Corte IDH. Caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Serie C No. 437.

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO FAMILIA JULIEN GRISONAS VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

En el caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina,

 

la   Corte   Interamericana   de   Derechos   Humanos   (en   adelante      también                       “la   Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez,

 

presente, además,

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario**,

 

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento” o “el Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

 
  
  • El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte. El Juez Ricardo Pérez Manrique se excusó de participar en el presente caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte y 21 de su Reglamento, lo cual fue aceptado por la Presidenta, por lo que no participó en la deliberación y firma de esta

**             La Secretaria Adjunta, Romina I. Sijniensky, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia.

 

TABLA DE CONTENIDO

 

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA                                                                                                                5

  1. Excepción preliminar de incompetencia ratione temporis 8
  2. Excepción preliminar de incompetencia ratione materiae 11
  3. Excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos en relación con los agravios referidos a la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en conexión con la infracción de los deberes de reparar violaciones de derechos humanos y adecuar la normativa doméstica 12
  4. Excepción preliminar por violación del derecho de defensa y del debido proceso internacional en perjuicio del Estado argentino 13
  1. Admisibilidad de la prueba documental 15
  2. Admisibilidad de las declaraciones y de la prueba pericial 18
  1. Contexto 19
  2. Marco normativo relevante 24
  3. Hechos cometidos en perjuicio de la familia Julien Grisonas 26
  4. Procesos judiciales y administrativos promovidos 29
  1. Alegatos de la Comisión y de las partes 36
  2. Consideraciones de la Corte 37
  3. Alegatos de las partes y de la Comisión 43
  4. Consideraciones de la Corte 45
  5. Imprescriptibilidad de las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos 62
  1. Los mecanismos administrativos de reparación por graves violaciones a los derechos humanos 65
  2. Alegatos de la Comisión y de las partes 67
  3. Consideraciones de la Corte 67
  1. Parte lesionada 69
  2. Obligación de investigar 69
  3. Medidas de rehabilitación 71
  4. Medidas de satisfacción 72
  5. Garantías de no repetición 74

74

  1. Otras medidas solicitadas 76
  2. Indemnizaciones pecuniarias 76
  3. Costas y gastos 80
  4. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 81
  5. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 81

 

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

 

  1. El caso sometido a la – El 4 de diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Familia Julien-Grisonas” contra la República Argentina (en adelante también “el Estado”, “el Estado argentino” o “Argentina”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, las que habrían “iniciad[o] en un operativo policial y militar llevado a cabo [el 26 de septiembre de 1976,] durante la dictadura”, y que “continúan hasta el presente”. Asimismo, el caso tiene relación con la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por los hechos anteriores. De igual forma, se alegó la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por los actos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Anatole y Victoria1, hijo e hija del matrimonio Julien Grisonas, las que habrían ocurrido “a raíz del mismo operativo”.

 

  1. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

 

  1. Petición. – El 11 de noviembre de 2005 Eduardo Marques Iraola (en adelante “el representante”) presentó la petición inicial ante la Comisión.

 

  1. Informe de Admisibilidad y – El 21 de noviembre de 2017 la Comisión notificó a las partes la aplicación del artículo 36.3 de su Reglamento, en el sentido de diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. El 4 de mayo de 2019 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 56/19 (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 56/19”), en el que declaró admisible la petición, llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado.

 

  1. Notificación al – El Informe de Fondo fue notificado al Estado mediante comunicación de 4 de junio de 2019, y le fue otorgado el plazo de dos meses para que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas. A petición del Estado, la Comisión otorgó una primera prórroga. Argentina solicitó una segunda prórroga, para lo cual indicó que había “solicitado información a las distintas reparticiones del Estado” con relación al objeto del caso, la que no había recibido en su totalidad. Según la Comisión, en dicha oportunidad el Estado “no proporcionó información alguna que reflejara avances concretos dirigidos a dar cumplimiento a las recomendaciones”.

 

  1. Sometimiento a la Corte. – El 4 de diciembre de 2019 la Comisión sometió el presente caso a la Corte, según indicó, “ante la necesidad de obtención de justicia para las víctimas”2. Este Tribunal nota, con preocupación, que entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte transcurrieron más de 14 años.

 

  1. Solicitudes de la Comisión. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos al
 
  

1 Anatole Boris y Victoria Eva, hijo e hija biológicos de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, en virtud de haber sido adoptados por el matrimonio Larrabeiti Yáñez, se identifican como Anatole Alejandro y Claudia Victoria, de apellidos Larrabeiti Yáñez (infra párrs. 94 y 96 a 98). En esta Sentencia se emplean los nombres Anatole y Victoria, así como los nombres y apellidos con los que ambas personas se identifican actualmente.

2         La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al entonces Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al entonces Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, y designó como asesoras y asesor legales, respectivamente, a Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Analía Banfi Vique, abogado y abogada de la Secretaría Ejecutiva.

 

reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 3, 4.1, 5, 7.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional; los artículos I, incisos a) y b), y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante también “CIDFP”); así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “CIPST”), en perjuicio de Mario Roger Julien Cáceres, Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara distintas medidas de reparación.

 

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. Notificación al Estado y al representante. – El sometimiento del caso fue notificado al Estado3y al representante mediante comunicaciones de 16 de enero de 20204.

 

  1. Escrito de solicitudes, argumentos y – El 25 de mayo de 2020 el representante presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte. Para el efecto, en lo sustancial, coincidió con los alegatos de la Comisión y señaló que “compart[ía] las conclusiones y recomendaciones” incluidas en el Informe de Fondo. En forma adicional, alegó que habían sido múltiples las demoras, omisiones y negativas a investigar “los delitos genéricamente comprendidos” en lo que, para la época de los hechos, se conocía como “botín de guerra”, en referencia al “saqueo, ocupa[ción] y usurpa[ción]” de los bienes de la familia Julien Grisonas. Asimismo, el represente solicitó diversas medidas de reparación.

 

  1. Escrito de excepciones preliminares y de contestación. – El 5 de agosto de 2020 el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento del caso e Informe de Fondo de la Comisión y al escrito de solicitudes y argumentos del representante (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito el Estado planteó cuatro excepciones Solicitó que se declarara que no es responsable internacionalmente por las violaciones alegadas y, en consecuencia, que no fueran dispuestas medidas de reparación.

 

  1. Observaciones a las excepciones preliminares. – Mediante escritos de 23 de octubre de 2020, el representante y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares opuestas por el

 

  1. Audiencia Pública. – Mediante Resolución de 24 de marzo de 2021, la Presidenta de la Corte convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública sobre excepciones preliminares, y eventuales fondo, reparaciones y costas5. El representante, mediante escrito de 27 de marzo de 2021, solicitó la reconsideración de puntos específicos de la citada

 

 

 
  

3    Mediante comunicación de 15 de junio de 2020, el Estado designó como agente titular a Alberto Javier Salgado, y como agentes alternos a Gonzalo Luis Bueno y Andrea Viviana Pochak. Asimismo, mediante comunicación de 5 de agosto de 2020, Argentina designó como agentes alternos a Gabriela Laura Kletzel y Rodrigo Robles Tristán.

4 El 17 de marzo de 2020, por medio del Acuerdo 1/20 (disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_18_2020.pdf), el Tribunal dispuso suspender el cómputo de todos los plazos debido a la declaración de pandemia por la propagación del COVID-19 realizada por la Organización Mundial de la Salud, y en atención a los “Lineamientos Sanitarios Nacionales para la Vigilancia de la Infección por Coronavirus” dictados por el Ministerio de Salud Pública de la República de Costa Rica. Mediante Acuerdo 2/20 de 16 de abril de 2020 (disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_28_2020.pdf), dicha suspensión fue ampliada hasta el 20 de mayo de 2020, inclusive.

5     Cfr. Caso Julien Grisonas y otros Vs. Argentina. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de marzo de 2021. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/grisonas_y_otros_24_03_21.pdf.

 

Resolución6. Por su parte, la Corte accedió parcialmente a lo solicitado por medio de la Resolución de 19 de abril de 20217. La audiencia pública se celebró los días 10 y 11 de mayo de 2021 de manera virtual, durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte8.

 

  1. Amici Curiae. – El Tribunal recibió dos escritos en calidad de amicus curiae presentados por: a) la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin9, y b) la Línea de Investigación de Género, Derecho y Sociedad, y el Grupo de Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia10.

 

  1. Prueba e información para mejor resolver. – El 12 de mayo de 2021 la Presidenta de la Corte requirió a las partes que remitieran determinados documentos e información11. El Estado respondió al requerimiento el 14 de mayo de 2021 y al presentar sus alegatos finales El representante, por su parte, dio respuesta al remitir sus alegatos finales escritos. Asimismo, el 17 de junio de 2021 se requirió a la Comisión que remitiera específica información sobre el expediente de trámite ante dicho órgano12. El 23 de junio de 2021 la Comisión dio respuesta a lo solicitado. Por su parte, mediante comunicación de 24 de junio de 2021, la Presidenta solicitó a las partes determinada información relacionada con el requerimiento del 12 de mayo del mismo año13. Las partes dieron respuesta a dicho requerimiento mediante escritos presentados los días 30 de junio y 1 de julio de 2021. Por último, el 12 de julio de 2021 se requirió información a las partes sobre específicas diligencias practicadas en las causas judiciales a nivel interno14. Las partes, mediante escritos presentados los días 15 y 16 de julio de 2021, dieron respuesta a lo requerido.
 
  

6 El representante, mediante su solicitud de reconsideración, requirió que el señor Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y la perita Francesca Lessa declararan en audiencia pública.

7 La Corte accedió a la reconsideración planteada, en cuanto a recibir la declaración del señor Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez en la audiencia pública convocada. Cfr. Caso Julien Grisonas y otros Vs. Argentina. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de abril de 2021. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/juliengrisonas_19_04_21.pdf.

8 A la audiencia comparecieron: a) por la Comisión: Julissa Mantilla Falcón, Primera Vicepresidenta; Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Meza Flores y Analía Banfi Vique, Asesor y Asesora, respectivamente;

  1. por la representación de las presuntas víctimas: Eduardo Marques Iraola y Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, y
  2. por el Estado argentino: Alberto Javier Salgado, Director de la Dirección Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Gonzalo Luis Bueno, Asesor legal de la Dirección Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Andrea Viviana Pochak, Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Gabriela Laura Kletzel, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Rodrigo Albano Robles Tristán, Asesor legal de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos

9 El escrito fue firmado por Ariel Dulitzky. El documento se refiere a los estándares internacionales sobre desaparición forzada y a la doctrina de la responsabilidad compartida entre Estados.

10      El escrito fue firmado por María Daniela Díaz Villamil, Jessika Mariana Barragán, Laura Valentina Rocha Marcelo, Valentina Benítez Torres, Mariana Orozco Pinzón y Juliana Valentina Prieto. El documento se refiere a medidas de reparación con enfoque de género en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

11   El 12 de mayo de 2021 se requirió a las partes lo siguiente: a) copia del expediente judicial referido a la acción por daños y perjuicios promovida en 1996 por las presuntas víctimas contra el Estado Nacional, causa No. 14.846/96;

  1. b) información sobre el estado del trámite de los procedimientos administrativos instados conforme a las Leyes

24.411 y 25.914, y c) al Estado, que remitiera copia de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que mencionó la perita María José Guembe en su dictamen rendido en audiencia pública.

12 El 17 de junio de 2021 se requirió a la Comisión que informara sobre la incorporación, a su expediente de trámite, del dictamen de 17 de agosto de 2017 emitido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

13    El 24 de junio de 2021 se requirió a las partes que informaran sobre la suspensión del trámite de los expedientes administrativos instados conforme a las Leyes No. 24.411 y 25.914, y al Estado que informara acerca de las reformas incorporadas a los artículos 2560 y 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación.

14   El 12 de julio de 2021 se requirió a las partes que informaran sobre las respuestas brindadas a los requerimientos de las presuntas víctimas respecto de la intervención y consulta al Equipo Argentino de Antropología Forense sobre las acciones de búsqueda de los restos de la señora Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y del señor Mario Roger Julien Cáceres, así como de otras diligencias solicitadas en tal sentido.

 

  1. Alegatos y observaciones finales escritos. – El 11 de junio de 2021 la Comisión, el representante y el Estado remitieron, respectivamente, sus observaciones finales escritas y sus alegatos finales escritos, junto con distintos

 

  1. Observaciones a los anexos a los alegatos finales y a los requerimientos de prueba e información para mejor resolver. – El 23 de junio de 2021 el representante presentó sus observaciones a la respuesta brindada por el Estado al requerimiento del 12 de mayo del mismo año, incluidos los anexos remitidos por Argentina junto a sus alegatos finales En la misma fecha la Comisión indicó no tener observaciones al respecto. El 30 de junio y el

1 de julio de 2021, el representante y el Estado, respectivamente, presentaron sus observaciones a lo informado por la Comisión en virtud del requerimiento del 17 de junio de 2021. El 8 de julio de 2021 el Estado y el representante presentaron sus respectivas observaciones ante lo informado por ambas partes en respuesta al requerimiento del 24 de junio del mismo año. Por último, el 20 de julio de 2021 el Estado indicó no tener observaciones respecto de la información brindada por el representante en respuesta a la solicitud del 12 de julio de 2021. Por su parte, el 27 de julio de 2021 el representante y la Comisión remitieron sus observaciones al respecto (supra párr. 12).

 

  1. La Corte deliberó la presente Sentencia, por medio de una sesión virtual, durante los días 21 y 23 de septiembre de 202115.

 

III COMPETENCIA

 

  1. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 3 de la Convención Americana, en razón de que Argentina es Estado Parte de dicha Convención desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la competencia contenciosa de este Tribunal en esa misma fecha. Asimismo, el Estado argentino depositó los respectivos instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 31 de marzo de 198916, y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 28 de febrero de 199617.

 

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES

 

  1. En el presente caso, el Estado presentó cuatro excepciones preliminares relativas a los aspectos siguientes: a) excepción preliminar de incompetencia ratione temporis; b) excepción preliminar de incompetencia ratione materiae; c) excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos en relación con los agravios referidos a la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en conexión con la infracción de los deberes de reparar violaciones de derechos humanos y adecuar la normativa doméstica, y d) excepción preliminar por violación del derecho de defensa y del debido proceso internacional en perjuicio del Estado argentino.

 

A.  Excepción preliminar de incompetencia ratione temporis

 

A.1.  Alegatos de las partes y de la Comisión

 
  

15    Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 144° Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

16 De conformidad con el artículo 22 de la CIPST, “la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que [el] Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión”.

17 De conformidad con el artículo XX de la CIDFP, “la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que [el] Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión”.

 

  1. El Estado alegó que el representante, en el escrito de solicitudes y argumentos, pretende atribuirle responsabilidad internacional por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor, para Argentina, de la Convención Americana, la CIPST y la CIDFP. Agregó que también la Comisión, en el escrito de sometimiento del caso, utilizó una redacción ambigua que no permite distinguir entre los derechos cuya violación sería atribuible al Estado en perjuicio del matrimonio Julien Grisonas, y aquellos en perjuicio de Anatole y Victoria. Solicitó que se acoja la excepción interpuesta y, en consecuencia, que se “desestime […] todo planteo de la Comisión y del representante fundado en hechos ocurridos con anterioridad al 5 de septiembre de 1984”.

 

  1. El representante alegó que “el marco fáctico del caso incluye […] los hechos acaecidos el 26 de septiembre de 1976, cuando se inició el proceso constitutivo del crimen de desaparición forzada para los cuatro miembros de la familia Julien-Grisonas”. Señaló que las desapariciones forzadas de Anatole y Victoria no han cesado, pues el documento firmado el 2 de agosto de 1979 por los padres adoptivos y la abuela biológica “tuvo por objeto dejar aclaradas situaciones básicamente jurídicas y plasmar lo acordado con miras al futuro”. Sin embargo, los niños no solo no participaron ni tuvieron conocimiento del acuerdo, sino que, en los hechos, su vida permaneció En cuanto a la CIPST, argumentó que la tortura no se perpetra ni se agota en actos instantáneos, por lo que, al igual que la desaparición forzada, es “un crimen de carácter continuado”.

 

  1. La Comisión indicó que en el escrito de sometimiento del caso precisó que los hechos bajo juzgamiento son “las acciones y omisiones estatales ocurridas o que continuaron ocurriendo con posterioridad al 5 de septiembre de 1984”, a lo que agregó que “se encuentran dentro de la competencia de la Corte, los hechos relativos a la desaparición forzada de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, las cuales continúan hasta el presente, la falta de investigación y sanción respecto de los hechos de los cuales fueron víctimas los hermanos Anatole y Victoria, así como la falta de reparación adecuada”. Solicitó que se desestime la excepción preliminar

 

A.2.  Consideraciones de la Corte

 

  1. El Estado argentino reconoció la competencia contenciosa de esta Corte el 5 de septiembre de 1984, y en su declaración interpretativa indicó que el Tribunal tendría competencia respecto de “hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación” de la Convención Americana, efectuada en esa misma fecha18. En cuanto a la CIPST, la ratificación se efectuó el 18 de noviembre de 1988 y el depósito del instrumento de ratificación el 31 de marzo de 1989. Por su parte, la CIDFP fue ratificada por el Estado el 31 de octubre de 1995, y el depósito del instrumento respectivo lo hizo el 28 de febrero de

 

  1. Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, recogido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196919, la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa respecto de actos o hechos que hayan tenido lugar con anterioridad al reconocimiento de su competencia o, en su caso, a la fecha de entrada en vigor, para el Estado, de los tratados cuya violación se alega20.
 
  

18 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_ Humanos_firmas.htm.

19    Artículo 28: “Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

20 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 66; Caso Perrone y Preckel Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Serie C No. 384, párr. 19, y Caso Montesinos

 

  1. No obstante, la Corte ha afirmado que aun cuando las alegadas violaciones provengan de hechos previos, puede ser competente en la medida en que existan hechos independientes ocurridos dentro de su competencia temporal y que configuren violaciones autónomas y específicas, así como frente a hechos de carácter continuo o permanente, mientras continúe y se mantenga la violación a la obligación internacional21.

 

  1. En tal sentido, se advierte que la referencia efectuada por el representante en cuanto a los hechos acaecidos el 26 de septiembre de 1976 tiene relación con la alegada desaparición forzada de los cuatro miembros de la familia Julien Grisonas. Por su parte, la Comisión, en el escrito de sometimiento del caso, si bien efectuó una conclusión general sobre los derechos que consideró violados, sí efectuó una distinción de los hechos, en tanto indicó que sometía a la jurisdicción de la Corte las acciones u omisiones estatales concernientes a la desaparición forzada del señor Mario Roger Julien Cáceres y la señora Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, a la falta de investigación y sanción de los hechos que afectaron a sus hijos, Anatole y Victoria, y a la falta de una reparación adecuada.

 

  1. Al respecto, el Tribunal recuerda que el carácter continuo o permanente de la desaparición forzada de personas ha sido reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el cual el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos22. De esa cuenta, la Corte es competente para analizar los alegatos del representante y de la Comisión sobre la desaparición forzada del señor Julien Cáceres y de la señora Grisonas

 

  1. En cuanto al alegato del representante referido a la continuación de la desaparición forzada de Anatole y Victoria, el Tribunal denota que ambas personas, a partir de la determinación de su paradero por parte de su abuela biológica y del acuerdo al que esta llegó con sus padres adoptivos, plasmado en el documento del 2 de agosto de 1979, recuperaron su identidad y restablecieron los vínculos con su familia consanguínea. De esa cuenta, Anatole y Victoria fueron informados oportunamente sobre su identidad y origen, conocieron al resto de sus parientes biológicos y, siendo menores de edad, fueron consultados sobre el apellido que querían adoptar, optando por conservar los de sus padres adoptivos (infra párrs. 97 y 98)23. Por consiguiente, en congruencia con el criterio sostenido por esta Corte en casos previos, la desaparición forzada de la que Anatole y Victoria fueron víctimas cesó cuando la verdad sobre su identidad les fue revelada y, a su vez, les fueron garantizadas las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad, así como el vínculo familiar con sus parientes consanguíneos, lo que habría ocurrido, precisamente, a partir del acuerdo suscrito

 

 

 
  

Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 18.

21     Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 21, y Caso Perrone y Preckel Vs. Argentina, supra, párr. 20.

22     Cfr. Inter alia, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 155, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021. Serie C No. 434, párr. 62.

23   El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas señaló en 1981 que “dos niños uruguayos, de uno y cuatro años de edad, que habían sido secuestrados en Buenos Aires […] aparecieron tres meses más tarde abandonados en […] Valparaíso”, y agregó que “[l]a verdadera identidad de los niños se reveló en 1979, tras la búsqueda iniciada por los abuelos”. Cfr. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 22 de enero de 1981, U.N. Doc. E/CN.4/1435, párr. 172. Véase, además, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 31 de diciembre de 1981, U.N. Doc. E/CN.4/1492, párr. 41, e Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 9 de diciembre de 1983, U.N. Doc. E/CN.4/1984/21, párr. 28.

 

el 2 de agosto de 197924. En consecuencia, dada la fecha en que cesaron ambas desapariciones forzadas, la Corte carece de competencia ratione temporis para pronunciarse al respecto.

 

  1. Por otro lado, la Corte advierte que la alegada violación a los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST por “la falta de investigación y sanción” de los hechos que habrían afectado a Anatole y Victoria, por configurar argumentos sobre violaciones autónomas, sí corresponden con su competencia temporal, a partir de la ratificación por parte de Argentina del citado instrumento internacional25. Fuera de tales elementos, el Tribunal carece de competencia en torno a alegaciones sobre la violación de la citada CIPST, en particular en lo que atañe a la comisión de actos de tortura, por haber ocurrido estos antes de que el Estado ratificara dicho instrumento internacional o la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

  1. En congruencia con lo indicado, este Tribunal reafirma su jurisprudencia constante en cuanto a su competencia temporal, y dados los específicos argumentos invocados por el representante, se acoge parcialmente la excepción preliminar, con los alcances especificados en los dos párrafos

 

B.  Excepción preliminar de incompetencia ratione materiae

 

B.1.   Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado alegó que el Informe de Fondo incluyó la conclusión sobre la violación de distintos preceptos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante también “la Declaración Americana”). Indicó que esta excepción preliminar complementa la excepción ratione temporis. Sostuvo que, si bien la Corte puede interpretar las disposiciones de la Convención Americana a la luz de la Declaración Americana, ninguna norma convencional o de otra índole le otorga “facultades para establecer la violación de disposiciones comprendidas” en el último instrumento internacional. Solicitó que se acoja la excepción y, en consecuencia, que el Tribunal “se declare incompetente para determinar violaciones a las normas de la Declaración Americana”.

 

  1. El representante señaló que en el escrito de solicitudes y argumentos requirió la aplicación de la Declaración Americana con relación a hechos que “tuvieron ‘inicio con anterioridad’ a la entrada en vigor de la Convención[,] pero que, por su carácter continuado o permanente, persistieron, ‘con posterioridad’”.

 

  1. La Comisión alegó que en el escrito de sometimiento del caso no “solicit[ó] expresa ni tácitamente” que la Corte determinara violaciones a las normas de la Declaración Agregó que la alusión efectuada con relación a hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Convención Americana y demás tratados para Argentina, “es exclusivamente a los efectos de comprender los antecedentes de los hechos que dieron lugar a la responsabilidad internacional del Estado”. Solicitó que se desestime la excepción preliminar planteada.

 

B.2.   Consideraciones de la Corte

 
  

24 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 51, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 89. Coincide con el criterio, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Observación general sobre los niños y las desapariciones forzadas, 14 de febrero de 2013, U.N. Doc. A/HRC/WGEID/98/1, párrs. 9 y 10.

25 Cfr. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 18; Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360, párr. 34, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra, párr. 19.

 

  1. El Tribunal advierte que la Comisión, al someter el caso, no requirió que fueran declaradas violaciones a la Declaración Americana, lo que guarda congruencia con el alcance de la competencia contenciosa que a esta Corte le confiere la Convención Americana en su artículo 62.3. En virtud de lo anterior, este Tribunal no declarará violaciones a la referida Declaración Americana. Cabe agregar que los argumentos del representante aluden a hechos que, como fue indicado, exceden la competencia temporal de esta Corte (supra párrs. 26 y 27).

 

  1. Por consiguiente, se desestima la excepción preliminar

 

C.   Excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos en relación con los agravios referidos a la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en conexión con la infracción de los deberes de reparar violaciones de derechos humanos y adecuar la normativa doméstica

 

C.1.  Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado alegó que durante el trámite ante la Comisión sostuvo que “el reclamo de reparación […] puede satisfacerse con las indemnizaciones y la pensión contempladas en los regímenes de las leyes especiales de reparación […], leyes [No.] 24.411, 25.914 y 26.913”. Argumentó que “con posterioridad a la presentación de la petición […] el representante […] impulsó los expedientes de indemnizaciones de las leyes especiales” señaladas, por lo que el caso resulta “inadmisible” a la luz del principio de complementariedad del Sistema Solicitó que se acoja la excepción preliminar interpuesta y, en consecuencia, que la Corte “se abstenga de considerar tales agravios”.

 

  1. El representante señaló que la nota inicial del Estado en el trámite ante la Comisión tuvo por objeto “abrir un espacio de diálogo”, sin que “formul[ara] […] objeción”, habiéndose referido a las leyes reparatorias en el Agregó que los procedimientos previstos en dichas leyes son “esencialmente opcionales para las víctimas [y] no son idóneos […] para responder y cubrir los múltiples y graves daños ocasionados”.

 

  1. La Comisión indicó que en el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 56/19 analizó el tema y concluyó que, al “trata[rse] de alegatos de graves violaciones a los derechos humanos, los recursos internos que deb[ía]n tomarse en cuenta a los efectos de la admisibilidad de la petición [era]n los relacionados con la investigación penal y eventual sanción a los responsables”. Señaló que, derivado de la decisión de las presuntas víctimas de optar por la vía judicial en lugar de la administrativa, no se pronunció sobre la necesidad de agotar esta última. Solicitó que se desestime la excepción preliminar

 

C.2.   Consideraciones de la Corte

 

  1. El artículo 46.1, inciso a), de la Convención Americana dispone que, para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión de conformidad con los artículos 44 o 45 del mismo instrumento, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos26.

 

  1. El Tribunal reitera que una objeción al ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada durante la admisibilidad
 
  

26     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 85, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C No. 412, párr. 20.

 

del procedimiento ante la Comisión27. Por tanto, el Estado debe, en primer lugar, precisar claramente ante la Comisión, durante la etapa de admisibilidad del caso, los recursos que, en su criterio, aún no se habrían agotado. Por otra parte, los argumentos que dan contenido a la excepción preliminar interpuesta por el Estado ante la Comisión durante la etapa de admisibilidad deben corresponder con aquellos esgrimidos ante la Corte28.

 

  1. En tal sentido, el Tribunal constata que, mediante la comunicación del 14 de noviembre de 2017, la Comisión informó que había decidido analizar “conjuntamente en su oportunidad […] la admisibilidad y el fondo del asunto”29. Ante ello, por medio de la nota de 20 de septiembre de 2018 y previo a la emisión del Informe de Admisibilidad y Fondo No. 56/19, el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible, entre otras cuestiones, porque “las leyes reparatorias resulta[ba]n ser los mecanismos adecuados para dar una respuesta satisfactoria a los reclamos de índole pecuniaria”, para lo cual adjuntó un informe de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el que fueron abordados los mecanismos de las Leyes No. 24.411 y 25.91430. A partir de lo anterior, el Tribunal advierte que Argentina formuló oportunamente sus argumentos en torno a los mecanismos ofrecidos por las dos leyes citadas, sin invocación de la Ley No. 26.913, como las vías adecuadas para satisfacer determinados reclamos formulados por los peticionarios, con base en lo cual solicitó que la petición no fuera

 

  1. Al respecto, la Corte recuerda que los recursos destinados exclusivamente al otorgamiento de reparaciones no necesariamente deben ser agotados por las presuntas víctimas, por lo que no inhiben su competencia para conocer de un caso31. En definitiva, el Tribunal considera que, en casos como el presente, en el que se alegan graves violaciones a los derechos humanos, los recursos internos que satisfacen los requerimientos de admisibilidad de la petición son los relacionados con la investigación penal y la eventual sanción de los responsables32, respecto de los cuales fueron formulados alegatos específicos sobre su falta de efectividad y demora excesiva, lo que será objeto del análisis de

 

  1. Con base en las consideraciones efectuadas, la Corte desestima la excepción preliminar

 

D.    Excepción preliminar por violación del derecho de defensa y del debido proceso internacional en perjuicio del Estado argentino

 

D.1.   Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. El Estado alegó que a pesar de haber formulado “argumentos muy concretos en los cuales […] justificó que, en materia de reparaciones[,] […] no se habían agotado […] los
 
  

27 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra, párr. 88, y Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 425, párr. 21.

28       Cfr. Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 29, y Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párr. 21.

29   Cfr. Comunicación de 14 de noviembre de 2017 remitida por la Comisión (expediente de prueba, tomo II, trámite ante la Comisión, folios 2388 y 2389).

30      Cfr. Nota de 20 de septiembre de 2018 presentada por el Estado (expediente de prueba, tomo II, trámite ante la Comisión, folios 2287 a 2306). La nota adjuntó el informe de 11 de julio de 2018, rendido por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

31 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 38, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332, párr. 38.

32 Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328, párr. 46.

 

recursos internos disponibles”, la Comisión “obvió por completo toda consideración de tales argumentos”. Agregó que los artículos 46.1 de la Convención Americana y 31 del Reglamento de la Comisión incluyen “un imperativo legal insoslayable”, referido a la verificación del adecuado agotamiento de los recursos internos, por lo que la falta de respuesta de la Comisión “supone la violación del debido proceso internacional en perjuicio del Estado”. Solicitó que se acoja la excepción preliminar y, en consecuencia, que la Corte “se abstenga de considerar todo agravio relativo a la alegada ‘falta de reparación integral’”.

 

  1. El representante alegó que en ningún momento previo al Informe de Admisibilidad y Fondo No. 56/19, el Estado “introdujo un cuestionamiento concreto, oportuno, claro y debidamente fundado” con relación a la admisibilidad de la petición.

 

  1. La Comisión indicó que, derivado de la autonomía e independencia que le amparan, la facultad de la Corte para realizar un control de legalidad sobre sus actuaciones procede solamente “en casos excepcionales en que exista un error grave que vulnere el derecho de defensa de las partes”. Indicó que en su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 56/19 analizó lo pertinente con base en los argumentos de las Agregó que el Estado no demostró la existencia de un error grave que haya vulnerado su derecho de defensa, pues sus argumentos se refieren a una discrepancia con los criterios expuestos en el análisis de admisibilidad de la petición. Solicitó que se desestime la excepción preliminar planteada.

 

D.2.   Consideraciones de la Corte

 

  1. Los alegatos del Estado constituyen una solicitud de control de legalidad del actuar de la Comisión. Al respecto, la Corte recuerda que, en asuntos que estén bajo su conocimiento, tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión, pero esto no supone necesariamente revisar de oficio el procedimiento que se llevó a cabo ante dicho órgano. Dicho control puede proceder, entonces, en aquellos casos en que alguna de las partes alegue que exista un error grave que vulnere su derecho de defensa, en cuyo caso debe demostrar efectivamente tal No resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión Interamericana33.

 

  1. En principio, ante el alegato del representante, la Corte reitera que el Estado formuló oportunamente sus argumentos en torno a la inadmisibilidad del caso ante la Comisión. Por su parte, en el Informe No. 56/19, al analizar la admisibilidad de la petición, específicamente el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la Comisión señaló que “en casos […] que involucran alegatos de graves violaciones a los derechos humanos, los recursos internos que deben tomarse en cuenta […] son los relacionados con la investigación penal”, a partir de lo cual hizo el examen sobre el trámite y los resultados de las causas de orden penal relacionadas con los hechos del

 

  1. Con base en lo indicado, la Corte aprecia que la Comisión sí analizó lo relativo al agotamiento de los recursos de jurisdicción interna para decidir acerca de la admisibilidad de la petición. Cuestión distinta es que el Estado no comparta el razonamiento de la Comisión, lo que, por constituir una mera discrepancia de criterios, no configura una grave violación del derecho de defensa del Estado y no es viable de ser alegado para pretender un control de las actuaciones de aquel órgano. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar

 

V PRUEBA

 

 
  

33       Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 32, y Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párr. 22.

 

A.   Admisibilidad de la prueba documental

 

  1. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y las partes junto con sus escritos principales (supra párrs. 4, 7 y 8). Como en otros casos, son admitidos aquellos documentos presentados oportunamente (artículo 57 del Reglamento)34por las partes y la Comisión, cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada, ni cuya autenticidad fue puesta en duda35.

 

  1. Asimismo, la Comisión y las partes identificaron distintos documentos por medio de enlaces electrónicos. Al respecto, conforme ha establecido este Tribunal, si se proporciona al menos el correspondiente enlace electrónico directo del documento que se cita como prueba y es posible acceder a este, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque es inmediatamente localizable por la Corte y por las otras partes36. En tal sentido, son admitidos los documentos respecto de los cuales es factible acceder al enlace citado37.
 
  

34 La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda, y no es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento (a saber, fuerza mayor, impedimento grave) o salvo si se tratara de un hecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.

35 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 140, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 33.

36   Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 26, y Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 33.

37       Se trata de la prueba siguiente: a) identificada en el Informe de Fondo: i) Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional     sobre    la    Desaparición     de    Personas,    Buenos     Aires,    Eudeba,     1984,     disponible en: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/; ii) El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. Ministerio de    Cultura,     Presidencia     de    la    Nación     Argentina,     Edición     Cultura     Argentina,     disponible en: https://librosycasas.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/LC_NuncaMas_Digital1.pdf; iii) La Judicialización de la Operación Cóndor. Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Argentina,     Buenos     Aires,     noviembre     de     2015,     disponible      en:        https://www.fiscales.gob.ar/wp- content/uploads/2015/11/Informe-ProcuLesa-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf; iv) Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, República Oriental del Uruguay, Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, ficha perteneciente a Julien Cáceres, Mario Roger, legajo L.D.D. No. 064, disponible en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado- reciente/files/documentos/publicaciones/JULI%C3%89N%20C%C3%81CERES%2C%20Mario%20Roger%20ficha%2 0accesible.pdf; v) Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005, causa “Simón, Julio  Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. –causa No. 17.768–”, disponible en: https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Simon-CSJN.pdf; vi) Descripción general de los juicios en la Argentina. Centro de Información Judicial, disponible en: https://www.cij.gov.ar/lesa-humanidad.html, y vii) Resolución emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 el 6 de septiembre de 2006, causa No. 2637/04, disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-1190-.html; b) identificada en el escrito de solicitudes y argumentos: i) documental “Los huérfanos del Cóndor”. Cauri films y France 2, 2003, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=v9SL6sVYmaA; ii) Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 28 de marzo de 2017, causa No. CSJ 203/2012 (48-V)/CS1, “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-25380-La-Corte-Suprema–por-mayor-a–ratific–su- precedente-sobre-la-prescripci-n-de-acciones-civilescontra-el-Estado-en-juicios-de-lesa-humanidad.html;  iiii) Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de mayo de 2019, causa No. CSJ 9616/2018/1/RH1, “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint Sociedad Anónima Compañía Técnica Internacional s/ – accidente ley especial”, disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-34417-Las-acciones-laborales-por-da-os- derivados-de-delitos-de-lesahumanidad-son-prescriptibles.html; iv) nota de prensa publicada en sudestada.com.uy el 20 de mayo de 2020, titulada: “Los legajos inculpan a los responsables del terrorismo de Estado”, disponible en: https://www.sudestada.com.uy/articleId 32722c02-96e3-408a-a594-73fc4c1ff643/10893/Detalle-de-Noticia; v) nota de prensa publicada en sudestada.com.uy el 20 de mayo de 2020, titulada: “Plan Cóndor: las justas razones para la prisión perpetua de 13 uruguayos”, disponible en: https://www.sudestada.com.uy/articleId 275b301a- c1d7-47c8-8874-ac384543aca4/10893/Detalle-de-Noticia, y vi) Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 de diciembre de 2019, causa No. CSJ 2148/2015/RH1, “Farina, Haydée Susana s/ homicidio culposo”, disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-36553-Prescripci-n–la-Corte-Suprema-rechaz–unadoctrina- del-fuero-penal-de-la-provincia-de-Buenos-Aires-contraria-al-principio-delegalidad.html; y c) identificada en el escrito           de           contestación:     i)     Ley     No.     27.143,     disponible           en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248442/norma.htm; ii) Observatorio Luz Ibarburu, causa “Gavazzo Pereyra, José Nino; Arab Fernández, José Ricardo – un delito de privación de libertad”, dispone en: https://www.observatorioluzibarburu.org/causas/139; iii) Observatorio Luz Ibarburu, causa “Chargonia,

 

  1. Ahora bien, mediante escritos del representante de 8 de septiembre y 30 de noviembre de 2020, 11 de marzo y 12 de julio de 2021, así como del Estado de 16 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, ambas partes presentaron distintos documentos no remitidos con anterioridad, bajo el
 
  

Pablo”, dispone en: https://www.observatorioluzibarburu.org/causas/141; iv) nota publicada por la Presidencia de la República Argentina el 24 de marzo de 2004, titulada: “Palabras del Presidente de la Nación, Doctor Néstor Kirchner, en el acto de firma del convenio de la creación del Museo de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24549-blank-79665064; v) nota de prensa publicada en el periódico Página 12 el 28 de julio de 2020, titulada “Plan Cóndor: ‘Argentina en el país que más avanzó en el juzgamiento de los delitos’”, disponible en: https://www.pagina12.com.ar/281127-plan-condor- argentina-es-el-pais-que-mas-avanzo-en-el-juzgam; vi) Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, causa No. 13/84, y Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre de 1986, disponibles en: https://www.mpf.gob.ar/lesa/jurisprudencia/sentencia-del-juicio-a-los-comandantes-causa-1384/; vii) CIDH, Informe No. 21/00, Caso 12.059, Carmen Aguiar de Lapacó. Argentina. 29 de febrero de 2000, disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/Soluci%C3%B3n%20Amistosa/Argentina12059.htm; viii) Acordada No. 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 29 de diciembre de 2008, disponible en: https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=29471; ix) Resolución PGN 1442/13 de la Procuración General de la Nación de 29 de julio de 2013 disponible en: https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2013/PGN-1442-2013- 001.pdf; x) Ley No. 26.691, Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm; xi) Resolución No. 2318/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 29 de octubre de 2012, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/204246/texact.htm; xii) Ley No. 23.511, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21782/norma.htm; xiii) Ley No. 25.457, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68738/norma.htm; xiv) Resolución PGN 435/12 de la Procuración General de la Nación de 23 de octubre de 2012 disponible en: https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2012/PGN-0435-2012-002.pdf; xv) Ley No. 27.148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, disponible en: https://www.mpf.gob.ar/wp- content/uploads/2018/08/Ley_organica_2018.pdf; xvi) Resolución PGN 398/12 de la Procuración General de la Nación de 19 de octubre de 2012 disponible en: https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2012/PGN-0398-2012- 002.pdf; xvii) Ley No. 27.372, Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delito, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276819/norma.htm; xviii) Ley No. 26.548, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160772/norma.htm; xix) Ley No. 26.549, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000- 164999/160779/norma.htm;   xx)                                                    Ley            No.             26.550,       disponible          en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160777/norma.htm; xxi) Resolución No. 274/2016 del Ministerio de Seguridad de 24 de junio de 2016, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263058/norma.htm; xxii) Resolución No. 166/2011 del Ministerio de Seguridad de 14 de abril de 2011, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181228/norma.htm; xxiii) Ley No. 23.053 disponible en: http://www.saij.gob.ar/23053-nacional-reingreso-al-cuadro-permanente-activo-servicioexterior- nacion-funcionarios-declarados-prescindibles-lns0003149-1984-02-22/123456789-0abc-defg-g94-13000scanyel;

xxiv)     Ley     No.     23.117,     disponible      en:            http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000- 29999/27024/norma.htm;             xxv)            Decreto             No.            2407,                       disponible      en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310411/norma.htm; xxvi) Ley No. 23.466, disponible en:                 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63251/texact.htm; xxvii) Ley No. 24.043, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/442/texact.htm; xxviii) Ley No. 26.564, disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/157486/Ley%2026564.pdf; xxix) Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de julio de 2007, M. 2333. XLII. y otros, “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec.              de       casación     e               inconstitucionalidad”,                         disponible      en: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6305031&cac he=1596248222950; xxx) comunicado publicado por el Ministerio Público Fiscal el 23 de marzo de 2020, titulado “24 de marzo: la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó los datos sobre el proceso de juzgamiento”, disponible en: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/24-de-marzo-la-procuraduria-de-crimenes-contra-la- humanidad-actualizo-los-datos-sobre-el-proceso-de-juzgamiento/; xxxi)            Ley   No.             25.778,       disponible       en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/88138/norma.htm; xxxii) nota de prensa publicada en el periódico Página 12 el 11 de mayo de 107, titulada “Un rechazo que se convirtió en inmensa multitud”, disponible en: https://www.pagina12.com.ar/36972-un-rechazo-que-se-convirtio-en-inmensa-multitud; xxxiii) Ley No. 27.362, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=274607; xxxiv) Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 4 de diciembre de 2018, disponible en: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7493413&cac he=1596267246165;                xxxv)    Ley        No.                      26.679,                     disponible        en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=9CBDBB43E8EE9450C27A19514B1B2588?id

=181888; y xxxvi) valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires, junio       de               2020,                Ministerio de                  Economía,    disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_07_205381DE6C24.pdf.

 

argumento de referirse a hechos nuevos o sobrevinientes. La Corte recuerda que, de conformidad con el artículo 57.1 del Reglamento, la oportunidad para la presentación de la prueba documental es, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. Ante ello, el Tribunal reitera que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en los casos de las excepciones establecidas en el artículo 57.2 del Reglamento, a saber: fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales38. En tal sentido, distintos documentos remitidos por las partes en las referidas oportunidades dan cuenta de hechos vinculados al caso, ocurridos con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos y al escrito de contestación. Por lo tanto, resultan prueba de hechos supervinientes, en los términos del artículo 57.2 del Reglamento, por lo que, al no existir objeción, son admitidos39. No se admiten los documentos de los cuales no es posible determinar si se refieren a hechos posteriores a la presentación de los escritos principales, por no haberse consignado su fecha40, y aquellos respecto de los cuales no es factible acceder al enlace electrónico identificado41 (supra párr. 49). Por su parte, el Estado señaló que el documento citado por el representante en su escrito del 12 de julio de 2021 no guarda “relación […] con los hechos” del caso. La Comisión señaló que dicho documento se refiere a la coordinación represiva durante la “Operación Cóndor”. La Corte advierte que la nota de prensa publicada en fecha posterior al escrito de solicitudes y argumentos, cuyo enlace electrónico fue identificado por el representante en su escrito de 12 de julio, tiene relación con el contexto en que se habrían cometido los hechos del presente proceso, por lo que admite dicho documento42.

 

  1. Mediante escrito del 17 de agosto de 2021, el representante remitió distintos documentos referidos a un proceso judicial tramitado a nivel interno, para lo cual indicó que “no correspond[ía] invocar un hecho nuevo”. El Estado solicitó que los documentos no fueran admitidos por extemporáneos. La Corte advierte que los documentos remitidos corresponden a actuaciones judiciales que datan de 2016, por lo que, al no concurrir alguno de los supuestos del artículo 57.2 del Reglamento ni haber sido solicitados por el Tribunal, no son admitidos.

 

  1. Por otro lado, el Estado y el representante remitieron distintos documentos en atención a los requerimientos efectuados por la Presidencia, con fundamento en el artículo b del
 
  

38      Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 17, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Serie C No. 431, párr. 32.

39 Se trata de la prueba siguiente: a) identificada por el representante en su escrito de 8 de septiembre de 2020: nota de prensa publicada en el periódico “The Guardian” el 3 de septiembre de 2020, titulada “Operation Condor: the cold war conspiracy that terrorised South America”, disponible en: https://www.theguardian.com/news/2020/sep/03/operation-condor-the-illegal-state-network-that-terrorised-south- america; b) aportada por el Estado el 16 de noviembre de 2020: i) comunicados publicados por el Ministerio Público Fiscal el 28 de agosto y el 16 de octubre de 2020, y ii) registro audiovisual de la audiencia emitida en directo el 16 de octubre de 2020, Centro de Información Judicial; c) aportada por el representante el 30 de noviembre de 2020: veredicto emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal No. 1 el 27 de noviembre de 2020, causa No. 3002; d) aportada por el Estado el 3 de diciembre de 2020: i) veredicto emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal No. 1 el 27 de noviembre de 2020, causa No. 3002, y ii) registro audiovisual de la audiencia emitida en directo el 27 de noviembre de 2020, Centro de Información Judicial, y e) aportada por el representante el 11 de marzo de 2021: i) Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal No. 1 el 3 de marzo de 2021, causa No. 3002; ii) escrito de 9 de marzo de 2021 presentado por el Fiscal General Titular de la Unidad de Asistencia para causas de violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1, causa No. 2261; iii) escrito presentado el 18 de febrero de 2021 por Eduardo Marques Iraola ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y iv) Resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en febrero de 2021, causa No. 2637/2004.

40 Se trata del documento siguiente, remitido por el representante el 8 de septiembre de 2020: escrito, sin fecha, presentado por Eduardo Marques Iraola ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

41       Se trata de los documentos siguientes, citados por el representante en su escrito de 30 de noviembre de 2020:

  1. i) registro de la audiencia del juicio oral del 23 de octubre de 2020, y ii) nota de prensa relacionada con la convocatoria a audiencia por la Corte de Casación de

42 Se trata del documento siguiente: nota de prensa publicada por “France 24” el 9 de julio de 2021, titulada “Condena definitiva a cadena perpetua en Italia para 14 represores sudamericanos por Plan Cóndor”.

 

Reglamento (supra párr. 12), por lo que son admitidos43. No obstante, al presentar sus alegatos finales, el 11 de junio de 2021, el Estado remitió otros dos documentos que no corresponden con el requerimiento efectuado y cuya presentación no fue justificada en alguna de las causales previstas en el artículo 57.2 del Reglamento, aunado a que no se refieren a hechos posteriores al escrito de contestación, por lo que no son admitidos44.

 

  1. Por último, la Corte recuerda que, conforme a su jurisprudencia, las notas de prensa45y el material audiovisual46 aportados por las partes son admitidos y apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso, siempre que sea posible constatar su fuente y fecha de publicación47. Por tanto, la Corte decide admitir los documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica48.

 

B.  Admisibilidad de las declaraciones y de la prueba pericial

 

  1. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas ante fedatario público49y en audiencia pública50 en la medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia y por la Corte en las Resoluciones mediante las cuales se ordenó su recepción, y al objeto del presente caso51.

 

VI HECHOS

 

  1. Los hechos del presente caso serán determinados por la Corte con base en el marco fáctico presentado por la Comisión, los alegatos de las partes y las pruebas aportadas. Al respecto, cabe señalar que Argentina expresamente indicó que los hechos “referidos a los crímenes perpetrados por la […] dictadura […] en el marco del terrorismo de Estado y en el contexto de la coordinación represiva del Plan Cóndor, no están en discusión”, y que “no puede ni quiere desconocer los gravísimos hechos que damnificaron profundamente a la familia Julien Grisonas”.
 
  

43 Anexos remitidos por el Estado mediante escritos de 14 de mayo, 11 de junio, 1 de julio y 16 de julio de 2021 (expediente de prueba, tomos XIV, XVI, XVII y XIX, folios 17063 a 17830, 18147 a 21081 y 21108 a 21249), y anexos remitidos por el representante mediante escritos de 11 de junio y 15 de julio de 2021 (expediente de prueba, tomos XV y XVIII, folios 17831 a 18146, y 21082 a 21107).

44 Se trata de los documentos siguientes: a) certificación de “las constancias que dan cuenta de intercambios de comunicación que h[a] sostenido [la] Secretaria [del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3] con colaboración en la causa [No.] 2637/04, con las víctimas Anatole y Victoria”, vía correo electrónico, y b) oficio de 10 de junio de 2021, mediante el cual el titular del referido juzgado remitió dicha certificación a la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

45 Cfr. Anexo V al escrito de solicitudes y argumentos (expediente de prueba, tomo III, folio 2735), y anexos remitidos por el representante el 8 de septiembre de 2020 y el 12 de julio de 2021, y por el Estado el 16 de noviembre de 2020 (expediente de prueba, tomo VII, anexos sobre hechos sobrevinientes, folios 15968 a 15975).

46     Cfr. Anexo X al escrito de solicitudes y argumentos (expediente de prueba, tomo III), y anexos remitidos por las partes en respuesta al requerimiento de prueba para mejor resolver (expediente de prueba, tomos XVIII y XIX).

47 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 146, y Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2021. Serie C No. 429, párr. 19.

48 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37 párr. 76, y Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, supra, párr. 19.

49       La Corte recibió el peritaje rendido ante fedatario público de Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folios 16992 a 17057).

50     En audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez. En la misma audiencia fueron rendidos los dictámenes periciales de Pablo Parenti, María José Guembe y Juan Ernesto Méndez, peritajes que también fueron recibidos por escrito (expediente de prueba, tomos XI y XIII, folios 16890 a 16990 y 17058 a 17060).

51       Los objetos de las declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución de la Presidenta de la Corte de 24 de marzo de 2021, y en la Resolución de la Corte de 19 de abril de 2021.

 

  1. De esa cuenta, es preciso destacar la trascendencia histórica del caso, pues el contexto en el que sucedieron los hechos respondía a específicas coordinaciones existentes entre Estados, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional y de la persecución de quienes eran calificados como “subversivos”, todo lo cual repercutió en una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos52. De esa cuenta, para su mejor comprensión, los hechos serán determinados en el orden siguiente: a) contexto; b) marco normativo relevante; c) hechos cometidos en perjuicio de la familia Julien Grisonas, y d) procesos judiciales y administrativos Los hechos anteriores a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte por parte de Argentina, se enuncian como antecedentes.

 

A.   Contexto

 

A.1.  La dictadura en Argentina durante el período 1976-1983

 

  1. El 24 de marzo de 1976 los comandantes generales de las Fuerzas Armadas Argentinas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Para el efecto, fue conformada una Junta Militar que asumió el poder político53. A partir de dicha fecha se instauró una dictadura54que, bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”, se prolongó hasta el 10 de diciembre de 198355.

 

  1. Para llevar adelante el referido “Proceso de Reorganización Nacional”, la Junta Militar fijó, inter alia, el propósito siguiente: “[r]estituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, […] erradicar la subversión y promover el desarrollo económico […] a fin de asegurar la […] instauración de una democracia republicana, representativa y federal”56. Con base en ello, la Junta “[d]eclar[ó] caducos los mandatos” de la Presidenta de la Nación, disolvió el Congreso de la Nación y removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras autoridades57.

 

A.2.  El plan sistemático de represión durante la dictadura

 

  1. Durante el período del gobierno militar se implementó y ejecutó un “plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil”, justificado en la “lucha contra la subversión”. Si bien las acciones de represión iniciaron con anterioridad al golpe de Estado, fue a partir de este que “se implantó la desaparición forzada de personas como metodología sistemática mediante un plan diseñado desde el Estado”58, lo que determinó una práctica

 

 
  

52     Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrs. 61.5 y 61.6, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 44.

53     Cfr. Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, causa No. 13/84 (supra nota a pie de página 37).

54       En este Fallo, al hacer mención de la “dictadura”, el “gobierno militar” u otras referencias similares, se alude al régimen político instaurado durante el período 1976-1983 en Argentina.

55        El 10 de diciembre de 1983 fueron reestablecidas las instituciones constitucionales con la toma de posesión de Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación. Véase, El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación Argentina, Edición Cultura Argentina, págs. 13, 15 y 30 (supra nota a pie de página 37).

56     Cfr. “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”, dictada por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976, documento citado en la Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, causa No. 13/84.

57 Cfr. “Acta para el Proceso de Reorganización Nacional”, dictada por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas Argentinas el 24 de marzo de 1976, documento citado en la Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, causa No. 13/84.

58   Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo I.B, El secuestro (supra nota a pie de página 37), y El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación Argentina, Edición Cultura Argentina, pág. 22.

 

sistemática de “terrorismo de Estado”59.

 

  1. Dicho plan, caracterizado por su clandestinidad, incluyó, entre otras, las acciones siguientes, calificadas como “graves violaciones a los derechos humanos” y “delitos de lesa humanidad” por los tribunales argentinos:

 

  1. capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión […]; b) conducirlos a lugares situados en unidades militares o bajo su dependencia; c) interrogarlos bajo tormentos […]; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas […]; e) realizar todas esas acciones con las más absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, […] mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar de alojamiento[,] y f) dar amplia libertad a los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o eliminado físicamente. […] Asimismo, se garantizaba la impunidad de los ejecutores mediante la no interferencia en sus procedimientos, el ocultamiento de la realidad ante los pedidos de informes, y la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública […] de que las denuncias realizadas eran falsas […]60.

 

A.3.  La coordinación represiva en el marco de la “Operación Cóndor”

 

  1. El contexto en el que ocurrieron los hechos del presente caso tiene relación con las coordinaciones interestatales dirigidas a garantizar la persecución de quienes eran calificados como “elementos subversivos” en el marco de la “Operación Cóndor”. La existencia de dicha operación fue reconocida por este Tribunal en los casos Goiburú y otros Vs. Paraguay, y Gelman Uruguay, en los términos siguientes:

 

La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur asumieron el poder o estaban en el poder durante la década de los años setenta […]. El soporte ideológico de todos estos regímenes era la “doctrina de seguridad nacional”, por medio de la cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como “enemigos comunes” sin importar su nacionalidad. […] En este marco, tuvo lugar la llamada “Operación Cóndor”, nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. […] [D]urante la década de los setenta los servicios de inteligencia de varios países del Cono Sur del continente americano conformaron una organización interestatal con fines criminales complejamente articulada, cuyos alcances continúan revelándose hoy en día […]61.

 

  1. Los tribunales de Argentina también han reconocido la existencia de la “Operación Cóndor”, habiendo detallado sus alcances, objetivos y modos de actuación, con referencia específica a lo suscitado en el territorio nacional a partir de 1976 respecto de los extranjeros que intentaban escapar de la persecución política de la que eran víctimas62.

 

  1. La “Operación Cóndor” constituyó una “coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas” encuadrada en un período “de persecución sin fronteras a los opositores políticos”63, cuyo despliegue se reflejó en distintas actividades, incluidas las siguientes: a) la vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados, con el consiguiente intercambio de información; b) las acciones encubiertas de contrainsurgencia, y c) las acciones conjuntas de exterminio, dirigidas contra grupos o individuos específicos, para lo cual “se conformaban

 

 
  

59 Cfr. Mutatis mutandis, Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 66, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 99.

60      Cfr. Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre de 1986, que confirmó la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, causa No. 13/84 (supra nota a pie de página 37). Véase, Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folios 924 y 1404).

61      Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párrs. 61.5, 61.6 y 72, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 44.

62    Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 9 de agosto de 2016, causas No. 1504, 1951, 2054 y 1976 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 8 al escrito de contestación, folios 5354 y 5363).

63       Cfr. Dictamen pericial suscrito por Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folio 16994).

 

equipos especiales”, quienes, “dentro y fuera de las fronteras de sus países”64, cometían secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros delitos.

 

  1. Entre 1973 y 197465, derivado de la situación política imperante en la región, personas de distintas nacionalidades buscaron refugio en el territorio de Argentina. Sin embargo, a partir de la instauración de la dictadura en 1976, las acciones represivas de la “Operación Cóndor” contra activistas y opositores a los gobiernos dictatoriales de la región se intensificaron en el último Estado mencionado66. De esa cuenta, entre otras acciones desarrolladas en el marco de dicho plan, entre julio y octubre de 1976 fueron ejecutadas operaciones conjuntas de cuerpos de seguridad argentinos y uruguayos “en l[a]s cuales fueron secuestrad[a]s más de 60 [personas de nacionalidad] uruguay[a] en Buenos Aires”67.

 

  1. Las actividades de represión desarrolladas durante el período del gobierno militar en Argentina, en el contexto de la “Operación Cóndor”, incluyeron la “práctica sistemática y generalizada” de “sustracción, retención y ocultamiento” de niños y niñas, con posterioridad a la desaparición o ejecución de sus padres y madres68. Los tribunales internos han reconocido la existencia de dicha práctica durante la época de la dictadura, en los términos siguientes:

 

[E]l patrón común consistió en que todas las madres de los niños sustraídos, al igual que casi la totalidad de los padres, fueron víctimas de la acción represiva […] y fue a partir de tales hechos que los niños quedaron a merced de las fuerzas intervinientes quienes dispusieron de ellos […]. Una vez llevada a cabo la sustracción se evidenciaron diversos destinos que les fueron dados a los niños, aunque ninguno de ellos fue la entrega a sus familiares, a pesar de los constantes, insistentes y heterogéneos reclamos y búsquedas efectuadas por [e]stos en forma ininterrumpida, tanto ante las autoridades nacionales como extranjeras […]. [H]a podido acreditarse la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 […]69.

 

A.4.  El centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”

 

  1. La política represiva durante la dictadura incluyó la implementación y funcionamiento, de manera clandestina, de centros de detención a los que eran trasladadas las personas privadas ilegalmente de su libertad. Una vez en dichos centros, las personas eran sometidas a condiciones inhumanas, que en distintos casos incluyeron actos de tortura o su ejecución. Mientras tanto, las autoridades negaban toda información relativa a la detención, traslado o alojamiento en tales centros de las víctimas ante los reclamos y acciones promovidas por sus
 
  

64   Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 51, y Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 9 de agosto de 2016, causas No. 1504, 1951, 2054 y 1976 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 8 al escrito de contestación, folio 5375).

65       Si bien la “Operación Cóndor” se formalizó en noviembre de 1975, las acciones de represión se evidenciaron en Argentina desde finales de 1973 e inicios de 1974. Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 47.

66 Según afirmó la perita Francesca Lessa, Argentina fue el país donde la coordinación represiva operó con mayor intensidad, especialmente en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Cfr. Dictamen pericial suscrito por Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folios 16996 y 17001).

67 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 56. Según afirmó la perita Francesca Lessa, la mayor cantidad de víctimas de la “Operación Cóndor” fueron de nacionalidad uruguaya, especialmente opositores políticos que se encontraban en territorio argentino entre 1976 y 1978. Cfr. Dictamen pericial suscrito por Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folios 16996, 16998 a 17001).

68    El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias afirmó que “[u]n fenómeno específico que se dio […] durante la época de la dictadura militar de 1976 a 1983 en la República Argentina fue la desaparición forzada de niñas y niños”, y agregó que “[l]os niños y niñas eran sustraídos, despojados de su identidad y arrebatados de sus familiares”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a la Argentina, 5 de enero de 2009, U.N. Doc. A/HRC/10/9/Add.1, párr. 10.

69     Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folios 15446, 15465 y 15518). Véase, Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párrs. 61 a 63, y dictamen pericial de Pablo Parenti, rendido en audiencia pública ante esta Corte.

 

familiares70. Entre dichos centros se encontraba el denominado como “Automotores Orletti”, cuya existencia fue reconocida por esta Corte en el caso Gelman Vs. Uruguay71.

 

  1. En el centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976, se llevaron a cabo distintas coordinaciones y acciones ejecutadas en el marco de la “Operación Cóndor”. En dicho centro, que operó bajo la dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado, fue advertida la presencia de personas vinculadas con la “Alianza Anticomunista Argentina”, conocida como “Triple A”, así como de personal militar y de las fuerzas de seguridad uruguayas, “a la vez que fueron allí alojadas gran cantidad de víctimas de la misma nacionalidad”72.

 

  1. Los tribunales argentinos, además de reconocer la existencia de “Automotores Orletti”, también han descrito su funcionamiento y las condiciones a que eran sometidas las personas allí trasladadas, en los términos siguientes:

 

[E]l inmueble donde funcionó […] “Automotores Orletti”, se ubicó en la calle Venancio Flores [No.] 3.519/21, entre las calles Emilio Lamarca y San Nicolás del barrio de Flores, de [la ciudad de Buenos Aires]. […] [L]as víctimas […] eran secuestradas en su gran mayoría de sus propios domicilios o en la vía pública. […] Una vez llegados al lugar […] procedían a ejercer sobre ell[a]s torturas físicas e interrogatorios. La tortura física consistía básicamente en desnudar a las personas, atarlas con sus brazos hacia atrás y colgarlas de una especie de gancho o roldana para luego […] aplicarles el paso de corriente eléctrica. Al mismo tiempo sus cuerpos eran mojados y se colocaba también agua y/o granos de sal debajo […] para producir un incremento en el paso de energía eléctrica cuando los pies se apoyaban en el suelo. Esto estaba frecuentemente acompañado de golpes en distintas partes del cuerpo. Luego de la tortura y del interrogatorio conjunto se colocaba a las víctimas en distintos cuartos o dependencias […], siempre con los ojos vendados o encapuchados y en muchos casos con las manos atadas. [L]as víctimas debían escuchar continuamente las torturas de los otros cautivos, […] incluso […] eran obligad[a]s a presenciar los tormentos físicos impuestos a sus seres queridos73.

 

A.5.   El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y otras acciones dirigidas al esclarecimiento y reparación de lo ocurrido durante el período del gobierno militar

 

  1. Con el restablecimiento de la democracia y las institucionales constitucionales a finales de 1983, el Presidente Raúl Alfonsín dispuso la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en adelante también “la CONADEP”), cuyo objetivo fue “[i]ntervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así toda circunstancia sobre su localización”. La CONADEP elaboró 7380 legajos referidos a denuncias de familiares de personas desaparecidas, testimonios de quienes habían logrado escapar de los centros clandestinos de detención y declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad que

 

 

 
  

70   Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo I.D, Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.). Véase, Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, causa No. 13/84.

71       Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párrs. 53 y 54.

72   Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo I.D, Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.), “Automotores Orletti” (LRD), y Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, causa No. 13/84. La “Triple A” fue la “expresión del terror […] en el marco de la comisión de secuestros, asesinatos [y] atentados”, en cuya conformación “confluyeron agentes policiales, militares, no funcionarios y personal de los servicios de inteligencia”. Cfr. Resolución emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 el 19 de mayo de 2011, causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al Informe de Fondo, folios 37, 38, 40 y 156).

73      Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folios 1060, 1318 y 1390). Véase, Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de marzo de 2021, causa No. 3002 (expediente de prueba, tomo X, anexos sobre hechos sobrevinientes, folios 16303 y 16319).

 

participaron en las acciones represivas74.

 

  1. En septiembre de 1984 la CONADEP rindió su informe final, denominado “Nunca Más”, en el cual determinó la existencia de aproximadamente 340 de centros clandestinos de detención en el país y concluyó que “decenas de miles de personas” habían sido “privadas ilegítimamente de su libertad”, muchas de las cuales se encontraban desaparecidas75.

 

  1. Asimismo, en diciembre de 1983 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso “[s]om[eter] a juicio”76a los nueve oficiales superiores integrantes de las tres primeras Juntas Militares que habían gobernado a partir del golpe de Estado de 1976. De esa cuenta, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó la Sentencia del 9 de diciembre de 1985, mediante la cual condenó a cinco de los acusados y absolvió a otros Para llevar a cabo su labor, los fiscales a cargo de la causa se apoyaron en el contenido del informe final de la CONADEP. El juicio develó, entre otras cuestiones, la existencia de un plan sistemático de represión durante el gobierno militar. La Sentencia de la Cámara fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre de 198677.

 

  1. No obstante, el 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la Ley No. 23.492, conocida como ley de “punto final”, y el 8 de junio de 1987 fue promulgada la Ley 23.521, conocida como ley de “obediencia debida” (infra párrs. 76 y 77). A estos cuerpos normativos, calificados como “leyes de impunidad”, se sumaron los decretos dictados por el Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, por medio de los cuales indultó a “personal de alta jerarquía” no beneficiado por aquellos, incluyendo a los integrantes de las Juntas Militares que habían sido juzgados previamente78. Toda esta normativa, en su conjunto, determinó la imposibilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante la dictadura79.

 

  1. El 6 de marzo de 2001 un juez federal declaró la invalidez, inconstitucionalidad y “nulidad insanable” del contenido de las Leyes No. 23.492 y 23.521. La decisión fue confirmada el 9 de noviembre de 2001 por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Con posterioridad, el 2 de septiembre de 2003, el Congreso de la Nación promulgó la Ley No. 25.779 que declaró “insanablemente nulas” las citadas leyes (infra párr. 78). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Sentencia del 14 de junio de 2005, dictada en la causa conocida como “Simón”, declaró “la validez” de la Ley No.

 

74   Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo IV, Creación y organización de la CONADEP, y capítulo VI, Conclusiones. Véase, dictámenes periciales de Pablo Parenti y María José Guembe, rendidos en audiencia pública ante esta Corte.

75   Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo I.B, El secuestro; capítulo I.D, Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.); capítulo IV, Creación y organización de la CONADEP, y capítulo VI, Conclusiones.

76 Durante el período del gobierno militar, en septiembre de 1983, se dictó la Ley No. 22.924, “Ley de Pacificación Nacional”, cuyo artículo 1° declaró “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva”. No obstante, el 27 de diciembre de 1983 fue promulgada la Ley No.

23.040 que “[d]er[ogó] por inconstitucional y decl[aró] insanablemente nula” la Ley No. 22.924. Cfr. Peritaje escrito rendido por Pablo Parenti (expediente de prueba, tomo XI, peritajes escritos, folios 16896 y 16897).

77 El juicio a los integrantes de las Juntas Militares por “los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos”, entre otros, se instruyó a partir del Decreto No. 158/83 del 13 de diciembre de 1983. Cfr. Sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, causa No. 13/84, y Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre de 1986, que confirmó la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal del 9 de diciembre de 1985.

78       El Estado hizo mención de los Decretos No. 1002/89, 1004/89, 1005/89, 2741/90 y 2743/90.

79 Ante los impedimentos legales, la acción conjunta entre organizaciones de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y autoridades judiciales permitió la promoción, a partir de 1998, de los denominados “juicios por la verdad”, los que “aunque no podían determinar la responsabilidad penal y la imposición de sanciones a los responsables, sí sirvieron para ventilar, en situaciones concretas, diversos casos de desaparición forzada”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a la Argentina, 5 de enero de 2009, U.N. Doc. A/HRC/10/9/Add.1, párr. 56.

 

25.779 y “de ningún efecto las [L]eyes [No.] 23.492 y 23.521”80. La invalidación de dichas leyes hizo posible reabrir e instar distintos procesos para el juzgamiento de los delitos cometidos durante el gobierno militar81.

 

  1. También el Estado argentino implementó una política de reparación para las víctimas de los crímenes de la dictadura y sus derechohabientes82, la que incluyó distintos mecanismos administrativos de reparación económica83. Entre otras disposiciones, en 1994 fue sancionada la Ley No. 24.411 que dispuso el otorgamiento de beneficios económicos en favor de las personas desaparecidas o fallecidas, “por medio de sus causahabientes”. En 2004 fue emitida la Ley No. 25.914 que estableció la reparación de aquellas personas “nacid[as] durante la privación de la libertad de su[s] madre[s]”, así como “qu[ienes], siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres”, o que “h[ubiesen] sido víctimas de sustitución de identidad”. Por su parte, en 2013 fue dictada la Ley No. 26.913, “Régimen reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina”, que estableció el otorgamiento de una “pensión graciable” a favor, entre otras personas, de quienes hasta el 10 de diciembre de 1983 habían sido privados de su libertad “como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo” (infra párrs. 81, 82 y 83).

 

B.  Marco normativo relevante

 

  1. En el ámbito de la persecución penal de los delitos cometidos durante la dictadura en Argentina, resultan relevantes las Leyes 23.492, 23.521 y 25.779 (supra párrs. 72 y 73).

 

  1. La Ley 23.49284(ley de “punto final”) estableció, en lo pertinente:

 

Artículo 1°- Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley [No.] 23.04985, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria […], antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.

 

  1. La Ley 23.52186(ley de “obediencia debida”) dispuso, en lo pertinente:

 

 

80     Cfr. Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005, causa “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. –causa No. 17.768–” (supra nota a pie de página 37).

81 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 10985), y peritaje escrito rendido por Pablo Parenti (expediente de prueba, tomo XI, peritajes escritos, folios 16903 a 16907 y 16911). Véase, El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación Argentina, Edición Cultura Argentina, pág. 26.

82 Véase, inter alia, Decreto No. 1259/2003 de 16 de diciembre de 2003, que dispone la creación del Archivo Nacional de la Memoria, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000- 94999/91115/texact.htm, y Ley No. 26.691, promulgada el 27 de julio de 2011, cuyo artículo 1° regula: “Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado […] los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio […] durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm.

83    Véase, Caso Almeida Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Serie C No. 416, párrs. 30 a 32.

84 Ley No. 23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm.

85 Ley No. 23.049, promulgada el 13 de febrero de 1984. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28157/norma.htm. El artículo 10 se refiere, en el numeral 1°, a los delitos “imputables al personal militar […], y […] de las [f]uerzas de seguridad, policial y penitenciado bajo control […] de las Fuerzas Armadas y que actuó […] en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo”, en el período “[d]el 24 de marzo de 1976 [al] 26 de setiembre de 1983”.

86 Ley No. 23.521, promulgada el 8 de junio de 1987. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21746/norma.htm.

 

Artículo 1°- Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1[°] de la ley [No.] 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida. […] En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad.

 

  1. La Ley No. 25.77987previó, en su artículo 1º, lo siguiente: “Decláranse insanablemente nulas las Leyes [No.] 23.492 y 521”.

 

  1. Por su parte, la Ley 26.67988 modificó el Código Penal de la Nación, Ley No. 11.17989, e incorporó, entre otras normas, el artículo 142 ter con el texto siguiente:

 

Se impondrá prisión de [diez] (10) a [veinticinco] (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de [dieciocho] (18) años, una persona mayor de [setenta] (70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. […]

 

  1. En cuanto al régimen legal de las medidas de reparación para las víctimas de la dictadura que rigió en el período 1976-1983, resultan relevantes las Leyes 24.411, 25.914 y 26.913.

 

  1. La Ley No. 41190regula, en lo pertinente:

 

Artículo 1°- Las personas que al momento de la promulgación de la presente ley se encuentren en situación de desaparición forzada, tendrán derecho a percibir, por medio de sus causahabientes, un beneficio extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional […].

 

  1. La Ley No. 91491prevé, en lo pertinente:

 

Artículo 1°- Las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de su madre, o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de [e]stos hubiese estado detenido y/o detenido-desaparecido por razones políticas, […] podrán acogerse a los beneficios instituidos en la presente ley. Las personas que por alguna de las circunstancias establecidas en la presente, hayan sido víctimas de sustitución de identidad recibirán la reparación que esta ley determina. […]

 

Artículo 4°- El beneficio […] consistirá en el pago por única vez de una suma equivalente a [veinte] (20) veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa […]. Cuando, […] al beneficiario se le hubiere sustituido la identidad, recibirá […] una indemnización equivalente a la fijada por la Ley [No.] 24.411 […]. Si, […] el beneficiario hubiese sufrido lesiones graves o gravísimas, según la clasificación del Código Penal, o hubiese fallecido, el beneficio será incrementado en un [cincuenta por ciento] (50%), [setenta por ciento] (70%) y [cien por ciento] (100%) respectivamente.

87 Ley No. 25.779, promulgada el 2 de septiembre de 2003. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/88140/norma.htm.

88 Ley No. 26.679, promulgada el 5 de mayo de 2011. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181888/norma.htm.

89 Ley No. 11.179, “Código Penal de la Nación”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#19.

90        Ley No. 24.411, promulgada el 28 de diciembre de 1994. El artículo 6º establece: “La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior […]”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0- 4999/793/texact.htm.

91    Ley No. 25.914, promulgada el 25 de agosto de 2004. El artículo 3º establece: “La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos […]”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97981/norma.htm.

 

  1. La Ley No. 26.913, “Régimen reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina”92, dispone, en lo pertinente:

 

Artículo 1°- Establécese una pensión graciable para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos: a) Haber sido […] privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo […]. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043 […].

 

Artículo 5°- El beneficio […] será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo […] del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público […].

 

  1. En lo que respecta a la prescripción, el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 99493, establece en su artículo 256094, primer párrafo, lo siguiente: “Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”.

 

C.   Hechos cometidos en perjuicio de la familia Julien Grisonas

 

  1. Este Tribunal procederá a determinar los hechos perpetrados contra las presuntas víctimas con base en la prueba aportada95, para lo cual tendrá en cuenta la falta de controversia respecto del marco fáctico contenido en el Informe de Fondo (supra párr. 55).

 

C.1.  La familia Julien Grisonas

 

  1. La familia Julien Grisonas estaba integrada por Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, y sus hijos Anatole Boris y Victoria Eva (supra nota a pie de página 1). El señor Julien Cáceres nació en Montevideo, Uruguay, el 29 de abril de 1943. La señora Grisonas Andrijauskaite nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de abril de 1945, y con posterioridad obtuvo la nacionalidad uruguaya. Ambos contrajeron matrimonio el 27 de diciembre de Anatole Boris nació en Montevideo, Uruguay, el 25 de septiembre de 1972, y Victoria Eva nació en Buenos Aires, Argentina, el 7 de mayo de 1975.

 

  1. Mario Roger Julien Cáceres trabajó como ceramista y obrero gráfico en Uruguay, donde también era estudiante de la Escuela de Bellas Era opositor político y militó en el Partido

92       Ley No. 26.913, “Régimen reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina”, promulgada el 16 de diciembre de 2013. El artículo 6º establece: “La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen […]”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224027/norma.htm.

93    Ley No. 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, promulgada el 7 de octubre de 2014 y vigente a partir del 1 de agosto de 2015 (artículo 7°). Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000- 239999/235975/texact.htm.

94 El texto original del artículo 2560 establecía: “Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”. Por su parte, el último párrafo del artículo 2561, en su texto original, disponía: “Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm. Ambos artículos fueron modificados mediante la Ley No. 27.586, promulgada el 15 de diciembre de 2020, en el sentido de incorporar la actual regulación del artículo 2560 y derogar el último párrafo del artículo 2561. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345233/norma.htm.

95 Cfr. Inter alia, Legajo No. 2951 (Julien Cáceres, Mario Roger) del informe final de la CONADEP (expediente de prueba, tomo II, trámite ante la Comisión, folios 1729 a 1735); Legajo No. 2950 (Grisonas, Victoria Lucía) del informe final de la CONADEP que consta en el expediente de la causa No. 14.846/96 (expediente de prueba, tomo XV, prueba para mejor resolver, folios 17905 a 17909); Sentencia emitida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el 4 de noviembre de 2004, causa No. 14.846/96, que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folios 2930 a 2947); Resolución emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 el 19 de mayo de 2011, causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al Informe de Fondo, folios 6 a 167), y Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de marzo de 2021, causa No. 3002 (expediente de prueba, tomo X, anexos sobre hechos sobrevinientes, folios 16016 a 16882).

 

por la Victoria del Pueblo (P.V.P.). Fue procesado y privado de su libertad en la cárcel de Punta Carretas, Uruguay, de la que escapó en septiembre de 1971 en el marco de una fuga masiva. En 1973, ante la instauración de la dictadura en Uruguay a raíz de un golpe de Estado, se trasladó a Argentina, donde obtuvo el estatuto de refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 1974 se reunió en Buenos Aires con su esposa y el hijo de ambos, Anatole. Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite también era opositora política y militante del P.V.P96.

 

C.2.  El operativo del 26 de septiembre de 1976

 

  1. El domingo 26 de septiembre de 1976, en horas de la tarde, se llevó a cabo un operativo policial y militar en la residencia de la familia Julien Grisonas, ubicada en la calle Mitre 1050, esquina calle Carlos Gardel, de la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. El operativo fue realizado en forma conjunta por múltiples efectivos fuertemente armados de las fuerzas de seguridad argentinas y Por parte de las fuerzas argentinas participaron agentes de la Secretaría de Informaciones del Estado, del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal y personal militar. Los agentes dispararon contra la vivienda y cortaron la luz eléctrica y las líneas telefónicas del sector; asimismo, desplegaron gran cantidad de vehículos, incluidas dos tanquetas que cortaron el tráfico en ambos extremos de la cuadra.

 

  1. Durante el operativo, Mario Roger Julien Cáceres habría intentado escapar por la parte trasera de la vivienda, pero fue sorprendido por las autoridades. Si bien en un principio se planteó la hipótesis de que se habría suicidado mediante la ingesta de una pastilla de cianuro, los tribunales nacionales han concluido que “fue asesinado” en el marco del referido operativo, sin que a la fecha se tenga noticia acerca del paradero de sus Por su parte, los agentes detuvieron a Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite.

 

  1. En cuanto a lo sucedido, Anatole, quien para el momento de los hechos tenía cuatro años, ha declarado en distintos procesos judiciales, así como en la audiencia pública ante esta Corte, que recuerda “estar de la mano con [su] madre, quien mantenía en brazos a [su] hermana, escondidos en lo que era una especie […] de estacionamiento, […] de repente [vio] un fuego azul de metralla y lleg[ó] un militar que [l]os apunt[ó] directamente”. Asimismo, “recuerd[a] a [su] padre minutos antes […] irse a otro sector y señalar[les] con la mano que mantuvi[esen] silencio y que estuvi[esen] escondidos”, y haber “mira[do] hacia atrás cuando ya [l]os llevaban con [su] hermana y ver a [sus] padres tirados en el piso y apuntados” por agentes armados, “uno de ellos que le agarraba el pelo a [su] madre”97.

 

  1. Por su parte, Victoria, con motivo de una invitación de la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo”, viajó a Argentina y fue al lugar donde ocurrió el operativo para indagar sobre lo sucedido, logrando identificar a un testigo, el señor Francisco Cullari98. Dicha persona declaró en distintos procesos judiciales acerca de lo acontecido. En cuanto al señor Julien Cáceres, el testigo narró que “salió a la calle […] por una casa que no era la de él y que llevaba consigo

96 Cfr. Escrito presentado el 19 de noviembre de 2012 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3, causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 4 al Informe de Fondo, folios 1442), y escrito de demanda que consta en el expediente de la causa No. 14.846/96 (expediente de prueba, tomo XV, prueba para mejor resolver, folio 17836). Véase, Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, República Oriental del Uruguay, Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, ficha perteneciente a Julien Cáceres, Mario Roger, legajo L.D.D. No. 064 (supra nota a pie de página 37).

97 Cfr. Declaración de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, rendida en audiencia pública ante esta Corte, y declaraciones de la misma persona que constan en: Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folio 787).

98       Cfr. Declaración de Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez que consta en la Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folio 15429).

 

una toalla mojada”, pero las autoridades “lo identific[aron] y […] lo detuvieron”, hasta que vio que “[s]u cuerpo cayó sobre la calle Mitre, junto a la ochava del bar de la esquina”. Respecto de la señora Grisonas Andrijauskaite, relató que “la llevaban entre dos o tres personas a la altura de los hombros […], la colocaban paralela al piso y la soltaban una y otra vez, reiterando este procedimiento hasta que alguien les ordenó que pararan”. Agregó que “al hombre lo levantaron del piso y lo colocaron en un vehículo, mientras que a la mujer se la llevaron viva”. En cuanto a Anatole y Victoria, declaró que “solicitó que [se] l[os] entregaran […] para su custodia […] [sin] obten[er] respuesta por parte de los captores”99.

 

C.3.  La privación de libertad en “Automotores Orletti” y el posterior traslado de Anatole y Victoria a Uruguay y Chile

 

  1. Luego de su detención, Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite fue trasladada a “Automotores Orletti”. Anatole y Victoria primero fueron llevados por los agentes a una estación de servicio y, posteriormente, también fueron conducidos al referido En dicho lugar, la señora Grisonas Andrijauskaite fue sometida a torturas y condiciones inhumanas de detención; a la fecha, se desconoce su paradero.

 

  1. En octubre de 1976 Anatole y Victoria fueron trasladados clandestinamente, vía aérea, por medio del denominado “segundo vuelo”100, a Uruguay, habiendo permanecido en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), en la ciudad de Montevideo. La presencia de ambos en Uruguay fue establecida por esta Corte en el caso Gelman Uruguay101.

 

  1. Con posterioridad, Anatole y Victoria fueron trasladados a Chile, también por vía aérea, siendo abandonados en la Plaza O´Higgins de la ciudad de Valparaíso el 22 de diciembre de 1976, donde fueron encontrados por las autoridades chilenas. Inicialmente fueron abrigados en una institución de resguardo, y luego fueron separados y llevados a distintas casas; finalmente Anatole y Victoria quedaron “bajo la custodia y cuidado” del matrimonio conformado por Jesús Larrabeiti Correa y Sylvia Yáñez Vera, cirujano dentista y educadora, de nacionalidad chilena y sin vinculación con el aparato represivo, a cuyo favor se otorgó la “tuición judicial” en junio de 1977102.

 

C.4.  La búsqueda y localización de Anatole y Victoria por su abuela biológica

 

  1. A partir de lo sucedido, la abuela paterna de Anatole y Victoria, María Angélica Cáceres de Julien, emprendió su búsqueda, para lo cual realizó distintas gestiones ante instituciones estatales de Argentina y Uruguay, organismos internacionales y organizaciones no Asimismo, denunció la desaparición de sus familiares ante la CONADEP,

99    Cfr. Declaraciones de Francisco Cullari que constan en: Resolución emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 el 19 de mayo de 2011, causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al Informe de Fondo, folios 100 y 101), y Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folios 444 y 445).

100     Según declaró Anatole, recuerda haber “i[do] en un avión pequeño […] y [l]e permitieron ir hacia la cabina y en la cabina vi[o] grandes montañas llenas de nieve y además [l]e llamó mucho la atención el manubrio, el volante”. Cfr. Declaración de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, rendida en audiencia pública ante esta Corte. Los tribunales argentinos han concluido que “el traslado clandestino […] vía aérea del grupo de secuestrados de nacionalidad uruguaya […] [estuvo] a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya […] por lo menos en dos ocasiones (‘primer y segundo vuelo’)”. Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 9 de agosto de 2016, causas No. 1504, 1951, 2054 y 1976 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 8 al escrito de contestación, folios 4674 y 4675).

101    Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 86. La Corte estableció que María Claudia García Iruretagoyena y su hija, María Macarena Gelman García, fueron “ubicada[s] en una habitación en [la] planta baja” del SID, junto a “los hermanos Julien-Grisonas, con quienes compartían el […] espacio”.

102 Véase, Sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Letras de Menores de Valparaíso, Chile, el 28 de junio de 1990, causa rol No. 4.527, citada en: Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folio 15425).

 

cuyo informe final incluyó los legajos No. 2950 y 2951 correspondientes a las desapariciones de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, respectivamente. De igual forma, la señora Cáceres de Julien promovió distintas acciones de habeas corpus a favor de su hijo, su nuera, su nieto y su nieta. Sin embargo, no obtuvo respuesta ni información por parte de las autoridades argentinas.

 

  1. La señora Cáceres de Julien, en virtud de las múltiples gestiones realizadas y con el apoyo de distintas personas y entidades, en especial la organización Clamor del Arzobispado de San Pablo, Brasil, determinó el paradero de Anatole y Victoria en julio de 1979. Ante ello, viajó a la ciudad de Valparaíso, donde se reunió con su nieta y su nieta. Para esa fecha, se encontraba en curso el trámite de adopción de Anatole y Victoria por el matrimonio Larrabeiti Yáñez103. Según han afirmado los tribunales argentinos, Anatole y Victoria fueron los primeros niños encontrados en el contexto de los crímenes perpetrados durante la

 

  1. La señora Cáceres de Julien y el matrimonio Larrabeiti Yáñez llegaron a un “acuerdo” sobre la identidad, cuidado y “legitimación adoptiva” de Anatole y Victoria. En tal sentido, el 2 de agosto de 1979 suscribieron “un escrito judicial presentado ante el Tercer Juzgado de Menores de Valparaíso”, en los términos siguientes:

 

Estamos de acuerdo […] [en] que los menores [de edad] […] tienen la identidad de Anatole Boris Julien y de Eva Grisonas [sic]. [D]oña María Angélica Cáceres de Julien y don Luis Alberto Julien son los abuelos paternos […], en tanto que doña Lucía Andrijauskaite de Grisonas es [la] abuela materna […]. [A]mbos […] se encuentran en óptimas condiciones de salud […] y absolutamente arraigados emocional y afectivamente a [la] familia Larrabeiti-Yáñez […]. [T]eniendo en vista el mejor interés de los niños […] doña María Angélica Cáceres de Julien, por sí y por su marido […] y por su consuegra […] acepta [que] se mantenga el actual estado de tuición, custodia y cuidado […] sobre [los] niños [y que] se mantengan las inscripciones de nacimiento […] bajo [los] nombre[s] de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y […] Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, […]. [A]cuerdan […] todos los comparecientes […] proceder de modo gradual y en la forma técnicamente adecuada a vincular a los dos menores [de edad] con sus parientes consanguíneos o naturales, informándoles de su existencia [y] programar visitas periódicas, y en lo posible, recíprocas de los parientes consanguíneos de los niños y de [e]stos a aqu[e]llos […]”104.

 

  1. A partir de ello, Anatole y Victoria crecieron junto a sus padres adoptivos en Valparaíso, lugar en el que tuvieron encuentros con su abuela paterna. Aún siendo menores de edad fueron informados respecto de su identidad y origen. Asimismo, viajaron a Montevideo, Uruguay, donde conocieron al resto de sus abuelos y demás parientes consanguíneos, con quienes “reanud[aron] la relación familiar”. Al ser consultados sobre el nombre que querían adoptar, optaron por conservar los apellidos Larrabeiti Yáñez. Anatole es abogado y labora como fiscal en la ciudad de Santiago. Victoria es psicóloga y reside en Valparaíso. La señora Cáceres de Julien, según declaró Anatole en la audiencia pública, falleció en 1999105.

 

D.  Procesos judiciales y administrativos promovidos

 

D.1.   Procesos penales

103    Véase, escrito de demanda que consta en el expediente de la causa No. 14.846/96 (expediente de prueba, tomo XV, prueba para mejor resolver, folio 17856); nota de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del 13 de mayo de 1997, dirigida al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 4, causa No. 14.846/96, que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folio 3060), y declaración de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez que consta en: Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de marzo de 2021, causa No. 3002 (expediente de prueba, tomo X, anexos sobre hechos sobrevinientes, folio 16488).

104    Certificado notarial del escrito judicial suscrito el 2 de agosto de 1979 por Jesús Larrabeiti Correa, Sylvia Yáñez de Larrabeiti y María Angélica Julien de Cáceres, que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folios 3093 a 3097).

105 Cfr. Declaraciones de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, rendidas en audiencia pública y que constan en: Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folios 15427 y 15431).

 

  1. Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 se tramita la causa No. 2637/04. Dicha causa se “desprendi[ó]” de la causa No. 14.216/03, tramitada en el mismo Juzgado a partir de la “reapertura de las investigaciones judiciales”, derivada de la promulgación de la Ley No. 25.779 en 2003 (supra párrs. 73 y 78). El objeto de la causa No. 14.216/03 se refiere a la investigación de determinados hechos atribuidos a personal militar ocurridos en el período “[d]el 24 de marzo de 1976 [a]l fin del autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, […] habiéndose incluido […] sucesos ocurridos en los años 1974 y 1975”. Por su parte, la causa No. 2637/04 “tuvo foco especialmente” en la investigación de los hechos acaecidos en el centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”106.

 

  1. En el trámite de la causa No. 2637/04, el abogado Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, presentó un escrito el 19 de noviembre de 2012, por medio del cual solicitó que se le tuviera “por constituido como parte querellante”107. El juez a cargo de la causa accedió a lo solicitado el 20 de noviembre de El 10 de diciembre de 2012 presentó otro escrito por el que requirió, entre otras cosas: a) que se practicaran específicas diligencias para la localización e identificación de los restos del señor Julien Cáceres, para lo cual pidió que se “requ[iriera] la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense” a efecto de que practicara los “trabajos que a [su] criterio […] se ent[endier]an pertinentes”; b) que se investigaran los delitos cometidos en perjuicio de Anatole y Victoria; c) que se investigaran los delitos cometidos en perjuicio de la propiedad de la familia Julien Grisonas, y d) que se investigara la “suerte corrida por Victoria Grisonas”108. El 18 de septiembre de 2017 la parte querellante recusó al juez de la causa “por carecer de imparcialidad e independencia”109. Según informó el juez de la causa, la parte querellante desistió de la recusación promovida110.

 

  1. En el marco de la causa No. 2637/04 se han “elevad[o] a etapa de juicio oral cinco tramos” o partes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 de la Capital Federal. De dichos “tramos”, “los hechos que afectaron a la familia Julien Grisonas integraron […] el objeto procesal en [cuatro] de ellos”, correspondientes a las causas siguientes, de acuerdo al registro de dicho Tribunal Oral: a) No. 1627, juicio conocido como “Automotores Orletti I”; b) No. 1976, cuyo debate se celebró juntamente con las causas No. 1504, 1951 y 2054, “mega- juicio” conocido como “Operación Cóndor”, “Plan Cóndor” o “Automotores Orletti II”; c) No. 2261 y 2390, acumuladas111, cuyo debate se celebró juntamente, juicio conocido como “Automotores Orletti III y IV”, y d) 3002, juicio conocido como “Automotores Orletti V”112.

106 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folios 10984 y 10985).

107 Cfr. Escrito presentado el 19 de noviembre de 2012 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3, causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 4 al Informe de Fondo, folios 1442 a 1451).

108 Cfr. Escrito presentado el 10 de diciembre de 2012 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 en la causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 20 al Informe de Fondo, folios 1528 a 1544).

109 Cfr. Escrito presentado el 18 de septiembre de 2017 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 en la causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 21 al Informe de Fondo, folios 1546 a 1562).

110 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11054).

111 En la Sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 27 de febrero de 2019, causa No. 2637/2004, se indicó que “[l]a […] causa N[o.] 2261 y su acumulada N[o.] 2390, surg[iero]n como un desmembramiento de la causa N[o.] 2637/2004” (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folios 14319).

112 Cfr. Oficio del 13 de julio de 2020 emitido por el Fiscal General de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación (expediente de prueba, tomo IV, anexo 24 al escrito de contestación, folios 15918 y 15919) y oficio del 15 de julio de 2020 emitido por la Fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folios 12343 y 12344).

 

A continuación, se hará una sucinta relación de estos procesos.

 

  1. En la causa No. 1627, el Tribunal Oral emitió su veredicto el 31 de marzo de 2011, cuyos fundamentos se dieron a conocer el 31 de mayo del mismo año. Los jueces tuvieron por acreditado, inter alia, que la señora Grisonas Andrijauskaite “fue privada ilegalmente de su libertad […] en el marco de un operativo llevado a cabo por un grupo numeroso de personas armadas, […] fue trasladada [a] ‘Automotores Orletti’, […] donde fue sometida a tormentos y a condiciones inhumanas de detención”, y, a la fecha, “[p]ermanece desaparecida”. Por tales hechos fueron condenados tres de los acusados113 (infra párr. 170). La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal mediante la Sentencia del 7 de octubre de 2013114.

 

  1. El 27 de mayo de 2016 el Tribunal Oral emitió su veredicto en las causas No. 1504, 1951, 2054 y 1976, cuyos fundamentos fueron leídos el 9 de agosto de 2016. En dicho fallo los jueces acreditaron, entre otros hechos, que la señora Grisonas Andrijauskaite “fue privada ilegalmente de su libertad”, “fue trasladada [a] ‘Automotores Orletti’ […] [donde] fue sometida a tormentos y a condiciones inhumanas de detención”, y, “[a] la fecha, permanece desaparecida”. A partir de ello, se dictó la condena de uno de los acusados115 (infra párr. 171). La decisión fue confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 4 de mayo de 2018116.

 

  1. El 11 de septiembre de 2017 el Tribunal Oral dictó su veredicto en las causas No. 2261 y 2390. Los fundamentos se dieron a conocer el 3 de noviembre de 2017. En la Sentencia se tuvo por acreditado, entre otros hechos, que la señora Grisonas Andrijauskaite “fue privada ilegalmente de su libertad […] en el marco de un operativo […] llevado a cabo por […] efectivos del Ejército Argentino y personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal”, “[luego] fue trasladada [a] ‘Automotores Orletti’ junto con sus hijos”, y, “[a] la fecha […] permanece desaparecida”. A partir de ello, fueron condenados dos de los acusados117(infra párr. 172).

 

  1. En el marco del mismo proceso, el Tribunal Oral absolvió a dichos acusados por el “homicidio” del señor Julien Cáceres. Para el efecto, en la Sentencia se consideró que este último, el día del operativo “escapó por los fondos de la casa donde habitaba”, pero “fue aprehendido y trasladado hacía la esquina de las calles Carlos Gardel […] y Mitre, lugar […] donde cayó ‘abatido’”. Los jueces argumentaron que “[no] pod[ían] afirmar que ese homicidio h[ubiera] formado parte del ‘plan común’ diseñado por las fuerzas represivas del Estado, en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. En consecuencia, “ante una posible ‘desviación’ del ‘plan común’ […] no […] c[ontaban] […] con elementos probatorios que permit[ieran] tener por acreditada la intervención de los enjuiciados […] en [dicho] homicidio”118.

 

  1. Por su parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 27 de febrero de

113     Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folios 1270, y 1432 a 1437).

114     Cfr. Oficio del 15 de julio de 2020 emitido por la Fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folio 12344), y oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11000).

115   Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 9 de agosto de 2016, causas No. 1504, 1951, 2054 y 1976 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 8 al escrito de contestación, folios 7579, 7580 y 8850).

116      Cfr. Sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 4 de mayo de 2018, causa No. 13445/1999 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folios 14231 a 14233).

117 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de noviembre de 2017, causas No. 2261 y 2390 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 13 al escrito de contestación, folios 10347, 10348 y 10977).

118 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de noviembre de 2017, causas No. 2261 y 2390 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 13 al escrito de contestación, folios 10514, 10768, 10779, 10780, 10784 y 10979).

 

2019, anuló parcialmente el fallo “con relación al hecho que damnificó” al señor Julien Cáceres, y confirmó el resto de la decisión. Así, la Sala ordenó “[reenviar] las […] actuaciones al a quo para su sustanciación”119. Contra esta decisión, los abogados defensores promovieron recursos extraordinarios, los que fueron denegados por la misma Sala120. Ante ello, la defensa planteó un recurso de queja, el que se encuentra pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En virtud de lo anterior, el Tribunal Oral, en septiembre de 2019, resolvió que “hasta tanto la sentencia definitiva […] no adquiera firmeza, corresponde que [dicho] órgano jurisdiccional no se pronuncie, conforme lo señalado por la Sala”121.

 

  1. En la causa No. 3002, el Tribunal Oral emitió su veredicto el 27 de noviembre de 2020 y leyó los fundamentos de la decisión el 3 de marzo de 2021. Los jueces establecieron, inter alia, que “[c]onjuntamente con [la señora] Grisonas [Andrijauskaite], fueron privados ilegalmente de su libertad sus hijos, Anatole y Victoria […], quienes fueron […] trasladados

[a] ‘Automotores Orletti’, donde fueron sometidos a tormentos, ocultados y retenidos”. Después los niños “fueron trasladados a […] Uruguay […] [y] [l]uego […] a […] Chile […] donde fueron abandonados en la plaza de O´Higgins, siendo hallados por las autoridades […] y permanecieron en un centro de menores [de edad], hasta que […] fueron adoptados por el matrimonio Larrabeiti-Y[á]ñez”. Con base en lo anterior, los acusados fueron condenados por distintos delitos cometidos en perjuicio de Anatole y Victoria122 (infra párr. 173). Según informó el Estado, la defensa de uno de los acusados impugnó la Sentencia, por lo que se encuentra pendiente que se emita la decisión que resuelva el recurso promovido.

 

  1. En forma independiente a los procesos anteriores, en el marco de las causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 de la Capital Federal dictó su veredicto de 5 de julio de 2012 y dio a conocer los fundamentos de la decisión el 17 de septiembre de El proceso se instruyó a partir de la denuncia efectuada en 1996 por integrantes de la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo”, con el objeto de “demostrar que la apropiación de niños había sido una práctica” de la “metodología represiva”. El juicio fue conocido como “Plan sistemático de apropiación de niños”123, y su avance sufrió “largas demoras”124. En el marco de la causa fueron acusados, entre otros, “11 […] militares de alto rango, responsables de la implementación de la práctica represiva”125.

 

  1. En cuanto a los hechos cometidos en perjuicio de Anatole y Victoria, el tribunal estableció que “fueron sustraídos de la custodia de sus progenitores […] el día 26 de septiembre de 1976”, y que “fueron adoptados legalmente en […] Chile […], hasta que […] la familia biológica […] logró dar con el paradero de los niños, quienes a partir de allí fueron identificados pudiendo

119 Cfr. Sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 27 de febrero de 2019, causa No. 2637/2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folios 14445, 14449 y 14488).

120 Cfr. Resolución emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 5 de julio de 2019, causa No. 2637/2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folios 14489 a 14495).

121    Cfr. Resolución emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 en septiembre de 2019, causa No. 2261 (expediente de prueba, tomo IV, anexo VII al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2749 y 2750).

122 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de marzo de 2021, causa No. 3002 (expediente de prueba, tomo X, anexos sobre hechos sobrevinientes, folios 16470, y 16871 a 16879), y oficio del 15 de julio de 2020 emitido por la Fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folio 12345).

123 En el proceso fueron discutidos 34 casos de “sustracción, retención y ocultación de menor[es] de 10 años”, incluidos los casos de Anatole y Victoria. Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folios 15823 a 15825).

124 Si bien las Leyes No. 23.492 y 23.521 excluyeron de su regulación los delitos de “sustracción y ocultación de menores [de edad]” y “sustitución de su estado civil”, las causas respectivas avanzaron “con largas demoras”, por la vinculación de los hechos con aquellos “amparados” por las referidas normativas. Cfr. Peritaje escrito rendido por Pablo Parenti (expediente de prueba, tomo XI, peritajes escritos, folios 16902, 16906, 16907 y 16994).

125    Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folios 14506 a 15831).

 

conocer su verdadera identidad”. El fallo agregó que Anatole y Victoria “fueron conducidos […]

[a] ‘Automotores Orletti’ donde permanecieron en forma ilegal hasta […] que fueron trasladados a […] Uruguay […] [y] finalmente fueron trasladados hacia […] Chile”. Con base en lo anterior, se dictó la condena de una persona que había integrado la primera Junta Militar que gobernó durante el período de la dictadura126 (infra párr. 174). Derivado del fallecimiento de dicha persona, el 8 de julio de 2013 el Tribunal Oral “decretó la extinción de la acción”127.

 

D.1.1.   La investigación sobre el paradero de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite

 

  1. En el marco de la causa 2637/04 (supra párrs. 99 y 100), se instruyó la investigación acerca del paradero del señor Julien Cáceres. En tal sentido, el 29 de junio de 2012, en respuesta a un requerimiento judicial128, las autoridades del Cementerio Municipal del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, informaron que el 27 de septiembre de 1976 “ingresó […] el ataúd de quien en vida fuera […] NN”, de aproximadamente 30 años, siendo el único fallecido el 26 de septiembre de 1976, cuyo cuerpo fue inhumado en la sección 14 de dicho cementerio. Agregaron que en 1986 fue autorizado judicialmente “el traslado al [o]sario [g]eneral” de “los NN”, por lo que “en la sección 14 no exist[ía] ningún NN inhumado”129. Asimismo, fue incorporada a la causa la partida de defunción “Acta [No.] 1169, tº II A”, en la que se consignó que el 26 de septiembre de 1976 a las “19[:]30” horas, en “Mitre y 1° de mayo[,] San Martín”, falleció “NN de [p]aro cardiaco traumático. Hemorragia aguda. Heridas de bala. […] sexo [m]asculino de [a]prox. 30 años”130. La investigación también permitió determinar que en el “[l]ibro [f]ichas-[c]adáver” de la Policía Federal Argentina, en el que la “División Dactiloscopía” hacía constar “las fichas dactilares de los cadáveres vinculados a procedimientos”, consta con el No. 2810, de fecha “28-9[-]1976”, el registro del fallecimiento de “N.N.”, en el que se lee: “Causa del fallecimiento […] abatido por aut. militares”131.

 

  1. Según informó el juez de la causa, el “proceso de búsqueda y entrecruzamiento de documentación pública […] llevó a determinar, el enterramiento clandestino de Mario Roger [Julien Cáceres] en el Cementerio Municipal de San Martín”, y añadió que la “falta de identificación de los restos” derivaría de lo comunicado oportunamente por las autoridades del Cementerio Municipal, en cuanto a que “las sepulturas […] fueron levantas, disponiéndose su pase a[l] osario [general], razón por la cual no resultaría posible [su] individualización”132.

126    Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folios 15425, 15438, 15441 y 15463). Se agregó en el fallo que Anatole y Victoria “fueron los primeros niños en ser hallados”.

127     Cfr. Oficio del 15 de julio de 2020 emitido por la Fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folio 12347), y oficio del 15 de julio de 2020 emitido por el Fiscal General a cargo de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación (expediente de prueba, tomo IV, anexo 19 al escrito de contestación, folio 15837).

128 Cfr. Oficio remitido al Director del Cementerio Municipal del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, recibido el 28 de junio de 2012 (expediente de prueba, tomo I, anexo 15 al Informe de Fondo, folio 1520).

129 Cfr. Oficio emitido por el Director, el Subdirector y el Jefe de División del Cementerio Municipal del Partido de General San Martin, Provincia de Buenos Aires, el 29 de junio de 2012 (expediente de prueba, tomo I, anexo 16 al Informe de Fondo, folio 1522).

130 Cfr. Partida de defunción identificada como Acta No. 1169, tº II A (expediente de prueba, tomo I, anexo 18 al Informe de Fondo, folio 1526), y oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11007).

131    Cfr. Libro “fichas-cadáver”, No. 2810 (expediente de prueba, tomo I, anexo 17 al Informe de Fondo, folio 1524), y oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11010). Según informó el juez de la causa, el documento se encuentra “bajo custodia” de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

132 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folios 11004, 11006, 11012 y 11013).

 

Dicha autoridad judicial no informó sobre diligencias específicas practicadas para determinar el paradero de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite.

 

D.2.   Acción por daños y perjuicios promovida contra el Estado por los hechos cometidos en perjuicio de la familia Julien Grisonas, causa No. 14.846/96

 

  1. El 22 de mayo de 1996 Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, representados por el abogado Eduardo Marques Iraola133, presentaron una demanda contra el Estado Nacional, ante la jurisdicción contencioso administrativa, “a efectos de obtener la reparación de los daños y perjuicios que sufrieron con motivo de su secuestro y del secuestro y desaparición de sus progenitores”134. La causa fue identificada con el No. 14.846/96135.

 

  1. El 15 de octubre de 2002 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 4 dictó Sentencia mediante la cual acogió la demanda y condenó al Estado Nacional a pagar a “cada uno de los accionantes […] tantos pesos como [fuer]an necesarios para adquirir trescientos mil dólares estadounidenses”136. Ante apelaciones promovidas por los demandantes y el Estado Nacional, el 4 de noviembre de 2004 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia, por medio de la cual revocó la decisión de primera instancia respecto de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, cuya acción “declar[ó] prescripta” y, a su vez, confirmó la decisión en cuanto a la acción de Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, con la modificación respecto “al resarcimiento otorgado”, el que fijó en “$250.000 [doscientos cincuenta mil pesos argentinos]”137.

 

  1. Los demandantes y el Estado recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho tribunal, mediante la Sentencia del 30 de octubre de 2007, acogió la impugnación del Estado y “declar[ó] prescripta la acción para reclamar la responsabilidad civil extracontractual deducida” por las presuntas víctimas. En consecuencia, “rechaz[ó] la demanda”138.

 

D.3.   Las reparaciones pretendidas en sede administrativa

 

  1. En 1995 Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez solicitaron los beneficios que prevé la Ley No. 24.411 (supra párr. 81) por la desaparición forzada de sus padres biológicos. A partir de ello, se inició el trámite de los respectivos expedientes administrativos, en los que consta la Sentencia del 2 de junio de 1997, por medio de la cual el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No. 10 de la Provincia de Buenos Aires, con fundamento en la Ley 24.321139, declaró “la ausencia por desaparición forzada” de Mario

 

133 Cfr. Escrito de demanda que consta en el expediente de la causa No. 14.846/96 (expediente de prueba, tomo XV, prueba para mejor resolver, folios 17834 a 17878).

134   Cfr. Sentencia emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 4 el 15 de octubre de 2002 que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folio 2914).

135      Causa “Larrabeiti Yáñez, Anatole Alejandro y otro c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”.

136   Cfr. Sentencia emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No. 4 el 15 de octubre de 2002 que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folio 2928).

137 Cfr. Sentencia emitida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el 4 de noviembre de 2004 que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folios 2945 a 2947).

138      Cfr. Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de octubre de 2007 que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folio 2955).

139 La Ley No. 24.321, promulgada el 8 de junio de 1994, establece en su artículo 1º: “Podrá declararse la ausencia por desaparición forzada de toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/719/norma.htm.

 

Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite140.

 

  1. Asimismo, fueron tramitados expedientes administrativos en virtud de haberse solicitado los beneficios de la Ley 25.914 (supra párr. 82) a favor de Anatole y Victoria141.

 

  1. Según fue informado por las partes, en los distintos expedientes administrativos no han sido dictadas las resoluciones que otorgarían o denegarían los beneficios

 

VII FONDO

 

  1. El presente caso concierne a los alcances de la responsabilidad internacional del Estado argentino por la alegada desaparición forzada del señor Mario Roger Julien Cáceres y la señora Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, así como por la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por tales hechos y por los actos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de sus hijos, Anatole y Victoria. Para efectuar el análisis de fondo, la Corte procederá en el orden siguiente: a) derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos; b) derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, de adoptar disposiciones de derecho interno y de investigar graves violaciones a los derechos humanos; c) derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en materia de reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno, y d) derecho a la integridad personal de Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los

 

  1. Previo a efectuar el análisis de fondo, la Corte considera pertinente señalar que es consciente que el contexto general y las circunstancias particulares en que ocurrieron los hechos, dado el marco de la “Operación Cóndor”, involucraron la actuación no solo de Argentina, sino de otros Estados, incluidos Uruguay, cuyos agentes intervinieron directamente, y Chile, a cuyo territorio fueron traslados de manera clandestina Anatole y Los tres Estados estaban en la obligación de resguardar y garantizar los derechos humanos y, por ende, las múltiples violaciones cometidas podrían acarrear, eventualmente, algún tipo de responsabilidad concurrente entre aquellos. No obstante, el Tribunal recuerda que el caso fue sometido a su conocimiento únicamente respecto del Estado argentino.

 

  1. Sin perjuicio de lo indicado, como el Tribunal lo ha destacado en anteriores oportunidades, la noción de “garantía colectiva” se encuentra subyacente en todo el Sistema Interamericano142, y se entiende como “una obligación general de protección que tienen […] los Estados […] entre sí”, para asegurar la efectividad de los instrumentos internacionales en materia de derechos Así, la Corte ha subrayado que “las normas de derechos

140 Cfr. Expediente CUDAP: EXP-SO4:0033011/2012, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 7 al escrito de contestación, folios 3415 a 3633), y expediente CUDAP: EXP- SO4:0030246/2012, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 10 al escrito de contestación, folios 9204 a 9445).

141 Cfr. Expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folios 2874 a 3414), y expediente CUDAP: EXP- SO4:0066255/2015, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 9 al escrito de contestación, folios 8855 a 9202).

142   Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 42, y La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos). Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020. Serie A No. 26, párr. 163.

 

humanos […] reflejan valores comunes e intereses colectivos que se consideran importantes y, por tanto, lo suficientemente dignos de beneficiarse de la aplicación colectiva”143, por lo que “el deber de cooperación entre Estados en la promoción y observancia de los derechos humanos, es una norma de carácter erga omnes, por cuanto debe ser cumplida por todos los Estados, y de carácter vinculante en el derecho internacional”144.

 

  1. De esa cuenta, la efectividad del mecanismo de garantía colectiva hace imperativo que los Estados que tuvieron algún tipo de participación en la consumación de los hechos del presente caso y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, colaboren entre sí, de buena fe, para erradicar la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas, brindando información que permita el esclarecimiento de los hechos y colaborando, según sea el caso, con la extradición y en la investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de aquellos hechos145. Todo ello exige un deber específico de cooperación y colaboración interestatal146, de manera que los Estados atiendan y apliquen todos los mecanismos nacionales e internacionales disponibles y, de ser necesario, creen e implementen aquellos que resulten indispensables, para así dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales147(infra párr. 289).

 

VII.1

DERECHOS AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA VIDA, EN RELACIÓN

CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS148

 

A.   Alegatos de la Comisión y de las partes

 

  1. La Comisión señaló que “[e]l presente es un caso emblemático de graves violaciones a los derechos humanos” por el accionar de la coordinación represiva argentino-uruguaya, la práctica de desapariciones forzadas y el plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Alegó que no existe controversia acerca de la existencia de los tres elementos de la desaparición forzada de que fue víctima Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, en tanto fue privada ilegalmente de su libertad por agentes militares y policías fuertemente armados, y luego fue llevada a “Automotores Orletti”, donde fue torturada y finalmente desaparecida. A pesar de los esfuerzos de sus familiares por ubicarla, las autoridades no reconocieron su detención ni revelaron su paradero, “el cual continúa desconocido hasta la fecha”.

 

  1. Respecto de Mario Roger Julien Cáceres, indicó que, aunque las investigaciones realizadas han permitido a las autoridades del Estado concluir que falleció en dicho operativo, “hasta la fecha no ha existido un esclarecimiento completo de lo sucedido, incluyendo el paradero de sus restos mortales”. Alegó que concurren los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada y que el hecho se ve especialmente agravado porque la presunta víctima,

143      Cfr. Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020, supra, párr. 164.

144 Cfr. La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018. Serie A No. 25, párr. 199, y Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020, supra, párr. 164.

145 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 166, y Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 160.

146 Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 160, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Serie C No. 353, párr. 296.

147 En materia específica de desapariciones forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha indicado que “[c]uando existan indicios de que una persona desaparecida pueda encontrarse en otro país […], las autoridades encargadas de la búsqueda deben acudir a todos los mecanismos nacionales e internacionales de cooperación disponibles y, de ser necesario, crearlos”. Cfr. Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principio 3.

148     Artículos 3, 7, 5 y 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y con el artículo I, inciso a), de la CIDFP.

 

al momento de su desaparición, tenía estatuto de refugiado.

 

  1. El representante indicó que el presente caso incorpora elementos de gran relevancia, incluidos “la persecución y los crímenes transnacionales” ejecutados en el contexto del “Plan Cóndor”, lo que determinó la comisión de “gravísimos crímenes de lesa humanidad” contra la familia Julien Grisonas, perpetrados por agentes de la dictadura que usurpó el poder en 1976 e instaló un régimen de “[t]errorismo de Estado” en

 

  1. El Estado argumentó que los tribunales nacionales han afirmado que el operativo del 26 de septiembre de 1976 “se dio en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Expuso que, con el advenimiento de la democracia, Argentina llevó adelante un proceso de memoria, verdad y justicia para reparar las consecuencias de aquellos crímenes, así como para investigar, juzgar y sancionar a los Agregó que en un acto público efectuado el 24 de marzo de 2004, el entonces Presidente Néstor Kirchner “p[idió] perdón de parte del Estado Nacional […] por tantas atrocidades”. Por consiguiente, “el Estado argentino entiende que ha reconocido su responsabilidad internacional por los crímenes cometidos […] entre 1976 y 1983, incluyendo aquellos que damnificaron a la familia Julien Grisonas”.

 

  1. Alegó que “lo que aparentemente está en discusión […] es […] la efectividad del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación implementado”, lo que hace necesario que “este Tribunal reconozca y respalde” dicho proceso. Solicitó que, al realizar el análisis integral del caso, se tome en cuenta todo el contexto referido.

 

B.  Consideraciones de la Corte

 

  1. En su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha verificado la consolidación internacional en el análisis de la desaparición forzada149, calificada como una grave violación de derechos humanos, por lo que su prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens150, y cuyos elementos constitutivos son los siguientes: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada151.

 

  1. El Tribunal ha reiterado el carácter permanente de los actos constitutivos de desaparición forzada mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y la naturaleza pluriofensiva que sus consecuencias acarrean a los derechos reconocidos en la Convención Americana, por lo cual los Estados tienen el deber correlativo de investigar tales actos y, eventualmente, sancionar a los responsables152, conforme a las obligaciones derivadas de la citada Convención y, en particular, de la CIDFP153. La caracterización de la desaparición

149    Cfr. Inter alia, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 158, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 62.

150 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 84; Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 140, y Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020, supra, párr. 106.

151 Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 97, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 62.

152  Cfr. Inter alia, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 155 a 157, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párrs. 62 y 66.

153      Artículo I de la CIDFP:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

 

forzada, como violación permanente y pluriofensiva a los derechos humanos154, es consistente con el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos155, así como con las decisiones de órganos internacionales156 y de altos tribunales de los Estados americanos, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina (en adelante también “la Corte Suprema”)157.

 

  1. En coherencia con lo indicado, la necesidad del tratamiento integral de la desaparición forzada ha llevado también a este Tribunal a analizarla como una forma compleja de violación de varios derechos reconocidos en la Convención Americana en forma conjunta, en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera continuada, mientras subsistan, bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento, en particular los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente158.

 

B.1.    Desapariciones forzadas de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres

 

  1. Conforme a la determinación de hechos efectuada en este Fallo, el Tribunal recuerda que el operativo desarrollado el 26 de septiembre de 1976 en la casa de la familia Julien

154 Esa caracterización deriva no solo de la definición del artículo III de la CIDFP, sino de diferentes instrumentos internacionales. Véase, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992, artículos 1, 4 y 17, y Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, artículos 2 y 8.

155 Cfr. TEDH, Caso Kurt Vs. Turquía, No. 15/1997/799/1002. Sentencia de 25 de mayo de 1998, párr. 124; Caso Chipre Vs. Turquía [GS], No. 25781/94. Sentencia de 10 de mayo de 2001, párrs. 132 a 134 y 147; Caso Varnava y otros Vs. Turquía [GS], No. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 y 16073/90. Sentencia de 18 de septiembre de 2009, párrs. 111 a 113, 117, 118, 133, 138 y 145; Caso El-Masri Vs. Ex República Yugoslava de Macedonia [GS], No. 39630/09. Sentencia de 13 de diciembre de 2012, párrs. 240 y 241, y Caso Aslakhanova y otros Vs. Rusia, No. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 y 42509/10. Sentencia de 18 de diciembre de 2012, párr. 122, 131 y 132.

156 Cfr. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Observación General al artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 15 de enero de 1996, U.N. Doc. E/CN. 4/1996/38, párr. 55; Comisión de Derechos Humanos, Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, Experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión de Derechos Humanos, 8 de enero de 2002, U.N. Doc. E/CN.4/2002/71, párrs. 84 y 89; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario general sobre la desaparición forzada como delito continuado, 26 de enero de 2011, U.N. Doc. A/HRC/16/48, párr. 39, y Comité de Derechos Humanos, inter alia, Gyan Devi Bolakhe Vs. Nepal, U.N. Doc. CCPR/C/123/D/2658/2015, Comunicación No. 2658/2015, 4 de septiembre de 2018, párrs. 7.7, 7.8, 7.15 y 7.18; Tikanath y Ramhari Kandel Vs. Nepal, U.N. Doc. CCPR/C/123/D/2658/2015, Comunicación No. 2560/2015, 16 de agosto de 2019, párrs. 7.7, 7.8 y 7.13; Midiam Iricelda Valdez Cantú y María Hortencia Rivas Rodrígez Vs. México, U.N. Doc. CCPR/C/127/D/2766/2, Comunicación No. 2766/2016, 23 de diciembre de 2019, párrs. 12.5, 12.7, 12.8, y 12.10, y Malika y Merouane Bendjael Vs. Argelia,

U.N. Doc. CCPR/C/128/D/2893/2016, Comunicación No. 2893/2016, 3 de noviembre de 2020, párrs. 8.4 a 8.6 y 8.12.

157      Cfr. Inter alia, Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 1999, causa “Tarnopolsky, Daniel c/ Estado Nacional y otros s/ proceso de conocimiento”, y Sentencia de 3 de mayo de 2017, causa No. 1574/2014/RH1, “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”; Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia constitucional No. 1190/01-R de 12 de noviembre de 2001; Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia C-580/02 de 31 de julio de 2002; Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tesis: P./J. 87/2004, Desaparición forzada de personas. El plazo para que opere su prescripción inicia hasta que aparece la víctima o se establece su destino; Tribunal Constitucional de la República del Perú, Sentencia de 18 de marzo de 2004, Exp. No. 2488-2002-HC/TC, y Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, Sentencia de 7 de julio de 2009, expediente 929-2008.

158 Cfr. Inter alia, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 150, 155 a 158, 186 y 187; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 158, 163 a 167, 196 y 197; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrs. 68 a 103, y Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 363, párr. 81.

 

Grisonas, en el que participaron miembros de las fuerzas policiales y militares argentinas159, fue efectuado durante un período en el que la desaparición forzada de personas era una práctica sistemática ejecutada en el contexto del “terrorismo de Estado”160 (supra párrs. 59 a

68 y 88 a 91). Tales hechos, como señaló expresamente Argentina, no son motivo de discusión.

 

  1. Así, en atención a la preservación de la memoria histórica y a la imperante necesidad de que hechos similares no vuelvan a repetirse161, la Corte destaca el contexto de violación sistemática de los derechos humanos que caracterizó al período 1976-1983 en Argentina, en el que la “lucha contra la subversión” se proyectó tanto en una política interna de represión hacia la población civil, como en la coordinación con los gobiernos dictatoriales de otros Estados, desarrollada en el marco de la “Operación Cóndor”, cuyo objetivo era la persecución y eliminación de opositores políticos a los regímenes dictatoriales que en ese momento gobernaban en el Cono Sur162. Para ello, los esfuerzos de coordinación permitieron canales efectivos de comunicación y trabajo conjunto entre las distintas agencias de investigación y las fuerzas de seguridad estatales, hasta posibilitar que agentes extranjeros operaran en el territorio de otro Estado a fin de llevar adelante las acciones de contrainsurgencia163.

 

  1. Pues bien, las coordinaciones argentino-uruguayas, desplegadas en el marco de la “Operación Cóndor”, lograron afectar de manera significativa, por el número de víctimas y la efectividad de las metodologías aplicadas164, a personas de esta última nacionalidad quienes, como consecuencia de la dictadura instaurada en Uruguay a partir de 1973, se encontraban en el territorio de Argentina, circunstancias en las que el funcionamiento del centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti” fue de gran relevancia. A partir de todo lo referido, deviene necesario analizar lo suscitado respecto de las presuntas víctimas.

 

  1. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que el operativo del 26 de septiembre de 1976 se ejecutó en el marco de las acciones contrainsurgentes que contra la población civil efectuaban de manera conjunta los servicios de inteligencia y de seguridad de Argentina y En efecto, el matrimonio Julien Grisonas formó parte del objetivo de las acciones

159    En concreto, agentes de la Secretaría de Informaciones del Estado y del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, así como personal militar (supra párr. 88).

160 El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas fue creado en 1980 “como una salida para abordar e investigar las miles de denuncias contra la Argentina” presentadas ante la entonces Comisión de Derechos Humanos, derivado de “[l]a forma masiva y sistemática con que [l]a dictadura […] desarrolló [dich]a práctica”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a la Argentina, 5 de enero de 2009, U.N. Doc. A/HRC/10/9/Add.1, párr. 9.

161      Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 93.

162 La perita Francesca Lessa afirmó que la coordinación que permitió la “Operación Cóndor” se utilizó especialmente “para silenciar la voz de oposición de partidos y agrupaciones políticas que operaban en el exilio”. Cfr. Dictamen pericial suscrito por Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folio 16998).

163 Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo I.A, La coordinación represiva en Latinoamérica, y dictamen pericial suscrito por Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folios 16993 y 16994).

164 La perita Francesca Lessa afirmó que, en el marco de la “Operación Cóndor”, las personas “más perseguidas fueron las de nacionalidad uruguaya” y que Argentina fue el territorio “donde la coordinación represiva actuó más extensamente”. Agregó que “Argentina y Uruguay fueron los países que más utilizaron los andamiajes de la coordinación represiva”. Un reporte de inteligencia desclasificado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, de 1 de octubre de 1976, da cuenta que entre el 24 y el 27 de septiembre de 1976, los servicios de inteligencia argentino y uruguayo llevaron a cabo, de manera conjunta, operaciones contra una “organización terrorista” uruguaya (OPR-33) que operaba en Buenos Aires. Como resultado de tales operaciones, se habría “eliminado toda la infraestructura” de la organización en Argentina (During the period 24-27 Septembrer 1976, members of the Argentine State Secretariat for Information (SIDE), operating with officers of the Uruguayan Milltary Intelligence Serviced carried out operations against the Uruguayan Terrorist organization, the OPR-33 in Buenos Aires. As a result of this join operation SIDE officials clained that the entire OPR-33 infraestructure in Argentina has been eliminated). Traducción de la Secretaría de la Corte. Cfr. Dictamen pericial suscrito por Francesca Lessa (expediente de prueba, tomo XII, affidávits, folios 16993 y 17056). Véase, Cuadros estadísticos sobre víctimas y hechos del terrorismo de Estado (expediente de prueba, tomo IV, anexo 23 al escrito de contestación, folio 15910).

 

coordinadas de represión, al ser considerados como “elementos subversivos”, dada su condición de opositores políticos165.

 

  1. En lo que atañe a la señora Grisonas Andrijauskaite, los hechos establecidos dan cuenta que fue detenida violentamente por agentes del Estado durante el operativo y luego fue conducida al centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”. Las autoridades argentinas no brindaron información sobre su destino, a pesar de las distintas peticiones y acciones promovidas, en especial por su suegra, la señora María Angélica Cáceres de Julien. Hasta la fecha se desconoce el paradero de la presunta víctima. La Corte considera que los hechos constatados configuraron los tres elementos constitutivos de la desaparición

 

  1. Los tribunales internos han dictado tres sentencias condenatorias por las que han acreditado que la señora Grisonas Andrijauskaite “fue privada ilegalmente de su libertad” el día del operativo, luego “fue trasladada” a “Automotores Orletti” y, hasta la fecha, “permanece desaparecida”. En dos de los fallos se estableció, además, que en el referido centro clandestino, “al igual que el resto de las personas allí detenidas”, sufrió “golpes y amenazas, torturas físicas, […] p[e]rdi[ó] contacto con el mundo exterior, […] [n]o recibió atención médica[,] no pudo atender apropiadamente […] sus necesidades fisiológicas […] [y] fue obligada a escuchar los gritos de otras personas al ser torturadas o al quejarse de [lo]s dolores a causa de las heridas producidas por la tortura”166.

 

  1. Así las cosas, el secuestro de la presunta víctima, ejecutado de manera directa por agentes del Estado, y su posterior reclusión clandestina en “Automotores Orletti”167denotan el carácter abiertamente ilegal de la privación de libertad, en violación del artículo 7.1 de la Convención Americana, la que solo debe ser entendida como el inicio de la configuración de la compleja violación de derechos que implica la desaparición forzada168.

 

  1. La permanencia de la presunta víctima en el referido centro clandestino resultó violatoria del derecho a la integridad personal, dados los actos de tortura que sufrió y las otras condiciones contrarias a la dignidad de la persona a las que fue sometida, sin dejar de lado que el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención Americana169. Asimismo, la señora Grisonas Andrijauskaite estuvo bajo control de cuerpos represivos oficiales que impunemente practicaban la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas, lo que representa, por sí misma, una infracción al deber de

165 Como fue establecido, las presuntas víctimas eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (supra párr. 87), conformado en 1975 en Buenos Aires por miembros de organizaciones uruguayas en el exilio (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, conocida como OPR-33; Resistencia Obrero Estudiantil, Frente Estudiantil Revolucionario y Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores). Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folio 1096). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6, en la Sentencia del 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folio 15426) señaló que las presuntas víctimas “fueron investigad[a]s por la Ex Dirección de Inteligencia […] y contaban con fichas personales bajo la denominación ‘DS’, lo cual significaba delincuente subversivo”.

166     Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folio 1270); Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 9 de agosto de 2016, causas No. 1504, 1951, 2054 y 1976 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 8 al escrito de contestación, folios 7579 y 7580).

167 El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en enero de 1981, al referirse a los centros clandestinos de detención, hizo mención expresa de “Automotores Orletti”, respecto del cual indicó que estaba “situado en Buenos Aires y [era] dirigido por miembros de las fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas”. Cfr. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 22 de enero de 1981, U.N. Doc. E/CN.4/1435, párr. 58.d. Véase, Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 53.

168   Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 112, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 172.

169   Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 156 y 187, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C No. 368, párr. 194.

 

prevención de violaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida, reconocidos en los artículos 5 y 4 de la Convención, aun en el supuesto de que no pueda demostrarse el hecho de privación de la vida de la persona en el caso concreto170.

 

  1. Por su parte, la consecuencia de la negativa de las autoridades a reconocer la privación de la libertad o el paradero de la persona es, en conjunto con los otros elementos de la desaparición, la sustracción de la protección de la ley o bien la vulneración de su seguridad jurídica, lo que impide directamente el reconocimiento de la personalidad jurídica171. Por consiguiente, la desaparición de la señora Grisonas Andrijauskaite la colocó en una situación de indeterminación jurídica, que impidió su posibilidad de ser titular o ejercer de forma efectiva sus derechos en general, lo que conllevó una violación a su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana172.

 

  1. De esa cuenta, es un hecho no controvertido que hasta la fecha subsiste la incertidumbre respecto de la suerte o paradero de la señora Grisonas Andrijauskaite, por lo que su desaparición forzada persiste, en congruencia con su carácter permanente, lo que determina la responsabilidad internacional del

 

  1. En lo que concierne a Mario Roger Julien Cáceres, los hechos establecidos dan cuenta que fue detenido durante el operativo del 26 de septiembre de 1976 y fue privado arbitrariamente de la vida a raíz de la intervención de los agentes estatales, a partir de lo cual se negó toda información sobre su suerte y el destino de sus restos. En efecto, los tribunales nacionales han concluido que el día del operativo, luego del intento frustrado del señor Julien Cáceres por escapar, fue “abatido” por los agentes. Uno de los testigos del suceso narró que después de la detención de la presunta víctima, “[s]u cuerpo cayó sobre la calle”, el cual fue levantado y colocado en un vehículo por el personal que intervino en el operativo (supra párr. 91). En cuanto al paradero de sus restos, sin perjuicio de analizarse lo pertinente ante alegatos sobre violaciones específicas, el Tribunal constata que, a la fecha, no existe información inequívoca que haya permitido su identificación.

 

  1. Ante ello, la Corte considera que las circunstancias descritas determinan que también en este caso fueron ejecutados actos que deben calificarse como desaparición forzada. En efecto, de acuerdo a la definición contenida en el artículo II de la CIDFP173 y la jurisprudencia de esta Corte, una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control o de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos174. Por ende, la Corte considera que se configuraron los elementos de la desaparición

 

  1. En línea con lo anterior, este Tribunal ha conocido de distintos casos en los cuales la existencia de mayores o menores indicios sobre la muerte de las víctimas no modificó la calificación como desaparición forzada, lo que se vio determinado, precisamente, por lo que los agentes estatales hicieron después de dar muerte a las víctimas, esto es, la adopción de

170 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 175, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia, supra, párr. 194.

171 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párrs. 90 y 92, y Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, supra, párr. 172.

172 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párr. 101, y Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 139.

173     El artículo II de la CIDFP dispone que “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

174 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párr. 91, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 200.

 

medidas dirigidas a ocultar lo que realmente había ocurrido o borrar todo rastro de los cuerpos para evitar su identificación o que su destino y paradero fuera establecido175. El mismo criterio ha expresado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (en adelante “el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas”)176.

 

  1. Por consiguiente, el Tribunal concluye que también en el caso del señor Julien Cáceres fueron ejecutados actos constitutivos de desaparición forzada, cuyos efectos lesivos a los derechos consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana permanecen en la actualidad, lo que determina la responsabilidad internacional del Estado.

 

  1. Asimismo, cabe recordar la condición de refugiado del señor Julien Cáceres. En tal sentido, la Corte pone de manifiesto la especial condición de vulnerabilidad de las personas asiladas o refugiadas, lo que impone obligaciones específicas, en materia de protección, para el Estado en cuyo territorio se encuentren177.

 

  1. De esa cuenta, se imponía al Estado argentino la obligación de garantizar los derechos de quienes se habían traslado a su territorio en virtud de la persecución política en su contra, lo que se ve reforzado por el principio de no devolución, erigido en piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas o asiladas y de las personas solicitantes de asilo178, cuyo alcance impide extraditar, deportar, expulsar, devolver o remover de cualquier manera a aquellas personas en caso de existir motivos suficientes para considerar un riesgo de daño irreparable contra sus derechos, más aun ante la presunción fundada para creer que estarían en peligro de ser sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de ser privadas arbitrariamente de la vida179. No obstante, todo lo anterior fue abiertamente inobservado e infringido en el contexto de los hechos del caso180.

175     Cfr. Inter alia, Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párrs. 30 a y e, y 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 170, 173 y 200; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 138 y 155; Caso Gómez Palomino Vs. Perú, supra, párrs. 54.14 y 54.15; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párrs. 114 y 162; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, supra, párrs. 80, 81, 84 a 88, 92 y 94; Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párrs. 367 a 369, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párrs. 167 y 184 a 186.

176 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario general sobre la definición de desapariciones forzadas, 10 de enero de 2008, U.N. Doc. A/HRC/7/2, párr. 10:

[U]na detención seguida de una ejecución extrajudicial […] constituye una desaparición forzada en sentido propio, siempre que esa detención o privación de libertad la hayan realizado agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, o grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia, y que con posterioridad a la detención o incluso después de haberse llevado a cabo la ejecución, se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que el acto se haya cometido en absoluto.

177 La CONADEP calificó las coordinaciones interestatales de la época como “un aparato represivo típicamente ‘multinacional’”, en cuyo marco fueron ejecutadas “actividades de persecución […] sin limitación de fronteras geográficas, […] en franca violación de tratados y convenciones internacionales […] sobre el derecho de asilo y refugio político”. Cfr. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo K., La coordinación represiva en Latinoamérica.

178      Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 151, y Opinión Consultiva OC-25/18, supra, párr. 179.

179 Cfr. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 226, y Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párrs. 127 y 130.

180 El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias se ha referido al tema, poniendo de manifiesto que “[c]uando se trata de […] o un refugiado que sufr[e] desaparición forzada […], se violan también derechos específicamente reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos”. Cfr. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 9 de diciembre de 1983, U.N. Doc. E/CN.4/1984/21, párr. 154. Asimismo, dicho órgano ha señalado que, en el ámbito de las desapariciones forzadas, “están las obligaciones específicas” para los Estados, “deriva[das] de las características específicas del fenómeno

 

  1. Por último, la Corte reitera que el contexto de lo ocurrido en el presente caso resultó particularmente grave, en tanto el Estado se constituyó en factor principal de los crímenes cometidos, configurándose graves violaciones a los derechos humanos como parte de una práctica sistemática de “terrorismo de Estado” a nivel interestatal181, lo que determinó la calificación de lo ocurrido como crímenes de lesa humanidad por parte de los tribunales argentinos (supra párrs. 59 y 60).

 

B.2.  Conclusión

 

  1. Con base en lo considerado, la Corte concluye que el Estado argentino es responsable por la desaparición forzada de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal consagrados, respectivamente, en los artículos 3, 1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo

1.1 del mismo instrumento, así como el artículo I, inciso a), de la CIDFP, que prohíbe la práctica, por parte de los Estados, de la desaparición forzada de personas.

 

VII.2

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS, DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO

Y DE INVESTIGAR GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS182

 

  1. La Corte procederá al estudio de las variadas y distintas cuestiones planteadas con relación a los alegatos sobre violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y al deber de investigar graves violaciones a los derechos

 

A.   Alegatos de las partes y de la Comisión

 

A.1.  Sobre la alegada situación de impunidad generada con la vigencia de las Leyes No. 23.492 y 23.521

 

  1. La Comisión argumentó que durante la vigencia de las Leyes No. 23.492 y 23.521 se “provocó una situación de total impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad perpetrados” contra la familia Julien Grisonas, los cuales no son susceptibles de amnistía. Señaló que, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, durante la vigencia y aplicación de dichas leyes el Estado violó los artículos 1 y 25 de la Convención, en relación con los artículos

1.1 y 2 del mismo instrumento, y del artículo I, inciso b), de la CIDFP.

 

  1. El representante señaló que dichas leyes configuraron un “muro legal de impunidad que ved[ó] imputaciones y acciones penales”. Tales impedimentos “obligaron a quienes qu[erí]an conocer la [v]erdad, a acudir a muy extensas acciones civiles con obvia y sustancial merma de facultades investigativas y un mucho más restringido marco probatorio”.

 

  1. El Estado alegó que las referidas normativas fueron declaradas “insanablemente nulas” por el Congreso Nacional en 2003 y “de ningún efecto” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005, con lo que se “priv[ó] de todos sus efectos a las leyes y decretos de

migratorio en las esferas de la prevención, búsqueda, penalización/investigación, reparación y cooperación internacional”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las desapariciones forzadas en el contexto de la migración, 28 de julio de 2017, U.N. Doc. A/HRC/36/39/Add.2, párr. 57.

181      Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párrs. 66 y 72, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 99.

182      Artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y los artículos I, inciso b), y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

 

impunidad”. Agregó que en las causas instadas por los hechos cometidos en perjuicio de la familia Julien Grisonas se aplicó “un enérgico control de convencionalidad”, al rechazar las pretensiones de aplicación de las amnistías e indultos.

 

A.2.  Sobre las investigaciones dirigidas a esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables, y la garantía del plazo razonable

 

  1. La Comisión señaló que en 2017 se condenó a dos exagentes de policía por la privación ilegítima de la libertad de la señora Grisonas Andrijauskaite. Si bien el fallo tuvo por acreditado que el señor Julien Cáceres fue asesinado, los acusados fueron absueltos por este hecho. En la fase de impugnaciones se anuló parcialmente la decisión. En virtud de estar pendiente “el dictado de una sentencia”, los “hechos se encuentran en la impunidad” y, en consecuencia, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2, y el artículo I, inciso b), de la CIDFP. En cuanto a los hechos perpetrados contra Anatole y Victoria, expuso que, con posterioridad a la presentación del caso ante la Corte, se dictó la condena de cuatro personas, lo que “constituye un paso fundamental en la obtención de justicia para las víctimas”.

 

  1. Agregó que, sin perjuicio de la complejidad del proceso, “a 45 años de los hechos […] y a 18 años desde que se levantaron los obstáculos legales”, aún no se han sancionado a los responsables por la desaparición del señor Julien Cáceres ni se ha determinado su destino y paradero, así como el de la señora Grisonas Andrijauskaite183.

 

  1. El representante indicó que está pendiente la deducción de responsabilidades por “el homicidio” del señor Julien Cáceres, así como “el tratamiento […] de lo que se conoció como ‘botín de guerra’”. Señaló que las omisiones al deber de investigar constituyen violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

 

  1. El Estado argumentó que, si bien los acusados por el homicidio del señor Julien Cáceres fueron absueltos, la decisión fue Señaló que, más allá del resultado, la investigación permitió “reconstruir las circunstancias” de lo sucedido. Expuso que la responsabilidad estatal no puede derivarse de “la falta de acusación y enjuiciamiento” de personas “que no se encuentran sometid[a]s a su jurisdicción”, cuya extradición fue diferida. Alegó que no existe una “situación de impunidad” en torno a los hechos.

 

  1. Indicó que las causas instadas configuran “megaprocesos” que juzgan violaciones graves y sistemáticas de derechos Argumentó que los peritos Méndez y Parenti se refirieron a la estrategia de elevación “por tramos”, lo que “se ajusta a los estándares de priorización […] según el derecho internacional”, por lo que “mal puede entenderse que un determinado hecho […] esté en la impunidad”, porque “uno o dos de esos tramos” no los contemple. Añadió que no resulta violatorio a los derechos de las presuntas víctimas “el plazo que han insumido las investigaciones […] si se aprecia que […] los tribunales han puesto todo su denuedo en esclarecer los hechos […] de la forma más completa posible”.

 

A.3.    Sobre la tipificación “tardía” del delito de desaparición forzada de personas en el sistema jurídico argentino

 

  1. La Comisión indicó que, si bien en 2011 se condenó a varios exagentes de inteligencia del Estado por delitos cometidos en perjuicio de la señora Grisonas Andrijauskaite, el fallo no aplicó el tipo penal de desaparición forzada, incorporado a la legislación interna en 2011. Señaló que la CIDFP “entró en vigor en Argentina el 28 de febrero de 1996, surgi[endo] la

183   Al presentar sus alegatos finales escritos, la Comisión solicitó que se declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 3, 4.1, 5, 7.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y de los artículos I, incisos a) y b), y III de la CIDFP.

 

obligación de tipificar el delito de desaparición forzada”. No obstante, debieron transcurrir 15 años para que se diera cumplimiento a la obligación internacional. Concluyó que Argentina, derivado de la tipificación “tardía” del delito, violó el artículo III de la CIDFP.

 

  1. El representante indicó que el Estado incumplió por más de 15 años su obligación de tipificar el delito de desaparición forzada de personas, lo que constituye “una violación autónoma y separada”.

 

  1. El Estado alegó que la tipificación del artículo 142 ter del Código Penal “difícilmente hubiese podido ser aplicada” en la Sentencia del 31 de mayo de 2011, dada la fecha en que la norma entró en vigencia, es decir, el 17 de mayo de Señaló que dicho fallo “describió […] todos y cada uno de los elementos que conforman [la] desaparición forzada de personas, aplicándoles los tipos penales correspondientes”. Al considerarlo así, los jueces calificaron tales conductas como crímenes de lesa humanidad. Indicó que la pena impuesta fue fijada en un cómputo equivalente al máximo que prevé el citado artículo 142 ter.

 

  1. Agregó que en la sentencia de la causa “Plan sistemático”, los hechos que damnificaron a Anatole y Victoria fueron calificados como desaparición forzada, sin perjuicio de la aplicación de los tipos penales vigentes al tiempo de su comisión. El hecho de que no se haya aplicado el artículo 142 ter del Código Penal “no puede considerarse contraria al derecho internacional”, pues “la solución jurídica adoptada constituy[ó] un control de convencionalidad que permit[ió] aventar cualquier impugnación por irretroactividad de la ley penal”.

 

A.4.       Sobre   la   búsqueda   del   paradero   de   Victoria         Lucía    Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres

 

  1. La Comisión indicó el Estado no ha utilizado todos los medios para realizar con prontitud las actuaciones y averiguaciones necesarias a fin de esclarecer la suerte de las presuntas víctimas. En cuanto al señor Julien Cáceres, existen indicios de que sus restos fueron trasladados al osario general del Cementerio Municipal del Partido General de San Martín, los cuales “por más serios que sean, no dejan de ser indicios, por lo que por sí solos no constituyen una determinación inequívoca del destino de los restos”. Alegó que el Estado aludió a la conclusión del Equipo Argentino de Antropología Forense (en adelante también “el EAAF”), sin informar “si posteriormente hubo diligencias adicionales ni el motivo por el cual el [j]uzgado no contestó las solicitudes realizadas por el representante” a ese respecto.

 

  1. El representante indicó que el Estado anexó, al escrito de contestación, un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que “llamó [su] atención porque […] no había sido requerido por el juez […], sino por [la representación del Estado], sin noticia alguna al juez ni a los hermanos Larrabeiti [Yáñez]”. Señaló que a partir de ello “pudi[eron] tomar conocimiento de este importante informe que […] reviste principal interés para Anatole y Victoria”, quienes “siguen sin entender por[ ]qué el Estado no los invitó a participar en las conversaciones con el EAAF, o al menos haberles hecho saber el informe”.

 

  1. El Estado alegó que la identificación de los restos de las personas desaparecidas constituye parte esencial de la política de memoria, verdad y Señaló que la investigación permitió “determinar que los restos [del señor Julien Cáceres] fueron inhumados clandestinamente en el Cementerio Municipal de San Martín”. Sin embargo, los restos fueron trasladados al osario general del cementerio, circunstancia que, según el EAAF, “obtura la posibilidad de identificación”. Agregó que la falta de esclarecimiento del destino de la señora Grisonas Andrijauskaite debe entenderse en el contexto de una “precisa tecnología tendiente a garantizar la impunidad”. Argentina expresó “su compromiso con [el] deber irrenunciable de seguir procurando esclarecer [su] suerte”.

 

B.  Consideraciones de la Corte

 

  1. El Tribunal recuerda que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana184. Dicha obligación también se desprende de otros instrumentos interamericanos. Así, en casos de desapariciones forzadas, tal obligación se ve reforzada por el artículo I, inciso b), de la CIDFP185. En congruencia con lo anterior, ante la particular gravedad de la desaparición forzada de personas y la naturaleza de los derechos lesionados, han alcanzado el carácter de ius cogens tanto la prohibición de su comisión, como el correlativo deber de investigar y sancionar a los responsables186.

 

  1. La Corte considera que el cumplimiento del deber de los Estados de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, como las del presente caso, configura no solo una obligación internacional, sino que provee elementos imprescindibles para consolidar una política integral en materias de derecho a la verdad, acceso a la justicia, medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición. Así, los procesos judiciales dirigidos a esclarecer lo sucedido en contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos pueden propiciar un espacio de denuncia pública y rendición de cuentas por las arbitrariedades cometidas; fomentan la confianza de la sociedad en el régimen de legalidad y en la labor de sus autoridades, legitimando su actuación; permiten procesos de reconciliación social sobre la base del conocimiento de la verdad de lo sucedido y de la dignificación de las víctimas, y, en definitiva, fortalecen la cohesión colectiva y el Estado de derecho187.

 

  1. Con base en lo considerado, el Tribunal efectuará el estudio de las violaciones alegadas, en el orden siguiente: a) el cumplimiento del deber de investigar y sancionar, en un plazo razonable, la desaparición forzada de personas; b) la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el sistema jurídico argentino y su falta de aplicación al caso concreto, y c) la búsqueda del paradero de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, y el derecho de los familiares a conocer la

 

B.1.     El cumplimiento del deber de investigar y sancionar, en un plazo razonable, la desaparición forzada de personas

 

  1. La Corte ha señalado que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad188. En definitiva, el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables189.

 

184 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 166, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 66.

185      Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 437, y

Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 66.

186 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 89, y Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285, párr. 92.

187     El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha destacado que los procesamientos penales en procesos de transición “dan a las víctimas reconocimiento como titulares de derechos”, “[s]irven […] para que el ordenamiento jurídico demuestre que es digno de crédito”, “afianzan el [E]stado de derecho y […] contribuyen a la reconciliación social”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, U.N. Doc. A/HRC/27/56, 27 de agosto de 2014, párr. 22. Véase, además, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Informe del Secretario General, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, U.N. Doc. S/2004/616, 3 de agosto de 2004, párr. 39.

188   Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 181; Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 128, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 86.

189     Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 82.

 

  1. El Tribunal advierte que en el presente caso la Comisión y el representante concuerdan en alegar la situación “de impunidad” en que se encontrarían los hechos cometidos en perjuicio de Mario Roger Julien Cáceres, en tanto, a la fecha, no han sido sancionados los responsables de su desaparición forzada. Asimismo, señalan que los procesos instados para investigar y deducir responsabilidades por los hechos que damnificaron a la familia Julien Grisonas habrían padecido una demora injustificada. En consecuencia, sin perjuicio de específicos argumentos referidos a la búsqueda del paradero del matrimonio Julien Grisonas, los que serán objeto de análisis posterior (infra párrs. 209 a 221), no ha sido alegada la inobservancia de la debida diligencia en las investigaciones penales, pues los alegatos no se refieren a falencias en la investigación, sino a la demora y el retardo en el tiempo, lo que repercute en la garantía del plazo

 

  1. La Corte recuerda que, en torno a los hechos que damnificaron a la familia Julien Grisonas, a partir de la causa No. 2637/04, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, se han elevado a juicio oral cinco “tramos” o partes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 (supra párrs. 101 a 107).

 

  1. Así, en la causa No. 1627 (“Automotores Orletti I”) el Tribunal Oral condenó en 2011 a tres personas por los delitos de “privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas […] en concurso […] con el delito de imposición de tormentos”, en perjuicio de la señora Grisonas Los jueces impusieron las penas siguientes:
  2. a) 25 años de prisión e “inhabilitación absoluta y perpetua” a un exagente de inteligencia, condenado como coautor respecto de hechos cometidos contra distintas víctimas; b) 25 años de prisión a otro acusado que no ejercía funciones públicas, condenado como partícipe necesario respecto de hechos cometidos también contra distintas víctimas, y c) prisión perpetua e “inhabilitación absoluta y perpetua” a un exmilitar condenado como coautor por hechos cometidos respecto de múltiples víctimas. La Sentencia fue confirmada en

 

  1. En cuanto a la causa 1976, cuyo debate se celebró juntamente con el de las causas No. 1504, 1951 y 2054 (“Operación Cóndor”, “Plan Cóndor” o “Automotores Orletti II”), en 2016 fue condenado un exagente de inteligencia de la Secretaría de Informaciones del Estado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, […] que concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos”, en perjuicio de la señora Grisonas Andrijauskaite. La pena impuesta al condenado, en calidad de coautor respecto de hechos cometidos contra múltiples víctimas, fue de 25 años de prisión e “inhabilitación absoluta y perpetua”. La decisión fue confirmada en 2018.

 

  1. Respecto de las causas 2261 y 2390 (“Automotores Orletti III y IV”), el Tribunal Oral condenó en 2017 a dos personas, exagentes de la Policía Federal, por el delito de “privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas”, en perjuicio de la señora Grisonas Andrijauskaite. Ambas personas fueron sancionadas, como coautoras, con las penas de seis años de prisión e “[inhabilitación especial] para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”. El fallo absolvió a los dos acusados del delito de “homicidio agravado por alevosía”, imputado por la muerte del señor Julien Cáceres. En 2019 fue anulada dicha absolución. A la fecha de emisión de esta Sentencia, se encuentra pendiente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un recurso de queja.

 

  1. En la causa No. 3002 (“Automotores Orletti V”) se dictó condena en 2021 contra cuatro personas (procesadas previamente en el marco de las causas 1627 y 1976) por los delitos de “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años […] que concurre […] con el […] de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o

 

amenazas, el que concurre […] con el […] de imposición de tormentos”, en perjuicio de Anatole y Victoria. Los jueces declararon a los acusados responsables por otros hechos cometidos en perjuicio de distintas víctimas, y les impusieron las penas de “[prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua]”, “comprensiva[s] de la[s] dispuesta[s]” en diferentes procesos previos.

 

  1. En forma independiente a los anteriores procesos, en las causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 ( “Plan sistemático de apropiación de niños”), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 condenó en 2012 a uno de los exintegrantes de la primera Junta Militar que gobernó durante la dictadura por los delitos de “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años en concurso […] con el de hacer incierto el estado civil de un menor de diez años”, en perjuicio de Anatole y Victoria. Los jueces impusieron al condenado la “[pena única de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua]” en calidad de autor de distintos delitos cometidos contra múltiples víctimas.

 

  1. La Corte valora positivamente los avances logrados por las autoridades argentinas para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos cometidos contra la señora Grisonas Andrijauskaite y sus hijos, Anatole y Victoria, en el marco de los esfuerzos emprendidos para esclarecer las graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante el período 1976-1983. Así, la emisión, en 2021, de un fallo condenatorio en torno a los hechos de los que fueron víctimas Anatole y Victoria, determina que el Estado cumplió su obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos en su contra, por lo que no es procedente declarar la responsabilidad estatal por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la

 

  1. A continuación, el Tribunal efectuará el estudio con relación a la garantía del plazo En tal sentido, la Corte reitera que, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable190, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales191. La evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse192.

 

  1. La jurisprudencia ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto193; b) la actividad procesal del interesado194; c) la conducta de las autoridades judiciales195, y d) la afectación generada

 

190     Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77; Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423, párr. 211, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 82.

191 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 82.

192      Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71, y Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, supra, párr. 166.

193 En cuanto al análisis de la complejidad del asunto, la Corte ha tenido en cuenta, entre otros criterios, la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, las características del recurso contenido en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación. Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 78, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párrs. 142 y 143.

194 Respecto de la actividad del interesado en obtener justicia, la Corte ha tomado en consideración si la conducta procesal de este ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso. Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 57, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párrs. 142 y 144.

195 La Corte ha considerado que las autoridades judiciales, como rectoras del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo. Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie

 

en la situación jurídica de la presunta víctima196.

 

  1. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, conforme a los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido y, en la eventualidad de que no lo demuestre, el Tribunal tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación197. En tal sentido, Argentina justificó la demora de los procesos en la complejidad que conllevan y, respecto de los hechos que damnificaron al señor Julien Cáceres, en la imposibilidad de avanzar en las causas, dado que las personas a imputar no se encontrarían en territorio argentino, cuya entrega fue diferida por Uruguay ante el requerimiento de extradición.

 

  1. En cuanto al primer elemento, es decir, la complejidad del asunto, el Tribunal es consciente, como ha sido explicado en este Fallo, que los hechos que originaron el presente caso fueron cometidos en el contexto de un plan sistemático de represión a la población civil y de violación a los derechos humanos. Ello determinó que, desde las más altas autoridades gubernamentales, se orquestara una dinámica generalizada de actuación delictiva y de procuración de impunidad, a lo que se sumó el marco de coordinación interestatal existente en la “Operación Cóndor”, todo lo cual tornan ciertamente complejas las labores de investigación y juzgamiento de lo sucedido, en tanto exige dilucidar maniobras criminales planificadas y respaldadas, desde la clandestinidad, a nivel interno e internacional, con múltiples víctimas, responsables y hechos por esclarecer198. Por consiguiente, la complejidad de los procesos es evidente. Ante ello, resulta esencial determinar la respuesta que las autoridades judiciales habrían asumido para solventar las problemáticas que tal complejidad acarrea, sin dejar de lado otros elementos que incidirían en la dilación de la respuesta esperada por las víctimas de los crímenes

 

  1. Respecto del segundo elemento, referido a la actuación de las presuntas víctimas en el caso concreto, el Tribunal recuerda que, en 2012, por medio de su representante, Anatole se constituyó como querellantes en la causa No. 2637/04. A partir de ello, su intervención se dirigió a requerir la práctica de específicas diligencias, a solicitar la ampliación de las investigaciones sobre determinados hechos y a señalar las que, a su criterio, serían “demoras y omisiones” en la sustanciación de la causa (supra párr. 100). Por ende, la actuación de las presuntas víctimas no habría contribuido al retardo de los

 

  1. En lo que atañe al tercer elemento de análisis, consistente en la actuación de las autoridades judiciales, resulta de especial interés señalar que la complejidad de los hechos habría determinado, según justificó el Estado, la formulación y aplicación de una “estrategia” para el procesamiento de los casos. Así, las instituciones del sistema de justicia identificaron mecanismos dirigidos a “posibilit[ar] la apertura y sustanciación de los juicios”, lo que significó una estrategia basada en la “priorización” de las causas. Como resultado, según indicó el perito Pablo Parenti, esa priorización determinó que los procesos fueran “elevados” a juicio por “tramos”, lo que conllevaría, a su vez, la acumulación de causas para su juzgamiento y,

C No. 101, párr. 211; Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, supra, párrs. 167 y 172, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párr. 142.

196 La Corte ha entendido que, si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica de la persona, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155; Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párrs. 223, 229, 234, 238 y 240, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párrs. 142 y 145.

197   Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párr. 156, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párr. 142.

198 El juez a cargo de la causa No. 2637/04 señaló que la investigación de los hechos ha dado cuenta de más de 2000 víctimas en casi 50 centros clandestinos de detención y tortura, y ha permitido la imputación de 266 personas. Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11060).

 

consecuentemente, la “espera” en la que otros procesos se encontrarían, al no haber formado parte del conjunto de los priorizados. Según el perito, la Resolución PGN 13/08 de la Procuración General de la Nación y las “Pautas” para su implementación199, representan “una guía de actuación en materia de persecución” y “[d]efinen un modelo estratégico orientado al aprovechamiento máximo de la prueba”200.

 

  1. La Corte advierte que la estrategia de priorización de casos configura una de las herramientas que el sistema judicial argentino habría formulado ante la complejidad de los procesos y la masiva cantidad de hechos por procesar, juzgar y Respecto de dicha estrategia, catalogada como “ejemplar” por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición201, la Comisión y el representante no formularon objeciones específicas, por lo que el Tribunal no cuenta con elementos para cuestionarla. A la postre, esa estrategia habría provocado que, conforme a la priorización definida, cada causa debió esperar el tiempo necesario para avanzar a la siguiente fase procesal. Con todo, en el caso concreto, en lo que respecta a los hechos perpetrados contra la señora Grisonas Andrijauskaite y sus hijos, Anatole y Victoria, dadas las sentencias dictadas, la estrategia no supuso una denegación de justicia.

 

  1. Por lo demás, el Tribunal no advierte que la actuación de las autoridades judiciales a cargo de los distintos procesos haya provocado per se un retardo injustificado, lo que tampoco fue alegado de manera específica por la Comisión y el Si bien este último aludió a “demoras y omisiones” en la investigación de los hechos cometidos contra Anatole y Victoria, lo que fue motivo de específicos planteamientos en el trámite del proceso judicial (supra párr. 100), su alegato no identificó una concreta falencia en la actuación judicial. Por el contrario, del argumento expresado se infiere que su objeción obedecería a una discrepancia con el criterio judicial o, en definitiva, con los criterios de priorización aplicados al caso concreto202.

 

  1. Ahora bien, en lo que concierne al proceso instado para juzgar los hechos cometidos contra el señor Julien Cáceres, la Corte recuerda que, a la fecha, no se ha sancionado a los En tal sentido, la decisión de absolución de los acusados por el “homicidio” de la presunta víctima fue anulada el 27 de febrero de 2019 y, en consecuencia, se ordenó el reenvío de las actuaciones “para su sustanciación”. Asimismo, según se constata de la Resolución dictada en septiembre de 2019 por el respectivo Tribunal Oral, el 5 de julio del mismo año, la Cámara Federal de Casación Penal declaró “[inadmisible] el recurso extraordinario” presentado por la defensa de los acusados cuya absolución fue anulada. Ante ello, dicha defensa promovió un recurso de queja “por denegación del recurso extraordinario

199 Véase, “Pautas para la implementación de la Resolución PGN 13/08”, esta última dictada por la Procuración General de la Nación el 3 de marzo de 2008, que instruye a las y los fiscales a “promover la elevación a juicio de las causas por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”. Dichas “pautas” fueron elaboradas por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Disponible en: https://www.mpf.gob.ar/Institucional/UnidadesFE/pautas- para-la-impl-13-08.pdf.

200     Cfr. Peritaje escrito rendido por Pablo Parenti (expediente de prueba, tomo XI, peritajes escritos, folios 16896 y 16921)

201     Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, U.N. Doc. A/HRC/27/56, 27 de agosto de 2014, párrs. 35, 36, 41, 44 a 74, 105 y 118. Según el Relator Especial, una “estrategia de priorización” consiste en prever “un orden estratégico con arreglo al cual se investigan y enjuician los casos”, lo que se justifica en que, ante situaciones resultantes de la actuación de “complejos sistemas organizados con fines criminales”, los órganos judiciales “no pueden absorber [el] volumen de trabajo y, al mismo tiempo, observar las debidas garantías procesales”, por lo que “puede resultar particularmente perjudicial no adoptar una estrategia de priorización”.

202 El representante señaló que el juez, a pesar de que los hechos del caso “constituyeron un único conjunto de gravísimas conductas […] inexplicablemente escindió la investigación”, a partir de lo cual “elev[ó] a juicio oral el juzgamiento de los delitos perpetrados respecto de los padres, pero sin incluir, sino dejando afuera […] los gravísimos delitos” cometidos contra Anatole y Victoria. Cfr. Escrito presentado el 18 de septiembre de 2017 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 en la causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 21 al Informe de Fondo, folios 1546 a 1562).

 

federal”, el que, desde ese entonces y hasta la fecha en que se emite el presente Fallo, está pendiente de ser conocido y resuelto por la Corte Suprema. En virtud de la falta de resolución del recurso, el Tribunal Oral se pronunció en el sentido de que aún “no debe” proceder conforme a lo ordenado por la Cámara203.

 

  1. En tal sentido, esta Corte advierte que el objeto del recurso de queja promovido no participa de la complejidad de los hechos investigados ni del conjunto de la causa, en tanto se trata de conocer y decidir respecto de motivos de impugnación específicos contra la denegatoria de un recurso por la instancia previa. Al respecto, el perito Pablo Parenti refirió que “uno de los principales problemas” que afronta el sistema de juzgamiento en la situación actual es “la excesiva demora especialmente en la etapa recursiva”204. En suma, este Tribunal considera que más de dos años en el trámite de una impugnación que, a juicio de los tribunales internos, impide proseguir el juzgamiento de hechos de la magnitud de los que originaron el presente caso, dado el contenido limitado del recurso, rebasa la esfera de lo

 

  1. Cabe agregar que el Estado también pretendió justificar la falta de sanción por los hechos cometidos contra el señor Julien Cáceres en la negativa de las autoridades extranjeras de acceder al requerimiento de extradición de personas contra las cuales habría alguna imputación. Sin perjuicio de que lo alegado tiene relación con la necesaria cooperación interestatal para combatir la impunidad (supra párr. 121), el Tribunal recuerda que las decisiones recaídas en las causas 2261 y 2390, con la consecuente falta de esclarecimiento y eventual sanción de los graves hechos cometidos contra el señor Julien Cáceres, no tienen relación con un pedido de extradición denegado. Por consiguiente, es concluyente la responsabilidad internacional del Estado en tal sentido.

 

  1. Ahora bien, el Tribunal considera necesario hacer relación de otro elemento para evaluar la razonabilidad del tiempo transcurrido. Así, la Corte recuerda que los hechos del caso iniciaron a raíz del operativo del 26 de septiembre de 1976. En 1986 y 1987 fueron dictadas las Leyes No. 23.492 y 23.521 que impidieron juzgar y sancionar “los crímenes cometidos durante la dictadura”, con excepción de los delitos de “sustracción y ocultación de menores [de edad]” y “sustitución de estado civil”. La situación derivada de aquellas leyes perduró hasta que el 6 de marzo de 2001, un juez federal declaró su invalidez205, decisión que fue confirmada el 9 de noviembre de 2001206. En 2003, la Ley No. 25.779 declaró “insanablemente nulas” ambas Por último, mediante la Sentencia del 14 de junio de 2005, dictada en la causa “Simón”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “la validez” de la Ley No. 25.779, y “de ningún efecto” las Leyes No. 23.492 y 23.521, así como “cualquier acto fundado en ellas que pu[dier]a oponerse al avance de los procesos […] o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones […] por crímenes de lesa humanidad”207(supra párrs. 72, 73 y 76 a 78).

203    Cfr. Resolución emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 en septiembre de 2019, causa No. 2261 (expediente de prueba, tomo IV, anexo VII al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2745, 2746 y 2750).

204      Cfr. Peritaje escrito rendido por Pablo Parenti (expediente de prueba, tomo XI, peritajes escritos, folio 16930).

205 Cfr. Resolución emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 4 el 6 de marzo de 2001, causa No. 8686/2000, “Simón, Julio, Del Cerro, Juan Antonio s/ sustracción de menores de 10 años”, en la que, con expresa invocación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se afirmó que [e]l decreto de amnistía […] afectó […] el derecho de la víctima y sus familiares a obtener justicia mediante recursos efectivos en contra de los responsables de violaciones de sus derechos humanos”.

206 Cfr. Resoluciones emitidas por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el 9 de noviembre de 2001, causa No. 17.889, “Incidente de apelación de Simón, Julio”, y causa No. 17.890, “Del Cerro, J.

  1. s/ queja”. En dichas decisiones, la Sala, con cita del caso Barrios Altos, indicó que “el Estado no puede invocar dificultades de orden interno para sustraerse del deber de investigar los hechos con los que contravino la Convención [Americana] y sancionar a quienes resulten penalmente responsables de ellos”.

207    Cfr. Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005, causa “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. –causa No. 17.768–”. La Corte Suprema consideró:

[L]a jurisprudencia de la Corte Interamericana […] constituy[e] una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana […]. [E]l caso “Barrios Altos” estableció severos límites a la facultad del Congreso para amnistiar, que le impiden incluir hechos como

 

  1. Conforme a lo anterior, esta Corte aprecia que el contenido de las Leyes 23.492 y

23.521 afectaron ostensiblemente, en términos del tiempo transcurrido, el cumplimiento del deber de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas. Tales normativas, si bien no fueron directamente aplicadas a los procesos judiciales (infra párr. 194), sí fueron el óbice para su efectiva iniciación, repercutiendo en la demora prolongada para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de los crímenes cometidos. Por consiguiente, este elemento debe ser tomado en cuenta en casos como el presente, en tanto el retardo es atribuible únicamente al Estado, con evidente perjuicio para los derechos de las presuntas víctimas208. Lo anterior se ve agravado en lo que respecta a la investigación y sanción de los delitos de “sustracción y ocultación de menores [de edad]” y “sustitución de estado civil” de los que fueron víctimas Anatole y Victoria, pues estos ilícitos estaban excluidos de las “leyes de impunidad”, sin que exista una justificación por parte del Estado sobre las razones del retardo excesivo entre la comisión de los hechos en 1976 y la emisión de las sentencias condenatorias en los años 2012 y 2021, respectivamente (supra párrs. 173 y 174).

 

  1. En lo que concierne al cuarto elemento de análisis, referido a la afectación generada en las personas interesadas por la demora de los procesos, es pertinente recordar que la naturaleza pluriofensiva y continuada de la desaparición forzada genera, a su vez, una afectación permanente en los familiares de las personas desaparecidas, en este caso, Anatole y Victoria, quienes se encuentran a la expectativa del esclarecimiento de lo ocurrido y de conocer el paradero de su padre y de su Por ende, el retardo en el trámite y resolución de los procesos judiciales continúa incidiendo de manera relevante en la situación jurídica de las presuntas víctimas, lo que exige mayores esfuerzos en la agilización de las causas.

 

  1. En consecuencia, la demora excesiva de los distintos procesos incoados para juzgar los hechos del presente caso generó la violación a la garantía del plazo razonable. Por su parte, en lo que concierne a los específicos hechos cometidos en perjuicio del señor Mario Roger Julien Cáceres, al estar pendiente el juzgamiento y sanción de los responsables, es decir, a 45 años de iniciada su desaparición, el Estado ha incumplido su obligación de esclarecer tales hechos, lo que determina, a su vez, el incumplimiento de lo previsto en el inciso b) del artículo I de la

 

  1. Cabe señalar que el representante también se refirió a la demora en el “tratamiento” del denominado “botín de guerra”. No obstante, según informó el juez de la causa, sin perjuicio de que las presuntas víctimas no habrían impulsado la acción civil en el caso concreto, no existiría prueba de que el inmueble en que ocurrió el operativo del 26 de septiembre de 1976 “haya sido de propiedad de la familia” Julien Grisonas, ni habría sido incorporada “constancia documental alguna que acreditara [su] titularidad”209. Por ende, el Tribunal considera que, ante la disparidad de argumentos expuestos, no cuenta con los elementos necesarios para analizar la alegada violación a la garantía del plazo razonable en cuanto a la respuesta pretendida en torno a los perjuicios patrimoniales a que alude el

 

  1. Por último, la Comisión y el representante alegaron que la sola vigencia de las Leyes

23.492 y 23.521, dada la prohibición de aplicar amnistías u otros obstáculos al juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad, determinaría violaciones autónomas a los derechos que la Convención Americana establece.

los alcanzados por las leyes de punto final y obediencia debida. […] [L]a supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el objeto de la presente causa. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada.

208      Cfr. Mutatis mutandis, Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, supra, párr. 259.

209 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folios 11024 y 11025).

 

  1. La Corte recuerda que, con base en el principio de complementariedad que informa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal bajo la Convención Americana solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación de un derecho y reparar, por sus propios medios, el daño ocasionado210. Asimismo, el control de convencionalidad configura una institución útil para la aplicación del Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluida la jurisprudencia de este Tribunal211. El control de convencionalidad se constituye así en función y tarea de todas las autoridades públicas212, quienes, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales que correspondan, están obligadas a controlar y asegurar, ex officio, que los derechos humanos sean respetados y garantizados, evitando la formulación o aplicación de normas que los vulneren, lo que exige, además, una interpretación conjunta del Derecho interno y el Derecho Internacional en aras de privilegiar lo que resulte más favorable a la protección de aquellos. Un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece la complementariedad del Sistema Interamericano y la eficacia de la Convención213.

 

  1. Al respecto, este Tribunal considera que la Sentencia dictada por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005, así como los fallos de 2001 emitidos por los tribunales inferiores, configuraron, cada uno, un adecuado control de convencionalidad, a partir de lo cual, en conjunto con la entrada en vigencia de la Ley No. 25.779, se posibilitó la reapertura e instauración de los procesos dirigidos a investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos214. El estudio de las distintas causas penales instadas en torno a los hechos del presente caso permite advertir que los tribunales internos hicieron expresa referencia y aplicación del fallo del caso “Simón”, así como de otras decisiones emitidas por la Corte Suprema y coherentes con los razonamientos de aquel215. Así, la aplicación del citado fallo o de otros coincidentes tuvo por objeto, en cada caso: (i) descartar los planteamientos de los acusados mediante los cuales invocaron, precisamente, la inconstitucionalidad de la Ley No. 779 y la correspondiente validez de las Leyes No. 23.492 y 23.521216, (ii) denegar los alegatos de prescripción de la acción penal y de cosa juzgada217, o bien, (iii) respaldar la

 

210 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra, párr. 142, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2020. Serie C No. 409, párr. 90.

211 Cfr. Inter alia, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 93; Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, supra, párr. 198, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Serie C No. 432, párr. 45.

212 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 239; Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411, párr. 99, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 45.

213      Cfr. Caso Petro Urrego Vs. Colombia, supra, párr. 107, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 93.

214  La Corte Interamericana ha afirmado que la “prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general”. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 111 y 114; Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 232. Véase, además, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41, y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 114, y Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020, supra, párr. 106.

215 Entre otras, la Sentencia emitida por la Corte Suprema el 13 de julio de 2007, M. 2333. XLII. y otros, causa “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad” (supra nota a pie de página 37), que declaró “inconstitucional el decreto […] 1002/89”, mediante el cual se había indultado a determinadas personas.

216     Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 31 de mayo de 2011, causa No. 1627 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folio 944), y Sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 27 de febrero de 2019, causa No. 2637/2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folio 14310).

217    Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folio

 

calificación de los hechos juzgados como crímenes de lesa humanidad218, para así denotar su magnitud como “actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe […] exigir su castigo”219, como afirmó en un fallo posterior la Corte Suprema argentina220.

 

  1. Por ende, en el asunto bajo análisis fue el Estado el que dio una solución a la situación violatoria de derechos humanos, en tanto reconoció el carácter inconvencional de la regulación legal, hizo cesar sus efectos y reparó, normativamente hablando y con alcances para el caso concreto, sus lesivas consecuencias221. En definitiva, se trató de un ejercicio que, aplicando un adecuado diálogo jurisprudencial, fortaleció la garantía interna de los derechos humanos. De esa cuenta, el carácter complementario de la función que ejerce esta Corte impide declarar la alegada violación autónoma.

 

B.2.    La tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el sistema jurídico argentino y su falta de aplicación al caso concreto

 

  1. La Corte ha indicado que el artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su Derecho interno a las disposiciones de aquella, para así garantizar los derechos ahí consagrados, lo que implica que las medidas de Derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile)222. En el caso de la desaparición forzada de personas, la tipificación del delito de manera autónoma y la definición expresa de las conductas punibles que lo componen tienen carácter primordial para la efectiva erradicación de esta práctica223, lo que encuentra sustento en el artículo III de la CIDFP224.

 

  1. El Tribunal recuerda que el Estado argentino depositó el instrumento de ratificación de la CIDFP el 28 de febrero de 1996. A partir de la entrada en vigor, para el Estado, de dicho instrumento internacional, surgió su obligación particular de tipificar el delito de desaparición forzada de personas, lo cual efectuó con la promulgación, el 5 de mayo de 2011, de la Ley 26.679, por la que incorporó el artículo 142 ter al Código Penal de la Nación, Ley No.

11.179 (supra párr. 79).

 

  1. En el caso concreto, resalta que en ninguna de las causas tramitadas ha sido aplicado el tipo penal autónomo. Sin perjuicio de ello, en uno de los fallos dictados, los jueces se extendieron en el análisis sobre la calificación de los hechos como desaparición forzada,

14830), y Sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 4 de mayo de 2018, causa No. 13445/1999 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folio 14171).

218 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de noviembre de 2017, causas No. 2261 y 2390 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 13 al escrito de contestación, folio 9737), y Sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el 27 de febrero de 2019, causa No. 2637/2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 17 al escrito de contestación, folio 14453).

219 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de marzo de 2021, causa No. 3002 (expediente de prueba, tomo X, anexos sobre hechos sobrevinientes, folios 16814 y 16815).

220 Cfr. Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de julio de 2007, M. 2333. XLII. y otros, causa “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad”, con cita expresa del caso Almonacid Arellano. Véase, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 105.

221    Cfr. Mutatis mutandis, Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, supra, párr. 250, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, supra, párrs. 217 y 218.

222 Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87; Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 258, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 45.

223 Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú, supra, párr. 92; Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 258, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 79. Véase, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario general sobre la desaparición forzada como delito continuado, 26 de enero de 2011, U.N. Doc. A/HRC/16/48, párr. 11.

224 Artículo III de la CIDFP: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. […]”.

 

conforme a los estándares internacionales, a fin de destacar la gravedad de lo ocurrido225.

 

  1. Al respecto, la Corte recuerda que en su jurisprudencia ha conocido de casos en que la falta de tipificación o aplicación del delito autónomo de desaparición forzada de personas a nivel interno no obstaculizó el desarrollo de los procesos instados para investigar, juzgar y sancionar los Sin embargo, ha sido fundamental que la eventual aplicación de figuras penales distintas sean consecuentes con la gravedad de los hechos y con la violación compleja de derechos humanos que se alega226.

 

  1. De esa cuenta, ante el alegato sobre la responsabilidad estatal por la tipificación “tardía” del delito de desaparición forzada, cabe recordar que en el caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, en el que, a la fecha de sometimiento a esta jurisdicción, el Estado no había incorporado aún el tipo penal específico a su legislación penal, la Corte reiteró que no corresponde a su competencia pronunciarse en abstracto, en tanto no sea alegado que la falta de tipificación, o aplicación, del delito de desaparición forzada de personas haya constituido un impedimento u obstáculo para la investigación de los hechos en el caso concreto227.

 

  1. Por consiguiente, lo que interesa es analizar si la falta de aplicación del delito autónomo de desaparición forzada, en los procesos internos, afectó u obstaculizó la investigación y el esclarecimiento de los hechos. De esa cuenta, en lo que concierne a los crímenes cometidos en perjuicio de la señora Grisonas Andrijauskaite y de sus hijos, Anatole y Victoria, la Corte advierte que fueron aplicadas figuras penales alternas que, en su conjunto, denotaron la gravedad de lo ocurrido. En efecto, según fue establecido (supra párrs. 102 a 104, 107, 109 y 170 a 174), los elementos que formaron parte de las acusaciones y ulteriores condenas, así como su calificación jurídica, destacaron, para cada una de las personas perjudicadas, la privación ilegal de su libertad, el sometimiento a actos de tortura y a condiciones inhumanas, la intervención directa de agentes del Estado y la violencia imperante en la comisión de los ilícitos.

 

  1. En cuanto a los hechos que perjudicaron a Anatole y Victoria, las autoridades judiciales tomaron en cuenta también “las sustracciones, retenciones y ocultaciones” de que fueron víctimas, así como la violación del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el que resultó lesionado en el marco de la pluriofensividad que caracteriza a la desaparición forzada de personas, en tanto reprocharon que, como parte del “plan general de aniquilación”,

225   En la Sentencia del juicio conocido como “Plan sistemático de apropiación de niños”, los jueces señalaron que los hechos acreditados configuraban supuestos de desaparición forzada de personas, en atención a que “la costumbre internacional” ya había establecido que dicho crimen “constituía una grave violación a los derechos humanos”. Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folio 14804).

226    En el caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia, la Corte consideró que, desde el inicio del respectivo proceso penal a nivel interno, “la legislación [penal] boliviana contemplaba normas penales conducentes a la efectiva observancia de las garantías previstas en la Convención [Americana] respecto de los derechos individuales a la vida, integridad personal y libertad personal”, por lo que concluyó que “en el caso sub judice no se ha[bía] demostrado que la falta de tipificación del delito autónomo de desaparición forzada de personas ha[bía] obstaculizado el desarrollo efectivo del presente proceso penal”. Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 104. En el caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, el Tribunal denotó que “[l]a disparidad en la calificación de los hechos a nivel interno e internacional se ha[bía] visto reflejada en los mismos procesos penales”, en los que se habían dictado condenas “bajo tipos penales tales como secuestro, privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad, asociación o concierto para delinquir, lesiones, coacción o amenazas y homicidio”. Sin embargo, la Corte “reconoc[ió] que la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de las víctimas no ha[bía] quedado en la total impunidad mediante la aplicación de otras figuras penales”. Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 92. Por su parte, en el caso Vereda la Esperanza Vs. Colombia, la Corte señaló que “independiente del nomen iuris imputado [en los procesos internos], la investigación [había sido] realizada y orientada a la determinación de las circunstancias fácticas y […] se ha[bían]n investigado elementos propios del delito de desaparición forzada”. Cfr. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341, párr. 207.

227 Cfr. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, párr. 149. Véase, además, Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 81.

 

se “hab[ían] hecho inciertas, ocultado o suprimido sus identidades”228.

 

  1. A la postre, los procesos internos han permitido develar la participación planificada y coordinada de miembros de las fuerzas de seguridad, policial y militar, los servicios de inteligencia e, incluso, en uno los casos, la intervención de quien integraba la máxima instancia del poder público al momento de los hechos, en clara evidencia de la extrema gravedad de lo Todo ello denota que, independiente del nomen iuris del tipo penal imputado y efectivamente aplicado al momento de la condena, la investigación fue realizada y orientada a la determinación de circunstancias fácticas que coinciden con elementos propios del delito de desaparición forzada. En definitiva, en lo que atañe a los crímenes cometidos contra la señora Grisonas Andrijauskaite, Anatole y Victoria, la falta de aplicación del tipo penal autónomo no ha provocado que los hechos hayan quedado en la impunidad229.

 

  1. En cuanto a las sanciones consideradas en dichos procesos, el Tribunal recuerda que la legislación penal vigente en Argentina prevé, para los responsables del delito de desaparición forzada, la pena de prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, así como la pena de prisión perpetua “si la víctima fuere una […] persona menor de [dieciocho] (18) años” (artículo 142 ter del Código Penal, Ley No. 11.179), por lo que las penas efectivamente aplicadas en aquellas causas resultan congruentes con la gravedad de las conductas

 

  1. Ahora bien, en lo que concierne a los hechos que damnificaron al señor Julien Cáceres, la Corte nota que la investigación desarrollada230y la correspondiente decisión de absolución atendieron, de manera específica, al hecho de la muerte de la presunta víctima, mediante la aplicación del tipo penal de “homicidio agravado por alevosía”, sin tomar en cuenta otros elementos concurrentes, como la privación de libertad y la adopción de medidas, por parte de los autores, dirigidas a negar cualquier información sobre lo ocurrido y a borrar todo rastro sobre el destino del cuerpo. Incluso, los jueces que dictaron la absolución consideraron que no era factible “afirmar que e[l] homicidio h[ubier]a formado parte del ‘plan común’ diseñado por las fuerzas represivas del Estado, en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”231.

 

  1. Tal criterio, a juicio de esta Corte, pone de manifiesto que, en el análisis de estos hechos, a diferencia de lo ocurrido con el resto de miembros de la familia Julien Grisonas, las autoridades internas no fueron consecuentes con la gravedad de lo ocurrido, con el contexto en el que sucedió y, en definitiva, con la violación compleja de derechos humanos que conlleva la desaparición forzada de personas. En definitiva, la falta de aplicación del tipo penal autónomo de desaparición forzada incidió en un enfoque aislado y fragmentado de los hechos, sin atender, de manera integral, a sus múltiples elementos complejamente interconectados232,

 

228    Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 el 17 de septiembre de 2012, causas No. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730 y 1772 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 18 al escrito de contestación, folio 14804).

229      Cfr. Mutatis mutandis, Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia, supra, párr. 207.

230    El auto de procesamiento en el que se calificó los hechos como “homicidio agravado” fue dictado el 12 de julio de 2012, y la correspondiente “elevación a juicio” de las actuaciones, reiterando dicha calificación jurídica, fue dispuesta el 25 de septiembre de 2013. Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11002). Por otro lado, la parte querellante señaló en su oportunidad que la calificación aplicable era la de desaparición forzada. Cfr. Escrito presentado el 19 de noviembre de 2012 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3, causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo I, anexo 4 al Informe de Fondo, folio 1449).

231 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 el 3 de noviembre de 2017, causas No. 2261 y 2390 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 13 al escrito de contestación, folios 10771, 10779, 10780, 10783 y 10784).

232     Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra, párr. 112, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 166. Véase, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones

 

lo que habría repercutido en que, hasta la fecha, no se haya esclarecido ni exista sanción respecto de lo ocurrido en perjuicio del señor Julien Cáceres.

 

  1. Por último, dado que el proceso judicial está pendiente de resolución, la Corte considera pertinente pronunciarse en torno a la aplicación del tipo penal específico. Al respecto, si bien en el fallo de 2017 el Tribunal Oral no hizo mayor relación sobre el tema, el juez a cargo de la instrucción refirió que, dado que dicho tipo penal no se encontraba vigente al 26 de septiembre de 1976 (cuando inició la desaparición forzada de la presunta víctima), “aplicarl[o] a los hechos […] implicaría una violación flagrante del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa”233. Ante ello, se reitera la jurisprudencia constante de este Tribunal en cuanto a que la desaparición forzada de personas es un delito de ejecución permanente, cuya consumación continúa mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos234. En consecuencia, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, por mantenerse en ejecución la conducta delictiva, la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva235.

 

  1. En conclusión, el Estado es responsable por haber incumplido la obligación prevista en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, y con lo dispuesto en el artículo III de la CIDFP, dada la demora en tipificar el delito de desaparición forzada de personas, lo que afectó, en este caso concreto, la investigación y sanción de los hechos relacionados con el señor Julien Cáceres.

 

B.3.   La búsqueda del paradero de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, y el derecho de los familiares a conocer la verdad

 

  1. La Corte recuerda que en múltiples oportunidades se ha pronunciado sobre la obligación de los Estados de realizar una búsqueda seria, en la cual se lleven a cabo todos los esfuerzos, de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos, para dar con el paradero de las personas desaparecidas o eventualmente con sus restos236. El Tribunal ha indicado que recibir el cuerpo de una persona desaparecida es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han vivido a lo largo de los años237.

 

  1. En el presente caso no existe información concluyente sobre el paradero o el destino de los restos de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas

 

  1. En cuanto a la señora Grisonas Andrijauskaite, no fue aportada información ni se

forzadas, Comentario general sobre la desaparición forzada como delito continuado, U.N. Doc. A/HRC/4/13/Add.3, 7 de agosto de 2020, párr. 51.

233 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11017).

234 Cfr. Inter alia, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 155 a 157, y Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 2020, Considerando 13.

235      Cfr. Inter alia, Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra, párr. 77; Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 236, y

Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra, Considerando 13.

236 Cfr. Inter alia, Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 191; Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 334; Caso García y familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr. 200; Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 251; Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de agosto de 2018. Serie C No. 355, párr. 104; Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, supra, párr. 203; Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 299, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 74.

237 Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 245, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 228.

 

desprende del acervo probatorio de este proceso, cuál habría sido el conjunto de diligencias y actuaciones emprendidas por el Estado para cumplir su obligación de investigar su paradero y, de ser el caso, buscar y localizar sus restos.

 

  1. Ahora bien, entre los documentos aportados por el Estado, destaca una nota del 27 de julio de 2020, emitida por el Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense, en la que indicó que la presunta víctima “permanece desaparecida sin que se haya tenido a su respecto ninguna hipótesis específica de identidad”. Se agregó en la nota lo siguiente:

 

[El] caso [de la señora Grisonas Andrijauskaite], como el de miles de personas denunciadas como desaparecidas en el mismo contexto, depende de la comparación masiva de las secuencias genéticas extraídas de restos óseos recuperados en circunstancias tales que es muy probable que pertenezcan a víctimas de desaparición forzada […] con los perfiles genéticos de referencia, provenientes de familiares estrechos de tales víctimas. […] La secuencia proveniente de la misma referencia (hija de[l matrimonio Julien Grisonas]) no ha producido hasta el presente un match significativo con restos humanos indicativo de identidad238.

 

  1. A partir de lo anterior, sin desconocer la complejidad que conlleva la búsqueda de una persona desaparecida en contextos como el ocurrido, la Corte considera que la obligación del Estado de investigar el paradero y, de ser el caso, localizar los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite, no puede agotarse con las comparaciones masivas de secuencias genéticas. Por el contrario, la obligación del Estado en esta materia, para que sea efectiva y compatible con la debida diligencia, debe comprender todos los esfuerzos posibles, realizados de manera sistemática, rigurosa y con los medios adecuados e idóneos239, incluso mediante la solicitud de cooperación a otros Estados240, todo lo cual no se entiende cumplido a partir de lo

 

  1. Si bien no se ha declarado el incumplimiento de la debida diligencia en lo que atañe a las investigaciones penales, la Corte destaca el carácter autónomo de la obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas241, la que debe ser cumplida con eficiencia, en forma integral, adecuada y diligentemente, con independencia de aquellas investigaciones242. Esta obligación autónoma se encuentra estrechamente relacionada con el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres De esa cuenta, el Tribunal concluye que el Estado no cumplió su obligación de llevar adelante una búsqueda sistemática, rigurosa y con la debida diligencia del paradero de la señora Grisonas Andrijauskaite.

 

  1. Contrario a lo anterior, respecto del señor Julien Cáceres, la información aportada al

238    Cfr. Nota del Equipo Argentino de Antropología Forense del 27 de julio de 2020, dirigida a la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 25 al escrito de contestación, folios 15924 y 15925).

239   Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 191, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 74.

240      Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 234, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 152.

241    Cfr. Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 75. En ese sentido, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, en sus artículos 15, 19.1, 24.2, 24.3, 25.2 y 25.3, se refiere a la obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas en forma precisa y diferenciada respecto de la investigación penal. El Comité contra la Desaparición Forzada ha reafirmado las obligaciones específicas que en esta materia existen para los Estados. Cfr. Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, U.N. Doc. CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2013, párr. 32; Observaciones finales sobre el informe presentado por Burkina Faso en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, U.N. Doc. CED/C/BFA/CO/1, 24 de mayo de 2016, párr. 40; Observaciones finales sobre el informe presentado por Honduras en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, U.N. Doc. CED/C/HND/CO/1, 4 de julio de 2018, párr. 25.1, y Observaciones finales sobre el informe presentado por Chile en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, U.N. Doc. CED/C/CHL/CO/1, 8 de mayo de 2019, párr. 27.a. Véase, además, Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principios 6 y 13.

242 Véase, Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principios 1, 4 a 8, 10, 12, 13, 15 y 16.

 

proceso revela que se han realizado un conjunto de diligencias dispuestas por el juzgado a cargo de la instrucción, dirigidas a la búsqueda de sus restos. En tal sentido, resaltan los datos aportados por las autoridades del Cementerio Municipal del Partido de General San Martín y, con estos, el conjunto de la prueba documental recabada. Todo ese material, al ser analizado por el EAAF, conforme al contenido de la nota antes citada, le permitió deducir lo siguiente:

 

Existen indicios serios para suponer que la persona cuyo fallecimiento fuera documentado mediante acta […] del Registro Civil de San Martin […], cuyo cuerpo fuera inhumado originalmente en una sepultura individual en el Cementerio Municipal [de dicha localidad], […] sea [el señor] J[ulien Cáceres]. […] Las similitudes de tiempo y lugar […] avalan tal desenlace, desafortunadamente, no pueden corroborarse de manera objetiva: […] el pase de dicho cuerpo al osario común limita su recuperación y posterior identificación. […] Lo propio sucede con la posibilidad de identificación dactiloscópica. A la persona no identificada […] se le extrajo al menos un juego de fichas dactilares, pero al no reunir esas improntas condiciones mínimas de calidad fueron descartadas (es decir, no fueron conservadas en ningún soporte). Entonces, resulta imposible establecer por las vías objetivas […] si aquel hombre […] es, de manera inequívoca, [el señor] J[ulien] C[áceres]. […] [E]l hecho de no poder despejar ese punto de manera inequívoca […] lleva a la posibilidad, remota pero no imposible, de que [su] cuerpo […] haya sido depositado en otro sitio diferente […]. En tales condiciones, la posibilidad de identificar los restos […] dependen de que […] se produzca el hallazgo de otro cuerpo que, por comparación de su secuencia genética […] pueda tenerse de como perteneciente al buscado […]243.

 

  1. De esa cuenta, a criterio del Tribunal, el análisis efectuado por el EAAF no permite emitir, hasta el momento, afirmaciones concluyentes y definitivas sobre la localización e identificación de los restos del señor Julien Cáceres. Al respecto, de manera reiterada esta Corte ha indicado que no se trata meramente del acto de encontrar los restos de una determinada persona, sino que ello, lógicamente, debe ir acompañado de la realización de las pruebas o análisis que permitan comprobar, de manera fehaciente, que los restos corresponden a esa persona244.

 

  1. Por otra parte, cabe recordar que Anatole actúa como querellante en la causa penal en la que se investiga el paradero de sus padres biológicos, en cuyo trámite, en 2012, solicitó llevar a cabo diligencias específicas para continuar en la búsqueda, incluido el expreso requerimiento de “la intervención” del EAAF “para practicar los relevamientos y demás trabajos que a [su] criterio […] se ent[endier]an pertinentes” (supra párr. 100), lo que fue reiterado en 2013245. A ello se sumó una última solicitud, de febrero de 2020, mediante la cual requirió que se consultara al EAAF si eran “viables medidas […] adicionales” para la identificación de los restos246. Según indicó la presunta víctima, sus solicitudes no fueron respondidas247.

 

  1. A partir de la prueba que obra en el expediente, el Tribunal colige que los distintos requerimientos formulados por la presunta víctima respecto de la intervención del EAAF no habrían sido expresamente Por su parte, la nota de dicho Equipo, suscrita en

243    Cfr. Nota del Equipo Argentino de Antropología Forense del 27 de julio de 2020, dirigida a la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 25 al escrito de contestación, folios 15923 a 15925).

244 Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, supra, párr. 82, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, supra, párr. 165.

245 Cfr. Oficio del 17 de julio de 2020 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 14 al escrito de contestación, folio 11032), y oficio del 15 de julio de 2021 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo XIX, prueba para mejor resolver, folios 21239 y 21240).

246 Cfr. Escrito presentado el 25 de febrero de 2020 por Eduardo Marques Iraola, en representación de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 en la causa No. 2637/04 (expediente de prueba, tomo III, anexo 6 al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2737).

247      En su declaración rendida en audiencia pública ante esta Corte, Anatole señaló:

[H]ay un montón de cosas que son de orden de celeridad procesal, […] algunas de ellas hasta el día de hoy sin respuesta, por ejemplo, […] la solicitud de exhumación […] en el Cementerio General de San Martín […]. Es difícil […] es muy compleja, incluso con el impresionante y de nivel mundial, Equipo de antropólogos forenses que tiene Buenos Aires […]. Sin embargo, una cosa es que te digan no lo vamos a hacer, otra cosa es que no te den respuesta, y una última, pero también válida, [que] se hicieron todos los intentos.

 

julio de 2020 y que daría respuesta puntual a aquellos requerimientos, no consta que haya surgido del trámite de la causa judicial o que haya sido agregada al expediente248 y, por lo tanto, no fue oportunamente comunicada al hijo y la hija de las personas cuyos restos son buscados, lo que fue confirmado por el representante. En igual sentido, si bien el juez de la causa refirió que ha mantenido comunicación constante con el EAAF249, en lo que interesa a este proceso no consta que las presuntas víctimas hayan sido debidamente informadas a fin de participar, conocer y presenciar, de ser el caso, las diligencias que habrían podido realizarse para arribar a las conclusiones contenidas en la referida nota.

 

  1. Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité contra la Desaparición Forzada, establecen que las víctimas, sus representantes, sus abogados y las personas autorizadas por ellas, tienen el derecho de participar en las labores de búsqueda y de acceder “a la información sobre las acciones realizadas, […] los avances y los resultados” obtenidos, lo que conlleva el deber de las autoridades “de darles información periódica y ocasional sobre las medidas adoptadas […], así como sobre los posibles obstáculos” que surjan250.

 

  1. Todo lo anterior se entiende comprendido entre las exigencias del derecho a conocer la verdad, el cual, además de incluir el derecho de los familiares de una víctima de desaparición forzada de conocer cuál fue el destino de esta y, de ser el caso, dónde se encuentran sus restos251, incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos252, incluida cualquier hipótesis o conclusión que surja, con el mayor nivel de detalle posible y conforme a las especificaciones técnicas y científicas que el tema En todo caso, la Corte considera que el proceso internacional no es el escenario idóneo, en atención a los derechos de las presuntas víctimas, para que conozcan tal información. Sobre el tema, también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas ha afirmado que el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas se refiere, entre otros elementos, “al derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación [con relación a] la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”, lo que impone al Estado la obligación de “comunicar los resultados de las investigaciones” a los interesados253.

248 Según el contenido de la nota del EAAF, esta dio respuesta a una solicitud de información de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto a “si, desde el punto de vista científico, es posible identificar los supuestos restos de[l señor] Mario Julien Cáceres”. Cfr. Nota del Equipo Argentino de Antropología Forense del 27 de julio de 2020, dirigida a la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 25 al escrito de contestación, folios 15923 al 15925).

249 Cfr. Oficio del 15 de julio de 2021 emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 (expediente de prueba, tomo XIX, prueba para mejor resolver, folios 21246 y 21247).

250      Cfr. Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas,

U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principios 5.1 y 5.2.

251 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 181; Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 240, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 87. Véase, Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, artículo 24.2.

252    Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 260, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 299.

253 Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario general sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas, 26 de enero de 2011, U.N. Doc. A/HRC/16/48, párrs. 1 y 5. También el Comité de Derechos Humanos ha señalado, en casos de desapariciones forzadas, que es obligación del Estado proporcionar a los familiares “información detallada” sobre la investigación efectuada, tanto respecto de lo sucedido como del destino de los restos de las personas desaparecidas. Cfr. Comité de Derechos Humanos, inter alia, Tikanath y Ramhari Kandel Vs. Nepal, U.N. Doc. CCPR/C/123/D/2658/2015, Comunicación No. 2560/2015, 16 de agosto de 2019, párr. 9; Midiam Iricelda Valdez Cantú y María Hortencia Rivas Rodrígez Vs. México, U.N. Doc. CCPR/C/127/D/2766/2, Comunicación No. 2766/2016, 23 de diciembre de 2019, párr. 14, y Malika y Merouane Bendjael Vs. Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/128/D/2893/2016, Comunicación No. 2893/2016, 3 de noviembre de 2020, párr. 10. Véase, además, Comisión de Derechos Humanos, Informe de Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, Principio 34, y Comisión de Derechos Humanos,

 

  1. Esta Corte ha señalado que si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia254, su naturaleza es amplia y, por tanto, su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso255. En el presente caso, después de 45 años, se desconoce el paradero o el destino de los restos de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, y no se tiene información concluyente respecto de los de Mario Roger Julien Cáceres. En tal sentido, al no haberse efectuado todos los esfuerzos necesarios y con la debida diligencia para averiguar la suerte y, en su caso, localizar los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite, y ante la falta de atención a los requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres y la subsiguiente omisión de comunicar oportunamente y por los medios adecuados un documento técnico con información detallada que daría respuesta a tales requerimientos, esta Corte declara la violación del derecho a conocer la verdad, en perjuicio de Anatole y Victoria, hijo e hija del matrimonio Julien En este caso dicha violación se enmarca en los derechos de acceso a la justicia y a ser informados, conocer y participar en las labores de búsqueda que ampara a los familiares de las personas desaparecidas.

 

B.4.   Conclusión general

 

  1. Con base en lo considerado, la Corte concluye lo siguiente: a) existió una demora excesiva e injustificada en la tramitación de los procesos incoados para juzgar y sancionar los hechos cometidos en perjuicio de la señora Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y de sus hijos, Anatole y Victoria; b) en cuanto a los hechos perpetrados contra el señor Mario Roger Julien Cáceres, después de 45 años de iniciada su desaparición forzada, continúa pendiente el juzgamiento y sanción de los responsables; c) la demora del Estado en tipificar en su legislación interna el delito de desaparición forzada de personas derivó en la falta de su aplicación en el caso concreto, con afectación a la investigación y sanción de los hechos que damnificaron al señor Julien Cáceres; d) no han sido efectuados todos los esfuerzos necesarios y con la debida diligencia para esclarecer el paradero y, en su caso, localizar los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite; e) no fueron atendidos los requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres, y f) el hijo y la hija del matrimonio Julien Cáceres no fueron comunicados, de manera oportuna y por los medios adecuados, de un documento técnico con información detallada que daría respuesta a sus requerimientos en torno a la búsqueda de los restos de ambas

 

  1. Por consiguiente, el Estado argentino violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 del mismo instrumento, y los artículos I, inciso b), y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Anatole Alejandro y Claudia Victoria, ambos de apellidos Larrabeiti Yáñez. Asimismo, el Estado violó el derecho de ambas personas a conocer la verdad acerca del paradero y destino de los restos de su padre y madre biológicos.

 

  1. Por su parte, el Estado no es responsable por incumplir las obligaciones que derivan de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, ni por la alegada inobservancia de la prohibición de aplicar

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estudio sobre el derecho a la verdad, U.N. Doc. E/CN.4/2006/91, 9 de enero de 2006, párr. 28.

254 Cfr. Inter alia, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 181; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 201; Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 48; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 148; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 222; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra, párrs. 243 y 244; Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra, párr. 260; Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 165; Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 213, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 88.

255 Cfr. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, supra, párr. 265, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 86.

 

amnistías u otros obstáculos al juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad.

 

VII.3

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE REPARACIONES POR GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS

HUMANOS, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO256

 

  1. A continuación, la Corte analizará los temas siguientes: a) imprescriptibilidad de las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos, y b) mecanismos administrativos de reparación por graves violaciones a los derechos

 

A.   Imprescriptibilidad de las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos

 

A.1.  Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión argumentó que las acciones civiles en casos de graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, lo que se encuentra previsto en el artículo 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación. Señaló que la Corte Suprema afirmó que la imprescriptibilidad de las acciones civiles en casos de graves violaciones a derechos humanos no rige respecto de las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura, criterio que limitó el acceso a la justicia de las presuntas víctimas, por lo que el Estado violó los artículos
    • y 1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento.

 

  1. El representante señaló “comparti[r] absolutamente la conclusión expuesta” por la Comisión en el Informe de

 

  1. El Estado alegó que la Corte Suprema, en la Sentencia que declaró prescrita la acción civil promovida, indicó que lo resuelto era “sin perjuicio del derecho de los actores a la indemnización reconocida en las leyes especiales”. Agregó que el análisis de responsabilidad internacional “no puede enfocarse exclusivamente en considerar la acción civil ordinaria y su declaración de prescripción, omitiendo ponderar el canal de reparación previsto en el régimen de las leyes especiales descartado por el representante” y “no […] afectado por la prescripción”. Solicitó que se declare que Argentina no es responsable por las violaciones

 

A.1.  Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte recuerda que en el caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile se pronunció acerca de la imprescriptibilidad de las acciones judiciales instadas para obtener reparaciones ante graves violaciones a los derechos humanos. En el presente Fallo se reiteran los criterios expresados en aquella Sentencia por entender que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos respalda, con mayor vigor, las consideraciones

 

  1. Así, en dicho caso se hizo referencia a distintos pronunciamientos de instancias internacionales que respaldan la inaplicación de la prescripción a las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos Entre otros, se citó al entonces Relator Especial sobre el derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación por graves violaciones a los derechos humanos, quien afirmó “el principio de que no est[á]n sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los

 

256      Artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

 

derechos humanos”, en tanto se trata “de los crímenes más odiosos”257. También se hizo mención del Conjunto actualizado de principios para la protección y la promoción de los derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, adoptados en 2005 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo Principio 23 expresamente previó la inaplicación de la prescripción a “acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”, lo que fue reiterado por el Principio 32258.

 

  1. Con base en lo anterior, la Corte señaló que, “[e]n la medida en que los hechos que dieron origen a las acciones civiles de reparación de daños han sido calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción”259. Complementa lo indicado en aquella Sentencia, con aplicación concreta para el presente caso, lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, el cual destacó que, ante la gravedad de la desaparición forzada de personas, “el paso del tiempo no debe utilizarse para obstaculizar la presentación de demandas civiles”260.

 

  1. Pues bien, las presuntas víctimas promovieron en 1996, ante la jurisdicción contencioso administrativa, una demanda contra el Estado Nacional con el fin de obtener “la reparación de los daños y perjuicios que sufrieron con motivo de su secuestro y del secuestro y desaparición de sus progenitores” (supra párr. 112). La acción fue estimada en primera instancia, al considerarse que la continuidad de la desaparición forzada determinaba la inaplicabilidad de la prescripción. En segunda instancia fue acogida la pretensión de Victoria y desestimada la de Anatole, por entender que su acción había prescrito, al “haberse abstenido de su ejercicio al llegar a la mayoría de edad”261. Ante lo decidido, la parte demandante y el Estado recurrieron ante la Corte Suprema, que, mediante Sentencia del 30 de octubre de 2007, acogió la impugnación del Estado, “declar[ó] prescripta la acción” y rechazó la Para lo cual consideró:

 

Conforme al art. 3966 del Código Civil, “la prescripción corre contra los incapaces que tuvieren representantes legales […]”, sin que […] se hayan acreditado las razones en virtud de las cuales los padres adoptivos habrían estado temporalmente impedidos de deducir la demanda […], cuanto menos a partir de 1986, año en que fue publicado el informe final elaborado por la C[ONADEP], en cuyo anexo figura[n] […] los padres biológicos de los actores […]. [N]o es atendible el argumento en virtud del cual la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es imprescriptible porque nace de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles desde la óptica del reproche penal. Ello es así porque la primera atañe a materia disponible y renunciable, mientras que la segunda, […] se funda en la necesidad de que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados […]262.

257     Cfr. Comisión de Derechos Humanos, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993, párr. 135.

258 Cfr. Comisión de Derechos Humanos, Informe de Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, Principios 23 y 32. Véase también, Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, Principio IV.

259 Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018. Serie C No. 372, párr. 89.

260 Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, U.N. Doc. A/HRC/22/45, 28 de enero de 2013, párr. 58. Véase también, Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Observaciones Generales sobre el artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

U.N. Doc. E/CN. 4/1998/43, 12 de enero de 1998, párr. 55.

261 Cfr. Sentencia emitida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el 4 de noviembre de 2004 que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folio 2939).

262      Cfr. Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de octubre de 2007 que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0055600/2016, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 6 al escrito de contestación, folio 2953). Según informó el Estado, el criterio fue reiterado por la Corte Suprema en los fallos siguientes: i) Sentencia del 28 de marzo de 2017, causa No. 203/2012 (48-V)/CS1, “Villamil,

 

  1. Como cabe advertir, el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no corresponde con el estándar internacional que prohíbe la aplicación de la prescripción a las acciones judiciales promovidas para obtener reparaciones por los daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos263. Para mayor claridad, es preciso señalar que la inaplicabilidad de la prescripción se afirma tanto respecto de acciones judiciales, civiles, contencioso administrativas o de otra naturaleza, así como de procedimientos administrativos264que, estando a su disponibilidad, sean instados por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a efecto de reclamar las reparaciones correspondientes265.

 

  1. En consecuencia, el criterio sustentado por la Corte Suprema en el caso concreto resultó violatorio de los derechos de las presuntas víctimas a reclamar judicialmente las reparaciones pertinentes por los daños ocasionados ante los graves hechos perpetrados en su contra y de sus padres biológicos, lo que vulneró su derecho de acceso a la

 

  1. En relación con el alegato del Estado, es preciso señalar que los tribunales que intervinieron en el trámite de la acción judicial instada por las presuntas víctimas no cuestionaron, en términos de su procedibilidad, la vía empleada para reclamar la pretensión de indemnización. Por ende, no cabe la objeción formulada, pues al ser procedente el planteamiento de la vía judicial para concretar la pretensión reparatoria, el criterio aplicado por la Corte Suprema resultó lesivo a los derechos de las presuntas víctimas, configurando, por sí mismo, una violación que genera responsabilidad

 

  1. En coherencia con lo indicado, esta Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por dicho instrumento. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención Americana266, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades u obstaculicen su ejercicio267. Por otra, la expedición de normas y el

 

Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”; ii) Sentencia del 9 de mayo de 2019, causa No. CNT 9616/2008/1/RH1, “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint Sociedad Anónima Compañía Técnica Internacional s/ accidente – ley especial”, y iii) Sentencia del 12 de noviembre de 2020, causa No. 5746/2007/1/RH1, “Crosatto, Hugo Ángel y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior y otro s/ daños y perjuicios”. Véase, además, dictamen pericial de María José Guembe, rendido en audiencia pública ante esta Corte.

263    La perita María José Guembe y el perito Juan Ernesto Méndez afirmaron la inaplicabilidad de la prescripción ante demandas instadas por víctimas de graves violaciones de derechos humanos para pretender las reparaciones respectivas. Cfr. Dictámenes periciales de María José Guembe y Juan Ernesto Méndez, rendidos en audiencia pública ante esta Corte. El perito Juan Ernesto Méndez agregó que la imprescriptibilidad de la acción penal por graves violaciones a derechos humanos se aplica “con igual fuerza cuando se trata de reparaciones. Las víctimas tienen derecho a la justicia sin límites de tiempo, y tienen también derecho a la reparación del daño sin tales límites”. Cfr. Peritaje escrito rendido por Juan Ernesto Méndez (expediente de prueba, tomo XIII, peritajes escritos, folios 17062).

264     En congruencia con ello, el artículo 4º de la Ley No. 26.913, “Régimen reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina” (supra, párr. 83), establece que la aplicación del régimen previsto, “al contribuir […] a la reparación de delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga”.

265 Cfr. Comisión de Derechos Humanos, Informe de Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, Principio 23: “La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”.

266 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 45.

267     Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, supra, párr. 113, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 100.

 

desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías268.

 

  1. De esa cuenta, la violación declarada constituye, a su vez, un incumplimiento al deber que el artículo 2 de la Convención Americana impone a los Estados, en relación con los artículos 1 y 25.1 del mismo instrumento, en tanto el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso concreto y reiterado en fallos posteriores (supra nota a pie de página 262), configura una práctica reflejada en una interpretación judicial contraria a los derechos que reconoce la Convención Americana.

 

A.1.1.   Conclusión

 

  1. Con base en lo considerado, el Tribunal concluye que el criterio jurisprudencial aplicado al caso concreto, en cuanto negó el derecho de las presuntas víctimas a obtener reparaciones por las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en su contra y de sus padres biológicos, supuso una violación a su derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, el Estado argentino es responsable internacionalmente por la violación de los artículos 1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Anatole Alejandro y Claudia Victoria, de apellidos Larrabeiti Yáñez.

 

B.   Los mecanismos administrativos de reparación por graves violaciones a los derechos humanos

 

B.1.  Alegatos de las partes y de la Comisión

 

  1. La Comisión señaló que, en la práctica, la vía judicial priorizada por las presuntas víctimas no se vio obstaculizada por las disposiciones de las Leyes No. 24.411 y 25.914. Agregó que “la exclusión” de la vía judicial que prevén ambas leyes no constituyó violación a los derechos que reconoce la Convención Americana.

 

  1. El representante indicó que los beneficios extraordinarios de las “leyes reparatorias” constituyen “sumas fijas, tasadas y uniformes”, “expresados en pesos argentinos con la consiguiente […] distorsión y deterioro […] por la erosión de la muy alta inflación y los profundos altibajos de la economía”. Señaló que conceptual y cuantitativamente dichos “beneficios extraordinarios” son muy diferentes de la “justa indemnización” a que se refiere el artículo 63 de la Convención Americana. Agregó que, sin expresamente prohibir o impedir la acción judicial, dichas leyes supeditan la concesión de los “beneficios extraordinarios” a la renuncia de aquella, con lo que “claramente obstaculizan la vía judicial […] y configura[n], al menos en forma indirecta, una vulneración de la Convención Americana”.

 

  1. El Estado alegó que la competencia temporal de la Corte le impide pronunciarse sobre “la integralidad, suficiencia o justicia de las indemnizaciones” previstas en las leyes reparatorias, las cuales “desplazan” las indemnizaciones obtenidas por vía judicial, en virtud de un principio reconocido en la jurisprudencia interamericana, referido a “la prohibición del enriquecimiento incausado”, pues nadie puede obtener doble resarcimiento por el mismo daño. Indicó que la Comisión y el representante dirigieron sus críticas contra la naturaleza “tarifada” de dichas leyes, pero no acreditaron que tales montos “estén alejados de los parámetros de justicia, integralidad o idoneidad”. Solicitó que se declare que Argentina no es responsable por las violaciones

 

B.2.  Consideraciones de la Corte

 

  1. El Tribunal recuerda que en su jurisprudencia ha sostenido que toda violación a un

268      Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra, párr. 207, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 45.

 

derecho humano “que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”269. El derecho a la reparación se configura entonces en un principio esencial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos270. Asimismo, la Corte se ha referido a las distintas medidas de reparación disponibles a fin de resarcir los daños de manera integral, lo que ha permitido construir un andamiaje jurisprudencial en torno a medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnizaciones pecuniarias.

 

  1. Respecto de las últimas mencionadas y en lo que tiene relación con lo alegado en el presente caso, el Tribunal ha señalado que, en principio, las medidas de reparación tienen una titularidad individual, lo que puede variar cuando los Estados se ven forzados a reparar masivamente a numerosas víctimas, excediéndose ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales En tales escenarios, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. En esos contextos, tales medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras medidas de verdad y justicia271, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos relacionados, entre otros, con su legitimidad y efectiva capacidad de reparación integral272.

 

  1. También la Corte ha señalado que la existencia de programas administrativos de reparación debe ser compatible con las obligaciones estatales bajo la Convención Americana y otras normas internacionales y, por ello, no puede derivar en un menoscabo al deber estatal de garantizar el “libre y pleno ejercicio” de los derechos a las garantías y protección judiciales, en los términos de los artículos 1.1, 25.1 y 8.1 de la Convención, respectivamente. Por consiguiente, resulta conforme a la observancia de los derechos convencionales que el establecimiento de sistemas internos administrativos o colectivos de reparación no impida a las víctimas el ejercicio de acciones jurisdiccionales en reclamo de medidas de reparación273.

 

  1. Lo primero que cuestiona el representante es el concepto de “sumas fijas, tasadas y uniformes”, expresadas en moneda nacional, con la consecuente “distorsión y deterioro” por la inflación, que, según alegó, caracterizaría a los beneficios extraordinarios de las “leyes reparatorias” argentinas, con especial mención de las Leyes No. 24.411 y 25.914, las que no responderían al contenido del artículo 63 de la Convención Americana.

 

  1. Al respecto, la Corte recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige, como condiciones de las medidas de reparación, que sean adecuadas, efectivas y rápidas, proporcionales a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido274. De esa cuenta,

269     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 24 y 25, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 95.

270 Cfr. Inter alia, Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985; Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, y Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Fabián Salvioli, U.N. Doc. A/HRC/42/45, 11 de julio de 2019, párr. 25.

271     Cfr. Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, U.N. Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 83.

272    Cfr. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 470, y Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, supra, párr. 98.

273 Cfr. Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267, párrs. 190 y 192, y Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, supra, párr. 98.

274    Cfr. Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, Principio IX; Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, U.N. Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 46, y Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la

 

el alegato del representante, planteado de manera abstracta y general, no provee un marco de análisis que permita apreciar por qué motivos específicos los mecanismos administrativos de reparación implementados en Argentina, para el caso concreto de las presuntas víctimas, no cumplirían las exigencias de ser adecuados, efectivos, rápidos y proporcionales.

 

  1. El representante alegó también que dichos mecanismos de reparación supeditan la concesión de los beneficios a la renuncia de reclamación ante los tribunales, por lo que “obstaculizan la vía judicial” y vulneran “en forma indirecta” la Convención Americana. Ante ello, la Corte recuerda las presuntas víctimas promovieron una acción judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar las reparaciones pertinentes por los daños sufridos, acción que no se vio afectada, en su promoción, por la decisión desestimatoria que obtuvieron, en tanto el fallo contrario a sus derechos no descartó, por improcedente, la vía judicial, aunado a que el criterio que motivó el rechazo fue objeto de otro análisis en esta Sentencia, por considerar que configuró una violación autónoma (supra párrs. 232 a 237).

 

  1. Así las cosas, el argumento del representante, referido a la “renuncia” de la vía judicial para acceder al pago, atiende a una característica de los mecanismos administrativos de reparación que no ha incidido en el caso concreto de las presuntas víctimas, en tanto no han accedido a los beneficios y, por ende, no han debido “renunciar” a la vía judicial, la que en efecto promovieron. De esa cuenta, el alegato cuestiona, desde una connotación abstracta, es decir, sin aplicación al caso de las presuntas víctimas, la regulación interna en materia de reparaciones administrativas, lo que resulta ajeno a la competencia contenciosa de esta Corte que solo puede ser ejercida para resolver casos concretos en que se alegue que un acto, u omisión, imputable al Estado y ejecutado contra personas determinadas, es violatorio de los derechos que reconoce la Convención Americana275. En consecuencia, el Tribunal está impedido de pronunciarse al

 

VII.4

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE ANATOLE ALEJANDRO Y CLAUDIA VICTORIA LARRABEITI YÁÑEZ, EN RELACIÓN

CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS276

 

A.   Alegatos de la Comisión y de las partes

 

  1. La Comisión argumentó que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los hermanos Larrabeiti Yáñez “por el sufrimiento causado por la desaparición de su padre y madre y por la búsqueda de justicia”.

 

  1. El representante señaló que para Anatole y Victoria los efectos del operativo ejecutado el 26 de septiembre de 1976 “quedaron indeleblemente marcados en sus psiquis y en todo el contexto de sus vidas”.

 

  1. El Estado, por su parte, no formuló alegatos específicos al

 

B.  Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte ha establecido que en casos que involucran la desaparición forzada de personas

justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Fabián Salvioli, U.N. Doc. A/HRC/42/45, 11 de julio de 2019, párr. 44.

275      Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 48; Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 135, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C No. 417, párr. 158.

276      Artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

 

es posible entender que la violación del derecho a la integridad de los familiares de las víctimas es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades de proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o de realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido277. Asimismo, en casos de graves violaciones de derechos humanos se puede declarar la violación de dicho derecho en perjuicio de los familiares de las víctimas aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes y hermanas y hermanos, siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso278. Estas afectaciones, comprendidas integralmente en la complejidad de la desaparición forzada, se proyectarán en el tiempo mientras subsista la falta de esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida279.

 

  1. En el caso concreto, como consecuencia directa de la calificación de los hechos como desaparición forzada de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, la Corte estima presumible la afectación a la integridad psíquica y moral de su hijo y su hija, la que surge además de sus declaraciones280, con lo que queda demostrado que han padecido un profundo sufrimiento y angustia que, como ha sido indicado, se continúan proyectando en el tiempo en tanto subsista la incertidumbre sobre el paradero de sus padres biológicos.

 

  1. Con fundamento en lo considerado, la Corte concluye que el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, por los sufrimientos y angustias provocados por la desaparición forzada de sus padres biológicos.

 

VIII REPARACIONES

 

  1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado281.

 

 

277 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 90.

278 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 119; Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415, párr. 140, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 90.

279     Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 103, y Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia, supra, párr. 165.

280    En su declaración rendida en audiencia pública ante esta Corte, Anatole relató que ha vivido “con la tristeza, con la angustia, con la pena de muchas formas”, lo que se tradujo en “la necesidad de una búsqueda” por “saber quiénes habían sido [sus padres]”, y de “no […] dejar de buscar un lugar donde llevarle unas rosas a [su] madre”. Señaló que, al visitar el lugar donde funcionó “Automotores Orletti”, “fue muy difícil entrar y […] lo que […] sintió en ese minuto”. Indicó que “las afectaciones que ha traído esto hasta el día de hoy son innumerables”, y agregó que “poder cerrar una historia, de alguien que nunca apareció es importante”. Por su parte, Victoria declaró que por la edad que tenía el día de los hechos no conserva recuerdos de lo ocurrido, pero “t[iene] la experiencia de trauma, […] de ruptura del continuo de un núcleo familiar, de un desarraigo [y] de una separación”. Señaló que durante su infancia sufrió “de tristeza profunda, de miedo, de sensación de pérdida [y] depresión”. Indicó que, a la edad de nueve años, cuando le contaron lo sucedido a sus padres biológicos, tuvo una “sensación de desamparo, de un desamparo donde gente adulta hizo algo muy horrible y muy feo, que no tiene nombre”. Cfr. Declaraciones de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, rendidas en audiencia pública ante esta Corte.

281     Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 25, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 95.

 

  1. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron282. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados283. Asimismo, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos284.

 

  1. En consecuencia, con base en las violaciones declaradas en esta Sentencia, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y el representante, así como los argumentos del

 

A. Parte lesionada

 

  1. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 1 de la Convención Americana, a quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho en esta Sentencia. Por lo tanto, la Corte considera como parte lesionada a Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, Mario Roger Julien Cáceres, Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez. Asimismo, el Tribunal advierte, de la prueba aportada, que el 20 de octubre de 2017 fue dictada la decisión judicial que declaró que, “[p]or [el] fallecimiento de J[ulien] C[áceres] M[ario] R[oger] y G[risonas] V[ictoria] L[ucía]”, “le[s] suceden en carácter de universales herederos sus hijos” Anatole y Victoria285.

 

B.  Obligación de investigar

 

  1. La Comisión solicitó que se ordene al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero del señor Julien Cáceres y la señora Grisonas Andrijauskaite y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales, según su Asimismo, requirió que se investiguen penalmente las violaciones a derechos humanos ocurridas en el presente caso, a fin de “esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan”.

 

  1. El representante solicitó que se ordene al Estado “[i]nvestigar y juzgar”, en un plazo razonable, las distintas “cuestiones de carácter penal que […] se encuentran pendientes”, incluidos los hechos de relativos al “botín de guerra”. Agregó que se hace necesario que el Estado informe a las presuntas víctimas acerca de las diligencias que se practiquen y que permita a estas, en lo posible, presenciar tales

 

  1. El Estado indicó que, en atención a las actividades emprendidas para la búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres y a lo indicado por el EAAF en tal sentido, “no [sería] necesaria disposición de medidas a este respecto”.

 

282      Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 65, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 96.

283      Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 226, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párr. 264.

284      Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia, supra, párr. 110, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párr. 265.

285      Cfr. Resolución emitida por el Juzgado Civil y Comercial No. 10 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, el

20 de octubre de 2017, que consta en el expediente CUDAP: EXP-SO4:0033011/2012, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de prueba, tomo IV, anexo 7 al escrito de contestación, folios 3571 y 3572).

 

B.1.   Investigación, determinación, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de todos los responsables de los hechos cometidos

 

  1. Conforme a las violaciones declaradas en esta Sentencia, sin perjuicio de los avances en torno al juzgamiento de los hechos cometidos en perjuicio de la señora Grisonas Andrijauskaite y de sus hijos, Anatole y Victoria, la Corte dispone que el Estado deberá continuar en su labor de investigación a fin de esclarecer plenamente lo ocurrido, en concordancia con lo señalado en el presente Fallo (infra párr. 286).

 

  1. En cuanto a los hechos que damnificaron al señor Julien Cáceres, se hace preciso que las autoridades competentes resuelvan, en un plazo razonable, las causas 2261 y 2390. Para el efecto, el Estado deberá tomar en cuenta lo considerado en este Fallo en cuanto a la calificación jurídica y la consecuente aplicación del tipo penal de desaparición forzada (supra párr. 207). A la postre, el Estado deberá investigar con la debida diligencia, en su caso, lo relativo a la inhumación clandestina del cuerpo de la víctima en el Cementerio Municipal del Partido de General San Martín.

 

  1. No obstante lo considerado en este Fallo, el Tribunal considera necesario recordar que la categoría de crímenes de lesa humanidad impide que el Estado recurra a figuras como la amnistía, así como cualquier otra disposición análoga, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de su obligación286. Asimismo, la debida diligencia que debe imperar en esta materia implica que las autoridades correspondientes están obligadas a colaborar, por lo que deben brindar a los órganos competentes toda la información que requieran y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucción para la marcha del proceso de investigación287.

 

  1. Por último, dado que en este Fallo no se emitió pronunciamiento en cuanto a la investigación de los hechos relativos al “botín de guerra”, deviene improcedente la solicitud del

 

B.2.   Determinación del paradero y, en su caso, búsqueda de los restos de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres

 

  1. En lo que respecta al paradero de la señora Grisonas Andrijauskaite, el Estado deberá realizar, a la mayor brevedad posible, una búsqueda seria y con la debida diligencia, empleando todos los esfuerzos posibles, de manera sistemática y rigurosa, con personal capacitado y los recursos técnicos y científicos necesarios, adecuados e idóneos288. Para el efecto, deberá elaborar un cronograma de trabajo y diseñar la metodología de todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado, incluyendo las dificultades que puedan existir y un plan para superarlas289. La metodología diseñada deberá estar sujeta a evaluación periódica, si fuere necesario, a efecto de verificar su eficacia y determinar posibles acciones

 

  1. En cuanto a la búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres, el Tribunal dispone que sea el juez de la causa 2637/04, conforme a la normativa procesal aplicable, quien examine y valore la información, el material probatorio y los demás elementos pertinentes, a efecto de proveer una respuesta motivada, en un plazo razonable, ante los requerimientos formulados por la parte querellante. De considerar la suspensión de las labores de búsqueda, la decisión deberá

286 Cfr. Inter alia, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, supra, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párrs. 114, 151 y 154; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 114, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 232.

287 Cfr. Caso García Prieto y otro Vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 121, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 104.

288     Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 191; Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, supra, párr. 203, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 90.

289 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de febrero de 2021, Considerando 24.

 

ser asumida de manera transparente y con el consentimiento previo e informado de los familiares290. En caso de que el juez así lo determine, las autoridades competentes deberán continuar, con la debida diligencia, en la labor de investigar el paradero de la víctima y, de ser posible, recuperar e identificar sus restos y entregarlos a sus familiares. En cualquier caso, la autoridad judicial deberá garantizar la debida, oportuna y adecuada comunicación e información a las víctimas, quienes tienen derecho de participar, según corresponda, en las diligencias que sean ordenadas.

 

  1. El Tribunal reitera que el deber de investigar subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de las personas desaparecidas291, pues, si bien se trata de una obligación de medios y no de resultados, sí existe para el Estado una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona292. De esa cuenta, resulta esencial que las autoridades establezcan una eficaz estrategia de comunicación con los familiares, a fin de acordar un marco de acción coordinada, para procurar su participación, conocimiento y presencia en las diligencias que sean instruidas, conforme a las directrices y protocolos en la materia293. Además, en caso de localizar e identificar los restos de las víctimas, el Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, de común acuerdo con los familiares y conforme a sus creencias294.

 

C.  Medidas de rehabilitación

 

  1. La Comisión solicitó “[i]mplementar un programa adecuado de atención en salud física o mental” para Anatole y Victoria, de ser su deseo y en consulta con Agregó que, dado que no se encuentran bajo la jurisdicción del Estado, se haría necesario disponer de los medios para el cumplimiento de la medida en el centro de su escogencia o, de ser el caso, que se valore el pago de un monto suficiente para que puedan costear el eventual tratamiento.

 

  1. El representante indicó que los graves hechos ocurridos hicieron necesarios gastos médicos, psicológicos y farmacológicos, por lo que solicitó la suma de USD$ 48.000,00 (cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) “para cada uno de los peticionarios”.

 

  1. El Estado alegó que resulta elevado el monto reclamado en conceptos de atención física y salud mental, y que lo solicitado puede ser satisfecho por medio de la pensión que prevé la Ley No. 913, cuya cuantía resulta razonable para el propósito pretendido.

 

  1. El Tribunal ha constatado que los hechos del caso generaron afectaciones a la integridad personal de Anatole y Por tanto, la Corte considera que es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos o psiquiátricos sufridos por las víctimas295, lo que exige tomar en cuenta que estas últimas no residen en el territorio del Estado. En consecuencia, esta Corte ordena al Estado pagar una suma de dinero

290      Cfr. Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas,

U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principio 7.4.

291 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 181; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 89, y Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, supra, párr. 195. Véase, además, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas, U.N. Doc. A/HRC/45/13Add.3, 7 de agosto de 2020, párr. 33, y Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principios 7.1 y 13.4.

292 Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comentario general sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas, 26 de enero de 2011, U.N. Doc. A/HRC/16/48, párr. 5.

293   Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 191, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 110.

294 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párr. 185, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 110.

295    Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 114.

 

para que ambas víctimas puedan sufragar los gastos de los tratamientos que sean necesarios. El monto correspondiente será definido en el acápite relativo a las indemnizaciones compensatorias (infra párr. 312).

 

D.  Medidas de satisfacción

 

  1. La Comisión solicitó “el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, así como otras medidas de similar naturaleza en consulta con” las víctimas.

 

  1. El representante solicitó que se ordene al Estado la realización “de un acto sencillo y simbólico ante al Congreso Nacional”, en el que participen las altas autoridades de los tres Agregó que es necesario “[c]ontemplar […] una mirada hacia al futuro que […] abra caminos de justicia y reconciliación, de verdad y de concordia”.

 

  1. El Estado alegó que los hechos del caso fueron ampliamente difundidos, tanto por la CONADEP como en los procesos judiciales sustanciados a nivel Indicó que las disculpas públicas fueron “oportunamente otorgadas por el máxim[o] representante del Estado”. Agregó que el inmueble donde funcionó “Automotores Orletti” opera como espacio “de investigación, difusión y construcción de la memoria del terrorismo de Estado”. Señaló que no resulta necesaria disponer medidas en este sentido, sin perjuicio del mejor criterio de la Corte.

 

D.1.  Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

 

  1. Esta Corte ha dispuesto, en congruencia con la magnitud de las violaciones declaradas y particularmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal, en desagravio de las víctimas y como garantía de no repetición296. Dicho acto tiene como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos297.

 

  1. El Estado argentino señaló que en un acto público efectuado el 24 de marzo de 2004, el entonces Presidente Néstor Kirchner “p[idió] perdón de parte del Estado Nacional […] por tantas atrocidades”, por lo que, en principio, no resultaría necesario disponer una medida En tal sentido, Argentina se refirió al acto público que tuvo lugar con ocasión de la creación del Museo de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, realizado en la que fuera sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de detención y tortura en Buenos Aires298. Si bien dicho acto tendría relación con los graves hechos ocurridos durante la dictadura, el Tribunal advierte que no habría sido realizado en acuerdo con las víctimas del presente caso, a efecto de definir los distintos aspectos de su realización, aunado a que no se tiene información sobre si estas habrían tenido algún tipo de participación.

 

  1. En vista de lo anterior, la Corte dispone que Argentina realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente En

296 Cfr. Inter alia, Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 100; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 173; Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 47; Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, supra, párr. 312, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 110.

297    Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 77, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 357. Véase, Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Fabián Salvioli, Disculpas por violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, U.N. Doc. A/74/147, 12 de julio de 2019, párrs. 13 y ss.

298   Véase, Nota publicada por la Presidencia de la República Argentina el 24 de marzo de 2004, titulada: “Palabras del Presidente de la Nación, Doctor Néstor Kirchner, en el acto de firma del convenio de la creación del Museo de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” (supra nota a pie de página 37), disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24549-blank-79665064.

 

dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en esta Sentencia. El acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública conducida por altas autoridades del Estado y con presencia de Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez o sus representantes, con amplia cobertura y difusión a nivel nacional299. Para el efecto, el Estado y las víctimas o sus representantes, deberán acordar la modalidad de cumplimento del acto público, así como las particularidades correspondientes, incluido el lugar y la fecha para su realización300. El Estado cuenta con el plazo de un año, contado a partir de la notificación de este Fallo, para cumplir la medida dispuesta.

 

D.2.  Publicación de la Sentencia

 

  1. Este Tribunal, como lo ha hecho en otros casos301, dispone que el Estado publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de este Fallo, en un tamaño de letra legible y adecuado, lo siguiente: a) el resumen oficial de la presente Sentencia, elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe, conforme a lo señalado en el punto resolutivo décimo noveno de este Fallo.

 

D.3.   Documental audiovisual para la preservación de la memoria y difusión de la verdad

 

  1. En atención a lo solicitado por la Comisión y el representante, el Tribunal advierte que el Estado informó que, mediante la Ley 26.691302, fueron declarados “Sitios de Memoria”, entre otros lugares, aquellos que “funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y extermino […] hasta el 10 de diciembre de 1983”. Entre tales “sitios” figura “Automotores Orletti”, donde la señora Grisonas Andrijauskaite, Anatole y Victoria permanecieron privados de su libertad. Asimismo, Argentina señaló que, en la Casa por el Derecho a la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, ubicada en el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), “se cuenta la historia de la familia de Anatole y Victoria”.

 

  1. Sin perjuicio de valorar positivamente los esfuerzos emprendidos por Argentina, la Corte considera que la recuperación y preservación de la memoria y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas en el caso concreto hace meritorio disponer medidas específicas al respecto303.

 

  1. En tal sentido, el Tribunal estima pertinente que el Estado, teniendo en cuenta la opinión de Anatole y Victoria o sus representantes, elabore un documental audiovisual sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del “terrorismo de Estado” durante el período 1976-1983 y las coordinaciones interestatales en el contexto de la “Operación Cóndor”, incluidos los hechos del presente caso y las violaciones declaradas en este En consenso con las víctimas, el documental incorporará el enfoque sobre el impacto diferenciado que los hechos ocurridos tienen en niños, niñas y mujeres. Argentina sufragará los gastos relativos a la producción, proyección y distribución del documental, y, para el efecto, deberá establecer un comité compuesto por las víctimas y sus representantes, de ser el caso, y representantes de

299      Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 81, y Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 239.

300      Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 353, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 121.

301      Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, supra, párr. 79, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 117.

302      Ley      No.      26.691,       promulgada      el      27      de      julio       de      2011.         Disponible        en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184962/norma.htm.

303      Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra, párr. 356, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 579.

 

instituciones públicas pertinentes para la elaboración del material. El documental deberá proyectarse en un canal de televisión de difusión nacional, por una sola vez, lo cual deberá comunicarse a los familiares y sus representantes con al menos dos semanas de anticipación. En forma adicional, el Estado deberá facilitar el material a las autoridades de los otros Estados que intervinieron en la “Operación Cóndor”, incluidos Uruguay y Chile, y proveer a las víctimas quince ejemplares del video, a fin de que puedan distribuirlos entre organizaciones de la sociedad civil y universidades de los distintos Estados para su promoción. Para la realización de dicho documental, su proyección y distribución, el Estado cuenta con el plazo de dos años, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

 

E.  Garantías de no repetición

 

  1. La Comisión solicitó adoptar medidas de no repetición para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Requirió que se dispongan medidas a efecto de “despleg[ar] los esfuerzos necesarios para que las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad […] avancen con la mayor celeridad […], y para el restablecimiento de la identidad de niños y niñas desaparecidos”.

 

  1. El representante solicitó que se ordene al Estado “[a]doptar medidas que tiendan a garantizar la no reiteración de los delitos cometidos” y “[p]romover la adecuación del derecho interno a la normativa de derecho internacional en materia de derechos humanos”.

 

  1. El Estado argumentó que ha adoptado distintas políticas y acciones en materia del proceso de memoria, verdad y Solicitó que la Corte “se abstenga de disponer lo solicitado”.

 

E.1.   Grupo de trabajo para coordinar esfuerzos a nivel interestatal para el esclarecimiento de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la “Operación Cóndor”

 

  1. La Corte valora positivamente los esfuerzos realizados por Argentina para identificar a los autores de los crímenes cometidos contra las víctimas del presente caso y, a su vez, para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el período 1976-1983. No obstante, como ha sido precisado, el Tribunal advierte que existen elementos que no han sido plenamente esclarecidos, incluidos los hechos ejecutados en perjuicio del señor Julien Cáceres, así como su paradero y el de su esposa, a lo que se sumarían otros que se engloban en el contexto imperante en la época de los hechos, entre los que cabe citar, el entramado criminal para la sustracción y apropiación de niños y niñas, la ocultación, alteración o supresión de sus identidades, y el traslado clandestino de numerosas víctimas al territorio de otros

 

  1. Esta Corte es consciente de que la determinación de la verdad de lo ocurrido requiere emprender esfuerzos que, como lo ha sugerido Argentina al señalar los intentos frustrados por requerir la extradición de posibles responsables, rebasaría las posibilidades de respuesta, en solitario, del sistema de justicia nacional. Ante ello, la Corte recuerda que las obligaciones internacionales de los Estados en la erradicación de la impunidad frente a graves violaciones a derechos humanos se presenta como un deber de cooperación interestatal304, lo que conlleva su colaboración en distintos ámbitos, como la extradición y la asistencia judicial recíproca305(supra párr. 121).

 

  1. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este Fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del

304      Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 160, y Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 298.

305      Cfr. Caso Herzog y otros Vs. Brasil, supra, párr. 298.

 

Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú306, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso. La Corte supervisará la efectiva convocatoria para la conformación del referido grupo de trabajo.

 

  1. Si bien, conforme a la normativa que rige el proceso internacional, lo antes dispuesto no conlleva ordenar medidas a cargo de Estados que no han sido parte en este caso, la Corte considera necesario señalar que la intervención de estos resulta esencial para esclarecer lo ocurrido y, a la postre, para no dejar en la impunidad las graves violaciones a derechos humanos cometidas. En coherencia con ello, el Tribunal recuerda que, bajo el mecanismo de garantía colectiva establecido en la Convención Americana (supra párrs. 120 y 121), en conjunto con las obligaciones internacionales en la materia, regionales307 y universales308, los Estados deben colaborar entre sí para lograr aquellos importantes cometidos309.

 

306    Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párrs. 61.5, 61.6 y 72, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 44.

307 Cfr. Inter alia, Carta de la Organización de Estados Americanos, Preámbulo y artículo 3, inciso e); Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículos 11 a 14; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículos I, inciso c), IV, V, VI y XII, y Resolución No. 1/03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre juzgamiento de crímenes internacionales, dl 24 de octubre de 2003.

308 Cfr. Inter alia, Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo y artículo 1.3; Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución 217 A (III) de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1948; Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1966; Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General de 26 de noviembre de 1968; Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, resolución 260 A (III) de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1948; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, resolución 39/46 de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1984; Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006; Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, resolución 47/133 de la Asamblea General de 18 de diciembre 1992, artículos 2 y 14; Principios de las Naciones Unidas relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, Consejo Económico y Social, resolución 1989/65, 24 de mayo de 1989; Principios de las Naciones Unidas de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973; Resolución sobre la Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, resolución 2840 (XXVI) de la Asamblea General de 18 de diciembre de 1971; Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de la Comisión de Derecho Internacional de 1996; Declaración sobre el Asilo Territorial, resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1967; Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Observación general sobre los niños y las desapariciones forzadas, 14 de febrero de 2013, U.N. Doc. A/HRC/WGEID/98/1, párr. 46; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff,

U.N. Doc. A/HRC/27/56, 27 de agosto de 2014, párr. 30; Comité contra la Desaparición Forzada, Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, U.N. Doc. CED/C/7, 8 de mayo de 2019, Principios 3.4, 9.3 y 12.3, y Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas, U.N. Doc. A/HRC/45/13Add.3, 7 de agosto de 2020, párrs. 57 a 59, 88 y 89.

309      Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra, párr. 132, y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 160.

 

F.  Otras medidas solicitadas

 

  1. La Comisión solicitó que se ordene la “adecuación legislativa y cambio de […] jurisprudencia nacional para que no se declaren prescriptas las acciones civiles relativas a crímenes de lesa humanidad”.

 

  1. El Estado alegó que las normas de prescripción civil “no afectaron el derecho de los hermanos Larrabeiti Yáñez a obtener indemnización y rehabilitación”, por lo que la solicitud de adecuación normativa en tal sentido constituiría una “petición de principio o meramente declarativa”. Solicitó que la Corte “se abstenga de disponer lo solicitado”.

 

  1. El Tribunal recuerda que declaró la violación a los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, derivado del criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso concreto, al declarar prescrita la acción de las víctimas para reclamar reparaciones por los hechos ocurridos.

 

  1. De acuerdo a la información aportada, el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015, Ley No. 26.994, recogía en la redacción original del artículo 2561 el carácter imprescriptible de “[l]as acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad”, regulación que, mediante la reforma introducida en diciembre de 2020, pasó a estar previsto, de manera idéntica, en su artículo 2560310. Por ende, desde 2015 el ordenamiento legal interno prohíbe la aplicación de la prescripción en tales supuestos, a pesar de lo cual la Corte Suprema ha reiterado el criterio inconvencional aplicado al decidir el caso concreto311, como se deduce, entre otras, de las Sentencias de 28 de marzo de 2017, 9 de mayo de 2019 y 12 de noviembre de 2020312(supra nota a pie de página 262).

 

  1. Por consiguiente, si bien no resulta procedente disponer una adecuación normativa en esta materia, este Tribunal reitera las obligaciones que derivan para los Estados Partes de la Convención Americana y, en concreto, los alcances que el control de convencionalidad conlleva para la función a cargo de los tribunales de justicia (supra párr. 193). Como ha sido indicado, la experiencia de la Corte Suprema argentina no ha sido ajena al ejercicio de un adecuado y oportuno control de convencionalidad, el que ha sabido aplicar con base en un diálogo jurisprudencial permanente y que ha resultado en decisiones que han significado valiosos aportes para la jurisprudencia regional en materia de derechos En consecuencia, la Corte Interamericana avizora en el ejercicio del control de convencionalidad la herramienta adecuada para superar la interpretación sostenida a nivel interno, a fin de ajustarla a los estándares internacionales y, en concreto, a los principios establecidos en esta Sentencia. Lo anterior no será supervisado por esta Corte.

 

G.  Indemnizaciones pecuniarias

 

  1. La Comisión solicitó que el Estado repare adecuadamente las violaciones a derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como

 

310    Ambos artículos fueron modificados mediante la Ley No. 27.586, promulgada el 15 de diciembre de 2020 (supra nota a pie de página 94).

311     Incluso, el artículo 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación, también reformado por la Ley No. 27.586, al referirse a la forma de resolver los conflictos derivados de la aplicación de normas que modifiquen los plazos de prescripción, expresamente excluye de su regulación “las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad”.

312 Cfr. Sentencia del 28 de marzo de 2017, causa No. 203/2012 (48-V)/CS1, “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, supra nota a pie de página 37; Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de mayo de 2019, causa No. CNT 9616/2008/1/RH1, “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint Sociedad Anónima Compañía Técnica Internacional s/ accidente – ley especial”, y Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12 de noviembre de 2020, causa No. 5746/2007/1/RH1, “Crosatto, Hugo Ángel y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior y otro s/ daños y perjuicios” (expediente de prueba, tomo XIV, prueba para mejor resolver, folios 17759 a 17830).

 

  1. El Estado alegó que los montos de las leyes especiales constituyen “una reparación justa, idónea, suficiente e integral”. Señaló que los trámites administrativos respectivos “están disponibles para los hermanos [Larrabeiti Yáñez] hoy, lo estuvieron antes y lo estarán una vez que el Tribunal […] dicte sentencia, a los fines de que obtengan la reparación […] que les corresponde […], siempre y cuando estén de acuerdo en percibirla”.

 

G.1.   Daño material

 

  1. El representante solicitó que por la desaparición forzada del matrimonio Julien Grisonas, se ordene el pago de USD$ 800.000,00 (ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América), “como reparación sustituta del daño ocasionado en conjunto para ambos peticionarios consistente en la pérdida de la vida de sus dos padres”. En cuanto al denominado “botín de guerra”, solicitó la suma de USD$ 180.000,00 (ciento ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

 

  1. Indicó que la reparación en concepto de lucro cesante exige tomar en cuenta lo siguiente: a) las edades del señor Julien Cáceres y la señora Grisonas Andrijauskaite, quienes tenían, respectivamente, 33 y 31 años; b) la expectativa de vida estimada en 75 años, y c) su nivel educativo y cultural, el oficio que ejercían y su capacidad intelectual y laboral. Con base en lo anterior, solicitó que se ordene el pago, a ambos peticionarios, de USD$ 705.600,00 (setecientos cinco mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) respecto del padre, y USD$ 200,00 (setecientos treinta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América) respecto de la madre.

 

  1. Señaló que Anatole y Victoria han incurrido en distintos gastos “en la búsqueda […] de sus padres”, así como “para obtener justicia y conocer la verdad de lo ocurrido”, durante 25 años. Solicitó que la Corte fije en equidad “un importe global respecto de cada peticionario”. Añadió que tales esfuerzos les impidieron “dedicar todo el tiempo requerido […] a sus labores específicas y a otras actividades”, por lo que resulta “razonable […] que se contemple el […] lucro cesante de los peticionarios”, el que estimó en USD$ 120.000,00 (ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), para cada una de dichas víctimas.

 

  1. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso313. Asimismo, la jurisprudencia ha reiterado el carácter ciertamente compensatorio de las indemnizaciones, cuya naturaleza y monto dependen del daño ocasionado, por lo que no pueden significar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores314.

 

  1. La Corte recuerda que, de existir mecanismos nacionales para determinar formas de reparación, esos procedimientos y sus resultados deben ser valorados315, siempre que satisfagan criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad para reparar adecuadamente las violaciones de derechos declaradas por el Tribunal316. Al respecto, el Tribunal valora positivamente los esfuerzos emprendidos por el Estado argentino para cumplir su deber de reparar a las víctimas de los graves hechos ocurridos durante el período 1976-1983, esfuerzos que se ven reflejados en los beneficios previstos, entre otras, en las Leyes 24.411, 25.914 y 26.913. Asimismo, la Corte recuerda que fueron instados los procedimientos administrativos

313      Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 130.

314      Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 79, y Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay, supra, párr. 205.

315       Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 246, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 48.

316      Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, párr. 246, y Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia, supra, párr. 303.

 

para obtener los beneficios correspondientes en favor de las víctimas del presente caso, los que, a la fecha, no han derivado en el pago de compensaciones concretas317 (supra párrs. 115 a 117).

 

  1. Así las cosas, dado el estado del trámite de dichos procedimientos, la Corte considera pertinente tomar en cuenta, en lo que atañe al daño material, específicamente respecto del concepto que será referido, los montos propuestos por el Estado. De esa cuenta, Argentina, en su escrito de contestación, presentó el detalle de las sumas que eventualmente serían otorgadas a las víctimas en virtud de los beneficios previstos en las Leyes No. 24.411 y 914318. En tal sentido, señaló que Anatole y Victoria “accederían a un monto global estimativo […] equivalen[te] a [cuatrocientos noventa y un mil quinientos dos dólares de los Estados Unidos de América] (USD[$] 491.502[,00])”319.

 

  1. Este Tribunal considera que el monto indicado resulta razonable, en atención a las violaciones declaradas en este Fallo y a lo decidido en casos previos, cuyos hechos guardan similitud con los del presente. Por consiguiente, en lo que concierne a las reparaciones referidas al lucro cesante correspondiente al señor Julien Cáceres y a la señora Grisonas Andrijauskaite, el Estado deberá pagar a ambas víctimas, Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, la suma antes referida, que asciende a cuatrocientos noventa y un mil quinientos dos dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 502,00), dividida en partes iguales, lo que deberá hacerse efectivo en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia. Para el efecto, en caso de considerarlo pertinente y en tanto se atienda al monto, plazo y demás condiciones establecidas (infra párrs. 323 a 326), el Estado podrá hacer efectivo el pago por vía de los mecanismos administrativos de reparación implementados.

 

  1. La Corte, por no corresponder con los criterios definidos en su jurisprudencia en materia de daño material, no accede a las pretensiones del representante en cuanto a la “reparación sustituta del daño […] consistente en la pérdida de la vida” de los padres de Anatole y Victoria, ni al lucro cesante que, según alegó, se habría causado a estos últimos. Asimismo, dado que en este Fallo no se emitió pronunciamiento respecto de los hechos calificados como “botín de guerra” (supra párr. 191), tampoco se accede a la solicitud de indemnización en tal sentido.

 

  1. Por último, respecto de las erogaciones en que las víctimas habrían incurrido para promover y diligenciar los distintos procesos en sedes interna e internacional, en virtud de que la solicitud también fue formulada por el representante bajo el concepto de costas, el Tribunal considera pertinente analizar el tema con relación a este último

 

G.2.   Daño inmaterial

 

317      Cfr. Declaración de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez rendida en audiencia pública ante esta Corte.

318 Si bien en sus alegatos finales escritos Argentina hizo referencia a la “incidencia [de] la pandemia” en la economía, aludiendo a una “aproxima[ción]” de los montos que serían otorgados, en esta última oportunidad no concretó tales sumas ni presentó una descripción detallada, por lo que el Tribunal toma en cuenta, para los efectos pertinentes, las sumas identificadas en el escrito de contestación.

319 El Estado indicó que de conformidad con las leyes reparatorias citadas los beneficios ascienden a las sumas siguientes, expresadas en moneda de la República Argentina: a) por concepto de detención, individualmente, un millón novecientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos con sesenta centavos ($ 1.965.247,60); b) por concepto de sustitución de identidad, individualmente, seis millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos dieciséis pesos ($ 6.255.516,00); c) en el caso de haber sufrido lesiones gravísimas, individualmente, tres millones novecientos treinta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con veinte centavos ($ 3.930.495,20), y si tales lesiones se calificaran como graves, individualmente dos millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y un pesos con cuarenta centavos ($ 2.947.871,40), y d) en concepto de desaparición forzada de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, por cada uno, seis millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos dieciséis pesos ($ 6.255.516,00). A los efectos de su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, el Estado indicó haber aplicado el “tipo de cambio minorista-vendedor” de “$74,9”, según información del Banco Central de la República Argentina al 13 de julio de 2020.

 

  1. El representante señaló que el daño inmaterial, “consistente en los graves y prolongados sufrimientos padecidos”, se estima en la suma de USD$ 000,00 (cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América), “para cada uno de los peticionarios”. En cuanto al daño referido a las “incertidumbres, sufrimientos, dolores y angustias de diverso tipo y extensa duración” producidos por los hechos cometidos contra Anatole y Victoria, solicitó USD$ 400.000,00 (cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América) “a favor de cada uno”. Indicó que no existe duda de que es procedente reparar “la profunda afectación causada a los ‘proyectos de vida’ de los padres”, por lo que solicitó que la Corte fije, en equidad, el monto procedente. Agregó que “corresponde tratar por separado” los daños inmateriales ocasionados por el Decreto No. 1025/96 “y sus derivaciones”, por lo que solicitó USD$ 70.000,00 (setenta mil dólares de los Estados Unidos de América) “para cada uno de los peticionarios”.

 

  1. En cuanto al daño inmaterial, la Corte ha establecido que puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia320.

 

  1. Respecto del daño al proyecto de vida, este Tribunal ha especificado que corresponde a una noción distinta del lucro cesante y del daño emergente321. Así, el daño al proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse, razonablemente, determinadas expectativas y acceder a ellas322. Por tanto, el proyecto de vida se expresa en las expectativas de desarrollo personal, profesional y familiar, posibles en condiciones normales323. Esta Corte ha señalado que el daño al proyecto de vida implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable324. Entre otras medidas, la Corte también ha ordenado en casos particulares una compensación relativa a este tipo de daño325.

 

  1. En consideración a los graves hechos cometidos y a las violaciones declaradas, la Corte considera procedente, como lo ha decidido en casos anteriores326, la indemnización del daño inmaterial causado a Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, en tanto, dadas las circunstancias que rodearon sus desapariciones, es concluyente que les provocaron profundo temor y sufrimiento. En consecuencia, el Tribunal fija, en equidad, por cada una de dichas víctimas, la suma de USD$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), por lo que el monto total asciende a USD$ 200.000,00 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), el que deberá ser entregado a Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, dividido en partes iguales. Lo anterior deberá hacerse efectivo en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta

 

320  Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 132.

321    Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C, No. 42, párr. 147, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 154.

322      Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, supra, párr. 147, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 154.

323 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114, párr. 245, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 154.

324      Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, supra, párr. 150, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 154.

325   Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 293, y Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 388, párr. 249.

326   Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párrs. 51 y 52; Caso Gómez Palomino Vs. Perú, supra, párr. 132, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 134.

 

  1. Asimismo, el Tribunal determina procedente reparar el daño inmaterial causado a Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, consistente en los permanentes sufrimientos y angustias provocados por las desapariciones forzadas de sus padres biológicos; las omisiones y falencias en la búsqueda de su paradero y la eventual localización de sus restos, en agravio de su derecho a conocer la verdad; la demora excesiva en la sustanciación de las distintas causas a nivel interno y el pleno esclarecimiento de lo ocurrido, así como por la violación de su derecho de acceso a la justicia por la negativa del Estado a otorgar las reparaciones correspondientes por vía judicial, sin dejar de lado las comprobadas afectaciones a la integridad personal de los hermanos Larrabeiti Yáñez. Asimismo, las circunstancias del caso denotan que ha habido una evidente afectación al proyecto de vida de las víctimas, con impacto diferenciado en su condición de hijo e hija de las personas cuya desaparición persiste, lo que también debe ser tomado en cuenta para la estimación del daño moral, el que se continúa proyectando en el tiempo mientras subsista la incertidumbre sobre el paradero de sus padres biológicos.

 

  1. En consecuencia, la Corte fija, en equidad, la suma de USD$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) que el Estado deberá pagar a cada una de las víctimas, Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, lo que deberá hacerse efectivo en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta

 

  1. Del mismo modo, esta Corte dispone que el Estado deberá pagar a Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez la suma de USD$ 25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno, en compensación por los gastos efectuados y para sufragar los que a futuro puedan erogarse, en conceptos de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, y medicamentos (supra párr. 272). Dicha suma de dinero deberá ser pagada por el Estado sin condición alguna ni rendir

 

  1. En caso de considerarlo pertinente y en tanto se atienda a los montos, plazo y demás condiciones establecidas (infra párrs. 323 a 326), el Estado podrá hacer efectivos los pagos por vía de los mecanismos administrativos de reparación

 

  1. Cabe señalar que en este Fallo, ante la falta de alegatos específicos, no fue analizada cuestión alguna relativa al Decreto No. 1025/96 “y sus derivaciones”, por lo que deviene improcedente la solicitud de indemnización en tal sentido327. La Corte tampoco puede otorgar indemnizaciones por el daño inmaterial causado por delitos específicos de los que Anatole y Victoria “fueron víctimas”, pues se abstuvo de pronunciarse a ese respecto, al exceder de su competencia temporal (supra párrs. 26 a 28).

 

H.  Costas y gastos

 

  1. El representante señaló que desde mediados de 1995 y hasta la fecha, Anatole y Victoria se vieron en la necesidad de requerir consejo, asesoramiento jurídico y patrocinio letrado para hacer valer sus derechos en múltiples acciones y peticiones, tanto en jurisdicción interna como ante el Sistema De esa cuenta, estimó “el rubro [de] costas en un porcentaje equivalente al 20% de los montos indemnizatorios que se reconozcan”.

 

  1. El Estado “objet[ó] el monto reclamado […] por considerarlo ostensiblemente elevado”. Señaló que las víctimas pueden cubrir tal concepto con la porción que entiendan pertinente de las indemnizaciones que perciban por concepto de las leyes

327 Según indicó la Comisión en el Informe No. 56/19, en la petición presentada el 11 de noviembre de 2005, el representante alegó “la falta de reparación por los daños causados por el considerando cuarto del Decreto [No.] 1025/96”. La Comisión no concluyó en la violación alegada y no formuló recomendaciones al respecto. La inexistencia de la alegada violación fue reiterada por la Comisión en su escrito de sometimiento del caso. Por su parte, en el escrito de solicitudes y argumentos el representante no se refirió a este tema ni formuló alegatos específicos, sino que indicó “comparti[r] las conclusiones y recomendaciones” del Informe de Fondo.

 

  1. La Corte ha indicado que las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable328.

 

  1. En tal sentido, el Tribunal estima que no resulta pertinente que las costas y gastos sean compensados con los beneficios derivados de las leyes reparatorias señaladas por el Estado, pues no corresponden con la naturaleza y alcances de estas últimas.

 

  1. Si bien el representante no aportó prueba para fundamentar su pretensión, el Tribunal considera que tales gastos fueron efectivamente erogados, por lo que, en equidad, fija un monto de USD$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América), que el Estado deberá pagar en conjunto a ambas víctimas, Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, dividido en partes iguales. En la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal329.

 

I. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas

 

  1. Mediante Resolución de 24 de marzo de 2021, la Presidenta de la Corte declaró procedente la solicitud presentada por el representante en cuanto a la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (en adelante “el Fondo”). En dicha Resolución se dispuso la asistencia económica necesaria para cubrir los gastos razonables de formalización y envío de un máximo de dos declaraciones por affidávit que indicara el

 

  1. El 12 de julio de 2021 se remitió al Estado el informe sobre erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo, las cuales ascendieron a la suma de USD$ 358,98 (trescientos cincuenta y ocho dólares con noventa y ocho centavos de los Estados Unidos de América) y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, se otorgó un plazo para que Argentina presentara las observaciones que estimara El Estado, por su parte, no formuló observaciones en el plazo conferido.

 

  1. Por consiguiente, al no existir objeción al respecto, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la cantidad de USD$ 358,98 (trescientos cincuenta y ocho dólares con noventa y ocho centavos de los Estados Unidos de América). Este monto deberá ser reintegrado en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación del presente

 

J. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

 

  1. El Estado deberá efectuar el pago de las sumas fijadas en concepto de medida de rehabilitación, indemnizaciones por daño material e inmaterial, y reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia a favor de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia

328      Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 136.

329      Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, supra, párr. 29, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, supra, párr. 214.

 

Victoria Larrabeiti Yáñez, directamente a ambas personas, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo. En caso de que alguna de las personas beneficiarias fallezca antes de que le sean entregadas las indemnizaciones respectivas, estas se efectuarán directamente a sus derechohabientes, conforme al Derecho interno aplicable.

 

  1. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de mercado publicado o calculado por una autoridad bancaria o financiera pertinente, en la fecha más cercana al día del

 

  1. Si por causas atribuibles a las personas beneficiarias de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera argentina solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses

 

  1. Las cantidades respectivas, correspondientes a la medida de rehabilitación otorgada, daños materiales e inmateriales, y reintegro de costas y gastos, deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas

 

  1. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República

 

IX

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto, LA CORTE DECIDE,

Por unanimidad:

 

  1. Admitir la excepción preliminar de incompetencia ratione temporis, en los términos de los párrafos 21 a 28 de esta

 

  1. Desestimar la excepción preliminar de incompetencia ratione materiae, en los términos de los párrafos 32 y 33 de esta

 

  1. Desestimar la excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos en relación con los agravios referidos a la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con la infracción de los deberes de reparar violaciones de derechos humanos y adecuar la normativa doméstica, en los términos de los párrafos 37 a 41 de esta

 

  1. Desestimar la excepción preliminar por violación del derecho de defensa y del debido proceso internacional en perjuicio del Estado argentino, en los términos de los párrafos 45 a 47 de esta

 

DECLARA,

 

Por unanimidad, que:

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal reconocidos, respectivamente, en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en el artículo I, inciso a), de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, en los términos de los párrafos 127 a 147 de la presente

 

  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial que reconocen los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de Derecho interno que establecen los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en los artículos I, inciso b), y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez. Asimismo, el Estado violó el derecho a conocer la verdad de estos familiares de las víctimas Todo ello, en los términos de los párrafos 164 a 174, 176 a 190, 196 a 223 y 229 a 238 de la presente Sentencia.

 

  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal que reconoce el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, en los términos de los párrafos 252 a 254 de la presente

 

  1. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial que reconocen los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de Derecho interno que establecen los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en los términos de los párrafos 175, 192 a 195 y 224 de la presente

 

Y DISPONE:

 

Por unanimidad, que:

 

  1. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

 

  1. El Estado continuará y llevará a cabo, en un plazo razonable y con la debida diligencia, las investigaciones que sean necesarias para determinar lo sucedido a Mario Roger Julien Cáceres a fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, en los términos del párrafo 263 de la presente

 

  1. El Estado realizará, a la mayor brevedad posible, una búsqueda seria y con la debida diligencia, empleando todos los esfuerzos posibles, de manera sistemática y rigurosa, con personal capacitado y los recursos técnicos y científicos necesarios, adecuados e idóneos para determinar el paradero de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, en los términos de los párrafos 266 a 268 de la presente

 

  1. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en los términos de los párrafos 276 a 278 de la

 

presente Sentencia.

 

  1. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 279 de la presente

 

  1. El Estado elaborará un documental audiovisual sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del “terrorismo de Estado” durante el período 1976-1983 y las coordinaciones interestatales en el contexto de la “Operación Cóndor”, incluidos los hechos de este caso, en los términos de los párrafos 280 a 282 de la presente

 

  1. El Estado hará las gestiones pertinentes para convocar y conformar el grupo de trabajo para coordinar esfuerzos a nivel interestatal para el esclarecimiento de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la “Operación Cóndor”, en los términos de los párrafos 286 a 289 de la presente

 

  1. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 303, 309, 311 y 319 de la presente Sentencia por conceptos de indemnizaciones por daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, respectivamente, en los términos de los párrafos 323 a 327 del presente

 

  1. El Estado pagará a Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez las cantidades fijadas por concepto de medida de rehabilitación, en los términos de los párrafos 312 y 323 a 327 de la presente

 

  1. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de los párrafos 322 y 327 de la presente

 

  1. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 279 del presente

 

  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la

 

El Juez L. Patricio Pazmiño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente. Redactada en español en San José, Costa Rica, el 23 de septiembre de 2021.

 

Corte IDH. Caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Sentencia adoptada en San José de Costa Rica por medio de sesión virtual.

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito Presidenta

 

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto                                       Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

VOTO CONCURRENTE

JUEZ L. PATRICIO PAZMIÑO FREIRE

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO FAMILIA JULIEN GRISONAS VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

En el marco del debate del caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina, aprovecho la oportunidad y aporto desde esta tribuna a la discusión sobre los siguientes aspectos: en primer lugar, el derecho a la verdad, su contenido autónomo en relación con el derecho a la información y su relevancia en la era de la post verdad, y, en segundo lugar, reviso la importancia de la garantía colectiva y la posibilidad de utilizar herramientas procesales ya existentes para ejercer el derecho inter estatal a la información.

 

Ambas temáticas, que descansan en el plano de la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos, resultan especialmente relevantes si reconocemos y coincidimos, respecto del actualmente convulso, enigmático y confuso contexto en el que se desenvuelve nuestra cotidianidad en las Américas y el mundo en general. Vivimos abrumados por crisis sistémicas múltiples y conglobadas, pre existentes a la pandemia del coronavirus pero que hoy las hemos visto emerger y exponerse de manera cruda y violenta, en claves que se tornan imposible de racionalizar desde la lógica formal o compleja, o lo que es peor aún, desde las añejas y casi siempre olvidadas herramientas que otorga el sentido común simple y llano. Vivimos la era de la pos verdad (sic), el engaño sistemático, la desvergüenza, la anti política, la negación de lo obvio, el engaño desenfadado y sistemático, repetido y amplificado por las redes sociales y medios de información y comunicación hegemónicos que hasta el cansancio nos convencen de la transmutación de lo lógico, verdadero y comprobable por la cultura

 

expresada en el famoso tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo.

 

Desde el plano del desarrollo de los derechos humanos, a partir de una visión sistemática, conglobada y progresiva en tanto herramienta esencial para superar las problemáticas que nos depara la nueva era a la que entramos con más desafíos que certezas, considero que es esencial seguir profundizando algunos conceptos que la doctrina nos aporta y la práctica nos exige.

 

1.  El derecho a la verdad y su relevancia en la era de la post verdad. ¿Es posible argumentar su contenido autónomo?

 

Con la debida autorización de su autor, el profesor Antonio Cabo De la Vega (Madrid, 12.2021) hago uso de una parte de la charla que mantuvimos para desentrañar los vericuetos que nos depara esta añeja y milenaria ansiedad del ser humano en su búsqueda de conocimiento: la búsqueda de la verdad. Aquí sus reflexiones:

 

“Desde la racionalización operada en el mundo jurídico por la Ilustración y que encarna Beccaria, la verdad se ha convertido en un presupuesto básico del proceso penal.

 

La verdad entendida como correspondencia entre lo expresado verbalmente y lo acaecido en el mundo material, concebido como un universo racional y cognoscible.

 

Con anterioridad, la idea de verdad no se relacionaba tanto con la idea de comprobación de prueba, sino con la idea de autorización. La verdad se hacía verdad en función de quién la expresaba (“Yo soy el camino, la verdad y la vida”, dirá Juan 14,6). Las ideas de Tersites en la asamblea de héroes aqueos de la Ilíada no pueden ser “verdad” porque las expresa un

 

personaje ridículo, y las del poeta, en cambio, lo son porque provienen de una Musa. De ahí también, que la prueba por excelencia del derecho hasta la Ilustración sea la confesión. Las expresiones se hacen literalmente verdaderas al enunciarse, al admitirse (“actúo por influjo del Demonio” en un proceso ante el Tribunal del Santo Oficio, por ejemplo).

 

En un mundo que aspira a conocerse en forma científica aflora, por el contrario, una visión diferente de la verdad. La verdad es la medida, es lo que resulta de los instrumentos técnicos, es una verdad esencialmente documental.

 

Por eso, el proceso penal, como decíamos, toma como base el descubrimiento de la verdad material (no así el civil, que sigue inspirado por la idea de las partes como dueñas del proceso y, consecuentemente, como dueñas de la “verdad” que no es otra que la que ellas mismas quieran expresar (iuxta ALLEGATA et probata partium).

 

Esta verdad material, naturalmente, siempre puede ser comprometida mediante el engaño (doloso, culposo o involuntario (como el del que se engaña a sí mismo), y por eso existe la fase probatoria que debe realizarse en sala, y ascienden a una posición de eminencia las pruebas documentales (escritas, grabadas) y los peritos como adjudicadores de la verdad científica.

 

Este planteamiento clásico se ha visto puesto en entredicho en dos planos en los últimos tiempos. Por un lado, el nivel del desarrollo tecnológico se ha apartado por completo de la capacidad de comprensión del ciudadano común (y aún de los operadores jurídicos). Desde   el   efecto   CSI   (la expectativa irracional en la capacidad de la ciencia de resolver los casos), hasta la perplejidad del juzgador ante aparentes evidencias incontrovertibles que resultan ser meros montajes

 

tecnológicos (el deep fake) o la constatación del sesgo racial o de género de los presuntamente infalibles e inocentes algoritmos, ha situado la fase de prueba en un estado de indeterminación en la que, como todo es posible, terminan aflorando motivaciones personales, sociales, etc. Sin estándares comprensibles, con disparidades tecnológicas insalvables entre las partes, la valoración objetiva de la prueba parece una quimera.

 

Con todo, la cuestión de la verdad ha dado un salto que podríamos calificar de extraprocesal. Efectivamente, lo que se da en la actualidad es la construcción deliberada de una realidad paralela total (ni verdadera, ni falsa en el sentido clásico de la palabra) por parte de agentes con intereses concretos, que no sólo no ocultan sus intenciones (el Metaverso), sino que logran la colaboración espontánea de los propios sujetos “engañados” por esta realidad paralela, que, en una forma de escapismo radical, se vuelven cómplices de su expansión: en lugar de huir de la realidad, construyamos socialmente una paralela.

 

Este estado de cosas no puede ser afrontado en sede judicial, porque rebasa y envuelve al proceso, sino que exige una respuesta en términos de políticas públicas. Adquiere así una dimensión más de derecho social o colectivo (como la paz o el ambiente sano), que de garantía individual. Un estado de cosas para el que no es satisfactoria la solución individual (extraer una coyuntura, unos actos o unos sujetos concretos del mundo paralelo para insertarlos (¿momentáneamente?) en el mundo (¿real?) del proceso), sino que pone en cuestión elementos estructurales de las relaciones sociales.” Hasta aquí seguimos al doctor De Cabo y colocamos como contexto su importante reflexión.

La ideología, el cinismo y la post-verdad

 

Slavoj Žižek ha iniciado la discusión sobre cómo la versión clásica de la ideología, que asume que los individuos estén impedidos de conocer de manera evidente la realidad en la que interactúan, ha mutado a una versión mucho más sofisticada y compleja – diría yo también peligrosa- de la ideología. Un mundo donde los individuos perciben la realidad misma como ideológica1. Si antes nos servían las herramientas de la realidad para contrastar los hechos, hoy se torna sumamente difícil hacerlo, no sólo porque existe una versión ideologizada (y por supuesto, polarizada) de la realidad sino también porque nuestra realidad está plagada de hechos que no son certeros y que han sido artificialmente creados para sustentar esta versión ideologizada de la realidad. Estamos en un mundo que va más allá de únicamente la falsedad, deliberada o la mentira como era concebida por la teoría crítica de Hannah Arendt, quien definía:

 

“La falsedad deliberada trata con hechos contingentes; es decir, con asuntos que no tienen una verdad inherente dentro de sí mismos, ni necesidad de ser como son. Las verdades fácticas nunca son absolutamente verdaderas. El historiador sabe lo vulnerable que es toda la textura de los hechos en los que nos pasamos la vida diaria; siempre corre el peligro de ser perforado por mentiras simples o despedazado por la mentira organizada de grupos, naciones o clases, o negado y distorsionado, a menudo cuidadosamente cubierto por montones de falsedades o simplemente permitido que caiga en el olvido”2.

 

Para Žižek el problema con esta versión ideologizada de la realidad es que va más allá de la falsedad deliberada o la simple mentira. El individuo es plenamente consciente de que está transformando mediante su accionar el mundo exterior. Por ello que hablemos del cinismo como el reemplazo de la moral en el actuar del mundo post

1 Žižek, Slavoj. The Parallax View. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006Žižek, Slavoj. “Between Symbolic Fiction and Fantasmatic Spectre: Towards a LacanianTheory of Ideology”, en R. Buttler and S. Stephens (Eds.). SlavojŽižek, Interrogating the Real. LondonandNew York: Continuum, 2005:249-270. Žižek, Slavoj. “Introduction”, en S. Žižek (Ed.). Mapping Ideology. London and New York:Verso, 1994:1-33. Žižek, Slavoj.The Sublime Object of Ideology.London: Verso, 1989.

2 Arendt, Hannah (1972). Crises of the Republic; lying in politics, civil disobedience on violence, thoughts on politics,

and revolution. Harcourt Brace Jovanovich. pp. 4

 

verdad. Las fake news o la utilización de la pseudo ciencia terminan convirtiéndose en las herramientas para ir construyendo esta nueva versión. La mentira, evidente, consciente y deliberada encuentra un papel central, donde no es condenada, sino más bien amplificada, compartida y ‘‘viralizada’’. En el mundo de Arendt y la teoría crítica no existían aún las aplicaciones masivas tecnológicas, ni las redes sociales. La falsedad deliberada era construida en un proceso más uniforme y menos ‘‘colaborativo’’. Hoy en el mundo de twitter, tiktok, Facebook e Instagram, la realidad es construida de manera colaborativa donde los diferentes usuarios van contribuyendo a ir ‘‘perforando’’ la realidad. Las opciones son inmensas en un mundo globalizado y el rol de las plataformas informáticas aún incierto. A su vez, esta nueva realidad se ve refrendada y convalidada con instrumentos como el lawfare o el aplastamiento mediático, el “asesinato de imagen”, la pulverización irremediable de la presunción de la inocencia sin un debido proceso, haciendo que aquellos que defiendan la verdad sean ‘‘disciplinados’’ de manera inmisericorde.

 

Es en este contexto, en que considero que es importante tratar al derecho a la verdad como un derecho autónomo. Con el fin de contribuir a la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos, me gustaría esgrimir que en este caso podríamos haber avanzado en delimitar este derecho como uno de naturaleza autónoma.

 

El derecho a la verdad como derecho autónomo en el Sistema Interamericano

 

El Derecho a la Verdad ha sido objeto de discusión amplia en el Derecho Internacional, no solo a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino dentro de la doctrina general, e incluso a lo interno de los Estados. Su conceptualización discute su origen, su alcance y su misma existencia. En algunas ocasiones se recurre a citas de grandes pensadores al momento de analizarlo:

 

“El pueblo tiene el mismo derecho a la verdad que a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Epicteto (55- 135)

 

“La paz, si es posible; pero la verdad, a toda costa”. Martín

Lutero (1483-1546)3

 

Su origen y trascendencia se vincula a procesos y contextos sociales y políticos específicos:

 

[.,..] si realmente existe en el derecho internacional, se entrelazaría estratégicamente con los objetivos más amplios del derecho penal internacional, podría mencionarse, entre otros, el de restablecer y mantener la paz (porque, al exponer la verdad, las sociedades son capaces de prevenir la repetición de sucesos similares); facilitar los procesos de reconciliación (porque se considera que conocer la verdad es fundamental para ayudar a la reconciliación de comunidades escindidas); contribuir a erradicar la impunidad (porque saber la verdad sobre la identidad de los responsables de violaciones conduce a la rendición de cuentas); reconstruir las identidades nacionales (fomentando la unidad de los países a través del diálogo sobre la historia común), y dejar constancia de los hechos históricos (porque la “verdad” sobre lo que sucedió puede ser objeto de un debate abierto y vigoroso en el tribunal, lo que fortalece la credibilidad de las pruebas aceptadas en el proceso penal).

[…]

También cabría argumentar que el derecho a la verdad subyace al propio proceso del acto de procesamiento penal, dado que garantiza la correcta investigación de los crímenes y la transparencia en la forma de los procedimientos de habeas corpus, en las detenciones efectuadas por el Estado, y exige el acceso público a los documentos oficiales. Cuando se han pronunciado sentencias, la satisfacción del derecho a

 

la   verdad   puede,   plausiblemente,   formar     parte     de         las reparaciones a las víctimas4.

 

“El derecho a la verdad ha surgido como un concepto jurídico en diferentes jurisdicciones y ha adoptado diversas formas. Sus orígenes se remontan al derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros, refrendado por el derecho internacional humanitario en los artículos 32 y 33 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1977, y a las obligaciones que incumben a las partes en conflictos armados de buscar a las personas dadas por desaparecidas”5.

 

“Las desapariciones forzadas de personas y otras violaciones manifiestas de los derechos humanos durante períodos de violencia masiva extrema auspiciada por el Estado, particularmente en diversos países de América Latina, pero también en otras partes del mundo, dieron lugar a una interpretación lata del concepto del derecho a recibir información sobre las personas desaparecidas, y condujeron a la identificación y al reconocimiento del derecho a la verdad por parte de diferentes órganos internacionales, en particular la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”6.

 

No se encuentra contenido de manera expresa en ninguna norma escrita que se catalogue como fuente de derecho internacional de acuerdo al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, se afirma que su naturaleza puede ser determinada de dos maneras: como derecho consuetudinario o como principio general del derecho.

 

4 Tomado de: Yasmin Naqvi, “El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, International Review of the Red Cross, Junio de 2006, N.º 862 de la versión original, pág. 3-4 Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_naqvi.pdf

5 Tomado de: Yasmin Naqvi, “El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, International Review of the Red Cross, Junio de 2006, N.º 862 de la versión original, pág. 5 Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_naqvi.pdf

 

  1. Derecho consuetudinario = “Sin embargo, el derecho a la verdad ha sido reconocido, sin objeción alguna, por varios órganos internacionales y tribunales de nivel internacional y nacional, y ha sido refrendado como principio rector en numerosos instrumentos por los que se establecen comisiones de la verdad y reconciliación, así como en ordenamientos jurídicos nacionales. Algunos expertos en derecho también han señalado que el derecho a la verdad es un derecho Obviamente, es necesario examinar esas fuentes más de cerca, para ver cómo identificaron ese derecho y qué características pueden discernirse”7.

 

  1. Principio general del Derecho = “Cabe argumentar que el derecho a la verdad puede discernirse como un principio del derecho que deriva de fuentes tanto internacionales como En el primer caso, puede utilizarse como una forma de inferir la existencia de normas amplias a partir de normas más específicas mediante el razonamiento inductivo. Prueba de ello sería la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, los cuales, en sus análisis de los derechos convencionales específicos, parecen identificar un derecho a la verdad más amplio. En el segundo caso, como principio derivado de fuentes nacionales, puede “llenar vacíos” cuando los tratados y el derecho consuetudinario no proporcionan suficientes pautas”8.

Juan E. Méndez, uno de los principales expertos jurídicos sobre el derecho a la verdad, lo ha caracterizado como una “norma de derecho internacional emergente que se ha venido desarrollando rápidamente”9. Asimismo, la describe como aquella “obligación Estatal de revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo que sepa

 

7 Tomado de: Yasmin Naqvi, “El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, International Review of the Red Cross, Junio de 2006, N.º 862 de la versión original, pág. 12 Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_naqvi.pdf

8 Tomado de: Yasmin Naqvi, “El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, International Review of the Red Cross, Junio de 2006, N.º 862 de la versión original, pág. 28 Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_naqvi.pdf

9 Tomado de: Juan E. Mendez y Francisco J. Bariffi, “Truth, Right to, International Protection”. Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2012. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r17382.pdf Traducción propia de: An emerging—though rapidly developing—norm of → international law.

 

sobre los hechos y circunstancias de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos del pasado, incluyendo la identidad de los perpetradores e instigadores”. En este mismo sentido, desarrolla que “esta obligación presupone la existencia de violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos que adopten la forma de los delitos penales internacionales más aborrecibles, como la tortura, el genocidio, las desapariciones, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad”10.

 

Agrega, además, que “es probable que esta obligación surja en contextos de Justicia transicional en situaciones de posconflicto marcados por el fin de la violencia política, el cese de las hostilidades o la caída del régimen dictatorial; sin embargo, técnicamente esta obligación surge con la propia violación sistemática de los derechos humanos”11.

 

Si bien algunos autores discuten su origen y naturaleza jurídica, como se evidenció en los apartados anteriores, en otra línea de pensamiento la doctrina ha establecido que “hoy se reúnen todas las condiciones y requisitos para reconocer el derecho a la verdad como un derecho fundamental autónomo, faltando sólo el reconocimiento formal y expreso, tanto en convenios internacionales como en las cartas fundamentales de los Estados”12.

 

Sin embargo, al referirnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ésta lo trata como un derecho subsumido en el derecho al debido proceso. Ampliando

 

10 Tomado de: Juan E. Mendez y Francisco J. Bariffi, “Truth, Right to, International Protection”. Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2012. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r17382.pdf Traducción propia de: […] the right to truth can be described as a ‘State obligation to reveal to the victims and society everything known about the facts and circumstances of massive and systematic human rights violations of the past, including the identity of the perpetrators and instigators’ (Méndez [1998] 255). This obligation presupposes the existence of massive or systematic human rights violations taking the form of the most abhorrent international criminal offences such as torture, → genocide, → disappearances, → war crimes, or → crimes against humanity (see also → Gross and Systematic Human Rights Violations; → Torture, Prohibition of; SeibertFohr 68).

11 Tomado de: Juan E. Mendez y Francisco J. Bariffi, “Truth, Right to, International Protection”. Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2012. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r17382.pdf Traducción propia de: Likewise, this obligation is likely to arise in contexts of → Transitional Justice in Post-Conflict Situations marked by the end of political violence, the cessation of the hostilities, or the fall of the dictatorial regime (Teitel); yet technically this obligation arises with the systematic human rights violation itself.

12 Tomado de: Gerardo Bernales Rojas, “El Derecho a la Verdad”. Estudios Constitucionales vol.14 no.2, Santiago,

Chile, 2016. Disponible en https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002016000200009&script=sci_arttext

 

que al ser analizado como parte del debido proceso “adquiere una dimensión relevante en la construcción de una sociedad civilizada”, razón por la cual “el reconocimiento de este derecho precisa que ya no sólo se le contemple como una parte del debido proceso, sino como un derecho fundamental autónomo, ubicado además dentro de los derechos sociales, resultando su reconocimiento una necesidad en las sociedades políticas modernas”13.

 

Desde la óptica de la Corte Interamericana este derecho ha estado íntimamente ligado al derecho de los familiares de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente se vinculó inicialmente con el fenómeno extendido de la desaparición forzada14.

 

Considerado la vinculación inicial del derecho a la verdad en el sistema interamericano con las desapariciones forzadas, tanto la Corte Interamericana como la Comisión han establecido diferentes obligaciones que corresponden a los Estados en supuestos de desapariciones forzadas, entre las que destaca la “obligación de establecer la verdad de lo sucedido, localizar el paradero de las víctimas a informar a las los familiares sobre el mismo”15, obligaciones que siguen siendo reiteradas por la Corte desde la sentencia en el Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay de 22 de septiembre de 200616, hasta el día de hoy.

 

No obstante, soy de la idea que es necesario entender el derecho a la verdad, como un derecho autónomo, sin perjuicio de que éste también sea parte de los principios generales del derecho, o del derecho consuetudinario, en los términos planteados. Esta naturaleza de principio-derecho le permite verse envuelto no sólo desde la óptica de los artículos 8 y 25 de la Convención, es decir relacionado con el derecho al acceso a la justicia, sino también y

13 Tomado de: Gerardo Bernales Rojas, “El Derecho a la Verdad”. Estudios Constitucionales vol.14 no.2, Santiago,

Chile, 2016. Disponible en https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002016000200009&script=sci_arttext

14 Tomado de: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derecho a la Verdad en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 de agosto de 2014, párr. 56. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf

15 Tomado de: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derecho a la Verdad en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 de agosto de 2014, párr. 60. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf

16 Párr. 89.

 

de manera efectiva con el artículo 13, que contiene el derecho a la libertad de expresión.

 

En consecuencia me inclino adicionalmente a manifestar que el derecho a la verdad tiene una directa y estrecha relación de conexidad con el derecho a la información, según el cual, y conforme una lectura comparada y haciendo uso del diálogo regional, por ejemplo, se contempla que todas las personas tienen derecho, por una parte, a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información acerca de los hechos, y procesos de interés general (Art.61 Constitución de la República del Ecuador CRE); este derecho abarca la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. En España, el derecho a la información ha sido constitucionalizado como un derecho doble: el derecho a comunicar y el derecho a recibir información, cuestión reconocida en numerosas sentencias por el TC17. El art. 20.1 d) reconoce, por tanto, dos derechos diferenciados en los que cabe distinguir las dimensiones objetiva y subjetiva. Ambos derechos pertenecen, en su vertiente objetiva, a la comunidad, y se constituyen como la garantía de la comunicación pública libre, esto les dota de una prevalencia especial sobre otros bienes constitucionales, “de una eficacia que transciende de la común y propia de otros bienes constitucionales”. Sin embargo, la libertad de transmitir la información es la única subjetivizable, recibiendo protección de manera individual ya sea ejercitada por profesionales de la información ya sea ejercitada por cualquier ciudadano.

 

La doble naturaleza de este derecho: individual y colectiva, podrá permitir enfrentar de manera más decidida los retos que enfrentamos como sociedades en torno a la post-verdad, o como decía De Cabo, nos permitirá reconocer que el derecho a la información “ Adquiere así una dimensión más de derecho social o colectivo (como la paz o el ambiente sano), que de garantía individual”, acercándonos de mejor manera a la identificación del derecho a la verdad con esta dimensión doble del derecho a la información, lo que permitirá apoyarnos para superar la visión

17 STC 105/1983, FJ 11

 

procesalista penal que ha precedido en este tema. Dejo constancia que éste es un espacio de reflexión, por lo que con este voto aspiro que la nueva composición de la Corte Interamericana se identifique con la necesidad de profundizar y avanzar en esta línea de fundamentación.

 

2.  La importancia de la garantía colectiva y la posibilidad de utilizar herramientas procesales ya existentes para solicitar información a múltiples Estados

El caso bajo conocimiento tiene que ver con la Operación Cóndor, organizada y diseñada por los organismos de seguridad nacional de los Estados Unidas de América e implementada en colaboración con diversos Estados de la región, pero que en los hechos particulares del caso corresponden a Argentina, Chile y Uruguay.

 

La Corte ha venido desarrollando el concepto de garantía colectiva desde la óptica del cumplimiento de las obligaciones y el rol que tiene la comunidad de Estados para mantener la vigencia de los derechos humanos. En esta línea ha señalado que la garantía colectiva se traduce, pues, en una obligación general de protección que tienen tanto los Estados Partes de la Convención como los Estados Miembros de la OEA entre sí, para asegurar la efectividad de dichos instrumentos, que constituye una obligación erga omnes18.

 

Sostengo que en este caso podría haberse ahondado más en desarrollar esta perspectiva desde la participación y cooperación entre Estados con la Corte. Argentina por sí sola asume la satisfacción para lograr la verdad, la justicia y las reparaciones, a pesar de que las violaciones a los derechos humanos, cometidas en contra de la familia Julien Grisonas, fueron coordinadas y llevadas a cabo por varios Estados.

 

 

18 La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos). Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020. Serie A No. 26.

 

Como se puede evidenciar en el caso, los hechos dan cuenta de acciones transnacionales e interestatales coordinadas. La responsabilidad compartida es una doctrina que abarca “todas las situaciones que tratan la asignación y distribución de la responsabilidad, en situaciones en las que múltiples entidades han contribuido a un daño derivado de un hecho ilícito internacional”19.

 

Por su parte en el caso Goiburú Vs. Paraguay la Corte ha aclarado que

 

en función de la efectividad del mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención, […] Estados Partes en la Convención, deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso mediante el juzgamiento y sanción de sus responsables y a colaborar de buena fe entre sí, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de esos responsables20.

 

Si bien no podríamos emitir un fallo condenatorio contra Chile u Uruguay, ya que no estamos ante Estado que hayan participado plenamente del procedimiento, considero que es factible avanzar en cuanto a la cooperación de los Estado con la Corte en el marco del artículo 58 del Reglamento, que otorga a la Corte amplias facultades probatorias21. En esta línea la Corte debió avanzar en solicitar información a estos Estados que podría haber permitido avanzar en determinar la naturaleza internacional, interestatal y trasfronteriza de los hechos del presente caso.

 

19 Maarten Den Heijer, Procedural Aspects of Shared Responsibility in the European Court of Human Rights, 4 J. OF

INT’L DISP. SETTLEMENT 361, 362 n.3 (2013)

20 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de

  1. Serie C No. 153, párr. 166

21 Artículo 58. Diligencias probatorias de oficio

En cualquier estado de la causa la Corte podrá: a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u opinión estime pertinente. b. Requerir de la Comisión, de las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, del Estado demandado y, en su caso, del Estado demandante el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de aportar o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil. c. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados. d. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta. e. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, los Jueces podrán comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que se requieran.

 

Discusión aparte es la posibilidad de determinar la responsabilidad internacional de varios Estados en la toma de decisiones de cooperación inter estatal que producen actos que terminan violando los derechos humanos en otros países. Si bien la Convención Americana no lo señala expresamente, ni tampoco las normas reglamentarias, con este caso queda abierta la posibilidad de profundizar una discusión sobre cuáles serían las posibilidades de que una futura reforma o práctica judicial por parte de la Comisión y la Corte Interamericana al presentarse un caso concreto, permitiera incluir la participación de varios Estado como partes en el proceso.

 

Teniendo en cuenta la complejidad de las violaciones a los derechos humanos expuestas en este caso y la seriedad con que se debe investigar una operación tan tenebrosa y sangrienta como el Plan Cóndor, donde participaron diversos Estados, es necesario dejar constancia de estas preocupaciones que ojalá puedan llamar la atención a los órganos del sistema como a los representantes de las víctimas para que puedan ser presentados, admitidos y debatidos en el sistema, sea vía reforma reglamentaria o, conforme lo he sostenido en otros votos, vía desarrollo jurisprudencial.

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Juez

 

 

Pablo Saavedra Alessandri Secretario

 

 

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