Corte IDH. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Serie C No. 413.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANCEJUB-SUNAT) VS. PERÚ

SENTENCIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2020

(Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

 

En el caso ANCEJUB-SUNAT Vs. Perú,

 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*:

 

Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;

Eduardo Vio Grossi, Juez;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y

Ricardo Pérez Manrique, Juez,

 

presentes además,

 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

 

 

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve las solicitudes de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por este Tribunal el 21 de noviembre de 2019 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuestas el 29 de enero de 2020 por la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT), y el 22 de mayo de 2020 por el Estado del Perú.[1]

 

I

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

 

  1. El 21 de noviembre de 2019 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 19 de diciembre de 2019.

 

  1. El 29 de enero de 2020 los representantes de las víctimas presentaron una solicitud de interpretación de la Sentencia en relación con lo siguiente: a) la determinación del número de personas miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante “ANCEJUB-SUNAT”) que resultaron beneficiadas de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República de 25 de octubre de 1993; b) el alcance de la decisión tomada por la Corte Interamericana en el Punto Resolutivo Sexto de la Sentencia respecto del pago efectivo e inmediato de los conceptos pendientes en virtud de lo dispuesto por la sentencia de 25 de octubre de 1993; y c) el alcance de la decisión tomada por la Corte Interamericana en el Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia respecto de las personas que serán incluidas en el registro que el Estado deberá crear para ejecutar integralmente la Sentencia.

 

  1. El 22 de mayo de 2020 el Estado presentó una solicitud de interpretación, en lo que respecta a lo siguiente: a) los eventuales efectos del Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana; b) el registro de otros integrantes de ANCEJUB-SUNAT que no figuran como víctimas del caso; c) el registro de otras personas que no siendo miembros de ANCEJUB-SUNAT sean cesantes o jubilados de la SUNAT, y d) aspectos respecto al derecho a la pensión.

 

  1. El 20 de junio de 2020 los representantes presentaron sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación del Estado. El 29 de junio de 2020 el Estado presentó sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación de los representantes, y la Comisión presentó sus observaciones escritas respecto de las referidas solicitudes de interpretación.

 

II

COMPETENCIA

 

  1. El artículo 67 de la Convención establece que:

 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

 

  1. De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte está integrada, en su mayoría, por los mismos Jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada (supra nota 1).

 

III

ADMISIBILIDAD

 

  1. Corresponde a la Corte verificar si las solicitudes presentadas por los representantes y por el Estado cumplen con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento. Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

 

  1. La Corte advierte que tanto los representantes como el Estado presentaron sus solicitudes de interpretación dentro del plazo de noventa días establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que las mismas fueron presentadas el 29 de enero de 2020 y el 22 de mayo de 2020, respectivamente, y las partes fueron notificadas de la Sentencia el 19 de diciembre de 2019[2]. Por ende, la solicitud resulta admisible en lo que se refiere al plazo de su presentación. En cuanto a los demás requisitos, la Corte Interamericana realizará el análisis en cuanto al mérito de dichas solicitudes en el siguiente capítulo.

 

IV

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LAs SOLICITUDes DE INTERPRETACIÓN

 

  1. Este Tribunal analizará las solicitudes de los representantes y del Estado para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.

 

  1. La Corte ha señalado que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[3].

 

  1. Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter consideraciones sobre cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión[4], así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas en la Sentencia[5]. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente[6].

 

  1. A continuación, la Corte Interamericana examinará las cuestiones planteadas por los representantes y el Estado en el siguiente orden: a) la determinación del número de víctimas y el alcance del Punto Resolutivo Sexto de la Sentencia, y b) los alcances de la medida de reparación prevista en el apartado B.3 de la Sentencia.

 

  1. La determinación del número de víctimas y el alcance del Punto Resolutivo Sexto de la Sentencia

 

A.1 Argumentos de las partes y observaciones de la Comisión

 

  1. Los representantes solicitaron a la Corte que precisara la identidad y el número de personas a quienes deberá entenderse como beneficiarias de las reparaciones, puesto que los párrafos 120, 121 y 138 de la Sentencia se refieren a 604 personas, mientras que los párrafos 122, 123 y el Punto Resolutivo Cuarto se refiere a 598 personas y una de ellas se menciona dos veces. Por otro lado, los representantes solicitaron que se aclare cuál es el alcance que la Sentencia otorga al informe pericial de 18 de octubre de 2011, sobre la base del cual deben pagarse los conceptos en términos del Punto Resolutivo Sexto de la Sentencia. En relación con dicha solicitud, solicitaron que la Corte clarifique si la obligación del Estado de realizar “el pago efectivo e inmediato de los conceptos pendientes en virtud de la sentencia de 25 de octubre de 1993, en los términos del párrafo 217 de la presente Sentencia” significa que dicho pago se debe ceñir a los alcances de las conclusiones No. 1 y No. 4 del Informe Técnico-Pericial C.S.J.L. de 18 de octubre de 2011, o bien si el sentido de lo resuelto es otro. Como parte de sus argumentos, los representantes manifestaron que el Informe Pericial antes mencionado se refiere a supuestos no contemplados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1993, por lo que no guarda una relación con la pensión nivelable materia de ejecución de la sentencia de amparo.

 

  1. Respecto a la solicitud de los representantes, el Estado manifestó que el número de víctimas fue una constante en el debate a nivel interno. En ese sentido, expresó que la Corte Interamericana resolvió clara y definitivamente la disputa entre las partes en ese punto, razón por la cual en el “Anexo 2. Listado de Víctimas del Caso” de la Sentencia de 21 de noviembre de 2019, precisó la identidad (con nombres y apellidos) de las víctimas del presente caso. El Estado expresó que no existe duda respecto a que la Corte consideró que dicho punto controvertido fue resuelto judicialmente a nivel interno, y que al aprobar el peritaje de 18 de octubre de 2011, el Tribunal Constitucional, mediante resolución de 23 de abril de 2019, consideró como beneficiarias de la sentencia de 25 de octubre de 1993 a las personas listadas en los anexos del citado informe pericial, quinientos noventa y ocho (598) personas, que fueron identificadas inicialmente en la Resolución de 3 de junio de 2005 y, posteriormente, en el peritaje aprobado por la resolución de 23 de abril de 2019. Por ello, quinientas noventa y ocho (598) personas son las únicas que pueden ser consideradas como presuntas víctimas de las vulneraciones alegadas en el presente caso.

 

  1. Por otro lado, el Estado puntualizó que no corresponde, vía interpretación de la Sentencia, el cuestionamiento del Informe Técnico Pericial del 18 de octubre de 2011 respecto al monto calculado en el peritaje o la cantidad que correspondería a cada una de las víctimas, menos aún, si ello no fue materia de cuestionamiento en sede supranacional. En tal sentido, manifestó que los representantes alegan aspectos que se relacionan con discusiones que pertenecen al ámbito interno y además sobre las cuales ya existe un pronunciamiento judicial que determinó la aprobación de la pericia en cuestión, por lo que no es posible su modificación, ni que se busque dar otro alcance al Punto Resolutivo Sexto de la Sentencia del presente caso emitida por la Corte Interamericana. En ese sentido, observó que la solicitud formulada por los representantes no se sustenta en una interpretación jurídica de la Sentencia, sino en una pretensión destinada a cuestionar el Punto Resolutivo Sexto y el párrafo 217. Bajo tales consideraciones, el Estado sostuvo que este extremo de la solicitud de interpretación debe ser declarado improcedente.

 

  1. La Comisión consideró que, de acuerdo a lo señalado por los representantes, existiría una contradicción entre la cantidad de víctimas identificadas por la Corte Interamericana en: a) los párrafos 120 y 122 de su Sentencia (604 personas), y b) los párrafos 121, 122 y el Punto Resolutivo Cuarto de su Sentencia (598 personas). Adicionalmente, la Comisión tomó nota de que, conforme a lo indicado por los representantes, en la sentencia de la Corte se registraron 597 víctimas y no 598. Adicionalmente, respecto a la solicitud de interpretación con relación al Punto Resolutivo Sexto, la Comisión observó con preocupación la información presentada por los representantes sobre el alcance de dicho informe pericial, y resaltó que la naturaleza del informe pericial distorsionaría el efecto reparador de la medida de restitución. Ello en tanto: a) no abarcaría al universo de todas las víctimas cuyos derechos fueron violados, tal como fue acreditado por la Corte, y b) los montos a recibir serían ínfimos en comparación con medidas ordenadas por la Corte en sentencias de carácter similar. En consecuencia, la Comisión coincidió con la solicitud de los representantes para determinar la cantidad de víctimas identificadas en la Sentencia que recibirían un pago, así como los montos a ser pagados.

 

A.2 Consideraciones de la Corte

 

  1. En primer lugar, respecto a la solicitud de interpretación sobre la determinación del número de víctimas, la Corte reitera lo establecido en los párrafos 120, 121 y 122 de la Sentencia:

 

  1. La cuestión antes mencionada fue abordada por la sentencia de 3 de junio de 2005 de la Sexta Sala Civil, en la cual se reconoció como beneficiarios de la sentencia de 25 de octubre de 1993 a las personas que habían sido parte de ANCEJUB-SUNAT al momento de la interposición de la acción de amparo y, a tales efectos, identificó a 604 personas, cuyos nombres consignó en un listado construido a partir del libro registro de asociados de ANCEJUB-SUNAT y una lista de descuentos de los cesantes de la SUNAT. En sus motivaciones, dicho tribunal sostuvo que “(…) Atendiendo a que la demanda fue presentada por la [ANCEJUB-SUNAT], en nombre y representación de sus miembros, sólo deben considerarse demandantes a quienes fueron asociados al tiempo que en que se entabló el proceso, esto al [30] de diciembre de [1991] en que se admitió a trámite la demanda (…), pues los demás que se incorporaron que se incorporaron en la persona jurídica con posterioridad a dicha fecha no fueron representados en el juicio por esta última y por lo tanto tampoco tienen la calidad de demandas”.
  2. La Corte concuerda con la indicada resolución en el sentido de que si ANCEJUB-SUNAT actuaba en representación de sus miembros, resulta lógico que solo quienes poseían tal calidad al momento de interponerse el recurso de amparo en 1991 puedan ser considerados beneficiarios de la decisión que lo declaró procedente. Asimismo, la Corte observa que, en adición a las 604 personas identificadas en la resolución de 3 de junio de 2005, al aprobar el peritaje de 18 de octubre de 2011 y ordenar el pago de los reintegros allí consignados, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 23 de abril de 2019, consideró como beneficiarias de la sentencia de 25 de octubre de 1993 a las personas listadas en los anexos del citado informe pericial. Dado que la Corte no tiene constancia de la revocación de las referidas resoluciones, este Tribunal estima que la determinación de las personas a las cuales aplicaba lo ordenado por la sentencia de 25 de octubre de 1993 fue resuelta tanto por la sentencia de 3 de junio de 2005 como por la de 23 de abril de 2019.
  3. En relación con lo anterior, la Corte recuerda que el objeto principal de la controversia en el presente caso consiste en determinar si el Estado es internacionalmente responsable por la inejecución de la sentencia judicial de la Corte Suprema de 25 de octubre de 1993 y sobre los efectos que esta sentencia pudo tener en otros derechos de las presuntas víctimas. En consecuencia, dado que solo han sido reconocidas como beneficiarias de la sentencia de 25 de octubre de 1993 las 598 personas identificadas ya sea en la resolución de 3 de junio de 2005 o en el peritaje aprobado por la sentencia de 23 de abril de 2019, el Tribunal considera que estas son las únicas personas que pueden ser consideradas como presuntas víctimas de las vulneraciones alegadas en este caso, siempre que se encuentren contempladas en el “Anexo único” de la Comisión en su Informe de Fondo. Por la misma razón, el señor Ipanaqué tampoco podrá ser considerado como presunta víctima en el presente caso a pesar de haber sido considerado como tal por la Comisión en su Informe de Fondo.
  4. En relación con los párrafos anteriores, la Corte aclara que la diferencia entre el número de beneficiarios de la sentencia de 3 de junio de 2005 (604 personas) y la cantidad de personas incluidas como víctimas en el Anexo 2 de la Sentencia (598 personas) se debe a que los señores Víctor José Gutiérrez Infantas, María Rosario Medina Serrano de Rojas, Jorge Nieto Garrido, Néstor Pagaza Aguilar, Herbert Belisario Monzón Ugas y Sixto Melena Ballesteros no fueron incluidos en el Informe de Fondo. De esta forma, si bien dichas personas fueron consideradas en la sentencia de 3 de junio de 2005, no gozaron de la calidad de presuntas víctimas en el procedimiento ante la Corte y, por lo tanto, tampoco fueron contabilizadas como parte del número de víctimas del caso.

 

  1. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte observa que en los párrafos 74, 120, 121, 122 y 138 de la Sentencia existe un error material con relación al número de beneficiarios al que hace referencia la sentencia de 3 de junio de 2005. Este error es resultado de que, si bien dicha sentencia menciona la existencia de 604 personas beneficiarias, una de ellas se encuentra dos veces mencionada. Esta reiteración se trasladó a la Sentencia. De esta forma, si bien a lo largo de la Sentencia se mencionaron 604 personas como el total de personas beneficiarias de la sentencia de 3 de junio de 2005, la Corte nota que el nombre de la señora Grimanesa Barrera Cárdenas fue contabilizado dos veces, de modo que la cantidad total de personas referidas debe ser 603. Asimismo, en el párrafo 122 deberá entenderse que son 603 y no 598 las personas beneficiarias de la sentencia de 3 de junio de 2005. Del mismo modo, la Corte nota que el Anexo 2 de la Sentencia se refiere a 598 como la cantidad total de víctimas del caso, cuando realmente este número asciende a 597, es decir a las 597 personas mencionadas en la sentencia de 3 de junio de 2005 que fueron incluidas en el Informe de Fondo. Este error se debió a que el nombre de la señora Emma Raquel Llamas Ordaya fue listado dos veces en el Anexo 2 de la Sentencia. En consecuencia, en razón de lo mencionado en el párrafo anterior (supra párr. 18), el número de víctimas del caso es de 597 y no 598.

 

  1. En segundo lugar, respecto a la solicitud de interpretación sobre el alcance del Punto Resolutivo Sexto, la Corte reitera lo mencionado en la Sentencia:

 

[Punto Resolutivo No. 6] El Estado realizará el pago efectivo e inmediato de los conceptos pendientes en virtud de lo dispuesto por la sentencia de 25 de octubre de 1993, en los términos del párrafo 217 de presente Sentencia.

 

  1. La Corte estima que la consulta planteada por los representantes respecto a los alcances del Punto Resolutivo Sexto se responde con claridad en lo dispuesto por el párrafo 217 de la Sentencia, el cual señala lo siguiente:

 

  1. En el presente caso, el Tribunal concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial al no haber garantizado la ejecución integral, sin dilaciones injustificadas, de la sentencia de 25 de octubre de 1993. En tal sentido, la Corte determinó que, pese a haber transcurrido aproximadamente 27 años desde su emisión, el proceso de ejecución de la referida sentencia todavía se encuentra abierto porque aún no se ha hecho efectivo el pago de los reintegros correspondientes a la nivelación de las pensiones de las víctimas durante el periodo de aplicación de la Tercera Disposición Transitoria del Decreto 673. En virtud de ello, la Corte determinó que el Estado incumplió con su deber de garantizar los medios necesarios para lograr la ejecución de la sentencia de 25 de octubre de 1993, en contravención a las obligaciones dispuestas en el artículo 25.2.c de la Convención. De igual modo, el Tribunal concluyó que constituye un plazo irrazonable el periodo de 27 de años transcurrido desde la expedición de la sentencia antes mencionada, sin que a la fecha el Estado haya garantizado su cumplimiento integral. Por tanto, la Corte ordena al Estado que garantice el pago efectivo e inmediato de los reintegros pendientes de pago por concepto de lo dispuesto por la sentencia de 25 de octubre de 1993, en los términos fijados por el informe pericial de 18 de octubre de 2011, el cual fue aprobado mediante resoluciones de 13 de junio de 2017 y 23 de abril de 2019.

 

  1. Lo anterior no deja lugar a duda respecto a que el pago de los reintegros pendientes, en virtud de lo dispuesto por la sentencia de 25 de octubre de 1993, se deberá realizar en el marco del cumplimiento de la medida de restitución ordenada por la Corte Interamericana en el Punto Resolutivo Sexto de la Sentencia, “en los términos fijados por el informe pericial de 18 de octubre de 2011”, entendido este en su integralidad.

 

  1. Ahora bien, el Tribunal observa que la solicitud de interpretación de los representantes, además de solicitar una aclaración sobre el sentido del Punto Resolutivo Sexto, cuestiona las conclusiones arrojadas en el peritaje de 18 de octubre de 2011. Al respecto, la Corte considera que no es materia de interpretación de la Sentencia determinar el alcance sobre las conclusiones contenidas en dicho informe, pues las mismas ya fueron objeto de debate por las partes en las instancias procesales en sede interna, y abordadas por la Corte en los párrafos 108 a 116 de la Sentencia. Por consiguiente, la Corte estima que dicha consulta desborda los supuestos de interpretación establecidos en el artículo 67 de la Convención, ya que no versa sobre el sentido o alcance del fallo, sino que cuestiona un asunto que atañe al fondo. En consecuencia, la Corte declara improcedente la solicitud de interpretación presentada por los representantes en dicho extremo.

 

  1. Los alcances de la medida de reparación prevista en el apartado B.3

 

B.1 Argumentos de las partes y observaciones de la Comisión

 

  1. Los representantes solicitaron que la Corte se pronuncie sobre el sentido del párrafo 226 de la Sentencia respecto de la expresión “cualquier otro dato o documento necesario para ejecutar integralmente la sentencia emitida a su favor”. En concreto, expresaron que dado que el párrafo 225 hace referencia a “beneficiarios de una sentencia judicial o decisión administrativa, ya sea en el marco de un proceso de amparo u cualquier otro recurso judicial o trámite administrativo contra la aplicación del Decreto 673”, solicitaban que se precise si con la expresión referida en el párrafo 226 la Corte Interamericana alude a su Sentencia de 21 de noviembre de 2019 o, en defecto, a las sentencias a las que aluden los párrafos 224 y 225 de la misma Sentencia, o ambos tipos de sentencia. En ese mismo sentido, solicitaron que la Corte precise si los cesantes y jubilados de la SUNAT que encaran “condiciones similares a las víctimas del presente caso”, pero que solo son beneficiarios de una decisión administrativa y no judicial, deben o no transitar previamente a la vía judicial en pos de una sentencia que ordene la restitución de su derecho antes de acogerse a lo establecido en el Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia.

 

  1. El Estado también solicitó que la Corte interprete los párrafos 225, 226, y 227, así como el Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia. Con relación a dicha solicitud, solicitó a la Corte que especifique el contenido de la Sentencia respecto al alcance, finalidad e implicancias que acarrearía el registro ordenado en el Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia, sobre todo respecto a las consecuencias no patrimoniales del registro, considerando las expectativas que se podrían generar en las personas. Las dudas del Estado se refieren fundamentalmente a que la Sentencia no especifica expresamente la finalidad de la creación de dicho registro, lo cual podría acarrear consecuencias en el cumplimiento de la misma. El Estado solicitó a la Corte que aclare que las personas inscritas en el registro nominal ordenado no podrían obtener per se ningún beneficio patrimonial a partir de su mera inscripción y, por ende, tampoco daría lugar a obligaciones patrimoniales para el Estado. En ese sentido, el Estado entiende que los únicos beneficiarios de la Sentencia de la Corte Interamericana son las 598 personas listadas como víctimas en el Anexo 2 de la misma. En el mismo sentido, el Estado solicitó que la Corte clarifique el alcance de las personas a las que se refiere el párrafo 225 de la Sentencia.

 

  1. Por otro lado, en relación con la misma medida de reparación, el Estado solicitó a la Corte que esclarezca si –tal como lo entiende el Estado- las personas que formen parte del registro ordenado por la Sentencia deberán contar con un pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial, en el cual se reconozca expresamente el cumplimiento de todos los requisitos legales para la obtención del derecho a la pensión. Al respecto, manifestó que entiende, respecto al registro de “otras personas que, no siendo miembros de dicha asociación, sean cesantes o jubilados de la SUNAT, que enfrentan condiciones similares a las víctimas del presente caso”, que esto implica que el registro comprendería beneficiarios/as de una sentencia judicial o decisión administrativa, en la cual la autoridad: i) declare inaplicable la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo No. 673, ii) reponga el derecho a percibir la pensión que les corresponda, nivelada con las remuneraciones pensionables de los servidores activos del sector público de la SUNAT, y, iii) disponga el reintegro de los incrementos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de la mencionada Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo No.673.

 

  1. Respecto a las solicitudes del Estado, los representantes manifestaron que es necesario que la Corte clarifique que el Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia sí tiene efectos patrimoniales, pues de esta forma se permitiría que a los 106 asociados de ANCEJUB-SUNAT no incluidos en el Anexo No. 2 de la Sentencia se les reconozca algún tipo de reparación en su condición de víctimas, al haber sido privados de una pensión nivelable que legalmente les correspondía. Asimismo, respecto al “registro de otras personas que no siendo miembros de ANCEJUB sean cesantes o jubilados de la SUNAT” manifestaron que el sentido de la Sentencia es claro respecto a que el Estado debe crear un registro identificando otras personas que, no siendo miembros de ANCEJUB-SUNAT, sean cesantes o jubilados de la SUNAT que enfrentan situaciones similares a las víctimas del caso. De esta forma, manifestaron que lo que el Estado le solicita a la Corte constituye “una versión tergiversada” de lo que resolvió la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 25 de octubre de 1993.

 

  1. Respecto de la solicitud de los representantes relativa a la interpretación del alcance de la expresión “cualquier otro dato o documento necesario para ejecutar integralmente la sentencia emitida a su favor” prevista en el párrafo 226, el Estado sostuvo que resulta claro que la Sentencia se refiere a otras sentencias obtenidas en el fuero interno por otros miembros de ANCEJUB u otras personas, que no siendo miembros de dicha asociación, sean cesantes o jubilados de la SUNAT, ya que dichas personas no resultarían beneficiarias de la Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Asimismo, el Estado peruano entiende que, para acogerse al Punto Resolutivo Octavo, los cesantes y jubilados de la SUNAT que cuentan con una resolución administrativa, deberían ceñirse al ordenamiento jurídico peruano, ya que dicha decisión, podría ser cuestionada en la vía judicial. Por ello, sobre este extremo, el Estado peruano también consideró que corresponde se declare improcedente la solicitud de interpretación de los representantes.

 

  1. La Comisión observó que los representantes se refirieron al alcance del párrafo 226 en relación con el Punto Resolutivo Octavo de la Sentencia de la Corte. La Comisión coincidió con la solicitud de los representantes a efectos de aclarar qué personas podrían inscribirse en el registro a ser creado por el Estado. Por otro lado, respecto de la solicitud del Estado, la Comisión entendió que el objetivo de dicho registro es identificar a todas las personas que a la fecha no han recibido el pago de derechos pensionarios por la falta de ejecución de una decisión interna. Ello a efectos de que puedan recibir dichos pagos que les corresponden. En consecuencia, la Comisión consideró que el registro sí tendría un efecto patrimonial pues suponer lo contrario implicaría denegar la propia naturaleza reparadora de dicho mecanismo. Adicionalmente, la Comisión resalta que dicho registro guarda relación con la solicitud de los representantes sobre la cantidad de víctimas en la sentencia. Ello a efectos de determinar qué personas tendrían que formar parte de dicho registro.

 

B.2 Consideraciones de la Corte

 

  1. La Corte reitera lo establecido en los párrafos 224 a 226 de la Sentencia y en el Punto Resolutivo Octavo:

 

  1. En el presente caso, la Corte ordenó una medida de restitución en virtud de las violaciones a los derechos humanos declaradas en la presente sentencia. No obstante, en razón de lo alegado por la Comisión y los representantes, el Tribunal advierte que otros miembros de ANCEJUB-SUNAT pueden encontrarse en situaciones similares a las analizadas en el presente caso, dada la posible falta de ejecución de sentencias judiciales en cuanto a la nivelación de sus pensiones y al pago de los reintegros que hayan dejado de percibir por la aplicación del Decreto 673. La Corte destaca que en aquellos casos donde existan violaciones a las pensiones de grupos vulnerables, es necesario ordenar garantías de no repetición.

 

  1. En virtud de ello, como garantía de no repetición, el Tribunal considera conveniente ordenar al Estado la creación de un registro que identifique: a) otros integrantes de ANCEJUB-SUNAT que no figuran como víctimas en este caso, y b) otras personas que, no siendo miembros de dicha asociación, sean cesantes o jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que enfrentan condiciones similares a las víctimas del presente caso, en el sentido de que han sido beneficiarios de una sentencia judicial o decisión administrativa, ya sea en el marco de un proceso de amparo u cualquier otro recurso judicial o trámite administrativo contra la aplicación del Decreto 673, que les reconoce, restituye u otorga derechos pensionarios, y cuya ejecución no se haya iniciado o todavía se encuentre abierta.

 

  1. El Estado se encargará de: a) crear y manejar el registro, en el que inscribirá e individualizará adecuadamente a todas las personas que reúnan las condiciones referidas en esta medida, y b) recopilar, revisar y registrar la información y/o documentación de su proceso judicial, condiciones de trabajo mientras fue servidor del Estado (puesto, categoría, salario, tiempo de servicios, fecha del cese, etc.) y cualquier otro dato o documento necesario para ejecutar integralmente la sentencia emitida a su favor.

 

  1. Para la creación del referido registro, el Estado cuenta con un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia. Una vez creado el registro, el Estado deberá informar anualmente sobre los avances de la garantía de no repetición antes mencionada por un periodo de tres años. La Corte valorará esta información en la etapa de supervisión de la presente sentencia y se pronunciará al respecto.

 

[…]

 

[Punto Resolutivo Octavo] El Estado creará, dentro de los seis meses que siguen a la notificación de esta Sentencia, un registro para la solución de casos similares al presente, en los términos de los párrafos 225 al 227 de la presente Sentencia.

 

  1. La Corte considera que los párrafos antes mencionados deben ser interpretados en relación con el resto de la Sentencia, así como con los alegatos que fueron presentados por las partes y las observaciones de la Comisión respecto de la necesidad de reconocer garantías de no repetición en el caso. En ese sentido, el Tribunal considera que la Sentencia es clara respecto a que las medidas de restitución y/o indemnizaciones compensatorias por daño inmaterial fueron dictadas en favor de las 597 personas señaladas en el Anexo 2 de la Sentencia (supra párrs. 18 y 19), las cuales constituyeron la parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención. Sin embargo, el hecho de que solo dichas personas fueran consideradas como víctimas en la Sentencia no desconoce que otros miembros de ANCEJUB-SUNAT, o bien otras personas que fueran parte de la SUNAT, aun cuando no fueron reconocidas como víctimas del caso, pudieron ser afectadas en sus derechos en virtud de la aplicación del Decreto 673, y que sus derechos pensionarios pudieron haber sido reconocidos a través de una sentencia judicial o decisión administrativa a nivel interno, y que esta no haya sido ejecutada.

 

  1. En este sentido, el párrafo 225 de la Sentencia es claro y preciso respecto a que los beneficiarios de la garantía de no repetición son “a) otros integrantes de ANCEJUB-SUNAT que no figuran como víctimas en este caso, y b) otras personas que, no siendo miembros de dicha asociación, sean cesantes o jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. Ahora bien, la misma medida no deja lugar a dudas en cuanto a que los beneficiarios de esta medida deben haber enfrentado “condiciones similares a las de las víctimas del presente caso”, lo que significa “que han sido beneficiarios de una sentencia judicial o decisión administrativa, ya sea en el marco de un proceso de amparo u cualquier otro recurso judicial o trámite administrativo contra la aplicación del Decreto 673, que les reconoce, restituye u otorga derechos pensionarios, y cuya ejecución no se haya iniciado o todavía se encuentre abierta”. El Tribunal advierte que existe claridad respecto al grupo de personas a las que se encuentra dirigida dicha medida de reparación y las condiciones que deben cumplir para que sean consideradas como tales.

 

  1. En relación con lo anterior, la referencia a “cualquier otro dato o documento necesario para ejecutar integralmente la sentencia emitida a su favor”, a la que hace alusión el párrafo 226 de la Sentencia, debe ser entendida como parte de la obligación estatal de crear el registro que es el objeto principal de la garantía de no repetición. De esta forma, los datos o documentos a que se refiere el punto b) del párrafo 226 comprenden la información que le permita al Estado individualizar adecuadamente a las personas que cumplan con las condiciones previstas en el párrafo 225, así como el alcance de las prestaciones que hayan dejado de percibir y a las que tienen derecho, y de esta forma poder cumplir adecuadamente con la ejecución de las sentencias judiciales o decisiones administrativas que hayan sido dictadas en el ámbito interno a favor de dichas personas. Sin embargo, este Tribunal aclara que esta medida no implica que las personas que sean incorporadas al registro creado por el Estado sean beneficiarias directas de la Sentencia dictada por este Tribunal (como lo son las 597 personas señaladas en el Anexo 2 de la Sentencia), ni que aquellas personas incorporadas en el registro adquieran por ese mero hecho un derecho a ser reparadas. En esa lógica, es claro que aquellas personas que gocen de una decisión administrativa a su favor no necesariamente deben transitar a la vía judicial para que puedan ser integradas al registro que el Estado deberá crear como parte del cumplimiento de su garantía de no repetición.

 

  1. Por otro lado, respecto al alcance, finalidad e implicancias de la garantía de no repetición ordenada por la Corte en la Sentencia, el Tribunal considera relevante señalar que dichos elementos se desprenden de los párrafos 225 y 226 de la Sentencia cuando se señala que el Estado deberá “crear un registro” que le permita identificar a aquellas personas que se encuentren en situaciones similares a las víctimas del presente caso en los términos establecidos en los párrafos 225 y 226, y en ese sentido contar con los elementos necesarios para la ejecución de las sentencias judiciales o actos administrativos que “les reconoce, restituye u otorga derechos pensionarios, y cuya ejecución no se haya iniciado o todavía se encuentre abierta”. De esta forma, la garantía de no repetición mencionada tiene el alcance de una obligación de medios, la cual busca que, a través de la creación del mencionado registro, el Estado avance en la adopción de medidas que permitan solucionar violaciones a los derechos humanos similares a las declaradas en la Sentencia. En este punto cabe mencionar que la medida de reparación ordenada tiene un carácter general por su propia naturaleza como garantía de no repetición, pero está dirigida a coadyuvar para que el Estado –en cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos- avance en la solución de la problemática más amplia que significa la inejecución de sentencias o decisiones administrativas que reconozcan derechos pensionarios a los miembros de ANCEJUB que se vieron afectados por la aplicación del Decreto 673, pero que no están reconocidos como víctimas en la Sentencia.

 

V

PUNTOS RESOLUTIVOS

 

  1. Por tanto,

 

LA CORTE,

 

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 31.3 y 68 del Reglamento,

 

DECIDE:

 

Por unanimidad,

 

  1. Declarar admisible la solicitud de interpretación presentada por los representantes de las víctimas y por el Estado, en relación con la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas dictada en el caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú en términos del párrafo 8 de la presente Sentencia.

 

  1. Aclarar, por medio de Interpretación, la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, presentada por los representantes, en el extremo que se refiere a la determinación del número de víctimas previsto en los párrafos 120, 121, 122, 123 y 138, en los términos de los párrafos 17 a 19 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Aclarar, por medio de Interpretación, la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, presentada por los representantes, en el extremo que se refiere al alcance del párrafo 217 y el Punto Resolutivo Sexto, en los términos de los párrafos 20 a 22 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Aclarar, por medio de Interpretación, la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú, presentada por los representantes y el Estado, en el extremo que se refiere a los párrafos 225, 226, 227 y el Punto Resolutivo Octavo, en los términos de los párrafos 30 a 34 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Desestimar por improcedente la solicitud de interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida en el Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú presentada por los representantes en el extremo que se refiere al Punto Resolutivo Sexto, en los términos del párrafo 23 de la presente Sentencia de Interpretación.

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia de Interpretación al Estado, los representantes y a la Comisión.

 

 

Corte IDH. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2020.

 

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire

Vicepresidente

 

 

 

 

 

Eduardo Vio Grossi                                                          Humberto Antonio Sierra Porto

 

 

 

 

 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot                                                Eugenio Raúl Zaffaroni

 

 

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

 

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

 

  1. Patricio Pazmiño Freire

Vicepresidente

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

*             La Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta de la Corte, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal, no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia. Por tal motivo, de conformidad con los artículos 4.2 y 5 del Reglamento del Tribunal, el Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente de la Corte, asumió la Presidencia en ejercicio.

[1]           Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 137 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.

[2]           El Tribunal recuerda que de conformidad con los acuerdos de Corte 1/20 y 2/20 se suspendió el cómputo de los plazos en razón de la emergencia de salud causada por el COVID-19 desde el 17 de marzo de 2020, y hasta el 20 de mayo de 2020.

[3]           Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párrs. 12 y 16, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 389, párr. 10.

[4]           Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas, supra, párr. 15, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

[5]           Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

[6]           Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

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