Corte IDH. Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 20 DE OCTUBRE DE 2020

CASO GRIJALVA BUENO VS. ECUADOR

 

VISTO:

 

  1. El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo No. 152/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”), y el escrito de contestación al sometimiento del caso (en adelante “escrito de contestación”) de la República de Ecuador (en adelante también “Ecuador” o “el Estado”) [1], y la documentación anexa a esos escritos, así como los escritos de observaciones a la excepción preliminar y al “allanamiento parcial de las pretensiones que constan en el sometimiento del caso” formulado por el Estado en su escrito de contestación, presentados por la Comisión y el representante.

 

  1. El ofrecimiento de la declaración de la presunta víctima presentado por el representante de la presunta víctima[2] en su escrito de observaciones a la excepción preliminar interpuesta por el Estado y allanamiento parcial del Estado presentado el 3 de agosto de 2020[3].

 

  1. La lista definitiva de la Comisión y las observaciones presentadas por el Estado y por el representante a la lista definitiva del declarante de la Comisión, y del perito recusado.

 

CONSIDERANDO QUE

 

  1. El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de la presunta víctima y el perito se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 41.1.c, 42, 46, 50, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”).

 

  1. La Comisión ofreció un peritaje. Los representantes no presentaron, dentro del plazo reglamentario, su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, pero posteriormente ofrecieron la declaración de la presunta víctima.

 

 

 

 

  1. El representante manifestó su acuerdo con la declaración ofrecida por la Comisión, así como respecto a lo solicitado por el Estado, de un peritaje realizado en otro caso. El Estado recusó el dictamen pericial ofrecido por la Comisión y presentó observaciones y objeciones respecto a su declaración y solicitó rechazar la práctica del peritaje.

 

  1. A continuación, la Presidenta examinará, en forma particular: a) necesidad de realizar una Audiencia Pública en el presente caso; b) recusación del Estado al perito ofrecido por la Comisión, y c) procedencia de recibir la declaración de la presunta víctima ofrecida por el representante.

 

  1. Necesidad de realizar una Audiencia Pública en el presente caso

 

  1. Esta Presidencia recuerda que el artículo 15 del Reglamento del Tribunal señala que “la Corte celebrará audiencias cuando lo estime pertinente”. Así, los artículos 45 y 50.1 del Reglamento facultan a la Corte o su Presidencia a convocar a audiencias cuando lo estimen necesario. Lo anterior expresa una facultad de la Corte o su Presidencia, que ejercerán motivadamente y de manera consecuente con las características del caso, los requerimientos procesales que deriven de ellas y la debida preservación de los derechos de las partes[4].

 

  1. La Presidenta nota que el Estado realizó un “allanamiento parcial de las pretensiones respecto al proceso administrativo sancionatorio que culminó con la destitución del señor Grijalva, en el caso”. Asimismo, luego de evaluar el Informe de Fondo y la contestación del Estado, y los demás documentos allegados en el proceso, advierte que, prima facie, sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente realice la Corte, subsisten únicamente controversias jurídicas. Asimismo, la Presidenta observa que las declaraciones ofrecidas pueden ser evacuadas de forma escrita por medio de affidávit.

 

  1. Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la pandemia por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en la actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública. Resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor, puedan ser subsanados.

 

  1. En razón de todo lo anterior, la Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la Corte, que no es necesario convocar a una audiencia pública en este caso, por razones de economía procesal. Las declaraciones que se rendirán serán, entonces, recibidas por escrito, de conformidad a lo que se indica en la parte resolutiva de la presente Resolución.

 

  1. Recusación del Estado al perito propuesto por la Comisión Interamericana

 

  1. La Comisión propuso al señor Michael J. Camilleri, para que rinda peritaje sobre “la aplicación de los estándares relativos a personas defensoras de derechos humanos y prohibición de represalias por el ejercicio de tal defensa mediante la libertad de expresión en el contexto de la denuncia pública de violaciones de derechos humanos. Concretamente a los estándares aplicables en casos en que las represalias se relacionan con el ejercicio del poder punitivo del Estado tanto penal como administrativo”.

 

  1. La Comisión señaló que la declaración propuesta se vincula con el orden público interamericano, pues posibilitaría a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre la aplicación de las garantías judiciales en un procedimiento administrativo sancionatorio y en un proceso bajo la jurisdicción militar, en particular sobre el derecho a contar con una autoridad imparcial, el derecho a la defensa, el principio de presunción de inocencia, la regla de la exclusión y el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas. Agregó que este Tribunal podría pronunciarse sobre los criterios para considerar a una persona como defensor o defensora de derechos humanos, así como sobre el deber de los Estados para no ejercer actos de represalia frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el marco de denuncia pública de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de una institución a la cual pertenece el denunciante.

 

  1. El Estado tanto en la contestación como en las observaciones a la lista definitiva de la Comisión señaló que el objeto del peritaje propuesto por la Comisión no responde a temas de orden público interamericano, ya que no se ha sustentado la relevancia del caso en ese contexto. Advirtió además que la jurisprudencia de la Corte ya se ha referido en forma abundante a los estándares internacionales relativos a las personas defensoras de derechos humanos y el ejercicio de tal defensa, para lo cual mencionó varios casos. Por lo que el Estado consideró que no se encuentra reunido el requisito del artículo 35.1.f) del Reglamento de la Corte y solicitó al Tribunal desechar tal propuesta. Además, el Estado presentó una recusación contra el ofrecimiento pericial de la Comisión pues alegó que de la hoja de vida el señor Michael J. Camilleri se desprende que laboró “desde febrero de 2010 hasta noviembre de 2012 [(dos años y nueve meses)] como parte del equipo de trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la [Comisión], estando entre sus funciones la redacción de informes de casos, informes nacionales y temáticos de ese organismo en temas de libertad de expresión , y representación de la [Comisión] en procesos ante la Corte”. Agregó el Estado que a) “en el tiempo en el cual el señor Camilleri trabajó en la [Comisión], la petición presentada por el señor Grijalva Bueno estuvo en trámite en etapa de fondo, por lo que es altamente probable que el señor Camilleri haya conocido del caso mientras trabajaba en esa Relatoría Especial”, y b) “esa circunstancia evidencia que el señor Camilleri tuvo una relación de subordinación funcional y vínculos estrechos con la [Comisión], que es la que lo propone como perito, lo que afecta sustancialmente su imparcialidad, incurriendo en la causal de recusación” establecida en el artículo 48.1.c) del Reglamento.

 

  1. En respuesta a la recusación presentada por el Estado, el señor Michael J. Camilleri manifestó “[…] que no tuv[o] participación alguna en el trámite del Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador durante el tiempo que trabaj[ó] como abogado de la secretaría de la CIDH y su relatoría especial para la libertad de expresión […]. Entiend[e] que, según los estándares establecidos por la Honorable Corte en casos anteriores, el mero hecho de haber servido anteriormente como funcionario de la CIDH no es causal suficiente para que proceda la recusación de un perito propuesto por este organismo [y] [v]alor[a] la importancia de la imparcialidad y de la apariencia de imparcialidad en estos asuntos”.

 

  1. La Presidenta procederá a analizar la admisibilidad del peritaje con fundamento en el artículo 35.1.f) del Reglamento, que supedita el eventual ofrecimiento de peritos cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo cual corresponde a la Comisión sustentar[5]. Y además examinará la recusación planteada por el Estado.

 

  1. Esta Presidencia nota que la Comisión sustentó de forma suficiente las razones por las que, en el presente caso, se afecta de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, al proponer la prueba pericial. Si bien el objeto del peritaje abarca elementos que este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia sobre la aplicación de las garantías judiciales en un procedimiento administrativo sancionatorio y en un proceso bajo la jurisdicción militar, el objeto propuesto también comprende los criterios relevantes para considerar a una persona como defensor o defensora de derechos humanos, así como sobre el deber de los Estados para no ejercer actos de represalia frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el marco de denuncias públicas de violaciones de derechos humanos cometidas por una institución a la cual pertenece el denunciante. En este sentido, el objeto del peritaje trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y puede, eventualmente, tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Parte en la Convención[6].

 

  1. El artículo 48.1.d del Reglamento dispone que los peritos podrán ser recusados, entre otros, por “ser o haber sido funcionario de la Comisión con conocimiento del caso en litigio en que se solicita su peritaje”. El señor Camilleri trabajó en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, y por esto el Estado señaló que es “altamente probable que el señor Camilleri haya conocido del caso mientras trabajaba en esa Relatoría Especial” sin documentarlo, frente a ello el señor Camilleri afirmó que durante tiempo que laboró para la Comisión no participó en el caso del Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Al respecto, la Presidencia nota que el señor Camilleri afirmó que no participó en el trámite del caso durante el tiempo que trabajó en la Comisión. Además, del expediente de la Comisión aportado en el presente caso no consta que haya participado en actos deliberativos de la Comisión en relación con el presente caso, de modo que no se advierte una afectación a su capacidad para rendir un peritaje jurídico que está circunscrito a los estándares relativos a personas defensoras de derechos humanos y la prohibición de represalias por el ejercicio de tal defensa mediante la libertad de expresión. Por lo anterior la Presidencia admite el ofrecimiento de la declaración pericial. El objeto y su modalidad será determinado en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).

 

  1. Procedencia de recibir la declaración de la presunta víctima como diligencia probatoria de oficio

 

  1. La Presidenta advierte que el momento procesal oportuno para que los representantes ofrezcan declaraciones es en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En el presente caso, este escrito fue presentado de forma extemporánea, lo cual imposibilitó a los representantes ofrecer declarantes en el proceso.

 

  1. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento, en cualquier estado de la causa la Corte podrá, “a) procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio u opinión estime pertinente”. En el presente caso, la Presidenta considera que, si bien no fue ofrecida en el momento procesal oportuno, resulta pertinente y necesaria recibir la declaración de la presunta víctima ya que puede ser útil para la resolución de este caso. En efecto, la Presidenta recuerda que la Corte ha destacado la utilidad de las declaraciones de las presuntas víctimas, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las violaciones alegadas y sus consecuencias[7]. Además, el Tribunal ha resaltado que las presuntas víctimas pueden ilustrar a la Corte respecto de las medidas de reparación que, eventualmente, podría adoptar[8]. Por tal motivo, se procederá a recabar su declaración por medio de affidávit y de conformidad con el objeto delimitado en la parte resolutiva.

 

 

POR TANTO:

 

LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

 

de conformidad con los artículos 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4, 26.1, 31.2, 35.1, 41.1, 46, 50, 53, 54, 56 a 58 y 60 del Reglamento,

 

RESUELVE:

 

  1. Requerir, por las razones expuestas en la presente Resolución, de conformidad con el principio de economía procesal y de la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, a las siguientes personas presenten su declaración y peritaje ante fedatario público (affidávit):

 

  1. Presunta Víctima (procurada de oficio por parte de la Corte)

 

  •  Vicente Aníbal Grijalva Bueno, quien declarará, de conformidad con el marco fáctico indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre: i) los alegados hechos del presente caso, ii) las alegadas afectaciones que ha padecido como consecuencia de los hechos del presente caso, y iii) las alegadas violaciones cometidas por el Estado en su contra.

 

  1. Perito (Propuesto por la Comisión)

 

  • Michael J. Camilleri, para que rinda peritaje sobre: i) aplicación de los estándares relativos a personas defensoras de derechos humanos y prohibición de represalias por el ejercicio de tal defensa mediante la libertad de expresión en el contexto de la denuncia pública de violaciones de derechos humanos, y ii) sobre los estándares aplicables en casos en que las represalias se relacionan con el ejercicio del poder punitivo del Estado tanto penal como administrativo.

 

  1. Instruir a la Comisión y a los representantes que notifiquen la presente Resolución a la presunta víctima y al perito por ellos propuestos, así como, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50.2 y 50.4 del Reglamento.

 

  1. Requerir a los representantes y al Estado que, de considerarlo pertinente, en los términos del artículo 50.5 del Reglamento, en el plazo improrrogable que vence el 29 de octubre de 2020, presenten las preguntas que estimen pertinente formular a través de la Corte Interamericana a los declarantes referidos en el punto resolutivo 1.

 

  1. Requerir a la Comisión y a los representantes que coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas, los declarantes incluyan las respuestas en las declaraciones respectivas rendidas ante fedatario público, salvo que esta Presidencia disponga lo contrario, cuando la Secretaría de la Corte las transmita. Las declaraciones requeridas en el punto resolutivo 1 deberán ser presentadas al Tribunal a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

 

  1. Disponer conforme al artículo 50.6 del Reglamento que, una vez recibidas las declaraciones, la Secretaría las transmita a la Comisión, al Estado y al representante, para que, si lo estiman pertinente y en cuanto les corresponda, presenten sus observaciones a más tardar con sus observaciones y alegatos finales escritos, respectivamente.

 

  1. Informar a la Comisión que debe cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento. Los gastos de la declaración de la presunta víctima serán cubiertos por este Tribunal.

 

  1. Requerir a la Comisión y al representante, que informen a las personas requeridas por la Corte para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal pondrá en conocimiento del Estado el caso en que la persona requerida para comparecer o declarar no comparecieren o rehusare deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.

 

  1. Informar al representante, al Estado y a la Comisión Interamericana que, en los términos del artículo 56 del Reglamento, cuentan con un plazo de un mes, contado a partir del día en que, de conformidad con lo establecido en el punto resolutivo 4, reciban las declaraciones señaladas en el punto resolutivo 1, para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable.

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Al representante de la presunta víctima y a la República de Ecuador.

 

 

Corte IDH. Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de octubre de 2020.

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

 

 

Comuníquese y ejecutese,

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

[1]           De conformidad con comunicaciones de la Secretaría de la Corte enviadas a las partes y a la Comisión, el plazo para presentar la contestación vencía el 7 de abril de 2020. No obstante, a partir del 17 de marzo de 2020 comenzó a regir la suspensión de términos prevista en el Acuerdo 1/20 de la Corte, motivada por la pandemia COVID-19, situación de púbico y notorio conocimiento. La suspensión de términos fue luego prorrogada hasta el 20 de mayo de 2020 inclusive, por el Acuerdo 2/20 de la Corte.

[2]           En el presente caso, la presunta víctima está representada por Francisco López-Bermúdez.

[3]           El representante presentó el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas el 3 de diciembre de 2019, cuando el plazo para su presentación vencía el 2 de diciembre de 2019, por lo que se consideró extemporáneo.

 

[4]           Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de mayo de 2006, Considerando 11, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de julio de 2020, Considerando 10.

 

[5]           Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, Supra, Considerando 16.

[6]           Cfr. Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2012, Considerando 9 y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de febrero de 2020, Considerando 16.

[7]           Cfr. Caso de la “Masacre de Pueblo Bello” Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 2005, Considerando 7, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, Supra, Considerando 24.

[8]           Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, Considerando 22, y Caso Martínez Esquevia Vs. Colombia, Supra, Considerando 24.

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