Corte IDH. Caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 424.

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

CASO GUERRERO, MOLINA Y OTROS VS. VENEZUELA

 

SENTENCIA DE 3 DE JUNIO DE 2021

 

(Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

En el caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, Juez;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez,

 

presentes, además,

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

 

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento” o “el Reglamento del Tribunal”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

 

 

TABLA DE CONTENIDO

 

 

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 4

 

  1. II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 5

 

III. COMPETENCIA. 6

 

  1. IV. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL. 6
  2. A) Reconocimiento de responsabilidad del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes 6
  3. B) Consideraciones de la Corte. 7

B.1 En cuanto a los hechos 8

B.2 En cuanto a las pretensiones de derecho. 9

B.3 En cuanto a las reparaciones 10

B.4 Valoración del alcance del reconocimiento de responsabilidad. 10

 

  1. V. PRUEBA. 12
  2. A) Admisibilidad de la prueba documental 12
  3. B) Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial 13

 

  1. VI. HECHOS. 14
  2. A) Contexto. 14

A.1 Violencia policial en Venezuela y el Estado Falcón. 14

A.2 Impunidad de actos de violencia policial 17

A.3 Conclusión sobre la situación de contexto. 17

  1. B) Hechos del caso. 17

B.1 Hechos previos a las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina. 18

B.2 Las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina. 21

 

VII FONDO. 25

VII.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS SIN DISCRIMINACIÓN. 26

 

VII.2 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL RESPECTO A JIMMY GUERRERO. 30

  1. A) Argumentos de los representantes 30
  2. B) Consideraciones de la Corte. 30

 

VII.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LA PROHIBICIÓN DE ACTOS DE TORTURA RESPECTO A JIMMY GUERRERO. 33

  1. A) Argumentos de los representantes 33
  2. B) Consideraciones de la Corte. 33

 

VII.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL RESPECTO A JIMMY GUERRERO Y RAMÓN MOLINA. 36

  1. A) Argumentos de la Comisión y las partes 36
  2. B) Consideraciones de la Corte. 36

 

 

 

VII.5 DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCION JUDICIAL RESPECTO A JIMMY GUERRERO Y LOS FAMILIARES DE ÉL Y DE RAMÓN MOLINA. 38

  1. A) Argumentos de la Comisión y de las partes 38
  2. B) Consideraciones de la Corte. 40

B.1 Investigación de los hechos que derivaron en las muertes de Jimmy Guerreo y Ramón Molina. 41

B.1.1 Aducida falta de independencia e imparcialidad. 41

B.1.2 Obstaculizaciones a la investigación y a la participación de familiares 42

B.1.3 Falta de investigación de posibles actos de tortura contra Jimmy Guerrero. 45

B.2 Investigación de los hechos cometidos contra Jimmy Guerrero anteriores a las circunstancias de su muerte. 46

B.3 Conclusión. 47

 

VIII REPARACIONES. 47

  1. A) Parte Lesionada. 48
  2. B) Obligación de investigar 48
  3. C) Medidas de rehabilitación. 50
  4. D) Medidas de satisfacción. 51
  5. E) Medidas de no repetición. 52
  6. F) Otras medidas solicitadas 53
  7. G) Indemnizaciones compensatorias 54
  8. I) Fondos de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte y la Comisión Interamericanas 57

 

  1. IX. PUNTOS RESOLUTIVOS. 59

 

 

 

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

 

  1. El caso sometido a la Corte. – El 24 de mayo de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Jimmy Guerrero, Ramón Molina Pérez y familiares” contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también “el Estado” o “Venezuela”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y de su familiar, Ramón Antonio Molina Pérez, cometidas el 30 de marzo de 2003 por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón. La Comisión determinó que constan “indicios suficientes y consistentes entre sí para establecer la participación estatal” en ambas muertes. Además, entendió que las dos personas nombradas “experimentaron situaciones de profundo miedo” antes de su deceso y que hubo un ensañamiento con el cuerpo de Jimmy Guerrero, que fue arrastrado por un vehículo. Consideró, asimismo, que el Estado incumplió su obligación de investigar los hechos en forma diligente y en un plazo razonable, incluso respecto a posibles torturas. También aseveró que los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina vieron afectada su integridad personal por la muerte de éstos y por la falta de respuesta estatal. Por todo lo expuesto, concluyó que se perpetraron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

 

  1. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

 

  1. Petición. – El 10 de marzo de 2008 el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero –Marzo de 1989 (COFAVIC) y los señores Jean Carlos Guerrero y Carlos Ayala Corao presentaron la petición inicial[1].

 

  1. Informe de – El 19 de febrero de 2011 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 4/11, en el que admitió la petición.

 

  1. Informe de Fondo. – El 7 de diciembre de 2018 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 160/18 (en adelante también “Informe de Fondo”), en el cual llegó a una serie de conclusiones[2] y formuló varias recomendaciones al Estado.

 

  1. Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado mediante una comunicación de 27 de febrero de 2019. La Comisión otorgó a Venezuela el plazo de dos meses para que informara sobre el cumplimento de las recomendaciones, pero, conforme expresó, el Estado “no dio respuesta alguna”.

 

  1. Sometimiento a la Corte. – El 24 de mayo de 2019 la Comisión sometió a la Corte “la totalidad de los hechos y violaciones a derechos humanos” del caso. Lo hizo, según indicó, “por la necesidad de obtención de justicia y reparación”[3]. Este Tribunal nota, con preocupación, que entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte transcurrió un tiempo superior a los 11 años.

 

  1. Solicitudes de la Comisión. – La Comisión solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional de Venezuela por las violaciones contenidas en el Informe No. 160/18 (supra nota a pie de página 2) y que ordenara al Estado, como medidas de reparación, las incluidas en dicho informe (infra Capítulo VIII).

 

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. Notificación al Estado y a los representantes-. – El sometimiento del caso fue notificado a la representación de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) y al Estado los días 22 y 31 de julio de 2019, respectivamente[4].

 

  1. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 26 de septiembre de 2019 los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento. Coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y, adicionalmente, señalaron que el Estado habría cometido actos de tortura y violado diversos aspectos del derecho a la libertad personal en perjuicio de Jimmy Guerrero. Además, expresaron que todas las violaciones a derechos humanos se cometieron transgrediendo la prohibición de discriminación que surge del artículo 1.1 de la Convención. Solicitaron que se ordenara a Venezuela adoptar diversas medidas de reparación y el reintegro de costas y gastos.

 

  1. Escrito de contestación. – El 9 de marzo de 2020 el Estado presentó su escrito de contestación al sometimiento del caso e Informe de Fondo y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”)[5]. Reconoció su responsabilidad internacional, en los términos que se indican más adelante (infra Capítulo IV).

 

  1. Observaciones al reconocimiento de responsabilidad. – El 22 de junio de 2020 la Comisión y los representantes remitieron sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad, en los términos que se enuncian más adelante (infra Capítulo IV)[6].

 

  1. Procedimiento final escrito y diligencia de prueba oral. – Por medio de una Resolución de 13 de octubre de 2020, la Presidenta de la Corte, en consulta con el Pleno del Tribunal, decidió que, por razones de economía procesal y en atención a la situación originada por la pandemia de la COVID-19 (en adelante también “la pandemia”), no era necesario convocar a audiencia pública en el presente caso. Determinó que dos presuntas víctimas rindieran declaración oral por medio de una videoconferencia y que otras personas declararan por escrito. La diligencia probatoria por videoconferencia tuvo lugar el 26 de enero de 2021[7].
  2. Alegatos y observaciones finales escritos. – El 9 de marzo de 2021 la Comisión y el Estado presentaron sus observaciones y alegatos finales por escritos, respectivamente. El día siguiente los representantes remitieron sus alegatos finales escritos y documentación anexa[8].

 

  1. La Corte deliberó la presente Sentencia, por medio de sesiones virtuales, entre los días 26 de mayo y 3 de junio de 2021[9].

 

III

COMPETENCIA

 

  1. Venezuela fue Estado Parte de la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. El 10 de septiembre de 2012 denunció la Convención Americana. La denuncia se hizo efectiva el 10 de septiembre de 2013. Con base en el artículo 78.2 de la Convención, la Corte es competente para conocer el presente caso, en tanto que los hechos analizados tuvieron origen con anterioridad al momento en que la denuncia puede producir efectos.

 

IV

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

 

A)                    Reconocimiento de responsabilidad del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes

 

  1. El Estado, en su contestación, reconoció su responsabilidad internacional. Lo hizo expresando lo que sigue:

 

El Estado venezolano manifiesta […] que reconoce su responsabilidad internacional en el presente procedimiento por la vulneración del derecho a la vida e integridad personal, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones previstas en sus artículos 1.1 y 2, en perjuicio de los señores Jimmy Guerrero, Ramón Molina y sus familiares, en los términos y condiciones establecidos en el Informe de Fondo No. 160/18 […], exceptuando lo establecido en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por considerar que en el presente caso no se encuadra dentro de lo establecido en el referido instrumento.

 

  1. Señaló también que “[e]n principio, y de forma general, […] se compromete a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes[, …] en atención a la jurisprudencia [de la] Corte y los criterios que se han seguido en casos similares en […] Venezuela”. Se refirió asimismo a algunas medidas puntuales: a) “se compromet[ió,] a partir de la presentación de [la contestación], a ofrecer y brindar medidas de atención en salud a las víctimas”, y b) sostuvo que ya ha dado cumplimiento a la garantía de no repetición solicitada por la Comisión, mediante diversas acciones: el desarrollo de “espacios de formación” de funcionarios policiales y la “profundiza[ción]” de “medidas para asegurar la contraloría social y rendición de cuentas de las actuaciones policiales”.

 

  1. Los representantes señalaron que el reconocimiento del Estado “resulta positivo”, pero que “persiste la necesidad de que la Corte se pronuncie sobre la totalidad de los hechos, violaciones y medidas [de] repara[ción]”. En este sentido, indicaron que dicho reconocimiento “no es lo suficientemente claro”, pues no establece cuáles son los hechos que generaron las violaciones a derechos, ni “en qué consisten las [mismas]”[10].

 

  1. La Comisión valor[ó] positivamente la declaración” del Estado. Señaló que se trata de un reconocimiento parcial de responsabilidad, que Venezuela “no identificó de manera precisa los hechos de los cuales derivaría [la misma]”[11], y que subsiste la controversia sobre los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también CIPST). Entendió que la Corte debe determinar los hechos correspondientes, establecer sus consecuencias jurídicas y las medidas de reparación respectivas.

 

B)                    Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte recuerda que, de conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial de derechos humanos, cuestión de orden público internacional, le incumbe velar por que los actos de reconocimiento de responsabilidad resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano[12]. Con base en lo anterior, examinará los alcances del reconocimiento de responsabilidad en este caso, considerando sus términos y sus efectos respecto a los hechos del caso, las pretensiones de derecho y las medidas de reparación.

 

B.1 En cuanto a los hechos

 

  1. Venezuela reconoció su responsabilidad, respecto a varias violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana, “en los términos y condiciones establecidos en el Informe de Fondo”. La Corte entiende que el Estado, al aceptar violaciones a derechos humanos referidas en el Informe de Fondo, ha reconocido, a su vez, los hechos contenidos en dicho Informe que dieron lugar a tales violaciones.

 

  1. En relación con lo anterior, debe advertirse que, como parte de su “análisis de derecho” en el Informe de Fondo, la Comisión tuvo en cuenta “dos contextos relevantes”: a) a “nivel nacional”, de “violencia policial estadal y denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra personas con el perfil de Jimmy Guerrero, caracterizado por su falta de investigación y que relacionan la participación de agentes policiales en su comisión, o que son explicadas como un ‘ajuste de cuentas’ apelando a antecedentes delictivos”, y b) “la incidencia de [la] problemática [anterior] en el [E]stado Falcón”. La Comisión, además, hizo determinaciones de hecho respecto de tales aspectos de contexto. Dado que el Estado reconoció su responsabilidad “en los términos y condiciones” señalados por la Comisión, y siendo que los mismos incluyen consideraciones sobre aspectos de contexto, debe entenderse que Venezuela aceptó tales circunstancias contextuales.

 

  1. Por lo expuesto, este Tribunal deja sentado que ha cesado la controversia sobre los hechos del caso, incluyendo la situación contextual en la que se presentaron, sin perjuicio de las puntualizaciones que se formulan a continuación, sobre dos aspectos.

 

  1. En primer término, cabe notar que el Informe de Fondo, en el apartado relativo a “[d]eterminaciones de hecho”, expresa que “surgieron distintas versiones” sobre las circunstancias en que sucedieron las muertes de los señores Guerrero y Molina, a saber: a) que se habrían originado en un “enfrentamiento entre bandas”, b) que ocurrieron en el marco de un atraco a una licorería, y c) que fueron perpetradas por funcionarios policiales. Por otra parte, en el apartado sobre “[a]nálisis de derecho”, el Informe de Fondo establece, por diversos motivos que expone, que hay “indicios suficientes y consistentes entre sí para establecer la participación estatal en la muerte de Jimmy Guerrero, y en la muerte conexa de […] Ramón Molina, por lo que las mismas son atribuibles directamente al Estado venezolano”.

 

  1. Venezuela, al reconocer su responsabilidad ante la Corte, no efectuó precisión expresa alguna respecto de las tres versiones sobre los hechos. No obstante, efectuó su reconocimiento “en los términos y condiciones” del Informe de Fondo. Tales términos incluyen la conclusión, efectuada por la Comisión, de que las muertes de los señores Guerrero y Molina son atribuibles en forma directa al Estado por la participación de agentes estatales en los hechos. Por ende, debe entenderse que Venezuela aceptó tal conclusión y, en consecuencia, también que asumió como verdadera la versión de los hechos que indica que las muertes fueron perpetradas por funcionarios policiales. Esta última es, asimismo, la versión de los hechos tenida por cierta por los representantes.

 

  1. En consecuencia, la Corte tiene por establecido que las muertes de los señores Guerrero y Molina se produjeron a partir de la intervención directa de funcionarios policiales. No tendrá en consideración las otras dos versiones (supra párr. 22).

 

  1. En segundo lugar, el Estado sostuvo que “resulta evidente que el señor Jimmy Guerrero resultó fallecido de manera inmediata, luego de recibir diversos impactos de proyectil disparados por arma de fuego”. Por ello, negó su responsabilidad por aducidos actos de agresión que, según entendió, “supuestamente” se habrían cometido luego del fallecimiento del señor Guerrero. La Comisión y los representantes, por su lado, como parte del marco fáctico del caso, señalaron diversas declaraciones que dan cuenta de agresiones al cuerpo del señor Guerrero posteriores a que el mismo sufriera el primer impacto de bala. En el Informe de Fondo, la Comisión entendió que no podía determinarse que él murió en ese momento, por lo que el Estado debió investigar si los vejámenes cometidos luego constituyeron actos de tortura[13]. Entonces, subsiste la controversia respecto a si se cometieron agresiones contra la integridad personal de Jimmy Guerrero, el día de su muerte, que deban ser investigadas como posibles actos de tortura.

 

B.2 En cuanto a las pretensiones de derecho

 

  1. Respecto a las pretensiones de derecho, dados los términos del reconocimiento de responsabilidad, la Corte constata que ha cesado la controversia sobre la responsabilidad internacional de Venezuela por las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, prescriptas por el artículo 1.1 del mismo tratado.

 

  1. También ha cesado la controversia respecto a la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de personas familiares de los fallecidos, identificadas en el Informe de Fondo. Es preciso advertir, no obstante, que los alegatos de los representantes sobre la violación al deber de investigar tienen por base argumentos adicionales a los señalados en el Informe de Fondo (infra párrs. 28 y 132 a 134), y que tales argumentos de los representantes no han sido aceptados ni controvertidos en forma directa por el Estado.

 

  1. Por otra parte, es preciso notar que los representantes adujeron violaciones a derechos humanos en perjuicio de Jimmy Guerrero, que no fueron determinadas en el Informe de Fondo, con base en circunstancias de privación de libertad, agresiones y hostigamientos, previas a la fecha en que él murió[14]. Venezuela no aceptó en forma explícita dichas violaciones. Las mismas versan sobre la presunta inobservancia de la prohibición de actos de tortura, del deber de investigar los mismos y del derecho a la libertad personal, conforme los artículos 5.2 y 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Tampoco lo ha hecho respecto al alegato de los representantes de que todas las violaciones a derechos se produjeron transgrediendo la prohibición de discriminación que surge del artículo 1.1 de la Convención.

 

  1. Por otra parte, subsiste la controversia respecto de la alegada violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura por la falta de investigación oficiosa de las agresiones que habría sufrido Jimmy Guerrero en el momento del ataque que derivó en su muerte, en los términos aducidos por la Comisión[15].

 

B.3 En cuanto a las reparaciones

 

  1. En lo que se refiere a la reparación de las violaciones a derechos humanos, la Corte constata que el Estado afirmó, en forma general, que cumpliría las medidas correspondientes. Además, se comprometió a brindar “atención en salud” a las víctimas. También informó sobre el desarrollo de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos. Las afirmaciones estatales sobre medidas de reparación puntuales no abarcan la totalidad de las solicitudes de reparación formuladas por la Comisión y los representantes. Por tanto, subsiste la controversia a este respecto.

 

B.4 Valoración del alcance del reconocimiento de responsabilidad

 

  1. La Corte, como en otros casos[16], valora el reconocimiento del Estado de su responsabilidad internacional. El mismo produce plenos efectos jurídicos, de acuerdo a los artículos 62 y 64 del Reglamento. El Tribunal considera, en los términos antes indicados, que ha cesado la controversia del caso respecto a la mayor parte de los hechos y la necesidad de adoptar medidas de reparación. Asimismo, ha cesado la controversia respecto de varias de las violaciones a derechos humanos aducidas, de acuerdo a las precisiones ya formuladas.

 

  1. El Tribunal no considera necesario, en esta oportunidad, examinar en forma detallada la violación del derecho a la vida, establecido en el artículo 4.1 de la Convención, en perjuicio de los señores Guerrero y Molina, ni la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de sus familiares. Esto, dado el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado sobre estos aspectos y toda vez que las respectivas pretensiones de derechos alegadas y reconocidas en el presente caso ya han sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana. Las violaciones a derechos humanos indicadas, entonces, quedan establecidas con base en el reconocimiento estatal de responsabilidad[17]. Se deja sentado, al respecto, que los señores Molina y Guerrero fueron víctimas de ejecución extrajudicial o sin proceso por parte de funcionarios policiales y que, por los motivos que se expondrán más adelante (infra párrs. 91 a 99), la violación del derecho a la vida del señor Guerrero implicó también un acto de discriminación en su contra.

 

  1. La Corte nota, por otra parte, que el Estado no ha aceptado de modo explícito todas las violaciones alegadas y ha controvertido en forma directa algunas de ellas. El Tribunal estima necesario dictar la presente Sentencia y determinar en ella los hechos ocurridos y las violaciones a derechos humanos consumadas[18]. Ello permite dirimir las controversias subsistentes y resolver lo conducente sobre alegatos que no fueron aceptados expresamente por el Estado. Además, contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos[19]. La Corte se pronunciará, asimismo, sobre las medidas de reparación correspondientes.

 

  1. Este Tribunal no se pronunciará sobre el artículo 2 de la Convención Americana, cuya supuesta violación fue reconocida por Venezuela, pero no alegada por la Comisión ni por los representantes (supra párr. 14). El Estado no explicó los motivos por los cuales sería responsable por dicha violación y la Corte no encuentra sustento para examinarla.

 

 

 

 

 

V

PRUEBA

 

A)                    Admisibilidad de la prueba documental

 

  1. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y los representantes junto con sus escritos principales (supra párrs. 4 y 7)[20]. Como en otros casos, este Tribunal admite aquellos documentos presentados oportunamente (artículo 57 del Reglamento) por las partes y la Comisión, cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada, ni cuya autenticidad fue puesta en duda[21].

 

  1. Además, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de la Presidenta de la Corte de 13 de octubre de 2020 (supra párr. 10), quedan incorporadas al acervo probatorio, como prueba documental, las declaraciones periciales de a) Hugo Fruhling, rendida en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela; b) Christof Heyns, dada en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil[22]; c) Magaly Mercedes Vásquez González, presentada en el caso Familia Barrios Vs. Venezuela, y d) José Pablo Baraybar, producida en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. La incorporación del primer documento fue solicitada por la Comisión y la de los restantes por los representantes.

 

  1. Por otra parte, la Corte observa que los representantes, junto con sus alegatos finales escritos, presentaron una publicación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 15 de septiembre de 2020, es decir, efectuada después de la presentación del escrito de solicitudes y argumentos. Además, remitieron comprobantes de erogaciones monetarias realizadas también con posterioridad al escrito de solicitudes y argumentos. Los documentos, por tanto, resultan prueba de hechos supervinientes, en los términos del artículo 57.2 del Reglamento, y quedan admitidos[23].

 

 

 

B)                    Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

 

  1. La Corte estima pertinente admitir la declaración de Jean Carlos Guerrero Meléndez, dada en forma oral en la diligencia realizada por videoconferencia (supra párr. 10), así como las declaraciones rendidas por escrito ante fedatario público y en español, idioma de trabajo del caso, que fueron presentadas en forma oportuna, en la medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia, en la Resolución mediante la cual ordenó recibirlas (supra párr. 10)[24].

 

  1. Las declaraciones, propuestas por los representantes, de las víctimas Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez, Nieves Ramón Guerrero Pérez, Emilia Coromoto Meléndez, Franklin Felipe Guerrero Meléndez, Jiannibeth Stephanny Guerrero Colina y Soleida Morillo, así como de la perita Rossana Ramirez, no fueron rendidas ante fedatario público, sino que fueron autenticadas por dos testigos, acto éste último que no fue dispuesto por la Corte o su Presidencia. Los representantes adujeron que Yarelis Guerrero, por dificultades respecto de su documentación personal, no pudo conseguir la actuación de un fedatario público, y que tampoco pudo hacerlo el resto de las personas declarantes nombradas, por restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. Además, los representantes adujeron una “imposibilidad de realizar notarizaciones ante fedatario público en Venezuela”. El Estado y la Comisión no objetaron la admisibilidad de estas declaraciones. En atención a las razones dadas por los representantes, la Corte admite las declaraciones referidas[25].

 

  1. Por otra parte, la declaración de la perita Carmen Wurst, propuesta por los representantes, fue recibida el 8 de febrero de 2021, dentro del plazo otorgado por la concesión de una prórroga del término inicial. No fue dada ante fedatario público. Los representantes explicaron que ello se debió a dificultades derivadas de la pandemia. El Estado y la Comisión no objetaron la admisibilidad de la declaración. Teniendo en consideración las razones señaladas por los representantes, la Corte admite la declaración pericial de Carmen Wurst.

 

  1. Es preciso advertir también que fue recibida en idioma inglés la declaración, dada ante fedatario público, del perito Philip Alston. No obstante, los representantes remitieron una traducción al español. Ni el Estado ni la Comisión efectuaron observaciones al respecto. La Corte admite la declaración pericial de Philip Alston, y tendrá en cuenta su versión en español.

 

  1. Por último, es preciso dar cuenta de la recepción tardía de la declaración escrita del testigo Pablo Fernández Blanco, que no fue dada ante fedatario público. Dicha declaración fue recibida por este Tribunal el 28 de enero de 2021, un día después de que venciera el plazo correspondiente. El Estado, que propuso la declaración, expresó que, por razones personales atinentes al testigo, no pudo remitirse la misma en el plazo fijado al efecto, y agregó que el señor Fernández Blanco, en razón de la pandemia, “se [vio] impedido de rendir su declaración ante fedatario público”. La Comisión y los representantes no efectuaron observaciones. La Corte, teniendo en cuenta las razones expresadas por el Estado, admite la declaración testimonial del señor Fernández Blanco.

 

VI

HECHOS

 

  1. La Corte, en lo que sigue, establecerá los hechos del caso. Lo hará con base en el marco fáctico sometido al conocimiento del Tribunal por la Comisión. Tendrá en cuenta la aceptación del mismo por el Estado, en los términos ya expuestos (supra párrs. 8, 14, 19 a 25 y 31), así como el acervo probatorio y que Venezuela no controvirtió en forma expresa aseveraciones sobre hechos efectuadas por los representantes[26].

 

  1. A continuación, se expondrán los hechos establecidos en el siguiente orden: a) contexto; b) hechos previos a las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina; c) las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, y d) investigaciones y actuaciones judiciales.

 

  1. Contexto

 

  1. Como ha quedado establecido, dados los términos de su reconocimiento de responsabilidad internacional, el Estado aceptó las indicaciones sobre una situación contextual formulada por la Comisión (supra párrs. 14, 20 y 21). La misma refiere al acaecimiento de actos de violencia policial y denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra personas en situación de pobreza, en particular de hombres jóvenes[27]. También se refiere a la falta de investigación de tales acontecimientos. La Corte, a continuación, precisará la situación contextual referida, atinente a la época de los hechos del caso[28].

 

A.1 Violencia policial en Venezuela y el Estado Falcón

 

  1. La Corte, en su decisión sobre el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, a partir de contar con “elementos de convicción suficientes”, “conclu[yó] que en Venezuela, durante la época de los hechos de[ ese] caso, [cuyas circunstancias centrales ocurrieron en el segundo semestre de 1996,] existía una seria problemática de abusos policiales, localizada en diversos estados”[29].

 

  1. Esa situación tuvo continuidad en años siguientes. En la misma sentencia recién citada, este Tribunal consignó documentos de 1999 y 2001, emitidos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, que advertían sobre denuncias de “muertes extrajudiciales de menores por miembros de las fuerzas policiales”, así como “de tortura y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad”[30]. De acuerdo a aseveraciones del perito Briceño León y datos consignados por él, la violencia y “letalidad policial” se vio incrementada luego de 1999, en el marco de un aumento los homicidios en Venezuela, cuya proporción respecto a la población creció en un 76% entre 1999 y 2003[31]. En el mismo sentido, la Corte ya ha tenido en cuenta estudios estatales, realizados en 2006 por la Comisión Para la Reforma Policial (CONAREPOL), que indicaron que la situación a la que se había llegado para ese año denotaba extralimitaciones en el uso de la fuerza por parte de “cuerpos policiales”. Así, el documento respectivo dio cuenta de que el “uso de la fuerza física” por parte de tales cuerpos, los que preservaban un “componente militar” que propiciaba “abuso[s]” y “patrones operativos agresivos e ineficientes como métodos de lucha contra el delito”, se había “convertido en un medio de afirmación de su autoridad”, en un contexto de escasa supervisión y ausencia de protocolos de actuación[32].

 

  1. De modo concordante, al decidir un caso cuyos hechos centrales ocurrieron en el Estado Falcón, este Tribunal señaló que, para inicios de 2001, en Venezuela “ocurrían ejecuciones extrajudiciales y otros abusos por parte de las fuerzas policiales, en particular por las policías estaduales y municipales”[33]. La Corte también ha considerado señalamientos, efectuados en 2003, sobre la “proliferación[,] en diversos [E]stados [de Venezuela,] de grupos de exterminio vinculados a las organizaciones policiales, [una de] cuyas modalidades de actuación consistía […] en una ejecución mediante enfrentamientos simulados”[34].

 

  1. De acuerdo con afirmaciones de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, efectuadas respecto al año 2003, el modus operandi de estas ejecuciones, aun no siendo igual en todos los casos, incluía con frecuencia la simulación de un enfrentamiento; la intercepción de la víctima cerca o adentro de su residencia, o en el transcurso de operativos policiales; la presencia de testigos; el uso de armas de fuego, disparadas varias veces sobre el cuerpo de la víctima; la alteración de la escena del crimen; el traslado de la víctima a un lugar diferente del de los hechos; el ocultamiento, por pasamontañas, de la identidad del funcionario, así como el empleo de vehículos sin placas o taxis, y las amenazas u hostigamientos a familiares o testigos que denunciaran los hechos[35].

 

  1. Las víctimas de la violencia policial descripta consistían mayormente en hombres jóvenes en condición de pobreza[36]. El perito Alston afirmó que “el hecho de ser joven hace que la situación de pobreza se agrave”, y que se incrementen las posibilidades de maltrato por parte de autoridades[37]. En forma similar, el perito Briceño León aseveró que “[e]n Venezuela la violencia se ha ensañado con un segmento particular de la población: los hombres jóvenes en situación de pobreza”[38]. En la declaración ya citada el perito Alston efectuó manifestaciones concordantes, indicando la estigmatización padecida por las personas pertenecientes al sector de la población aludido, como presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

 

  1. En ese sentido, el informe de la Defensoría del Pueblo antes citado (supra párr. 49) señala que “[e]l 99% de las víctimas [fueron] de sexo masculino”, y que el 77% fueron menores de 28 años de edad. El mismo documento agrega que “[l]a mayoría de los ajusticiamientos ocurren en zonas urbanas de escasos recursos”. También advirtió que en 2003 había aumentado, respecto del año anterior, el número de denuncias de “muertes por ejecuciones”, y que la policía del estado Falcón fue la segunda más denunciada del país[39]. En 2003, el Defensor del Pueblo expresó “gran preocupación por el exagerado incremento de denuncias de abuso policial en el Estado [Falcón]”, y durante ese año y el siguiente solicitó una “profunda revisión administrativa del personal adscrito a las Fuerzas Armadas Policiales del [E]stado [Falcón]”[40].

 

A.2. Impunidad de actos de violencia policial

 

  1. La Corte, con base en señalamientos de entidades de la Organización de las Naciones Unidas de 1999 y 2001, ya ha advertido que, hacia fines de la década de 1990, en Venezuela se presentaban demoras en la actuación de organismos estatales en la “reacci[ón]” frente a hechos de violencia policial, así como la “ausencia de mecanismos independientes” para la investigación de los mismos[41]. Este Tribunal ha tenido en cuenta también información estatal que indica que “en el período de 2000 a 2007 existían 6,405 casos de violación de derechos humanos, delito de homicidio, enfrentamientos o ajusticiamientos, de los cuales solo existían 436 acusaciones”[42]. De conformidad a datos de la Fiscalía General, entre 2001 y julio de 2003 habían ocurrido al menos 1,541 presuntas ejecuciones, habiéndose dictado 17 sentencias condenatorias. La Defensoría del Pueblo consideró que ese número resultaba “ínfimo” en comparación con la cantidad de causas[43], representando, respecto de los hechos de posibles ejecuciones, un 1.1%.

 

A.3 Conclusión sobre la situación de contexto

 

  1. Dado lo expuesto, la Corte entiende que, para 2003, cuando ocurrieron los hechos centrales del presente caso, existía en Venezuela, así como en el Estado Falcón en particular, una situación de incremento de homicidios y de la violencia policial, que afectaba en mayor medida a hombres jóvenes en situación de pobreza. A su vez, existía un alto grado de impunidad respecto a dicha violencia.

 

  1. Hechos del caso

 

  1. Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, nació el 19 de abril de 1976. Contaba con 26 años de edad al momento de su muerte. Trabajaba como taxista y vendedor ambulante en la ciudad de Coro. Ramón Antonio Molina Pérez nació el 1 de enero de 1954. Al momento de su muerte tenía 49 años, era conductor de vehículos para una empresa, y el sostén de su familia. Ramón era muy cercano a la familia Guerrero, en particular al señor Nieves Ramón Guerrero Pérez, padre de Jimmy, de quien era primo hermano; por ello, era considerado como un tío[44]. Los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, también víctimas en este caso, se indican más adelante (infra párr. 165).

 

B.1. Hechos previos a las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina

 

  1. Jimmy Guerrero, en distintas ocasiones, ante entidades estatales y ante la prensa, denunció actos de hostigamiento, detención, amenazas y agresiones por parte de funcionarios policiales contra él y sus familiares. De acuerdo a declaraciones de algunos de éstos, tales acciones contra Jimmy Guerrero tuvieron como antecedente que, antes de las mismas, funcionarios policiales tuvieron sospechas de que él podría haber estado involucrado en un acto ilícito y que, a partir de eso, en palabras de su padre, “lo culpaban por todo lo que ocurría”[45].

 

  1. Así, Jimmy Guerrero efectuó tres denuncias ante órganos fiscales y dos presentaciones ante la Defensoría del Pueblo. También efectuó una declaración ante esa entidad, luego de una presentación previa sobre hechos en su contra realizada por una vecina de él. La Defensoría del Pueblo solicitó medidas de protección a favor del señor Guerrero y la investigación de posibles violaciones a sus derechos. Estas circunstancias, así como la información, indicada por la Comisión o las partes, sobre las actuaciones subsiguientes a las mismas, se precisan a continuación. Se aclara que, en todos los casos, la Corte no cuenta con datos sobre trámites posteriores a los últimos que se indican respecto a cada denuncia o presentación.

 

  1. Primera denuncia. – El 16 de agosto de 2001 Jimmy Guerrero denunció “acosamiento policial” ante la Fiscalía Superior del Estado Falcón (en adelante “Fiscalía Superior”). Señaló que, en la noche del 13 de agosto de 2001, “un motorizado se acercó y [le] amenazó de muerte[,] advirtiendo[le] que siempre ande acompañado porque en lo que [lo] viera solo [lo] iba a matar”[46]. Documentación emitida con posterioridad por la Defensoría del Pueblo indica que la amenaza provenía de un funcionario policial[47].

 

  1. El 19 de agosto de 2002 la Fiscalía Superior abrió la causa No. 2202-02, por el delito de amenazas de supuestos funcionarios policiales, remitiendo la misma a la Fiscalía Primera del Estado Falcón (en adelante “Fiscalía 1”). El 13 de septiembre de 2002 la Fiscalía 1 remitió el expediente a la Fiscalía Segunda del Estado Falcón (en adelante “Fiscalía 2”), dado que ante la primera cursaba una averiguación contra Jimmy Guerrero relacionada con los mismos hechos.

 

  1. Segunda denuncia. – El 27 de septiembre de 2002 Jimmy Guerrero denunció ante la Fiscalía Superior nuevos hechos de “acoso policial”. Refirió que ese día funcionarios policiales preguntaron por él en su casa. Él no estaba allí en ese momento, pero sí su madre y su hermana, Emilia Coromoto Meléndez y Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez, respectivamente. De acuerdo a lo informado por los representantes, la hermana de Jimmy Guerrero solicitó a los funcionarios que presentaran la orden judicial de allanamiento correspondiente, pero éstos no la exhibieron.

 

  1. Los funcionarios policiales, que indicaron haber encontrado un revólver en la vivienda, se llevaron detenidas a la señora Emilia Coromoto Meléndez y a Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez. Ellas permanecieron detenidas tres días en dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Policía (en adelante “CICPC”). De acuerdo a aseveraciones de los representantes, “Yarelis Guerrero se adjudicó la posesión de un arma ante la fuerte presión psicológica a la que fue sometida”. Jean Carlos Guerrero declaró en el mismo sentido ante la Comisión[48].

 

  1. El 5 de noviembre de 2002 la Fiscalía 1 recibió, de parte de la Fiscalía Superior, la denuncia presentada el 27 de septiembre del mismo año por Jimmy Guerrero[49].

 

  1. Tercera denuncia. – El 28 de octubre de 2002 Jimmy Guerrero hizo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Señaló que los días 23 y 25 de ese mes había sido “detenido”, en la primera ocasión por personal del CICPC del Estado Falcón, y en la segunda por un “grupo de motorizados de la [P]olicía de Coro”. Narró que, en la primera oportunidad, él explicó a los funcionarios policiales que había perdido su documento de identidad, y que éstos lo “reseñaron”, le sacaron fotos y lo dejaron en libertad. Respecto al segundo hecho, mencionó que lo interrogaron respecto al robo de un taxista, y que lo liberaron el 27 de octubre de 2020. Indicó que podía reconocer a los funcionarios que lo detuvieron. Afirmó que “siempre que [lo] ve[ían] en la calle [lo] det[enían]”[50].

 

  1. El mismo 28 de octubre de 2002 la Defensoría del Pueblo remitió la denuncia presentada por Jimmy Guerrero a la Fiscalía Superior. El día 8 del mes siguiente la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía 2 el inicio de la investigación, y adjuntó una nota de prensa del día anterior, que expresa que Jimmy Guerrero denunció “acoso por parte de organismos de seguridad”, señalando frecuentes “abuso[s] de autoridad” por parte de las Fuerzas Armadas Policiales y el CICPC. Manifestó, en ese sentido, que “siempre [lo] lleva[ban] preso sin dar[le] ninguna razón y permane[cía] detenido por varios días”[51]. El 11 de noviembre de 2002 la Fiscalía 2 respondió que se había abierto la causa No.2202-02 por amenazas contra Jimmy Guerrero y que se estaban realizando tareas de investigación[52].

 

  1. Cuarta denuncia. – El 4 de noviembre de 2002 Jimmy Guerrero presentó una denuncia ante la Fiscalía 2. Afirmó que entre los días 2 y 3 del mismo mes había permanecido detenido, “a la orden del inspector” de la Dirección de la Policía del Estado (en adelante DIPE), sin que se le diera conocimiento del motivo. Adujo, en la misma ocasión, que era “frecuente que [lo detuvieran] sin motivos”[53].

 

  1. Quinta denuncia. – El 18 de febrero de 2003 Jimmy Guerrero declaró ante la Defensoría del Pueblo, dando cuenta de hechos ocurridos el día anterior. Tales hechos habían sido referidos a la misma institución el 17 de febrero de 2003, por una presentación de E.L., una vecina del señor Guerrero[54]. El mismo 17 de febrero personal de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la comandancia policial y constató la detención de Jimmy Guerrero[55]. De acuerdo a lo indicado por los representantes, al momento de la detención los funcionarios policiales se refirieron “vagamente” a la ocurrencia de un robo.

 

  1. En su declaración de 18 de febrero de 2003 Jimmy Guerrero expresó lo que sigue:

 

El día lunes 17 [de febrero de 2003], siendo las 3:15 pm, […] sin ninguna orden de detención en mi contra las [Fuerzas Armadas Policiales] llegaron hasta mi casa, se metieron revisando mi hogar […] No mostraron orden de allanamiento ni de un tribunal […]. Los policías cargaban un palo de cepillo y con eso me pegaron en la cabeza y en varios sitios del cuerpo delante de los vecinos de la comunidad. Me montaron en el vehículo y se dirigieron conmigo hacía el módulo policial ubicado en la calle dos de la Urbanización Cruz Verde. Procedieron a golpearme y me pusieron un paño en la cabeza para no identificar a los agentes que me estaban golpeando. Me dieron una patada en el ojo derecho y me echaban gas lacrimógeno y me dieron con su armamento en la cabeza. Los efectivos me quitaron la llave de mi casa y mi cédula de identidad al momento de requisarme y no me la entregaron, no puedo identificar quienes eran porque me tenían contra el piso diciéndome delante de los vecinos que yo era un antisocial muy peligroso […][56].

 

  1. El día siguiente, cuando el señor Guerrero había ya recuperado su libertad[57], se realizó un reconocimiento médico legal, que determinó la existencia de: “[e]dema traumático a nivel de región frontal”; “[e]quimosis suborbitaria derecha”; “[t]raumatismo torácico cerrado, complicado con una neuritis intercostal”, y “lesiones producidas por instrumento contundente”, de “carácter leve”. El examen médico concluyó también la ausencia de “secuelas”[58].

 

  1. El 25 de febrero de 2003 la Defensoría del Pueblo, solicitó a la Fiscalía Superior y la Fiscalía 2 medidas de protección a favor de Jimmy Guerrero, así como la investigación de lo sucedido. Dos días después remitió a la segunda copia del informe médico legal realizado al señor Guerrero. El 11 de marzo de 2003 la Defensoría del Pueblo requirió a la Fiscalía 2 información sobre diligencias realizadas a partir de la solicitud de 25 de febrero de 2003[59].

 

  1. Sexta denuncia. – El 6 de marzo de 2003 Jimmy Guerrero hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Relató que el día anterior advirtió que dos policías estaban cerca de su casa, sin que él conociera sus intenciones, y que los funcionarios se escondieron, intentando que él no los divisara. Señaló que funcionarios policiales “se la pasa[ban] dando vueltas por el sector” de su residencia en horas de la madrugada. Dijo también que cinco o seis días antes de su presentación la policía había llegado a su casa, luego de un atraco que sucedió en un lugar cercano, indagando sobre ese hecho. El 11 de marzo de 2003 la presentación del señor Guerrero fue remitida a la Fiscalía 2[60].

 

B.2 Las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina

 

  1. La noche del 29 de marzo de 2003, Jimmy Guerrero, su hermana Yarelis Guerrero y un vecino, J.L., se trasladaron de Coro a Punto Fijo para asistir al velatorio de Jaime Rafael Molina, hijo de Ramón Molina. En el trayecto, el vehículo en que se trasladaban fue abordado por una patrulla policial, que les preguntó su destino, y luego los dejó continuar[61].

 

  1. Más tarde, en la madrugada del 30 de marzo de 2003, Jimmy Guerrero, Ramón Molina y J.L. se dirigieron a realizar unas compras.

 

  1. Al llegar a una licorería, situada en la urbanización Santa Irene de la ciudad de Punto Fijo, del Estado Falcón[62], Jimmy Guerrero, quien conducía el automóvil, se bajó del mismo. El señor J.L. pasó al asiento del conductor, pues reemplazaría al señor Guerrero en el camino de regreso. En ese momento llegó al lugar un vehículo, del cual descendieron al menos dos personas[63] vestidas con uniforme policial. Una asió a Jimmy Guerrero, cuando él estaba en la puerta de la licorería, y le disparó; otra se dirigió al carro en el que se encontraban los señores J.L. y Molina y disparó con arma de fuego hacia ellos. El señor J.L. intentó bajarse del automóvil y fue herido, al igual que el señor Molina. El señor J.L. se acercó al cuerpo del señor Molina para “hacerse el muerto”, según más adelante explicó. Estando así, el señor J.L., quien había recibido un disparo en un brazo, pudo ver cómo dieron patadas al cuerpo del señor Guerrero, así como “dos disparos […] y se lo llevaron de arrastra por los pies”[64].

 

  1. Un testigo presencial, que atendía la licorería, relató los hechos en forma concordante a lo señalado. Precisó que, luego que los atacantes se dieran a la fuga en el vehículo blanco en el que habían llegado, escoltado por otro azul, llegó un tercero, color “ladrillo claro”, que pasó por encima del cuerpo del señor Guerrero. Agregó que una persona bajó de ese carro, amarró con un mecate una de las piernas del cuerpo del señor Guerrero al parachoques, y se lo llevó, arrastrándolo con el vehículo[65].

 

  1. El señor J.L., después de un tiempo, se incorporó y se trasladó a una bomba de gasolina, en dónde había unas personas que llamaron a una ambulancia. Luego lo transportaron a un hospital[66].

 

  1. Los señores Molina y Guerrero fallecieron a causa de las agresiones que sufrieron. El cuerpo de Ramón Molina fue encontrado en las inmediaciones de licorería, en “callejón Buenos Aires […] con prolongación Girardot”; el de Jimmy Guerrero, a cerca de 300 metros de allí, en el estacionamiento de la estación de servicio Santa Irene, ubicada en la urbanización del mismo nombre[67].

 

B.3 Investigaciones y actuaciones judiciales relativas a las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina

 

  1. El 30 de marzo de 2003 la Fiscalía Sexta del Estado Falcón (en adelante Fiscalía 6) ordenó la apertura de la investigación. Ese día se practicaron inspecciones en la vía pública, en la estación de servicio y a los cadáveres. Además, a partir de una “denuncia ciudadana”, se encontró debajo de un automóvil, en las inmediaciones de la escena del crimen, un arma de fuego.

 

  1. El 2 de abril de 2003 el Tribunal Penal de Control de Punto Fijo dictó orden de allanamiento de una propiedad, con la finalidad de localizar armas de fuego y un vehículo identificado por testigos. La misma se ejecutó al día siguiente: no se encontraron armas, pero sí se ubicó e incautó el vehículo.

 

  1. Los días 1 y 2 de abril de 2003 Jean Carlos Guerrero Meléndez efectuó comunicaciones a la Fiscalía Superior, a la Fiscalía 2 y a la Defensoría del Pueblo, denunciando que Jimmy Guerrero y Ramón Molina fueron ejecutados extrajudicialmente por integrantes de la Policía del Estado Falcón (en adelante “la Policía”). Afirmó que su hermano antes había recibido amenazas de muerte por parte de funcionarios policiales[68]. Con posterioridad, solicitó “abrir una investigación” contra un Comisario, F.R., pues afirmó que fue una de las personas que, “en varias oportunidades”, había amenazado de muerte a Jimmy Guerrero, y señaló también a O.R., un “Comandante” de la Policía[69]. Más adelante, Jean Carlos Guerrero señaló que familiares suyos y él recibieron amenazas, y en distintas oportunidades solicitó información y documentación a las autoridades. Ello se refiere más adelante (infra párrs. 150 y 151).

 

  1. Además de las circunstancias antes señaladas, entre la apertura de la investigación y julio de 2007, así como también con posterioridad a ese mes, en el que se cambió la Fiscalía asignada a la causa (infra párr. 80), se dispusieron otras acciones de investigación, que no se efectuaron o se realizaron tardíamente. De ello se da cuenta más adelante (infra párrs. 147 a 149).

 

  1. El 18 de julio de 2007 el Fiscal General reasignó la causa penal a la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público del Estado Falcón (en adelante “Fiscalía 17”). Ésta, el 4 de noviembre de 2008, solicitó al CICPC realizar diversas diligencias de investigación que, en su mayoría, habían sido antes requeridas por la Fiscalía 6[70].

 

  1. Los días 5 de abril y 11 de agosto de 2009 la Fiscalía 17 tomó entrevista al dueño de la licorería en cuyas inmediaciones ocurrieron los hechos y a J.L[71].

 

  1. El 27 de marzo de 2014 la Fiscalía 17 solicitó a la Policía los nombres, jerarquías y ubicaciones administrativas de los funcionarios que se encontraban de guardia el 30 de marzo de 2003 y también copia del libro de Registro del Parque de Armas[72]. Mediante acta policial del mismo 27 de marzo, la Policía indicó que, “como consecuencias de las precipitaciones atmosféricas del año 2010, gran parte del material [requerido …] se vio afectado en su totalidad”[73].

 

  1. En los primeros meses de 2016, la Fiscalía 17 envió varias comunicaciones a distintas entidades. Así, requirió a la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público del Estado Lara la conformación de una comisión para realizar varias diligencias[74]; solicitó a la Policía, en relación con la causa penal, el registro de armas “9 mm y 40 auto” con las que contaba ese cuerpo policial y a quiénes estaban asignadas, y se comunicó con el Jefe de la Brigada de Homicidios del CICPC del Estado Falcón a fin de que remita todas las actuaciones originales del expediente “del año 2003” relativo al caso[75].

 

  1. El 1 de abril de 2016 la Fiscalía 17 solicitó la emisión de una orden de aprehensión contra el policía F.R. El mismo día el Tribunal Penal de Primera Instancia en funciones de Control profirió esa orden[76]. El día 5 del mismo mes personal policial acudió al domicilio de F.R. para ejecutar la orden de aprehensión, pero fue informado de que él se encontraba de viaje.

 

  1. El 14 de agosto de 2017 F.R. se presentó ante el Centro de Coordinación Policial No. 02 de Punto Fijo y, por determinación judicial, se fijó audiencia para el día siguiente[77]. En la misma, el abogado defensor de F.R. solicitó su sobreseimiento, por considerar que “no exist[ían] elementos de convicción”. El señor F.R. se negó a declarar. La Jueza interviniente le imputó el delito de “homicidio calificado cometido con motivo fútil” y ordenó su libertad inmediata y que se presentara cada 30 días ante el órgano judicial[78].

 

  1. El 12 o el 16 de septiembre de 2017 la Fiscalía 17 solicitó el sobreseimiento deR., por entender que “no exist[ían] suficientes elementos de convicción que [le] permit[ieran] fundamentar un [a]cto conclusivo [a]cusatorio en contra de funcionario alguno”[79]. Entre sus consideraciones, sostuvo que,

 

[…] de acuerdo a las diligencias de investigaciones que se obtuvieron y recopilaron se hace muy difícil […]determinar e individualizar la participación y ejecución como participe de funcionario o persona alguna, aunado al hecho que por el tiempo transcurrido [s]e imposibilita efectuar nuevas diligencias científicas, balísticas, planimetrías a las armas y al sitio del suceso, las primeras por cuanto de forma sorpresiva desaparecieron del sitio de resguardo […].

 

  1. El 25 de septiembre de 2017 el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control decretó el sobreseimiento de F.R.[80] El 11 de octubre siguiente remitió al Archivo Judicial de Punto Fijo copia de su decisión e indicó que “[d]eclara definitivamente firme [el] Auto de Sentencia publicad[o] en fecha 25-09-2012”[81]. No se han indicado actuaciones judiciales internas posteriores[82].

 

VII

FONDO

 

  1. El caso que se examina en la presente Sentencia versa sobre las ejecuciones sin proceso o extrajudiciales de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, las que, conforme ha aceptado el Estado, y ya ha quedado establecido (supra párrs. 26 y 32), resultaron violatorias del derecho a la vida. Trata también sobre la aducida responsabilidad del Estado por padecimientos de las personas nombradas en los instantes previos a sus muertes. Comprende, asimismo, el acoso u hostigamiento policial que el señor Guerrero habría sufrido, por medio de diversos actos, inclusive agresiones físicas y detenciones de él y algunos de sus familiares. Incluye la responsabilidad estatal, no controvertida por Venezuela, por la falta de acciones efectivas para la determinación de los hechos y de las responsabilidades correspondientes, en perjuicio de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Abarca igualmente, por último, la responsabilidad de Venezuela, ya establecida (supra párr. 32), por la afectación que los hechos produjeron a la integridad personal de familiares de los señores Guerrero y Molina.

 

  1. La Corte, en primer término, efectuará consideraciones sobre la obligación estatal de respetar y garantizar sin discriminación los derechos convencionales. Luego, en segundo y tercer lugar, examinará las violaciones aducidas a los derechos a la libertad e integridad personales de Jimmy Guerrero, por circunstancias anteriores a su muerte. En cuarto término, efectuará las consideraciones correspondientes sobre el derecho a la integridad personal de los señores Guerrero y Molina, considerando las circunstancias que derivaron en sus muertes. Más adelante, evaluará lo atinente a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la investigación de los hechos[83].

 

VII.1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS SIN DISCRIMINACIÓN[84]

 

  1. Este Tribunal estima conveniente, antes de exponer su evaluación de las distintas violaciones a derechos aducidas, presentar consideraciones generales sobre el argumento de los representantes respecto a la conducta estatal discriminatoria. Éstos señalaron que todas las violaciones a derechos humanos que adujeron respecto al caso “se vieron atravesadas por la discriminación”, dada la “normalización […] de la violencia que se ejercía en contra de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad y pobreza”. Sostuvieron, por eso, que dichas violaciones tienen relación con el incumplimiento del artículo 1.1 de la Convención, en lo atinente a la “obligación de respetar sin discriminación los derechos humanos de las [presuntas] víctimas”.

 

  1. La Corte nota que la Convención Americana, en su artículo 1.1, manda a los Estados a respetar los derechos y libertades que reconoce, y a garantizar su pleno ejercicio a “toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Se trata de una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado. De ese modo, como ya ha advertido este Tribunal, “[c]ualquiera que sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos garantizados en la Convención, es per se incompatible con la misma”[85]. Por ello, la inobservancia del Estado de las obligaciones previstas en el artículo 1.1 citado, por medio de cualquier tratamiento discriminatorio, genera la responsabilidad estatal[86].

 

  1. La Corte ha señalado que resultan discriminatorias las lesiones a derechos basadas en la pertenencia, real o supuesta, de una persona a un grupo con características determinadas. En este sentido, conforme ha expresado este Tribunal, “la discriminación efectuada en razón de una de las categorías señaladas a título ilustrativo en el artículo 1.1 de la Convención[87], amerita una particular o peculiar consideración”, en tanto que el respectivo hecho ilícito que su ejercicio significa tiene lugar en razón de características de la víctima, o de lo que ella “representa o parece ser y que es lo que la distingue de las demás personas”[88]. Así, por ejemplo, la Corte ha indicado que la violencia contra la mujer por su condición de tal resulta discriminatoria[89], y que tienen también ese carácter la lesión a derechos de una persona por su identidad de género, expresión de genero u orientación sexual[90], o con base en perfiles raciales[91], entre otros.

 

  1. En relación con lo anterior, la pobreza es una condición que adquiere protección contra la discriminación a través del artículo 1.1 de la Convención Americana. En ese sentido, se vincula a la “posición económica”, señalada en forma expresa por la disposición normativa, así como a otras categorías de protección aludidas por la misma, como el “origen […] social” u “otra condición social”[92]. Del mismo modo, la edad configura también una “condición social” y, por tanto, una categoría protegida por la disposición indicada[93]. En este sentido, la prohibición de discriminación relacionada con personas jóvenes, se encuentra tutelada por la Convención Americana. Al respecto, la Corte advierte que los hechos del caso, vinculados al contexto establecido de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, muestran que las violaciones a derechos humanos cometidas contra Jimmy Guerrero tuvieron por base la percepción de que él pertenecía al grupo poblacional determinado por esas características.

 

  1. Resulta pertinente en el caso, por otra parte, recordar que este Tribunal ha advertido que “[e]l empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias”[94]. En ese sentido, que tales fuerzas sustenten de hecho su actuación en “perfiles” de las personas basados en estereotipos[95], tal como puede ser atribuir a alguien la sospecha de un comportamiento ilícito por ser joven o pobre, puede dar lugar a acciones discriminatorias lesivas de los derechos de la persona afectada[96]. Las mismas pueden implicar el irrespeto directo de los derechos o también su falta de garantía, inclusive en el marco de procesos judiciales, por ejemplo, cuando la falta de actuación respecto a violaciones a derechos humanos sufridas por ciertas personas se debe a una normalización o naturalización de las condiciones o actos discriminatorios a los que frecuentemente se ven sometidas[97].

 

  1. En línea con lo anterior, el perito Alston explicó que “la brutalidad policial afecta en gran medida a l[as personas] pobres” debido a “varios factores”, entre ellos, “el hecho de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen utilizar la ‘pobreza’, la ‘falta de vivienda’ o la ‘desventaja’ como indicador de delincuencia”. El perito agregó que

 

[e]n varios informes se ha documentado [cómo] violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, afectan mucho más drásticamente a los grupos de bajos ingresos y a [quienes] viven en la pobreza. Es más probable que las personas en situación de pobreza sean el blanco de estas violaciones dado que tienen menos posibilidades de defenderse, menos posibilidades de obtener apoyo en esas situaciones[. …] Esto también disminuye la posibilidad de que las víctimas en situación de pobreza presenten denuncias y asegura que cuando lo hacen, es mucho menos probable que sus alegaciones sean tomadas en serio. […] Por otra parte, aunque la policía suele ser excesivamente activa en la aplicación de la ley contra [las personas] pobres, en general es poco activa en la prevención e investigación de las violaciones del derecho a la seguridad de las personas que viven en zonas de gran pobreza[98].

 

  1. Como se ha referido, y ha sido aceptado por el Estado (supra párrs. 8, 14, 20, 21 y 45 a 53), el presente caso se inserta en un contexto de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, y de altos índices de impunidad de la misma.

 

  1. La Corte entiende que los actos cometidos contra Jimmy Guerrero se vincularon con ese contexto. En ese marco, la serie de actuaciones policiales que se analizan en esta Sentencia involucran hechos carentes de sustento legal, respecto a los cuales, por tal razón y por el modo en que se produjeron, resulta razonable asumir que estuvieron motivados en la percepción de los funcionarios policiales de que el señor Guerrero podría presentar algún peligro o merecía ser castigado o maltratado. Así, como ha quedado expuesto (supra párrs. 55 a 69), el señor Guerrero fue detenido en múltiples oportunidades por la policía, que en distintas ocasiones lo interrogó por hechos ilícitos, y sufrió amenazas y agresiones por parte de personal policial. De las circunstancias del caso surge, entonces, que la conducta policial contra Jimmy Guerrero, que resultó lesiva de sus derechos, conforme se precisa más adelante, tuvo por base concepciones estereotipadas, que resultaban de atribuir a hombres jóvenes en situación de pobreza una supuesta peligrosidad, o la probable realización de conductas ilícitas.

 

  1. En relación con lo anterior, conforme ya ha advertido este Tribunal, en atención al principio de no discriminación, los Estados “no puede[n] permitir por parte de sus agentes, ni fomentar en la sociedad[,] prácticas que reproduzcan el estigma de que […] jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia, o necesariamente vinculados al aumento de la inseguridad ciudadana”. Por el contario: tienen “la obligación de asegurar la protección de los […] jóvenes afectados por la pobreza que estén socialmente marginados y, especialmente, evitar su estigmatización social como delincuentes”[99]. La Corte considera que el presente caso refleja el incumplimiento de estos deberes, y que los hechos que vulneraron los derechos de Jimmy Guerrero tuvieron un sustento discriminatorio, en el que confluyeron, de modo interseccional[100], factores diversos, vinculados a la pobreza y a la edad, que hacen a la “condición social” atribuida a la víctima, en los términos del artículo 1.1 de la Convención.

 

  1. Las consideraciones puntuales sobre la discriminación contra el señor Guerrero se expondrán en el marco del análisis de las lesiones a sus derechos señaladas por las partes y la Comisión. Este Tribunal no encuentra elementos para abordar la inobservancia del deber de no discriminar respecto a otras víctimas del caso.

 

 

 

 

 

VII.2

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL[101] RESPECTO A JIMMY GUERRERO

 

  1. Argumentos de los representantes[102]

 

  1. Los representantes señalaron que las detenciones de Jimmy Guerrero del 25 al 27 de octubre de 2001, del 2 al 3 de noviembre de 2002 y del 17 al 18 de febrero de 2003 fueron violatorias del derecho a la libertad personal, y resaltaron que las mismas se dieron “en un contexto de acoso y abusos por las fuerzas policiales”.

 

  1. Los representantes adujeron que las detenciones fueron ilegales: sostuvieron que, en contra de lo que manda la Constitución venezolana, en ninguno de los tres casos existió una orden judicial ni el señor Guerrero estaba cometiendo un delito en flagrancia. Afirmaron también que fueron arbitrarias, pues “[no] existían indicios suficientes para demostrar que la [presunta] víctima estaba involucrada en un hecho delictivo, ni mucho menos que su detención era necesaria”. Por otra parte, sostuvieron que los tres casos hubo una omisión en comunicar las razones de la detención y una ausencia de control judicial inmediato. Por lo dicho, sostuvieron que el Estado es responsable por incumplir los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención, en relación con su artículo 1.1.

 

  1. Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha señalado que el contenido esencial del artículo 7 de la Convención es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado[103]. Ha advertido también que un “incorrecto actuar” de funcionarios policiales, “en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal”, que cuando se concreta “genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida”. En ese sentido, para conminar dicha amenaza, resulta imprescindible que el Estado, a través de sus agentes, observe su “deber de aplicar en todo momento procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”[104].

 

  1. El artículo mencionado, como se ha hecho notar en diversas oportunidades anteriores,

 

tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. […L]a específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (artículo 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (artículo 7.6) y a no ser detenido por deudas (artículo 7.7). Cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma[105].

 

  1. La ilegalidad de una privación de libertad se presenta cuando no se observa la normativa interna aplicable, tanto en el aspecto material como formal[106]. La arbitrariedad, por su parte, no se equipara a la contradicción con la ley, sino que resulta más amplia, pues incluye elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Así, resulta arbitraria la privación de libertad ejecutada por “causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”[107]. El uso de preconceptos sobre una persona o su comportamiento, o el empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, sobre la supuesta peligrosidad de ciertos grupos sociales y la pertenencia de una persona a los mismos, puede dar lugar a actuaciones discriminatorias que serán, por consiguiente, manifiestamente irrazonables y arbitrarias[108].

 

  1. A fin de evitar detenciones ilegales o arbitrarias, el artículo 7 de la Convención prevé, en sus numerales 4 y 5, la notificación de las razones de la detención y su control judicial. Lo primero “alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida: i) la información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de los cargos”[109]. La información sobre las razones de la detención debe darse cuando ésta se produce[110]. Lo segundo, el control judicial, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”[111].

 

  1. Corresponde tener presente, además, que la Constitución de Venezuela adoptada en 1999, vigente al momento de los hechos, señala en su artículo 44, en lo pertinente:

 

La libertad personal es inviolable; en consecuencia:1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

 

  1. En el caso, Jimmy Guerrero fue detenido por funcionarios policiales del 25 al 27 de octubre de 2002, del 2 al 3 de noviembre de 2002 y del 17 al 18 de febrero de 2003[112]. En la primera ocasión, fue interrogado por el robo de un taxista (supra párr. 62). En la segunda permaneció detenido “a la orden del inspector” de la DIPE (supra párr. 64). En la tercera, fue aprehendido mediante agresiones cuando estaba en su residencia (supra párrs. 65 y 66). En esta última ocasión los funcionarios intervinientes habrían, en el acto de la detención, aludido a un robo (supra párr. 65).

 

  1. De conformidad con los hechos, no consta que en ninguna de las tres oportunidades los funcionarios policiales hubieran actuado con base en una orden judicial, ni que el señor Guerrero fuera sorprendido en delito flagrante. Por otra parte, aunque en la primera y tercera ocasión los agentes estatales habrían expresado que su actuación se vinculaba con un hecho ilícito previo, las circunstancias descriptas no resultan suficientes para tener por acreditado que hubo una comunicación adecuada de las razones de la detención. Tampoco surge de los hechos que el señor Guerrero fuera llevado sin demora ante una autoridad judicial en alguna de las tres oportunidades. Por ello, las detenciones no observaron el requisito de legalidad, ni cumplieron con las salvaguardas de notificación de sus razones y control judicial.

 

  1. Las detenciones fueron, además, arbitrarias. En primer término porque, aunado a lo ya expuesto, se realizaron de modo imprevisible y, al menos en el último caso, por medio de agresiones físicas que resultaron un medio desproporcionado para ejecutar la detención[113]. Además, en segundo lugar, las detenciones se insertaron en una serie más amplia de actos cometidos por funcionarios policiales, que, a su vez, son acordes con una situación contextual de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza (supra párr. 53)[114]. La Corte, por ende, entiende que el actuar policial en las tres detenciones analizadas obedeció a preconceptos sobre Jimmy Guerrero, que implicaban considerarlo, en forma injustificada, como delincuente o peligroso, con base en percibir su pertenencia a un grupo etario, económico y social. Las tres detenciones, entonces, resultaron discriminatorias y arbitrarias.

 

  1. Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la libertad personal del señor Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, previsto en el artículo 7 de la Convención Americana, en sus numerales 1, 2, 3, 4 y 5, en relación con la obligación de respetar los derechos humanos sin discriminación, que surge del artículo 1.1 del mismo tratado.

 

VII.3

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL[115] Y LA PROHIBICIÓN DE ACTOS DE TORTURA[116] RESPECTO A JIMMY GUERRERO

 

  1. Argumentos de los representantes[117]

 

  1. Los representantes adujeron que, antes del día de su muerte, Jimmy Guerrero fue objeto de “una serie de hechos, entre ell[o]s amenazas y graves lesiones físicas […], en manos de agentes estatales que, en su conjunto, son tortura”[118]. Sostuvieron que lo sufrido por Jimmy Guerrero cumple con los requisitos para que se configuren actos de tortura, a saber: a) intencionalidad; b) causación de severos sufrimientos físicos y mentales (destacaron el “impacto psicológico” de las amenazas de muerte, así como la “vulnerabilidad” de Jimmy Guerrero) y c) comisión con cualquier fin o propósito. El fin de estos actos, según los representantes, fue “causar temor en la víctima y castigarla por su supuesto involucramiento en actos delictivos”. Aseveraron, por lo anterior, que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en “concordancia con el incumplimiento de [la] obligación contenida en [su] artículo 1.1 […] y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

 

  1. Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha explicado que la violación al derecho a la integridad personal puede tener distinta intensidad y producirse mediante la comisión de distintos tipos de vejámenes, que abarcan desde la tortura hasta otro tipo de actos o tratos, que pueden resultar crueles, inhumanos o degradantes[119].

 

  1. También ha entendido que es con el “máximo rigor” que debe efectuarse la “categorización” de un acto como tortura, en tanto que ésta resulta “particularmente grave y reprochable” y presenta especificidades propias, pues la persona que la perpetra, en forma “deliberada[,] inflige un dolor o sufrimiento severo, o ejerce un método tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental, en una víctima que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, haciéndolo para lograr, de ese modo, un propósito específico”[120]. El entendimiento del artículo 5.2 de la Convención, en cuanto a su concepto de “tortura”, debe efectuarse de modo acorde con lo dicho, y debe colegirse que el mismo abarca actos de maltrato que: i) sean intencionales; ii) causen severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometan con cualquier fin o propósito[121].

 

  1. La violación del artículo 5.2 señalado implicará necesariamente la lesión al artículo 5.1, pues éste reconoce, en términos generales, el derecho a la integridad personal, y aquél prevé prohibiciones específicas para su tutela[122]. Por otra parte, las obligaciones generales que se derivan del artículo 5 de la Convención son, en lo pertinente, “reforzadas por las obligaciones específicas derivadas de la [CIPST. Sus] artículos 1 y 6 […] refuerzan la prohibición absoluta de la tortura y las obligaciones del Estados para prevenir y sancionar todo acto o intento de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito de su jurisdicción”[123].

 

  1. Ahora bien, la Corte entiende que, de los hechos del caso, no se desprende que las distintas circunstancias denunciadas o expuestas por el señor Guerrero entre el 16 de agosto de 2001 y el 6 de marzo de 2003 consistentes en amenazas, hostigamientos, detenciones, o allanamientos, puedan ser susceptibles, en sí mismas, de generar sufrimientos físicos o mentales de la severidad requerida para configurar torturas. No obstante, las agresiones que sufrió el 17 de febrero de 2003 sí merecen ser analizadas a efectos de determinar si se cometieron actos vedados por el artículo 5.2 de la Convención. El resto de los hechos referidos y anteriores a esa fecha no resultan por ello irrelevantes. En ese sentido, lo sucedido ese día forma parte de una serie de actos cometidos contra el señor Guerrero por personal policial. Dadas las circunstancias particulares del caso, la Corte considera razonable entender que tales actos coadyuvan, como se señalará a continuación, a dar cuenta del propósito de las agresiones cometidas el 17 de febrero de 2003, así como de la severidad del sufrimiento mental que produjeron.

 

  1. La Corte nota que el 17 de febrero de 2003 el señor Guerrero, siendo detenido en forma ilegal y arbitraria (supra párrs. 65, 66 y 102 a 110), fue apuntado con un arma de fuego y golpeado “salvajemente” con un palo en la cabeza y en varias partes del cuerpo, frente a otras personas. Luego, al ser trasladado de ese lugar por la policía, le pusieron un paño en la cabeza que no le permitía ver y lo siguieron golpeando. Le dieron una patada en un ojo y le arrojaron gas lacrimógeno. El personal policial, mientras lo agredía, le decía que él era una persona “antisocial” y “peligrosa”[124].

 

  1. En cuanto a la severidad de las agresiones, si bien el examen médico realizado señaló lesiones de carácter “leve” y ausencia de secuelas (supra párr. 67), ello, por sí mismo, no descarta la posibilidad de padecimientos graves, que no deben ser considerados solo en su carácter físico. En este último aspecto, por cierto, los hechos muestran que el señor Guerrero sufrió fuertes agresiones, que tuvieron que causarle intensos dolores y malestar. Además, debe recabarse en el alto grado de angustia y temor que produjeron. Jimmy Guerrero no solo fue golpeado (en primer término, frente a sus vecinos, lo que resulta humillante), sino que también fue apuntado por un arma cuyo uso resulta potencialmente letal, y fue impedido de ver mientras era trasladado y agredido, sin conocer los motivos de su aprehensión y, por ende, tampoco las intenciones de sus agresores. Todo lo anterior se inserta en una serie de actos cometidos por personal policial contra él o sus familiares (supra párrs. 55 a 64), que incluyeron amenazas de muerte. Por lo referido, es razonable asumir que Jimmy Guerrero experimentó un profundo temor de ser privado de su vida[125]. Las dolencias físicas que tuvo, entonces, se vieron complementadas con graves sufrimientos mentales, dado el impacto psicológico causado por el modo en el que se cometieron las agresiones y la situación en la que se insertaron[126].

 

  1. Es evidente la intencionalidad de los vejámenes infringidos al señor Guerrero. Tuvieron, además, una finalidad o propósito específico. Al respecto, lo sucedido se enmarca en un contexto de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza. El mismo tenía por base el prejuicio de que tales personas, por su pertenencia a un sector social, resultaban “peligrosas”. Lo acontecido el 17 de febrero de 2003 se insertó en tal contexto y fue una manifestación del mismo, pues los vejámenes a que fue sometido Jimmy Guerrero estuvieron motivados en una animadversión y ensañamiento contra él, por considerarlo un riesgo para la sociedad. Esto se muestra dado que tales agresiones tuvieron como antecedentes varios otros actos policiales de hostigamiento y violación de los derechos de Jimmy Guerrero, y queda confirmado por el hecho de que el personal policial, al agredirlo, le decía que él era “antisocial” y “peligroso”. El ataque, entonces, tuvo un sustento discriminatorio, siendo que los funcionarios policiales buscaron amedrentar y castigar al señor Guerrero con base en preconceptos ligados la posición económica y condición social.

 

  1. Por lo expuesto, la Corte concluye que Jimmy Guerrero fue sometido a tortura el 17 de febrero de 2003. En su perjuicio, el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana, en sus numerales 1 y 2, en relación con su obligación de respetar los derechos sin discriminación, prevista en el artículo 1.1 del mismo tratado, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

 

VII.4

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL RESPECTO A JIMMY GUERRERO Y RAMÓN MOLINA

 

  1. Argumentos de la Comisión y las partes

 

  1. La Comisión señaló que los señores Guerrero y Molina sufrieron una violación a su derecho a la integridad personal por el profundo miedo durante la situación de violencia que derivó en su muerte. Además, en sus observaciones finales escritas, consideró que “con los elementos aportados al proceso resulta posible […] verifi[car] los elementos de la tortura en perjuicio [de Jimmy Guerrero], dado que un análisis integral del caso permite considerar que la situación de violencia durante el ataque que acabó con [su] vida […] fue dirigida a causarle de manera deliberada un profundo miedo y sufrimiento”[127].

 

  1. La Comisión encontró, en el Informe de Fondo, que el Estado violó el artículo 1 de la Convención en perjuicio de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, en relación con el artículo 1.1 del tratado.

 

  1. Los representantes sostuvieron, en su escrito de alegatos finales, que “Jimmy Guerrero fue arrastrado, golpeado y atropellado de manera intencional momento previos a su muerte”, y que ello constituyó “tortura”[128]. Aseveraron, entonces, que Venezuela es responsable por la violación al artículo 5 de la Convención en relación con su artículo 1.1 y con los artículos 1 y 6 de la CIPST.

 

  1. El Estado, como se ha señalado (supra párrs. 8, 14, 26 y 31), reconoció su responsabilidad internacional, en los términos del Informe de Fondo, sobre el derecho contenido en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. No lo hizo respecto de la CIPST.

 

  1. Consideraciones de la Corte

 

  1. Este Tribunal ha conocido circunstancias respecto de las que determinó que personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente vieron lesionado, además de su derecho a la vida, su derecho a la integridad personal, por el “temor profundo ante el peligro real e inminente de que [las agresiones] culminaría[n] con su propia muerte”[129].

 

  1. En el presente caso, no obstante, la forma en que se produjeron los hechos muestra que hubo una continuidad casi inmediata entre el inicio del ataque contra los señores Guerrero y Molina y los primeros impactos de bala que recibieron. Dadas tales particulares circunstancias, el temor que ellos probablemente experimentaron, en esos momentos iniciales del ataque, no puede contemplarse como una lesión distinta a la propia agresión homicida que sufrieron[130]. Por lo tanto, la responsabilidad estatal por tal sufrimiento queda comprendida en la violación de Venezuela al derecho a la vida de ambas víctimas, y no configura un incumplimiento propio de las obligaciones estatales respecto al derecho la integridad personal.

 

  1. Por otra parte, la Comisión y los representantes arguyeron que el Estado es responsable por actos de tortura respecto a Jimmy Guerrero por las agresiones contra el cuerpo de Jimmy Guerrero posteriores el primer disparo que recibió, que incluyeron patadas y ser arrastrado por un automóvil (supra párrs. 72 y 73). Aunque este alegato, expresado en las presentaciones finales escritas ante este Tribunal, pretende basarse en prueba producida ante la Corte, ésta no cuenta con elementos suficientes para examinarlo. Del acervo probatorio surgen indicaciones diversas sobre el lugar del cuerpo en que el señor Guerrero recibió el primer impacto de bala, una de las cuales señala que fue en la cabeza[131]. La prueba, entonces, no resulta suficiente para concluir que él permaneciera con vida y con capacidad de experimentar sufrimiento luego de ese primer impacto. Por ello, no es posible para este Tribunal internacional determinar que se hubieran cometido actos de tortura contra el señor Guerrero. Esto no obsta el deber de las autoridades estatales correspondientes de investigar esa posibilidad, cuestión que se examina más adelante (infra Capítulo VII.5).

 

  1. Sin que obste a lo expresado, resulta particularmente grave el ensañamiento de los funcionarios policiales con el cuerpo del señor Guerrero, lo cual es otra manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, y además refleja la convicción de los agresores de que su conducta no les acarrearía consecuencias ulteriores, debido al alto grado de impunidad que caracterizaba estas agresiones (supra párrs. 52 y 53). Los actos en cuestión, muestran que los funcionarios policiales infligieron un trato denigrante al cuerpo de Jimmy Guerrero al golpearlo y arrastrarlo atado a un automóvil. La Corte ya ha indicado que el modo en que se trate a cuerpos de personas fallecidas puede, según las circunstancias del caso, dar cuenta de un trato denigrante en perjuicio de la persona fallecida, así como de sus familiares[132], y entiende que es lo que ha ocurrido en este caso.

 

  1. Venezuela, por tanto, es responsable por la violación al derecho a la integridad personal del señor Jimmy Guerrero, previsto en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, preceptuada por el artículo 1.1 del mismo tratado. El trato denigrante dado al cuerpo del señor Guerrero constituye, además, parte de los hechos que dieron lugar a la violación de la integridad personal de sus familiares, ya determinada en la presente sentencia (supra párr. 32).

 

  1. Venezuela no es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1, en perjuicio de Ramón Antonio Molina Pérez. Tampoco es responsable por la violación a ese derecho, conforme el artículo 5.2 de la Convención, en perjuicio de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, ni por el incumplimiento de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

 

VII.5

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES[133] Y A LA PROTECCION JUDICIAL[134] RESPECTO A JIMMY GUERRERO Y SUS FAMILIARES Y LOS DE RAMÓN MOLINA

 

  1. Argumentos de la Comisión y de las partes

 

  1. La Comisión indicó que no se siguieron líneas lógicas de investigación de las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina. Afirmó que no se tomaron en consideración “evidentes elementos contextuales”. Arguyó, asimismo, que en las investigaciones internas constan testimonios que indicaron la presencia de personal que vestía ropa policial, pero qué, sin embargo, esta evidencia no activó algún tipo de exploración inmediata de la mencionada hipótesis de autoría criminal. Notó que fue recién 13 años después de ocurridos los hechos, en 2016, que se dictó una orden de aprehensión, cuando mucha de la prueba ya se encontraba perdida o era imposible de ser colectada[135]. En relación con lo anterior, advirtió demoras en actividad probatoria y pérdidas de prueba, que consideró “una forma de encubrimiento”. Observó que entre 2003 y 2005 las autoridades a cargo de la investigación solicitaron a la Policía diversa información, pero ésta recién respondió en 2015, indicando que la documentación relevante se había perdido a causa de la lluvia. Notó también que, luego de 2007, fue recién en 2016 que la investigación “retomó impulso procesal significativo”, cuando mucha prueba “ya est[aba] perdida o e[ra] imposible de recabar”. Por último, determinó que el tiempo insumido en las actuaciones conllevó una vulneración de un plazo razonable, teniendo en cuenta los más de 15 años de investigación, al momento de emisión del Informe de Fondo, sin el esclarecimiento de lo sucedido, y considerando las circunstancias ya expuestas.

 

  1. Por lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina. Como se indicó (supra párr. 29), la Comisión también adujo que el Estado incumplió la obligación de investigar de oficio posibles actos de tortura, de acuerdo a los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, respecto a agresiones sobre el cuerpo de Jimmy Guerrero en el curso del ataque que derivó en su muerte.

 

  1. Los representantes afirmaron, respecto a las muertes de los señores Guerrero y Molina, que el Estado no ha “tomado las acciones relevantes” para determinar las responsabilidades intelectuales y materiales de los hechos, y que el único funcionario policial investigado fue sobreseído en 2017. Sostuvieron que el Estado incurrió en una serie de obstaculizaciones y falta de diligencia, generando que los hechos permanezcan en impunidad. Coincidieron, en lo sustancial, con los argumentos de la Comisión respecto a la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, demoras en la actividad probatoria y pérdida de prueba, y la vulneración de un plazo razonable. En ese marco, aseveraron lo que sigue:

 

  1. a) Falta de independencia. – Hubo falta de independencia en las autoridades a cargo de investigación, ya que Jimmy Guerrero había sido hostigado por agentes estatales, inclusive del CICPC, que luego fue el principal órgano de investigación.
  2. b) Falta de imparcialidad. – Se vulneró el requisito de imparcialidad en la investigación, pues “dado que existían elementos que indicaban que miembros del CIPCPC podían haber estado involucrados en los hechos, los funcionarios involucrados en la realización de las investigaciones podrían tener intereses directos en el resultado del proceso de investigación”. Agregaron que, además, el “CICPC no ofreció garantías suficientes de índole objetiv[as] que pudieran despejar la existencia de dudas por la falta de imparcialidad”.
  3. c) Obstaculización de la investigación. – El CICPC y la Policía “omitieron en más de una oportunidad responder a solicitudes de la Fiscalía y del propio CICPC”, obstaculizando la investigación. También hubo “actos de intimidación al testigo [J.L.] y a los familiares de Jimmy Guerrero”[136].
  4. d) Obstáculos a la participación de familiares. – “[L] as familias de las víctimas de este caso no han tenido un acceso pleno al proceso judicial en cuestión ni un conocimiento oportuno de lo que ocurrió en el proceso penal hasta el día de hoy”[137].

 

  1. Por otro lado, los representantes se refirieron a la falta de investigación de otros hechos. Señalaron que el Estado no inició investigaciones acerca de las torturas a las que fue sometido Jimmy Guerrero a pesar de tener conocimiento de las mismas. Aludieron tanto a la ausencia de investigación de los hechos previos al ataque que produjo la muerte del señor Guerrero como a las alegadas torturas contra él en las circunstancias de esa agresión letal. Por otro lado, afirmaron que Venezuela no investigó actos de intimidación, amenaza, allanamiento y detención que fueron denunciados por Jimmy Guerrero en forma previa a su muerte.

 

  1. Los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de Jimmy Guerrero, así como de sus familiares y de los de Ramón Molina. Entendieron que Venezuela violó los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, así como las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en lo que se refiere a la investigación de actos de tortura, conforme lo expresado (supra párr. 133).

 

  1. El Estado reconoció su responsabilidad internacional respecto de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, “en los términos” del Informe de Fondo. No aceptó su responsabilidad por la violación a los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST (supra nota a pie de página 15).

 

  1. Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha expresado, de forma reiterada, que:

 

De conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). El derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables[138]. […P]ara que una investigación sea efectiva […] debe llevarse a cabo con la debida diligencia. En ese sentido, debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación[139]

 

  1. Con base en las consideraciones generales señaladas, y en otras más específicas que se exponen más adelante, la Corte evaluará, en primer término, la investigación de los hechos que derivaron en las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina. En segundo lugar, se referirá a los argumentos presentados sobre la investigación de otros hechos. En tercer término, expresará su conclusión.

 

B.1 Investigación de los hechos que derivaron en las muertes de Jimmy Guerreo y Ramón Molina

 

  1. Este Tribunal advierte que la Comisión y los representantes han sido contestes en sus aseveraciones sobre la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, las demoras en la actividad probatoria, la pérdida de prueba y la inobservancia de un plazo razonable. El Estado ha reconocido su responsabilidad por ello, en relación con los homicidios de los señores Guerrero y Molina, en los términos señalados por la Comisión en su Informe de Fondo. Lo afirmado por las partes y la Comisión sobre estos tópicos resulta coherente entre sí y con los hechos del caso. En efecto, como surge de su exposición (supra párrs. 76 a 87) los mismos denotan que las actuaciones demoraron más de 14 años, en el curso de los cuales se perdió material probatorio (supra párr. 82 e infra párr. 149), que en múltiples ocasiones se solicitaron medidas de prueba que no se produjeron, o se hicieron en forma muy demorada (supra párr. 79 e infra párrs. 147 a 149)[140], y que hubo prolongados períodos de inactividad[141]. Los procesos no implicaron la determinación de las distintas personas intervinientes en los hechos y de las responsabilidades correspondientes.

 

  1. Por lo dicho, esta Corte entiende que los aspectos indicados no requieren mayor análisis y que el Estado es responsable por la falta de diligencia debida en la investigación de los hechos que derivaron en las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, así como por la realización de las actuaciones en un plazo irrazonable.

 

  1. Este Tribunal, a continuación, analizará argumentos sobre la investigación de los hechos aludidos presentados por los representantes que resultan adicionales a los indicados por la Comisión. Tendrá en cuenta que el Estado no controvirtió las aseveraciones de los representantes. A continuación, entonces, se hará referencia a los alegatos sobre: a) falta de independencia e imparcialidad del CICPC; b) obstaculizaciones a la investigación y a la participación de familiares, y c) la falta de investigación de posibles actos de tortura cometidos contra Jimmy Guerrero en el marco de la agresión que culminó con su muerte.

 

B.1.1 Aducida falta de independencia e imparcialidad

 

  1. La Corte ha señalado que los criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal[142].

 

  1. Asimismo, en un caso anterior sobre Venezuela, relativo también a una ejecución extrajudicial por personal policial, este Tribunal examinó circunstancias respecto de las que entendió pertinente advertir, en relación con el requisito de “independencia”, que “varias diligencias de investigación fueron realizadas por la misma institución a la que pertenecían los funcionarios policiales que estaban bajo investigación”, y que ello “pudo haber influido en varias irregularidades constatadas en el proceso de investigación”[143].

 

  1. El presente caso guarda similitud con el anterior. En ese sentido, consta en los hechos que, en diversas denuncias presentadas por Jimmy Guerrero antes de su muerte, se señaló a personal del CICPC como responsable de actos en su contra. Si bien no se ha identificado a los responsables de la muerte de los señores Guerrero y Molina, ha quedado establecido que se trató de personal policial y, dados los antecedentes aludidos, no puede descartarse a priori que hubiera funcionarios del CICPC involucrados. De este modo, varias diligencias de investigación fueron realizadas por un organismo cuyo personal pudo haber tenido participación en los hechos. La Corte entiende, entonces, que lo expresado pudo haber influido en irregularidades en la investigación, lo que es un elemento que perjudica la debida diligencia en las actuaciones[144].

 

  1. Habiendo quedado establecido lo anterior, este Tribunal entiende innecesario adentrarse en la evaluación de los argumentos adicionales de los representantes sobre falta de imparcialidad.

 

B.1.2 Obstaculizaciones a la investigación y a la participación de familiares

 

  1. La Corte ha expresado que “toda autoridad estatal debe cooperar, apoyar o coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la debida investigación de los hechos, de conformidad con las obligaciones derivadas de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma”[145].

 

  1. También ha señalado este Tribunal que “[d]urante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados”[146]. Además, “para garantizar un debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mismos”[147].

 

  1. En el caso, la Corte, como lo ha hecho la Comisión[148], nota que a lo largo de la investigación el CICPC solicitó, en distintas oportunidades en 2003, 2004 y 2005, diversos documentos para determinar la conexión del crimen cometido con agentes policiales. Así, con esta finalidad, solicitó varias veces a la Policía el envío de información y documentación, tales como copia del “libro de novedades del parque de armas” y listas de funcionarios de guardia y sus ubicaciones, correspondientes al momento de los hechos. También solicitaron información la Fiscalía 6, en 2004 y 2005, y la Fiscalía 17 en 2008 (supra párr. 80) y 2014[149]. Dichos pedidos no tuvieron respuesta. En 2014 la Policía informó que en 2010 se habían dañado documentos correspondientes a 2003 (supra párr. 82)[150].

 

  1. Aunado a lo anterior, el 1 de abril de 2003 el CICPC ordenó la práctica de ciertas diligencias: “levantamiento planímetro”, trayectoria balística e intraorgánica, y el 3 diciembre del mismo año se dispuso la realización de una experticia de comparación balística. La segunda y la tercera de las medidas indicadas se realizaron recién en mayo de 2006[151], y no consta que la otra se efectuara, pese a reiterados requerimientos[152]. Además, en enero 2005 la Fiscalía 6 dispuso ubicar testigos y otras diligencias, y ello se solicitó al CICPC de nuevo, con carácter “urgente”, en noviembre de ese año[153], así como en 2008[154], sin que se realizara. Años más tarde, a inicios de 2016, la Fiscalía 17 requirió que se conforme una Comisión para la realización de diversas diligencias, y antes de mediados de ese año se determinó que, para ese momento, no resultaba ya posible la práctica de algunas de ellas[155].

 

  1. Por lo expuesto, resulta claro que las autoridades a cargo de la investigación, en diversas oportunidades a lo largo de cerca de 13 años, entre 2003 y 2016, dispusieron la producción de diversas diligencias de prueba y reiteraron solicitudes para que se realicen, sin que, en su mayoría, se efectuaran[156]. Por el contrario, algunos documentos se perdieron y la ejecución de algunas medidas de prueba devino imposible. La Corte entiende que la falta de implementación oportuna de acciones requeridas, o su excesiva demora, por parte de la Policía y del CICPC, según el caso, constituyeron conductas que conllevaron la obstaculización o el entorpecimiento de la investigación.

 

  1. Por otra parte, hubo múltiples solicitudes a las autoridades, de parte de la familia de Jimmy Guerrero, formuladas por su hermano Jean Carlos, para acceder a información sobre diversas actuaciones, que no consta que fueran satisfechas[157].

 

  1. Además, el 16 de julio de 2005 Jean Carlos Guerrero, junto con un grupo de otros familiares de presuntas ejecuciones extrajudiciales del Estado Falcón, denunció ante la prensa que él y sus familiares habían sido amenazados[158], y los representantes señalaron que “Franklin Guerrero [fue] amenazado y constantemente perseguido por presuntos funcionarios policiales, quienes lo […] det[uvieron] y someti[eron] a interrogatorio sin justificación, advirtiéndole en diversas oportunidades que no siguiera con las averiguaciones”[159]. Esto no fue controvertido por el Estado. En su declaración oral ante la Corte, Jean Carlos Guerrero indicó que, luego de la muerte de su hermano y a partir de que sus familiares comenzaron “procesos de denuncia”, fueron hostigados por actos tales como el “asedi[o]” policial de la casa familiar y amenazas de muerte. El declarante señaló que estos actos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, y que éste, “en un momento”, solicitó medidas de protección para Jean Carlos Guerrero, las que no se implementaron. Jean Carlos Guerrero indicó también que, por amenazas en su contra, se fue de Venezuela.

 

  1. La Corte entiende que la negativa de las autoridades a cargo de las actuaciones a brindar información a familiares de las víctimas de un hecho ilícito, así como la circunstancia de que fueran objeto de amenazas, resultan obstaculizaciones a la participación de tales personas en los procesos internos, que no solo redundan en una lesión a sus derechos en el marco de los mismos, sino también en un perjuicio a las posibilidades de su efectividad.

 

  1. Como consecuencia de todo lo manifestado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera que en el caso hubo conductas de dependencias estatales que implicaron un obstáculo al avance de las investigaciones y a la participación de los familiares en el proceso.

 

B.1.3 Falta de investigación de posibles actos de tortura contra Jimmy Guerrero

 

  1. La Corte ha señalado que la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal implica el deber de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que se ve precisado por los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST[160]. De acuerdo a la última disposición citada, los Estados, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, garantizarán que sus autoridades procedan de oficio y de inmediato a realizar una investigación e iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal[161].

 

  1. En este caso, la Corte, con base en la prueba con que cuenta, no ha podido determinar que el señor Guerrero fuera sometido a torturas en el curso del ataque que conllevó su homicidio. Ha indicado, de igual modo, que esa imposibilidad no obstaba los deberes de investigación en el ámbito interno (supra párr. 126)[162].

 

  1. Ya se ha establecido que la investigación realizadas sobre lo sucedido el 30 de marzo de 2003 resultó contraria a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Corte entiende que las deficiencias de la misma, que llevan a esa conclusión, son atinentes también a la indagación sobre posibles actos de tortura. Por otra parte, no consta que se abriera una investigación distinta respecto a tales posibles actos. Por ello, la inobservancia del Estado de su deber de investigar también redunda en una vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST.

 

B.2 Investigación de los hechos cometidos contra Jimmy Guerrero anteriores a las circunstancias de su muerte

 

  1. La Corte ha entendido que, en tanto sean denunciados, deben ser investigados los hechos de “detención, amenazas y hostigamiento”, y que las falencias en ello pueden implicar una vulneración del derecho de “acceso a la justicia”, con base en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana[163]. Por otra parte, ya se ha indicado lo pertinente respecto a la obligación de investigación de posibles actos de tortura (supra párr. 154).

 

  1. Los hechos (supra párrs. 55 a 69) denotan que, entre agosto de 2001 y marzo de 2003, Jimmy Guerrero efectuó diversas presentaciones y denuncias. Así, a partir de una denuncia efectuada por Jimmy Guerrero el 16 de agosto de 2001, cerca de un año después se abrió la causa 2202-02, por el delito de “amenazas”. Luego, el día 27 de septiembre de 2002, el señor Guerrero denunció actos de “acoso policial”, y el 5 de noviembre siguiente la presentación fue remitida a una Fiscalía. Además, el 28 de octubre de 2002 la Defensoría del Pueblo hizo llegar a la Fiscalía Superior una denuncia por detenciones sufridas por el señor Guerrero. Más adelante, la Defensoría del Pueblo fue informada, en relación con ello, que se había abierto la ya señalada causa 2202-02. El 4 de noviembre de 2002 Jimmy Guerrero denunció a la Fiscalía 2 que los días anteriores había permanecido detenido. Por último, el 11 de marzo de 2003 la Defensoría del Pueblo remitió a la Fiscalía 2 una presentación de Jimmy Guerrero por posibles actos de hostigamiento.

 

  1. Por otra parte, ha quedado establecido que el 17 de febrero de 2003 el señor Guerrero sufrió un acto de detención contrario a su derecho a la libertad personal, así como torturas (supra párrs. 65 a 67, 102 a 110 y 112 a 119). El 25 del mismo mes la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía Superior y a la Fiscalía 2 la investigación de lo sucedido (supra párr. 68).

 

  1. No ha sido allegada a la Corte información sobre posibles avances de la causa 2202-02 ni que indique que hayan sido investigados los hechos de amenazas, detenciones u hostigamientos denunciados por el señor Guerrero, así como de la privación de libertad y torturas que sufrió el 17 de febrero de 2003.

 

  1. La Corte advierte que la falta de investigación de todas las circunstancias antedichas implicó una vulneración a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como, en lo que respecta a lo sucedido el 17 de febrero de 2003, en relación con los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST. Estas violaciones afectaron, en primer término, los derechos del señor Guerrero, pues la conducta estatal omisiva respecto al cumplimiento del deber de investigación principió cuando él estaba vivo, y también lesionaron los derechos de sus familiares[164]. En relación con Jimmy Guerrero, el incumplimiento del deber de investigar se vinculó con un contexto de impunidad de actos de violencia policial y de discriminación a las víctimas de los mismos en el acceso a la justicia.

 

B.3 Conclusión

 

  1. Con base en todo lo antes expuesto, la Corte concluye que Venezuela vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, incumpliendo los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Jimmy Guerrero, sus familiares y los familiares de Ramón Molina, según el caso y de acuerdo a lo expresado. La Corte advierte que los hechos del caso permanecen en la impunidad, y que el Estado está obligado a combatir esta situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas[165].

 

VIII

REPARACIONES

 

  1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, y como también se relaciona con el artículo 28 del misma, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado[166]. Este Tribunal ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia[167]. Además, ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para repararlos[168].

 

  1. Tomando en cuenta las violaciones a la Convención Americana y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura declaradas en el capítulo anterior, a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar[169], la Corte analizará las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, así como los argumentos del Estado. En relación con la posición de Venezuela, debe destacarse que, aunque no se refirió en forma puntual a todas las medidas de reparación solicitadas por la Comisión y los representantes, efectuó, en su escrito de contestación, un señalamiento de su “comprom[iso]”, “[e]n principio y de forma general”, a “cumplir con las reparaciones integrales correspondientes” (supra párrs. 8, 15, 30 y 31)[170]. Se aclara que, en lo que sigue, sólo se reseña la posición del Estado en relación con aquellas solicitudes de medidas de reparación respecto a las cuales efectuó consideraciones específicas, adicionales a su manifestación general recién expuesta.

 

  1. Parte Lesionada

 

  1. Este Tribunal considera “parte lesionada”, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, entiende como parte lesionada a Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y sus familiares: Nieves Ramón Guerrero Pérez (padre), Emilia Coromoto Meléndez (madre), Franklin Felipe Guerrero Meléndez (hermano), Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez (hermana), Jean Carlos Guerrero Meléndez (hermano), María Guadalupe Guerrero (hija), Francisco José Guerrero (hijo), Jimmy Eliécer Guerrero Colina (hijo), Jiannibeth Stephanny Guerrero Colina (hija), Diliana Colina (hija), Fraily Danaee Guerrero Chirinos (sobrina) y Anny Jesenia Colina García (pareja); así como también a Ramón Antonio Molina Pérez y sus familiares: Soleida Morillo (esposa), Alexander Ramón Molina Morillo (hijo), Yanna Kari Molina Morillo (hija), Yazmín Molina Morillo (hija), Endy Molina Morillo (hijo) y Ramón Molina Morillo (hijo).

 

  1. Obligación de investigar

 

  1. La Comisión solicitó que se ordenara al Estado “[c]ontinuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan”. Asimismo, indicó que “el Estado venezolano deberá […] adoptar todos los correctivos posibles frente a las falencias que se han registrado a lo largo de toda la investigación”.

 

  1. Los representantes requirieron a la Corte que ordene al Estado “reabrir la investigación penal […] y abrir una investigación contra todas las personas responsables por las ejecuciones de Jimmy Guerrero y Ramón Molina”. Asimismo, solicitaron “iniciar una investigación por los hechos de torturas que sufrió Jimmy Guerrero previo a su muerte, puesto que nunca han sido investigados”. Señalaron que “[t]anto para esta investigación como para la investigación por la ejecución extrajudicial de las víctimas se debe[n] tomar en consideración todos los hostigamientos, amenazas y detenciones ilegales y arbitrarias sufridas por Jimmy Guerrero”. Señalaron que “el único agente policial que fue investigado” fue “fraudulentamente sobreseído”, por lo que requirieron que se ordene al Estado que “las investigaciones ordenadas […] sean cursadas por un órgano independiente e imparcial”.

 

  1. La Corte determinó que el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, por incumplir su obligación de investigar con la debida diligencia los hechos del caso (supra párr. 162). Al respecto, este Tribunal advierte que el sobreseimiento definitivo dictado en 2017 (supra párrs. 86 y 87) fue resultado de una investigación que no solo no se llevó a cabo con la diligencia debida, sino que adoleció de obstaculizaciones por parte de las autoridades a cargo de la misma. Aunado a lo anterior, surge de los hechos que, en abril de 2016, cuando la Fiscalía 17 emitió la solicitud de orden de aprehensión contra el funcionario policial F.R., contaba ya con información de diversas medidas de investigación que habían resultado infructuosas. Esas medidas fueron las mismas que después, en septiembre de 2017, la misma Fiscalía 17 tuvo en cuenta para solicitar el sobreseimiento[171], sin que conste que entre ambos momentos se efectivizaran medidas sustantivas de investigación adicionales. La falta de una investigación diligente, y de acciones sustantivas de investigación posteriores a la solicitud de la orden de aprehensión, que tuvieran aptitud para completar la investigación o subsanar sus deficiencias previas muestra que la vinculación de F. R. al proceso y su orden de aprehensión no fueron actos que estuvieran dirigidos en forma efectiva a avanzar en la determinación de su presunta responsabilidad penal.

 

  1. Por ello, la Corte dispone que el Estado lleve a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables de las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina (supra párrs. 70 a 75), así como de las torturas (supra párrs. 65 y 66) y posibles torturas (supra párr. 72 y 73) que padeció el primero, y de los actos de hostigamiento, allanamiento, amenazas y detenciones ilegales y arbitrarias que denunció o refirió en presentaciones ante autoridades (supra párrs. 56 a 69)[172]. Venezuela debe efectuar lo anterior de conformidad con lo que prevea el derecho interno, sin perjuicio de lo cual debe adoptar las acciones necesarias para que el sobreseimiento dictado en el caso (supra párrs. 86, 87 y 168) no constituya un obstáculo a las actuaciones. El Estado debe, además:

 

  1. a) asegurar que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad;
  2. b) procurar una actuación que observe la debida diligencia, que implique el seguimiento de líneas lógicas de investigación y la consideración del contexto y antecedentes de los hechos, y que todas las autoridades estatales estén obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, por lo que deberán brindar a la autoridad judicial, fiscal y/u otras autoridades correspondientes toda la información que requieran y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo, y
  3. c) asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina en todas las etapas de las investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana[173].

 

  1. La Corte, por otra parte, determinó que hubo obstaculizaciones a las investigaciones y que las mismas derivaron en un sobreseimiento dictado en contravención a las obligaciones estatales bajo la Convención Americana (supra párrs. 153 y 168). Por ello, como parte de la obligación de investigar, entiende procedente ordenar al Estado que, en un plazo razonable, de conformidad con lo que el derecho interno prevea, lleve adelante los procedimientos pertinentes tendientes a determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias o administrativas de funcionarios estatales por las circunstancias aludidas.

 

C)    Medidas de rehabilitación

 

  1. La Comisión requirió que se ordenara al Estado “[d]isponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina de ser su voluntad y de manera concertada”. Los representantes, por su parte, expresaron que debe ordenarse a Venezuela “garantizar a las víctimas un tratamiento adecuado en salud física y psicológica para superar las afectaciones generadas por estos hechos, en el lugar de residencia”, “sea ello en Venezuela o en otro país”. El Estado se “compromet[ió] […] a ofrecer y brindar medidas de atención en salud a las víctimas del presente procedimiento”.

 

  1. La Corte ha establecido afectaciones a la integridad personal sufridas por los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina como consecuencia de los hechos del presente caso (supra párr. 32). Por tanto, este Tribunal considera que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos y/o psiquiátricos sufridos por tales personas, que atienda a sus especificidades y antecedentes[174]. En consecuencia, esta Corte ordena al Estado pagar una suma de dinero para que los familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina puedan sufragar los gastos de los tratamientos que sean necesarios. El monto de la misma será definido en el acápite correspondiente a las indemnizaciones por daño material e inmaterial (infra párr. 190).

 

  1. Medidas de satisfacción

 

  1. La Comisión entendió que el Estado debe reparar integralmente las violaciones a derechos humanos, tanto en el aspecto material como inmaterial, inclusive mediante medidas de satisfacción. Los representantes requirieron que se ordenaran las siguientes publicaciones: a) “el resumen oficial de la Sentencia emitido por la Corte en los dos periódicos de mayor circulación nacional en Venezuela”; y b) “la sentencia en su totalidad[, de modo] que esté disponible al menos por el periodo de un año, a través de un enlace en las páginas iniciales del sitio web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón”. Además, consideraron procedente que se ordene al Estado el otorgamiento, a los hijos de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, de becas de estudio de niveles secundario, técnico profesional, tecnológico o universitario, según corresponda y de acuerdo con su actual nivel de estudios”.

 

  1. La Corte, como lo ha hecho en otros casos[175], dispone que el Estado publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado, lo siguiente: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en los dos periódicos de mayor circulación nacional en Venezuela, y b) la presente Sentencia en su integridad, que esté disponible por el período de un año, en el sitio web oficial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 19 de la presente Sentencia.

 

  1. Por otra parte, la Corte, nota que, de acuerdo a las declaraciones de familiares de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, ellos eran un sustento económico importante para sus familias[176]. Tomando en cuenta lo anterior, el Tribunal ordena al Estado otorgar becas de estudio en favor de los hijos de ambos, a través de un estipendio mensual que cubra enteramente los gastos relacionados con los estudios de las personas beneficiarias en instituciones públicas de educación en Venezuela, y de conformidad a lo que se determina en el párrafo siguiente.

 

  1. Las becas no deberán estar condicionadas a la obtención de calificaciones, ni tampoco depender del mantenimiento de un desempeño académico determinado, y deberán ser otorgadas a las personas beneficiarias, en atención a su calidad de víctimas por las violaciones declaradas en la presente Sentencia. Dichas becas se otorgarán en instituciones estatales en Venezuela, desde el momento en que cada una de las personas beneficiarias la solicite al Estado, y cubrirán la educación de dichas personas beneficiarias hasta la conclusión de los estudios secundarios y/o posteriores, incluso superiores técnicos o universitarios, debiendo cubrir todos los gastos para la completa finalización de los mismos, incluyendo el material académico o educativo, así como los gastos de manutención. Las víctimas o sus representantes legales cuentan con un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir dichas becas, y, en su caso, de 24 meses, desde la culminación de los estudios secundarios para informar al Estado sobre la voluntad de recibir la beca también para estudios posteriores, así como sobre la carrera que, en cada caso, decidieran realizar a nivel técnico o universitario.

 

  1. Medidas de no repetición

 

  1. La Comisión requirió, al someter el caso a la Corte, que se ordenara a Venezuela “[d]isponer mecanismos de no repetición que incluyan”:

 

  1. i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos en general, en particular, dirigidos a la Policía del estado de Falcón, y a operadores de justicia; ii) medidas para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario o administrativo, en casos de presunto abuso de poder por parte de agentes del Estado a cargo de la seguridad pública; y iii) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar la investigación con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes de casos de alegadas ejecuciones extrajudiciales.

 

  1. Los representantes entendieron que el Estado debe: ¡) otorgar “cursos de capacitación en materia de violaciones a los derechos humanos y uso de la fuerza a agentes de seguridad y funcionarios encargados de la investigación del delito”; ii) “adop[tar] normativa a nivel nacional para garantizar el pleno acceso a los expedientes penales a las partes civiles debidamente acreditadas en el proceso”; iii) “[e]stablecer en la normativa interna el derecho de las víctimas de solicitar y presentar experticias independientes en cualquier investigación penal”; y iv) disponer la “recolección y [p]ublicación de datos oficiales de homicidios y ejecuciones extrajudiciales para la elaboración de políticas públicas”.

 

  1. El Estado informó que “ya ha dado cumplimiento a las acciones planteadas por la Comisión”. Señaló que, “en los últimos años”, “ha desarrollado […] diversos espacios de formación dirigidos a los funcionarios policiales en todo el territorio nacional, incluyendo el cuerpo de policía del estado Falcón, sobre derechos humanos y, muy especialmente, sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza”. Informó que estos espacios incluyen: i) “los programas nacionales de formación universitaria de tercer nivel –pregrado universitario- de los servicios de policía y de policía de investigación”; ii) “los programas de formación avanzada especializada de cuarto nivel –postgrados- dirigidos a los servicios de policía y de policía de investigación”; iii) “los programas de formación continua y reentrenamiento de todos los cuerpos de policía, y iv) “los cursos de extensión y mejoramiento profesional”. La mayoría de estos espacios de formación son desarrollados y supervisados desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), que es la institución académica de educación superior especializada para los servicios de seguridad ciudadana.

 

  1. La Corte nota, en primer lugar, las solicitudes de la Comisión y los representantes de medidas legislativas o administrativas para asegurar la rendición de cuentas en caso de abuso de poder, asegurar investigaciones diligentes, asegurar el acceso a expedientes o establecer derechos de las víctimas en el marco de investigaciones penales. Al respecto, este Tribunal advierte que no se ha determinado que las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso tuvieran por base deficiencias u omisiones legislativas o de índole administrativa. Por lo tanto, no estima procedente ordenar dichas acciones.

 

  1. En relación con las solicitudes de la Comisión y los representantes de acciones para la formación o capacitación de funcionarios, este Tribunal valora la información proporcionada por el Estado al respecto. No obstante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y su situación contextual, evalúa que resulta necesario, a fin de evitar la repetición de los hechos, que el personal policial del Estado Falcón reciba apropiada instrucción respecto al uso adecuado de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Por ello, la Corte ordena al Estado que, en el plazo de un año, disponga medidas adicionales a los programas y cursos que está implementando para brindar, en forma permanente, capacitación y sensibilización a integrantes de fuerzas policiales del Estado Falcón en: i) uso adecuado de la fuerza; ii) derechos humanos y no discriminación y, iii) protección de los derechos de las personas jóvenes y en contexto de pobreza. La Corte supervisará esta medida hasta contar con información suficiente que permita darla por cumplida adecuadamente.

 

  1. Por otra parte, la Corte advierte que el perito Ignacio Cano señaló que la actuación del sistema de justicia criminal resulta insuficiente para reducir el acaecimiento de casos de abusos de fuerzas de seguridad, y que es importante adoptar “otro abordaje, que realice un monitoreo del conjunto de casos de uso de la fuerza letal”. Advirtió que para ello se requiere “contar con un registro sistemático de casos”. Precisó que ello es útil para motivar a las autoridades a adoptar medidas preventivas, así como a la opinión pública a exigirlas, y que, además, genera una “presión” en las fuerzas de seguridad para, de ser el caso, explicar el incremento de abusos, lo que puede tener un efecto disuasivo de los mismos[177].

 

  1. Teniendo en consideración lo expuesto, así como el contexto de violencia policial en el que se insertaron violaciones a derechos humanos determinadas en la presente Sentencia, la Corte ordena al Estado que, en el plazo de un año y luego con una periodicidad anual, publique un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas por parte de fuerzas policiales en todos los Estados del país y la identificación de las personas fallecidas en dichas circunstancias, inclusive por medio de información relativas al nombre, edad, sexo o género, lugar de residencia y condición social, entre otros. Dicho informe debe también contener información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un integrante de fuerzas policiales. La documentación o información que sirva de sustento al informe público, debe, a su vez, ser pública y accesible a investigadores independientes. La Corte supervisará esta medida hasta contar con información suficiente que permita darla por cumplida adecuadamente, y podrá determinar medidas adicionales o suplementares durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia, en caso de que los objetivos de la medida no sean verificados satisfactoriamente.

 

  1. Otras medidas solicitadas

 

  1. Los representantes solicitaron que se realice un “[a]cto público de pedido de disculpas públicas”; que se ordene al Estado “constru[ir] una cancha deportiva o un comedor comunitario con el nombre ‘Jimmy Guerrero Meléndez’”, y “que una plaza en el Estado Falcón lleve el nombre de […] ‘Ramón Antonio Molina Pérez’, para preservar la memoria de la víctima”. También solicitaron que se ordene a Venezuela “[la] creación de una [C]omisión de la [V]erdad respecto [de] ejecuciones extrajudiciales con información cualitativa y cuantitativa”.

 

  1. La Corte considera que la emisión de la presente Sentencia y las medidas de satisfacción y garantías de no repetición ya ordenadas, aunadas al resto de las reparaciones que se disponen en esta Sentencia, resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por las víctimas. Por tanto, no estima necesario ordenar medidas consistentes en realizar un acto público de responsabilidad o asignar con el nombre de Ramón Molina o Jimmy Guerrero a instalaciones deportivas, un comedor o una plaza, como tampoco disponer la creación de una Comisión de la Verdad.

 

  1. Indemnizaciones compensatorias

 

  1. La Comisión solicitó que se reparen integralmente las violaciones a derechos humanos en su aspecto material e inmaterial, mediante medidas de compensación económica. Los representantes requirieron que la Corte que “determine en equidad la cantidad correspondiente al daño material”. Pese a ello, aduciendo jurisprudencia, solicitaron que se tomen como “parámetro” los montos de US$ 65,000.00 por concepto de lucro cesante y de US$ 300.00 por de gastos funerarios. En cuanto al daño inmaterial, solicitaron que la Corte “otorgue US$ 60,000.00 en equidad”, a Jimmy Guerrero y Ramón Molina; “US$ 50,000.00 a los padres, hermanos e hijos de Jimmy Guerrero, como también a la señora Soleida Morillo de Molina y sus hijos y US$ 15,000.00 a la sobrina de Jimmy Guerrero”.

 

  1. La Corte ha advertido que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso[178]. Asimismo, ha establecido que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas o sus familias[179].

 

  1. Este Tribunal entiende que, dada la naturaleza de los hechos y violaciones determinadas en la presente Sentencia, las víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales que deben ser compensados. Sin perjuicio de ello, los representantes no refirieron suficientes elementos probatorios respecto a los montos de daño material que alegan[180]. La Corte estima procedente determinar en equidad, a fin de reparar en forma unificada o conjunta los daños materiales y los inmateriales, como compensación de los mismos, los siguientes montos dinerarios, a favor de cada una de las víctimas, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

 

 

 

  1. Jimmy Rafael Guerrero Meléndez: US$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América);
  2. Ramón Antonio Molina Pérez: US$ 130,000.00 (ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América);
  3. Nieves Ramón Guerrero Pérez (padre de Jimmy Guerrero): US$ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América);
  4. Emilia Coromoto Meléndez (madre de Jimmy Guerrero): US$ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América);
  5. Franklin Felipe Guerrero Meléndez (hermano de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  6. Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez (hermana de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  7. Jean Carlos Guerrero Meléndez (hermano de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  8. María Guadalupe Guerrero (hija de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  9. Francisco José Guerrero (hijo de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  10. Jimmy Eliécer Guerrero Colina (hijo de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  11. Jiannibeth Stephanny Colina (hija de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  12. Diliana Colina (hija de Jimmy Guerrero): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  13. Fraily Danaee Guerrero Chirinos (sobrina de Jimmy Guerrero): US$ 5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América);
  14. Anny Jesenia Colina García (pareja de Jimmy Guerrero): US$ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América);
  15. Soleida Morillo (esposa de Ramón Molina): US$ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América);
  16. Alexander Ramón Molina Morillo (hijo de Ramón Molina): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  17. Yanna Kari Molina Morillo (hija de Ramón Molina): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  18. Yazmín Molina Morillo (hija de Ramón Molina): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América);
  19. Endy Molina Morillo (hijo de Ramón Molina): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) y,
  20. Ramón Molina Morillo (hijo de Ramón Molina): US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

 

  1. Cada uno de los montos asignados respecto a Jimmy Guerrero y Ramón Molina deberá ser repartido entre sus familiares declarados víctimas en la presente sentencia, de acuerdo con lo siguiente: a) el monto asignado a Jimmy Guerrero será repartido, en partes iguales, entre sus hijos y su pareja, de modo tal que a su pareja le corresponde el 50%, y el otro 50% debe ser repartido en partes iguales entre cada uno de sus cinco hijos identificados en esta Sentencia (supra párrs. 165 y 188); b) el monto asignado a Ramón Molina será repartido del mismo modo; es decir, en partes iguales, entre sus hijos y su esposa, de modo tal que a su esposa le corresponde el 50%, y el otro 50% debe ser repartido en partes iguales entre cada uno de sus cinco hijos identificados en la presente Sentencia (supra párrs. 165 y 188). En cualquier otro caso, distinto de los ya señalados, en que una persona beneficiaria hubiera fallecido antes de la emisión de la presente Sentencia, el monto de indemnización asignado a dicha persona será repartido, en partes iguales, entre sus familiares declarados víctimas en la presente Sentencia que se encuentren vivos a la fecha de emisión del fallo. En su defecto, deberá ser entregado a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable. En caso de que alguna persona beneficiaria muriera después de la fecha de emisión de la presente Sentencia, y antes de cobrar la indemnización, rige lo dispuesto en el título J del presente Capítulo, relativo a la modalidad de cumplimiento (infra párrs. 198 a 203).

 

  1. Del mismo modo esta Corte dispone que el Estado deberá pagar la suma de US$ 6,000.00 (seis mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las personas familiares de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina declaradas víctimas en la presente Sentencia, a fin de que tales personas puedan sufragar los gastos de los tratamientos psiquiátricos y/o psicológicos que sean necesarios (supra párr. 172). Esa suma de dinero deberá ser pagada por el Estado sin condición alguna ni bajo el deber de rendir cuentas. El Estado debe efectuar el pago a la mayor brevedad posible, y en el plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Si por causas atribuibles a las personas beneficiarias no fuese posible el pago de la cantidad determinada dentro del plazo máximo indicado, el Estado quedará eximido del pago. En caso en que una persona beneficiaria de esta medida, dirigida a sufragar gastos de tratamientos, hubiera fallecido antes de la emisión de la presente Sentencia, como también en caso en que alguna persona beneficiaria muriera después de la fecha de la emisión de la presente Sentencia, y antes de cobrar el monto señalado, el Estado quedará eximido de efectuar el pago.

 

  1. Costas y gastos

 

  1. Los representantes solicitaron que se ordenara al Estado el pago de las costas originadas tanto a nivel nacional, en la tramitación de los procesos judiciales, como a nivel internacional, en el trámite del caso ante la Comisión y la Corte, por un monto de US$ 99,908.46 para COFAVIC y US$ 12,202 para CEJIL.

 

  1. Las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable[181].

 

  1. La Corte ha señalado que es necesario que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, los representantes establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos[182]. En el presente caso, la prueba aportada por los representantes y la argumentación correspondiente no permite una justificación completa de los montos solicitados[183]. La Corte decide, por entenderlo razonable, fijar, en equidad, el pago de un monto total de US$ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos. Dicha cantidad deberá repartirse del siguiente modo: US$ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares de Estados Unidos de América) para COFAVIC y US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para CEJIL. El Estado deberá entregar, a cada una de las organizaciones indicadas, el monto dinerario que le corresponde, en el plazo de un año.

 

  1. En el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, el Tribunal podrá disponer el reembolso por parte del Estado, a las víctimas o a sus representantes, de los gastos razonables debidamente comprobados en dicha etapa procesal[184].

 

  1. Fondos de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte y la Comisión Interamericanas

 

  1. Debe dejarse sentado que, en el presente caso, el 20 de enero de 2020 la Presidenta emitió una Resolución, comunicada a las partes y a la Comisión, que dispuso que, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento del Tribunal” y los artículos 2, 3 y 5 del Reglamento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, resultaba procedente la solicitud presentada por las víctimas de este caso, a través de sus representantes, de acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana, por lo que se otorgaría apoyo económico para “solventar los gastos que ocasionaría la presentación de declaraciones de […] víctimas o peritos, en una eventual audiencia pública o por afidávit”[185]. En la Resolución de la Presidenta de la Corte de 13 de octubre de 2020 (supra párr. 10) se determinó que “la asistencia económica sea asignada para cubrir los gastos razonables de formulación y envío de dos declaraciones por affidávit que indiquen los representantes”.

 

  1. De conformidad con los gastos debidamente acreditados por los representantes y los comprobantes respectivos aportados por ellos, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la cantidad erogada para el reintegro del costo de la notarización de la declaración por affidávit de Fraily Guerrero, las cuales ascienden a la cantidad de US$ 64.56 (sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y seis centavos). Este monto deberá ser reintegrado en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación del presente Fallo.

 

  1. Por otra parte, la Comisión solicitó que esta Corte ordenara al Estado de Venezuela el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Comisión Interamericana. La Corte nota que la Comisión no precisó el monto erogado en este concepto, ni presentó documentación que lo avalara. Por otra parte, no indicó cuál sería la base legal y el procedimiento para que este Tribunal se abocara a ordenar y, eventualmente, supervisar el reintegro al fondo administrado por la Comisión. En tal sentido, la Corte entiende que no corresponde ordenar como una medida dispositiva lo solicitado, sino que dicho órgano deberá arbitrar el procedimiento que corresponda en la esfera de sus atribuciones.

 

  1. Modalidad de cumplimiento

 

  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas y a las organizaciones que se indican, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.

 

  1. En caso de que los beneficiarios fallezcan antes de que les sean entregadas las indemnizaciones respectivas, estas se efectuarán directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

 

  1. En lo que respecta a la moneda de pago de las indemnizaciones y reintegro de costas y gastos, el Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o, de no ser esto posible, en su equivalente en moneda venezolana, utilizando para el cálculo respectivo la tasa más alta y más beneficiosa para las víctimas que permita su ordenamiento interno, vigente al momento del pago. Durante la etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia, la Corte podrá reajustar prudentemente el equivalente de estas cifras en moneda venezolana, con el objeto de evitar que las variaciones cambiarias afecten sustancialmente el valor adquisitivo de esos montos.

 

  1. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera venezolana solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

 

  1. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas y a las organizaciones indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

 

  1. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

IX

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE,

 

Por unanimidad,

 

DECIDE,

 

  1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 18 a 34 de la presente Sentencia.

 

DECLARA QUE,

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, contenido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1, 2, 3, 4 y 5, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, que surge del artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, en los términos de los párrafos 91 a 99 y 102 a 110 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, que surge del artículo 1.1 del mismo tratado y con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por la violación del mismo artículo 5.1, en relación la obligación de respetar los derechos sin discriminación, que surge del artículo 1.1 indicado, en perjuicio de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, por los hechos de 17 de febrero y 30 de marzo de 2003, respectivamente, en los términos de los párrafos 91 a 99, 112 a 119 y 127 y 128 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación que surgen de su artículo 1.1, en perjuicio de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, en los términos de los párrafos 32 y 91 a 99 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos que surge de su artículo 1.1, en perjuicio de Ramón Antonio Molina Pérez, en los términos del párrafo 32 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1 y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y sus familiares y los familiares de Ramón Antonio Molina Pérez, en los términos de los párrafos 91 a 99 y 136 a 162 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de los familiares de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y de Ramón Antonio Molina Pérez, en los términos de loa párrafos 32, 127 y 128 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado no es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de Ramón Antonio Molina Pérez; tampoco es responsable, en relación con los hechos de 30 de marzo de 2003, por la violación del numeral 2 de dicho artículo, ni de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, en los términos de los párrafos 125, 126 y 129 de la presente Sentencia.

 

Y DISPONE:

 

  1. Esta Sentencia es por sí misma una forma de reparación.

 

  1. El Estado llevará a cabo las investigaciones y procesos penales correspondientes para investigar los hechos del caso, en los términos del párrafo 169 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado llevará a cabo los procedimientos pertinentes tendientes a determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias o administrativas por los hechos del caso, en los términos del párrafo 170 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado pagará las sumas destinadas para brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las personas familiares de los señores Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez declaradas víctimas en la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 172 y 190 de la misma.

 

  1. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 174 de esta Sentencia, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma.

 

  1. El Estado otorgará becas de estudio a los hijos de los señores Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez declarados víctimas en la presente Sentencia, de conformidad con lo establecido en los párrafos 175 y 176 de la misma.

 

  1. El Estado realizará acciones para la capacitación y sensibilización de funcionarios policiales del Estado Falcón, en los términos del párrafo 181 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado publicará anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas por parte de fuerzas policiales en todos los estados del país. Dicho informe debe también contener información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un integrante de fuerzas policiales, en los términos dispuestos en el párrafo 183 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 188 y 193 de la presente Sentencia, por concepto de daño material e inmaterial y costas y gastos, en los términos de los párrafos 189 y 198 a 203 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de los párrafos 196 y 203 de la presente Sentencia

 

  1. El Estado rendirá al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 174 de la presente Sentencia.

 

  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

 

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 3 de junio de 2021.

 

Corte IDH. Caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021.

 

 

 

 

                          

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot                                                   Eugenio Raúl Zaffaroni                                                        

 

 

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

                                                                                  Elizabeth Odio Benito

                                                                                        Presidenta

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

          Secretario

*           El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal, no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia.

[1]           Con posterioridad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se incorporó como entidad peticionaria.

 

[2]           La Comisión concluyó la responsabilidad estatal por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (derecho a las garantías judiciales) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado (obligaciones de respetar y garantizar los derechos). También determinó que Venezuela violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

 

[3]           La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al entonces Comisionado Francisco Eguiguren Praeli y al entonces Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, y como asesores legales a la abogada Silvia Serrano Guzmán y al abogado Piero Vásquez Agüero, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

 

[4]           La representación de las presuntas víctimas es ejercida por el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero –Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En cuanto a la fecha de notificación al Estado, se deja constancia que el 22 de julio de 2019 la Secretaría de la Corte remitió la documentación respectiva, por correo postal (courier), pero por razones ajenas al control de la Secretaría, la misma no fue entregada al Estado. Por eso, el 31 de julio de 2019 la Secretaría transmitió a Venezuela los documentos correspondientes utilizando medios informáticos.

 

[5]           Antes, el 13 de noviembre de 2019, Venezuela designó al señor Larry Devoe Márquez como agente. Por otra parte, es preciso dejar sentado que el 3 de febrero de 2020 el Estado comunicó que entendía que el plazo reglamentario para su contestación corría a partir del 9 de enero de 2020, pues recién en esa fecha recibió todos los documentos relevantes. Siguiendo instrucciones de la Corte, se hizo saber que, considerando la afirmación estatal y dado ciertos problemas en el servicio de internet de la Corte durante el final del año de 2019, el plazo aludido comenzaría a regir a partir del 9 de enero de 2020.

 

[6]           En relación con la fecha en que fueron presentadas las observaciones al reconocimiento de responsabilidad, corresponde aclarar lo que sigue: de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento de la Corte, luego de presentar su contestación el 9 de marzo de 2020, Venezuela contaba con 21 días para allegar el escrito firmado y su documentación anexa. No obstante, ese plazo se vio suspendido el 17 de marzo de 2020, cuando comenzó a regir la suspensión de términos prevista en el Acuerdo 1/20 de la Corte, motivada por la pandemia de la COVID-19, situación de público y notorio conocimiento. La suspensión de términos fue luego prorrogada hasta el 20 de mayo de 2020 inclusive. El Estado presentó el escrito de contestación firmado y la documentación anexa al mismo el 2 de junio de 2020. El día 8 del mismo mes la contestación y la documentación anexa fueron traslados a la Comisión y a los representantes, otorgándoseles un plazo hasta el día 22 siguiente para que presentaran sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad.

 

[7]           En ella, no obstante, sólo se recibió la declaración del señor Jean Carlos Guerrero. Si bien también se había dispuesto recibir la de la señora Soleida Morillo, el 23 de diciembre de 2020 los representantes informaron que no podían garantizar el acceso seguro a internet de ella y solicitaron que declare por escrito. Esto fue autorizado por medio de una comunicación de la Secretaría de 4 de enero de 2021. La Resolución de 13 de octubre de 2020 está disponible en internet: https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/guerreromolina_13_10_20.pdf

 

[8]           Las observaciones finales escritas de la Comisión y los alegatos finales escritos del Estado y los representantes, así como los anexos a éstos últimos, fueron trasladados a las partes y a la Comisión. Se fijó un plazo, hasta el 19 de marzo de 2021, para que el Estado y la Comisión remitieran, si lo estimaban conducente, observaciones sobre los anexos aludidos. No obstante, no remitieron observaciones.

 

[9]           Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 142 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

 

[10]          Expresaron, en cuanto a los hechos, que el Estado no se refirió al contexto ni a las “denuncias y detenciones” a Jimmy Guerrero antes de su ejecución, como tampoco a las investigaciones y procesos judiciales iniciados a nivel interno. Notaron también que el Estado afirmó que “Jimmy Guerrero resultó fallecido de manera inmediata, luego de recibir diversos impactos de proyectil disparados por arma de fuego”, lo que no fue así determinado en el Informe de Fondo. Advirtieron, respecto al derecho, que el Estado reconoció la violación al artículo 2 de la Convención, que no fue indicado ni por la Comisión ni por los representantes. Además, adujeron que Venezuela no se refirió a distintas violaciones a derechos humanos alegadas en el escrito de solicitudes y argumentos, a saber: a) la detención ilegal y arbitraria de Jimmy Guerrero; b) la falta de comunicación a Jimmy Guerrero de las razones de su detención; c) no haber llevado a Jimmy Guerrero ante un juez de modo oportuno; d) las “amenazas y graves lesiones físicas que no fueron investigad[a]s, en manos de agentes estatales que, en su conjunto, son tortura”, y e) no haber investigado las amenazas y hostigamientos sufrid[o]s por Jimmy Guerrero.

 

[11]          En ese sentido, señaló que, si bien el Estado afirmó que Jimmy Guerrero falleció de forma inmediata por un disparo de arma de fuego, de eso no se desprende el reconocimiento del “incumplimiento del deber de prevención”. Además, expresó que Venezuela no precisó los hechos de los cuales derivaría su responsabilidad por las violaciones al derecho a la integridad personal, en perjuicio de familiares de los señores Guerrero y Molina, ni tampoco aquellos de los que se desprendería su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, la cuales reconoció.

 

[12]          Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 17, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 422, párr. 16.

 

[13]          La Comisión y los representantes luego, en sus observaciones finales escritas y alegatos finales escritos, respectivamente, presentaron consideraciones distintas, teniendo en cuenta prueba producida en el proceso ante la Corte. Así, la Comisión afirmó que “si bien […] no determinó la ocurrencia de torturas en su [I]nforme de [F]ondo, […], con los elementos aportados al proceso resulta posible […] que la Corte verifique los elementos de la tortura en perjuicio [de Jimmy Guerrero] durante el ataque que acabó con [su] vida”. Los representantes, por su parte, aseveraron “Jimmy Guerrero fue arrastrado, golpeado y atropellado de manera intencional momento previos a su muerte”, y que ello constituyó “tortura”. La posibilidad de examinar estos alegatos es tratada más adelante (infra párr. 126).

 

[14]          Es preciso aclarar que, aunque las violaciones a derechos humanos aludidas, señaladas por los representantes, no fueron determinadas en el Informe de Fondo, las circunstancias fácticas en que los representantes las sustentan sí fueron referidas en esa decisión de la Comisión Interamericana, que las consideró como parte del marco fáctico del caso que sustentó las conclusiones a las que arribó.

 

[15]          La Comisión y los representantes, en el Informe de Fondo y en el escrito de solicitudes y argumentos, respectivamente, arguyeron la vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de modo diverso: la primera adujo esa vulneración, en perjuicio de Jimmy Guerrero, respecto a la omisión del inicio oficioso de una investigación de presuntos actos de tortura, en relación con agresiones que habría sufrido en el momento del ataque que derivó en su muerte. Los segundos, por su parte, argumentaron también que dichos artículos se violaron por la omisión de investigación de actos de tortura, pero afirmaron que ello se refirió a la indagación sobre actos ocurridos días previos al ataque señalado. Además, sostuvieron que las disposiciones indicadas se vieron violadas “en concordancia” con el artículo 5 de la Convención Americana, que recepta el derecho a la integridad personal, por la comisión de actos de tortura en contra de Jimmy Guerrero, también en relación con hechos sucedidos tiempo antes de la fecha en que murieron los señores Guerrero y Molina.  El Estado, por su parte, negó su responsabilidad por la violación de los artículos señalados de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura aduciendo que Jimmy Guerrero murió en forma inmediata al recibir disparos de arma de fuego, es decir, refiriéndose a lo aducido por la Comisión en el Informe de Fondo, no a lo aseverado por los representantes.

 

[16]          Cfr. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 57, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 23.

 

[17]          Es preciso hacer notar que la Comisión, en el Informe de Fondo, concluyó que el Estado incumplió no solo el deber de respeto del derecho a la vida, sino también el de garantía, por la falta de prevención del atentado homicida, pese al conocimiento de las autoridades del riesgo en que se encontraba Jimmy Guerrero. Estas aseveraciones quedan comprendidas en el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Por otra parte, la Corte nota que los representantes, como parte de sus alegatos sobre la violación al derecho a la vida, formularon argumentos sobre la falta de investigación de las muertes de los señores Guerrero y Molina. Los aspectos vinculados a la investigación de los hechos serán evaluados en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (infra Capítulo VII.5).

 

[18]          Sin perjuicio de lo expresado, en relación con los alegatos presentados por los representantes no reconocidos expresamente por el Estado, pero tampoco controvertidas, la Corte recuerda que el artículo 41.3 del Reglamentos indica que “[l]a Corte podrá considerar aceptad[a]s […] las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas”. Este Tribunal, por ende, tendrá en cuenta lo indicado como un elemento relevante en el examen de los alegatos referidos.

 

[19]          Cfr., en el mismo sentido, Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 26 y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C No. 417, párr. 24.

 

[20]          El Estado no acompañó a su escrito de contestación prueba documental. Solicitó el traslado de prueba documental consignada en el trámite de un caso contencioso decidido antes por la Corte. Esta prueba documental finalmente no fue incorporada el proceso, ya que, pese a que así le fue requerido, el Estado no precisó a cuáles documentos se refería. La desestimación de la solicitud estatal fue determinada por la Resolución de la Presidenta de la Corte de 13 de octubre de 2020 (supra párr. 10). 

 

[21]          Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 25. La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda, y no es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (a saber, fuerza mayor, impedimento grave) o salvo si se tratara de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.

 

[22]          La declaración dada por el señor Christof Heyns se encuentra en idioma portugués. Por ello, en el punto resolutivo 9 de la Resolución de la Presidenta de la Corte de 13 de octubre de 2020 (supra párr. 10), se dispuso que los representantes, quienes solicitaron la incorporación de dicha declaración, debían remitir su traducción al español. Los representantes presentaron dicha traducción en forma oportuna. El Estado y la Comisión no presentaron observaciones al respecto. La Corte tendrá en consideración la versión en español de la declaración del señor Heyns, de acuerdo a la traducción allegada por los representantes.

 

[23]          Dichos documentos, tal como fueron agrupados por los representantes, son: a) ONU, Consejo de Derechos Humanos (CDH), Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, 15 de septiembre de 2020; b) comprobantes de gastos de COFAVIC; c) comprobantes de gastos de CEJIL, y d) Comprobantes de desembolsos de formulación de affidavits, relativos al Fondo de Víctimas de la Corte Interamericana (infra párrs. 195 y 196).

 

[24]          La Corte recibió, en el plazo fijado al efecto en la Resolución de la Presidenta de la Corte de 13 de octubre de 2020 (supra párr. 10), en español y rendidas ante fedatario público, las declaraciones, propuestas por los representantes, de la víctima Fraily Danaee Guerrero Chirinos y de los peritos Ignacio Cano, José Luis Prieto Carrero y Roberto Briceño León. La declaración del señor Briceño León incluyó documentación anexa, que se tendrá en cuenta sólo en relación con la declaración pericial, y no como prueba documental relevante respecto a hechos del caso. Por otra parte, se deja sentado que no fue remitida al Tribunal la declaración escrita de la testigo Karin García Carrasco, propuesta por el Estado. El 28 de enero de 2021, un día después de que venciera el plazo establecido para recibir dicha declaración, el Estado indico que desistía de la misma. Venezuela informó que la señora García Carrasco, “se vio impedida de rendir su declaración por motivos personales”.

 

[25]          Cfr., en el mismo sentido, Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415, párr. 41, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, párr. 31. Las consideraciones de las sentencias citadas, en las que la Corte determinó admitir declaraciones que, en razón de dificultades derivadas de la pandemia, no fueron dadas ante fedatario público, son pertinentes también, en lo correspondiente, respecto a las determinaciones que se efectúan en la presente Sentencia respecto de la perita Carmen Wurst y el testigo Fernández Blanco (infra párrs. 40 y 42).

 

[26]          Es pertinente recordar, al respecto, que el artículo 41.3 del Reglamento indica que “[l]a Corte podrá considerar aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados”.

 

[27]          Como ha sido expuesto (supra párr. 20), la Comisión se refirió a un contexto de denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra personas “con el perfil de Jimmy Guerrero”. De la lectura del Informe de Fondo, en particular, de su párrafo 22, surge que las características de las víctimas de violencia policial aludidas por la Comisión consisten en ser las mismas hombres jóvenes y pertenecientes a sectores socio-económicos vulnerables.

 

[28]          La Corte tiene en cuenta, a tales efectos, circunstancias ya advertidas por el Tribunal en ocasiones anteriores; los señalamientos de la Comisión, aceptados por Venezuela; las alusiones al contexto formuladas por los representantes, que no fueron controvertidas por el Estado, y las precisiones que surgen de la prueba.

 

[29]          Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 55.

 

[30]          Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párr. 49.

 

[31]          El perito Briceño León indicó que, cada 100,000 habitantes, en 1999 había 25 homicidios y en 2003 44 (cfr. declaración del perito Roberto Briceño León (expediente de prueba, fs. 11574 a 11586)). El perito consideró que en 2002 y 2003, de forma paralela al aumento de homicidios, creció la actuación al margen de la ley de fuerzas policiales.

 

[32]          Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párr. 36, y Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2019. Serie C No. 392, párr. 31. El documento aludido es: Comisión Nacional para la Reforma Policial, Presentación Caracterización de los cuerpos de Policía, Estudios. Caracas 2006, y Características de la Policía Venezolana, Caracas 2006.

 

[33]          Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párr.35. La Corte efectuó esta aseveración sobre la base del reconocimiento estatal, así como de otras fuentes.

 

[34]          Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párr. 50.

 

[35]          República Bolivariana de Venezuela. Poder Ciudadano. Defensoría del Pueblo. Anuario 2003. Derechos Humanos en Venezuela (expediente de prueba, anexo 3.J al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 2594 a 2773).

 

[36]          La Comisión, en su Informe de Fondo, indicó que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía en la época de los hechos del caso pertenecían a los “sectores” más “humildes” o “vulnerables” en el aspecto “socio-económicos”. Indicó también que las víctimas del estado Falcón eran hombres jóvenes. El Estado ha aceptado estos señalamientos de hecho (supra párrs. 8, 14, 20, 21 y 31). Los representantes expresaron, en una afirmación no controvertida por el Estado, que “[l]os abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas policiales en Venezuela tienen como víctimas directas, en su mayoría, a hombres jóvenes pertenecientes a los sectores sociales económicamente más vulnerables”. En sustento de tal aseveración citaron un documento de 2003, emitido por la Comisión Interamericana, que indica que “[u]na de las situaciones más serias que han incidido sobre el derecho a la vida durante los últimos años ha sido el fenómeno de la limpieza social”, y que “los asesinatos son perpetrados por grupos parapoliciales que cuentan con la participación de miembros de los distintos cuerpos policiales estatales y de miembros de la Guardia Nacional. Asimismo, estos asesinatos ocurren dentro de patrones determinados en relación con las características de las víctimas y al modus operandi de la ejecución. En primer término, en la generalidad de los casos se trata de asesinatos de jóvenes de muy escasos recursos, con antecedentes penales, a quienes se les extorsiona exigiéndoles grandes cantidades de dinero y se les asesina cuando no pueden cumplir los pagos exigidos. […] Es frecuente, además, que a las víctimas se les elaboren previamente falsos antecedentes policiales para justificar la agresión. Asimismo, los familiares y los testigos a menudo son también perseguidos y hostigados para que no denuncien a los agresores. Lo mismo sucede con jueces y fiscales”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.118, 24 octubre 2003, párrs. 321, 331 y 332 (expediente de prueba, anexo 4.E al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 9673 a 9686) Los representantes allegaron una versión incompleta del documento, pero el mismo puede consultarse en forma íntegra en internet: http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm).

 

[37]          En ese sentido, señaló que “[e]s más probable que las personas en situación de pobreza reciban oportunidades educativas muy reducidas y que estén expuestos a altos niveles de desempleo. Hay múltiples ejemplos de situaciones en que las autoridades públicas han tratado a los jóvenes que no han alcanzado altos niveles de educación como si no tuvieran nada que aportar a la sociedad y pudieran incluso considerarse desechables” (declaración pericial de Philip Alston (expediente de prueba, fs. 11542 a 11567)).

 

[38]          Declaración pericial de Roberto Briceño León.

 

[39]          República Bolivariana de Venezuela. Poder Ciudadano. Defensoría del Pueblo. Anuario 2003. Derechos Humanos en Venezuela. El documento da cuenta de 40 denuncias durante 2003 contra la policía del estado Falcón por ejecuciones extrajudiciales.

 

[40]          Diario La Mañana, Preocupada Defensoría del Pueblo por incremento de abusos policiales, Santa Ana de Coro, miércoles 24 de diciembre de 2003, Sucesos (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 148), y El Nacional, Defensor del Pueblo en Falcón exigió intervención de cuerpos de seguridad (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 151).

 

[41]          Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párr. 55. Los documentos citados son los siguientes: “ONU, Consejo Económico y Social. Informe de la Relatora Especial, Sra. Asma Jahangir, presentado en cumplimiento de la resolución 1998/68 de la Comisión de Derechos Humanos, Adición, Situación por países, de 6 de enero de 1999. E/CN.4/1999/39/Add.1. Disponible en http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/100/29/PDF/G9910029.pdf?OpenElement, párr. 258”, y “ONU, Comité de Derechos Humanos. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Venezuela. 4/26/2001, de 26 de abril de 2001. CCPR/CO/71/VEN. Disponible en: www.acnur.org/biblioteca/pdf/1373.pdf?view=1, párr. 8”.

 

[42]          Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párr. 53. El documento citado, como se indica en la nota a pie de página 57 de la sentencia citada, es el “Informe Anual del Fiscal de la República de 2007”.

 

[43]          República Bolivariana de Venezuela. Poder Ciudadano. Defensoría del Pueblo. Anuario 2003. Derechos Humanos en Venezuela.

 

[44]          Cfr. Declaración oral de Jean Carlos Guerrero ante la Corte. 

 

[45]          Jean Carlos Guerrero, en su declaración oral ante la Corte, expresó que su hermano Jimmy Guerrero, “sufrió un conjunto de hostigamientos, amenazas policiales, persecuciones, extorsión por parte de la policía, muchas detenciones arbitrarias [y] golpes[,] que él denunció al Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo”. Además, señaló que las amenazas “no eran solamente contra Jimmy, sino también contra la familia para poder incidir en Jimmy”. Explicó que “Jimmy fue un joven quizás un poco irreverente en algunos momentos, y eso trajo como consecuencia que la policía [del Estado Falcón] lo “hostigar[a]”. En el mismo sentido, Nieves Guerrero, padre de Jimmy Guerrero, declaró que éste desde “joven”, es decir, desde antes de la denuncia que efectuó en agosto de 2001 (infra párr. 57), tuvo conflictos. Agregó que a su hijo “lo tenían marcado”, y que “fue muy perseguido por la policía, lo amenazaba[n], siempre”. Expresó que a Jimmy Guerrero “hasta lo torturaron, y lo metieron preso y lo golpearon horrible”. Mencionó que las amenazas a Jimmy Guerrero “eran [muy] fuertes”. (Declaración escrita de Nieves Guerrero (expediente de prueba, fs. 11422 a 11427).) Emilia Coromoto Meléndez, madre de Jimmy Guerrero, también declaró que su hijo había tenido “problemas” desde “más jovencito”, y que fue amenazado y hostigado, y que él indicaba que esos actos provenían de funcionarios “de la policía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”. También declaró que en una ocasión personal policial le dijo a ella que iban a matar a su hijo. (Declaración escrita de Emilia Coromoto Meléndez de Guerrero (expediente de prueba, fs. 11432 a 11436).) Franklin Felipe Guerrero Meléndez, hermano de Jimmy Guerrero, aseveró, en el mismo sentido que sus padres, que a Jimmy la policía lo hostigaba y lo acusaba siempre de estar involucrado en hechos delictivos (cfr. declaración escrita de Franklin Felipe Guerrero Meléndez (expediente de prueba, fs. 11441 a 11444)). En el mismo sentido declaró Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez, hermana de Jimmy Guerrero (cfr. declaración escrita de Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez (expediente de prueba, fs. 11455 a 11460)).  

 

[46]          Fiscalía Segunda del Estado Falcón, denuncia manuscrita de 16 de agosto de 2002 (expediente de prueba, anexo 3 al Informe de Fondo, f. 1717).  

 

[47]          Cfr. Defensoría del Pueblo, Oficio DP/DDEF N° 00766-03 de 7 de abril de 2003 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 160 a 163).

 

[48]          Declaración de Jean Carlos Guerrero de 4 de abril de 2016, recibida por la Comisión Interamericana en audiencia pública (disponible en internet: https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/advanced.aspx?lang=es)

 

[49]          Cfr. Fiscalía Superior, Oficio No. FAL-SUP-1567, de 14 de octubre de 2002, dirigido al Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, recibido el 5 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 173). El documento alude a la remisión de “recaudos complementarios” de una causa penal. Los representantes aseveraron que por medio de dicho oficio se transmitió la denuncia de 27 de septiembre de 2002. Ello no fue controvertido. Los representantes, por otra parte, aludieron a la “Fiscalía Sexta”, pero el documento indica el destinatario del mismo como ha sido consignado. 

 

[50]          Defensoría del Pueblo, declaración de Jimmy Guerrero de 28 de octubre de 2002 (expediente de prueba, anexo 8 al Informe de Fondo, f. 1727).

 

[51]          Defensoría del Pueblo, nota DP/DDEF No. 02674.02, de 8 de noviembre de 2002; remisión de copia de artículo de prensa titulado “Denuncia acoso por parte de Organismos de Seguridad”, de 7 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, anexo 17 al Informe de Fondo, fs. 1746 a 1748).

 

[52]          Fiscalía 2, nota FAL 2683-02 de 11 de noviembre de 2002, dirigida a la Defensoría del Pueblo (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 1306).

 

[53]          Fiscalía 2, denuncia de Jimmy Guerrero de 4 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, anexo 7 al Informe de Fondo, f. 1725).

 

[54]          La presentación realizada por E.L. indica que el 17 de febrero de 2003 ella y otras personas estaban en la casa del señor Guerrero, y que, cerca de las 03:00 pm, llegaron “varios motorizados”. Conforme el relato, una mujer policía apuntó con un arma al señor Guerrero, y luego, sin “habla[r] nada”, lo “golpearon salvajemente y le dieron un palo por la cabeza”, y después se lo llevaron en un carro. La denuncia refiere también que luego regresaron “como diez motorizados” que ingresaron a la casa “sin preguntar ni nada” y revisaron la residencia. La vecina señaló que ella preguntó al personal policial “porque registraban si no traían una orden”, y no indicó que le hubieran dado una respuesta. (Defensoría del Pueblo, declaración de E.L. de 17 de febrero de 2003 (expediente de prueba, anexo 10 al Informe de Fondo, f. 1731)). Se deja aclarado que, en la presente Sentencia, con excepción de la mención de un hijo ya fallecido del señor Ramón Molina (infra párr. 70), se señala con iniciales a personas respecto de las que no consta que hayan tenido intervención en el trámite del caso en el ámbito internacional, ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana.

 

[55]          Defensoría del Pueblo, acta de Visita de 17 de febrero de 2003 (expediente de prueba, anexo 11 al Informe de Fondo, fs. 1733 y 1734).

 

[56]          Defensoría del Pueblo, declaración de Jimmy Guerrero de 18 de febrero de 2003 (expediente de prueba, anexo 9 al Informe de Fondo, f. 1729).

 

[57]          Los representantes señalaron que Jimmy Guerrero fue detenido “del 17 al 18 de febrero de 2003”.

 

[58]          Defensoría del Pueblo. Informe de médico legal respecto de Jimmy Guerrero de 19 de febrero de 2003 (expediente de prueba, anexo 12 al Informe de Fondo, f. 1736).

 

[59]          Defensoría del Pueblo, nota DP/ 00363-03, de 25 de febrero de 2003, dirigida a la Fiscalía Superior, con “Atención” a la Fiscalía 2 (expediente de prueba, anexo 13 al Informe de Fondo, fs. 1738 y 1739); Defensoría del Pueblo, nota DP/DDEF No. 00388-03, de 26 de febrero de 2003, recibida por la Fiscalía 2 el 27 de febrero de 2003 (expediente de prueba, anexo 14 al Informe de Fondo, f. 1741), y Defensoría del Pueblo, nota DP/DDEF No. 00502-03, de 10 de marzo de 2003, recibida por la Fiscalía 2 el día siguiente (expediente de prueba, anexo 16 al Informe de Fondo, f. 1745).

 

[60]          Defensoría del Pueblo, declaración de Jimmy Guerrero de 6 de marzo de 2003 (expediente de prueba, anexo 15 al Informe de Fondo, f. 1743), y Defensoría del Pueblo, nota DP/DDEF No. 00502-03, de 10 de marzo de 2003, recibida por la Fiscalía 2 el día siguiente.

 

[61]          Declaración de Jean Carlos Guerrero de 4 de abril de 2016, recibida por la Comisión Interamericana en audiencia pública.

 

[62]          Cfr., respecto al lugar en que sucedieron los hechos, Tribunal Penal de Control de Punto Fijo, Auto de admisión de control de prueba anticipada de 4 de abril de 2003 (expediente de prueba, anexo 30 al Informe de Fondo, fs. 1794 y 1795).

 

[63]          Respecto a la cantidad de personas que integraron el grupo que efectuó el ataque contra los señores Guerrero, Molina y J.L., el señor J.L. manifestó que vio cuatro, y un testigo presencial aludió a dos hombres (cfr. Tribunal Penal de Control de Punto Fijo, Acta de 5 de abril de 2003, declaración de J.L. (expediente de prueba, anexo 31 al Informe de Fondo, fs. 1797 a 1800), y CICPC, Acta de entrevista a M. D. de 2 de abril de 2003 (expediente de prueba, anexo 32 al Informe de Fondo, fs. 1802 a 1806)).

 

[64]          Cfr. Tribunal Penal de Control de Punto Fijo, Acta de 5 de abril de 2003, declaración de J.L. Se ha presentado una controversia respecto a la posibilidad de que el señor Guerrero permaneciera vivo luego de recibir el primer disparo. Ello se aborda más adelante (infra párr. 126).

 

[65]          CICPC, Acta de entrevista a M. D. de 2 de abril de 2003. El testigo describió físicamente a los que identificó como los atacantes. La Comisión, en el Informe de Fondo, expresó que “en[contró] en el expediente otras declaraciones de testigos consistentes con el relato de la parte peticionaria en relación con el lugar del hallazgo de Jimmy Guerrero, la identificación del carro usado para cometer el asesinato y el arrastre de su cuerpo, y que, en general, notaron la dinámica de los hechos en los términos ya descritos”.

 

[66]          Cfr. Tribunal Penal de Control de Punto Fijo, Acta de 5 de abril de 2003, declaración de J.L.

 

[67]          Cfr. Acta de Levantamiento de Cadáver de 30 de marzo de 2003 (expediente de prueba, anexo 18 al Informe de Fondo, fs. 1750 a 1752). Según el protocolo de autopsia, la muerte de Jimmy Guerrero fue causada por “herida por proyectil disparado por arma de fuego”. Asimismo, su cuerpo presentaba, entre otras lesiones, “extensas escoriaciones producida[s] por arrastre […] con gran pérdida de piel” (Protocolo de Autopsia de Jimmy Guerrero de 3 de abril de 2003 (expediente de prueba, anexo 20 al Informe de Fondo, fs. 1759 a 1761)). En cuanto a Ramón Molina, el protocolo de autopsia indica “lesión cardíaca severa debido a herida por proyectil disparado por arma de fuego” (Protocolo Autopsia de Ramón Molina de 3 de abril de 2003 (expediente de prueba, anexo 21 al Informe de Fondo, fs. 1762 a 1764)).

 

[68]          Cfr. Escrito de Jean Carlos Guerrero dirigido al Despacho de la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, titulado “Exposición de motivos”, cuya copia fue recibida el 1 de abril de 2003 por la Defensoría del Pueblo (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 226), y Fiscalía 2, documento titulado “Audiencia”, de 2 de abril de 2003 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 227).

 

[69]          Cfr. Comunicación de Jean Carlos Guerrero Meléndez dirigida al Fiscal Superior del Estado Falcón de 13 de mayo de 2003 (expediente de prueba, anexo 26 al Informe de Fondo, fs. 1778 a 1784).

 

[70]          Cfr. Fiscalía 17. Oficio No. 11F17-591-2008 de 4 de noviembre de 2008 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 1184 y 1185), y, a fin de cotejar que varias medidas habían sido dispuestas con anterioridad, Fiscalía 6, Oficio No. FAL-6-05-1.852 de 30 de noviembre de 2005 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 1163 y 1164).

 

[71]          Fiscalía 17, Actas de entrevistas de 15 de abril y 11 de agosto de 2009 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 1197 y 1198 y 1208 a 1212, respectivamente).

 

[72]          Fiscalía 17, Oficios FAL17-399-2014 y FAL17-400-2014, ambos de 27 de marzo de 2014 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 1485 y 1486, respectivamente).

 

[73]          Cuerpo de Policía Estadal, Oficina de Consultoría Jurídica, Dirección General, Acta de 27 de marzo de 2014 (expediente de prueba, anexo 53 al Informe de Fondo, fs. 1864 y 1865).

 

[74]          Cfr. Fiscalía 17, Oficio FAL17-169-2016 de 2 de febrero de 2016 (expediente de prueba, anexo 70 al Informe de Fondo, f. 1903), y Fiscalía 17, Oficio FAL-17-169-2016 de 11 de marzo de 2016 (expediente de prueba, anexo 71 al Informe de Fondo, f. 1905).

 

[75]          Cfr. Fiscalía 17, Oficios FAL17-192-2016 y FAL17-193-2016, ambos de 12 de marzo de 2016 (expediente de prueba, anexos 73 y 74 al Informe de Fondo, fs. 1909 y 1911, respectivamente).

 

[76]          Cfr. Fiscalía 17, Oficio FAL17-229-2016 de 1 de abril de 2016 (expediente de prueba, anexo 81 al Informe de Fondo, fs. 1926 a 1940), y Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control, Oficio No 2C-920-2016, Orden de aprehensión contra F.R. de 1 de abril de 2016 (expediente de prueba, anexo 80 al Informe de Fondo, f. 1924). Los delitos señalados fueron los de “homicidio calificado”, en perjuicio de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, y “homicidio calificado frustrado”, en perjuicio de J.L.

 

[77]          Centro de Coordinación Policial N° 02-COIN, Oficio N° 1192 de 14 de agosto de 2017, dirigido al Juez Segundo de Control de Tribunal Penal Extensión Punto Fijo y Acta Policial de 14 de agosto de 2017 (expediente de prueba, anexo 6.A al escrito de solicitudes y argumentos fs. 10943, y 10944 y 10945, respectivamente).

 

[78]          Cfr. Poder Judicial, Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control, asunto principal: IJII-P-2016-000045: Resolución y Boleta de libertad de 15 de agosto de 2017 (expediente de prueba, anexo 6.A al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 10948 a 10950 y 10951, respectivamente).

 

[79]          Fiscalía 17, solicitud de sobreseimiento (expediente de prueba, anexo 6.A al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 10961 a 10965). En cuanto a la fecha, el escrito indica haber sido redactado el 12 de septiembre de 2017, pero no puede leerse la fecha de recepción por parte del órgano judicial. Los representantes afirmaron que la solicitud de sobreseimiento se realizó el 16 de septiembre de 2017, lo que no fue controvertido.

 

[80]          Cfr. Poder Judicial, Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control, asunto principal: IJII-P-2016-000045, Resolución de 25 de septiembre de 2017 (expediente de prueba, anexo 6.A al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 10957 a 10960).

 

[81]          Poder Judicial, Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control, asunto principal: IJII-P-2016-000045, Oficio No 2C.3201-2017, de 11 de octubre de 2017, (expediente de prueba, anexo 6.A al escrito de solicitudes y argumentos, f. 10966).

 

[82]          De acuerdo a lo afirmado por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, de 26 de septiembre de 2019, para esa fecha, “no exist[ía] investigación respecto de [M.C. y S.C.], como [tampoco] de [posibles] autores intelectuales”.

 

[83]          La Corte considerará las violaciones a derechos alegadas por la Comisión y los representantes. Al respecto, ha indicado este Tribunal, de manera reiterada en su jurisprudencia, que siempre que sea con base en el marco fáctico presentado por la Comisión, los representantes de las presuntas víctimas pueden invocar derechos distintos a aquellos señalados por la Comisión en su Informe de Fondo (cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 155, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 27). En el presente caso, la Corte advierte que el Estado no controvirtió alegatos sobre violaciones a derechos humanos argüidas por los representantes y que no fueron determinadas en el Informe de Fondo (supra párrs. 27 y 28 y notas a pie de página 15 y 17).

 

[84]          Artículo 1.1 de la Convención Americana.

 

[85]          Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423, párr. 68.

 

[86]          Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 85, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 64.

 

[87]          Las categorías señaladas en el artículo 1.1 no son un listado taxativo. Cuando el artículo 1.1 se refiere a “otra condición social” alude a categorías que son asimilables a las que menciona en su texto. En ese sentido, la Corte ha explicado que tales categorías aluden a “i) rasgos permanentes de las personas de los cuales éstas no pueden prescindir sin perder su identidad; ii) grupos tradicionalmente marginados, excluidos o subordinados, y iii) criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales”. (Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párr. 240, e Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24, párrs. 66 y 67.)

 

[88]          Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 89, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 66.

 

[89]          Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 303, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405, párr. 113.

 

[90]          Cfr. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrs. 91 y 93; Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párrs. 118 a 124, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 67. De conformidad con la segunda de las sentencias citadas, la conducta que afecte a un derecho puede ser discriminatoria si tiene vinculación con la percepción de que la víctima pertenece a un grupo o sector social, de modo independiente a que ello se corresponda con la realidad o auto-identificación de la víctima (ya antes en la Corte se había expresado en el mismo sentido: cfr. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 380).

 

[91]          Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2020. Serie C No. 410, párrs. 100 y 101.

 

[92]          Cfr. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 185.

 

[93]          Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 101, y Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 122.

 

[94]            Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411, párr. 80.

 

[95]          Al respecto, por “estereotipo” debe entenderse la “preconcepci[ón] de los atributos, conductas, papeles o características poseídas por personas que pertenecen a un grupo identificado” (cfr. Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 223, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párr. 80).

 

[96]          Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párrs. 80 a 82.

 

[97]          Cfr. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, párr. 418. En el mismo sentido, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 400 a 402, Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, párrs. 188 a 195, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 114. El perito Alston explicó que “[l]as posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos se ven gravemente limitadas por los obstáculos sociales[. …] Entre las barreras sociales figuran el estigma y los estereotipos discriminatorios contra los pobres” (declaración pericial de Philip Alston).

 

[98]          Declaración pericial de Philip Alston.

 

[99]            Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párrs. 112 y 116.

 

[100]         Cfr. sobre el concepto de interseccionalidad de la discriminación, como confluencia de distintos factores de vulnerabilidad, de riesgo o de fuentes de discriminación, Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 290, Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, párr. 142, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 91.

 

[101]         Artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana.

 

[102]         La Comisión y el Estado y no se refirieron a las violaciones a derechos humanos alegadas por los representantes respecto a hechos ocurridos antes de los días 29 y 30 de marzo de 2003. La Comisión incluyó en su Informe de Fondo, como parte del marco fáctico del caso, hechos anteriores a esas fechas, mas no efectuó un análisis autónomo de los mismos (supra nota a pie de página 14). El Estado, por su parte, no aceptó expresamente su responsabilidad por tales hechos, pero tampoco controvirtió los alegatos de los representantes al respecto (supra párrs. 27, 28 y notas a pie de página 15, 17 y 83).

 

[103]         Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 84, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párr. 65.

 

[104]         Cfr. Servellón García y otros Vs. Honduras, párr. 86, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párr. 64.

 

[105]         Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 54, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párr. 65.

 

[106]         Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 57, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párr. 67.

 

[107]         Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47, y Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 102.

 

[108]         Cfr. Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina, párrs. 79, 80 y 82. Es preciso aclarar que, como surge de los párrafos 16 y 87 de la decisión citada, en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina se determinó que la arbitrariedad de la privación de libertad se vinculó a la vulneración del derecho a la igual protección de la ley, recogido por el artículo 24 de la Convención Americana, cuya violación había sido expresamente aceptada en ese caso por el Estado argentino. Otro tanto sucedió en un caso anterior: Acosta Martinez y otros Vs. Argentina (párrs. 15, 21 y 98 a 101). En su sentencia la Corte advirtió que la utilización de normativas amplias en cuanto a las facultades de detención podía vincularse al ejercicio discriminatorio de las mismas. En forma contraria a los casos aludidos, el artículo 24 de la Convención no ha sido invocado por las partes o la Comisión en el presente caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela, y no surgen elementos que hagan procedente su examen.

 

[109]         Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 106, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, párr. 131.

 

[110]         Lo dicho “constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo” (cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, párr. 82, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, párr. 131). Asimismo, esta Corte ha señalado que “el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal” (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 71, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, párr. 131).

 

[111]         Ello, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia” (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 81).

 

[112]         De los hechos (supra párrs. 62, 59 y 60, respectivamente) surge también que el señor Guerrero fue retenido por autoridades el 23 de octubre de 2002, y que el 27 de septiembre de 2002 fue allanada su casa por funcionarios policiales, y en que en esa circunstancia su madre y su hermana, Emilia Meléndez de Guerrero y Yarelis Guerrero, resultaron detenidas, permaneciendo tres días privadas de su libertad ambulatoria.

 

[113]         Al respecto, este Tribunal recuerda que ha señalado que “[una] detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido” (Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No, 141, párr. 66, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, párr. 243)

 

[114]         Tal serie de actos incluyó, entre otros, amenazas a Jimmy Guerrero, el ingreso a su domicilio y la detención de dos de sus familiares. El señor Guerrero manifestó, además que siempre que la policía lo veía en la calle lo detenía. Sin que implique una evaluación de cada uno de los actos aludidos en sí mismo, la Corte advierte que ellos se insertan en el contexto que aquí se alude, y coadyuvan a la convicción de que las detenciones sufridas por el señor Guerrero se vinculan al mismo.

 

[115]         Artículo 5.1 de la Convención Americana.

 

[116]         Artículo 5.2 de la Convención Americana, y artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

 

[117]         Conforme a lo que se ha señalado (supra párr. 28), la Comisión y el Estado no se refirieron a las violaciones a derechos humanos alegadas por los representantes respecto a hechos ocurridos antes de los días 29 y 30 de marzo de 2003.

 

[118]         Los representantes afirmaron también que tales hechos no fueron investigados. Además, en el apartado de su escrito de solicitudes y argumentos en que refirieron estos argumentos, aludieron al artículo 8 de la CIPST, pero lo omitieron, en ese apartado, en la conclusión que expusieron sobre las violaciones que adujeron. Lo relativo a la investigación de los hechos del caso y al artículo 8 indicado se aborda más adelante, en el Capítulo VII.5.  

 

[119]         Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párrs. 57 y 58, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, párr. 148. Cfr., en el mismo sentido, sobre las diversas connotaciones de grado que pueden tener las lesiones a la integridad personal, Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 86.

 

[120]         Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, párr. 152.

 

[121]          Cfr. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 79, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, párr. 148.

 

[122]         Cfr. Caso Yvon Neptune Vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 129, y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, párr. 148.

 

[123]         Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, párr. 143.

 

[124]         Como surge de lo expuesto en el apartado de “Hechos del caso” (supra párrs. 65 a 67), la narración de estos hechos efectuada en el ámbito interno por el señor Guerreo resulta consistente con la de una testigo y con exámenes médicos. Lo expuesto, además, no fue controvertido por el Estado. Por otra parte, no consta que se haya efectuado una investigación de lo sucedido que determine que tales hechos no ocurrieron, o que sucedieron de modo distinto al señalado. Por lo tanto, las agresiones sufridas por el señor Guerrero el 17 de febrero de 2003 se tienen por establecidas en los términos señalados. 

 

[125]         Sobre lo dicho, vale resaltar que “las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos[. …E]l sufrimiento es una experiencia propia de cada individuo y, en esa medida, va a depender de una multiplicidad de factores que hacen a cada persona un ser único. En este sentido, sería un contrasentido escindir las experiencias pasadas de la forma como un individuo experimenta el sufrimiento” (Caso I.V. Vs. Bolivia, párr. 267).

 

[126]         Al respecto, la Corte ha advertido que “las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica” (Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 102, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, párr. 160).

 

[127]         Entre los “elementos aportados al proceso” la Comisión se refirió al peritaje presentado por el médico forense José Luis Prieto Carrero, producido ante la Corte Interamericana.

 

[128]         Los representantes sustentaron su aseveración en el peritaje de José Luis Prieto Carrero.

 

[129]         Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 99.

 

[130]         Es preciso notar que las circunstancias de este caso difieren de otras en que, por ejemplo, las víctimas fueron secuestradas antes de ser ejecutadas, o en que hubo, entre el inicio de los hechos y su conclusión, una temporalidad y diversidad de circunstancias más amplia, incluso respecto a vejámenes que excedieron las agresiones mortales (cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párrs. 69 a 72; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, párr. 99, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 102).

 

[131]         Al respecto, el perito Prieto Carrero, cuyas conclusiones fueron destacadas por los representantes y la Comisión, con base en el examen del informe de autopsia, entendió que Jimmy Guerrero sufrió un disparo inicial en el abdomen, y que pudo haber sobrevivido hasta 3 minutos luego de esa agresión. Por el contrario, consta en actuaciones internas un testimonio presencial que refirió que el primer disparo contra el señor Guerrero fue en su cabeza. (Cfr. declaración pericial de José Luis Prieto Carrero (expediente de prueba, fs. 11587 a 11611) y CICPC, Acta de entrevista a M.D. de 2 de abril de 2003.)

 

[132]         Cfr. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 117, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 327.

 

[133]         Artículo 8.1 de la Convención Americana.

 

[134]         Artículo 25.1 de la Convención Americana. En este apartado se examina también, en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en lo atinente a la obligación de investigación respecto de actos de tortura, el artículo 8 de la CIPST, como así también los artículos 1 y 6 del mismo tratado, ya señalados (supra nota a pie de página 116).

 

[135]         También señaló que las pericias realizadas de tipo balístico, de los proyectiles encontrados, de la trayectoria del disparo y los informes de autopsia, contienen información aislada sin ningún análisis coordinado e integrado de las mismas hacia el esclarecimiento de las posibles hipótesis. Advirtió, igualmente, que los órganos encargados de la investigación no tomaron declaraciones de los miembros de las fuerzas policiales que fueron implicados en el ataque.

 

[136]         Los representantes aseveraron que “luego de la muerte de Jimmy y Ramón, y por la búsqueda de justicia, Franklin Guerrero fue hostigado por presuntos funcionarios policiales, advirtiéndole en diversas oportunidades que no siguiera con las averiguaciones que estaba haciendo en Punto Fijo, lugar de los hechos. Igualmente, Jean Carlos Guerrero, quien asumió un rol público de denuncia por lo ocurrido, recibió amenazas de muerte por vía telefónica o caminando en las calles de la ciudad. Además, el señor [J.L.], testigo de los hechos, quien señaló la participación policial en los mismos, también sufrió amenazas y presiones por parte de miembros de las fuerzas policiales, por lo que se le otorgaron medidas de protección. Sin embargo, estas no fueron efectivas, lo que lo obligó a adoptar medidas de protección por cuenta propia, lo que ha provocado que al día de hoy se desconozca su paradero”.

 

[137]         Además, los representantes adujeron que “[e]l sobreseimiento de[l policía F.R.] debe ser considerado cosa juzgada fraudulenta”, pues “nunca hubo una intención real de investigar [su] responsabilidad”, sino que, por el contrario, el proceso no fue llevado a cabo con independencia e imparcialidad, y hubo múltiples irregularidades en el mismo. La Corte tiene en cuenta este argumento en relación con las medidas de reparación que se ordenan en esta sentencia (infra Capítulo VIII).

 

[138]         Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, párr. 120, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 103. Ver también, entre otros: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91, y Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114.

 

[139]         Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 88 y 105, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, párr. 121. En igual sentido, Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 106.

 

[140]         La demora en la realización de diligencias se vincula también a lo que se señala más adelante sobre la obstaculización de las actuaciones (infra párrs. 145 a 153).

 

[141]         Resulta notorio, en forma particular, el período de más de cuatro años, entre el 11 de agosto de 2009 y el 27 de marzo de 2014 (supra párrs. 81 y 82), en que no constan actividades sustantivas de investigación o adelanto del proceso.

 

[142]         Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, párr. 133, y Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 185. En el mismo sentido, el señor Christof Heyns, en su declaración que obra en este proceso como prueba documental (supra párr. 36), expresó que “los investigadores y el mecanismo de investigación deben ser independientes de la influencia indebida y deben así parecer. Esta independencia debe ser institucional y formal, tanto en la práctica cuanto en términos de percepción, y debe existir en todas las etapas de la investigación. Cuando una investigación involucra un agente del Estado, debe ser independiente de cualquier sospechoso, así como de la unidad, institución o agencia al que [el mismo] pertenezca. Asimismo, la investigación de una ejecución policial debe ser realizada sin cualquier influencia indebida que pueda surgir de la jerarquía institucional y de la cadena de mando de la policía u otro organismo de aplicación de la ley” (declaración pericial de Christof Heyns dada en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, incorporada como prueba documental (expediente de prueba, fs. 11651 a 11661)).

 

[143]         Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párr. 220. En el mismo sentido, el perito Prieto Carrero indicó que “[l]as recomendaciones y protocolos internacionales que guían actualmente a las ciencias forenses en la investigación de muertes potencialmente ilícitas […] requiere[n…] que la investigación se realice por cuerpos policiales diferentes a aquellos que podrían estar implicados en la muerte [sobre la cual se indaga]” (declaración pericial de José Luis Prieto Carrero).

 

[144]         Cfr. en el mismo sentido, Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párrs. 220 y 223.

 

[145]         Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 252. En el mismo sentido, Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 210.

 

[146]         Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124. párr. 147, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334, párr. 153.

 

[147]         Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 199, y Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela, párr. 122.

 

[148]         La Comisión incluyó un señalamiento equivalente al que aquí se realiza en el párrafo 47 de su Informe de Fondo, como uno de los aspectos fácticos del caso. Lo afirmado, por lo tanto, como cuestión de hecho, ha sido aceptado por el Estado (supra párrs. 8, 14, 19 y 31). Lo anterior no incluye las referencias a solicitudes de información de 2005 y 2008, que surgen de la prueba. 

 

[149]         Cfr. CICPC, Oficio No. 9700-175-9836 de 26 de mayo de 2003; Oficio 9700-175-3381 de 21 de mayo de 2004; Oficio 9700-175-3945 de 27 de mayo de 2004; Oficio 05906 de 17 de agosto de 2004, y Oficio 9700-175-31 de 18 de agosto de 2004 (expediente de prueba, respectivamente: anexo 47 al Informe de Fondo, f. 1850; anexo 48 al Informe de Fondo, f. 1852; trámite ante la Comisión, f. 1147; anexo 49 al Informe de Fondo, f. 1854, y anexo 60 al Informe de Fondo, f. 1880). La Fiscalía 6 también solicitó información (cfr. Fiscalía 6: Oficio No. FAL-06-04-01.131 de 22 de julio de 2004 y Oficio. No. FAL-6-04-01.194 de 4 de agosto de 2004 (expediente de prueba, anexos 51 y 58 al Informe de Fondo, fs. 1860 y 1876, respectivamente)). En febrero de 2005, el CICPC envió diversos oficios a la Policía y en noviembre posterior la Fiscalía 6 reiteró al CICPC la necesidad de realización de diligencias (cfr. CICPC: Oficio No. 9700-175-973 de 1 de febrero de 2005; Oficio No. 9700-175-1084 de 9 de febrero de 2005; Oficio No. 9700-175-1085 de 9 de febrero de 2005, y Oficio No. 9700-175-1140 de 9 de febrero de 2005 (expediente de prueba: trámite ante la Comisión, fs. 972, 973 y 974, y anexo 63 al Informe de Fondo, f. 1887, respectivamente); y Fiscalía 6, Oficio No. FAL-6-05-1.852 de 30 de noviembre de 2005). En marzo de 2014 la Fiscalía 17 reiteró requerimientos de información (cfr. Fiscalía 17, Oficio FAL17-399-2014 y Oficio FAL17-400-2014, ambos de 27 de marzo de 2014).

 

[150]         Más adelante, el 30 de marzo de 2016, informó a la Fiscalía 17, en el mismo sentido, que libros con información de las armas utilizadas por M.C., F.R., y S.C. en 2003 fueron dañados por las lluvias (cfr. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cuerpo de Policía Estadal, Oficio No. 0251 de 30 de marzo de 2016 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 1513)).

 

[151]         El 1 de mayo de 2006 la División de Análisis y Reconstrucción de Hechos Área de Trayectoria Balística practicó un peritaje de trayectoria balística, concluyendo, de forma similar respecto de Ramón Molina y Jimmy Guerrero, que “el tirador se encuentra hacia el frente de la víctima, efectuando disparo con la boca del cañón del arma de fuego en forma descendente, dirigido a la región anatómica comprometida”. El 31 del mismo mes la División de Balística de la Dirección de Criminalística Identificativa – Comparativa, envió al Jefe de la subdelegación Punto Fijo, un Informe de Comparación Balística en el que concluyó que dos de los elementos analizados calibre 40 (proyectil completo y fragmento) fueron disparados por una misma arma de fuego y que el proyectil de calibre 9 milímetros fue disparada por otra arma.

 

[152]         El 26 de julio y el 4 de agosto de 2004 la Fiscalía 6 solicitó al CICPC los resultados de las experticias de comparación balística, así como de los exámenes de “levantamiento planímetro” y de trayectoria balística e intraorgánica, respectivamente (cfr. Fiscalía 6, Oficio FAL-06-04-01.153 de 26 de julio de 2004 (expediente de prueba, anexo 57 al Informe de Fondo, f. 1874), y Oficio FAL-06-04-01.194 de 4 de agosto de 2004). El CICPC cursó la solicitud a autoridades policiales el 17 de agosto del mismo año, pero el 19 siguiente comunicó a la Fiscalía 6 que no había recibido “ningún tipo de respuesta” (cfr. CICPC: Memorándum de 17 de agosto de 2004, dirigido al “Jefe [de la] Sub-Delegación Punto Fijo”, y Oficio No. 9700-175-6010, de 19 de agosto de 2004, dirigido a la Fiscalía 6 (expediente de prueba, anexos 59 y 61 al Informe de Fondo, fs. 1878 y 1882, respectivamente)). El 10 de enero de 2005, la Fiscalía 6 reiteró el pedido de que se realicen diversas diligencias solicitadas en mayo y agosto de 2004 (cfr. Fiscalía 6, Oficio FAL-6-05-00036 de 10 de enero de 2005 (expediente de prueba, anexo 62 al informe de fondo, fs. 1884 y 1885)).

 

[153]         Cfr. Fiscalía 6, Oficio No. FAL-6-05-00036 de 10 de enero de 2005, y Oficio No. FAL-6-05-1.852 de 30 de noviembre de 2005.

 

[154]         El 4 de noviembre de 2008 la Fiscalía 17 solicitó al CICPC realizar diversas diligencias de investigación que, en su mayoría, habían sido también requeridas por la Fiscalía 6 en años anteriores, entre ellas, ubicar testigos (cfr. Fiscalía 17, Oficio No. 11F17-591-2008 de 4 de noviembre de 2008).

 

[155]         Cfr. Unidad Criminalística: Actas de investigación de 14 de marzo y 7 de abril de 2016 (expediente de prueba, anexos 75 y 76 al Informe de Fondo, fs. 1913 y 1914, y 1916, respectivamente).

 

[156]         Los representantes, como prueba documental, remitieron un cuadro listando las solicitudes de diligencias de investigación solicitadas por autoridades internas y aquellas efectivamente realizadas. Del mismo surge que menos del 10% de los requerimientos tuvieron respuesta efectiva. A su vez, en el mismo documento, los representantes agruparon los requerimientos aludidos conforme el tipo de medida solicitada. Bajo esta clasificación, al menos el 70% de las medidas de investigación dispuestas no se realizaron. El Estado no controvirtió esta información. (Cfr. “Cuadro con solicitudes de diligencias penales” (expediente de prueba, anexo 7 A al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 11089 a 11100)).

 

[157]         Cfr. escritos de Jean Carlos Guerrero de 12 de noviembre de 2003, dirigido a la Fiscalía Superior, y de 6 de febrero de 2007, dirigido al Juez de Control de Punto Fijo; constancia de 6 de febrero de 2007, en que consta la solicitud de 22 de marzo del año anterior, y nota manuscrita de Jean Carlos Guerrero a la Fiscalía Superior de 4 de octubre de 2007 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 401. 749, 750 y 1369, respectivamente)) El 31 de octubre de 2007 la Fiscalía Superior consideró pertinente la solicitud, pero no consta la entrega efectiva al solicitante (cfr. Fiscalía Superior, Oficio FAL-SUP-1937 de 31 de octubre de 2007 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 1371)) Más adelante, durante 2016, Jean Carlos Guerrero hizo otras solicitudes (cfr. solicitudes de copias e información de Jean Carlos Guerrero de 8 de marzo, 23 de mayo, 18 de julio y 14 de noviembre de 2016 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 1487 y 1488, 1574, 1575 y 1581, respectivamente)).

 

[158]         Cfr. Nota periodística del Diario La Mañana, titulada “Familiares de ajusticiados en Falcón exigen pronunciamiento”, de 18 de julio de 2005 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, f. 129). Los representantes, en su escrito de solicitudes y argumentos, señalaron que Jean Carlos Guerrero intervino dentro del grupo que acudió a la prensa, integrado por familiares de supuestas víctimas (de diversos aducidos hechos de violencia, no solo de los atinentes a este caso).

 

[159]         Observaciones adicionales sobre el Fondo, presentadas ante la Comisión Interamericana (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 325 a 399).

 

[160]         Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, párr. 134.

 

[161]         Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 54, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, párr. 134.

 

[162]         En el mismo sentido, en ocasiones anteriores, la Corte, aun en circunstancias en que no acreditó actos de tortura, pero que igualmente denotaban la posibilidad de su comisión, analizó el deber de investigar posibles torturas. Consideró, a tal efecto, además de los artículos pertinentes de la Convención Americana, los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, y declaró la violación de esas disposiciones (cfr. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala, párrs. 272 a 282, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, párrs. 134 a 138).

 

[163]         Cfr. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párrs. 237 a 239. Al respecto, la Corte tiene en cuenta las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (adoptadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana el 6 de marzo de 2008), que señalan, en sus párrafos 10, 11, 15 y 25, lo que sigue. En primer lugar, que debe entenderse por “víctima” a “toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico[, y que el] término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa”. En segundo término, las Reglas de Brasilia señalan que “[s]e considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización”. Entre los aspectos que conllevan una condición de vulnerabilidad se incluye a la “pobreza”, respecto a la que las Reglas de Brasilia indican que “constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia” El texto señala, por último, el deber de los Estados de “promover […] las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad”.

 

[164]         Los representantes mencionaron, en su escrito de solicitudes y argumentos, al argüir la falta de investigación de “amenazas y hostigamientos sufrid[o]s por Jimmy Guerrero previo a su muerte”, la “violación de los derechos al acceso a la justicia y a la protección judicial de las víctimas y sus familiares”. No resulta claro si dicha alusión a “las víctimas” refiere a Ramón Molina, además de a Jimmy Guerrero. En todo caso, la Corte no encuentra fundamento para analizar esos argumentos sobre la investigación de los hechos, como tampoco otros relativos a la actividad investigativa y judicial, en relación con Ramón Molina.

 

[165]         Cfr. Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 174, y Caso Valenzuela Ávila Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de octubre de 2019. Serie C No. 386, párr 142. En igual sentido, Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párrs. 97 y 134.

 

[166]         Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 222.

 

[167]         Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 226, y Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, párr. 145.

 

[168]         Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 222.

 

[169]         Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, párrs. 25 a 27, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 223.

 

[170]         La Corte entiende que este compromiso de Venezuela abarca el deber de informar de forma oportuna a la Corte sobre la implementación efectiva de las medidas de reparación que se establecen en esta Sentencia.

 

[171]         Cfr. Fiscalía 17, Oficio FAL 17-229 -2016, de 1 de abril de 2016, y solicitud de sobreseimiento emitida por la Fiscalía 17.

 

[172]         Esta orden incluye los hechos relativos a la retención del señor Guerrero por autoridades el 23 de octubre de 2002, así como los hechos de 27 de septiembre de 2002, en que fue allanada su casa por funcionarios policiales, circunstancia en que su madre y su hermana resultaron detenidas. Si bien la Corte no efectuó un examen autónomo de dichas circunstancias, ni de la posible afectación a los derechos de las dos mujeres, las consideró como parte del hostigamiento policial contra Jimmy Guerrero.

 

[173]         Cfr., en similar sentido, Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, párr. 154.

 

[174]         Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párr. 42 y 45, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 234.

 

[175]         Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 79, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 236.

 

[176]         Cfr. Declaración oral de Jean Carlos Guerrero Meléndez y declaraciones escritas de Nieves Ramón Guerrero Pérez, Emilia Coromoto Meléndez, Franklin Felipe Guerrero Meléndez, Jiannibeth Stephannie Guerrero Colina (expediente de prueba, fs. 11448 a 11451), Yarelis Mercedes Guerrero Meléndez, Fraily Danaee Guerrero Chirinos (expediente de prueba, fs. 11465 a 11469) y Soleida Morillo (expediente de prueba, fs.11471 a 11474).

 

[177]         Cfr. Declaración pericial de Ignacio Cano (expediente de prueba, fs. 11569 a 11572). La Corte, igualmente, en relación con las medidas de no repetición ordenadas, deja sentado que advierte los señalamientos de los peritos Briceño León y Alston sobre una situación actual en que actuaciones de fuerzas de seguridad resultan lesivas de derechos humanos en forma desproporcionada sobre personas en situación de pobreza (cfr. declaraciones periciales de Roberto Briceño León y de Philip Alston).

[178]         Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 257.

 

[179]         Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 261.

 

[180]         La Corte advierte que los representantes solicitan ordenar la indemnización por los conceptos de daño emergente y lucro cesante, sin embargo, indicaron que “debido al transcurso del tiempo, las víctimas no cuentan con los comprobantes de los gastos”. Si bien señalaron los montos de US$ 65.000,00 por lucro cesante y US$ 300,00 por concepto de gastos funerarios, la Corte no posee suficientes elementos para calcular el daño material.

 

[181]         Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 269.

 

[182]         Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 277 y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 270.

 

[183]         En ese sentido, por medio del escrito de solicitudes y argumentos y documentación anexa, los representantes adujeron que, por las acciones de litigio del caso en el proceso nacional y en el internacional, COFAVIC había erogado US$ 91,002.43, más US$ 8,906.00 por gastos posteriores a la presentación del referido escrito. No obstante, en documentación anexa a su escrito de solicitudes y argumentos refirieron gastos por distintos rubros, como gastos por abogados, transportes y viáticos, viaje a la Comisión Interamericana, y gastos administrativos, cuyo total es inferior a US$ 36,000.00. Además, a modo de ejemplo, la Corte advierte que los representantes no especificaron la relación que guarda con el caso, los comprobantes denominados “Formativo en el Estado de Falcón” ni los montos por “Vuelos Caracas – Las Piedras”. Asimismo, con respecto a los gastos incurridos posterior a la presentación del Escrito de solicitudes y argumentos, los representantes aportaron comprobantes de pago salarial emitidos por la misma organización.

 

[184]         Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 29, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, párr. 271.

 

[185]         Caso Guerrero y Otros Vs. Venezuela. Resolución de la Presidenta de la Corte de 20 de enero de 2020, punto dispositivo 2. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/guerrero_fv_2020.pdf.

 

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