Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 420

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA

 

SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

 

 

(Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas)

 

 

 

En el caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, 

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*:

 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta

  1. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;        

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez;

 

presente, además,                                                                             

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario**, 

 

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas emitida por este Tribunal el 6 de febrero de 2020 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuesta el 13 de agosto de 2020 por los representantes de las víctimas (en adelante también “los representantes”).

 

I

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
Y PROCEDIMIENTO ANTE LA cORTE

 

  1. El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana emitió la Sentencia en el presente caso, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión”) el 2 de abril del mismo año.

 

  1. El 13 de agosto de 2020 los representantes de las víctimas[1] sometieron una solicitud de interpretación relacionada con el alcance de lo dispuesto en el punto resolutivo 15 de la Sentencia, que ordena al Estado adoptar medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena.

 

  1. El 14 de agosto de 2020, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte, la Secretaría de la Corte transmitió la referida solicitud de interpretación a la República Argentina (en adelante también “el Estado” o “Argentina) y a la Comisión, y les otorgó un plazo para que, a más tardar el 15 de septiembre de 2020, presentaran por escrito las observaciones que estimaran pertinentes. Los días 14 y 15 de septiembre de 2020 el Estado y la Comisión, respectivamente, remitieron sus observaciones.

 

II

COMPETENCIA

 

  1. El artículo 67 de la Convención Americana establece:

 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

 

  1. De conformidad con el artículo citado, la Corte Interamericana es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de las solicitudes de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, este Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte está integrada por los mismos Jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada[2].

 

III

ADMISIBILIDAD

 

  1. Corresponde a la Corte verificar si la solicitud presentada por los representantes cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento. Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

 

  1. La Corte advierte que los representantes presentaron su solicitud de interpretación dentro del plazo de 90 días establecido en el artículo 67 de la Convención. Al respecto, es preciso aclarar que cuando la Sentencia fue notificada, el 2 de abril de 2020, se encontraba en curso una suspensión de términos procesales, que había comenzado a regir el 17 de marzo de 2020, de acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo 1/20 de la Corte. Dicha suspensión de términos, motivada por la pandemia por el COVID-19, situación de público y notorio conocimiento, fue luego prorrogada hasta el 20 de mayo de 2020, por el Acuerdo 2/20 de la Corte. De ese modo, la solicitud de interpretación, presentada el 13 de agosto de 2020, resulta admisible en lo que se refiere al plazo de su presentación. En cuanto a los demás requisitos, la Corte Interamericana realizará el análisis respectivo al mérito de dicha solicitud en el siguiente capítulo.

 

IV

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

 

  1. Este Tribunal analizará la solicitud de los representantes para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.

 

  1. La Corte ha señalado que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[3].

 

  1. Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter consideraciones sobre cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión[4], así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas en la Sentencia[5]. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente[6].

 

  1. A continuación, la Corte Interamericana examinará la cuestión planteada por los representantes. Para ello, expondrá sus argumentos, así como los del Estado y la Comisión, y luego las consideraciones de este Tribunal.

 

 

  1. Argumentos de las partes y la Comisión

 

  1. Los representantes solicitaron una aclaración sobre la medida de reparación, ordenada en el punto resolutivo 15 de la Sentencia, consistente la adopción de “medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, en los términos señalados en los párrafos 354 a 357 de la […] Sentencia”. Al hacerlo, expresaron que su petición consiste en que la Corte “clarifique” si lo ordenado “debe incluir específicamente el derecho de consulta a pueblos indígenas”. Requirieron, al respecto, “[a] efectos de evitar diversas interpretaciones sobre las obligaciones del Estado”, que la Corte aclare los párrafos de la Sentencia a los que remite el punto resolutivo 15, así como su párrafo 353.

 

  1. Los representantes afirmaron que “[e]l derecho a la consulta de las comunidades indígenas, además de su valor en sí mismo, tiene una importancia medular para la protección del derecho de propiedad indígena, así como el de sus restantes derechos”. Advirtieron que la Corte determinó violaciones al derecho a la propiedad y a la consulta de las comunidades indígenas víctimas. Entendieron, entonces, que debe colegirse que las medidas legislativas y/o de otro carácter que este Tribunal ordenó para garantizar el derecho de propiedad, deben “contener un apartado específico sobre el derecho a la consulta”, pues el primer derecho no puede garantizarse sin el segundo. Indicaron que, no obstante lo anterior, “la [S]entencia nada ha dicho expresamente al respecto”, siendo ello el motivo de la interpretación que solicitan[7].

 

  1. El Estado afirmó que “no está en discusión que la República Argentina tiene la obligación de garantizar el derecho de consulta de las comunidades indígenas, a tenor de los compromisos aplicables del derecho internacional de los derechos humanos”. Señaló que, no obstante, la Corte “no ha incluido el deber del Estado argentino de legislar el derecho de consulta en términos generales, de modo que la pretensión de la representación de las víctimas excede el margen de interpretación de la [S]entencia”, ya que “persigue reeditar el debate a los fines de ampliar las reparaciones ya dispuestas”.

 

  1. Argentina afirmó también que las sentencias deben ser entendidas de forma “armónica, integrando [sus] considerandos y fundamentos, […] siendo improcedente hacerlo de manera sesgada”. Consideró que la Corte,

 

a lo largo de su [S]entencia[,] ha tomado una postura más que clara frente al derecho de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas por proyectos a ejecutarse en sus territorios, […] como así también ha dejado sentada la necesidad de adecuar y dictar las reglamentaciones y normas que dispongan un procedimiento adecuado a tal fin y de acuerdo a las circunstancias de cada caso[8].

 

Afirmó, entonces, que la decisión adoptada en el punto resolutivo 8[9] “se complementa con las motivaciones y consideraciones realizadas a lo largo de la Sentencia”. Por ello, entendió “improcedente” la solicitud de interpretación formulada por los representantes.

 

  1. La Comisión entendió que la solicitud de los representantes busca determinar el “sentido o alcance” del punto resolutivo 15 de la Sentencia, por lo cual “se enmarca en los parámetros” establecidos por el artículo 68 del Reglamento de la Corte. Advirtió que la Corte concluyó, en el párrafo 184 de la Sentencia, que Argentina había incumplido la obligación de procurar mecanismos de consulta adecuados, y que el Tribunal ordenó al Estado, en el párrafo 328 de la Sentencia, abstenerse de realizar determinadas acciones, sobre el territorio de las comunidades indígenas víctimas, sin procesos previos de consulta adecuados. Notó también que “la Corte determinó[,] en el párrafo 353 de la [S[entencia, que las regulaciones normativas existentes en Argentina no son suficientes para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena”. Señaló que, no obstante, esas determinaciones “no tienen un correlato específico” en el punto resolutivo 15, que ordena la adopción de medidas legislativas y/o de otro carácter. Por ello, “coincid[ió con los representantes en] la pertinencia de clarificar los alcances de la reparación ordenada a efectos de tener mayor seguridad y facilitar su cumplimiento”.

 

  1. Consideraciones de la Corte

 

  1. Los representantes solicitaron que se precise si, de acuerdo a lo ordenado en el punto resolutivo 15 de la Sentencia, el derecho a la consulta previa se encuentra dentro de los aspectos que deben contemplar las medidas legislativas y/o de otro carácter que debe adoptar el Estado para dotar de seguridad jurídica el derecho de propiedad comunitaria indígena, de acuerdo a lo ordenado. En particular, el requerimiento de los representantes se refiere a si las medidas indicadas deben “contener un apartado específico sobre el derecho a la consulta” (supra párr. 13).

 

  1. Este Tribunal entiende procedente la solicitud de interpretación y pasa a dar respuesta a la misma[10]. A tal efecto, recuerda que en su Sentencia determinó la violación al derecho de propiedad comunitaria indígena en dos aspectos: a) el primero, como surge de sus párrafos 167 y 168, por la falta de titulación adecuada, por la falta de demarcación de la propiedad, por la permanencia de terceros en la misma y por la ausencia de una normativa adecuada para garantizar de forma suficiente el derecho a la propiedad comunitaria; b) el segundo, como está asentado en su párrafo 184, por el incumplimiento de Argentina en “su obligación de procurar mecanismos adecuados de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas afectadas”, en relación con la construcción de un puente internacional. Luego, entre las distintas medidas de reparación que ordenó, estableció, en el punto resolutivo 15, el deber del Estado de adoptar “las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, en los términos señalados en los párrafos 354 a 357 de la […] Sentencia”.

 

  1. La Corte, en primer lugar, dará cuenta de la orden dada de adoptar medidas legislativas y/o de otro carácter, sus motivos y alcances. Luego, en segundo término, expresará su conclusión y la aclaración solicitada.

 

B.1 La orden de adoptar medidas legislativas y/o de otro carácter

 

  1. La Corte advirtió, en el párrafo 166 de la Sentencia, que, por “problemas normativos […], las comunidades indígenas implicadas en el caso no ha[bían] contado con una tutela efectiva de su derecho de propiedad”. Tales problemas normativos consisten, como expresan los párrafos 164 y 162 de la Sentencia, respectivamente, en “[l]a falta de aptitud del régimen normativo [estatal] para tratar en forma adecuada y suficiente la cuestión de la propiedad indígena[, que] se infiere de la propia normativa nacional posterior a la reforma constitucional de 1994”, en particular, respecto de “procedimientos de reclamación de la propiedad indígena”. Por ello, la Corte determinó, en el párrafo 168 de la Sentencia, una vulneración al derecho a la propiedad comunitaria indígena, en relación no sólo con las obligaciones de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención, sino también en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, estatuido en el artículo 2 del mismo tratado[11].

 

  1. Fue dado lo anterior que, al fijar las medidas de reparación correspondientes, la Corte estimó procedente ordenar la adopción de medidas legislativas y/o de otro carácter, recordando, en el párrafo 353 de la Sentencia, inserto en el capítulo sobre reparaciones, que “las regulaciones normativas existentes no son suficientes para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos adecuados para tal fin”.

 

  1. Por lo dicho, en su punto resolutivo 15, la Sentencia dispuso: “El Estado, en un plazo razonable, adoptará las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, en los términos señalados en los párrafos 354 a 357 de la […] Sentencia”.

 

  1. Esta medida, entonces, tiene por objeto reparar la insuficiencia del derecho interno que, en relación con el derecho de propiedad comunitaria indígena, advirtió la Corte. Dicha insuficiencia refiere a los medios para el reclamo de la propiedad comunitaria indígena y a su reconocimiento. Lo anterior, en los términos ya señalados (supra párrafo 20), conforme se desprende del examen efectuado en los párrafos 158 a 166 de la Sentencia, bajo el título “Incidencia del derecho interno”, y de conformidad, también, a la conclusión que se presenta en los párrafos siguientes, 167 y 168.

 

  1. Desde luego, y sin que sea óbice a lo manifestado, la orden dada, de adoptar las medidas legislativas y/o de otro carácter necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, no podría cumplirse en forma adecuada si se concretara un modo incompatible con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a consultas previas adecuadas, libres e informadas, o desconociendo el mismo. Ello, pues asegurar la participación efectiva de pueblos o comunidades indígenas respecto a actos susceptibles de afectar sus territorios, incluso mediante la realización de procedimientos adecuados de consulta, es un elemento necesario para la garantía del derecho de propiedad comunitaria indígena.

 

  1. Lo dicho resulta de los términos de la Sentencia, cuyo párrafo 354, al expresar la “orden” al Estado de que “en un plazo razonable, adopte las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para […] dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena”, indica que ello debe efectuarse de “conform[idad] a las pautas indicadas en la […] Sentencia”, remitiendo en forma expresa a sus párrafos 93 a 98, 115 y 116.

 

  1. De acuerdo con el párrafo 98 de la Sentencia, este Tribunal advirtió que los Estados deben abstenerse de realizar actos que “afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de [los] territorio[s indígenas]”, y “garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar y usar efectivamente su territorio y recursos naturales […] sin ningún tipo de interferencia externa de terceros”[12]. Como indica el párrafo 94 de la Sentencia,

 

la realización, por el Estado o terceros, de actividades que puedan “afectar la integridad de las tierras y recursos naturales” deben seguir ciertas pautas que el Estado debe garantizar: la participación efectiva de las comunidades afectadas[,] su beneficio en términos razonables y la previa realización de estudios de impactos sociales y ambientales[13].

 

  1. Más adelante, la Sentencia deja claro que “asegurar la participación efectiva” de los pueblos o comunidades indígenas, “de conformidad con sus costumbres y tradiciones”, requiere que el Estado, en las circunstancias correspondiente, realice consultas, de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados, con el fin llegar a acuerdos[14]. Por el incumplimiento de este deber, respecto a la construcción de un puente internacional, la Corte determinó que el Estado no observó el proceso de consulta previa, libre e informada, por lo que se vieron vulnerados los derechos a la propiedad comunitaria indígena y a la participación de las comunidades víctimas[15]. Corresponde tener en cuenta las consideraciones aludidas pues, como ya ha señalado esta Corte, es procedente “reali[zar] una lectura integral de la Sentencia y no consider[ar] cada párrafo del fallo como si fuese independiente del resto”[16].

 

  1. Entonces, las pautas a que remite el párrafo 354 de la Sentencia (supra párr. 25) incluyen la participación efectiva de las comunidades indígenas respecto a la realización de actividades que puedan afectar la integridad de las tierras y recursos naturales, lo que conlleva, en las circunstancias pertinentes, la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas.

 

  1. Por lo dicho, las medidas legislativas y/o de otro carácter que el Estado debe adoptar, de acuerdo con el punto resolutivo 15 de la Sentencia, deben ser aptas para posibilitar medios adecuados de reclamación y reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, en una forma que dote de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria considerando sus diversos elementos, entre los que se encuentran la participación y realización de consultas, en los términos antes expresados.

 

B.2 Conclusión

 

  1. Por lo dicho, la Corte, evacuando la solicitud de interpretación presentada por los representantes de las víctimas, precisa lo que sigue: las medidas que debe adoptar el Estado, en los términos ordenados por el punto resolutivo 15 y el párrafo 354 de la Sentencia, deben ser aptas para posibilitar medios adecuados de reclamación y reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, en una forma que dote de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria, considerando los diversos aspectos que integran ese derecho, y de los que la Sentencia da cuenta, de acuerdo a sus párrafos 93 a 98, 115 y 116; entre ellos, la “garant[ía de] la participación efectiva” de comunidades indígenas, mediante la consulta previa, libre e informada, de conformidad con las consideraciones efectuadas en la presente Sentencia de Interpretación.

 

V

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE

 

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 31.3 y 68 del Reglamento de la Corte,


DECIDE:

 

Por unanimidad,

 

  1. Declarar admisible la solicitud de interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, emitida en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, presentada por los representantes de las víctimas, en los términos de los párrafos 6, 7, 17 y 18 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Aclarar, por medio de Interpretación, la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, en el extremo que se refiere a la orden, dispuesta en el punto resolutivo 15 de dicha Sentencia, en el sentido de que las medidas legislativas y/o de otro carácter que adopte el Estado para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, deben incluir, entre los distintos aspectos que comprende este derecho, la consulta previa, libre e informada, de acuerdo con las consideraciones efectuadas en los párrafos 20 a 30 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia de Interpretación a la República Argentina, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte IDH. Caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020.

 

 

 

 

                          

Elizabeth Odio Benito

Presidenta

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire Eduardo Vio Grossi

 

 

 

 

 

Humberto Antonio Sierra Porto                                Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

                                                                                              Elizabeth Odio Benito

                                                                                          Presidenta

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

          Secretario

*           El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.

**          La Secretaria Adjunta, Romina I. Sijniensky, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia.

[1]           Los representantes de las víctimas son el la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

[2]           Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 138 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

 

[3]           Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párrs. 12 y 16, y Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Serie C No. 414, párr. 11.

 

[4]           Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, párr. 15, y Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, párr. 12.

 

[5]           Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30, y Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, párr. 12.

 

[6]           Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, párr. 12.

 

[7]           Además, los representantes recordaron que, durante el proceso, habían efectuado la solicitud de que se disponga, como medida de reparación, el dictado de normas que garanticen el derecho a la consulta. Advirtieron que su petición está expuesta en el párrafo 351 de la Sentencia y no fue, en la misma, expresamente negada.

 

[8]           El Estado sustantó su afirmación dando cuenta de lo expresado por la Corte en los párrafos 173, 174, 175, 179, 328, 351, 352, 353 y 354, en la nota a pié de página 334, correspondiente al párrafo 355, y en el punto resolutivo 8.

 

[9]           El punto resolutivo 8 de la Sentencia dice: “El Estado se abstendrá de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas, de acuerdo a las pautas señaladas en la presente Sentencia, en los términos indicados en los párrafos 328 y 343 de la presente Sentencia”.

 

[10]          En forma adicional este Tribunal resalta que, aunque el Estado ha aducido la improcedencia de la solicitud de interpretación, lo ha hecho asumiendo una respuesta a la misma, a saber, que la orden dada en el punto resolutivo 15 no incluye el deber de “legislar” sobre consulta previa (supra párr. 14). No obstante, a la vez que Argentina aseveró lo anterior, afirmó que, frente al derecho de consulta, la Sentencia “ha dejado sentada la necesidad de adecuar y dictar las reglamentaciones y normas que dispongan un procedimiento adecuado” (supra párr. 15). Lo expuesto coadyuva al entendimiento de que la interpretación de la decisión resulta procedente y útil para el adecuado cumplimiento de lo ordenado.

 

[11]          Lo hizo, además, en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, cuyas pautas consagran el debido proceso legal, que debe ser observado en los mecanismos que los Estados deben adoptar para materializar los derechos territoriales indígenas. Al respecto, el párrafo 116 de la Sentencia señala que los Estados deben, para “materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas”, “prever un mecanismo efectivo, mediante la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias”, y que dicho mecanismo debe” cumplir las reglas del debido proceso legal consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.

[12]          En el mismo sentido, más adelante, en el párrafo 115 de la Sentencia, la Corte expresó, inter alia, que, en el “marco” de la “seguridad jurídica [de] la tenencia indígena de la tierra”, “deben reconocerse las formas y modalidades diversas y específicas de control, propiedad, uso y goce de los territorios por parte de las comunidades, sin interferencia de terceros”.

 

[13]          El párrafo 194 de la Sentencia, respecto a la parte transcripta, cita jurisprudencia previa de la Corte: Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, Serie C No. 173, párr. 129 y nota a pie de página 124.

 

[14]          Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, párrs. 174. Dicho párrafo, en la parte transcripta, cita, inter alia, jurisprudencia previa de la Corte: Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párr. 133; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 186, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 201.

 

[15]          Cfr. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, párrs. 180 a 184.

 

[16]          Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 335, párr. 26, y Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No. 381, párr. 18.

 

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