: fue condenada al mínimo legal previsto en la legislación salvadoreña de 30 años de prisión.
  3. Como la mayoría de las víctimas, Manuela quedó invisibilizada: primero en el proceso penal en el que no fue escuchada y quienes tenían el deber de ejercer su defensa adoptaron una actitud irresponsable de pasividad; segundo por jueces que se fundaron en estereotipos nocivos de género sin atender a las circunstancias particulares de ella y tercero por un sistema de prisiones que no atendió una enfermedad que la llevó finalmente a la
  4. Destaco especialmente la situación de los dos niños hijos de Manuela, hoy mayores de edad, que fueron víctimas de la pérdida de su madre, cuyos derechos también fueron vulnerados en el caso de autos, especialmente los derechos a vivir con su madre y a la protección especial que su carácter de niños exige conforme a los artículos 17 y 19 de la Convención Americana. Ellos también resultan víctimas invisibilizadas en el caso:

“El hijo mayor de Manuela declaró que cuando fue a visitar a su madre en la cárcel de San Miguel ‘quería hablar más con su mamá, tener el placer de contarle más pero no pudo, porque había un policía que estaba presente durante la visita y le daba miedo. Esta situación no le permitió expresarle a su madre que la extrañaba, lo cual fue muy difícil para él […] Aún revive ese momento con mucho dolor pues es el último recuerdo que

 

Caso Manuela y otros Vs. El Salvador

 

 

tiene de ella’. Además, indicó que para él ‘fue duro crecer sin su madre […] le hacía falta su amor […] [a]unque tiene pocos recuerdos de ella, la extraña y quisiera tenerla en su vida para platicar con ella y recibir sus consejos´. Por su parte, el hijo menor de Manuela declaró que ‘[f]ue doloroso y complicado para él crecer sin su madre. Su vida fue distinta a la de otros niños por su ausencia y porque no tuvo su guía […] Siente rabia y frustración cada vez que piensa en todas las humillaciones que vivió su madre’ (Párrafo 264).

  1. En síntesis en el presente caso las víctimas, Manuela y sus hijos centralmente, padecieron las consecuencias del accionar del Estado que castigó a partir de una discriminación estructural contra Manuela, quien pagó con su vida las múltiples violaciones a sus derechos y sufrió hasta el final de su vida la discriminación y consiguiente vulneración de sus

 

 

 

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique

Juez

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.