RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 13 DE OCTUBRE DE 2020 CASO GUERRERO, MOLINA Y OTROS VS. VENEZUELA

Resolución de la Presidenta de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos

DE 13 de octubre de 202

CASO GUERRERO, MOLINA Y OTROS VS. VENEZUELA

Visto:

 

  1. El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo No. 160/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) presentado por los representantes de las presuntas víctimas (en adelante también “los representantes”)[1], y el escrito de contestación al sometimiento del caso e Informe de Fondo y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación” o “contestación”) de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también “el Estado”, o “Venezuela”), así como la documentación anexa a dichos escritos.

 

  1. Los escritos de los representantes de 19 de julio de 2019 y 6 de enero de 2020, por los que solicitaron que se requiera al Estado la remisión de copia de un expediente interno, y las comunicaciones, relativas a esa solicitud, de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “Secretaría” o “Secretaría de la Corte”) de 22 de julio de 2019 y 9 de enero de 2020 (infra Considerandos 48 y 49).

 

  1. La Resolución de 20 de enero de 2020 de esta Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “Presidenta” o “Presidencia”), por la cual resolvió “[d]eclarar procedente” la solicitud de las presuntas víctimas de acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “Fondo” o “Fondo de Asistencia Legal de Víctimas)[2].

                                         

  1. Los escritos de 22 de junio de 2020[3], por medio de los cuales la Comisión, el Estado y los representantes presentaron sus listas definitivas de declarantes. La Comisión y los

 

representantes, además, conforme había sido solicitado, efectuaron consideraciones sobre el reconocimiento de responsabilidad formulado por Venezuela en el escrito de contestación.

 

  1. Los escritos de 2 y 6 de julio de 2020, mediante los cuales la Comisión y los representantes presentaron respectivamente sus observaciones a las listas definitivas de declarantes.

 

  1. El escrito de 13 de julio de 2020[4], remitido por Venezuela, por medio del cual el Estado presentó sus observaciones a las listas definitivas de declarantes de la Comisión y los representantes. Venezuela objetó la declaración pericial, propuesta por la Comisión, del señor Daniel Martínez, así como la solicitud del traslado del peritaje rendido por el señor Hugo Fruhling en otro caso. Además, consideró “impertinentes e innecesarias” ocho declaraciones de presuntas víctimas y las declaraciones periciales de Ignacio Cano, José Luis Prieto Carrero, Roberto Briceño León, Philip Alston y Magaly Mercedes Vásquez González, propuestas por los representantes. Asimismo, el Estado recusó a las últimas tres personas nombradas. Además, se refirió a la eventual etapa oral del proceso.

 

  1. El escrito de 19 de julio de 2020 y los escritos del día 22 del mismo mes, por medio de los cuales, los señores Philip Alston y Roberto Briceño León y la señora Magaly Mercedes Vásquez González, respectivamente, presentaron observaciones a las recusaciones propuestas en su contra.

 

  1. El escrito de los representantes de 30 de julio de 2020, por medio de los cuales presentaron “argumentos adicionales” sobre la eventual etapa oral del proceso.

 

  1. Los escritos de los representantes y de la Comisión de 24 de agosto de 2020, por medio de los cuales, en respuesta a una solicitud de la Secretaría de la Corte, se refirieron a las facilidades técnicas con que cuentan para participar en una videoconferencia. También aludieron a posibles actos orales en el proceso. Aunque también se requirió que el Estado informe respecto a facilidades técnicas para una videoconferencia, éste no dio respuesta a dicha solicitud.

 

  1. Las comunicaciones de la Secretaría de 1 y 11 de septiembre de 2020, por medio de las cuales se requirió al Estado que precisara la prueba documental que obra en el expediente del caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela que Venezuela solicitó, en su escrito de contestación, que sea trasladada al presente caso (infra Considerando 43). El Estado no dio respuesta a esa solicitud.

 

CONSIDERANDO QUE:

 

  1. El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 48, 50, 52.3, 57 y 58 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “el Reglamento de la Corte”, “el Reglamento del Tribunal” o “el Reglamento”).

 

  1. La Comisión, en su escrito de sometimiento, y por medio de documentación anexa al mismo, ofreció una declaración pericial, del señor David Martínez, y solicitó el traslado al presente caso del peritaje rendido por Hugo Fruhling en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Por su parte, los representantes, en su escrito de solicitudes y argumentos, ofrecieron las declaraciones de siete “[f]amiliares de Jimmy Guerrero” y de la “viuda de Ramón Molina”, así como siete declaraciones periciales[5]. Además, solicitaron el traslado al presente caso de las declaraciones periciales rendidas por Christof Heyns, en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, Magaly Mercedes Vásquez González, en el caso Familia Barrios Vs. Venezuela, y José Pablo Baraybar, en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. El Estado, en su escrito de contestación y en documentación anexa al mismo, ofreció dos declaraciones testimoniales y una declaración pericial[6]. Asimismo, solicitó “trasladar al presente caso las [pruebas] documentales consignadas en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela en relación con las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar la investigación con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales”.

 

  1. La Comisión, los representantes y el Estado, al presentar sus listas definitivas de declarantes, reiteraron los ofrecimientos de declaraciones efectuados en sus escritos de sometimiento, de solicitudes y argumentos y de contestación, respectivamente.

 

  1. En cuanto a las declaraciones que no han sido objetadas, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprecie su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Lo anterior, con excepción de la declaración del señor Emerson Aguilar, propuesta por el Estado, respecto de la cual se formulan consideraciones particulares más adelante (infra Considerandos 21 y 22). Por consiguiente, la Presidencia admite las declaraciones periciales de Rossana Ramírez y Carmen Wurst, propuestas por los representantes, así como los testimonios, propuestos por el Estado, de Karin García Carrasco y Pablo Fernández Blanco. El objeto y modalidad de dichas declaraciones se determinan en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 2).

 

  1. A continuación, la Presidenta examinará en forma particular lo siguiente: a) la necesidad de realizar una audiencia pública en el presente caso; b) la procedencia y modalidad de las declaraciones de presuntas víctimas; c) la procedencia de una declaración pericial propuesta por el Estado; d) objeciones del Estado a cinco declaraciones periciales propuestas por los representantes; e) procedencia de la declaración pericial propuesta por la Comisión Interamericana y de su solicitud para formular preguntas a declarantes; f) las solicitudes de traslado de prueba efectuadas por la Comisión, los representantes y el Estado; g) la solicitud de los representantes para que se requiera al Estado la remisión de un expediente interno; h) la solicitud de “flexibilidad” en los plazos procesales, e i) los términos para el uso del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

 

  1. Sobre la necesidad de realizar una audiencia pública en el presente caso

 

  1. Esta Presidencia nota que el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración de diversos derechos, “en los términos y condiciones establecidos en el Informe de Fondo No. 160/18”. Venezuela consideró que “el presente [caso] puede ser resuelto por la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] sin necesidad de convocar a una audiencia pública”. Efectuó esta afirmación teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad que realizó, el principio de economía procesal y el impacto generado por la pandemia del COVID-19.

 

  1. Los representantes señalaron que el Estado no “aclar[ó]” de manera “específica” cuáles de los hechos aducidos en el caso quedan comprendidos en el reconocimiento de responsabilidad. También expresaron que el reconocimiento de responsabilidad “no es claro” con relación al “alcance” de las violaciones que reconoce, y que no abarca todas las violaciones alegadas. Por otra parte, el 22 de junio de 2020 los representantes solicitaron que se realice una audiencia pública, y que la misma sea presencial. Expresaron la imposibilidad de realizar una audiencia por videoconferencia (infra Considerando 15). Entendieron que, dada la situación existente por la pandemia del COVID 19, “la audiencia pública podría verse pospuesta, incluso para el año 2021”. No obstante, pese a lo dicho, el 30 de julio de 2020 manifestaron que la audiencia “podría [ser] celebrada de forma virtual”.

 

  1. La Comisión manifestó que “valora positivamente” el reconocimiento estatal de responsabilidad, mas advirtió que el Estado “no identificó de manera precisa los hechos” de los que derivaría su responsabilidad. En cuanto a la eventual etapa oral del proceso, destacó la “importancia de que la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] tome en cuenta” los aspectos referidos por los representantes.

 

  1. La Presidenta recuerda que el artículo 15 del Reglamento del Tribunal señala que “la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] celebrará audiencias cuando lo estime pertinente”. Por su parte, los artículos 45 y 50.1 del Reglamento facultan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “Corte Interamericana”, “Corte” o “Tribunal”) o su Presidencia a convocar a audiencias cuando lo estimen necesario. Lo anterior expresa una facultad de la Corte Interamericana o su Presidencia, que ejercerán motivadamente y de manera consecuente con las características del caso, los requerimientos procesales que deriven de ellas y la debida preservación de los derechos de las partes[7].

 

  1. A partir del estudio del Informe de Fondo, el escrito de solicitudes y argumentos, la contestación del Estado y los demás documentos aportados al presente trámite, la Presidenta advierte que, prima facie, sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente realice la Corte, el reconocimiento estatal de responsabilidad, aun no siendo total, fue expresado en términos amplios. La controversia subsistente en el presente asunto no reside, de modo central, en cuestiones fácticas, sino en distintas calificaciones jurídicas de tales cuestiones y, a la postre, en el análisis de las violaciones alegadas y las medidas de reparación correspondientes. Los aspectos fácticos y jurídicos aludidos pueden ser examinados con base en actos escritos del proceso, sin perjuicio de lo indicado más adelante sobre las declaraciones de dos presuntas víctimas (infra Considerando 20).

 

  1. Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la pandemia por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en la actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública. Resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor, podrán ser subsanados.

 

  1. En virtud de todo lo anterior, esta Presidencia, en consulta con el Pleno de la Corte, decide que no es necesario convocar a una audiencia pública en este caso, por razones principalmente de economía procesal, pero también derivadas de la pandemia por el COVID 19. Por consiguiente, a excepción de lo que más adelante se indica respecto de dos presuntas víctimas (infra Considerando 20), las declaraciones que se determinan admisibles en la presente Resolución serán rendidas ante fedatario público (affidávit), de conformidad con lo que se indica en la parte resolutiva (infra punto resolutivo 2).

 

  1. Sobre la procedencia y modalidad de las declaraciones de presuntas víctimas

 

  1. Los representantes, en su escrito de solicitudes y argumentos, ofrecieron la declaración de las siguientes siete presuntas víctimas, todos ellos familiares de Jimmy Guerrero: Jean Carlos Guerrero; Nieves Guerrero; Emilia Coromoto Meléndez; Yarelis Guerrero; Franklin Guerrero; Jiannibeth Stephanny Guerrero Colina, y Fraily Guerrero. Propusieron que las personas referidas declaren sobre:

 

  1. las amenazas, hostigamiento y detenciones a […] Jimmy Guerrero; ii) los hechos [en] los que se dio muerte a Jimmy Guerrero y Ramón Molina; iii) las gestiones realizadas por [la persona que sería llamada a declarar] y sus familiares para la búsqueda de justicia y la impunidad en la que hasta la fecha se mantienen los hechos; iv) las amenazas por parte de policías que […] obligaron [a la persona que sería llamada a declarar] a abandonar Venezuela; v) las secuelas emocionales y físicas que [la persona que sería llamada a declarar] ha sufrido como consecuencia de los hechos y la impunidad en la que permanecen y las afectaciones a su proyecto de vida y el de su familia, y vi) posibles medidas de reparación.

 

  1. Los representantes también propusieron, en la misma oportunidad, la declaración de la presunta víctima Soleida Morillo, para que declare sobre:

 

  1. El impacto que tuvo en su vida y la de sus hijos la ejecución extrajudicial de su esposo; ii) la obstaculización deliberada de las autoridades policiales y judiciales en su búsqueda por la verdad acerca de la ejecución extrajudicial de su padre (sic); iii) las secuelas emocionales y físicas que hay sufrido como consecuencia de los hechos, de la búsqueda de justicia llevada adelante por su familia; iv) las afectaciones a su proyecto de vida y el de su familia, y v) posibles medidas de reparación.

                            

  1. Por otra parte, si bien ya se ha resuelto no convocar a una audiencia pública en este caso (supra Considerando 12), es relevante tener en cuenta que el 22 de junio de 2020, al presentar su lista definitiva de declarantes y solicitar que se realice una audiencia pública, los representantes adujeron que ésta sería “un espacio en sí mismo reparador” para las presuntas víctimas, y que es la voluntad de éstas poder “ser escuchad[a]s por primera vez por un Tribunal independiente y autónomo”. En tal sentido requirieron que Jean Carlos Guerrero y Soleida Morillo presten declaración oral. Si bien en esa oportunidad expresaron la imposibilidad de participar en una videoconferencia, luego, el 30 de julio de 2020, manifestaron su anuencia a ello y formularon, de forma “alternativa”, en caso de que la Corte o su Presidencia determinen no convocar a una audiencia, una solicitud para que al menos dos presuntas víctimas, una por “cada grupo familiar de las [presuntas] víctimas fatales”, puedan declarar oralmente.

 

  1. El Estado presentó “formal objeción” a que se presten dichas declaraciones, en tanto, conforme entendió, “resultan impertinentes e innecesarias, visto el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado”. Venezuela señaló que, además, los objetos propuestos son similares entre sí, por lo que las mismas serían redundantes y contrarias a la economía procesal. Debe dejarse sentado que, pese a haberle sido requerido, Venezuela no informó sobre facilidades técnicas para participar en una videoconferencia (supra Visto 9).

 

  1. La Comisión no presentó observaciones respecto a este ofrecimiento de los representantes. Por otra parte, manifestó que, de ser el caso, cuenta con las facilidades técnicas necesarias para participar en actuaciones orales mediante videoconferencia.

 

  1. Esta Presidenta recuerda que, en oportunidades anteriores, el Tribunal ha destacado la importancia que tienen las declaraciones de presuntas víctimas en procesos judiciales, en particular, en aquellos que se siguen ante la Corte Interamericana[8]. Además, la Corte ha considerado que las declaraciones de las presuntas víctimas son “útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias”[9]. En ese sentido, aunque pueda haber una reiteración en el objeto propuesto por los representantes para las declaraciones de distintas presuntas víctimas, el mismo incluye no sólo referencias a los hechos que habrían sucedido a Jimmy Guerrero y Ramón Molina, sino también a aducidas gestiones y otras circunstancias que resultan propias de las personas declarantes, incluso el impacto que habrían sufrido por los hechos y las medidas de reparación que considerarían adecuadas. Por eso, la similitud de objeto no derivaría, en forma necesaria, en una similitud en el contenido de cada de cada declaración. Por lo tanto, esta Presidencia, en consulta con el Pleno de la Corte, desestima la objeción estatal y admite la declaración de las ocho presuntas víctimas antes nombradas, cuya modalidad será precisada en la parte resolutiva.

 

  1. Además de lo expuesto, la Presidencia advierte los señalamientos de los representantes sobre la importancia de que dos presuntas víctimas, una por cada grupo familiar involucrado en el caso, puedan ser escuchadas directamente por la Corte en forma oral.

 

  1. Teniendo en cuenta que el Reglamento de la Corte permite la recepción de declaraciones por videoconferencias[10], la Presidencia, en consulta con el Pleno de la Corte, considera útil y conveniente que Jean Carlos Guerrero y Soleida Morillo rindan su declaración de forma oral, ante el Pleno del Tribunal, por medio de videoconferencia. El objeto de sus declaraciones y la fecha de la diligencia respectiva son precisados más adelante, en el punto resolutivo 1 de la presente Resolución.

 

  1. Procedencia de una declaración pericial propuesta por el Estado

 

  1. El Estado ofreció la declaración pericial del señor Emerson Vicente Aguilar Carreño, abogado, para que declare sobre la supuesta improcedencia de la aplicación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en el presente caso.

 

  1. La Presidenta nota que, dado el objeto propuesto, la declaración pericial ofrecida tendría como finalidad establecer si es pertinente en el caso evaluar la conducta estatal con base en un tratado. Determinar lo anterior es propio de la función de la Corte, en el marco de su competencia. La declaración pericial propuesta no resulta, entonces, necesaria ni procedente. Por lo tanto, no se admite la declaración pericial del señor Emerson Vicente Aguilar Carreño.

 

  1. Objeciones del Estado a cinco declaraciones periciales

 

  1. Los representantes propusieron las declaraciones periciales de Ignacio Cano[11], José Luis Prieto Carrero[12], Philip Alston[13], Roberto Briceño León[14] y Magaly Mercedes Vásquez González[15]. La Comisión no presentó observaciones al respecto. El Estado propuso recusaciones en contra de Philip Alston, Roberto Briceño León y Magaly Mercedes Vásquez González, por entender que carecen de imparcialidad. Además, objetó las cinco declaraciones aludidas, aduciendo que resultan “impertinentes e innecesari[as]” en atención al reconocimiento de responsabilidad.

 

  1. En particular, el Estado recusó al señor Roberto Briceño León pues, conforme manifestó Venezuela, “él ha expresado públicamente, en diversas ocasiones, su oposición al gobierno e instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual tiene un interés directo en los resultados del presente caso[, que] se relaciona con el deseo de afectar políticamente a las instituciones del país”. El Estado agregó, en sustento de lo expresado, que el señor Briceño León “ha respaldado abiertamente la figura de una institucionalidad paralela en Venezuela, presentándose como asesor en el área de seguridad y derechos humanos de un supuesto e inexistente ‘[P]residente interino’de[l país]”.

 

  1. El Estado también recusó al señor Philip Alston, ya que “en su condición de Relator Especial ha expresado opiniones contrarias a la República Bolivariana de Venezuela en temas relacionados con el fondo del presente asunto”.

 

  1. Asimismo, Venezuela recusó a Magaly Mercedes Vásquez González, por tener “vínculos estrechos” con los “representantes de las presuntas víctimas y demás organizaciones no gubernamentales del país, al punto de ser recurrentemente ofrecida para presentarse como perit[a] ante la Corte”. El Estado señaló que la señora Vásquez González “hace ‘profesión de testificar en juicio’ ante la Corte Interamericana en los procesos relacionados con […] Venezuela”.

 

  1. En respuesta a la recusación estatal, el señor Roberto Briceño León adujo que la misma no obedece a causales previstas en el Reglamento. Agregó que no tiene conocimiento alguno de los hechos propios del caso y que las observaciones que como experto ha formulado respecto a la política de seguridad del Estado no lo descalifican, sino que “más bien contribuyen a mejorar la gestión de gobierno”.

 

  1. El señor Philip Alston, por su parte, adujo que la recusación estatal no se corresponde con las causales previstas en el artículo 48.1 del Reglamento. Aclaró también que no tuvo antes intervención en el presente caso y que los pronunciamientos a los que aludió Venezuela corresponden, “en cooperación con varios otros funcionarios”, a su carácter de Relator Especial de Extrema Pobreza y Derechos Humanos.

 

  1. A su turno, la señora Magaly Mercedes Vásquez González expresó que la recusación formulada por el Estado no tiene asidero reglamentario. Además, sostuvo que la frecuente propuesta que hacen organizaciones no gubernamentales para su intervención como perita obedece al reconocimiento que las mismas hacen de su experticia académica. Adujo que lo anterior no puede calificarse como “hacer profesión” de su intervención como perita y también que ello, en lugar de inhabilitarla, la califica para intervenir en instancias tales como un proceso ante la Corte.

 

  1. En cuanto a las recusaciones formuladas por el Estado, esta Presidencia recuerda que la afectación de la imparcialidad está, como causal de recusación, prevista en el apartado c) del primer inciso del artículo reglamentario 48. Ahora bien, no bastan meros posicionamientos políticos u opiniones sobre las instituciones estatales para denotar parcialidad o un interés directo en el caso, máxime cuando tales expresiones sean el resultado de la propia actividad de la persona llamada a prestar declaración pericial, como resulta claro en el caso del señor Alston, a quien Venezuela cuestiona por sus pronunciamientos como Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas[16]. El Estado, por otro lado, aunque expresó que el señor Alston hizo manifestaciones sobre “temas relacionados con el fondo del presente asunto”, no indicó un pronunciamiento previo de él respecto al caso concreto que se encuentra examinando la Corte.

 

  1. El artículo 48 indicado, además, refiere la afectación a la imparcialidad en relación con circunstancias que señala, a saber: “tener o haber tenido vínculos estrechos o relación de subordinación funcional con la parte que lo propone”[17]. No se ha aducido que estas circunstancias se presenten respecto a los señores Briceño León y Alston. En definitiva, la Presidenta no advierte que el Estado haya sustentado, en forma suficiente y de conformidad al Reglamento, la parcialidad que adujo. Las recusaciones de los señores Briceño León y Alston son, por lo tanto, desestimadas.

 

  1. Respecto a la señora Vásquez González, Venezuela sí adujo que ella tiene “vínculos estrechos” con los representantes. De la argumentación estatal, no obstante, se desprende que, al señalar la aducida vinculación, el Estado hizo una referencia general a relaciones que tendría la señora Vásquez González con un conjunto amplio de organizaciones no gubernamentales, lo que se evidenciaría por ser ella propuesta con frecuencia, por dichas organizaciones, para prestar declaración pericial ante la Corte. Esta Presidenta considera que el señalamiento estatal no es suficiente para acreditar una vinculación estrecha de la señora Vásquez González con los representantes de las presuntas víctimas de este caso que pudiera denotar una falta de imparcialidad. Por otra parte, del propio señalamiento estatal sobre la frecuencia con que la señora Vásquez González es propuesta como perita y de las explicaciones de ella al respecto, surge que tales consideraciones son indicativas de su experticia e idoneidad como perita. Por lo tanto, la recusación presentada por Venezuela respecto a Magaly Mercedes Vásquez González es desestimada.

 

  1. Ahora bien, sin perjuicio de lo ya decidido, corresponde tratar la objeción estatal a las declaraciones propuestas por los representantes, basada en que las mismas resultarían impertinentes e innecesarias. (supra Considerando 23). De lo expuesto (supra notas a pie de página 11 a 15) surge que los objetos propuestos para las declaraciones de Ignacio Cano y Philip Alston se refieren a aspectos particulares o específicos, como son el diseño de políticas públicas y la actuación de fuerzas públicas en contextos de pobreza y vulnerabilidad, que podrían contribuir a enriquecer el examen de la Corte sobre el caso, ampliando las apreciaciones que podrían surgir de los argumentos de la Comisión y los representantes y el reconocimiento estatal de responsabilidad. Los objetos propuestos para las declaraciones de José Luis Prieto Carrero y Briceño León, por su parte, si bien aluden a aspectos que a priori, sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente realice el Tribunal, parecerían que pueden entenderse vinculados al reconocimiento estatal de responsabilidad, se relacionan no sólo a circunstancias fácticas ya ocurridas, sino también a medidas que podría adoptar el Estado. En ese sentido, podrían contribuir, eventualmente, a ilustrar al Tribunal en materias relevantes para posibles medidas de reparación. Por ello, la Presidenta rechaza las objeciones estatales respecto a las cuatro declaraciones referidas. Las declaraciones periciales de los señores Cano, Alston, Prieto Carrero y Briceño León quedan, por lo tanto, admitidas. Su objeto y modalidad son definidos en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 2).

 

  1. En relación a la señora Vásquez González, el objeto de su declaración estaría circunscripto al examen de hechos del caso y actuaciones ya realizadas. El Estado, en su contestación, formuló un reconocimiento de responsabilidad en términos amplios que abarca la falta de investigación de los hechos, sin que esta apreciación empezca las evaluaciones que en su oportunidad realice la Corte. No se advierte, entonces, que la materia sobre la cual la señora Vásquez González declararía pueda ofrecer elementos de juicio relativos a aspectos adicionales a los que estarían comprendidos en el reconocimiento de responsabilidad. Por lo tanto, esta Presidencia entiende que la declaración pericial de la señora Vásquez González no resulta necesaria y, en consecuencia, no la admite.

 

 

 

 

 

 

  1. Procedencia de la declaración pericial propuesta por la Comisión Interamericana y su solicitud para formular preguntas a tres peritos

 

  1. La Comisión ofreció la declaración pericial del señor David Martínez, “investigador social”[18], para referirse a “las obligaciones del Estado frente a la identificación de una situación estructural de impunidad que afecta de manera desproporcionada este tipo de casos”. Además, requirió “la oportunidad verbal o escrita de formular preguntas, en la medida de lo relevante y razonable” a Karin García Carrasco y Emerson Aguilar, cuyas declaraciones, pericial y testimonial, respectivamente, fueron propuestas por el Estado, así como a Luis Prieto Carrero, perito propuesto por los representantes. La Comisión sustentó su solicitud en que, conforme adujo, las tres declaraciones “se relacionan tanto con el orden público interamericano como con la materia sobre la cual versa el peritaje ofrecido por la Comisión”.

 

  1. La Comisión explicó que, a su criterio, las razones por las cuales el caso plantea “cuestiones de orden público interamericano”, que justificarían su ofrecimiento de una declaración pericial, son que el caso: i) “pone de manifiesto, una vez más, el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las policías regionales, con especial incidencia en el Estado Falcón”, y ii) “plantea la posibilidad de que la Corte profundice su jurisprudencia respecto de la atribución de responsabilidad internacional cuando el Estado no cumple con llevar a cabo una investigación diligente para ofrecer una explicación sobre la muerte de una o varias personas en situaciones que, en apariencia, la acción letal fue cometida por terceros”.

 

  1. El Estado objetó la declaración del señor Daniel Martínez, dado que entendió que la Comisión no justificó, en los términos exigidos por el Reglamento, su relevancia respecto al orden público interamericano, pues se limitó a afirmar que permitirá a la Corte “‘continuar profundizando su jurisprudencia’, admitiendo así que se trata de asuntos que ya han sido abordados y desarrollados por el Tribunal”. Los representantes no presentaron observaciones al respecto.

 

  1. La Presidenta recuerda que el ofrecimiento de declaraciones periciales por parte de la Comisión se fundamenta en el artículo 35.1.f del Reglamento, que supedita el eventual ofrecimiento de peritos a que se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo cual corresponde sustentar a la Comisión. Al respecto, resulta pertinente evaluar si “el objeto del peritaje ofrecido trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y puede, eventualmente, tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Parte en la Convención”[19].

 

  1. La Presidencia nota que la Corte cuenta con profusa jurisprudencia sobre la obligación de investigar violaciones a derechos humanos[20]. La misma abarca aspectos generales sobre el deber de investigar actos violatorios de derechos humanos[21], como también múltiples aspectos específicos, que contienen aquellos relacionados con el seguimiento de líneas lógicas de investigación[22], incluso cuando hubiera motivos para presumir el involucramiento de agentes estatales en una muerte violenta[23], lo que ha examinado también considerando contextos de ejecuciones extrajudiciales, como surge de distintas sentencias referidas a Venezuela[24].

 

  1. A partir de lo expuesto, considerando que la Corte cuenta ya con una amplia jurisprudencia respecto a la obligación estatal de investigar muertes que podrían deberse a actos de ejecución extrajudicial, esta Presidencia considera que resultan insuficientes los argumentos de la Comisión respecto a supuestos elementos atinentes al orden público interamericano en el caso. Por lo tanto, no admite la declaración pericial propuesta por la Comisión Interamericana. Dado lo anterior, rechaza también la solicitud de la Comisión de formular preguntas a declarantes.

 

  1. Solicitudes de traslado de prueba efectuadas por la Comisión, los representantes y el Estado

 

  1. La Comisión solicitó el traslado del dictamen pericial del experto Hugo Fruhling, rendido en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela[25].

 

  1. Los representantes solicitaron que se incorporen al presente proceso las siguientes declaraciones periciales: a) la rendida por el señor Christof Heyns en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil[26]; b) la dada por la señora Magaly Mercedes Vásquez González en el caso Familia Barrios Vs. Venezuela[27], y c) la prestada por el señor José Pablo Baraybar en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela[28].

 

  1. El Estado requirió, en su escrito de contestación, el traslado al presente caso de pruebas “[d]ocumentales consignadas en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela en relación con las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar la investigación con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales”. Por otra parte, señaló que la Comisión no justificó la procedencia en el presente caso del dictamen pericial del señor Hugo Fruhling, dado en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, pues no justificó su relevancia respecto al orden público interamericano.

 

  1. En cuanto a la prueba cuyo traslado fue solicitado por la Comisión y los representantes, esta Presidenta considera que, por su objeto, presentan elementos que podrían resultar relevantes en el presente caso. Por otra parte, dado que las declaraciones referidas tienen respecto de este proceso carácter de prueba documental (infra Considerando 45), no rige el requisito establecido en el artículo 35.f del Reglamento, que refiere a la afectación relevante del orden público interamericano como condición para la procedencia de prueba pericial ofrecida por la Comisión. Por lo tanto, esta Presidencia dispone la incorporación al presente proceso, con carácter de prueba documental de: a) la declaración pericial del experto Hugo Fruhling, rendida en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela; b) la declaración pericial brindada por Christof Heyns en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil; c) la declaración pericial dada por Magaly Mercedes Vásquez González en el caso Familia Barrios Vs. Venezuela, y d) la declaración pericial prestada por José Pablo Baraybar en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela.

 

  1. Al respecto, la Presidenta recuerda que el traslado de dictámenes periciales rendidos en otros procesos no significa que tengan el valor o peso probatorio de peritajes; así, los dictámenes periciales cuyo traslado se admite son incorporados como prueba documental en el expediente, por lo que su valor será determinado al momento de realizar el análisis integral de la prueba, para lo cual es necesario tomar en cuenta las observaciones presentadas por las partes en ejercicio de su derecho de defensa[29]. Para el efecto, la Secretaría transmitirá a las partes copia de dichos documentos, de modo que puedan presentar las observaciones que consideren pertinentes a más tardar con sus alegatos finales escritos.

 

  1. Por otra parte, la Presidenta advierte que la declaración pericial del señor Christof Heyns, rendida en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, se encuentra en idioma portugués. Siendo que el idioma de trabajo del presente caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela es el español, y que, en lo que respecta a este proceso, dicha declaración es una medida de prueba propuesta por los representantes, corresponde que los mismos presenten su traducción al idioma español. Por lo tanto, conforme se indica en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra, punto resolutivo 9), la declaración pericial del señor Christof Heyns será transmitida por la Secretaría a las partes y a la Comisión, pero se fija un plazo para que los representantes remitan su versión traducida al español, la que será trasladada al Estado y a la Comisión Interamericana.

 

  1. En cuanto a la solicitud del Estado de trasladar prueba documental que obra en otro proceso, cabe recordar que por medio de comunicaciones de la Secretaría de 1 y 11 de septiembre de 2020 se requirió a Venezuela que precise los documentos cuyo traslado solicitaba. Frente a la falta de respuesta a la primera comunicación, en la segunda se volvió a dar un plazo al Estado para responder, señalando que, de lo contrario, el requerimiento estatal no podría ser considerado. El plazo venció el 16 de septiembre de 2020, sin que la Secretaría recibiera respuesta del Estado (supra Visto 10). Por lo tanto, no es posible considerar la solicitud de Venezuela y la misma queda desestimada.

 

  1. Solicitud de los representantes para que se requiera al Estado la remisión de un expediente interno

 

  1. De acuerdo a sus comunicaciones de 19 de julio de 2019 y 6 de enero de 2020 (supra Visto 2) los representantes requirieron que se “solicite al Estado la presentación del expediente penal completo del caso”. Adujeron no haber podido acceder a dicha documentación en forma completa, pese a haberlo solicitado a las autoridades estatales correspondientes.

 

  1. La Presidenta recuerda que, por medio de comunicaciones de la Secretaría de la Corte de 22 de julio de 2019 y 9 de enero de 2020 (supra Visto 2), se señaló que no correspondía en esos momentos, previos a la presentación del escrito de contestación por parte del Estado, hacer lugar a la solicitud de los representantes, y que la misma sería evaluada en forma oportuna. Al respecto, como ya se ha expresado (supra Considerando 10), Venezuela formuló en su escrito de contestación un reconocimiento de responsabilidad en términos amplios. Sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente realice el Tribunal, puede advertirse que los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal incluyen aspectos fácticos y jurídicos relacionados con las actuaciones internas y la obligación de investigar hechos del caso. En atención a ello, la Presidenta no advierte que resulte necesario solicitar al Estado que remita copia del expediente interno demandado por los representantes. Por lo tanto, la solicitud de los representantes es rechazada.

 

  1. Esta Presidenta considera pertinente dejar sentado que el rechazo señalado no limita las facultades reglamentarias previstas en el artículo 58 del Reglamento, que permiten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n cualquier estado de la causa”, requerir de las partes o la Comisión el suministro de prueba.

 

  1. Solicitud de flexibilidad en tiempos procesales

 

  1. En su comunicación de 30 de julio de 2020, los representantes solicitaron que “independientemente de la celebración de una audiencia, los plazos para presentación de prueba sean más flexibles en el marco de la pandemia”. Adujeron que la misma ha generado diversos obstáculos, a partir de medidas adoptadas por el Estado al respecto. Indicaron, entre tales dificultades, restricciones a la movilidad, que hacen “imposible realizar peritajes psicosociales en forma presencial”, por lo cual estaban “explorando” la posibilidad de realizarlos por plataformas electrónicas. Además, en su escrito de 24 de agosto de 2020, los representantes requirieron que en caso de realizarse una “audiencia virtual” la convocatoria a la misma sea comunicada al menos con tres meses de antelación, para poder ellos “preparar toda la infraestructura necesaria”.

 

  1. En lo que respecta a la diligencia en que declararán dos presuntas víctimas (supra Considerando 20 e infra punto resolutivo 1), la Presidenta nota que los representantes no han fundamentado por qué necesitarían el tiempo de tres meses para preparar “infraestructura” para participar en una videoconferencia, ni han explicado cuál sería la misma. Además, recuerda que en forma reciente, en dos causas correspondientes a Venezuela, se realizaron actos de la misma naturaleza, que fueron convocados con menos de tres meses de antelación, sin que surgieran dificultades[30]. De igual forma, la Presidenta deja constancia de que, en consulta con el Pleno de la Corte, ha tomado nota de las dificultades expresadas por los representantes y determinado el momento en el que se realizará la diligencia por videoconferencia, que se indica en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1), de modo que las partes y la Comisión tomen conocimiento del mismo con una antelación suficiente. La Presidencia, asimismo, ha determinado la fecha de presentación de declaraciones escritas, señalada en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 5), procurando que las partes y la Comisión cuenten con suficiente tiempo para la producción y envío de la prueba requerida.

 

  1. Sobre el uso del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas

 

  1. Mediante la Resolución de 20 de enero de 2020 de esta Presidencia, se resolvió declarar procedente el uso del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, indicándose que, por lo tanto, se otorgaría “el apoyo económico necesario […] para la presentación de un máximo de dos declaraciones, ya sea en audiencia o por a[f]fidávit” (supra Visto 3).

 

  1. En razón de lo anterior, tomando en cuenta que no se celebrará audiencia pública en el presente caso (supra Considerando 12), la Presidencia dispone que la asistencia económica sea asignada para cubrir los gastos razonables de formulación y envío de dos declaraciones por affidávit que indiquen los representantes. A tal efecto, los representantes deberán remitir al Tribunal tanto la justificación de tales gastos como sus comprobantes a más tardar con la presentación de los alegatos finales escritos, siendo esa la última oportunidad procesal para hacerlo.

 

  1. De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo, se dispone que la Secretaría abra un expediente de gastos a los fines de llevar la contabilidad, en el cual se documentará cada una de las erogaciones que se realice con el referido Fondo.

 

  1. Por último, la Presidencia recuerda que, según el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo, se informará oportunamente al Estado las erogaciones realizadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, para que presente sus observaciones, si así lo estimare conveniente, dentro del plazo que se establezca al efecto.

 

 

POR TANTO:

 

LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

 

de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los artículos 4, 15.1, 26.1, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45, 46 a 48, 50 a 56 y 60 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

 

RESUELVE:

 

  1. Requerir, de acuerdo con las facultades que otorga el artículo 58 del Reglamento, que las dos presuntas víctimas que se indican a continuación rindan declaración oral, ante el Pleno de la Corte Interamericana, por medio de una videoconferencia, que tendrá lugar el 26 de enero de 2021, en la que participarán también sus representantes, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuya modalidad específica será señalada por medio de comunicaciones de la Secretaría de la Corte:

 

1.- Jean Carlos Guerrero, hermano del señor Jimmy Guerrero, quien declarará sobre: i) las presuntas amenazas, hostigamiento y detenciones al señor Jimmy Guerrero; ii) los alegados hechos en los que se dio muerte a los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina; iii) las supuestas gestiones realizadas por el declarante y sus familiares para la búsqueda de justicia, y la impunidad en la que hasta la fecha se mantendrían los hechos; iv) las supuestas amenazas por parte de policías que habrían obligado al declarante a abandonar Venezuela; v) las secuelas emocionales y físicas que habría sufrido como consecuencia de los hechos y la impunidad en la que permanecerían y las afectaciones que los mismos habrían tenido en su proyecto de vida y el de su familia, y vi) las posibles medidas de reparación que consideraría apropiadas.

 

2.- Soleida Morillo, viuda del señor Ramón Molina, quien declarará sobre: i) el impacto que habría tenido en su vida y la de sus hijos la presunta ejecución extrajudicial de su esposo; ii) la búsqueda de justicia que habría sido llevada adelante por su familia y la supuesta obstaculización de las autoridades policiales y judiciales en su búsqueda por la verdad acerca de lo sucedido a su esposo; iii) las secuelas emocionales y físicas que habría sufrido como consecuencia de los hechos; iv) las afectaciones que se habrían producido respecto a su proyecto de vida y el de su familia, y v) las posibles medidas de reparación que consideraría apropiadas. 

 

  1. Requerir, de conformidad con el principio de economía procesal y la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, teniendo además presente las dificultades derivas de la pandemia del COVID 19, que las siguientes personas presten su declaración ante fedatario público (affidávit):

 

  1. Presuntas víctimas (propuestas por los representantes)

 

3.-Nieves Guerrero (padre del señor Jimmy Guerrero);

 

4.-Emilia Coromoto Meléndez (madre del señor Jimmy Guerrero);

 

5.-Yarelis Guerrero (hermana del señor Jimmy Guerrero);

 

6.-Franklin Guerrero (hermano del señor Jimmy Guerrero);

 

7.-Jiannibeth Stephanny Guerrero Colina (hija del señor Jimmy Guerrero), y

 

8.-Fraily Guerrero (sobrina del señor Jimmy Guerrero).

 

Las presuntas víctimas declararán sobre: i) las presuntas amenazas, hostigamiento y detenciones al señor Jimmy Guerrero; ii) los alegados hechos en los que se dio muerte a los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina; iii) las supuestas gestiones realizadas por la persona declarante y sus familiares para la búsqueda de justicia, y la impunidad en la que hasta la fecha se mantendrían los hechos; iv) las supuestas amenazas por parte de policías que habrían obligado a la persona declarante a abandonar Venezuela; v) las secuelas emocionales y físicas que la persona declarante habría sufrido como consecuencia de los hechos y la impunidad en la que permanecerían y las afectaciones que los mismos habrían tenido en su proyecto de vida y el de su familia, y vi) las posibles medidas de reparación que la persona declarante consideraría apropiadas.

 

  1. Testigos (propuestos por el Estado)

 

9.- Pablo Fernández Blanco, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Policía, quien declarará sobre las diversas medidas que habría adoptado el Estado para la implementación del nuevo modelo policial en Venezuela, incluyendo las iniciativas de formación en materia de derechos humanos para funcionarios policiales que se habrían presentado, las medidas que se habrían adoptado para asegurar la efectiva rendición de cuentas en casos de presunto abuso de poder por parte de agentes policiales y las medidas legislativas, administrativas y/o de otra índole que se habrían adoptado para asegurar la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales.

 

  1. Karin García Carrasco, Directora de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Púbico, quien declarará sobre las medidas legislativas, administrativas y/o de otra índole que habría adoptado el Estado para asegurar la investigación con la debida diligencia de los casos de alegadas ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones del derecho a la vida.  

 

  1. Peritos (propuestos por los representantes)

 

  1. Philip Alston, Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y ex Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, quien declarará sobre: i) la actuación de las fuerzas de seguridad en el contexto de vulnerabilidad y pobreza en Venezuela, en particular en el Estado Falcón; ii) el uso de la fuerza y la presunta estigmatización por parte de las fuerzas de seguridad contra población en situación de vulnerabilidad en contextos de pobreza; iii) el rol del Estado venezolano respecto de actuaciones y prácticas de terceros que, bajo la supuesta tolerancia o aquiescencia estatal, crearían, mantendrían o favorecerían situaciones discriminatorias que generarían graves violaciones a los derechos humanos.

 

  1. Ignacio Cano, Profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, quien declarará sobre: i) la importancia de la recolección de datos y cifras respecto de homicidios en manos de fuerzas de seguridad para el diseño e implementación de políticas públicas en derechos humanos efectivas por parte de un Estado; ii) la forma en que un Estado debe recolectar ese tipo de datos para poder diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que permitan reducir graves violaciones a los derechos humanos, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad; iii) los errores y obstáculos comunes de los Estados y sus instituciones en el diseño e implementación de este tipo de políticas y los mecanismos para superarlos, y iv) el rol y participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas públicas.

 

13.- Roberto Briceño León, investigador y profesor universitario, quien declarará sobre: i) el presunto contexto de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública en Venezuela que habría existido en 2003; ii) las eventuales causas estructurales de las posibles repeticiones e impunidad de tales violaciones; iii) la posible omisión de medidas y políticas públicas necesarias y adecuadas para investigar y prevenir la repetición de las mismas violaciones en Venezuela, y iv) las medidas que, en su caso, entiende necesarias para mejorar la prevención, esclarecimiento y sanción de las violaciones aludidas en Venezuela.

 

14.- José Luis Prieto Carrero, médico forense, quien declarará sobre: i) las negligencias y omisiones que se habrían cometido al recabar las diligencias investigativas por las muertes de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina; ii) el examen de la escena y de otras evidencias forenses para establecer la existencia de actos de tortura y ejecución; iii) la consistencia de la trayectoria balística con un posible acto de ejecución; iv) la posibilidad de determinar que se haya disparado a los cuerpos de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina después de su fallecimiento, y v) las medidas que, de ser el caso, el Estado debería tomar para cumplir con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación, en lo atinente a la materia médica forense.

 

15.- Rossana Ramírez, psicóloga, quien declarará sobre: i) los resultados obtenidos de una evaluación psicosocial practicada a los familiares de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina; ii) el impacto psicológico que habrían tenido las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina en sus familiares; iii) el impacto psicológico en las presuntas víctimas por los aducidos retrasos en la investigación y la alegada obstaculización deliberada de las autoridades policiales de la búsqueda de justicia; iv) la supuesta afectación al proyecto de vida de las presuntas víctimas a raíz de lo ocurrido; v) la importancia de la asistencia psicológica a las presuntas víctimas para superar la pérdida traumática de sus familiares, y vi) posibles medidas de reparación, en caso de estimarse que resultarían pertinentes.

 

16.- Carmen Wurst, psicóloga, quien declarará sobre: i) los resultados obtenidos de una evaluación psicosocial practicada a los familiares del señor Jimmy Guerrero residentes en Lima, Perú; ii) el impacto psicológico que habrían tenido las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Molina en sus familiares; iii) el impacto psicológico en las presuntas víctimas por los aducidos retrasos en la investigación y la alegada obstaculización deliberada de las autoridades policiales de la búsqueda de justicia; iv) la supuesta afectación al proyecto de vida de las presuntas víctimas a raíz de lo ocurrido; v) la importancia de la asistencia psicológica a las presuntas víctimas para superar la pérdida traumática de sus familiares; vi) posibles medidas de reparación, en caso de estimarse que resultarían pertinentes.

 

  1. Instruir al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas que notifiquen la presente Resolución a las personas declarantes que fueron por ellos propuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50.2 y 50.4 del Reglamento.

 

  1. Requerir al Estado y los representantes de las presuntas víctimas que remitan, en los términos del artículo 50.5 del Reglamento y de considerarlo pertinente, en lo que corresponda, y en el plazo improrrogable que vence el 2 de noviembre de 2020, las preguntas que estimen pertinente formular, a través de la Corte Interamericana, a los declarantes indicados en el punto resolutivo 2 de la presente Resolución.

 

  1. Requerir al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas que coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas, si las hubiere, las personas declarantes indicadas en el punto resolutivo 2 de la presente Resolución, incluyan las respuestas en sus respectivas declaraciones, rendidas ante fedatario público, salvo que esta Presidencia disponga lo contrario cuando la Secretaría las transmita. Las declaraciones requeridas deberán ser presentadas al Tribunal a más tardar el 27 de enero de 2021.

 

  1. Disponer, conforme al artículo 50.6 del Reglamento, que una vez recibidas las declaraciones escritas, la Secretaría las transmita al Estado, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana para que, si lo estiman necesario y en lo que les corresponda, presenten sus observaciones a más tardar con sus alegatos u observaciones finales escritas, respectivamente.

 

  1. Requerir a la representante y al Estado que informen a las personas requeridas por la Corte para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal pondrá́ en conocimiento del Estado el caso en que la persona requerida para declarar rehusare deponer sin motivo legítimo, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.

 

  1. Incorporar al acervo probatorio, como prueba documental: a) la declaración pericial del experto Hugo Fruhling, rendida en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela; b) la declaración pericial rendida por Christof Heyns en el caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil; c) la declaración pericial dada por Magaly Mercedes Vásquez González en el caso Familia Barrios Vs. Venezuela, y d) la declaración pericial prestada por José Pablo Baraybar en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela.

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte trasmita al Estado, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana la documentación referida en el punto resolutivo anterior para que presenten las observaciones que estimen pertinentes, a más tardar con sus alegatos u observaciones finales escritas. De conformidad con lo expresado en el Considerando 46 de la presente Resolución, los representantes deben remitir la traducción al español de la declaración del señor Christof Hayns a más tardar el 27 de enero de 2021; luego la Secretaría trasladará dicha traducción al Estado y la Comisión.

 

  1. Informar al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas que deben cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Corte, sin perjuicio, en lo pertinente, de lo establecido en los puntos resolutivos 11 y 12 de la presente Resolución.

 

  1. Declarar procedente la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana en los términos dispuestos en los Considerando 53 a 56 de esta Resolución.

 

  1. . Requerir a los representantes que, a más tardar junto con sus alegatos finales escritos, que deben ser presentados en el día indicado en el punto resolutivo 14 de la presente Resolución, presenten los comprobantes que acrediten debidamente los gastos razonables efectuados respecto a dos declaraciones escritas, de acuerdo a lo indicado en el Considerando 54 de la presente Resolución. El reintegro de los gastos se efectuará luego de la recepción de los comprobantes correspondientes.

 

  1. Disponer, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, que la Secretaría del Tribunal abra un expediente de gastos, donde se documentará cada una de las erogaciones que se realicen con el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

 

  1. Informar al Estado, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana que, en los términos del artículo 56 del Reglamento, cuentan con un plazo de un mes, contado a partir del día en que, de conformidad con lo establecido en los puntos resolutivos 6 y 9, reciban las declaraciones indicadas en el punto resolutivo 2 y el documento señalado en el punto resolutivo 9, para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable.

 

  1. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente Resolución a la República Bolivariana de Venezuela, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Guerrero Molina y otros Vs. Venezuela.

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

                                                                                                          Presidenta

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

          Secretario

 

 

Comuníquese y ejecútese,

 

 

 

 

Elizabeth Odio Benito

                                                                                                          Presidenta

 

 

Pablo Saavedra Alessandri

          Secretario

[1]           La representación de las presuntas víctimas es ejercida por el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero – Marzo de 1989 (COFAVIC) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

[2]           Caso Guerrero. Molina y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de enero de 2020 (disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/guerrero_fv_2020.pdf)

[3]           En relación con el trámite del presente caso, es preciso dejar sentado que el Estado presentó su escrito de contestación el 9 de marzo de 2020, sin firma y sin sus anexos documentales, y luego, el 17 de marzo de 2020, comenzó a regir la suspensión de términos prevista en el Acuerdo 1/20 de la Corte, motivada por la pandemia por el COVID-19, situación de púbico y notorio conocimiento. La suspensión de términos fue luego prorrogada hasta el 20 de mayo de 2020 inclusive, por el Acuerdo 2/20 de la Corte. Entre el 17 de marzo y el 20 de mayo de 2020, por tanto, permaneció suspendido el término de 21 días, previsto en el artículo 28 del Reglamento, aplicable para la remisión del escrito de contestación firmado y con sus anexos documentales, que había comenzado a correr a partir del 9 de marzo de 2020. Venezuela remitió la documentación señalada el 2 de junio de 2020.

 

[4]           El Estado, de modo previo, el 6 de julio de 2020, solicitó una prórroga respecto al plazo que se había fijado para la presentación de observaciones a las listas definitivas de declarantes. La misma fue concedida hasta el 13 de julio de 2020.

 

[5]           Los representantes ofrecieron las declaraciones de las siguiente personas, familiares de los señores Jimmy Guerrero o Ramón Molina: Jean Carlos Guerrero (hermano de Jimmy Guerrero); Nieves Guerrero (padre de Jimmy Guerrero); Emilia Coromoto Meléndez (madre de Jimmy Guerrero); Yarelis Guerrero (hermana de Jimmy Guerrero); Franklin Guerrero (hermano de Jimmy Guerrero); Jiannibeth Stephanny Guerrero Colina (hija de Jimmy Guerrero); Fraily Guerrero (sobrina de Jimmy Guerrero); Soleida Morillo (viuda de Ramón Molina). Además, ofrecieron las declaraciones periciales de Philip Alston, Ignacio Cano, Roberto Briceño León, José Luis Prieto Carrero, Rossana Ramírez, Carmen Wurst y Magaly Mercedes Vásquez González.

 

[6]           Venezuela ofreció que Pablo Fernández Blanco y Karin García Carrasco presenten sus testimonios, y que Emerson Aguilar brinde una declaración pericial.

 

[7]         Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de mayo de 2006, Considerando 11, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de agosto de 2020, Considerando 9.

 

[8]           Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 147, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 24 de agosto de 2020, Considerando 15.

 

[9]           Cfr. Caso de la “Masacre de la Rochela” vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte de 22 de diciembre de 2006, Considerando 13, y Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 9 de junio de 2008, Considerando 7. En el mismo sentido, Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 24 de agosto de 2020, Considerando 15.

 

[10]        Cfr. Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 29 de julio de 2020, Considerandos 9, 10 y 11, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 24 de agosto de 2020, Considerandos 12, 13 y 14. En ambas Resoluciones (en sus notas a pie de página 4), la Corte hizo notar que “ya en casos anteriores ha dispuesto la recepción de declaraciones orales en diligencias particulares convocadas para el efecto. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 27; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 44; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2007; Caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2011, puntos resolutivos 1 y 2, y Caso V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2017, punto resolutivo 2”.

 

[11]          Los representantes propusieron que el señor Cano declare sobre: “i) la importancia de la recolección de datos y cifras respecto de homicidios en manos de fuerzas de seguridad para el diseño e implementación de políticas públicas en derechos humanos efectivas por parte de un Estado; ii) las formas en que un Estado debe recolectar este tipo de datos para poder diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que permitan reducir graves violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, ejecuciones extrajudicial o desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad; iii) los errores y obstáculos comunes de los Estados y sus instituciones en el diseño e implementación de este tipo de políticas públicas como también los mecanismos para superarlos; y iv) el rol y participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas públicas”.

 

[12]          El señor Prieto Carrero, de conformidad a lo expresado por los representantes, declararía sobre: “i) las negligencias y omisiones cometidas al recabar las diligencias investigativas por la muerte de Jimmy Guerrero y Ramón Molina; ii) el examen de la escena y de otras evidencias forenses para establecer si las estas son consistentes con la existencia de actos de tortura y ejecución; iii) la trayectoria balística para pronunciarse si esta es consistente con una ejecución; iv) las heridas ocasionadas por el disparo para determinar si se disparó a las víctimas después de su fallecimiento; y v) las medidas que el Estado debería tomar para cumplir con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación”.

 

[13]          Los representantes señalaron que el señor Alston declararía sobre: “i) la actuación de las fuerzas de seguridad en contexto de pobreza y vulnerabilidad en Venezuela, en particular en el Estado Falcón; ii) el uso la fuerza y la estigmatización por parte de las fuerzas de seguridad y, el Estado venezolano, en general, contra población vulnerabilidad y en contextos de pobreza; ii) el rol del Estado venezolano respecto de actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias que generen además graves violaciones a los derechos humanos”.

 

[14]          El objeto que los representantes indicaron para la declaración del señor Briceño León es el siguiente: “i) el contexto de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública en Venezuela; ii) las causas estructurales de la repetición e impunidad de las mismas; iii) la falta de medidas y políticas públicas necesarias y adecuadas para investigar y prevenir la repetición de estos delitos en Venezuela; iv) medidas necesarias para mejorar la prevención, esclarecimiento y sanción de tales violaciones en Venezuela”.

 

[15]          El objeto propuesto para la declaración de la señora Vásquez Gonzales, en los términos formulados por los representantes, es el siguiente “i) el procedimiento penal venezolano [en] el momento de la ejecución extrajudicial; ii) los obstáculos al acceso a la justicia y el retraso en el proceso penal en el presente caso; y iii) la falta de diligencia por parte de las autoridades judiciales y administrativas para avanzar de manera oportuna la investigación de las ejecuciones de las [presuntas] víctimas”.

 

[16]            Cfr., en el mismo sentido, Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de junio de 2018, Considerando 25.

[17]          Cfr. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Resolución del Presidente de la Corte de 29 de mayo de 2007, considerando 22, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Resolución del Presidente de la Corte de 20 de diciembre de 2019, Considerando 15.

[18]          El objeto propuesto para la declaración es el siguiente: “las obligaciones estatales para responder a contextos generales de ejecuciones extrajudiciales, desde una perspectiva integral, que incluya tanto el actuar de los funcionarios de seguridad involucrados directamente e indirectamente, como la respuesta investigativa e institucional que debe darse para enfrentar los diferentes elementos que favorecen la existencia y permanencia de problemáticas de esta naturaleza”.

[19]          Caso Vicky Hernández y otros Vs. Honduras. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 1 de septiembre de 2020. En el mismo sentido, Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte 27 de enero de 2012. Considerando 9. 

 

[20]          Dicha jurisprudencia inicia con el primer caso contencioso conocido por la Corte y abarca una gran cantidad de casos conocidos por el Tribunal (cfr., entre otras varias sentencias, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 176 a 185 y Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. Serie C No. 405, párrs. 176 a 178 a 195).

 

[21]          Pueden verse, al respecto, además de las sentencias citadas en la nota anterior y varias otras, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 187 a 194, y Caso Gómez Virula y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 393, párrs. 64 y 65.

 

[22]          Cfr., entre otras, Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 88 y 105, y Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 194.

 

[23]          Lo dicho, aun en casos en que la participación de agentes estatales no resulta evidente a priori, sin perjuicio de las determinaciones de la Corte sobre la responsabilidad estatal respecto a la violación al derecho a la vida. Pueden verse las decisiones sobre los casos Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de noviembre 2017. Serie C No. 342, párrs. 89 a .116) y Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Serie C No. 385, párr. 179).

 

[24]          Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrs. 38, 173 a 181 y 234 a 239; Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párrs. 35, 36 y 216 a 223; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párrs. 35, 214 a 218, 224, 225, 227, 228, 230 a 237, 242, 243, 253 y 254, y Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2019. Serie C No. 392, párrs. 30 a 33 y 103 a 111.

 

[25]          En el caso aludido, el peritaje del señor Hugo Fruhling se refirió a “las obligaciones estatales para responder a contextos generales de ejecuciones extrajudiciales, desde una perspectiva integral, que incluya tanto el actuar de los funcionarios de seguridad involucrados directamente, como la respuesta investigativa e institucional que debe darse para enfrentar los diferentes elementos que favorecen la existencia y permanencia de problemáticas de esta naturaleza. El perito se referir[ía] también a las medidas de no repetición que se consideran adecuadas frente a situaciones como las del presente caso” (Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte de 26 de diciembre de 2013, punto resolutivo 1).

 

[26]          La declaración pericial del señor Christof Haynes en el caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil versó sobre “los estándares internacionales relativos al deber de investigar casos de uso letal de la fuerza por parte de agentes policiales en el contexto de operativos o redadas. Específicamente, el perito se ref[irió] a los estándares relevantes para analizar las múltiples formas de estigmatización que pueden ocurrir en estas investigaciones, en particular, la estigmatización como ‘delincuentes’ de las víctimas fallecidas y la manera en que tales estigmas impactan en el desarrollo y perspectivas de efectividad de las investigaciones. Asimismo, el perito podr[ía] hacer referencia a la figura de prescripción frente a supuestos de ejecuciones extrajudiciales en contextos como los del caso” (Caso Genoveva y otros (Favela Nova Brasília) Vs. Brasil. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte de 4 de agosto de 2016, punto resolutivo 1).

 

[27]          La declaración pericial de la señora Magaly Mercedes Vásquez González en el caso Familia Barrios Vs. Venezuela trató sobre “la normatividad que regía el procedimiento penal en Venezuela en el momento de la ocurrencia de los hechos, y el que rige actualmente, con referencia al papel del Estado como garante del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal; la debida diligencia en los procesos penales de los casos de la familia Barrios, en especial los alegados obstáculos de hecho y de derecho presentados a lo largo de las investigaciones; la Unidad Criminalística del Ministerio Público, la competencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para el análisis de las investigaciones, y la aplicación de la ley de protección de testigos en Venezuela” (Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte de 1 de junio de 2011, punto resolutivo 5).

 

[28]          La declaración pericial del señor José Pablo Baraybar en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela tuvo por objeto “los estándares internacionales en las evaluaciones médico legales y la debida diligencia en las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos, y la aplicación de dichos estándares en las investigaciones de [dicho] caso” (Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Resolución del Presidente de la Corte de 26 de diciembre de 2013, punto resolutivo 1).

 

[29]        Cfr. Caso Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Resolución del Presidente de la Corte de 19 de febrero de 2013, Considerando 54, y Caso Vicky Hernández y otros Vs. Honduras. Resolución de la Presidenta de la Corte de 1 de septiembre de 2020, Considerando 17.

 

[30]          Cfr. Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 29 de julio de 2020, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 24 de agosto de 2020.

 

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